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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00547-01

Acción de tutela: ampara el derecho a la vida digna, salud y seguridad social

Fecha
8 de febrero de 2018
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2017-00547-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que negó el amparo solicitado, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: AMPARAR el derecho a la vida digna, salud y seguridad social de la señora ROSA DELIA DUQUE CAMACHO quien actúa por medio de su agente oficioso, por los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ORDENAR al Director del Establecimiento de Sanidad Militar No. 5175 deberá autorizar y entregar mensualmente a la señora ROSA DELIA DUQUE, 120 pañales TENA SLIP talla L, 1 caja de guantes por 100 unidades, 3 paquetes de pañitos húmedos por 100 unidades, cada paquete, y la crema antipañalitis Desitin, por el tiempo que sea necesario, sin perjuicio que se realice una nueva valoración médica que prescriba una cantidad diferente. CUARTO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo del Tolima y al Director del Establecimiento de Sanidad Militar No. 5175, para que en futuras oportunidades, en las que se encuentren frente a un caso del mismo supuesto fáctico procedan, el primero, a emitir las ordenes necesarias para garantizar los derechos del sujeto de especial protección constitucional y el segundo, a autorizar y entregar los suministros necesarios por los pacientes en condición de vulnerabilidad manifiesta. QUINTO: REMITIR copias de las presentes actuaciones a la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo para que investigue la posible comisión de faltas disciplinarias en este asunto. SEXTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión. SÉPTIMO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2017-00547-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

8 de febrero de 2018

ACCIÓN DE TUTELA - Ampara el derecho a la vida digna, salud y seguridad social / DERECHO A LA SALUD - Características / DERECHO A LA SALUD DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD - Como sujeto de especial protección constitucional / DERECHO A LA SALUD - Reglas para el suministro de medicamentos excluidos del POS / DERECHO A LA VIDA DIGNA Y A LA SALUD - El director de Sanidad Militar deberá autorizar la entrega de los medicamentos e insumos por el tiempo que sea necesario sin perjuicio que se realice una nueva valoración médica

[P]ara la Sala resulta diáfano que la señora [R.D.D.] es un sujeto de especial protección constitucional dado que es una persona de la tercera edad en estado de debilidad manifiesta, cuya condición patológica actual la conlleva a necesitar entre otros insumos, pañales, pañitos húmedos y cremas. En consecuencia, surge (i) el deber de la administración de proporcionarle el tratamiento, los medicamentos y en general los insumos necesarios para que se proteja sus derechos a la vida digna y a la salud y (ii) la obligación del juez de tutela de proferir las órdenes necesarias para su protección. No obstante, esta circunstancia no aconteció, ni respecto a la entidad prestadora del servicio de salud, ni en relación con el Tribunal Administrativo del Huila. La primera porque se negó a proporcionar los insumos solicitados en tanto estaban excluidos del POS y a su parecer no eran necesarios y el segundo porque manifestó que no accedía a las pretensiones de la acción en cuanto no constaba en el proceso la orden del médico tratante en donde se advirtiera que los mismos eran imprescindibles. (…). En otros términos, erró el juez de primera instancia en negar el amparo invocado y requerir que un médico tratante emitiera su concepto antes de acceder a la orden de entrega de los insumos requeridos, porque en el sub judice, teniendo en cuenta las condiciones especiales de la señora [R.D.D.], no era necesario, por el contrario lo realmente indispensable era proferir las ordenes en el menor tiempo posible para que la paciente tuviera a su disposición los insumos que le permitieran sobrellevar su padecimiento y garantizar su vida en condiciones de dignidad.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 13 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 10 / DECRETO 1382 DE 2000 - ARTÍCULO 32

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la falta de legitimación en la causa por activa, ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de julio de 2013, exp. T-417, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Con respecto a la agencia oficiosa como una forma de configurar la legitimación en la causa por activa, ver: Corte Constitucional, sentencia de 4 de julio de 2002, exp. T-531, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y sentencia de 10 de octubre de 2008, exp. T-995, M.P. Mauricio González Cuervo. En cuanto a la flexibilización de los requisitos de sujetos de especial protección constitucional en relación con la legitimación con la causa, ver: Corte Constitucional, sentencia de 23 de enero de 2015, exp. T-025, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Respecto de la procedencia de la agencia oficiosa cuando se procura la defensa de adultos mayores, ver: Corte Constitucional, sentencia de 16 de junio de 2005, exp. T-630 y sentencia de 12 de agosto de 2005, exp. T-843, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En cuanto al otorgamiento de la categoría de fundamental al derecho a la salud, ver: Corte Constitucional, sentencia de 25 de septiembre de 2003, exp. T-859 y sentencia de 17 de marzo de 2003, exp. T-227, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Acerca de la dignidad y el peso que este principio tiene dentro del derecho a la salud, ver: Corte Constitucional, sentencia de 31 de julio de 2008, exp. T-760, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En cuanto a la protección reforzada en salud de las personas de la tercera edad, ver: Corte Constitucional, sentencia de 11 de julio de 2006, exp. T-527, M.P. Rodrigo Escobar Gil y sentencia de 19 de octubre de 2009, exp. T- 746, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Respecto de la procedencia de la acción de tutela por falta de reconocimiento del derecho a la salud en sujetos de especial protección constitucional, ver: Corte Constitucional, sentencia de 2 de diciembre de 2008, exp. T-1182, M.P. Humberto Sierra Porto y sentencia de 7 de octubre de 2009, exp. T-717, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En cuanto a la procedencia de la acción de tutela cuando se niega un medicamento o tratamiento médico, requerido con urgencia, pero que no puede adquirirse por falta de recursos económicos, ver: Corte Constitucional, sentencia de 17 de marzo de 2009, exp. T-165 y sentencia de 2 de febrero de 2010, exp. T-050, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Sobre las reglas que deben verificarse para el suministro de un medicamento que está excluido del POS, ver: Corte Constitucional, sentencia de 20 de enero de 2017, exp. T-014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En cuanto al suministro de servicios en insumos requeridos sin orden médica a pacientes con pérdida de control de esfínteres en razón de la configuración de un hecho notorio, ver: Corte Constitucional, sentencia de 24 de marzo de 2017, exp. T-178, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Respecto de un caso en el que se ordenó el suministro de pañales sin orden médica de por medio, ver: Corte Constitucional, sentencia de 11 de octubre de 2012, exp. T-790, M.P. Alexei Julio Estrada y sentencia de 24 de marzo de 2017, exp. T-178, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 73001-23-33-000-2017-00547-01(AC)

