Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00409-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00409-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2017-00409-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
28 de abril de 2022
1
Radicado: 73001-23-33-000-2017-00409-01 (1119-2021)
Demandantes: Rosaura Moreno Serna
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2017-00409-01 (1119-2021)
Demandante: ROSAURA MORENO SERNA
Demandada: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE
IBAGUÉ, TOLIMA, TOLIMA ESE
Temas: Improcedencia de la reliquidación del auxilio de
cesantía bajo el régimen de retroactividad.
Cesantías de los servidores del sector salud.
Régimen del Fondo Nacional del Ahorro.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-081-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 3 de diciembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que denegó las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
La señora Rosaura Moreno Serna, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 34 a 35)
1. Declarar la nulidad del Oficio GTH-0191 del 17 de febrero de 2017
proferido por la Dirección de Talento Humano del Hospital Federico Lleras
Acosta de Ibagué, Tolima ESE, mediante el cual se denegó la petición de
la demandante tendiente a obtener el reconocimiento del régimen
retroactivo de las cesantías.
2. A título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad
demandada pagar a favor de la señora Rosaura Moreno Serna, la
reliquidación del auxilio de cesantías entre el 16 de agosto de 1978 y el
31 de enero de 2014, con base en el régimen retroactivo, para lo cual
deberá tenerse en cuenta el promedio del último salario por ella percibido,
con la inclusión de todos los factores que lo constituyen y con el
1«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», o CPACA.
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Demandantes: Rosaura Moreno Serna
descuento de los pagos parciales que se efectuaron durante el término de
la vinculación laboral.
3. Conminar al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, Tolima ESE al
pago de la sanción moratoria generado por el no pago oportuno y
completo de las cesantías o en su defecto, los intereses de mora
causados por la mencionada omisión, de conformidad con los previsto en
la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.
4. En caso de no accederse a la petición anterior, las sumas reconocidas
deberán indexarse acorde con el IPC certificado por el DANE desde el
momento en que las obligaciones se hicieron exigibles.
5. Ordenar a la parte pasiva cumplir la sentencia conforme a los artículos
192 y siguientes del CPACA, así como al pago de costas procesales a
que haya lugar.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 35 a 37)
1. La señora Rosaura Moreno Serna fue nombrada en el cargo de auxiliar
de enfermería, en la planta de personal del Hospital San Rafael de
Dolores a partir del 20 de septiembre de 1976.
2. Posteriormente, el 16 de agosto de 1978 fue trasladada a la Empresa
Social del Estado Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, Tolima, en
el empleo de auxiliar del área de la salud, código 412, grado 19, el cual
desempeñó hasta el 31 de enero de 2014.
3. La libelista ostentó la calidad de empleada pública, motivo por el cual
tiene derecho al régimen retroactivo del auxilio de cesantía, según lo
prevén los artículos 1.° y 2.° del Decreto 1160 de 1947 y 17 de la Ley 6ª
de 1945.
4. A través de Resolución 11965 del 15 de noviembre de 2013, el gerente
del hospital demandado aceptó la renuncia de la señora Rosaura Moreno
Serna, efectiva a partir del 1.° de febrero de 2014, por lo cual, completó
un tiempo de servicio a dicha entidad por espacio de 37 años, 4 meses y
15 días.
5. Como consecuencia de lo anterior, se ordenó el reconocimiento y pago
de todas las prestaciones a que tenía derecho la demandante durante
todo el tiempo de vinculación laboral.
6. En relación con el pago del auxilio de las cesantías, este se produjo a
través de autorización dirigida al Fondo Nacional del Ahorro, entidad que
le entregó el dinero por este concepto a la libelista, toda vez que la ESE
demandada las liquidó de manera anualizada.
7. No obstante lo anterior, en atención a que la relación legal y
reglamentaria de la señora Moreno Serna con el Hospital Federico Lleras
Acosta de Ibagué, Tolima, se produjo antes de la expedición de la Ley
344 de 1996, el régimen aplicable era el retroactivo, por tanto, la
liquidación de las cesantías debió realizarse con el promedio de lo
devengado en el último año de servicios.
8. Ello, en atención a lo regulado en el artículo 21 del Decreto 1252 de 2000,
aunado al hecho de que la demandante nunca tuvo la voluntad de
vincularse al régimen anual de cesantías y que la entidad demandada no
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obtuvo su consentimiento expreso ni tácito de renunciar al auxilio con
retroactividad de la cual era beneficiaria.
9. La demandante presentó petición ante el Hospital Federico Lleras Acosta
de Ibagué ESE, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las
cesantías con el régimen retroactivo.
10. La entidad demandada dio respuesta negativa a la referida solicitud por
medio del Oficio GTH-0191 del 17 de febrero de 2017.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo» 2, porque es guía
y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las
pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados
por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más
legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 30 de abril de 2018.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«Del examen de la contestación de la demanda, advierte el Despacho que la
entidad demandada propuso la excepción de “PRESCRIPCIÓN”, limitándose a
transcribir los artículos 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código
Procesal Laboral; no obstante, es posible colegir que hace referencia a la
excepción de prescripción trienal, cuya decisión se diferirá al fondo del asunto, en
el entendido que, en primer lugar deberá determinarse la existencia del derecho.
No obstante, encuentra el Despacho que podría encontrarse de oficio probada la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de agotamiento de
la actuación administrativa en lo que atañe a la pretensión de reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno y completo del auxilio de
cesantía de conformidad con lo previsto en la Ley 244 de 1995, modificada por la
Ley 1071 de 2006 como pasa a explicarse.
Es decir, que lo pretendido en la demanda en lo que atañe a esta sanción, no fue
solicitado ante la Administración como presupuesto para interponer la demanda
de la referencia.
Advierte la Sala Unitaria que el artículo 162 del C.P.A.C.A., enlista dentro de los
requisitos de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, entre otros,
“2. Lo que se pretenda, expresado con decisión y claridad”.
Lo anterior significa que quien acude ante esta jurisdicción en ejercicio del
derecho de acción contra actos administrativos, le corresponde desvirtuar la
presunción de legalidad que los ampara, de ahí, que la normativa procesal
2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
(2015).
