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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2017-00550-01

Fecha
4 de mayo de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2017-00550-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral 3° de la sentencia del 13 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, y en su lugar, DECLÁRASE vulnerado únicamente el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público por parte de la ADR. SEGUNDO: MODIFÍCASE el numeral 4° de la sentencia del 13 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, para que en complemento de lo dispuesto en este numeral la ADR y a Cortolima adopten las medidas previstas en los términos, condiciones y plazos señalados en el numeral 46 de parte motiva de este fallo. TERCERO: MODIFÍCASE el Comité de Verificación conformado en el numeral 6° de la sentencia del 13 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el cual quedará conformado de la siguiente manera: por el magistrado ponente de la decisión de primera instancia, el agente del Ministerio Público, el procurador 6 Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima, el Defensor del Pueblo Regional Tolima o su delegado, el representante de la Agencia de Desarrollo Rural, el representante de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, el director de la Corporación Autónoma Regional de Tolima –Cortolima o su delegado, el representante legal de la Junta de Usuarios del Triángulo del Sur del Tolima, un representante del Municipio de Purificación, un representante del Municipio de Natagaima y un representante del Municipio de Coyaima; el Contralor General de la República o su delegado; el 37 Radicado: 73001-23-33-000-2017-00550-01 (66579) Demandante: Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima Procurador General de la Nación o su delegado; el ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; el ministro de Agricultura o su delegado; el director de la DNP o su delegado, y el gobernador del Departamento del Tolima o su delegado. Por secretaría

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-33-000-2017-00550-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

4 de mayo de 2022

Radicado: 73001-23-33-000-2017-00550-01 (66579)
Demandante: Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción popular
Radicación: 73001-23-33-000-2017-00550-01 (66579)
Demandante: Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima
Demandados: Agencia de Desarrollo Rural y otros

Tema: Derechos colectivos a la moralidad pública y patrimonio público
vulnerados por falta de mantenimiento de las obras ejecutadas de
las Fases I y II del proyecto y por no adoptar las medidas necesarias
para culminar una obra pública (construcción de la Fase III del
Proyecto Triángulo del Tolima). Se confirma la sentencia de primera
instancia solo en relación con la vulneración del derecho colectivo
a la defensa del patrimonio público, se modifican algunas de las
órdenes a las entidades demandadas y se disponen otras medidas.
Las entidades públicas no pueden permitir el deterioro de las obras,
ni dejar obras inconclusas y luego alegar la falta de recursos para
ejecutarlas, sin haber adelantado las gestiones para conseguirlos.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales (en adelante ANLA), la Corporación Autónoma Regional
del Tolima (en adelante Cortolima), la Agencia de Desarrollo Rural (en adelante
ADR) y Rodrigo Sánchez Forero (en calidad de usuario del Triángulo del Sur del
Tolima) contra la sentencia dictada el 13 de febrero de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Tolima que resolvió:

<<Primero. DECLÁRASE probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto de la Financiera de Proyectos de Desarrollo Fonade hoy
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial Enterritorio, y el Consorcio
Guajira Tolima, conforme lo indicado en parte considerativa de esta providencia.

Segundo. DECLÁRASE imprósperos los medios exceptivos propuestos por la
Agencia de Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de
acuerdo a lo expuesto en parte motiva de este proveído.

Tercero. DECLÁRASE vulnerados los derechos e intereses colectivos invocados
en la demanda, esto es, moralidad administrativa y patrimonio público por parte de

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Demandante: Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima

la Agencia de Desarrollo Rural en el proyecto: Distrito de Adecuación de Tierras
Triángulo del Tolima, al omitir las medidas necesarias para garantizar el adecuado
aseguramiento y funcionamiento de las fases I y II que tuvieron un costo de
$495.167.700.000; no gestionar los recursos pertinentes para lograr la
construcción de la fase III y permitir en conjunto con la Corporación Autónoma
Regional del Tolima y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el
aprovechamiento del recurso hídrico para labores diferentes a las autorizadas en
las respectivas licencias ambientales.

Cuarto. Como consecuencia de lo anterior, y teniendo como marco de referencia
el documento CONPES 3926 que fijó como plazo máximo para la culminación de
las obras del Distrito de Riego Triángulo del Tolima el año 2025, IMPÁRTASE las
siguientes órdenes con miras a superar la afectación de los derechos colectivos
declarados como amenazados en esta sentencia, así:

4.1. La Agencia de Desarrollo Rural dentro de un plazo máximo de tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, deberá presentar un plan de trabajo
claro, completo y preciso en el que indique cuáles serán las actividades que se
desarrollan para la recuperación, rehabilitación, reemplazo, mantenimiento y
conservación de todas las estructuras y elementos necesarios para el correcto
funcionamiento y conservación de todas las estructuras y elementos necesarios
para el correcto funcionamiento de las fases I y II del Distrito de Adecuación de
Tierras Triángulo del Tolima, determinando de manera específica el valor requerido
para tal fin.

4.2. Las actividades programadas para recuperar las fases I y II se deberán
ejecutar y culminar por la Agencia de Desarrollo Rural en un periodo máximo de
seis (6) meses siguientes al vencimiento de los tres (3) meses señalados
precedentemente.

4.3. La Agencia de Desarrollo Rural dentro de un plazo no superior a dos (2) meses
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, deberá presentar ante esta
Corporación un inventario detallado y completo de los bienes muebles e inmuebles
que hacen parte del proyecto Distrito de Adecuación de Tierras Triángulo del
Tolima Fase I y II, debidamente asegurados con garantías o póliza de seguros
expedida por entidad autorizada para tal efecto.

4.4. La Agencia de Desarrollo Rural dentro de los tres (3) meses siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, deberá elaborar y presentar ante esta Corporación
la hoja de ruta en la que determine las actividades e inversiones necesarias para
la construcción y terminación de las estructuras y elementos necesarios para el
funcionamiento adecuado de la fase III del Distrito de Adecuación de Tierras
Triángulo del Tolima, en el cual deberá incluir el plan de compras de predios y
mejoras en el área de influencia del proyecto, teniendo en cuenta el documento
CONPES 3926 que fijó como plazo máximo para la culminación de las obras del
Distrito de Riego Triángulo del Tolima el año 2025.

4.5. La Agencia de Desarrollo Rural dentro de los seis (6) meses siguientes al
vencimiento del plazo de tres (3) meses conferidos para elaborar la hoja de ruta
respectiva, deberá tramitar ante el Gobierno Nacional la consecución y aprobación
de los recursos necesarios para la culminación de la fase III del Distrito de
Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima, que se itera, conforme lo dispuso el
documento CONPES 3926, deberá finalizarse en el año 2025.

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Demandante: Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima

4.6. La Agencia de Desarrollo Rural con acompañamiento de la Corporación
Autónoma Regional del Tolima, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y
la Junta de Usuarios del Triángulo del Sur del Tolima, dentro del mes siguiente a
la ejecutoria de esta providencia, deberá suspender las actividades de captación
no autorizada de las aguas del proyecto Distrito de Adecuación de Tierras
Triángulo del Tolima, conforme a las licencias ambientales vigentes. Igualmente
deberán garantizar la permanente vigilancia y control del proyecto en aras de evitar
un aprovechamiento indebido de los recursos, así como desmantelamiento por
parte de terceros.

4.7. La Corporación Autónoma Regional del Tolima y la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales deberán adelantar y culminar los procesos administrativos
sancionatorios contra quienes de manera ilegal han utilizado el recurso hídrico
dentro del proyecto Distrito de Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima.

4.8. La Agencia de Desarrollo Rural dentro del mes siguiente a la ejecutoria de
esta providencia deberá adelantar las labores administrativas necesarias para la
modificación y unificación de las licencias ambientales de concesión de aguas
obtenidas ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima y
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para el proyecto Distrito de
Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima, con el fin de lograr en un plazo no
superior a cuatro (4) meses aquella que le permita desarrollar todas las actividades
necesarias para mantener la estructura existente, así como las requeridas para la
construcción de la fase III.