Actor: JOSÉ DEL CARMEN DUQUE CAMACHO EN REPRESENTACIÓN DE ROSA DELIA DUQUE CAMACHO

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA

La Sección Segunda, Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia de 26 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que negó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

1.1.- PRETENSIONES

El señor José del Carmen Duque Camacho, en condición de agente oficioso de su hermana ROSA DELIA DUQUE CAMACHO, interpuso acción de tutela en contra del Establecimiento de Sanidad Militar 5157 de Ibagué (Tolima) al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, vida digna y seguridad social.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó:

«[…]

[…] se ordene por parte de su Honorable Despacho, a la entidad accionada ESTABLECIMENTO DE SANIDAD MILITAR 5157 DE IBAGUÉ, adelante de manera inmediata todo el trámite necesario para la autorización de pañales desechables (tena sleepp) 120 pañales mensuales, pañitos húmedos paquete por 100 unidades (5 paquetes), 5 caja de guantes y crema antipañalitis (desityn) silla de ruedas y médico domiciliario, de forma periódica, de conformidad con lo ordenado por la Gerente del CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR “CANITAS ALEGRES”, a fin de que la atienda y asista en todas las necesidades básicas, debido a su enfermedad de pérdida de control de esfínteres tanto urinario, como fecal; siendo dichos elementos indispensable para su tratamiento y sin que se deban pedir mes a mes, por lo anterior se reitera que de forma inmediata adelanten todo el trámite necesario, para su entrega.

2. Se le ofrezca tratamiento integral en salud que requiera mi hermana ROSA DELIA DUQUE CAMACHO, (CONSULTAS, TERAPIAS, VISITAS MEDICAS DOMICILIARIAS, MEDICAMENTOS, ELEMENTOS NECESARIOS POR SU CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD) para mantener una buena calidad de vida, estabilización de las enfermedades pérdida de control de esfínteres tanto urinario, como fecal, mediante adecuada recuperación, lo anterior, para que de forma inmediata se adelante todo el trámite administrativo y médico para llevar a cabo el inicio del tratamiento, toda vez que existiendo certificación de los elementos que necesita y por ser indispensables para su salud, solcito se le garantice una adecuada recuperación a efectos de evitar un PERJUICIO IRREMEDIABLE».

1.2.- HECHOS

El agente oficioso de la accionante señaló como fundamentos fácticos de la acción de tutela, los siguientes:

Su hermana ROSA DELIA DUQUE CAMACHO, se encuentra afiliada al sistema de salud de las FF.MM. En la actualidad tiene 83 años y padece de pérdida de control de esfínteres, tanto urinario como fecal, y demencia senil.

Con previa autorización del dispensario de sanidad del Ejército Nacional y bajo la presencia de los miembros policiales de CAI de Roma y la administradora del conjunto Antonio José de Sucre de la localidad de Kennedy y en vista del grave estado de salud de su hermana, quien permanecía su mayor parte del tiempo en un apartamento de Bogotá completamente sola, por condiciones de vulnerabilidad económica y familiar, optó por ingresarla en un hogar geriátrico en Ibagué para garantizar su integridad física.

A través de peticiones presentadas al establecimiento de sanidad 5175 de Ibagué-Ejército Nacional, el 8 de agosto de 2017, requirió en tres oportunidades la entrega de una silla de ruedas, pañales desechables y pañitos húmedos, en razón al grave estado de salud de su hermana.

En razón a que no obtuvo respuesta alguna, instauró acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué-Sala Laboral, quien decidió amparar su derecho de petición y ordenar al TC Sandro Geovani Álvarez Suarez, en calidad de Director del Establecimiento de Sanidad Militar, que respondiera la solicitud que presentó.

De acuerdo con lo anterior, la entidad contestó que su hermana ya se encuentra incluida en el programa de atención domiciliario en el cual recibe terapias físicas, 12 visitas ocupacionales y una visita de médico general mensualmente en el lugar «Canitas Alegres», sin embargo, en relación con la entrega de pañales y la silla de ruedas, afirmó que estos no hacen parte del POST y no son un insumo médico que va a beneficiar la salud o rehabilitación de la paciente, motivo por el cual los negó.

La gerente del Centro de Atención al Adulto Mayor «Canitas Alegres» certificó:

«Que la señora Rosa Delia Duque, identificada con CC 20607211 de Icononzo, se encuentra en nuestra institución desde el día 25 de julio de 2017, bajo responsabilidad de su hermano José del Carmen Duque Camacho, quien es el responsable de realizar el pago mensual de 900.000 pesos por el cuidado de enfermería 24 horas, alimentación balanceada, terapia ocupacional, terapia psicológica, lavandería y arreglo de habitación en la cual habita la señora rosa.

La señora rosa actualmente sufre de pérdida de control de esfínteres tanto urinario, como fecal, teniendo un gasto diario de 4 pañales (tena sleep) ya que presenta alergia a otro tipo de pañal, con un gasto total de 120 pañales al mes, además de esto uso de 5 cajas de guantes y 5 paquetes de pañitos húmedos por 100 unidades, cada paquete, crema desityn para evitar pañalitis y lesiones de piel.

La señora rosa amerita medico domiciliario, ya no es capaz de movilizarse por sus propios medios y necesita ser transportada en silla de ruedas,

Estos gastos son cubiertos en su totalidad por el señor José del Carmen Duque.»

Del historial clínico del 9 de septiembre de 2017 realizado por la entidad ASAD asistencia en salud domiciliaria, se advierte que su hermana ROSA DELIA DUQUE CAMACHO, necesita de cuidado especial dentro de lo cual se encuentra el uso de una silla de ruedas pues solo cuenta con un caminador del que se ha caído y ha sufrido tropiezos.

