Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00410-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00410-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2017-00410-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de marzo de 2026
Radicado: 73001233300020170041002 (0910-2023)
Demandante: Alexandra María Rodríguez Bonilla
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2017-00410-02 (0910-2023)
Demandante: Alexandra María Rodríguez Bonilla
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Mediante auto del 14 de marzo de 20251, proferido por el conjuez de la
Sección Segunda José Ascención Fernández Osorio, se ordenó remitir el
expediente de la referencia al despacho de origen para que asumiera su trámite,
en razón a lo dispuesto en el artículo 116 del CPACA2, el cual señala que cuando
se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces.
2. Ahora, toda vez que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto3, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 31 de
octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima - Sala de
Conjueces, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda.
3. La parte demandante solicitó la nulidad de los actos administrativos
contenidos en el Oficio S. G. 002020 del 14 de junio de 2016 y en la Resolución
679 del 16 de septiembre de 20164, mediante los cuales la Procuraduría General
1 Índice 00023 de SAMAI.
2 «Artículo 116. Posesión y duración del cargo de conjuez. […]
Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la
instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la
integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de
aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de
estos […]» [Se resalta].
3 Si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves manifestaba impedimento para conocer de los asuntos en
los que se debatía la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el
que se debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025,
decisión que se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual
al respecto.
4 Archivo 17 fl.33 del expediente digital.
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de la Nación negó el reconocimiento y pago del reajuste de la prima especial de
servicios. Igualmente, solicitó la inaplicación de los decretos salariales que
regularon la prima especial de servicios de los años 2008 a 2013.
4. A título de restablecimiento del derecho, peticionó5:1) «[…] RECONOZCA,
RELIQUIDE Y PAGUE a la señora ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ BONILLA
desde el 6 de abril de 2010 al 30 de agosto de 2016, todas sus prestaciones
sociales, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, cesantías,
vacaciones, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios
prestados y demás prestaciones, emolumentos y derechos laborales, que se
puedan ver incididos y que en el futuro se establezcan y causen, teniendo como
base para la liquidación el 100% de su sueldo básico mensual legal, incluyendo
en la base de liquidación el 30% de la asignación básica mensual, que no se ha
tenido en cuenta, porque se ha computado por la Procuraduría como la prima
especial sin carácter salarial, prevista en el art. 14 de la Ley 4 de 1992.», 2)
condenar a pagar la sanción mora en el pago de las cesantías contemplada en
los artículos 2 de la Ley 244 de 1995 y 5 de la Ley 1071 de 2006. […]
RECONOZCA, RELIQUIDE Y PAGUE desde el 6 de abril de 2010 al 30 de agosto
de 2016, el valor de las diferencias salariales, laborales y prestacionales
existente, entre la liquidación que hasta ahora le ha hecho la Procuraduría con el
70% de su salario básico y el valor que resulte, de reliquidar todas sus
prestaciones sociales y laborales, prima de navidad, prima de servicios,
vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud y pensión,
bonificación por servicios prestados y demás prestaciones, emolumentos y
derechos laborales, que se puedan ver incididos, y que en el futuro se
establezcan y causen, teniendo como base para la liquidación el 100% de su
remuneración básica mensual, incluyendo en la base de liquidación, el 30% del
sueldo básico mensual, que no se ha tenido: en cuenta, porque se ha computado
como prima especial sin carácter salarial. […] RECONOZCA, RELIQUIDE Y
PAGUE desde el 6 de abril de 2010 al 30 de agosto de 2016, la prima especial
sin carácter salarial, equivalente al 30% de la remuneración básica que hasta
ahora no se le ha reconocido ni cancelado, como agregado, adición, incremento
o sobresueldo a la remuneración mensual, 2) entre otras condenas.
Hechos que fundamentan la demanda.
5. La demandante prestó sus servicios a la Procuraduría General de la Nación,
desde el 6 de abril de 2010 al 30 de agosto de 2016 como Procuradora 216
Judicial I Administrativa de Ibagué Tolima6.