4.9. Se ordena a la Agencia de Desarrollo Rural, a la Corporación Autónoma
Regional del Tolima y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la
remisión trimestral de los informes contentivos de las labores ejecutadas, término
que empezará a contarse a partir de la ejecutoria de la presente decisión.

Quinto. ORDÉNASE la comunicación de la presente decisión a los Municipios de
Natagaima, Coyaima y Purificación, a quienes se les EXHORTA para que, en
conjunto con la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de
Gran Escala Triángulo del Tolima “UTRITOL”, y el marco de sus competencias,
ejerzan las acciones necesarias para evitar el uso ilegal del recurso hídrico y para
que garanticen el cuidado y protección de la infraestructura del Proyecto Distrito
de Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima.

Sexto. DISPÓNGASE la integración de un comité de verificación, el cual estará
conformado por el Magistrado Ponente de esta decisión, el agente del Ministerio
Público, el Procurador Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima, el Defensor
del Pueblo Regional Tolima o su delegado, el representante de la Agencia de
Desarrollo Rural, el representante de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales –ANLA-, el Director de la Corporación Autónoma Regional de Tolima
–Cortolima o su delegado, el representante legal de la Junta de Usuarios del
Triángulo del Sur del Tolima, un representante del Municipio de Purificación, un
representante del Municipio de Natagaima y un representante del Municipio de
Coyaima.
(…)>>

La Sala es competente para proferir esta providencia, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, según el cual le corresponde
al Consejo de Estado conocer la apelación de las sentencias de primera instancia
de los tribunales administrativos. Además, de conformidad con el artículo 13.13
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Demandante: Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima

del acuerdo 80 de 2019, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo es competente para conocer, en segunda instancia, de las
<<acciones populares que versen sobre asuntos contractuales y aquellas
relacionadas con el derecho a la moralidad administrativa>>.

El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 17 de junio de
20211. En el auto del 15 de diciembre de 2021 se dio traslado a las partes para
que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto 2 . Las partes presentaron alegaciones finales y el Ministerio Público
rindió concepto.

El consejero Alberto Montaña Plata manifestó impedimento para participar en las
sesiones en las que se discutirá este asunto, <<toda vez que algunos familiares,
dentro del grado civil que determina la ley, son propietarios de predios dentro de
la zona de influencia del Distrito de Riego del Tolima, que podrían verse afectados
con la decisión que se adopte en la acción popular que se decide>>. Como causal
invocó la consagrada en el numeral 1 del artículo 141 del Código General del
Proceso3.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del Código General del
Proceso, la Sala declara fundado el impedimento y lo separa del conocimiento
del presente asunto.

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 17 de octubre de
2017 por Daniel Rubio Jiménez, procurador Judicial II Ambiental y Agrario para
el Tolima. Se dirigió contra Agencia de Desarrollo Rural con el fin de que se
declarara su responsabilidad por la vulneración a los derechos e intereses
colectivos de moralidad administrativa y defensa del patrimonio público como
consecuencia de la falta de terminación, deterioro y pérdida de los bienes del
proyecto Distrito de Riego del Triángulo del Tolima.

El tribunal vinculó al proceso a la Junta de Usuarios del Triángulo del Tolima –
UTRITOL, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – Fonade, el

1 Fl. 1267 cuaderno 7.
2
Fl. 1268 cuaderno 7.
3 <<Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: 1.Tener el juez, su

cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso>>.

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Demandante: Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima

Consorcio Guajira Tolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
Cortolima y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales4.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<1. Que se declare a la Agencia de Desarrollo Rural, responsable por la
vulneración de los derechos e intereses colectivos a la Moralidad Administrativa
y a la Defensa del Patrimonio Público, en relación con el proyecto: distrito de
adecuación de tierras Triángulo del Tolima.

2. Que se ordene a la Agencia de Desarrollo Rural, dentro del plazo que se
considere pertinente, realizar las acciones necesarias para la recuperación,
rehabilitación, reemplazo, mantenimiento y conservación de todas las
estructuras y todos los elementos necesarios para el funcionamiento adecuado
de las fases I y II, del distrito de adecuación de tierras: Triángulo del Tolima,
imponiéndole para tal fin, la obligación de presentar para aprobación del
honorable Tribunal Administrativo del Tolima, un cronograma que incluya
actividades, responsables, tiempos y recursos.

3. Que se condene a la Agencia de Desarrollo Rural, dentro del plazo que se
considere pertinente, realizar las inversiones y obras necesarias para la
construcción y terminación de las estructuras y los elementos necesarios para
el funcionamiento adecuado de la fase III del distrito de adecuación de tierras:
Triángulo del Tolima, imponiéndole para tal fin, la obligación de presentar para
aprobación del Honorable Tribunal Administrativo del Tolima, un cronograma
que incluya actividades, responsables, tiempo y recursos.

4. Que se ordene a la Agencia de Desarrollo Rural, finalizar dentro del término
que se considere pertinente, las gestiones pertinentes para finiquitar el plan de
compras de predios y mejoras en el área de influencia directa del proyecto:
Distrito de Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima, imponiéndole para tal
fin, la obligación de presentar para aprobación del honorable Tribunal
Administrativo del Tolima, un cronograma que incluya actividades,
responsables, tiempos y recursos.

5. Que se ordene a la Agencia de Desarrollo Rural, dentro del término que
considere oportuno, suspender las actividades de riego para monocultivos de
arroz, que se están ejecutando actualmente en el área de influencia directa del
proyecto: Distrito de Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima, hasta tanto
no se otorguen por parte de la autoridad ambiental competente, las respectivas
concesiones de aguas para dicha actividad, imponiéndole para tal fin, la
obligación de presentar para aprobación del honorable Tribunal Administrativo
del Tolima, un cronograma que incluya actividades, responsables, tiempos y
recursos.

6. Que se ordene a la Agencia de Desarrollo Rural, dentro del término que
considere oportuno, tramitar y conseguir ante la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, una modificación a la licencia ambiental del proyecto:
Distrito de Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima, encaminada a autorizar
la concesión de aguas del río Saldaña, únicamente para la fase de
mantenimiento del citado proyecto, imponiéndole para tal fin, la obligación de

4 Fls. 502 a 504 cuaderno 3

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Demandante: Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima

presentar para aprobación del honorable Tribunal Administrativo del Tolima, un
cronograma que incluya actividades, responsables, tiempos y recursos.

7. Ordenar las demás medidas que sean necesarias para proteger los derechos
e intereses colectivos invocados para su protección.

8. Exonerar a esta Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del pago de los
gastos que genera el proceso (…)>>.

3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Mediante la Resolución No. 2710 de 2006 el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó licencia ambiental al Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural (en adelante Incoder) para el adelantar el proyecto de
<<Construcción del Distrito de Riego Triángulo del Tolima>>, cuyo objeto era la
adecuación de tierras en el sur del departamento del Tolima, con el fin de
incorporar a la producción agraria del país 24.607 hectáreas con infraestructura
adecuada de riego, drenaje, vías y modernas tecnologías de desarrollo agrícola.