A la fecha, tiene 69 años de edad, sufre de hipertensión, diabetes y le practicaron cirugía de tiroides acompañada de varias enfermedades que le aquejan, además cuenta con escasos recursos económicos de tal forma que se le dificulta prestarle a su hermana toda la atención que necesita.

1.3.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SOLICITUD DE TUTELA

Para fundamentar su solicitud de tutela, el accionante citó los artículos 49 y 86 de la Constitución Política y las sentencias T-200 de 2007, T-760 de 2008, T-271 de 1995, SU-480 de 1997, sobre la protección del derecho a la salud.

En ese orden de ideas, afirmó que la negativa de la entidad accionada de brindar a su hermana los implementos necesarios para que pueda superar sus dificultades vulnera sus derechos a la salud, vida digna y seguridad social porque la falta de ellos le impide realizar sus actividades cotidianas de manera autónoma y sus necesidades fisiólogas en condiciones de higiene y salubridad.

1.4.- CONTESTACIÓN DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS

• El Director del Establecimiento de Sanidad Militar No. 5175 del Ejército Nacional, solicitó que se negaran las pretensiones de la acción toda vez que no ha vulnerado derecho alguno.

Al respecto, manifestó que la señora ROSA DELIA DUQUE es usuaria del sistema de salud de las fuerzas militares en calidad de titular como civil pensionada y que el establecimiento le ha proporcionado el tratamiento que requiere y el servicio de atención domiciliaria el cual incluye: terapias, visita de médico, entre otras.

En relación con los implementos que solicita, resaltó que el suministro de pañales no está incluido dentro del POS y en el caso en concreto de la accionante no se le han prescrito de modo que no basta «[…] con una simple declaración que los utiliza, para suministro sin el debido soporte científico que lo acredite, además en cuanto a los factores socioeconómicos el socorro por parte de la familia y el destino que se está empleando en todos los ingresos que percibe la señora ROSA pensión y en caso de recibir arriendos por inmueble que sea de su propiedad, cremas de pañales, pañitos, guantes no van(sic) restablecer la salud de la señora ROSA, y hacen parte de utensilios de aseo de una persona, por lo que no se puede pretender que el Establecimiento asuma estos gastos.»

1.5. PROVIDENCIA IMPUGNADA

El 26 de octubre de 2017, el Tribunal Administrativo del Tolima, decidió negar el amparo y requerir a la Dirección del Establecimiento de Sanidad Militar No. 5175 de Ibagué para que hiciera una valoración médica a la señora ROSA DUQUE CAMACHO y estableciera si necesita el suministro de los productos y servicios que solicitados a través de la tutela.

Como fundamento de lo anterior, señaló que no podía ordenar lo pretendido por el accionante como quiera que (i) no existe un diagnóstico médico que pruebe los padecimientos de ROSA DELIA DUQUE CAMACHO relacionados a la pérdida del control de esfínteres y demencia senil y (ii) no hay una orden del médico tratante donde se prescriba los insumos y demás elementos requeridos en la acción constitucional.

No obstante lo anterior y en aras de salvaguardar el derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas, resolvió conminar a la parte accionada para que realizara una valoración de la paciente a fin de determinar con precisión la enfermedad que padece y si esta genera los efectos que se mencionan en la tutela, de modo que si se trata del último caso deberá suministrarle los elementos que requiriera para que lleve una vida digna sin necesidad de una nueva tutela.

1.6.- IMPUGNACIÓN

El señor José del Carmen Duque Camacho, en calidad de agente oficioso de ROSA DELIA DUQUE CAMACHO, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado pues reiteró que su hermana requiere un cuidado especial y deambula solo con el apoyo de un caminador.

En relación con la orden del médico tratante, indicó que con posterioridad a la radicación de la tutela, ROSA DELIA DUQUE CAMACHO, fue valorada por un médico adscrito a la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional Batallón de A.S.P.C. No. 6 «Francisco Antonio Zea», quien autorizó los pañales desechables, pañitos y guantes en la misma cantidad que había prescrito la entidad médica ASAD, no obstante cuando fue a reclamarlos al dispensario de sanidad militar le fueron negados verbalmente porque no contaban con esa clase de insumos para la entrega ni el presupuesto para ello.

En ese sentido, pidió que se revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar se accediera a las pretensiones de la tutela con el fin que su hermana goce de un tratamiento integral que le permita mantener una vida digna.

CONSIDERACIONES

2.1.- Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 1382 de 2000, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en el trámite de la acción constitucional de la referencia.

2.2.- Problema jurídico

Si bien el juez de primera instancia no realizó un análisis sobre la figura de la agencia oficiosa en el caso sub examine la Sala de Subsección, previo al estudio de fondo del asunto, considera necesario verificar este requisito de procedibilidad de la tutela de modo que resolverá el siguiente cuestionamiento:

¿El señor JOSÉ DEL CARMEN DUQUE CAMACHO tiene legitimación en la causa por activa para presentar la acción de tutela de la referencia?

Si la respuesta es positiva se solucionará el problema jurídico a continuación:

¿La entidad accionada vulneró los derechos a la salud y vida digna de la señora ROSA DELIA DUQUE, persona de la tercera edad y sujeto de especial protección constitucional, al negarle el suministro de los insumos que reclama para mejorar sus calidad de vida, tales como los pañales desechables, guantes, cremas, pañitos húmedos, entre otros?

Con el propósito de resolver los cuestionamientos formulados, la Sala de Subsección abordará los siguientes temas: (i) sobre la agencia oficiosa y la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela tratándose de personas de la tercera edad, (ii) el derecho fundamental a la salud y las personas de la tercera edad, sujetos de especial protección constitucional, (iii) suministro de medicamentos, exámenes o procedimientos excluidos del POS y (iv) suministro de servicios en insumos requeridos sin orden médica a pacientes con pérdida de control de esfínteres en razón de la configuración de un hecho notorio.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

2.3.1.- Sobre la agencia oficiosa y la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela tratándose de personas de la tercera edad en estado de vulnerabilidad manifiesta

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un instrumento judicial en razón del cual mediante un procedimiento preferente y sumario cualquier persona puede acudir ante el juez para solicitar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuantos estos se encuentren lesionados o amenazados por la acción y omisión de las autoridades públicas.