6. Elevó petición ante la entidad demandada el 12 de mayo de 20167, solicitando
el reajuste de sus prestaciones sociales con el 100% de su remuneración básica
y adicional el 30% de la prima especial, la cual fue resuelta de forma negativa por
5 Se hace transcripción textual de las pretensiones de la demanda numerales 2 al 4.
6 Extremos indicados en el hecho 1 de la demanda archivo 12 de expediente digital folio 27 y ss.
7
Archivo 12 de expediente digital folios 4-6.
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el Oficio SG 002020 del 14 de junio de 2016, confirmado mediante Resolución
679 del 16 de septiembre de 20168.
Fundamentos de derecho.
7. Para el abogado de la parte actora, las decisiones sometidas a juicio
vulneraron las siguientes disposiciones: artículos 5, 6, 13, 29, 40, 48, 53 y 90 de
la Constitución Política; 13, 103, 104, 106, 107, 124, 125, 135, 136, 138 del
CPACA; y el 14 de la Ley 4 de 1992.
8. Al desarrollar el concepto de violación, señaló que la entidad demandada
incurrió en falsa motivación y desviación de poder, al interpretar y aplicar de
manera errónea la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992, convirtiéndola en un factor de disminución salarial y prestacional, en
lugar de un incremento de la remuneración. Actuación que generó una
discriminación injustificada frente a otros servidores públicos y desconoció el
derecho de la demandante a que se le tuvieran en cuenta todos los factores
salariales para la reliquidación de sus prestaciones.
9. Asimismo, sostuvo que desconoció precedentes judiciales reiterados y
obligatorios del Consejo de Estado, en contravía de lo dispuesto en el artículo
114 de la Ley 1395 de 2010, que impone a las entidades públicas el deber de
acatar la jurisprudencia uniforme en casos análogos. En particular, se resaltó que
el Consejo de Estado ha establecido que la prima especial corresponde al 30%
del salario básico que debe sumarse a este, y no sustituirlo.
10. Finalmente, afirmó que no ha operado la prescripción de los derechos
reclamados, por tratarse de prestaciones periódicas, y porque el término
prescriptivo solo comienza a correr a partir de la ejecutoria de la sentencia del 29
de abril de 2014, mediante la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad de los
decretos que sustentaban la interpretación errónea aplicada por la
administración.
Contestación de la demanda.
11. Dentro de la oportunidad de ley, la Procuraduría General de la Nación
contestó la demanda9, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella
contenidas. Con tales fines, hizo un recuento normativo y precisó que la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial, conforme a la Ley 4 de 1992 y a
los decretos salariales anuales expedidos por el Gobierno Nacional, razón por la
cual no podía ser incluida en la liquidación de prestaciones sociales. En este
sentido, la Procuraduría no tiene competencia constitucional ni legal para definir
el régimen salarial y prestacional de sus servidores, pues dicha facultad
8
Archivo 12 de expediente digital folios 8-16.
9 Archivo 26 del expediente digital.
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corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, de acuerdo con los artículos
150 numeral 19 y 189 de la Constitución Política.
12. Señaló que los decretos que regulan la prima especial y su carácter no
salarial se presumen legales mientras no sean anulados por la jurisdicción
contencioso-administrativa, por lo que no podían ser inaplicados por vía
administrativa. Además, la excepción de ilegalidad está reservada a la autoridad
judicial, conforme a lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-037
de 2000.
13. Sostuvo que durante los periodos reclamados la demandante percibió el
máximo ingreso permitido por el ordenamiento jurídico, por lo que acceder a la
reliquidación solicitada implicaría un pago sin causa, con afectación injustificada
del presupuesto público. Incluso, en un escenario hipotético en el que se
reconociera carácter salarial a la prima especial, sería necesario reliquidar y
disminuir otros factores salariales para no superar los topes legales establecidos.
