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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 73001-23-33-000-2017-00499-02

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 73001-23-33-000-2017-00499-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 1. MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia del 21 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el cual queda así: PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones nros. 0896 del 22 de noviembre del 2016, por medio de la cual se ordena seguir adelante con la ejecución y el embargo de bienes, y 0071 del 2 de marzo del 2017, que declaró improcedente el recurso presentado contra la anterior resolución. Así como las Resoluciones nros. 0012 del 24 de enero de 2017, por la cual se resolvió sobre el escrito de excepciones y 0096 del 8 de marzo de 2017, que la confirmó, todas expedidas por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Tolima. 2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en esta instancia. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 73001-23-33-000-2017-00499-02 [26535] Demandante: Fiduprevisora SA

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 73001-23-33-000-2017-00499-02

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

20 de junio de 2024

Radicado: 73001-23-33-000-2017-00499-02 [26535]
Demandante: Fiduprevisora SA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2017-00499-02 [26535]
Demandante: FIDUPREVISORA SA
Demandado: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y OTROS
Temas: Cobro coactivo. Presentación electrónica del escrito de
excepciones

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia del 21 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que dispuso:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. 0896 del 22 de noviembre del
2016, por medio de la cual se ordena seguir adelante con la ejecución y el embargo de bienes,
así como la No. 0071 del 22 (sic) de marzo del 2017, que declaró improcedente el recurso
presentado contra la resolución anterior. Así como, la Resolución No. 012 de 24 de enero de
2017 “Por la cual se resolvieron las excepciones” y su confirmatoria la Resolución No. 0096 de
8 de marzo de 2017, expedidas por la Secretaría de Hacienda del Departamento del Tolima,
conforme a lo indicado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar a la Secretaría de Hacienda del Departamento del Tolima, analizar y
resolver de fondo las excepciones presentadas por la FIDUPREVISORA como vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes Caja Agraria en Liquidación contra el
mandamiento de pago mediante Oficio UG-CP- No. 7414 8518 del 21 de noviembre de 2016,
para que sea la misma administración quien las resuelva.

TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Condénese en costas a la parte demandada. Por Secretaría liquídense, siempre y
cuando se demuestren. Fíjese como agencias en derecho el valor equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente.

QUINTO: Una vez en firme esta providencia, archívese […]»1.

ANTECEDENTES

El 30 de septiembre de 2016, la directora Financiera de Rentas e Ingresos de la
Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Tolima libró el mandamiento de pago
nro. 144 en contra de Fiduprevisora Patrimonio Autónomo de Remanentes Caja
1
Fls. 514 vto. a 515 c.p. 3.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 73001-23-33-000-2017-00499-02 [26535]
Demandante: Fiduprevisora SA

Agraria en Liquidación (en adelante, Fiduprevisora), por la suma de $1.510.561.588,
más los intereses que se causen hasta el momento de su respectivo pago, por
concepto de cuotas partes pensionales2.

El 18 de noviembre de 2016, Fiduprevisora envió escrito de excepciones mediante
correo electrónico3, y por correo postal el 21 de noviembre siguiente4.

El 22 de noviembre de 2016, la citada funcionaria expidió la Resolución nro. 0896,
por la que se ordenó seguir adelante con la ejecución5. Decisión contra la cual,
Fiduprevisora interpuso recurso de reposición6, rechazado por improcedente con la
Resolución nro. 0071 del 2 de marzo de 20177.

El 24 de enero de 2017, la mencionada directora profirió la Resolución nro. 0012, por
la que se declaró extemporáneo el escrito de excepciones recibido el 22 de
noviembre de 2016 -radicado 53280-8. Acto contra el cual se interpuso recurso de
reposición9, resuelto con la Resolución nro. 0096 del 8 de marzo de 2017,
confirmándolo10.

DEMANDA

Fiduprevisora Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria en
Liquidación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA),
formuló las siguientes pretensiones:

«PRINCIPALES

1. Se declare Nulo el Mandamiento de Pago No. 144 del 30 de Septiembre de 2016 por
medio del cual se libra orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y en contra de la FIDUPREVISORA - PATRIMONIO
AUTÓNOMO DE REMANENTES CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN, identificado con NIT. No.
830.053.105, por concepto de las facturas que por cuotas partes pensionales fueron dejadas de
cancelar, en cuantía de MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.510.561.588) M/CTE más los intereses que
se causen hasta el momento de su respectivo pago de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa, comoquiera que dentro del mandamiento de pago no se constituyó el título
ejecutivo complejo, ni se conformó el litisconsorcio necesario, yendo en contravía de lo
ordenado expresamente por la Ley respecto al tema.

2. Se declaren Nulas: La Resolución No. 0896 del 22 de Noviembre de 2016 que ordena
seguir adelante con la ejecución y embargo de bienes, la Resolución No. 0071 del 02 de
Marzo de 2017 la cual declaró improcedente el recurso presentado contra la Resolución No.
0896 del 22 de Noviembre de 2016, la Resolución No. 0012 del 24 de Enero de 2017 la cual
resolvió las excepciones presentadas al mandamiento de pago No. 144 del 30 de Septiembre
de 2016, la Resolución No. 0096 de 08 de Marzo de 2017 por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposición y ordenó confirmar en su totalidad la Resolución No. 0012 de 24 de
Enero de 2017 por violación al debido proceso y demás derechos de orden constitucional.