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imponga la carga al demandante precisar i) lo que se demande; ii) los hechos u
omisiones que fundamentan sus pretensiones; y iii) la indicación de las normas
violadas y la explicación del respectivo concepto de violación, para que de esta
forma, al momento de trabarse la relación jurídico-procesal, la entidad accionada
tenga la oportunidad de controvertir todos los argumentos enrostrados contra la
decisión que expidió y que es objeto de la demanda.
[…]
En este orden de ideas, la señora ROSAURA MORENO SERNA, solicitó en la
súplica 2.2.2. de la demanda, el pago de la sanción generada por el no pago
oportuno y completo del auxilio de cesantía de conformidad con lo previsto en la
Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.
No obstante, la petición mediante la cual la actora manifestó que agotaba la
actuación administrativa (fols. 8 y 9), y que dio origen al acto administrativo
acusado, solicitó el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías bajo el
régimen retroactivo, tomando para el efecto el último salario promedio devengado
con inclusión de todos los factores que constituyen salario, y descontando los
pagos parciales que se hubiesen efectuado al término de su vinculación con la
entidad demandada, sin que se hubiese pedido expresamente el reconocimiento
y pago de la sanción o indemnización moratoria incluida en el petitum de la
demanda.
Por lo anterior, claramente se advierte que la parte actora ha sorprendido en este
proceso a la entidad accionada con nuevas pretensiones, como lo es el
reconocimiento y pago de una suma de dinero derivada de una sanción moratoria
por el no pago oportuno y completo de la prestación cuya reliquidación pretende,
aspectos frente a los cuales el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E.,
no tuvo la oportunidad de controvertir o considerar previamente, situaciones que
podrían configurar una ostensible violación a los derechos fundamentales al
debido proceso, contradicción y defensa de la entidad demandada, en el evento
que fuera condenada por este concepto.
DECISIÓN: En este orden de ideas, se destaca con meridiana claridad que la
Sala unitaria encuentra probada de oficio y en forma parcial, la excepción
previa de ineptitud sustantiva de la demanda por indebido agotamiento del
requisito de procedibilidad de la actuación administrativa respecto de la
pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no
pago oportuno del auxilio de cesantía de conformidad con lo previsto en la
Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, aclarando que el
proceso continuará respecto de las demás súplicas de la demanda. […].».
(Negrillas, cursivas, subrayas y mayúsculas acorde con la transcripción).
(Folios 222 a 223 y CD visible a folio 217 del expediente).
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] determinar si la señora ROSAURA MORENO SERNA, tiene derecho a que
el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E., reconozca y pague el auxilio
de cesantía, debidamente indexado con base en el sistema retroactivo, y
teniendo en cuenta el último salario devengado por ella con inclusión de todos los
factores, y descontando los pagos parciales efectuados durante la vinculación
con la entidad demandada; es decir, se estudiará si el Oficio N°. GTH-0191 del
17 de febrero de 2017, expedido por el Hospital accionado, se encuentra o no
ajustado a derecho.». (Mayúsculas del texto original). (Folios 223 a 224 del
plenario y CD visible a folio 217 del plenario).
Se notificó la decisión en estrados y las partes manifestaron estar de
acuerdo.
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SENTENCIA APELADA
(Folios 294 a 305)
El a quo profirió sentencia escrita el 3 de diciembre de 2020, por medio de la
cual denegó las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:
El tribunal de primera instancia inicialmente analizó el régimen de cesantías
aplicable a los empleados públicos contenido en las Leyes 6ª de 1945, 65 de
1946 y en los Decretos 2567 de 1946 y 1160 de 1947, con el fin de señalar
que aquel tenía un carácter retroactivo, por tanto, para efectos de liquidar
dicha prestación, se debía tener en cuenta todo el tiempo de servicio y el
último salario devengado por el empleado.
Al respecto, sostuvo que si bien la retroactividad del auxilio de cesantías se
hizo extensivo a favor de los empleados territoriales, aquel se desmontó con
los Decretos 3118 de 1968 que creó el Fondo Nacional del Ahorro y por la
Ley 344 de 1966 que dieron paso al sistema de liquidación anualizado.
Seguidamente, examinó el marco normativo que rige la materia en los
empleados públicos y trabajadores oficiales del sector salud, para concluir
que el régimen de retroactividad concluyó con la expedición de la Ley 10 de
1990 y con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
A partir de los medios de prueba aportados al plenario, puntualizó que la
demandante desde su vinculación en el año 1976 estuvo afiliada al sistema
de liquidación y manejo de las cesantías desarrolladas en el Decreto 3118 de
1968 que reguló lo referente al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, «régimen
anualizado», y que si bien no obraba manifestación expresa de su voluntad
de ampararse en aquel, toda vez que realizó retiros parciales de sus
cesantías y empleó dicho auxilio para abonar al crédito hipotecario, era dable
concluir que se acogió a las reglas y disposiciones que lo regulan.
Finalmente, condenó en costas a la parte activa de la presente litis.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 310 a 315 vuelto)
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada para acceder a sus
pretensiones. Para tal fin manifestó que en el orden territorial el auxilio de
cesantía de rigió por los parámetros de la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2767
del mismo año, Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947, que previeron su
pago de forma retroactiva, circunstancia que además fue protegida con la
expedición del Decreto 1252 de 2000, que en su artículo 21 consagró el
derecho de los servidores públicos que se encontraran disfrutando del
régimen de cesantías retroactivas, como ocurre en el presente caso, a
continuar beneficiándose de aquel, hasta cuando persistiera la vinculación
laboral en la entidad respectiva.
De otro lado, señaló que las cesantías representan una prestación social
legalmente reconocida a favor del trabajador, indistintamente si su
vinculación es con el sector privado o público, pues al ser una garantía
mínima, se torna en un derecho de carácter irrenunciable, tal como lo
sostuvo la Corte Constitucional en sentencias C-556 de 1994 y C-859 de
2008, última providencia que analizó la constitucionalidad del artículo 114
parcial de la Ley 100 de 1993, en relación con la comunicación escrita del
empleado de acogerse al «sistema anualizado» de manera libre y
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espontánea, y con conocimiento de las implicaciones económicas de dicha
decisión.