14. En relación con las cesantías, indicó que estas fueron reconocidas mediante
actos administrativos autónomos, los cuales no fueron oportunamente
controvertidos, por lo que no es jurídicamente viable su reliquidación. Asimismo,
negó que los términos de prescripción o caducidad puedan contarse a partir de
sentencias anulatorias posteriores, pues las reclamaciones pudieron formularse
desde cada pago efectuado.
15. Finalmente, descartó el desconocimiento de precedente judicial, al señalar
que la demandante no solicitó la extensión de jurisprudencia prevista en el
artículo 102 del CPACA, ni cumplió los requisitos para ello. Concluyó que los
actos administrativos demandados son legales, se ajustan a las normas
constitucionales vigentes, y dieron respuesta adecuada al derecho de petición
presentado.
Sentencia de primera instancia.
16. Mediante sentencia proferida el 31 de octubre de 202210, el tribunal de
primera instancia declaró probada parcialmente la excepción de prescripción
para las prestaciones anteriores al 9 de mayo de 2012, declaró la nulidad del acto
administrativo demandado y a título de restablecimiento del derecho dispuso:
«[…] CONDENAR a La NACIÓN- PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
a reconocer y pagar a la parte demandante ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ
BONILLA desde el 10 de mayo del 2012 y hasta el 01 de septiembre del 2016
fecha en la cual se materializó su desvinculación de la entidad demandada, la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4a° de 1992, sin carácter
salarial, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual,
entendida como un agregado o valor adicional. SEXTO: CONDENAR en
consecuencia a la NACIÓN - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, a
10 Archivo 38 del expediente digital.
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Reliquidar y pagar las prestaciones sociales, salariales y laborales tales como
prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios
prestados y demás emolumentos laborales y prestacionales a la parte
demandante ALEXANDRA MARIA RODRIGUEZ BONILLA causada desde el 10
de Mayo del 2012 y hasta el 01 de septiembre del 2016 fecha en la cual se
materializo su desvinculación de la entidad demandada, teniéndose en cuenta
para el efecto como base de liquidación el 100% de la remuneración básica
mensual legal, incluyendo el 30% que hasta ahora se ha tenido como prima
especial […]».
17. Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar el marco normativo
y jurisprudencial aplicable al caso concreto, partió de la naturaleza de la Ley 4 a
de 1992 como ley marco en materia salarial y prestacional, en la cual el Congreso
de la República fija los criterios generales y el Gobierno Nacional los desarrolla
mediante decretos. En ese contexto, concluyó que el legislador creó una prima
especial sin carácter salarial, en un porcentaje entre el 30% y el 60% del salario
básico, aplicable a los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público, sin
establecer distinciones entre regímenes salariales, de modo que cualquier trato
diferenciado carecería de sustento legal y vulneraría el principio de igualdad.
18. Examinó el contenido de los decretos anuales expedidos por el Gobierno
Nacional, los cuales dispusieron que el 30% del salario básico se considerara
como prima especial sin carácter salarial, y concluyó que dicha regulación
desnaturalizó el concepto mismo de prima, pues en lugar de constituir un ingreso
adicional al salario, implicó sustraer una porción de este para excluirla de la base
de liquidación de las prestaciones sociales. Para la Sala, una prima, aun cuando
carezca de carácter salarial, debe corresponder a un plus o incremento real en la
remuneración del servidor, de modo que la técnica normativa empleada produjo
una reducción efectiva del salario base y, con ello, una desmejora en las
condiciones laborales de la demandante.
19. En ese contexto, consideró que se vulneró los principios constitucionales de
progresividad y no regresividad de los derechos laborales, la favorabilidad y la
prohibición de desmejora, consagrados en los artículos 53 y 58 de la Constitución
Política.
20. Se acreditó que la Procuraduría General de la Nación liquidó las prestaciones
sociales de la demandante sobre el 70% del salario básico, al considerar el 30%
restante como prima especial sin carácter salarial, lo que incidió negativamente
en el reconocimiento de cesantías y demás prestaciones periódicas.