3.2.- El proyecto Triángulo del Tolima debía desarrollarse en tres (3) fases:

a.- La primera, orientada a la realización del sistema de conducción principal,
correspondiente a: (i) la construcción de la presa Zanja Honda, la cual se terminó
en el año 2000; (ii) la válvula de control, que se terminó en 2006; (iii) la
reubicación comunidades indígenas presa Zanja Honda; (iv) la compra de 85
predios construcción de obras Fase I; (v) las obras de captación río Saldaña,
presa, bocatoma, túnel, conducción del canal abierto y puente box al embalse
Zanja Honda, desarenador; (vi) el plan de gestión social; (vii) la
impermeabilización presa Zanja Honda, que se hizo en 2011; y (viii) la
reconstrucción de 12 Km de la vía Coyaima – Ataco, que se terminó en 2012.

b.- La segunda, relativa a los canales principales, que comprende: (i) la
actualización plan agropecuario, el cual se realizó en 2007; (ii) el acta de
compromiso usuarios; (iii) la construcción de los canales principales 1, 2, 3 y 4,
que se culminó en 2014; (iv) la implementación y puesta en marcha área
demostrativa 64, se terminó en 2014; (v) el plan gestión social; (vi) inversiones
ambientales 1% y 3% Fase I, que se terminó en 2013; (vii) el diseño medidas
ambientales para llenado de embalse; (viii) la construcción de los canales
principales, estructuras, componentes y obras complementarias del Distrito de
Riego Triángulo del Tolima en el departamento del Tolima.

c.- La tercera, que corresponde a la construcción de los canales secundarios y
terciarios que hacen parte del riego intrapredial y puesta en operación definitiva.

3.3.- Liquidado el Incoder, el proyecto fue entregado por el agente liquidador a la
ADR, mediante el acta No. 0097 del 30 de noviembre de 2016. El ADR inició el
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Demandante: Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima

proceso para la contratación de servicios de administración, operación y
mantenimiento de varios proyectos, entre ellos, el distrito de riego del Triángulo
del Tolima Fases I y II Departamento del Tolima, en enero de 2017.

3.4.- El demandante afirmó que la ADR permitió (i) <<el robo de equipos y
accesorios de puentes peatonales y compuertas de control de caudales>> de las
obras de las Fases I y II; (ii) no realizó el inventario de los bienes faltantes; y (iii)
no gestionó su reposición. Además, sostuvo que el proyecto tuvo un costo de
cuatrocientos noventa y cinco mil millones de pesos ($495.000.000.000) y se
encuentra en grave riesgo porque las Fases I y II funcionan parcialmente por el
deterioro, y las obras de la Fase III no tienen fecha de ejecución.

3.5.- El 11 de abril de 2017 la ADR suscribió un contrato de prestación de
servicios con el Consorcio Obras El Triángulo, cuyo objeto era la administración
y mantenimiento del Proyecto de Riego de las Fases I y II, por la suma de tres
mil seiscientos treinta millones ciento veinticinco mil doscientos setenta y siete
pesos ($3.630.125.277), y una interventoría, por el valor de quinientos treinta y
tres millones ochocientos setenta y tres mil setecientos cincuenta pesos
($533.873.750), con fecha de culminación 31 de diciembre de 2017. Según el
informe mensual elaborado por el Consorcio, en el proyecto (i) las principales
obras no funcionan; (ii) no tiene energía eléctrica para realizar el mantenimiento;
(iii) no se hace el mantenimiento a las compuertas según lo dispuesto en el
manual de operación, y (iv) la obra cuenta con elementos incompletos y sin
lubricación.

3.6.- Además, aseguró que la ADR omitió el trámite de reconocimiento y pago de
las sumas acordadas con los agricultores de la zona de influencia del proyecto,
con quienes se pactó la compra de las mejoras, previa oferta y aceptación de la
misma. Tampoco adelantó los procesos de enajenación voluntaria directa.

3.7.- Por otra parte, el proyecto Distrito de Adecuación de Tierras dispone de
caudales de agua superiores a los requeridos para el mantenimiento de la
infraestructura de captación y conducción de las Fases I y II. Existe agua de sobra
que es aprovechada, sin concesión, por terceros para el riego de cultivos de
arroz. Este cultivo no hace parte del plan agropecuario, y su producción está
generado problemas ambientales en la zona. Además, esos terceros no pagan la
tasa correspondiente por su uso.

B.- Posición de la parte demandada

La ADR

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4.- La ADR afirmó que no ha vulnerado los derechos colectivos invocados en la
demanda5. Explicó que recibió el proyecto y para ponerlo en marcha efectuó un
diagnóstico técnico de las necesidades. Para tal fin celebró un contrato con el
Consorcio Obras El Triángulo, cuyo objeto fue la administración, operación y
mantenimiento de las obras de la Fase I y II del Proyecto de Riego del Triángulo
del Tolima.

4.1.- Señaló que el Proyecto de Riego del Triángulo del Tolima tiene como
propósito controlar y regular los caudales del río Chenche y la quebrada Zanja
Honda y dotar de infraestructura de riego a una zona rural que requiere apoyo
social y económico. Dicha zona hace parte del área de aprovechamiento de las
20.402 Has, según el plan agropecuario establecido por Corpoica en el año 2008.

4.2.- Agregó que varias entidades han intervenido en el avance del proyecto,
entre ellas el Incoder, Fonade y la Gobernación del Tolima, pues el proyecto inició
desde 1985. Afirmó que la Fase III es compleja, pues no solo comprende la
construcción de canales secundarios y terciarios, sino que tiene un componente
electromecánico. Sostuvo que, por lo anterior, era necesario construir estaciones
de bombeo que serían las que, en definitiva, se encargarían de llevar el agua a
cada uno de los predios de los futuros usuarios para hacer el riego por aspersión,
que es la técnica de riego que requieren los cultivos frutícolas que hacen parte
del plan agropecuario. Por lo tanto, su construcción no puede ser asumida a la
ligera como lo pretenden los usuarios y la entidad accionante.

4.3.- La Fase III tiene un costo de quinientos cuatro mil novecientos treinta y seis
millones trescientos noventa y dos mil seiscientos setenta y dos pesos
($504.936.392.672). Para su desarrollo requiere de una primera etapa, que sería
la de planeación, para la cual debe tenerse en cuenta el flujo financiero que defina
el Gobierno nacional. Aclaró que esta entidad no cuenta con recursos suficientes
para la financiación de la construcción de la Fase III del proyecto Triángulo del
Tolima. Esto, debido a que el presupuesto de la entidad, de conformidad con lo
aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es inferior a lo
requerido y, en esa medida, la ejecución del proyecto depende de los recursos
que le asigne el Gobierno nacional.

4.4.- Con la construcción de las Fases I y II del proyecto se aprovechó el embalse
de Zanja Honda como reservorio del agua proveniente del río Saldaña, lo cual
fue posible a través de la conducción principal construida en la Fase I. Su nuevo
uso permite tener capacidad para almacenamiento de agua permanente. Así,
funciona como embalse para el proyecto, permitiendo la distribución a los canales
principales construidos durante la Fase II. No obstante, el uso del recurso hídrico
para fines productivos sólo está previsto una vez se termine la Fase III, porque

5 Fls. 143 a 161 cuaderno 1

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para que los predios ubicados en el área de influencia del proyecto puedan tener
acceso al riego intrapredial, se requiere del sistema de canalización.

4.5.- Sin embargo, en 2013, con el fenómeno de El Niño, la población tomó el
agua directamente de los canales; ese hecho se convirtió en una práctica
constante, y actualmente es un problema social inmanejable para la ADR. El agua
está siendo utilizada sin la autorización de las autoridades competentes, y a esta
entidad no le corresponde iniciar procesos policivos ni cobros coactivos por el
uso del agua. Esto, debido a que la autorización ambiental que se le otorgó al
proyecto no ampara el aprovechamiento comercial de ningún recurso natural
renovable. La ADR aseguró que, por lo anterior, la entidad que puede iniciar estos
procedimientos es Cortolima.

4.6.- Para identificar los puntos de captación de agua irregular, la entidad
adelantó un censo fotográfico en el que referenciaron los predios en los que se
presenta esa situación; dicho censo fue remitido a Cortolima y a la ANLA, para
que iniciaran los procesos sancionatorios.

4.7.- Por otra parte, la entidad sostuvo que para hacer el mantenimiento a la
infraestructura, era necesaria la suspensión del flujo de agua que fluye por los
canales. De hecho, las veces en las que hizo ese procedimiento hubo tensiones
con la comunidad. Incluso, en una ocasión los usuarios violentaron las
compuertas para evitar la suspensión, con lo cual ocasionaron daños a la
infraestructura construida en las Fases I y II del proyecto. La ADR, en un intento
por controlar esta situación, mediante oficio del 30 de octubre de 2017 solicitó a
la ANLA que estudiara la posibilidad de permitir el cobro por el consumo de agua.
En opinión de la ADR, esta medida podría desmotivar el cultivo de arroz por el
alto consumo de agua que requiere su producción.