En este sentido, adujo que manera alguna se puede presumir la renuncia de
uno de los beneficios mínimos consagrados a favor de la demandante, bajo
la apreciación subjetiva de quien interpreta la norma, precisamente por el
principio de irrenunciabilidad que comportan las normas laborales, y dado
que se vinculó a la ESE Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué antes de
la expedición de la Ley 344 de 1996, su régimen aplicable para liquidar sus
cesantías debe ser el retroactivo.
Ello sumado al hecho de que la señora Rosaura Moreno Serna nunca tuvo la
voluntad de vincularse al sistema anual de cesantías, pues la ESE
demandada no obtuvo un pronunciamiento expreso e inequívoco por parte
de ella, dirigido a renunciar a «un derecho adquirido» ni mucho menos de
cambiarse de régimen, motivo por el cual, la actuación del hospital
empleador vulnera los principios constitucionales consagrados en favor del
trabajador.
Añadió que pese a la entrada en vigencia del Decreto 3118 de 1968,
mediante el cual se creó el Fondo Nacional del Ahorro, el auxilio de cesantía
de los empleados del sector salud del nivel territorial, continuaba rigiéndose
por las disposiciones de la Ley 6ª de 1945 y demás normas concordantes
que preveían un sistema retroactivo de dicha prestación, de tal manera que,
a pesar del desmonte de éste último, al haberse vinculado la demandante
antes de la Ley 344 de 1996, continuaba en pleno vigor la aplicación y
conservación de la retroactividad de las cesantías.
Ello en concordancia con lo señalado por la Sección Segunda el Consejo de
Estado en sentencia del 24 de julio de 2017 3, en la cual se sostuvo que la
sola afiliación al Fondo Nacional del Ahorro por parte del empleado público,
no implica per se la renuncia al régimen retroactivo de cesantías, pues para
ello debe mediar la manifestación expresa del trabajador, posición que va en
concordancia con indicado en la sentencia 19.565 de la Corte Suprema de
Justicia, Sala Laboral.
Bajo esa óptica, arguyó que no existe fundamento para concluir que la
señora Rosaura Moreno Serna de manera tácita se acogió a la liquidación de
su auxilio de cesantías de manera «anualizada», dado que, es tan
trascendental dicha decisión, que implica la renuncia a un derecho mínimo
como trabajadora, y tampoco se puede colegir que la aplicación a un crédito
hipotecario que ni siquiera es de conocimiento en el presente proceso, se
entienda que dimitió del sistema que le favorecía.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La entidad demandada (índice 15 SAMAI): puntualizó que la demandante
prestó sus servicios al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, Tolima
ESE desde el 16 de agosto de 1978, hasta que se produjo su retiro del
servicio, y que desde su posesión en el cargo, estuvo vinculada al Fondo
Nacional del Ahorro de conformidad con lo preceptuado por el Decreto 3118
de 1968 que creó dicho organismo, disposición jurídica que prevé que las
cesantías de los servidores públicos deben proceder a liquidarse y
consignarse a dicho fondo, desde la fecha de su vinculación, precepto que
debía ser acatado.
3 Radicado:44001-23-33-000-2013-00088-01 (1659-2015).
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Sustentó que, las pruebas allegadas al plenario dan cuenta que desde el
momento en que inició a prestar sus servicios a la ESE, se efectuaron todos
los pagos a cesantías y que los reportes anuales respectivos fueron
realizados en debida forma, al igual que pago a los intereses a las cesantías
y los pagos parciales de cesantías tramitados y pagados, siempre a
satisfacción de la demandante, en razón a que la norma aplicable era el
«sistema anualizado», y mal haría el hospital al disponer de una normativa
que le correspondía, pues como quedó claro su sistema era el del Fondo
Nacional del Ahorro.
De otro lado, solicitó se le reconozca personería jurídica para actuar, en
razón a que desde el Tribunal se equivocó en el fallo al reconocer personería
jurídica a la abogada Paola Márquez, dado que el poder que le fue otorgado
data del 7 de julio de 2020, fecha posterior al concedido a la otra apoderada.
La parte demandante (índice 16 SAMAI): reiteró que no resulta acertada la
postura del tribunal de primera instancia, al denegar el reconocimiento y
pago del auxilio de cesantía con base en el sistema retroactivo, puesto que
tal decisión está sustentada en supuestos que no corresponden a la realidad,
ni mucho menos a la voluntad de la señora Moreno Serna, toda vez que tal
colegiado dio por sentado que por haber sido afiliada al Fondo Nacional del
Ahorro, se configuró una aceptación tácita, aun cuando las normas que
regulan el tema exigen una formalidad para que se configure el cambio de
régimen de cesantías, avalando además con ello una renunciabilidad de los
derechos y garantías mínimas laborales.
El Ministerio Público guardó silencio en desarrollo de esta etapa procesal
según constancia secretarial visible a folio 326 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en la respectiva alzada. En el presente caso solo presentó
impugnación vertical la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
resume en la siguiente pregunta:
¿La señora Rosaura Moreno Serna en su calidad de exempleada del
Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, Tolima, tiene derecho al
reconocimiento y pago sus cesantías por todo el tiempo laborado entre el 16
de agosto de 1978 y el 31 de enero de 2014 de acuerdo con el régimen
retroactivo?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la demandante no tiene
derecho a que sus cesantías sean reliquidadas con el régimen retroactivo
por el lapso deprecado, toda vez que desde el inicio de su vinculación
laboral fue afiliada al sistema de cesantías del Fondo Nacional del Ahorro,
circunstancia de la cual tenía conocimiento y que se benefició al haber
realizado retiros parciales directamente del mentado fondo y emplear dicho
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auxilio para cubrir un crédito hipotecario, acogiéndose por tanto a las reglas
y disposiciones que lo regulan.
Régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos
La Ley 6.ª de 1945 en el artículo 17 señaló que los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente, gozarían, entre otras prestaciones, de
un auxilio de cesantía, a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de servicio
prestado con posterioridad al 1.º de enero de 19424.
Mediante el Decreto 2767 de 1945 se determinaron las prestaciones sociales
de los empleados departamentales y municipales y, el artículo 1.° les hizo
extensivas las prestaciones consagradas por el artículo 17 de la Ley 6.ª de
1945, lo cual incluyó el auxilio de cesantías5. Y en el artículo 6.° de la misma
ley se señalaron las situaciones que se tendrían como despido para efectos
de la liquidación del auxilio.