21. En relación con la prescripción, la Sala determinó que las acreencias
laborales reclamadas estaban sometidas al término trienal previsto en la ley, el
cual se interrumpió con la reclamación administrativa presentada el «10 de mayo
de 2015». En consecuencia, declaró prescritas las sumas causadas con
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anterioridad al «9 de mayo de 2012» y ordenó el reconocimiento y reliquidación
de las prestaciones sociales no prescritas, teniendo en cuenta la prima especial
como un valor adicional al salario básico, sin que ello implique modificar el
régimen salarial ni desconocer los topes máximos fijados por el Gobierno
Nacional en desarrollo de la Ley 4 de 1992.
Recurso de apelación.
22. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la demandada la recurrió en
apelación11.
23. En su intervención, señaló que a la demandante le fueron cancelados salarios
y prestaciones de acuerdo con el monto máximo autorizado en el ordenamiento
jurídico vigente para la época por lo que no es posible hacerle ningún pago
adicional. El régimen salarial vigente establece que la remuneración total de los
Procuradores Judiciales I debe calcularse con base en un porcentaje aplicado
sobre el setenta por ciento (70%) de los ingresos anuales de los Magistrados de
las Altas Cortes, computando la totalidad de sus emolumentos, incluidos
asignación básica, gastos de representación, prima especial y prestaciones
sociales. Bajo ese esquema, la diferencia resultante se paga como bonificación
o ajuste judicial distribuido en doce mensualidades, razón por la cual no resulta
jurídicamente viable adicionar factores salariales o prestacionales distintos sin
exceder los topes legales definidos por el Gobierno Nacional conforme a lo
previsto en el decreto 1251 de 2009.
24. Refirió que los decretos que regulan la prima especial y le otorgan carácter
no salarial se presumen ajustados al ordenamiento jurídico mientras no sean
anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 y a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, particularmente la sentencia C-037 de 2000. En tal sentido,
la Procuraduría General de la Nación estaba obligada a dar cumplimiento a
dichas normas y carecía de competencia para desconocerlas.
25. Indicó que la entidad cuenta con autonomía administrativa, financiera y
presupuestal, no dispone de patrimonio propio y hace parte del Presupuesto
General de la Nación, por lo que cualquier reconocimiento que implique
erogaciones no previstas requiere la intervención del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
26. Finalmente manifestó que para la prescripción declarada para las acreencias
anteriores al 9 de mayo de 2012 se tuvieron en cuenta 4 años y no 3 años como
lo establece la sentencia de unificación. Con base en lo anterior, concluye que el
acto administrativo demandado se ajusta plenamente al marco constitucional y
legal vigente, razón por la cual no vulnera los derechos invocados por la parte
actora y debe revocarse la decisión de primera instancia.
11 Archivo 40 del expediente digital.
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Trámite correspondiente a la segunda instancia.
27. Por auto del 7 de noviembre de 202512, se admitió el recurso de apelación.
28. La parte demandante13 reiteró los argumentos expuestos en la demanda. La
parte demandada no presentó alegatos. El Ministerio Público14 indicó que deben
prosperar parcialmente los argumentos del recurso de apelación, en el sentido
de modificar los numerales primero, quinto y sexto de la sentencia de primera
instancia, para aclarar que la prescripción trienal debe contarse a partir de la
radicación de la petición, es decir el 12 de mayo de 2016 por lo que habría
prescrito el derecho para los periodos anteriores al 12 de mayo de 2013, por
consiguiente se deben ajustar las fechas de reconocimiento de los derechos
laborales objeto de litis, ya que el a quo cometió un error al tomar como fecha de
radicación de la solicitud la fecha en la cual se autenticó la reclamación antes
notario.
29. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia.
30. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo15, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación presentado.
31. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del
respectivo recurso, cuyo marco está definido por el juicio de reproche esbozado
por la parte demandada quien acude como recurrente.