Bajo el marco de esa norma, la tutela se caracteriza por su informalidad, no obstante, se exige la legitimidad e interés del accionante de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que admite además la agencia de derechos ajenos cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia defensa.

La acción no admite entonces que se pueda asumir de una forma indeterminada o ilimitada la representación de otro y demandar la protección constitucional a su nombre sin que su informalidad se oponga a que su ejercicio este supeditado a requisitos mínimos de procedibilidad entre los que está la legitimidad por activa.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la agencia oficiosa como una forma de configurar la legitimación en la causa por activa, la Corte Constitucional en sentencia T-531 de 2002, entre otras decisiones, dispuso:

«[…]

Fundamento de validez de la agencia oficiosa.

El fundamento de validez de la norma de permisión consistente en la potestad en cabeza de personas indeterminadas para promover acción de tutela en favor de terceros se encuentra en el enunciado normativo del segundo inciso del artículo 10 del decreto 2591 de 1991 en el cual el legislador delegado previó que se podían agenciar derechos ajenos “cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.”

Para la Sala la validez de esta norma de permisión se ve reforzada con tres principios constitucionales: el principio de eficacia de los derechos fundamentales, que como mandato vinculante tanto para las autoridades públicas como para los particulares, impone la ampliación de los mecanismos institucionales para la realización efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales. El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas el cual en estrecha relación con el anterior está dirigido a evitar que por circunstancias artificiales propias del diseño de los procedimientos se impida la protección efectiva de los derechos. Y el principio de solidaridad que impone a los miembros de la sociedad colombiana velar por la defensa no sólo de los derechos fundamentales propios, sino también por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa.

Elementos normativos de la agencia oficiosa.

Los elementos normativos de la agencia oficiosa están señalados expresamente en el decreto 2591 de 1991 y de manera implícita en la Constitución y en los decretos reglamentarios de la acción tutela. La Sala los sintetiza de la siguiente manera: (i) La manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal. (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa. (iii) La existencia de la agencia no implica una relación formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (iv) La ratificaciónoportuna por parte del agenciado de los hechos y de las pretensiones consignados en el escrito de acción de tutela por el agente.

[…]»

Una vez verificados los presupuestos legales anotados se entenderá perfeccionada la legitimación en la causa por activa y el juez de tutela estará en la obligación de pronunciarse de fondo sobre los hechos y pretensiones de la tutela, de lo contrario deberá rechazarla o en la sentencia no conceder la tutela de los derechos fundamentales de los agenciados. Sin embargo, deberá advertirse que tratándose de sujetos de especial protección constitucional por su estado de vulnerabilidad manifiesta, como lo son las personas de la tercera edad, los requisitos deben flexibilizarse.

En este sentido, se ha reconocido que se encuentra suficientemente probada la procedencia de la agencia oficiosa cuando se procura la defensa de los derechos de adultos mayores que están imposibilitados para acudir a las autoridades judiciales, a causa de enfermedades y dificultades de orden material que les impedían valerse por sí mismos y, por tanto, salir de sus viviendas.

2.3.2.- El derecho fundamental a la salud y las personas de la tercera edad, sujetos de especial protección constitucional

Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, el derecho a la salud ha sido objeto de múltiples análisis por los jueces constitucionales, lo que ha ocasionado que sea uno de los derechos fundamentales con más desarrollo en el plano jurisprudencial.

En los primeros años de la Carta Política, el derecho a la salud no era un derecho fundamental, por lo cual su protección por vía de tutela solo era posible cuando se encontraba en conexidad con un derecho de los consagrados en el Capítulo 1 del Título II de la Constitución; de esa manera, su amparo de manera autónoma se brindaba únicamente a los menores de edad y, en general, cuando se trataba de un sujeto de especial protección constitucional.

Sin embargo, con la sentencia T-859 de 2003, de la Corte Constitucional, se le otorgó al derecho a la salud la categoría de fundamental, lo cual permitió su protección autónoma. Esto en concordancia con lo dispuesto en sentencia T-227 de 2003, en la cual dicha Corporación precisó que son fundamentales (i) aquellos derechos respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo.

De acuerdo con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido en numerosas ocasiones la importancia del derecho a la salud y de la aplicación del principio de dignidad humana a las personas. Al momento de referirse al carácter de fundamental del derecho a la salud, la Corte no ha ignorado el peso que la dignidad como principio tiene en la protección del derecho. Así, en la Sentencia T-760 de 2008 la Sala de revisión, en lo pertinente, expuso:

« […] El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; […]»

Así las cosas, actualmente la salud, como derecho fundamental, cuenta con tres características, en primer lugar, es un derecho autónomo e irrenunciable, tanto en lo individual como en lo colectivo; en segundo lugar, se entiende como un servicio público esencial obligatorio que debe prestarse de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud; y en tercer lugar, radica en cabeza del Estado el deber de adoptar políticas que aseguren la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.

Ahora bien, tratándose del derecho a la salud de personas que pertenecen a la tercera edad, la Corte Constitucional ha resaltado que de acuerdo con el artículo 13 de la Carta Magna, el Estado deberá protegerla en cuanto se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, toda vez que están obligadas a enfrentar el deterioro progresivo de su salud producto del desgaste natural del organismo lo que trae consigo el padecimiento de enfermedades propias de la vejez de tal manera que se deberán garantizar todos los servicios relacionados que requieran.

De igual forma ha indicado que «es innegable que las personas de la tercera edad tienen derecho a una protección reforzada en salud, en atención a su condición de debilidad manifiesta y por el hecho de ostentar -desde el punto de vista constitucional- el rol de sujeto privilegiado. Por lo tanto, y a efectos de materializar a su favor los mandatos del Estado Social de Derecho, es necesario que se les garantice la prestación continua, permanente y eficiente de los servicios en salud que requieran.»

En desarrollo de lo anterior, consideró que la tutela procede en los que casos que se logre demostrar que la falta de reconocimiento del derecho a la salud (i) lesione la dignidad humana, (ii) afecte a un sujeto de especial protección constitucional y/o (iii) ponga al paciente en una situación de indefensión por su falta de capacidad de pago para hacer valer su derecho.