2
Fls. 44 a 46 c.p. 1.
3
Fl. 59 c.p. 1.
4
Fls. 48 a 58 y 61 c.p. 1.
5
Fls. 62 a 63 c.p. 1.
6
Fls. 65 a 69 vto. c.p. 1.
7
Fls. 71 a 72 c.p. 1.
8
Fls. 74 a 75 c.p. 1.
9
Fls. 77 a 81 vto. c.p. 1.
10
Fls. 83 a 85 c.p. 1.

2

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Demandante: Fiduprevisora SA

3. Como restablecimiento del derecho se ordene finalizar el Proceso Administrativo Coactivo
Expediente No. 14 de 2016, en consideración a la vulneración al debido proceso administrativo
y la carencia de requisitos exigidos para librar mandamiento de pago en contra de
FIDUPREVISORA S.A. como vocera y administradora del PAR CAJA AGRARIA EN
LIQUIDACIÓN.

4. Como restablecimiento del derecho, se ordene al Departamento del Tolima retirar las
órdenes de embargo decretadas en el proceso de cobro coactivo.

5. Que como restablecimiento del derecho se cite al Consorcio FOPEP, al Ministerio de
Trabajo y al Ministerio de Agricultura, para integrar el litisconsorcio por pasiva, teniendo en
cuenta que es indispensable la presencia dentro del litigio, de todos y cada uno de ellos.

6. Que como restablecimiento del derecho se ordene a la Entidad: DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA - SECRETARÍA DE HACIENDA, representado por el Dr. […], o por quien haga sus
veces a realizar mesas de trabajo con FIDUPREVISORA S.A. como vocera y Administradora
del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria, en donde se establezca de
manera concertada qué cuotas partes cumplen con los requisitos legales para que puedan ser
objeto de pago por el FOPEP.

7. Como restablecimiento del derecho, y una vez determinadas las cuotas partes pensionales
que cumplen los requisitos para aprobación de pago, se envíe a las Entidades que integran el
litisconsorcio necesario, por parte del Departamento del Tolima la liquidación certificada de la
deuda que plantea el artículo 828 del Estatuto Tributario y se otorguen los recursos de Ley.

8. Que como restablecimiento del derecho se ordene a la Entidad: DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA - SECRETARÍA DE HACIENDA, representado por el Dr. […], o por quien haga sus
veces a el pago de las costas y agencias en derecho que se causen debido a la presentación
de la demanda.

SUBSIDIARIAS

Señor Magistrado en caso de no acceder a la nulidad total de las Resoluciones objeto de la
presente demanda solicitamos respetuosamente sean declaradas las siguientes pretensiones:

1. Se declare parcialmente Nulo el Mandamiento de Pago No. 144 del 30 de Septiembre de
2016 por medio del cual se libra orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y en contra de la FIDUPREVISORA - PATRIMONIO
AUTÓNOMO DE REMANENTES CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN, identificado con NIT. No.
830.053.105, por concepto de las facturas que por cuotas partes pensionales fueron dejadas de
cancelar, en cuantía de MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.510.561.588) M/CTE más los intereses que
se causen hasta el momento de su respectivo pago de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa, en su artículo PRIMERO.

2. Se declare parcialmente nula la Resolución No. 0896 del 22 de noviembre de 2016 “Por
medio de la cual se ordena seguir adelante con la ejecución y embargo de bienes", en sus
artículos PRIMERO y SEGUNDO.

3. Que como restablecimiento del derecho se ordene a la Entidad: DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA - SECRETARÍA DE HACIENDA, representado por el Dr. […], o por quien haga sus
veces a analizar y resolver de fondo las excepciones presentadas contra el mandamiento de
pago mediante Oficio UG-CP-No. 7414 8518 del 21 de noviembre de 2016.

4. Que como restablecimiento del derecho solo sean incluidas en la liquidación las cuotas
partes pensionales cobradas por el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARÍA DE
HACIENDA, aquellas que cumplan los requisitos legales establecidos en las normas que
regulan las cuotas partes pensionales entre otras (Decreto 2921 de 1948, Decreto 1848 de
1969, Decreto Ley 3135 de 1968, Ley 6 de 1945, Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1978, Ley 1066 de
2006, Circulares conjuntas 069 de 2008 y 021 de 2012 emitidas por los Ministerios de la

3

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Demandante: Fiduprevisora SA

Protección Social y Hacienda y Crédito Público, Ley 100 de 1993), y que pueda realizarse su
autorización y posterior aprobación ante el consorcio FOPEP, es decir las siguientes y en la
cuantía que se relaciona, una vez aplicada la prescripción establecida en la Ley 1066 de 2006,
por el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2013 hasta el 10 de octubre de 2016:

FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DE DEPTO DE TOLIMA, CUOTAS QUE SE PUEDEN APROBAR ANTE EL FOPEP

No. Cédula Nombre Pensionado Cédula Nombre Sustituto Total Cuota Parte Int. DTF Acumulado
Sustituto
1 2244484 BARRAGAN MONTOYA $3.553.450.00 $302.627.07 $3.856.077.07
JESUS A
2 2313593 DIAZ MELLADO LUIS 28.884.527 ZAPATA DE DIAZ $2.076.851.45 $176.873.59 $2.253.725.05
EDUARDO ENCARNACIÓN
3 20600719 GUTIERREZ DE GOMEZ $3.157.164.81 $268.877.72 $3.426.042.53
GLADYS
4 4039499 HENAO HERNANDO $145.024.355.16 $12.350.897.23 $157.375.252.3
8
5 20600672 LOZANO VDA. DE GAITAN $8.119.302.04 $691.474.65 $8.810.776.69
BLANCA
6 5802565 MAHECHA ALFONSO $11.764.396.83 $1.263.082.91 $13.027.481.74
7 5803739 MONTAÑA MORA JORGE $12.481.572.12 $0.00 $13.540.836.74
ANTONIO
8 1605039 MURCIA JUAN MANUEL 28.534.440 GONZALEZ $10.143.489.67 $863.863.17 $11.007.352.84
CIFUENTES MARIA
YINETH
9 38217015 PARRA DE GOMEZ $2.492.502.67 $211.529.43 $2.704.032.10
YOLANDA
10 2244303 CORREA GRIMALDO 28.586.622 RODRIGUEZ MARIA $8.260.345.04 $701.024.77 $8.961.369.82
LEONCIO FERNANDO BLANCA NOHORA
11 2217361 ECHEVERRY ENCISO LUIS 28.502.844 ARIAS DE $2.130.475.32 $181.440.43 $2.311.915.76
ECHEVERRY CECILIA
12 5846053 NIETO LUCENA JOSE $1.682.037.94 $143.249.58 $1.825.287.52
13 135856 SORIANO BOHORQUEZ 41.353.908 BERMERO DE $15.128.456.09 $1.288.404.32 $16.416.860.42
LUIS ENRIQUE SORIANO MARIA
ISOLINA
14 2310857 TAFUR GUALTERO JOSE 25.452.526 RUIZ DE TAFUR $13.845.820.23 $1.175.043.28 $15.020.863.51
LINO BLANCA HILDA
15 2328516 TRHEBILCOGK RAMOS 28.806.066 PERNA DE $2.106.003.00 $298.271.45 $2.404.274.45
ENRIQUE TRHEBILCOGK
YOLANDA
16 2382223 CHAMBUETA BONILLA 38.218.164 GUZMAN HILDA $3.251.225.89 $276.888.37 $3.528.114.25
FELIX MARIA
$245.217.450.26 $20.193.547.97 $266.470.162.8
5

5. Que como restablecimiento del derecho se declare que las obligaciones de cuotas partes
pensionales que señalamos a continuación deben ser retiradas del cobro hecho por el
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – SECRETARÍA DE HACIENDA, dado que no se pueden
aprobar para pago ante el FOPEP dada la carencia de reserva en cálculo actuarial aprobado
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la extinta Caja Agraria:

No. Cédula Nombre Pensionado
1 92135 PEDRO ALCANTARA BAUTISTA GUTIÉRREZ
2 2210481 JOSE IGNACIO CALLEJAS RAMÍREZ
3 2381641 PABLO ANTONIO CANIZALES CASTILLO
4 5803743 DARÍO TORRES BONILLA
5 1210475 EFRAÍN GIRADO MEJÍA

6. Atendiendo al carácter rogado de esa jurisdicción, solicito además se ordene a la Entidad:
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – SECRETARÍA DE HACIENDA, representado por el Dr. […],
o por quien haga sus veces sea condenada al pago de las costas del proceso, así como al pago
de las agencias en derecho».

Invocó como disposiciones violadas, los artículos 6, 13, 29, 209, 228, 229 y 238 de la
Constitución Política (CP), 3, 5, 7, 9, 13, 14, 67, 69, 72, 77, 80, 84 y 99 de la Ley
1437 de 2011 (CPACA), 823 al 843-2 del Estatuto Tributario (ET), 1625 y 2535 del
Código Civil (CC), 10 de la Ley 962 de 2005, 2, 3 y 4 del Decreto 2921 de 1948 y 75
numeral 3 del Decreto 1848 de 1969. Así como las Leyes 71 de 1978, 33 de 1985,
100 de 1993, 1066 de 2006, el Decreto 3135 de 1968 y las Circulares Conjuntas 069

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de 2008 y 021 de 2012 del Ministerio de la Protección Social, y de Hacienda y
Crédito Público.

Como concepto de la violación, expuso:

Nulidad de la actuación administrativa. El escrito de excepciones contra el
mandamiento de pago se remitió el 18 de noviembre de 2016 al correo electrónico
notijudicialfondopensiones@tolima.gov.co y de igual manera fue enviado por correo postal el
día 21 de ese mismo mes y año, pese a lo cual, la Administración lo tuvo por
presentado el 22 de noviembre de 2016, cuando llegó de manera física, lo que dio
lugar a que se expidiera la Resolución nro. 0896 de esa misma fecha -que ordenó
seguir adelante la ejecución-, por no haberse presentado excepciones, cuestión que
desconoce el debido proceso, la primacía del derecho sustancial y el derecho de
acceso a la administración de justicia. Citó al respecto la sentencia C-286-13 y el
Auto 082 de 2010 de la Corte Constitucional.

El artículo 77 del CPACA dispone que los recursos ante la Administración se pueden
presentar por medios electrónicos, norma con fundamento en la cual el escrito de
excepciones fue remitido al correo «más idóneo que tiene la entidad», porque este guarda
las características de seguridad, confidencialidad y procedibilidad, toda vez que en
los términos del artículo 197 ibidem, es a la dirección electrónica para efectos de
notificaciones donde además de surtirse ese trámite -notificación-, se presentan los
recursos.

Destacó que en las comunicaciones remitidas por la Gobernación del Tolima no se
indicó con exactitud el correo electrónico al que debían enviarse los recursos.

Inexistencia del título. No se puede librar una orden de pago vía proceso coactivo
por concepto de cuotas partes pensionales respecto a Fiduprevisora como vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria en
Liquidación, debido a que en el otrosí nro. 10 del Contrato de Fiducia Mercantil nro.
3-1-0217 de 2006, la única obligación que le asiste es la de autorizar el pago de
cuotas partes, para que el Fopep proceda al mismo, esto último de acuerdo con el
artículo 1 del Decreto 2721 de 2008.