Problema jurídico.
32. Le corresponde a la Sala establecer: ¿si la prima especial de servicios tiene
o no carácter salarial, y si deben prevalecer los decretos salariales expedidos por
el Gobierno Nacional en desarrollo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, que
12 Índice 30 de SAMAI.
13 Índice 00036 de SAMAI
14 Índice 00037 de SAMAI.
15 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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establecen su carácter no salarial, y los topes remunerativos vigentes? De
manera complementaria, corresponde determinar si la prescripción sobre las
sumas reconocidas opera desde el 12 de mayo del 2013 y no como lo consideró
el tribunal desde el 9 de mayo de 2012.
33. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial, 2. Hechos probados y 3. Caso
concreto.
La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
34. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «El Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial16 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
35. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno Nacional, desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201417 bajo el argumento de que «[d]e acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2°
de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar
los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al
haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como
para declarar su nulidad».
16 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de
junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz.
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36. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201918, respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:
«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la fiscalía general de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100
% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969».
37. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
11 de julio de 202319, 5 de septiembre de 202320, 5 de diciembre de 202321, 6 de
agosto de 202422 y 18 de diciembre de 202423.
38. En esa misma línea, esta corporación mediante sentencia del 9 de abril de
202424, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos
proferidos entre los años 2008 y 2018. Pues bajo el mismo criterio se insistió en
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del
salario».
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen
Anaya De Castellanos (Conjuez).
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.
Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.
Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
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Radicado: 73001233300020170041002 (0910-2023)
Demandante: Alexandra María Rodríguez Bonilla
Hechos probados.
39. Acreditado está en el expediente, que la demandante prestó sus servicios a
la Procuraduría General de la Nación, desde el 6 de abril de 2010 al 1 de
septiembre de 2016 como Procuradora 216 Judicial I Administrativa de Ibagué
Tolima25.
40. Que el día 12 de mayo de 201626 realizó petición a la entidad demandada,
solicitando el reajuste de las prestaciones y el pago de la prima especial de
servicios, entre otras, de la cual obtuvo respuesta negativa mediante los actos
administrativos demandados.
Caso concreto
41. La Sala advierte que, la demandante tiene derecho al reconocimiento,
reliquidación y pago de los ingresos mensuales, y de las prestaciones sociales
que devengó, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni
sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales,
salvo para efectos de pensión. Distinto es que el 30% que fue erradamente
descontado de la remuneración mensual para tenerlo a título de prima especial,
sí tiene carácter salarial e incidencia prestacional, ya que constituye un
porcentaje de la asignación básica que fue descontado por una exégesis errada
por parte de la entidad demandada. Como lo concluyó el a quo.
42. Por otro lado, se tiene que mediante del 10 de septiembre de 2024 esta
Corporación declaró la nulidad de los decretos salariales emitidos entre el 2008
y 2012 indicando: «DECLARAR la nulidad parcial de los Decretos 57 de 1993,
artículo 7º, 106 de 1994, artículo 7º, y los artículos demandados de las siguientes
disposiciones: Decreto 46 de 1995, 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de
1999, 2740 de 2000, 2720 de 2001, 673 de 2002, 3569 de 2003, 4172 de 2004,
936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 657 de 2008, 658 de 2008, 661 de 2008,
741 de 2009, 726 de 2009, 723 de 2009, 1387 de 2010, 1391 de 2010, 1388 de
2010, 1038 de 2011, 1043 de 2011, 1039 de 2011, 849 de 2012, 841 de 2012 y
874 de 2012, en el contenido normativo “el treinta por ciento (30%) de esta
remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad
con el artículo 14 de la Ley 4a de 1992”». Por lo tanto, de conformidad con lo
anterior, deberá estarse a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, bajo el radicado 11001 03 25 000
2012 00328 00 (1292-2012) del 10 de septiembre de 2024, motivo por el que se
revocará el numeral segundo la sentencia impugnada en ese sentido.