Por su parte, la Ley 65 del 20 de diciembre de 1946 modificó los
presupuestos sobre las cesantías, y en el artículo 1.° extendió dicho
beneficio a los trabajadores de los departamentos, intendencias, comisarías
y municipios. Del mismo modo, el Decreto 2567 del 31 de agosto de 1946
dictó normas sobre prestaciones a favor de los empleados oficiales, y definió
los parámetros para la liquidación de las cesantías6.
El Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947 señaló el mismo derecho para los
empleados al servicio de la Nación de cualquiera de las ramas del poder
público, sin importar si se encontraban inscritos en carrera administrativa o
no, y sea cual fuere la causa de su retiro.
Este régimen de cesantías tenía un carácter retroactivo, por cuanto tenía en
cuenta, para efectos de liquidar la prestación por todo el tiempo de servicio,
el último sueldo devengado.
Más adelante, mediante el Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional
de Ahorro (FNA), como un establecimiento público, vinculado al entonces
Ministerio de Desarrollo Económico. Dentro de sus objetivos, el artículo 2.º
señaló:
«[…]
a. Pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales;
4 «ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de
las siguientes prestaciones:
a).Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la
liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados
con posterioridad al 1o. de enero de 1942. […]».
5 «Artículo 1.º Con las solas excepciones previstas en el presente decreto, los empleados y
obreros al servicio de un Departamento, Intendencia, Comisaría o Municipio tiene derecho a
la totalidad de las prestaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, y el artículo
11 del Decreto 1600 del mismo año para los empleados y obreros de la Nación. A la entidad
que alegue estar comprendida en uno de los casos de excepción, de corresponderá
probarlo.».
6 El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio de la
Nación, los Departamentos y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último sueldo
o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres
últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los
últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio, si éste fuero menor de doce meses.
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Demandantes: Rosaura Moreno Serna
b. Proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria, mediante el
reconocimiento de intereses sobre las sumas acumuladas a favor del empleado
o trabajador;
c. Contribuir a la solución del problema de vivienda de los servidores del
Estado;
d. Contribuir a la mejor organización y funcionamiento de los sistemas de
seguridad social y a la futura unificación de sus servicios;
e. Saldar el déficit actual por concepto de cesantías del sector público y
establecer sistemas adecuados y reservas suficientes para atender
oportunamente el pasivo a cargo del Estado por tal concepto, y
f. Promover el ahorro nacional y encauzarlo hacia la financiación no
inflacionaria de proyectos de especial importancia para el desarrollo económico y
social.
[…]».
En el mencionado decreto se determinó que se debían liquidar y entregar al
Fondo Nacional de Ahorro las cesantías de empleados públicos y
trabajadores oficiales de los Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y
Comerciales del Estado del orden Nacional, excepto las de los miembros de
las Cámaras Legislativas, de los empleados de las mismas, de los miembros
de las Fuerzas Militares, la Policía y el personal civil del ramo de la Defensa
Nacional.
Respecto a la liquidación de las cesantías, el artículo 27 del citado Decreto
3118 de 1968 señaló:
«[…] Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de enero
de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o
empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador. […]».
Con la expedición del Decreto 3118 de 1968 empezó en el sector público el
desmonte de la llamada retroactividad de las cesantías para dar paso a un
sistema de liquidación anual. Proceso que continuó con las disposiciones
que modificaron la naturaleza y cobertura del Fondo Nacional del Ahorro (Ley
432 de 1998 y Decreto 1453 de 1998).
De igual manera, con este decreto se inició en el sector público el desmonte
de la retroactividad de las cesantías para dar paso al sistema de liquidación
anualizado, del cual encontramos sus características en el artículo 99 de la
Ley 50 de 19907:
«Artículo 99: El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio
7 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones».
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de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del
contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12%
anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas
vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma
causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15
de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador
en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el
plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. […]».
A su vez, la Ley 344 de 27 de diciembre de 19968, en el artículo 13 señaló
que a partir de su publicación, las personas que se vinculen a las entidades
del Estado, tendrían un régimen anualizado de cesantías, en virtud del cual,
la liquidación definitiva de las mismas debía realizarse el 31 de diciembre de
cada año.
Posteriormente, se expidió el Decreto 1582 de 5 de agosto de 1998,
reglamentario de la anterior, que hizo extensivo el régimen anualizado de
cesantías para los empleados públicos de nivel territorial, e indicó que el
régimen de los vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
hubieren afiliado a un fondo de cesantías, sería el contemplado en los
artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990.
En el caso de aquellos que se hubieran vinculado con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad y
que decidieran acogerse al previsto en dicha ley, el artículo 3.º del Decreto
1582 de 1998 indicó el siguiente procedimiento:
«[…]
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la
fecha de la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán
emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este
régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías,
con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de
los trámites legales necesarios para su expedición […]».
El postulado transcrito fue reiterado por esta Corporación mediante sentencia
de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 20169, bajo los siguientes
términos:
«[…] En ese orden, se puede decir que los empleados que ingresaron a la
administración pública con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344
de 1996, están cobijados por el régimen anualizado de liquidación de cesantías,
al igual que los vinculados con anterioridad pero que se hubieran acogido al
régimen anualizado, y para efecto de la liquidación y pago de esa prestación se
rigen por lo que en esa materia consagra la Ley 50 de 1990 y normas
8 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se
conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del
25 de agosto de 2016, Radicación número: 08001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-
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concordantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1582 de
1998 […]».
Por su parte, el Decreto 1252 de 30 de junio de 2000 10 en el artículo 2.º,
conservó el régimen de cesantías retroactivas para los servidores públicos
que a 25 de mayo de 2000 lo disfrutaban, hasta la terminación de la
vinculación laboral.
En el mismo sentido, el Decreto 1919 de 27 de agosto de 2002 11, que
extendió el régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, a los
servidores del orden territorial, en el artículo 3.º previó: «[...] Los empleados
públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías
continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996
y el Decreto 1252 de 2000 [...]».
En suma, mediante la Ley 6.ª de 1945 se creó para los empleados del orden
nacional el régimen retroactivo de cesantías, el cual se hizo extensivo para
los empleados territoriales y municipales a través del Decreto 2767 de 1945 y
la Ley 65 de 1946. Este régimen se desmontó con la expedición del Decreto
3118 de 1968 que creó el Fondo Nacional del Ahorro y por la Ley 344 de
1996 que dieron paso a un sistema de liquidación anual de cesantías.