Indicó que las obligaciones consignadas en el contrato de fiducia mercantil son el fiel
reflejo de la normatividad expedida para regir el tema de las cuotas partes de la
extinta entidad, concretamente, el Decreto 255 de 2000, modificado por los Decretos
2282 de 2003 y 2721 de 2008.

Falta de título ejecutivo por inexigibilidad de la obligación. En el evento de ser
posible que se libre mandamiento de pago por una obligación de hacer, no se
cumplen los requisitos establecidos en la Circular Conjunta 069 de 2008 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y de la Protección Social, para autorizar el
pago de las cuotas partes pensionales.

El título ejecutivo para el cobro de cuotas partes pensionales es complejo,
conformado por la aceptación de la consulta al deudor de la resolución de
reconocimiento de la obligación pensional y la actual exigibilidad de su pago
mediante certificaciones de pago de las mesadas pensionales, entre otros.

5

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El mandamiento de pago librado adolece de exigibilidad por cuanto está conformado
por cuentas de cobro sin los soportes necesarios para cumplir con el encargo
fiduciario, a pesar de que fueron requeridos los distintos documentos que hacían
parte del título ejecutivo, entre otros, las liquidaciones individuales y las
certificaciones bancarias para el desembolso, pese a lo cual, no fueron allegadas por
la gobernación.

Prescripción. El artículo 4 de la Ley 1066 de 2006 dispone que el derecho al
recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al
pago de la mesada pensional. En iguales términos está previsto en la Circular
Conjunta 069 de 2008.

En el caso concreto, al Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Agraria en
Liquidación le compete administrar y dar traslado del acuerdo de pago al Fopep,
ajustándose al mecanismo impartido en la citada circular, el cual establece como
requisito indispensable la aplicación de la prescripción de la acción de cobro de las
cuotas partes pensionales, teniendo en cuenta, para este asunto, la prevista antes y
después de la Ley 1066 de 2006, es decir, la trienal, tal y como la aplica la
jurisprudencia11. De esta manera, la entidad demandada solo puede cobrar desde el
30 de septiembre de 2013, porque con la expedición del mandamiento de pago el 30
de septiembre de 2016 se interrumpió la prescripción.

Nulidad de las resoluciones demandadas. De acuerdo con el artículo 830 del ET,
el patrimonio autónomo estaba dentro del término legal -15 días siguientes a la notificación
del mandamiento de pago- para presentar las excepciones, toda vez que el escrito
contentivo de las mismas se remitió al correo electrónico
notijudicialfondopensiones@tolima.gov.co y, a su vez, por correo postal.

Citó el artículo 10 de la Ley 962 de 2005, y agregó que el escrito de excepciones se
debe tener como presentado «tanto el día que se envió el día de incorporación al correo y para
efectos del cómputo de la respuesta a las excepciones, se comenzaría a computar los términos desde
el día en que efectivamente se radique el escrito en el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA –
SECRETARÍA DE HACIENDA»12, no como lo pretende el ente territorial, tomando como
fecha la radicación.

Falta de integración del litisconsorcio necesario por pasiva. La «relación jurídico
sustancial entre el titular del pasivo pensional de la extinta Caja de Crédito Agrario es la Nación –
Ministerio de Trabajo y Ministerio de Agricultura, el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional
FOPEP y Fiduprevisora SA en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo de
remanentes de la Caja Agraria en Liquidación»13, por lo que ante la ausencia de alguno de
estos es imposible cumplir con las obligaciones por concepto de las cuotas partes
pensionales. Así se indicó desde la presentación de las excepciones contra el
mandamiento de pago.

Fiduprevisora no es el deudor. Vinculación de la entidad pagadora y del titular
del pasivo pensional de la Caja. Conforme al Decreto 255 de 2000, modificado por
los Decretos 2282 de 2003 y 2721 de 2008, el pasivo pensional de la extinta Caja de
Crédito Agrario está a cargo de la Nación – Ministerio de Trabajo, Ministerio de

11
Citó la sentencia del 7 de marzo de 2013, Consejo de Estado, Sección Segunda, rad. 0948-12, C.P. Luis Rafael Vergara
Quintero.
12
Fl. 36 c.p. 1.
13
Fl. 37 vto. c.p. 1.

6

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Demandante: Fiduprevisora SA

Agricultura, y se pagará a través del Fopep, por lo que resultaba necesaria su
vinculación en el proceso de cobro coactivo, como se solicitó, pese a lo cual, no se
hizo.

Inexistencia del título ejecutivo por falta del acto administrativo que liquide las
cuotas partes. La jurisprudencia ha señalado que el título ejecutivo de las cuotas
partes pensionales está conformado, entre otros documentos, por el acto
administrativo que las liquide14, el que se echa de menos en el proceso de cobro
coactivo, de ahí que no se tenga certeza de la obligación.

OPOSICIÓN

El departamento del Tolima se opuso a las pretensiones de la demanda15, y frente
a la nulidad de las Resoluciones nros. 0012 del 24 de enero de 2017 -declaró
extemporáneo el escrito de excepciones-, 096 del 8 de marzo de 2017 -confirmó en reposición
contra el acto que rechazó las excepciones- y 0071 del 2 de marzo de 2017 -rechazó recurso
de reposición por improcedente contra el acto que ordenó seguir adelante la ejecución-, manifestó
que son actos de trámite no susceptibles de control de legalidad, porque no ponen
fin a una actuación particular y concreta.