4.8.- En relación con los pagos de las sumas acordadas por la compra de las
mejoras, previa oferta y aceptación de la misma, la ADR sostuvo que los avalúos
efectuados por el Incoder no están vigentes, y aclaró que la declaratoria de
utilidad pública e interés social que realizó se encuentra caducada. Además, el
Incoder no entregó la información sobre las negociaciones, por lo que deberá
realizarse una identificación de los predios necesarios para la construcción del
proyecto.
Fonade

5.- Fonade contestó la demanda6 y sostuvo que no le corresponde la protección
de los derechos colectivos invocados. No tiene ninguna relación contractual que
le permita atender los deberes que refiere el demandante. Si bien la entidad
celebró un convenio con el Incoder para realizar la gerencia del Proyecto Distrito

6 Fls. 588 a 597 cuaderno 3

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de Riego Triángulo del Tolima, lo cierto es que su ejecución estuvo dirigida a la
construcción de los canales principales y obras complementarias, y dicho
convenio ya se terminó.

Anla

6.- La ANLA contestó la demanda y afirmó que no ha vulnerado los derechos
colectivos invocados7. Si bien la ADR le informó sobre las captaciones irregulares
de agua en los canales 1, 2, 3 y 4 del Proyecto Distrito de Riego Triángulo del
Tolima, cuya verificación realizó a través de una visita de seguimiento, lo cierto
es que no es de su competencia iniciar los procesos correctivos. En esa visita
identificó y georreferenció que en los canales principales y en el sistema de
conducción principal del proyecto existen 144 puntos de presunta captación de
agua de manera irregular. Estos hechos fueron comunicados mediante auto 4730
del 10 de agosto de 2018 a Cortolima, para que esa entidad adoptara las medidas
administrativas y sancionatorias.

6.1.- Por otra parte, explicó que aun cuando tiene a su cargo el otorgamiento de
licencias ambientales, permisos y trámites ambientales de los proyectos que
corresponden al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y además,
realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales,
administrar el sistema de licencias, permisos y trámites ambientales y, adelantar
y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en
materia ambiental, lo cierto es que su competencia es limitada, porque los
procedimientos sancionatorios solo los puede adelantar contra la persona o
entidad que obtuvo la licencia, permiso o autorización.

6.2.- Propuso como excepciones las que denominó: inexistencia de
responsabilidad y nexo de causalidad, insuficiencia probatoria, falta de
legitimación por pasiva y la inexistencia de vulneración. La primera, porque las
obligaciones referidas en la demanda no están a su cargo. La segunda, porque
no obra prueba que acredite que esta entidad ha vulnerado los derechos
colectivos invocados. La tercera y cuarta, pues consideró que las omisiones que
se refieren en la demanda están dirigidas contra la ADR.

Utritol

7.- La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran
Escala Triángulo del Tolima –UTRITOL, que representa a 2.522 usuarios 8 ,
contestó la demanda. Esta asociación informó que solicitó a la ADR la realización
de una mesa de trabajo para evaluar el plan agropecuario y definir los ajustes
correspondientes.
7 Fls. 623 a 632 cuaderno 3
8 Fls. 827 a 830 cuaderno 5

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C.- Sentencia recurrida

8.- El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 13 de febrero de 2020,
accedió a las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:

8.1- Por una parte, encontró probado que la ADR no adoptó las medidas
necesarias para identificar los bienes hurtados, ni adelantó gestiones para
reponer los bienes faltantes de las obras de la Fase I y II. Esto, pese a que en
auto del 29 de mayo de 2018 el tribunal se lo ordenó como medida cautelar.

8.2.- Con base en el informe del 15 de febrero de 2019, rendido por el procurador
ambiental, estableció que la ADR <<cuenta con un precario inventario de los
bienes muebles que hacen parte del proyecto>>. En el inventario no aparecen
las compuertas ni las piezas mecánicas de las compuertas laterales y
transversales, bienes ubicados en los cuatro canales principales del Distrito.
Estos bienes fueron hurtados y se constató que no estaban relacionados en el
inventario.

8.3.- Aun cuando la ADR suscribió un contrato con el Consorcio Obras El
Triángulo para la administración, operación y mantenimiento de las obras de la
Fase I y II, esto ocurrió tiempo después de que asumió la dirección del proyecto.
Precisamente en la ejecución del contrato quedó en evidencia el deterioro de los
bienes del proyecto. Según informe del Consorcio, (i) no hay mantenimiento
adecuado de los canales; (ii) las compuertas han sido manipuladas por personal
no autorizado; (iii) existe una intervención ilegal en las instalaciones con cadenas
trincheras a lo largo de los canales; (iv) hay barreras para represar el agua a lo
largo de los canales; (v) no hay vías de acceso a la zona, existen conexiones
ilegales y los canales han sido manipulados por personal no autorizado; (vi) hay
conexiones de bajo y alto consumo de agua no autorizadas a lo largo de los
canales; (vii) los linderos no tienen cercas y se detectaron quemas en el sector,
(viii) se constató el desmantelamiento de gran parte de los equipos, y se
evidenció que los existentes no están calibrados; (ix) hay daños en compuertas,
faltan reductores, tornillería y volantes; y (x) los tubos se encuentran cortados y
eso permite la sustracción del agua de los canales.

8.4.- Para el tribunal hubo una falta de control y mantenimiento a estos bienes, lo
que afecta directamente las inversiones realizadas y la puesta en marcha del
proyecto. El tribunal también advirtió que, pese a que el proyecto tiene alta
prioridad según los documentos CONPES de los años 2005 y 2018, la Fase III
del proyecto no cuenta con los recursos para su construcción. Esto se debe a
que la ADR no gestionó los recursos para concretar la culminación del proyecto,
la cual se tiene programada para el año 2025.

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8.5.- Por otra parte, la ADR permitió que algunos agricultores de la zona
aprovecharan el recurso hídrico sin autorización, y sin pagar por su consumo. La
siembra de arroz no está dentro del plan agropecuario; sin embargo, el desarrollo
de esta actividad no ha sido prohibida por las autoridades ambientales, las cuales
no han adoptado medidas sancionatorias contra los infractores.

8.6.- Adicionalmente, el tribunal encontró que la ADR cuenta con licencia
ambiental para el proyecto, pero limitada a la preparación de concreto y obras
civiles. Así las cosas, dicha entidad debía solicitar su modificación para poder
realizar el mantenimiento de los canales, y este procedimiento no ha sido
gestionado.

8.7.- Por lo anterior, el tribunal encontró que la vulneración de los derechos
colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa por parte de la ADR
era evidente. Precisó que la inversión de las fases iniciales fue de cuatrocientos
noventa y cinco mil ciento sesenta y siete millones setecientos mil pesos
($495.167.700.000); sin embargo, las obras ejecutadas están perdiendo valor por
la falta de vigilancia y mantenimiento de los bienes.

8.8.- Finalmente, el tribunal declaró probada la excepción de falta de legitimación
por pasiva de Fonade, porque el convenio celebrado por esta entidad y el Incoder
terminó en 2015.