Régimen de cesantías de los servidores públicos del sector salud
Como primera cuestión, se debe recordar que el Sistema Nacional de Salud
en Colombia se administraba de manera centralizada, por tanto, las
entidades de salud, así como sus empleados, se encontraban en
dependencia administrativa y financiera de la Rama Ejecutiva, situación que
comenzó a reorganizarse con la expedición del Decreto 2470 de 196812, que
en su artículo 32 creó los Servicios Seccionales de Salud, los cuales, de
acuerdo con el artículo 8.º del Decreto 56 de 1975, funcionaron como
Dependencias Técnicas del Ministerio de Salud Pública.
Ahora bien, los empleados públicos de las entidades que componen los
Servicios Seccionales de Salud, vinculados con anterioridad a 1990 son del
orden territorial, así lo definió la jurisprudencia del Consejo de Estado 13 al
señalar que «los Servicios Seccionales de Salud son dependencias administrativas
de los Departamentos y sus servidores son empleados departamentales», y, por
tanto, sus cesantías se liquidan de acuerdo a lo previsto en las Leyes 6ª de
1945 y 65 de 1946, es decir con el régimen retroactivo, tal como se analizó
en el acápite anterior.
Lo anterior es coherente con el artículo 30 de la Ley 10 de 199014 en donde
se precisó que a partir de la vigencia de esta norma «[a] los empleados
públicos del sector de la salud de las entidades territoriales y de sus entes
descentralizados, se les aplicará el mismo régimen prestacional de los
empleados públicos del orden nacional.». Ello quiere decir que, previo a esta
ley, los empleados territoriales del sector salud aún eran beneficiarios del
régimen de cesantías retroactivo, sin embargo, con el desmonte gradual del
mencionado régimen pasarían a la liquidación y consignación de cesantías
10 «Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados
públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública».
11 «Por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se
regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial».
12 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública».
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente C-231.
Sentencia de 4 de mayo de 1993.
14 «Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».
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de manera anualizada, situación ratificada con la expedición de las Leyes 60
y 100 de 1993.
Igualmente, la Ley 60 de 199315 creó en su artículo 33 el Fondo Prestacional
del Sector Salud para el pago del pasivo prestacional de sus servidores. Esta
norma en su parágrafo 2.º señaló:
«[…] El Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales, Distritales y
Municipales podrán emitir bonos de reconocimiento u otros títulos de deuda
pública para pagar el pasivo prestacional según reglamento que para el efecto se
expida. Los pagos del pasivo prestacional por cesantías y pensiones podrán ser
hechos a los fondos privados de cesantías y pensiones, a las cajas de previsión,
al Instituto de los Seguros Sociales o a los fondos territoriales que para el efecto
se creen, y en todos los casos se entenderá que en la fecha de los pagos del
pasivo prestacional causado se interrumpe cualquier retroactividad con cargo a
la Nación, a las entidades territoriales o a la entidad de prestación de servicios
de salud que corresponda […]».
Dicho fondo se creó como una cuenta especial de la Nación para garantizar
el pago del pasivo prestacional a favor de los servidores pertenecientes a las
entidades de salud del sector oficial, del subsector privado sostenido y
administrado por el Estado, de las entidades de naturaleza jurídica indefinida
pero igualmente sostenidas por el Estado, por concepto de cesantías,
reservas para pensiones y pensiones de jubilación.
La Ley 100 de 1993 se refirió igualmente al Fondo Prestacional del Sector
Salud en su artículo 242 y aclaró que éste asumiría el costo adicional
generado por concepto de la retroactividad de las cesantías del sector salud,
en los siguientes términos:
«[…] El fondo del pasivo prestacional para el sector salud, de que trata la Ley 60
de 1993, cubrirá las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por
pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de 1993.
El costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesantía del
sector salud que a la vigencia de esta ley tienen derecho a ello, conforme al
artículo 33 de la Ley 60 de 1993, y para los fines previstos en ésta, será asumido
por el fondo del pasivo prestacional y las entidades territoriales, en los plazos y
términos de concurrencia que establece la misma ley.
A partir de la vigencia de la presente ley no podrán reconocerse ni pactarse para
los nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a
ellos aplicable.
[…]
PARÁGRAFO: Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo,
entiéndese por cesantías netas, las cesantías acumuladas menos las
pagadas a 31 de diciembre de 1993 […]».
Esta normativa fue reglamentada inicialmente por el Decreto 530 de 1994, el
cual fue derogado por el Decreto 306 de 2004 que previó, entre otros
aspectos, que a partir de su vigencia y con motivo de la extinción del
mentado fondo, sería el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la entidad
encargada de reconocer lo adeudado en razón de las obligaciones derivadas
para el sector salud bajo el esquema del pasivo en comento, tal como se
extrae del artículo 3.° que reza:
15«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de
conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos
según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
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«Artículo 3°. Reconocimiento del pasivo prestacional. El pasivo prestacional que
a la entrada en vigencia del presente decreto aún no hubiere sido reconocido por
el entonces Ministerio de Salud en calidad de administrador del extinto Fondo del
Pasivo Prestacional del Sector Salud, será reconocido por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público mediante acto administrativo.
Para continuar con la ejecución de los contratos de concurrencia que fueron
suscritos por el Ministerio de Salud antes de entrar en vigencia la Ley 715 de
2001 y para la suscripción de los nuevos contratos, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público podrá:
a) Revisar los cálculos actuariales de cada institución hospitalaria teniendo en
cuenta únicamente el pasivo legal calculado a 31 de diciembre de 1993;
b) Revisar y modificar las certificaciones de beneficiarios expedidas por el
entonces Ministerio de Salud verificando que los reconocimientos prestacionales
estén ajustados a las normas legales y convencionales que regían a la fecha del
cálculo del pasivo para cada una de estas instituciones;
c) Expedir o modificar los actos administrativos de reconocimiento del monto del
pasivo, de beneficiarios y de porcentajes de concurrencia;
d) Establecer o modificar en concertación con los entes territoriales, los plazos y
los mecanismos para el pago de las obligaciones;
e) Celebrar los contratos que se encuentran pendientes o suscribir los
modificatorios de los que se encuentran en ejecución, de acuerdo con las
revisiones efectuadas. En los convenios o sus modificatorios deberán incluirse
los mecanismos de actualización de los montos de la concurrencia a la fecha de
pago de las mismas.