Propuso la excepción previa de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por cuanto el término para presentar la demanda
contra la Resolución nro. 0896 del 22 de noviembre de 2016, mediante la cual se
ordenó seguir adelante con la ejecución, vencía el 22 de marzo de 2017, pese a lo
cual, la solicitud de conciliación se presentó el 30 de junio de 2017, tal como consta
en el certificado de no conciliación expedido el 8 de septiembre de 2017 por el
Procurador 27 Judicial Administrativo.

El mandamiento de pago «fue notificado vía correo electrónico originado en el correo
Harry.prieto@tolima.gov.co y dirigido a los correos institucionales mbotiao@pargup.com.co y
sdtenjov@pargup.com.co el día 27 de octubre de 2016 adjuntándole una copia magnética de la
Resolución No. 144 del 30 de septiembre de 2017» [destacado original], de ahí que
Fiduprevisora tenía hasta el 21 de noviembre de 2016 para pagar la obligación o
interponer excepciones. Solo hasta el día 22 del mismo mes y año se presentó en la
ventanilla única de la Gobernación del Tolima, con radicado 53280, el escrito de
excepciones, lo que evidencia que este fue extemporáneo y que la actora tenía claro
el procedimiento para radicar la documentación, por lo que no es viable que ahora se
alegue omisión en la información del correo electrónico institucional.

No es aceptable que la actora tenga como fecha de presentación de las excepciones
la de remisión del correo postal del 21 de noviembre de 2016, porque la válida es la
de radicación ante la entidad destinataria, la que, al ser extemporánea, daba lugar a
que se expidiera la resolución por la que se ordenó seguir adelante la ejecución,
único acto susceptible de control de legalidad.

14
Citó las sentencias del Consejo de Estado del 16 de diciembre de 2011, exp. 18123, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
y del 23 de junio de 2016, exp. 21913, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
15
Fls. 302 a 317 c.p. 2. Comoquiera que en la audiencia inicial celebrada el 19 de septiembre de 2018, el tribunal declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, formulada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, y el Consorcio Fopep; decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado mediante auto del
14 de diciembre de 2020, en esta providencia no es necesario referirse a sus intervenciones en el curso del proceso judicial.

7

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Demandante: Fiduprevisora SA

Señaló que no es el departamento del Tolima el llamado a dar cumplimiento a lo
solicitado por la actora, quien, además, pretende revivir una discusión en torno al
título ejecutivo, lo que no es propio del cobro coactivo.

Propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, porque la entidad
llamada a dar cumplimiento a lo pretendido por Fiduprevisora es el «Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Ministerio de Educación Nacional»16.

AUDIENCIA INICIAL

El 19 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el
artículo 180 del CPACA17, diligencia en la que no se advirtieron irregularidades
procesales, nulidades o que estuviera pendiente la decisión de medidas cautelares.
Respecto de las excepciones propuestas por el departamento del Tolima se declaró:
(i) probada la de ineptitud sustantiva -parcial- de la demanda respecto de las
pretensiones 5, 6 y 7, y (ii) la inepta demanda en relación con la resolución que
declaró extemporáneas las excepciones y el acto que la confirmó18. De oficio se
declaró probada la misma excepción, en relación con la pretensión de nulidad del
mandamiento de pago y también declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, planteada por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, el Consorcio Fopep y el Ministerio de Trabajo.

El 31 de julio de 201919 el tribunal continuó con la audiencia inicial, declaró no
probada la excepción de caducidad, fijó el litigio -se concretó en el estudio de legalidad de
las Resoluciones nros. 0896 del 22 de noviembre de 2016 y 0071 del 2 de marzo de 2017-20, tuvo
como pruebas las aportadas con la demanda y su contestación y, por último, corrió
traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión y
emitiera concepto, respectivamente21.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Tolima: (i) declaró la nulidad de los actos
administrativos enjuiciados, (ii) ordenó a la entidad analizar y resolver las
excepciones presentadas por Fiduprevisora, (iii) negó las demás pretensiones de la
demanda y (iv) condenó en costas a la parte demandada, conforme a lo siguiente22:

16
Fl. 314 c.p. 2.
17
Fls. 370 a 382 c.p. 2.
18
Mediante auto del 14 de diciembre de 2020, la Magistrada Sustanciadora decidió: revocar la decisión adoptada por el tribunal
en la audiencia inicial celebrada los días 19 de septiembre de 2018 y 31 de julio de 2019, en cuanto declaró probada
parcialmente la excepción de inepta demanda. En su lugar, declarar no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda, respecto de la Resolución nro. 012 del 24 de enero de 2017, por la cual se resolvieron unas excepciones, y su
confirmatoria, la Resolución nro. 0096 del 8 de marzo de 2017, ambas expedidas por la Secretaría de Hacienda del
departamento del Tolima. Índice 4 de Samai, exp. 73001-23-33-000-2017-00499-02.
19
Fls. 462 a 478 c.p. 3.
20
Decisión revocada por el Consejo de Estado mediante auto del 14 de diciembre de 2020. Cfr. pie de página 18.
21
Mediante auto del 14 de diciembre de 2020, esta corporación decidió el recurso de apelación interpuesto por las partes contra
la decisión del tribunal -adoptada en audiencia inicial-, de declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
respecto de las Resoluciones nros. 0012 del 24 de enero de 2017 y 0096 del 8 de marzo de 2017, y declarar no probada la
excepción de caducidad en relación con la Resolución nro. 0896 del 22 de noviembre de 2016, todas expedidas por la
Secretaría de Hacienda del departamento del Tolima.
22
Fls. 506 a 515 c.p. 3.