D.- Los recursos de apelación

Cortolima

9.- La autoridad ambiental Cortolima apela la sentencia de primera instancia con
el fin de pedir su modificación, pues el cumplimiento de las órdenes que se le
imponen no es posible sin el apoyo de las autoridades de policía y de otras
entidades9. En su recurso precisa que: (i) no puede suspender las actividades de
captación no autorizadas, porque esa medida no está dentro de las sanciones
que puede imponer; (ii) la entidad adelanta procesos sancionatorios contra los
infractores, que actualmente están en etapa de trámite; (iii) la autoridad ambiental
no cuenta con funciones de policía ni tiene los medios para ejercer medidas
coercitivas; (iv) para cumplir la orden de garantizar la vigilancia y control del
proyecto resultaría necesario contar con el apoyo de la policía, autoridad que
tiene dentro de sus funciones la de protección ecológica y ambiental, y (v)
finalmente, manifiesta que para cumplir las órdenes del tribunal se requiere de la
participación de las autoridades municipales comprendidas en la zona del
proyecto.

9 Fls. 1208 a 1216 cuaderno 7

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Anla

10.- La ANLA también apela la sentencia de primera instancia con el fin de lograr
su revocatoria para que, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda
respecto de dicha entidad10. En particular señala: (i) que a esta entidad no le
corresponde tomar decisiones frente al uso o aprovechamiento de recursos
naturales por parte de terceros no titulares de los proyectos, obras o actividades,
pues esa facultad está en cabeza de las Corporaciones Autónomas Regionales;
(ii) la licencia ambiental que se otorgó al Proyecto Triángulo del Tolima no
contempló usos diferentes a la preparación de concretos y desarrollo de obras,
por lo que para nuevas actividades se requiere modificación de la licencia y, sin
embargo, la ADR no solicitó su modificación; (iii) mediante auto 1727 del 12 de
abril de 2019 esta entidad inició proceso sancionatorio ambiental contra la ADR
por 22 hechos, entre los que se encuentra permitir y mantener la circulación de
agua por canales del proyecto sin que se haya dado por culminada la etapa de
construcción; (iv) Cortolima es la entidad que puede suspender las actividades
de captación no autorizadas de las aguas; (v) la atribución sancionatoria de la
entidad solo se puede ejercer contra los titulares de las licencias por ella
otorgadas, y (vi) en relación con el término para la entrega de informes, la ley no
prevé tres (3) sino seis (6) meses.

Rodrigo Sánchez Forero

11.- El señor Rodrigo Sánchez Forero, usuario del Triángulo del Sur del Tolima,
solicita en su recurso de apelación11 la revocatoria de la orden de suspensión de
las actividades de captación no autorizada de las aguas del Proyecto del Distrito
de Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima impartida en la sentencia de
primera instancia, porque la producción agrícola de la zona depende del agua
que circula por los canales.

ADR

12.- La ADR solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia y que, en
su lugar, se declare que no es responsable de la vulneración de los derechos
colectivos invocados en la demanda12.

Luego de reiterar las manifestaciones hechas en la contestación de la demanda
sobre las actividades realizadas una vez recibió el proyecto, señala:

12.1.- Una vez recibido el proyecto, (i) adelantó un diagnóstico técnico de las
obras e inició actividades técnicas tendientes a rehabilitar y mantener las obras

10 Fls. 1218 a 1225 cuaderno 7
11 Fls. 1227 a 1229 cuaderno 7
12 Fls. 1246 a 1252 cuaderno 7

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Demandante: Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima

de infraestructura recibidas. Para estos efectos contrató al Consorcio Obras El
Triángulo, que se encargaría de la administración, operación y mantenimiento de
las obras de la Fase I y II, lo cual se está ejecutando; (ii) en desarrollo del actual
contrato se evidenció que las necesidades de mantenimiento del proyecto
ascendían a la suma de doce mil ciento diecinueve millones ciento cuarenta y
siete mil veintisiete pesos ($12.119.147.027), monto que es superior al estado
financiero de la ADR. Precisa que para atender ese ítem, la entidad tenía
destinada la suma de mil novecientos cuarenta y cinco millones doscientos
veintiséis mil trescientos sesenta pesos ($1.945.226.360); (iii) los recursos
asignados por el Gobierno nacional a la ADR para atender gastos de
mantenimiento son muy inferiores a los requeridos, y (iv) aclara que el
presupuesto para la adecuación de tierras para la vigencia 2020 estuvo en la
suma de sesenta y tres mil setecientos noventa y seis millones de pesos
($63.796.000.000), y este debía cubrir todas las inversiones, gastos y costos de
todo el servicio público de adecuación de tierras. Dice, además, que parte de
estos recursos fueron congelados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
especialmente, el rubro de mantenimiento para el Proyecto Triángulo del Tolima.
La entidad solo logró desbloquear la suma de nueve mil ciento cincuenta millones
($9.150.000.000), y con estos recursos, la entidad prorrogó el contrato hasta el
31 de diciembre de 2020.

12.2.- En relación con el tema de los inventarios, la entidad sostiene que cuenta
con un inventario actualizado, y que los bienes muebles allí relacionados se
encuentran amparados por la póliza “todo riesgo daños materiales” desde el 20
de mayo de 2020 hasta el 30 de julio de 2021. No ocurre lo mismo para los bienes
inmuebles, respecto de los cuales la entidad está adelantando actividades de
actualización de los avalúos para cotizar la prima de aseguramiento.

12.3.- En cuanto la Fase III, señala que la hoja de ruta había sido entregada al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Departamento Nacional de
Planeación (en adelante DNP) y a la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria -
UPRA. La primera entrega se hizo el 15 de noviembre de 2019, y la segunda, el
27 de abril de 2020, con los ajustes concertados con las entidades mencionadas.
El 2 de junio de 2020 la ADR recibió las observaciones y estas fueron resueltas
por el equipo técnico, por lo que la hoja de ruta estaba en revisión final.
Finalmente, aduce que la entrega de la hoja de ruta no garantiza que el Gobierno
nacional disponga los recursos necesarios para la ejecución del proyecto,
inversión que está cuantificada en seiscientos cincuenta y dos mil doscientos
veinte millones setecientos cuarenta y siete mil sesenta pesos
($652.220.747.060).

12.3.1.- De hecho, en las mesas técnicas intersectoriales de concertación de la
hoja de ruta, el DNP sostuvo que a la fecha solo dispone de treinta mil millones
de pesos ($30.000.000.000) por año para los tres distritos. Esto indica que los
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Radicado: 73001-23-33-000-2017-00550-01 (66579)
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recursos del Gobierno resultan insuficientes para culminar el proyecto en el
tiempo proyectado, por lo que sugiere que se debe acudir a otras fuentes de
financiamiento, pues de no hacerlo, la duración del proyecto sería entre 10 y 15
años.

12.4.- En cuanto a la captación no autorizada de las aguas del Proyecto Triángulo
del Tolima, la entidad informa que está realizando acercamientos con la
comunidad que capta el agua de manera irregular en los canales de conducción
y distribución. Esto, con el fin de vincularlos como potenciales usuarios, y
motivarlos para que su uso se destine a los cultivos autorizados en el plan
agropecuario. Dice que también está adelantando el proceso para medir el
volumen del agua utilizado y poder realizar los cobros de tarifa fija.

12.5.- Estas concertaciones también las está haciendo con la Asociación de
Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala Triángulo del
Tolima.

12.6.- La ADR está dispuesta a articular esfuerzos con otras entidades, entre
ellas: Cortolima, ANLA, UTRITOL, alcaldías municipales de Coyaima,
Natagaima, Purificación, la Policía y el Ejército. Esto con el fin de posibilitar las
actividades de retiro de tomas ilegales del Proyecto Triángulo del Tolima, pues
en la zona existen grupos armados. En todo caso, aclaró que la administración
del recurso hídrico es de competencia de Cortolima.

12.7.- Finalmente, en relación con el tema de las licencias, la entidad explica que
no es conveniente financieramente la modificación de la licencia ambiental del
proyecto, porque ese proceso genera un gasto adicional de cincuenta mil millones
de pesos ($50.000.000.000); además, dicho trámite puede retrasar las obras del
proyecto. Propone que como la Resolución No. 1713 de 2018 emitida por la ANLA
contempla la posibilidad de incluir actividades no previstas, podría incluirse el
tema del mantenimiento. De hecho, podrían integrarse las dos licencias. Lo cual
permitiría la viabilidad del proyecto una vez finalice su construcción.