Parágrafo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá reconocer,
suscribir contratos y pagar el pasivo prestacional de cesantías y pensiones en
actos separados. Igualmente, el Ministerio podrá hacer contratos donde se
incluyan parcialmente beneficiarios ya reconocidos.»
A partir de los extractos trasuntados, se observa que el régimen de
retroactividad en la liquidación de las cesantías de los empleados del sector
salud, culminó efectivamente con la entrada en vigor del Régimen de
Seguridad Social diseñado en la Ley 100 de 1993, la cual previó en su
artículo 242, que dicha carga económica adeudada hasta el 31 de diciembre
de 1993, sería asumida por el Fondo del Pasivo Prestacional administrado
por el Ministerio de Salud, sin embargo, como se aclaró con antelación, en
razón del Decreto 306 de 2004, desde el 2 de febrero de 2004 cuando éste
fue proferido, el responsable de tales pagos sería el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, pero solo en lo atinente a la cobertura de las obligaciones
contraídas en su momento por el aludido fondo.
De lo anterior se colige que:
i) por regla general el auxilio de cesantía de los empleados públicos y
trabajadores oficiales del sector salud del nivel territorial, vinculados con
anterioridad a la entrada en vigencia de las Leyes 10 de 1990 y 100 de 1993,
se liquida con el régimen de retroactividad, es decir, con base en el último
salario devengado al momento de la desvinculación de la entidad o de la
liquidación parcial de cesantías, según sea el caso, y cuyo pago estaba a
cargo del Fondo de Pasivo Prestacional del Sector Salud o del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público con posterioridad al año 2004;
ii) o con el sistema de liquidación y manejo de las cesantías desarrollado en
la normativa que regula lo referente al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, el
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Decreto 3118 de 1968, solo para aquellos empleados (en este caso del
sector salud), que hubiesen sido afiliados a aquella entidad antes del 23 de
diciembre de 1993 cuando fue promulgada la Ley 100 de 1993.
Régimen aplicable y forma de liquidación de las cesantías en el
caso concreto de la demandante
De conformidad con el marco legal y jurisprudencial descrito, la Sala advierte
que en atención al material probatorio recaudado y practicado a lo largo del
proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:
Según Certificado de Información Laboral del 27 de junio de 2014,
expedido por la Secretaría de Salud del Tolima, la señora Rosaura
Moreno Serna prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en el
Hospital San Rafael de Dolores, desde el 16 de septiembre de 1976
hasta el 15 de agosto de 1978 (folio 4 del cuaderno principal).
Acorde con certificación fechada 14 de diciembre de 2010 y signada
por la profesional especializada de la Unidad Funcional de Recursos
Humanos del Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué, Tolima ESE, la
libelista fue trasladada a dicha entidad a partir del 16 de agosto de
1978 en el empleo denominado auxiliar área de la salud, código 412,
grado 06 (folio 5 anverso y reverso, ídem).
Asimismo, de acuerdo con la certificación del 21 de julio de 2014,
expedida por la entidad demandada, la señora Moreno Serna prestó
sus servicios a la ESE Hospital Federico Lleras Acosta entre el 16 de
agosto de 1978 hasta el 31 de enero de 2014 (folio 6 anverso y
reverso, ídem).
De conformidad con la Resolución 11965 del 15 de noviembre de
2013, el gerente del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué,
Tolima ESE, aceptó la renuncia de la libelista, a partir del 1.° de
febrero de 2014 (folio 7, ídem).
El extracto de aportes y cesantías (folio 11, ídem), el Oficio 01-2303-
201807160172508 del 10 de agosto de 2018 (folio 11 del cuaderno de
pruebas) y el extracto interno de cesantías interno –COBOL (folio 12,
ídem), expedidos por el Fondo Nacional del Ahorro dan cuenta de que
el Servicio de Salud del Tolima realizó los aportes anuales por
concepto de cesantías a favor de la señora Rosaura Moreno Serna,
por las vigencias fiscales 1976 a 1993, en cuantía total de $899.481,
dinero sobre el cual el mentado Fondo reconoció y abonó en su
cuenta por concepto de intereses en vigencia del Decreto 3118 de
1968, la suma de $701.491, se efectuaron retiros por valor de
$1.618.888, por lo cual el saldo era de $0.
Del extracto individual de cesantías del 16 de julio de 2018 signado
por el Fondo Nacional del Ahorro (folio 13 del cuaderno de pruebas),
se vislumbran los aportes anuales realizados por el Hospital Federico
Lleras Acosta a favor de demandante, entre los años 1994 a 1998, por
concepto de: i) auxilio de cesantía por $2.832.444; ii) pago de
intereses del Decreto 3118 de 1968 por valor de $193.035, iii)
intereses de la Ley 432 la suma de $166.354; iv) total protección:
$260.282. Los retiros efectuados por la demandante sumaron
$3.452.115, lo cual evidenció un saldo al 30 de noviembre de 1999 de
$0.
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Del extracto individual de cesantías fechado 18 de julio de 2018
expedido por el Fondo Nacional del Ahorro (folios 14 a 16 el cuaderno
de pruebas), se advierten los aportes anuales realizados por la ESE
Federico Lleras Acosta a nombre de la libelista por las vigencias 2000
a 2014, los cuales fueron emigrados y abonados a crédito hipotecario,
pago de factor generado por la protección contra pérdida de valor
adquisitivo de la moneda, que se tradujo en un saldo $0 al 4 de julio
de 2015.
Mediante petición del 31 de enero de 2017 (folios 8 a 9), la señora
Rosaura Moreno Serna solicitó ante la agente interventora del Hospital
Federico Lleras Acosta de Ibagué, Tolima, ESE, lo siguiente:
«[…] Por lo anterior, en el presente asunto, es procedente que esa
entidad reliquide el Auxilio de Cesantía, bajo el régimen retroactivo,
tomando para el efecto el último salario promedio devengado, incluyendo
en él todos los factores que lo constituyen y descontando los pagos
parciales que se hubieren hecho en el término de mi vinculación con esa
Empresa Social del Estado.