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Demandante: Fiduprevisora SA

La notificación electrónica del mandamiento de pago a Fiduprevisora se realizó
desde el correo electrónico cobrocoactivotolima@hotmail.com, dirigido a
gavargasv@parugp.com.co, sdtenjv@parugp.com.co y jurisvargas@gmail.com, en consideración
a que se optó por ese medio de notificación -art- 56 CPACA-, pero, tal como lo afirmó la
actora, en esa oportunidad no se indicó la dirección electrónica a la que se podían
remitir los documentos para el ejercicio del derecho al debido proceso y defensa, en
cumplimiento del artículo 60 ibidem -toda autoridad debe tener al menos una dirección
electrónica- y del numeral 8 del artículo 7 del mismo ordenamiento, conforme con el
cual, es deber de las autoridades en la atención al público adoptar medios
tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios
alternativos para quienes no dispongan de aquellos.

Ante el uso de herramientas digitales por parte de la Gobernación del Tolima para
notificar el mandamiento de pago, resultaba coherente que el administrado acudiera
al «correo electrónico anunciado en la página oficial del Departamento del Tolima
notijudicialfondopensiones@tolima.gov.co», para remitir el escrito de excepciones y así
permitir la comunicación entre las partes23, todo porque, el mensaje de datos como
tal, debe recibir el mismo tratamiento de los documentos consignados en papel,
conforme lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-662 de 2000.

También citó la sentencia de la mencionada corte, proferida el 7 de julio de 2020, en
la que se expuso que de acuerdo con el artículo 5 del CPACA, la formulación de
peticiones podrá realizarse por cualquier medio tecnológico disponible por la entidad
pública. Y que, de manera armónica con lo anterior, el artículo 7 del mismo código
establece como deberes de las entidades, por una parte, adoptar medios
tecnológicos para tramitar y resolver las solicitudes y, por la otra, gestionar todas las
peticiones que se alleguen vía fax o por medios electrónicos.

En consideración a lo expuesto, concluyó que no le asiste razón a la parte
demandada al afirmar que Fiduprevisora tenía claro que la documentación se debía
radicar en la ventanilla única, de acuerdo con las prescripciones normativas en
materia de actuación administrativa y de proceso de cobro coactivo, y comoquiera
que el correo electrónico que contenía el escrito de excepciones fue enviado el 18 de
noviembre de 2016, esto es, dentro del término legal, se tenía que resolver sobre las
mismas, y como no se hizo, procede la nulidad de los actos demandados y, a título
de restablecimiento del derecho ordenarle al departamento del Tolima resolverlas, tal
como se solicitó en las pretensiones subsidiarias, sin que sea del caso declarar la
terminación del proceso -pretensión 3 principal-.

Sobre las demás pretensiones -prescripción, excluir algunas obligaciones y analizar si existe o
no título ejecutivo debidamente conformado- será la Administración quien las resuelva.

Finalmente, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, condenó en costas a la
demandada. Fijó como agencias en derecho el valor equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente.

RECURSO DE APELACIÓN

23
Citó al respecto la sentencia de la Corte Constitucional del 7 de julio de 2020 -sin identificar-, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.

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Demandante: Fiduprevisora SA

El departamento del Tolima apeló la sentencia de primera instancia y solicitó su
revocatoria en los siguientes términos24:

Reiteró la excepción de caducidad propuesta en la contestación a la demanda, por
considerar que no procedían recursos contra algunos de los actos administrativos
demandados, lo que conduce a que el acto enjuiciado sea únicamente la Resolución
nro. 0896 del 22 de noviembre de 2016 -ordenó seguir adelante la ejecución-, por ser de
carácter definitivo. De ahí que el cómputo de la caducidad teniendo en cuenta las
Resoluciones nros. 0012 del 24 de enero de 2017 -declaró extemporáneo el escrito de
excepciones- y 0096 del 8 de marzo de 2017 -decidió el recurso de reposición-, no es
procedente, por tratarse de «una simple comunicación del por qué no se resolvieron las
excepciones por parte de la Administración Departamental», la que no podía revivir términos o
una actuación administrativa culminada, por lo que solicitó que se «repare la decisión
tomada por el A quo a la fecha y se declare como configurada la caducidad del caso»25.

En cuanto a lo resuelto por el tribunal de tener como válido el envío de las
excepciones al correo electrónico notijudicialfondopensiones@tolima.gov.co, si bien se
evidencia el querer garantizar el debido proceso, no puede pasarse por alto que se
trata de un argumento infundado, porque de una parte, no se cuenta con prueba
fehaciente que permita determinar de manera clara y concreta que ese era el correo
establecido en la página web oficial del departamento del Tolima para tal efecto, y de
otra, que la secretaría que adelantó el cobro coactivo le indicara de manera expresa
a la actora que ese era el canal o medio electrónico establecido, autorizado o
permitido para formular las excepciones.

Agregó que Fiduprevisora les comunicó de manera expresa que recibiría
notificaciones a una dirección electrónica, motivo por el cual la notificación del
mandamiento de pago se efectuó desde las direcciones cobrocoactivotolima@hotmail.com
y Harry.prieto@tolima.gov.co, dirigido el 27 de octubre de 2016 a los correos
institucionales mbotiao@pargup.com.co y sdtenjov@pargup.com.co, por lo que se cumplió lo
previsto en el artículo 56 del CPACA -notificación electrónica-.

Si bien el tribunal consideró coherente que las excepciones las enviaran a una
dirección que supuestamente estaba reportada en la página web de la entidad, cabe
cuestionarse si resultaba más razonable que incluso se hubiese remitido a las
mismas direcciones electrónicas desde las que se envió el correo para efectos de la
notificación del mandamiento de pago.