E.- Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio público

13.- La Procuraduría demandante, a través del procurador 6 Judicial II Agrario
de Ibagué, alegó de conclusión en segunda instancia y solicitó la confirmación de
la sentencia 13 . Precisó que las accionadas no han adoptado medidas
administrativas eficientes y oportunas para evitar la vulneración de los derechos
colectivos invocados.

13 Fls. Expediente digital

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14.- El 15 de febrero de 2022 el Procurador Primero Delegado ante el Consejo
de Estado remitió el concepto 019-22, en el cual solicitó confirmar la decisión de
primera instancia porque existen suficientes elementos probatorios que permiten
concluir que, por omisión de las demandadas en el cumplimiento de sus
funciones, los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa
del patrimonio público se encuentran seriamente afectados, pues las obras del
Proyecto Distrito de Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima se encuentran
inconclusas.

15.- El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – Fonade, hoy Empresa
Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – Enterritorio, presentó
alegatos de conclusión 14 . Precisó que la decisión de primera instancia debe
confirmarse porque esta entidad no es responsable de la vulneración que se
alega en la demanda, no tiene competencia para resolver sobre la recuperación
rehabilitación, reemplazo, mantenimiento y conservación de todas las estructuras
y de los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de las Fases I y
II del Distrito de Adecuación de Tierras y, por último, no tiene relación contractual
que le permita desarrollar esas actuaciones.

16.- La autoridad ambiental Cortolima alegó de conclusión. Dicha entidad
mantuvo los mismos argumentos que expuso en el recurso de apelación; sin
embargo, en relación con el tema de las licencias, aclaró que es necesario que
se ordene a la ANLA la unificación de las dos licencias ambientales otorgadas
para el proyecto, con el fin de que su supervisión esté en cabeza de esta entidad.

17.- La ANLA presentó alegatos de conclusión. Dicha entidad reiteró lo
expuesto en el escrito de apelación y ratificó su oposición al fallo de primera
instancia.

18.- La ADR presentó alegatos de conclusión, e insistió en que se revoque la
decisión de primera instancia porque no ha vulnerado los derechos colectivos
invocados por la demandante15. Dicha entidad expuso que si bien el CONPES
3926 de 2018 señalaba que el plazo máximo de culminación de obras del
Proyecto Triángulo del Tolima era 2025, considera que allí se presentó una
errada planificación debido a que no se tuvieron en cuenta los tiempos reales, ni
las acciones preliminares que debe realizar la ADR en conjunto con otras
entidades del Estado para poder avanzar en el proyecto.

18.1.- Por otra parte, destacó como gestiones actuales realizadas por la entidad
las siguientes:

14 Expediente digital
15 Expediente digital

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a.- La primera, desde el año 2018 hasta la fecha, y de acuerdo con lo ordenado
por el mismo CONPES, ha realizado reuniones de concertación de la hoja de ruta
para la ejecución de la Fase III del proyecto; dichas reuniones se han realizado
por la ADR con el Ministerio de Agricultura, UPRA y con el Departamento
Nacional de Planeación, y su resultado ha sido la elaboración del documento
<<hoja de ruta>>, del cual se han generado 3 versiones. La más reciente fue
entregada al Ministerio de Agricultura en abril de 2021.

b.- La segunda, en ejecución del convenio interadministrativo No. 225 de 2016
suscrito entre ADR y FINDETER, la entidad viene desarrollando la actualización
de estudios y diseños de la Fase III del proyecto bajo el contrato No. 68573-004-
2021 (PAF-ADR-C-027-2020) suscrito entre FINDETER y CONSORCIO
DISEÑOS FINDETER TRIÁNGULO 2020, quienes basados en los estudios y
diseños elaborados para la Fase III por parte de Consorcio Triángulo 2011 y
entregados por FONADE a INCODER en el año 2014, tienen la misión de
conservar la estructura técnica de la construcción de dicha Fase III (redes
secundarias, redes terciarias, estaciones de bombeo, red eléctrica para alimentar
las estaciones de bombeo, adecuación intrapredial y sistema de drenaje),
actualizando tres aspectos: Plan Agropecuario, Presupuesto y Actualización
jurídico-predial de los predios de los potenciales beneficiarios del proyecto.

Dicho contrato de consultoría finalizaría el 14 de junio de 2022 (plazo 13 meses
y 15 días). Esta actualización de estudios y diseños para la Fase III del Proyecto
Triángulo del Tolima tiene un valor total de tres mil ochocientos veinticuatro
millones ($3.824.000.000), de los cuales, el contrato de consultoría costó dos mil
seiscientos cuarenta millones de pesos ($2.640.000.000) y el de interventoría mil
ciento ochenta y cuatro millones de pesos ($ 1.184.000.000) y se desarrolla en
dos fases.

c.- La tercera, con el fin de estructurar el esquema de financiación más apropiado
para la Fase III del proyecto, la ADR suscribió con la Financiera de Desarrollo
Nacional – FDN (entidad adscrita al Ministerio de Hacienda), un Convenio Marco
de Cooperación No. 8022020 y, en desarrollo del mismo, el contrato
interadministrativo No 4552021 cuyo objeto es identificar y realizar el diseño
conceptual de los esquemas transaccionales que permitan la posterior
estructuración de los proyectos de adecuación de tierras Ranchería - San Juan
del Cesar y Triángulo del Tolima, para su terminación y puesta en operación,
incorporando conceptos de sostenibilidad social, ambiental y financiera.

Este contrato, que se desarrolló en paralelo al contrato de actualización de los
estudios y diseños de la Fase III y se alimentó de los resultados de avance del
mismo, tenía como finalidad encontrar el esquema de financiación más apropiado
para la finalización del proyecto (recursos Presupuesto General de la Nación,

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Radicado: 73001-23-33-000-2017-00550-01 (66579)
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Alianzas Público-Privadas, Empréstito Internacional, Banca multilateral de apoyo
a proyecto de desarrollo o una combinación de estas alternativas).

d.- La cuarta, luego de tener actualizados los estudios y diseños de la Fase III y
habiendo establecido el esquema de financiación de dicha fase, se procederá a
dar inicio a los procesos licitatorios para seleccionar al contratista constructor y
su correspondiente interventoría. Se calcula que en etapa constructiva de Fase
III, de acuerdo a lo establecido en los estudios y diseños del año 2014 (Consorcio
Triángulo 2011), se requieren 6 años para su ejecución.

18.2.- Por lo tanto, es indiscutible que los tiempos establecidos por el CONPES
3926 de 2018 para la culminación de las obras del proyecto Triángulo del Tolima
para el año 2025 no coinciden con toda la gestión antes relacionada. Finalmente,
la entidad estimó que la actualización de los estudios y diseños de la Fase III
culminarían el 14 de junio de 2022 y para esa época estaría definido también el
esquema de financiación del proyecto. Sumados los tiempos del proceso
licitatorio y de concurso de méritos -en promedio 3 meses-, lo lógico sería que
para comienzos de octubre de 2022 se estarían iniciando las actividades
constructivas de la Fase III y su culminación sería para el año 2028.

II. CONSIDERACIONES

F.- Decisiones que se adoptan y plan de exposición

19.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia solo en relación con la
vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público por parte
de la ADR. Se advierte que, aun cuando esa entidad no es la responsable del
deterioro del proyecto de las Fases I y II porque lo recibió del Incoder en esas
condiciones en diciembre de 2016, lo cierto es que no obró diligentemente para
proteger los bienes muebles e inmuebles del proyecto, y no realizó
oportunamente las gestiones administrativas y presupuestales para superar la
situación general del proyecto en las Fases I y II, pese a que desde el 2016
advirtió la urgencia de las obras para evitar un mayor deterioro. Además, ha
tenido una conducta pasiva frente a las determinaciones adoptadas en el
CONPES del 2018 que declaró el proyecto como de importancia nacional;
precisamente, allí se dispuso que para la ejecución de la Fase III la ADR debía
estructurar las obras presentado una hoja de ruta, actuación que solo adelantó
en el trámite de esta instancia, luego de las órdenes proferidas por el tribunal.