Por lo expuesto, respetuosamente solicito que esa entidad proceda a
realizar todas las apropiaciones presupuestales a que haya lugar,
tendientes al reconocimiento de este derecho, en los términos aquí
indicados. […]».
La entidad demandada dio respuesta de forma negativa a la referida
petición, mediante Oficio GTH-0191 del 17 de febrero de 2017 (folio
10, ídem), expedido por el profesional universitario gestión de talento
humano del mentado hospital, ello conforme a los siguientes
argumentos:
«[…] de manera atenta me permito informar que revisados los archivos de
Gestión del Talento Humano en su historia laboral se encuentra que fue
nombrada por el Servicio de Salud del Tolima con vinculación legal y
reglamentaria a partir del 16 de septiembre de 1976 en el Hospital San
Rafael de Dolores – Tolima y trasladada para el Hospital Federico Lleras
de Ibagué por el Servicio de Salud del Tolima a partir del 16 de agosto de
1978 hasta loa fecha d su retiro.
Que al inicio de su posesión fue vinculada al Fondo Nacional del Ahorro
de acuerdo con el Decreto 3118 de 1968 por medio del cual se creó el
Fondo Nacional del Ahorro. El Decreto 3118 de 1968 ordena que las
cesantías de los Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales se liquidan
y consignan en el Fondo Nacional del Ahorro, en virtud de ello desde su
vinculación inicial sus aportes de cesantías fueron realizados al Fondo
Nacional del Ahorro, dando cumplimiento al artículo 26 y artículo 27 del
citado Decreto.
En su historia laboral figuran copias del extracto individual de cesantías
del Fondo Nacional del Ahorro firmadas por usted, donde se detalla que a
partir de 1976 tiene reportes anuales, los abonos, los intereses a las
cesantías, retiros parciales, pagos factor protección realizados por el
citado Fondo.
Por lo anteriormente expuesto su régimen de cesantías fue anualizado.
[…]».
Acorde con lo evidenciado previamente, se encuentra que la demandante fue
vinculada en un principio al Hospital San Rafael de Dolores, como auxiliar de
enfermería desde el 16 de septiembre de 1976 hasta el 15 de agosto de
1978 (folio 4 del cuaderno principal).
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Demandantes: Rosaura Moreno Serna
Posteriormente, fue trasladada al Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué,
Tolima ESE, a partir del 16 de agosto de 1978 en el empleo denominado
auxiliar área de la salud, código 412, grado 06, el cual ejerció hasta el 31 de
enero de 2014 (folios 5 a 7, ídem).
Según el extracto histórico de sus cesantías, desde el año 1976 hasta el
2014, de manera ininterrumpida, le fueron consignados los aportes
correspondientes a dicha prestación en la cuenta individual que figura a su
nombre en el Fondo Nacional del Ahorro (folios 11 del cuaderno principal y
13 a 16 del cuaderno de pruebas).
Del referido reporte también se advierte que, la libelista durante los años
1976 a 1998 realizó retiros parciales de sus cesantías y entre las
anualidades 2000 a 2014, utilizó el ahorro de dicha prestación para realizar
abonos a un crédito hipotecario (ídem).
De acuerdo con todo lo anterior, se advierte que la señora Rosaura Moreno
Serna, no le asiste el derecho a la reliquidación de las cesantías definitivas
conforme al régimen retroactivo de la Ley 6ª de 1945, toda vez que si bien
se vinculó a la ESE Hospital San Rafael de Dolores y posteriormente al
Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué, Tolima ESE, con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que prohibió pactar
retroactividad en el régimen de cesantías de los empleados del sector salud,
aquella desde su vinculación estuvo afiliada al sistema de liquidación y
manejo de las cesantías desarrollado en el Decreto 3118 de 1968 que regula
lo referente al Fondo Nacional del Ahorro, es decir, un sistema de liquidación
anual de dicha prestación.
La anterior situación es corroborada por los extractos expedidos por el
Fondo Nacional del Ahorro de los cuales se desprende que a la libelista, en
su condición de empleada de la entidad demandada, se le reportaron las
cesantías anualmente desde que inició su relación laboral en el sector de la
salud y en esa medida no es beneficiaria del régimen retroactivo de
cesantías señalado en la Ley 6ª de 1945 y demás normas concordantes.
En este sentido, se hace necesario precisar que a pesar de que no obra en
el plenario manifestación expresa de su voluntad acogerse a ese sistema, tal
como lo señala en su recurso de alzada, lo cierto es que al haber realizado
retiros parciales de sus cesantías directamente del Fondo Nacional del
Ahorro y emplear dicho auxilio para abonar a crédito hipotecario, permite a la
Sala inferir que la demandante conocía de su vinculación al aludido fondo,
acogiéndose por tanto a las reglas y disposiciones que lo regulan.
En este punto, vale la pena recordar que la jurisprudencia de esta Sección
ya se ha pronunciado en casos similares16, en el sentido de aclarar que, si
bien era procedente el reconocimiento de las cesantías bajo el régimen
retroactivo, las actuaciones del empleado al retirar ocasionalmente sus
cesantías del Fondo Nacional del Ahorro y no oponerse a que estas fueran
administradas por ese fondo, conllevan a aceptar el régimen que la ley
dispuso para sus administrados. Al respecto, se pone de presente lo resuelto
en sentencia de 8 de marzo de 201817:
16
Al respecto véanse las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda del 5 de abril
de 2017, radicado: 41001233300020130013501 (4402-2014); del 26 de abril de 2018,
radicado: 4001233300020150004101(0261-2017) y del 17 de junio de 2021, radicado
54001233300020160016401 (0557-2019).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección B, radicado: 44001-23-33-000-2014-
00155-02 (0816-2017).
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Radicado: 73001-23-33-000-2017-00409-01 (1119-2021)
Demandantes: Rosaura Moreno Serna
«[…] Conforme a lo reseñado es preciso concluir que la señora Esmeralda
Lamus Rodríguez no le asiste el derecho a la reliquidación de las cesantías
definitivas conforme al régimen retroactivo de la Ley 6ª de 1945, porque bien es
cierto que se vinculó a la ESE Hospital Santo Tomas de Villanueva con
anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 (4 de septiembre de
1985), está afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, desde el 30 de septiembre de
1999.