25 Archivo 12 del expediente digital folios 18-21.
26 Archivo 12 del expediente digital folios 4-6.
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Demandante: Alexandra María Rodríguez Bonilla
43. Ahora bien, frente a lo señalado por la entidad recurrente de que acceder a
las pretensiones de la demanda se superaría el tope establecido en el Decreto
1251 de 2009, toda vez que en la sentencia de primera instancia no se indicó
nada al respecto, se adicionará la misma en el sentido de precisar que, en ningún
caso, el reconocimiento ordenado podrá superar el tope remuneratorio previsto
en dicho precepto ni en los decretos que anualmente expida el Gobierno Nacional
para el cargo ocupado por la demandante.
44. En cuanto a la prescripción, esta Corporación ha reiterado27, que el derecho
a la prima especial reclamada se hizo exigible desde la entrada en vigor del
Decreto 57 de 1993, que reglamentó la Ley 4ª de 1992, es decir, a partir del 7 de
enero de 1993. Por tanto, desde su vinculación al cargo de Procuradora 216
Judicial I, la interesada pudo interrumpir la prescripción trienal. En consecuencia,
conforme a lo establecido por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado en la
sentencia del 2 de septiembre de 2019, el reconocimiento del derecho solo
procede respecto de los tres años anteriores a la reclamación administrativa,
dado que las diferencias salariales derivadas de la reducción del 30% no
surgieron con la declaratoria de nulidad de los decretos salariales, sino desde la
vigencia del citado Decreto 57 de 1993.
45. En ese sentido, como la reclamación administrativa fue presentada el 12 de
mayo de 201628 y no el 10 de mayo de 2015 como erróneamente se indicó en la
sentencia de primera instancia —confusión originada en haber tomado el sello de
la notaría correspondiente a la presentación personal del documento como si se
tratara del recibido de la entidad demandada, el cual obra en la parte superior de
la primera página de la petición—, se concluye que se encuentran prescritos los
derechos causados con anterioridad al 12 de mayo de 2013. En consecuencia,
le asiste razón al apelante y al Ministerio Público, razón por la cual la sentencia
de primera instancia deberá ser modificada en este punto.
46. Si bien se ha indicado por parte de esta Sala en casos similares a este, que
los aportes a pensión son imprescriptibles, en el presente proceso ello no fue
objeto de apelación por la parte demandante, por lo que en aplicación del
principio de la non reformatio in pejus, y dado que se trata de apelante único, no
es posible modificar su situación en perjuicio.
47. De conformidad con lo expuesto, se modificará la sentencia de primera
instancia para indicar que se declara la prescripción de los emolumentos
causados con anterioridad al 12 mayo de 2013; se revocará en cuanto a que
deberá estarse a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado,
27 Para el efecto pueden consultarse: Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia
del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales
Trujillo Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024.
Radicación: 25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón. Consejo de Estado,
Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
28 Archivo 12 del expediente digital folio 4.
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Radicado: 73001233300020170041002 (0910-2023)
Demandante: Alexandra María Rodríguez Bonilla
Sección Segunda, Sala de Conjueces, bajo el radicado 11001 03 25 000 2012
00328 00 (1292-2012) del 10 de septiembre de 2024 y se confirmará en lo demás.
Condena en costas.
48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
51. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que la petición del recurso de apelación está siendo concedido de manera
parcial, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido
vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas
en esta instancia.
52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia impugnada, para indicar que se declara la
prescripción de los emolumentos causados con anterioridad al 12 mayo de 2013.
SEGUNDO. REVOCAR el numeral segundo de la providencia impugnada, para
ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces, bajo el radicado 11001 03 25 000 2012
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
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Radicado: 73001233300020170041002 (0910-2023)
Demandante: Alexandra María Rodríguez Bonilla
00328 00 (1292-2012) del 10 de septiembre de 2024, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.
CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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