19.1.- En el trámite de segunda instancia la entidad hizo referencia a los avances
en la gestión del proyecto, realizadas luego del inicio de la acción popular. Sin
embargo, es evidente que persisten las omisiones de la ADR que han
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Radicado: 73001-23-33-000-2017-00550-01 (66579)
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determinado que la obras de las Fases I y II del proyecto Triángulo del Tolima no
se encuentren en buen estado, puesto que no realizó el mantenimiento ni
reemplazó los elementos requeridos para su funcionamiento. Esas omisiones
han determinado que la Fase III se encuentre inconclusa. Precisamente por la
falta de administración, estructuración y gestión de esta entidad es que el
Proyecto Distrito de Riego del Triángulo del Tolima no podrá prestar el servicio
de manera oportuna como lo requiere la comunidad.

19.1.2.- La incapacidad presupuestal alegada por la ADR no justifica que dicha
entidad no realice gestiones para estructurar el proyecto y obtener los recursos.
Para tal fin era necesaria la elaboración y presentación de la hoja de ruta ante
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el DNP y la UPRA, la cual, según
lo expuesto por la misma entidad en esta instancia, solo fue presentada en el
mes de abril de 2021, después de 5 años de terminadas las obras de las Fases
I y II del proyecto.

19.2.- La Sala mantendrá las órdenes impartidas en la primera instancia, las
cuales se ajustarán con el fin de que se realice el mantenimiento de las Fases I
y II, y se concrete la ejecución y puesta en funcionamiento del Proyecto Distrito
de Riego Triángulo del Tolima, sin que las mismas interfieran en la autonomía y
competencias de las entidades públicas condenadas, a quienes les corresponde
determinar las vías para alcanzar el objetivo encomendado. Con este propósito,
se actualizarán dichas órdenes teniendo en cuenta los avances cumplidos hasta
ahora, y con el objeto de viabilizar las disposiciones se adoptarán medidas
dirigidas a ajustarlas y a modificar el comité de verificación. Igualmente se
exhortará a las autoridades cuya participación resulta necesaria para la ejecución
del proyecto, incluyendo aquí a la Policía Nacional.

19.3.- Se explicarán primero las razones por las cuales se encuentra demostrada
solamente la afectación del derecho colectivo al patrimonio público, punto en el
que se acoge la línea jurisprudencial que sustenta que el derecho colectivo a la
moralidad administrativa solo se vulnera cuando, además de demostrarse el
desconocimiento de normas o principios, se acredita un elemento subjetivo
evidenciado por la persecución de intereses generalmente particulares y distintos
de los intereses generales que deben orientar la actividad de las autoridades
públicas.16

G.- La vulneración del derecho colectivo al patrimonio público

16 Se aclara sin embargo que para el ponente en los eventos de violación del principio de eficacia puede

también evidenciarse la vulneración del principio de la moralidad administrativa, posición desarrollada en la
sentencia del 5 de octubre de 2020, expediente 85001-23-33-000-2017-00030-01 (AP)

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20.- El derecho colectivo a la defensa del patrimonio público <<implica que los
recursos públicos sean administrados de manera eficiente, oportuna y
responsable, de acuerdo con las normas presupuestales, con lo cual se evita el
detrimento patrimonial>>17. Es preciso resaltar que esta Sección ha reconocido
que el derecho a la defensa del patrimonio público ostenta doble finalidad: <<la
primera, el mantenimiento de la integridad de su contenido, es decir prevenir y
combatir su detrimento; y la segunda, que sus elementos sean eficiente y
responsablemente administrados; todo ello, obviamente, conforme lo dispone la
normatividad respectiva18>>.

21.- Por tanto, cuando los funcionarios responsables de ejecutar una obra pública
y velar por su terminación no realizan las acciones necesarias (coordinación,
búsqueda de recursos, mantenimiento de las obras, celebración de contratos,
vigilancia de las obras y supervisión de su ejecución) y permiten que la obra
quede inconclusa, con la pérdida en la inversión y en la ejecución del proyecto
de interés público que perseguía realizarse, afectan el patrimonio público.

22.- En esa medida esa omisión genera una <<expectativa de la comunidad,
susceptible de ser alegada por cualquiera de sus miembros>>19 a través de la
acción popular.

23.- Se afecta este derecho colectivo cuando quienes intervinieron en la iniciación
de una obra, habida cuenta de su importancia y necesidad para el interés público,
abandonan tal propósito, sin que puedan excusarse en fundamentos legales
relativos a la competencia para invertir recursos y para velar por la debida
ejecución de los mismos. En un Estado con recursos limitados para realizar obras
de infraestructura (particularmente mejorar el desarrollo rural y fomentar la
agricultura), la ciudadanía percibe como un atentado contra el patrimonio público
que las obras en las que se han invertido recursos públicos no se terminen, como
consecuencia de la ausencia de planificación, de control, supervisión y
particularmente de la desidia de las autoridades públicas.

24.- Las autoridades no solo deben velar por el cumplimiento de las normas
legales. Deben velar por terminar las obras y ponerlas en servicio de los
ciudadanos, pues ese es el objeto perseguido con ellas.

25.- Oponerse a una acción popular que persigue imponerle a las autoridades
públicas responsables la terminación de una obra pública afirmando que no
cuenta con los recursos y sin demostrar la gestión para su consecución,
17 Sección Tercera. Sentencia del 21 de febrero de 2007. Exp. AP 2004-00413C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
18 Sección Tercera. Sentencia de 21 de mayo de 2008. Exp. 01423-01. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. “De

allí su consagración expresa en el literal e) y f) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, como derecho a la
“defensa del patrimonio público” y “defensa del patrimonio cultural de la Nación”.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2007, expediente n.º 76001- 23-31-

000-2005-00549-01(AP). C.P. Alier Eduardo Hernández Hernández.

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corrobora la desidia de los servidores públicos y justifica a su vez la protección
judicial de la defensa del patrimonio público: los recursos oficiales que son
producto de los impuestos pagados por los colombianos siguen sin tener doliente
y por tal razón resulta imperativo incluir en el comité de verificación a las
autoridades encargadas del control disciplinario y fiscal, que deben velar por el
cumplimiento de las funciones y por la inversión eficiente de los dineros públicos.

26.- En el contexto de la acción popular, el examen de los hechos no consiste
exclusivamente un juicio de legalidad sobre los actos o contratos vinculados con
las alegadas afectaciones de derecho colectivo. La vulneración del patrimonio
público también puede concluirse cuando <<al margen de que no se obre de
manera dolosa o mal intencionada, se constate que la actuación pública atenta
contra los postulados contenidos en los principios, valores y derechos
constitucionales, e inclusive contra la ética objetiva que reflejan esos preceptos
axiológicos o mandatos de optimización>> 20 . La vulneración del patrimonio
público puede verse también en conductas pasivas -omisiones- que reflejan
desinterés en el cumplimiento de la función administrativa, y en especial, la
satisfacer el interés general.

27.- En este caso, con el deterioro de las obras la Administración deberá disponer
una mayor inversión, lo que evidencia una afectación al patrimonio público. Como
se expondrá más adelante, la ADR ha tenido una conducta pasiva que refleja el
desinterés en el cumplimiento de sus funciones como ejecutor y gestor del
proyecto; se limitó a adoptar medidas con ocasión del fallo de primera instancia,
que no son suficientes para cesar la vulneración del derecho colectivo al
patrimonio público.