En concordancia con lo expuesto, ha dicho que esta acción constitucional procede en los casos en que «(a) se niegue, sin justificación médico – científica, un servicio médico incluido dentro del Plan Obligatorio de Salud o (b) cuando se niegue la autorización para un procedimiento, medicamento o tratamiento médico excluido del POS, pero requerido de forma urgente por el paciente, quien no puede adquirirlo por no contar con los recursos económicos necesarios».

De acuerdo con los argumentos precedentes la Sala concluye que el derecho a la salud está revestido de mayor importancia cuando se trata de personas de la tercera edad dada su situación de debilidad manifiesta que las convierte en sujetos de especial protección constitucional, en consecuencia, cualquiera que se vea abocado a protegerlo, sea la administración, los particulares o el juez, debe hacerlo de forma perentoria y prioritaria con el propósito de evitar un perjuicio irremediable.

2.3.3.- Suministro de medicamentos, exámenes o procedimientos excluidos del POS

El derecho fundamental a la salud implica que las entidades prestadoras de salud y el Estado, deban brindar a los usuarios una cobertura médica integral cuyo propósito es la prevención, tratamiento, recuperación o atenuación de las enfermedades o patologías que los aquejen.

En ese sentido, cuando el profesional de la salud determina que un paciente necesita la prestación de servicios médicos o el suministro de medicamentos o insumos, no debe importar si están o no incluido en el Plan Obligatorio de Salud toda vez que la entidad prestadora está en la obligación de proveérselos.

Sin embargo, en este último supuesto, cuando el medicamento, exámenes o procedimientos están excluidos del POS, se tiene que verificar ciertas reglas dispuestas por la Corte Constitucional : (i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) el interesado no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo.

De ese modo, resulta diáfano que las exclusiones legales del POS no pueden configurarse en un obstáculo entre los pacientes y el Sistema de Salud y la atención efectiva de sus enfermedades porque existen circunstancias en las que su autorización implica la única posibilidad eficaz de evitarles un perjuicio irremediable, cuya responsabilidad recae sobre las prestadoras de salud. En todo caso, ante el incumplimiento de este deber constitucional y legal el juez de tutela está llamado a proteger el derecho a la salud como la materialización de la preeminencia de esta garantía superior.

2.3.4.- Suministro de servicios en insumos requeridos sin orden médica a pacientes con pérdida de control de esfínteres en razón de la configuración de un hecho notorio

Las empresas prestadoras de salud solo están la obligación de autorizar servicios e insumos que hayan sido prescritos por un profesional de su red de prestadores médicos, sin embargo, excepcionalmente, el juez podrá ordenarlos sin un documento que permita determinar técnica o científicamente la necesidad del usuario, cuando se trate de pacientes con patologías que conlleven síntomas, efectos y tratamientos que configuran hechos notorios.

Un ejemplo de lo anterior son las personas diagnosticadas con pérdida de control de esfínteres pues como bien lo dijo la Corte Constitucional: «Las reglas de la experiencia han demostrado que, generalmente, estos se ven expuestos a cuadros de incontinencia urinaria o fecal. Ante esa eventualidad, la solución suele ser paliativa y se circunscribe al uso de pañales desechables, con el fin de hacer menos gravosa una perturbación funcional, difícilmente reversible.»

En un caso en el que se refería dicha patología, el Alto Tribunal Constitucional manifestó que aun cuando los pañales no fueron ordenados por el médico tratante es un hecho notorio que son imprescindibles, de modo que no se necesita una orden médica que respalde la necesidad del suministro de los mismos.

De acuerdo con lo señalado, afirmó «que hay situaciones en las que el juez constitucional debe prescindir de la prescripción médica para procurarle a un paciente el acceso a una prestación que necesita, pues, salta a la vista que, de no proveérsele, las consecuencias negativas para este serían apenas obvias; principalmente, en situaciones en las que el riesgo de sufrirlas se potencializa en razón de factores socioeconómicos, cuando los recursos de los que dispone –él, o su núcleo familiar– carecen de la entidad suficiente para mitigar el daño ocasionado por la ausencia del elemento pretendido, tenga o no carácter medicinal.»

En ese orden de ideas, si un paciente que es sujeto de especial protección del Estado por su condición de debilidad manifiesta solicita la entrega de pañales desechables para acceder a condiciones que le proporcionen una adecuada calidad de vida, el juez de tutela está en el deber de procurar los medios, materiales y legales, para que le sean suministrados, es decir, proferir las ordenes que se requieran dirigidas a la entidades responsables del servicio de salud.

2.4.- Caso en concreto

De conformidad con las consideraciones jurídicas expuestas en el numeral anterior y de acuerdo con las pruebas que constan en el expediente, la Sala de Subsección procederá a resolver los problemas jurídicos planteados.

En primer lugar, sobre la legitimación en la causa por activa del señor JOSÉ DEL CARMEN DUQUE, quien actúa como agente oficioso de su hermana, la señora ROSA DELIA DUQUE, la Sala reitera que tratándose de sujetos de especial protección constitucional los requisitos para aceptar su configuración deben flexibilizarse por el estado de vulnerabilidad del sujeto al que se agencia.

De acuerdo con lo anterior, se tiene la certeza sobre el cumplimiento de este presupuesto de procedencia toda vez que está probado que la señora ROSA DELIA DUQUE: (i) es una persona de la tercera edad, como consta en folio 3 del expediente, y (ii) que por su avanzada edad y estado de salud no puede ejercer su defensa, como se advierte de su historia clínica en folios 17 y 18. En consecuencia, el señor JOSÉ DEL CARMEN DUQUE, se encuentra legitimado en la causa por activa para interponer la presente tutela.

Ahora bien, en relación al segundo debate jurídico, sobre la vulneración de los derechos invocados en protección por la negativa en la entrega de los elementos solicitados, la Sala advierte lo siguiente:

De conformidad con la copia del documento de identidad aportado al proceso, la señora ROSA DELIA DUQUE nació el 6 de octubre de 1937, a la fecha de presentación de la tutela cuenta con 84 años de edad, es decir, es una persona de la tercera edad.