Si bien el a quo se refirió al artículo 60 del CPACA, aclaró que en ningún momento
se autorizó o indicó que en esas direcciones la Fiduprevisora podía presentar sus
argumentos de defensa, por lo que se desconoció la potestad del ente territorial o
autoridad pública para efectos de determinar los canales de comunicación. Citó la
sentencia T-230 del 7 de julio de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, de la
que destacó que «las solicitudes que se presenten ante las autoridades podrán realizarse por vía
verbal, escrita o cualquier otro medio idóneo que sirva para la comunicación, para lo cual, por regla
general, el particular tendrá la posibilidad de escoger entre canales físicos o electrónicos que hayan
sido habilitados por la entidad. Cada autoridad tiene la posibilidad de determinar cuáles son los
espacios tantos físicos como electrónicos de que dispondrá para mantener comunicación con la
ciudadanía, teniendo en cuenta sus funciones, presupuesto y posibilidad de atención efectiva»
(subraya original).
24
Fls. 519 a 524 vto. c.p. 3.
25
Fl. 521 c.p. 3.

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Como en este caso no se autorizó o comunicó de parte de la entidad una dirección
electrónica específica a la cual la actora pudiese dirigir comunicaciones, se debe
tener en cuenta que según copia de constancia de Rastreo de Guía No. 265110597
las excepciones se formularon de manera extemporánea, por lo que no se podía
emitir pronunciamiento de fondo, aclarando que de razonarse lo contario se revivirían
términos que están vencidos.

No propuso reparo concreto frente a la condena en costas.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación se admitió mediante auto del 18 de octubre de 202226 y
dentro del término de su ejecutoria Fiduprevisora no se pronunció. Al no ser
necesaria la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió traslado para
alegar. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de las resoluciones proferidas por la Gobernación del Tolima
contra Fiduprevisora, mediante las cuales en el marco del proceso de cobro coactivo:
(i) ordenó seguir adelante con la ejecución y (ii) rechazó por extemporáneo el escrito
de excepciones.

En los términos del recurso de apelación le corresponde a la Sala decidir si el escrito
de excepciones contra el mandamiento de pago se presentó de forma extemporánea.

Cuestión previa. Actos susceptibles de control de legalidad y caducidad del
medio de control

En el presente asunto, en el recurso de apelación la parte demandada expuso que el
único acto susceptible de control de legalidad es la resolución que decidió seguir
adelante la ejecución, por ser de carácter definitivo y, reiteró la excepción de
caducidad propuesta en la contestación a la demanda.

Al respecto, es preciso mencionar que, mediante auto del 14 de diciembre de 2020,
esta corporación decidió el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
decisión del tribunal -adoptada en audiencia inicial-, de declarar probada la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda respecto de las Resoluciones nros. 0012 del 24
de enero de 2017 y 0096 del 8 de marzo de 2017, y declarar no probada la
excepción de caducidad en relación con la Resolución nro. 0896 del 22 de noviembre
de 2016, todas expedidas por la Secretaría de Hacienda del departamento del
Tolima.

Según se expuso en esa providencia, las Resoluciones nros. 0012 del 24 de enero
de 2017 y 0096 del 8 de marzo de 2017 son actos administrativos demandables por
cuanto se pronunciaron sobre las excepciones propuestas por Fiduprevisora contra

26
Índice 4 de Samai.

11

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el mandamiento de pago, al tenor de lo dispuesto en los artículos 101 del CPACA y
835 del ET. Además, se indicó que el análisis sobre la extemporaneidad en la
interposición de las excepciones constituye una decisión definitiva sobre el asunto,
susceptible de ser discutida en sede judicial, en los términos del artículo 43 del
CPACA, por lo que se revocó lo resuelto por el a quo al declarar probada la
excepción de ineptitud de la demanda.

En cuanto a la excepción de caducidad, en la citada providencia se indicó que contra
la Resolución nro. 0896 del 22 de noviembre de 2016 se interpuso recurso de
reposición, el cual fue declarado improcedente mediante la Resolución nro. 0071 del
2 de marzo de 2017, notificada el día 6 del mismo mes y año, de ahí que el término
de caducidad vencía, en principio, el 7 de julio de 2017. No obstante, el 30 de junio
de ese año la parte actora presentó solicitud de conciliación ante el Ministerio
Público, y el 8 de septiembre siguiente la Procuraduría 27 Judicial II para Asuntos
Administrativos expidió la constancia de conciliación declarada fallida, lo que condujo
a que el término de caducidad se suspendiera desde el 30 de junio de 2017 hasta el
8 de septiembre de 2017, de manera que la presentación de la demanda debía
efectuarse hasta el 18 de septiembre de 2017 -porque el día 16 era sábado-, fecha en la
que efectivamente se radicó, por lo que se confirmó la decisión del tribunal de no
declarar probada la excepción de caducidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la parte demandada debe estarse a lo resuelto por
esta corporación en el auto del 14 de diciembre de 2020, en el que se concluyó que
las Resoluciones nros. 0012 del 24 de enero de 2017 -declaró extemporáneo el escrito de
excepciones- y 0096 del 8 de marzo de 2017 -decidió el recurso de reposición- son actos
definitivos conforme al artículo 43 del CPACA, por ende, susceptibles de control de
legalidad, lo que incidió en el conteo del término de caducidad, que también se
realizó en dicha providencia.

Presentación del escrito de excepciones

En los términos del artículo 830 del ET -ordenamiento al que alude el mandamiento de pago
que interesa en este proceso-, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación
del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus
respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrán proponerse mediante
escrito las excepciones contempladas en el artículo siguiente.