Ahora, no obstante no obra en el expediente manifestación expresa de su
voluntad acogerse a ese sistema, el hecho de haber realizado retiros parciales
de sus cesantías directamente del Fondo Nacional del Ahorro y emplear dicho
auxilio para abonar a un crédito hipotecario desde el año 2000 hasta el 2010,
permite a la Sala inferir que la demandante conocía de su vinculación al aludido
fondo acogiéndose por tanto a las reglas y disposiciones que lo regulan.
Así las cosas, comoquiera que la demandante pertenece al sistema de cesantías
del Fondo Nacional del Ahorro, no tiene derecho a la reliquidación de las mismas
con base en el régimen retroactivo de la Ley 6ª de 1945.[…]»
En reciente fallo, esta Sección18 al estudiar un caso de contornos idénticos al
aquí analizado, reiteró esta postura al considerar que:
«[…] En ese sentido, esta Sala considera que ordenar el reconocimiento y
pago del auxilio de cesantías bajo el régimen de retroactividad contraría,
no solo la línea jurisprudencial que sobre el tema se ha plasmado en esta
Corporación, sino que además resultaría ser una decisión equivocada a la
luz de la finalidad del auxilio de cesantías, lo anterior se entiende porque:
1. El ahorro que Tomás Alberto Betancourt Paba estaba haciendo como
trabajador, y cuyo fin era el de satisfacer sus necesidades al momento de
quedar cesante, fue retirado de manera total cuando la relación laboral con la
E.S.E. Centro de Salud de Margarita finalizó en el año 2009.
2. Cualquier otra necesidad que el empleado público pudo tener, esto es
compra o mejoramiento de vivienda o el pago de educación, fue atendido en
la medida que realizó retiros parciales de las cesantías en los años 2002 y
2003.
Vale la pena resaltar que durante la relación laboral el demandante no
presentó reclamo alguno por la forma en que fueron liquidadas y
administradas sus cesantías durante todo el periodo laboral, por lo que se
puede entender que con sus actuaciones tácitamente aceptó las
condiciones con las que percibió y disfruto del auxilio.
Con lo descrito, se debe entender que, en principio, no sería procedente
acceder a las pretensiones de la demanda, sin embargo, se recuerda que el
Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a ellas ordenando el
reconocimiento y pago de lo pretendido únicamente por los años 2002 a 2009,
decisión que se confirmará bajo la aplicación del principio de la non reformatio in
pejus, esto es que el juez de la segunda instancia no puede desmejorar la
situación del apelante único, pues está limitada a los argumentos expresados
por este, en este caso el demandante quien pretendía se extendiera el
mencionado reconocimiento a todo el periodo laborado.[…]». (Resaltado
intencional).
En esta línea de intelección, la Sala advierte que, la demandante durante
toda su vinculación laboral se favoreció de la liquidación de sus cesantías
prevista en el Decreto 3118 de 1968, teniendo plena conciencia de que estas
se encontraban en el Fondo Nacional del Ahorro, aunado a ello, efectuó
retiros parciales de su auxilio de cesantía y las empleó para abonar a un
18 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicado: 13001-23-33-
000-2012-00181-01(0141–16).
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Demandantes: Rosaura Moreno Serna
crédito hipotecario, esto es, satisfizo las necesidades para las cuales fue
creada dicha prestación como la adquisición de vivienda. De esta forma, no
le asiste derecho a la reliquidación de las cesantías, tal como lo indicó el a
quo.
De otro lado, no es de recibo para esta Sala el argumento esbozado por la
libelista en el recurso de alzada según el cual no podía renunciar a un
derecho adquirido, dado que, si bien cuando se vinculó a prestar sus
servicios en el sector salud con anterioridad a la Ley 100 de 1993, le asistía
el régimen retroactivo, lo cierto es que i) fue afiliada desde que inició su
relación laboral al Fondo Nacional del Ahorro; ii) tuvo pleno conocimiento de
ello; iii) se benefició de las condiciones que tiene la liquidación en dicho
fondo; por lo que, consintió de esta forma, que su sistema de auxilio de
cesantía cambiara, sin que en ningún momento durante la prestación de sus
servicios hasta el año 2014, haya manifestado su oposición a dicha
circunstancia.
En conclusión: la demandante no tiene derecho a que sus cesantías sean
reliquidadas con el régimen retroactivo entre el 16 de agosto de 1978 y el 31
de enero de 2014, toda vez que desde el inicio de su vinculación laboral fue
afiliada al sistema de cesantías del Fondo Nacional del Ahorro, circunstancia
de la cual tenía conocimiento y que se benefició al haber realizado retiros
parciales directamente de dicho fondo y emplear dicho auxilio para cubrir un
crédito hipotecario, acogiéndose por tanto a las reglas y disposiciones que
regulan aquel.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia proferida el 3 de
diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Tolima, habida cuenta
de que no prosperaron los argumentos del recurso de apelación de la parte
demandante.
De la condena en costas en segunda instancia
Esta Subsección19 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo
para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –
CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la
parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
19 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante:
María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero
Bardi.
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vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP20, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda
instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto,
con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público21.
Bajo ese hilo argumentativo en el presente caso se condenará en costas a la
demandante en esta instancia, porque resultó vencida dado que se
confirmará en su totalidad la sentencia proferida por el a quo y se observó la
actividad desplegada por la entidad demandada por cuanto presentó
alegatos de conclusión en sede de apelación, ello de acuerdo a los
numerales 1.° y 8.° del artículo 365 del Código General del Proceso. Las
costas serán liquidadas por el a quo acorde con lo regulado en el artículo
366 ibidem.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Tolima que denegó las pretensiones de la
demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió la señora Rosaura Moreno Serna
contra el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, Tolima ESE.
Segundo: Condenar en costas de segunda instancia a la demandante y a
favor de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.
Tercero: Reconocer personería adjetiva para actuar a la abogada María
Norvi Portela Torres identificada con cédula de ciudadanía 38.241.869 y
portadora de la tarjeta profesional 43892 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderada del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué,
Tolima ESE, según poder a ella conferido visible a folio 250 del expediente.
20 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de
manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas: […]».
21 Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […]».
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Demandantes: Rosaura Moreno Serna
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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