La agenciada pertenece al servicio de salud de la Dirección de Sanidad Militar como se observa en la copia del carné de servicio allegado.

Según la autorización visible en folio 4, la señora ROSA DELIA DUQUE, facultó a su hermano JOSÉ DEL CARMEN DUQUE, para que la ingresara a un hospital geriátrico en la ciudad de Ibagué dado que la mayor parte del tiempo se encontraba sola en su apartamento y por sus condiciones de salud necesitaba atención y un mejor bienestar.

En el certificado suscrito por la gerente del centro de atención al adulto mayor «CANITAS ALEGRES» aportado en folio 6, quedó consignado que la señora ROSA DELIA DUQUE «actualmente sufre de pérdida de control de esfínteres tanto urinario, como fecal, teniendo un gasto diario de 4 pañales (tena slepp) ya que presenta alergia a otro tipo de pañal, con un gasto total de 120 pañales al mes, además de esto uso de 5 cajas de guantes y 5 paquetes de pañitos húmedos por 100 unidades, cada paquete, crema desityn para evitar pañalitis y lesiones de piel.».

En ese sentido, de acuerdo con las pruebas aportadas, para la Sala resulta diáfano que la señora ROSA DELIA DUQUE es un sujeto de especial protección constitucional dado que es una persona de la tercera edad en estado de debilidad manifiesta, cuya condición patológica actual la conlleva a necesitar entre otros insumos, pañales, pañitos húmedos y cremas. En consecuencia, surge (i) el deber de la administración de proporcionarle el tratamiento, los medicamentos y en general los insumos necesarios para que se proteja sus derechos a la vida digna y a la salud y (ii) la obligación del juez de tutela de proferir las órdenes necesarias para su protección.

No obstante, esta circunstancia no aconteció, ni respecto a la entidad prestadora del servicio de salud, ni en relación con el Tribunal Administrativo del Huila. La primera porque se negó a proporcionar los insumos solicitados en tanto estaban excluidos del POS y a su parecer no eran necesarios y el segundo porque manifestó que no accedía a las pretensiones de la acción en cuanto no constaba en el proceso la orden del médico tratante en donde se advirtiera que los mismos eran imprescindibles.

Pues bien, en este punto, la Sala es enfática en manifestar que, cuando se trate del requerimiento de insumos cuya necesidad sea un hecho notorio, como ocurre en el sub examine, en el que se piden unos pañales, crema para evitar la pañalitis, guantes y pañitos húmedos, dada la pérdida de control de esfínteres de una persona que es sujeto de especial protección, ni el juez, ni la empresa prestadora del servicio de salud puede requerirle al paciente la orden del médico tratante como requisito indispensable para su entrega, tampoco puede justificar su negativa en que los insumos estén por fuera del POS, porque en estas circunstancias lo que debe orientar la actuación de la administración y del funcionario judicial es la protección y la garantía de los derechos fundamentales y supremos, como la salud y la vida digna del afectado, quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

En otros términos, erró el juez de primera instancia en negar el amparo invocado y requerir que un médico tratante emitiera su concepto antes de acceder a la orden de entrega de los insumos requeridos, porque en el sub judice, teniendo en cuenta las condiciones especiales de la señora ROSA DELIA DUQUE, no era necesario, por el contrario lo realmente indispensable era proferir las ordenes en el menor tiempo posible para que la paciente tuviera a su disposición los insumos que le permitieran sobrellevar su padecimiento y garantizar su vida en condiciones de dignidad.

Es el momento de advertir que aun cuando no es necesaria la orden médica, como quedó claro en parágrafos anteriores, el agente oficioso de la señora ROSA DELIA DUQUE, al impugnar la sentencia de primera instancia y con el ánimo de que se accediera al auxilio constitucional pretendido, allegó dicha prueba que reposa en folio 55 del proceso.

Este documento para la Sala de Subsección es irrelevante para acceder a las pretensiones de la acción, porque es un hecho notorio que la señora ROSA DELIA DUQUE necesita los elementos que solicitó en el escrito de tutela, sin embargo, reafirma las afirmaciones que preceden, pues salta a la vista que alguien que padece control de esfínteres requiere, inexcusablemente, pañales, crema para prevenir la irritación y pañitos húmedos, entre otros, más aun si se trata de un persona de la tercera edad, sujeto de especial protección constitucional, como fue prescrito por el médico tratante.

En ese sentido, al encontrar vulnerados los derechos a la vida digna, seguridad social y salud invocados en protección, la decisión de primera instancia serán revocada y en su lugar se accederá al amparo pedido. En consonancia con ello, se ordenará al Director del Establecimiento de Sanidad Militar No. 5175, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, autorice y entregue a la señora ROSA DELIA DUQUE los pañales desechables marca TENA SLIP talla L, pues como fue certificado es alérgica a otra marca, los pañitos húmedos, la crema antipañalitis Desitin y los guantes requeridos, en la cantidad certificada por la gerente del centro de atención al adulto mayor «CANITAS ALEGRES» y en concordancia con lo ordenado por el médico tratante.

Para mayor claridad, el Director del Establecimiento de Sanidad Militar No. 5175 deberá autorizar y entregar mensualmente a la señora ROSA DELIA DUQUE, 120 pañales TENA SLIP talla L, 1 caja de guantes por 100 unidades, 3 paquetes de pañitos húmedos por 100 unidades, cada paquete, y la crema antipañalitis, por el tiempo que sea necesario, sin perjuicio que se realice una nueva valoración médica que prescriba una cantidad diferente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que negó el amparo solicitado, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho a la vida digna, salud y seguridad social de la señora ROSA DELIA DUQUE CAMACHO quien actúa por medio de su agente oficioso, por los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR al Director del Establecimiento de Sanidad Militar No. 5175 deberá autorizar y entregar mensualmente a la señora ROSA DELIA DUQUE, 120 pañales TENA SLIP talla L, 1 caja de guantes por 100 unidades, 3 paquetes de pañitos húmedos por 100 unidades, cada paquete, y la crema antipañalitis Desitin, por el tiempo que sea necesario, sin perjuicio que se realice una nueva valoración médica que prescriba una cantidad diferente.