En el caso concreto, no es objeto de controversia que la notificación del
mandamiento de pago nro. 144 del 30 de septiembre de 2016, se surtió de manera
electrónica el 27 de octubre de 2016, por solicitud de Fiduprevisora, con lo cual, la
parte ejecutada tenía hasta el 21 de noviembre del mismo año para pagar o proponer
excepciones27, fecha que tampoco es objeto de cuestionamiento en sede judicial.

La discusión en esta instancia se concreta en la decisión del tribunal de tener por
válido el envío de las excepciones al correo electrónico
notijudicialfondopensiones@tolima.gov.co.

Respecto a esa dirección de correo electrónico, la parte apelante propuso varios
reparos, a saber: (i) no se cuenta con prueba fehaciente que permita determinar de

27
Ese término se contabiliza desde el día siguiente a la fecha de notificación, sin tener en cuenta los días inhábiles.

12

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manera clara y concreta que ese era el correo establecido en la página web oficial
del departamento del Tolima, (ii) la secretaría que adelantó el cobro coactivo no le
indicó de manera expresa a la actora que ese era el canal o medio electrónico
establecido, autorizado o permitido para formular las excepciones y (iii) resultaba
más razonable que el correo se remitiera a las mismas direcciones electrónicas
desde las que se envió el correo para efectos de la notificación del mandamiento de
pago.

Es cierto, como lo pone de presente el departamento del Tolima, que en el
expediente no obra prueba que permita tener certeza, como lo afirmó el tribunal, que
el correo notijudicialfondopensiones@tolima.gov.co corresponda al establecido en la página
web de la entidad como canal de atención para la recepción de esta clase de
actuación; sin embargo, no se puede pasar por alto que, esa dirección de correo
electrónico no es ajena a la entidad y menos aún al trámite que en su momento se
adelantaba, porque en los antecedentes administrativos obra la siguiente prueba28:

Esa prueba da cuenta de que a la misma dirección electrónica el Profesional II
Especializado Cuotas Partes Pensionales del Patrimonio Autónomo de Remanentes
de la Caja Agraria en Liquidación - Administrada por la Fiduprevisora SA remitió la
solicitud para que le fuera notificado el mandamiento de pago vía electrónica -ante la
imposibilidad de traslado en el término indicado para efectos de la notificación personal del acto-,
comunicación que fue efectiva entre las partes, tanto así que esa actuación se surtió
el 27 de octubre de 2016, hecho aceptado por el departamento del Tolima.

Si bien, en el acto notificado -mandamiento de pago- o en la diligencia de notificación
electrónica del mismo, no se le indicó de manera expresa a la actora que dicho
correo correspondía al medio electrónico establecido, autorizado o permitido para
formular las excepciones, tampoco se le informó lo contrario, por lo que a juicio de la
Sala, en este caso particular, resultaba razonable que el escrito de excepciones se
remitiera a la precitada dirección electrónica, por considerarse un medio idóneo para

28
Índice 2 de Samai. ED_C02_CUAD 2CD2 FOLIO 318(.zip) NroActua 2, carpeta: Cuaderno2CD2Folio318, carpeta:
EXPEDIENTE 142016, Carpeta: ANTECDE, CTAS Y MP, pág. 155.

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la comunicación entre las partes en el proceso de cobro coactivo, de ahí que la
actora bien podía escoger entre el canal físico o electrónico.

El hecho que el precitado correo electrónico no se haya remitido a las mismas
direcciones electrónicas desde las que se envió el correo para efectos de la
notificación del mandamiento de pago, no es suficiente para que no se tenga en
cuenta el escrito de excepciones del 18 de noviembre de 2016, en tanto, se insiste,
está probado que el canal elegido por Fiduprevisora permitió mantener comunicación
entre las partes en el curso del proceso de cobro coactivo.

Agréguese que como se anunció en dicho correo, también se remitió en físico -
mediante correo certificado- la documentación relacionada con el escrito de excepciones,
que fue recibida por la entidad el 22 de noviembre de 2016, fecha que no es posible
tener en cuenta para efectos de contabilizar el término de los 15 días previsto en el
artículo 830 del ET, en tanto, como se probó, estas se propusieron el 18 de
noviembre del mismo año, es decir, dentro del término legal -21 de noviembre de 2016-.

Por lo anterior, no prospera el recurso de apelación y, si bien se coincide con el
tribunal en que procede la nulidad de los actos administrativos demandados, se
modificará el ordinal primero de la sentencia apelada, para indicar que el día de
expedición de la Resolución nro. 0071 es el 2 de marzo de 2017. En lo demás, se
confirmará, incluida la orden impartida a título de restablecimiento del derecho y la
condena en costas en primera instancia, en tanto no fueron objeto de reparo
concreto.

Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 (num. 8) del
Código General del Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y
agencias en derecho) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia del 21 de octubre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el cual queda así:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones nros. 0896 del 22 de noviembre del
2016, por medio de la cual se ordena seguir adelante con la ejecución y el embargo de bienes,
y 0071 del 2 de marzo del 2017, que declaró improcedente el recurso presentado contra la
anterior resolución. Así como las Resoluciones nros. 0012 del 24 de enero de 2017, por la cual
se resolvió sobre el escrito de excepciones y 0096 del 8 de marzo de 2017, que la confirmó,
todas expedidas por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Tolima.

2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

14

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Demandante: Fiduprevisora SA

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta Salva el voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse en la opción «validador de documentos» dispuesta en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

15

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