CUARTO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo del Tolima y al Director del Establecimiento de Sanidad Militar No. 5175, para que en futuras oportunidades, en las que se encuentren frente a un caso del mismo supuesto fáctico procedan, el primero, a emitir las ordenes necesarias para garantizar los derechos del sujeto de especial protección constitucional y el segundo, a autorizar y entregar los suministros necesarios por los pacientes en condición de vulnerabilidad manifiesta.

QUINTO: REMITIR copias de las presentes actuaciones a la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo para que investigue la posible comisión de faltas disciplinarias en este asunto.

SEXTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito posible.

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Folio 29 a 40 del expediente. Folios 22 a 25 del expediente. Folio 24 del expediente. Folios 26 a 29 del expediente. Corte Constitucional. M.P.: Humberto Sierra Porto. Corte Constitucional. M.P.: José Manuel Cepeda Espinosa. Corte Constitucional. M.P.: Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Folios 38 a 44 del expediente. Folios 45 a 47 del expediente. Folios 52 a 55 del expediente. Sentencia T-417 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Artículo 10, decreto 2591 de 1991, Legitimidad e interés. Segundo inciso:  (...) “También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el  titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.”
Este principio es encuentra consagrado en el artículo 2 de la Constitución,   sobre el enunciado del mismo, se pronunció la Corte en sentencia T-011 de 1993 y afirmó que “Cuando la Constitución colombiana habla de la efectividad de los derechos  (art., 2  C.P.)  se refiere al concepto de eficacia  en sentido estricto,  esto es,  al hecho de que las normas determinen la conducta ciudadana por ellas prescrita y , además logren la realización de sus objetivos, es decir realicen sus contenidos materiales y su sentido axiológico.”
Este principio es encuentra consagrado en el artículo 2 de la Constitución,   sobre el enunciado del mismo, se pronunció la Corte en sentencia T-011 de 1993 y afirmó que “Cuando la Constitución colombiana habla de la efectividad de los derechos  (art., 2  C.P.)  se refiere al concepto de eficacia  en sentido estricto,  esto es,  al hecho de que las normas determinen la conducta ciudadana por ellas prescrita y , además logren la realización de sus objetivos, es decir realicen sus contenidos materiales y su sentido axiológico.”
En la sentencia  T-029 de 1993 la Corte se pronuncia sobre la acción de tutela interpuesta por dos personas a favor de un tercero que se encontraba en estado de indigencia, con el fin de lograr la protección del derecho a la igualdad  y a la vida en condiciones dignas, a pesar de que en este caso se niega la tutela, la Corte acepta el agenciamiento de  derechos debido al “estado de postración e indigencia” y a las “especiales condiciones mentales” en que se encontraba el agenciado lo que le representaba encontrarse imposibilitado para velar por la protección de sus derechos fundamentales. Y seguidamente  afirma que “tal protección debería proveerse cuando la soliciten personas que actúan en  desarrollo del principio de solidaridad previsto en el artículo 1 de la Constitución.”   Igualmente en la sentencia T-422 de 1993  la Corte  confirma la sentencia del ad-quem en la que se negaba la tutela en el sentido de  que efectivamente el demandante en el caso, omitió expresar en la solicitud, las circunstancias que impedían a los titulares de los derechos promover su propia defensa. Y Sin embargo después de afirmar que “el mejor vocero del derecho es quien debe  en primer término buscar su protección judicial”  incluye la excepción que justifica la agencia oficiosa: “salvo  que se encuentre en imposibilidad circunstancial  de promover su propia defensa” y recurre  nuevamente al principio de solidaridad al afirmar que en este momento “la solidaridad social está llamada a abogar por su causa, que en últimas, tratándose de las violaciones a los derechos fundamentales es la de todos los miembros de la comunidad.”
Sobre el requisito de manifestar que se actúa bajo tal condición y que el agenciado  se encuentra en imposibilidad de promover su defensa, la Corte ha realizado interpretaciones dirigidas a restarle rigidez según las circunstancias del caso.

Por ejemplo en la Sentencia T-555 de 1996 la Corte resolvió el caso de un agente oficioso (estudiante de consultorio jurídico) que promovió tutela a favor de una persona para lograr protección de su derecho a la no reformatio in pejus, y no manifestó la circunstancia de imposibilidad de promover su propia defensa en la cual aquel se encontraba. En esta oportunidad   la Corte concedió la tutela bajo la idea según la cual los derechos involucrados tenían además una dimensión objetiva que hacía imperiosa su protección, por lo cual “en aquellos casos en que, como en el presente, se encuentra de por medio la efectividad de un derecho fundamental con dimensiones de carácter objetivo y la violación a este derecho es manifiesta y constatable prima facie, el agente oficioso - en razón de la naturaleza del derecho fundamental cuya vulneración se debate - actúa, adicionalmente, en nombre de un interés general, que supera el interés individual de la persona cuyos derechos agencia.”
Sobre el requisito de manifestar que se actúa bajo tal condición y que el agenciado  se encuentra en imposibilidad de promover su defensa, la Corte ha realizado interpretaciones dirigidas a restarle rigidez según las circunstancias del caso. Por ejemplo en la Sentencia T-555 de 1996 la Corte resolvió el caso de un agente oficioso (estudiante de consultorio jurídico) que promovió tutela a favor de una persona para lograr protección de su derecho a la no reformatio in pejus, y no manifestó la circunstancia de imposibilidad de promover su propia defensa en la cual aquel se encontraba. En esta oportunidad   la Corte concedió la tutela bajo la idea según la cual los derechos involucrados tenían además una dimensión objetiva que hacía imperiosa su protección, por lo cual “en aquellos casos en que, como en el presente, se encuentra de por medio la efectividad de un derecho fundamental con dimensiones de carácter objetivo y la violación a este derecho es manifiesta y constatable prima facie, el agente oficioso - en razón de la naturaleza del derecho fundamental cuya vulneración se debate - actúa, adicionalmente, en nombre de un interés general, que supera el interés individual de la persona cuyos derechos agencia.”
En la sentencia T-342 de 1994 dos personas actuando como agentes oficiosos para la defensa de los derechos fundamentales a la diversidad étnica y consecuencialmente los derechos a la igualdad, autonomía, libertad de conciencia, libertad de expresión  etc., de la comunidad indígena  nómada Nukak Maku  debido a que una asociación  asentada en un lugar estratégico en el departamento del  Guaviare  había comenzado una serie de actividades dirigidas a la catecumenización y reducción cultural de los indígenas,  La Corte decidió que la agencia oficiosa era en ese caso procedente, porque además de haberlo manifestado expresamente,  “las circunstancias  actuales de aislamiento  geográfico, desconocimiento jurídico, incapacidad económica y limitaciones de lenguaje que presentan los integrantes de dicha comunidad, se corroboró que éstos no están  en condiciones de promover su propia defensa.”  De esta forma se amplía notablemente el referente de la expresión del decreto 2591 de 1991 “no encontrarse  en condiciones físicas” pues no se alude con el mismo solamente a incapacidad estrictamente física como limitación corporal, sino que alude a un marco más amplio de condiciones materiales. En la sentencia T-414 de 1999 el padre de  una persona mayor de edad enferma mental, actuando como agente oficioso presenta acción de tutela con el fin de lograr la protección de los derechos a la salud  y a la seguridad social de su hija.

La Corte frente al requisito de  “las condiciones para promover su propia defensa” en el presente caso afirmó que  “...para la procedencia de la agencia oficiosa es indispensable no sólo que el agente oficioso afirme actuar como tal, sino que además demuestre que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa, bien sea por circunstancias físicas, como la enfermedad, o por razones síquicas que pudieren haber afectado su estado mental, o en presencia de un estado de indefensión que le impida acudir a la justicia.” (subrayas fuera de texto)
En la sentencia T-422 de 1993 según la Corte “No corresponde a la esencia de la agencia oficiosa y tampoco se aviene a su naturaleza, exigir la configuración de una relación formal entre el agente y los titulares de los derechos que no están en condiciones de promover su propia defensa. Por el contrario, se trata de una relación de hecho que puede reclamar efectos jurídicos válidos y desplegar eficacia representativa si se cumplen los requisitos previstos en la ley.” Reiterada en Sentencia T-421 de 2001. En este predicado, propio de la agencia oficiosa,  se  concreta el principio constitucional de solidaridad  de tal forma que la posibilidad de agenciar derechos ajenos está abierta para cualquiera persona,  en este sentido no se requiere la existencia de relación  alguna, ya sea con fundamento en la filiación, el parentesco o en relaciones contractuales específicas. Así por ejemplo en el caso de agencia oficiosa de derechos fundamentales de menores en la sentencia  T-408 de 1995 La Corte  concedió la tutela en un proceso promovido por la abuela de una menor quien actuaba como agente oficiosa de su nieta para proteger su derecho fundamental a no ser separada de su madre, debido a que el padre se negaba a permitirle a su hija visitar a su madre por encontrarse privada de la libertad. Frente a la posibilidad  de presentar acción de tutela como agente oficioso de menores afirmó: “...cualquiera persona está legitimada para interponer acción de tutela en nombre de un menor, siempre y cuando en el escrito o petición verbal conste la inminencia de la violación a los derechos fundamentales del niño, o la ausencia de representante legal.”  Igualmente ver la sentencia T-029 de 1993  caso de agencia oficiosa de derechos fundamentales del indigente,  o la sentencia T-422 de 1993 caso de la agencia oficiosa de los derechos de los vecinos. El requisito de ratificación se introduce de una manera incipiente pero determinante en la Sentencia T-044 de 1996 En este caso no se concede la tutela pretendida por un falso agente debido a que la agenciada no  ratificó ni los hechos ni las pretensiones de la acción incoada. En la Sentencia T-277 de 1997 el agente oficioso esposo de la titular del derecho a la salud, interpone acción de tutela con el fin de que se ordenará una intervención quirúrgica, la  titular con posterioridad se dirigió al juzgado y ratificó los hechos y las pretensiones, por lo cual la Corte consideró que se configuraba en el caso la legitimación en la causa, por consiguiente consideró procedente entrar al examen de fondo sobre los hechos. Para la Corte en este caso el requisito de ratificación se encuentra implícito en el requisito de “imposibilidad de promover la propia defensa”  reforzado con los argumentos del respeto tanto a la autonomía personal  (art., 16)  como a la dignidad humana (art., 1) sobre estas consideraciones ver sentencia T-503 de 1998
En la sentencia T-088 de 1999 la Corte reiterando jurisprudencia   concluyó que el abogado, quien actuaba como  apoderado del interesado para obtener  cumplimiento de un fallo de tutela anterior,  carecía de poder especial para el caso y  no actúo como agente oficioso,  En esta ocasión resolvió la Corte  que no vale el poder otorgado para  tutela anterior por lo cual negó el amparo.

Igualmente frente al tema de la ratificación afirmó que por haberse presentado en sede de revisión, además de ser improcedente en el caso, la misma era inoportuna. Corte Constitucional. Sentencia T-995 de 2008. Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2015.M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Sentencias T-630 de 2005 y T-843-05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Consejo de Estado. Sentencia de cinco (05) de febrero de dos mil quince (2015). Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Corte Constitucional. Sentencia C-313 de 2014. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Ibídem. Corte Constitucional, sentencia T-634 del 26 de junio de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, sentencia T-527 del 11 de julio de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T- 746 del 19 de octubre de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional, Sentencia T-1182 del 2 de diciembre de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto, Sentencia T-717 del 7 de octubre de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional, Sentencias T-165 del 17 de marzo de 2009 y T-050 del 2 de febrero de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional, sentencia T-014 de 20 de enero de 2017. M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional. Sentencia T-178 de 2017. M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo. Sentencia T-790 de 2012, M.P. Alexei Julio Estrada. Corte Constitucional. Sentencia T-178 de 2017. M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo. Folio 3 del expediente. Ibídem. Folio 6 del expediente. En la mencionada certificación la gerente del centro de atención, afirmó que la señora ROSA DELIA DIQUE es alérgica a pañales de otra marca diferente de la TENA SLIP y solicitó para la antipañalitis la crema Desitin. Es del caso señalar que la accionada no desvirtuó estas manifestaciones. Folio 55 del expediente.

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