H.- Los hechos probados en el proceso

El proyecto

28.- En relación con el proyecto de adecuación de tierras del Triángulo del Tolima:

28.1.- El proyecto de Distrito de Adecuación de Tierras del Triángulo del Tolima,
se encuentra en jurisdicción de los municipios de Natagaima, Purificación y
Coyaima, en el departamento de Tolima. Comprende un área bruta de 33.700
hectáreas y un área de riego beneficiada de 20.402 hectáreas con 7.540 predios
beneficiados y una población de 19.995 personas, dentro de las cuales se
encuentran 17.502 indígenas y 2093 campesinos. La fuente de abastecimiento
de agua es el río Saldaña, del cual recibe aproximadamente 30 m3/segundo, y
donde se ubican las obras de captación, con una concesión otorgada por
Cortolima equivalente a 23 m3/segundo21.
20 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 25 de abril de 2012. Exp. 25000-23-

24-000-2010-00757-01(AP). C.P. Enrique Gil Botero
21 Así quedó establecido en el CONPES de 2005. Documento que obra en el folio 142 CD del cuaderno principal.

21

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a.- Para garantizar la financiación de la construcción de las obras, el documento
CONPES No. 3357 del 13 de junio de 2005 autorizó a la Nación para contratar
un empréstito externo con el Gobierno de España hasta por ciento cuarenta y
seis millones de dólares (US 146.000.000), y declaró su importancia estratégica
nacional. Allí se estableció que el proyecto sería ejecutado por el Incoder22.

b.- Con una inversión de más de cuatrocientos noventa y dos mil millones de
pesos ($492.000.000.000), el Incoder y Fonade suscribieron en 2005 el convenio
interadministrativo No. 195040 para la gerencia del proyecto "Adecuación de
Tierras Distrito Riego de Triángulo del Tolima". Su término de duración fue de
seis (6) años, desde el 1° de noviembre de 2005 hasta el 1° de marzo de 201523.

c.- Mediante Resolución 1613 del 21 de marzo de 2014 el Incoder declaró de
utilidad pública e interés social el área predial que comprende el proyecto de
Adecuación de Tierras del Distrito de Riego del Triángulo del Tolima. En el
artículo tercero se dispuso que esta entidad debía ejercer la primera opción de
compra de todos los inmuebles que abarcaría el proyecto en tal zona24.

d.- El Incoder entró en proceso de liquidación, por lo que el proyecto pasó a la
ADR 25 . Esta entidad debía encargarse del mantenimiento, ejecución y
terminación del proyecto de Adecuación de Tierras del Distrito de Riego del
Triángulo del Tolima. Los bienes muebles e inmuebles y los recursos destinados
para tal fin fueron entregados y trasferidos a la ADR26.

e.- En el acta de entrega del 30 de noviembre de 201627 suscrita entre el agente
liquidador del Incoder y la ADR, quedó establecido que <<el proyecto busca
adecuar con obras de riego y drenaje, en una extensión de 20.402 Ha netas
aprovechables,>>. Para esta fecha, según la misma acta, estaban construidas
las Fases I y II, y solo quedaba pendiente por ejecutar la Fase Ill. Dicha fase
comprende la construcción de los canales secundarios, terciarios, estaciones de
bombeo y redes intraprediales.

f.- Pese a que el proyecto no estaba terminado, se inició la operación del embalse
Zanja Honda por presiones de la comunidad ante la sequía en la zona durante
los años 2012 y 201328.

22 Documento CONPES de 2005, folio 142 CD cuaderno principal
23 Informe de gestión del 30 de noviembre de 2006, elaborado por el Incoder. Fl. 231 Cuaderno 2.
24 Fol 142 CD cuaderno principal

25 Decreto 2365 de 2015, el Gobierno Nacional decidió liquidar el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
– INCODER, y en el artículo 12 del decreto en cuestión, se determinó que el INCODER debía transferir a la
Agencia de Desarrollo Rural - ADR, aquellos bienes y activos que tuviesen relación con los objetivos y
funciones de la entidad.
26 Esto quedó consignado en el Acta de entrega del 30 de noviembre de 2016. Fl. 142 CD cuaderno principal
27 Ibídem
28 Informe técnico de la construcción del distrito de adecuación de tierras a gran escala Triángulo del Tolima,

del 3 de marzo de 2015. (fl. 142 CD)
22

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g.- Para 2016, según la citada acta, la situación ameritaba una intervención
urgente por parte de la ADR, porque la infraestructura del proyecto estaba
deteriorada, <<los canales estaban colmatados, enmalezados, en algunos
tramos intervenidos en su estructura física, lozas deterioradas, el caudal en los
canales no era homogéneo, en algunos están vacíos, en otros sectores por la
manipulación de las compuertas, el nivel de los canales supera la capacidad de
los mismos, afectando la estabilidad estructural>>. Las obras para ese momento
tenían una inversión de cuatrocientos noventa y cinco mil ciento sesenta y siete
millones setecientos mil pesos ($ 495.167.700.000).

h.- En relación con la Fase III, la ADR estimó que su construcción tendría un costo
de quinientos cuatro mil novecientos treinta y seis millones de pesos
($504.936.000.000)29.

i.- La ADR contrató al Consorcio Obras El Triángulo para atender la
administración, operación y mantenimiento del Proyecto de Riego Triángulo del
Tolima Fases I y II, por el valor de tres mil seiscientos treinta millones ciento
veinticinco mil doscientos setenta y siete pesos ($3.630.125.277). Este contrato
tuvo una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 201730; no obstante, se
prorrogó hasta el 13 de julio de 2018. El valor total del contrato fue de cinco mil
sesenta y cinco millones noventa y cinco mil seiscientos diecisiete pesos
($5.065.095.617). Cabe aclarar que, aun cuando en el objeto del contrato
aparece el mantenimiento de las obras de la Fase I y II, según el informe de
interventoría que obra a folios 986 a 1015 el contratista realizó <<labores de
limpieza del espejo de agua de manera continua, mantenimiento de la toma de
los canales principales 1 y 2 retirando todo el material vegetal flotante y toma de
muestras de agua para verificar su calidad y diagnóstico de la infraestructura>>.

j.- El 18 de agosto de 2017 el Consorcio Obras El Triángulo informó a Cortolima
<<el problema ambiental que se estaba presentando en los canales 1, 2, 3 y 4
del distrito por captación irregular de agua, utilizada principalmente para los
cultivos de arroz31>>.

k.- El 19 de agosto de 2017 32 los trabajadores del Consorcio interpusieron
denuncia ante la Fiscalía por amenazas de muerte con ocasión de la suspensión
del agua por los trabajos de mantenimiento realizados en los canales.

l.- El 26 de mayo de 2016 la asociación de usuarios del distrito del Triángulo

29 Según informe ejecutivo elaborado en octubre de 2016 por la ADR. (Fl. 142 CD cuaderno principal)
30 Fl. 142 CD cuaderno principal. Contratos 358 del 11 de abril de 2017 y 360 de 2017. Este último de

interventoría.
31 Fl. 142 CD cuaderno principal (prueba 19 oficios COET-2017-ASM-122 y COED-2017-ADM-124 de 18

de agosto de 2017
32 Fl. 142 CD cuaderno principal

23

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solicitó a la ADR organizar una mesa de trabajo con los asociados, con el fin de
legalizar el uso del agua y fijar una tarifa por la concesión33. La ADR, a través de
oficio del 10 de agosto de 2016, contestó que estaba trabajando en los procesos
de planificación del programa34.

m.- El 30 de octubre de 2017 la ADR solicitó autorización a la ANLA para vender
a los agricultores el agua que recogían de la bocatoma, hecho que ocurría por la
falta de terminación del proyecto. En esa petición, además, la ADR reconoció que
<<para la tercera fase no hay prevista una fecha de ejecución35>>.

n.- El 23 de noviembre de 2017 el interventor del contrato informó a la ADR del
hurto de bienes muebles del proyecto, y estimó que el hecho pudo haber ocurrido
entre el 5 de mayo de 2016 y 24 de abril de 2017 36 . Estos bienes no se
encontraban amparados por pólizas de seguros, como lo expresó la ADR en
oficio del 31 de enero de 201837.

28.2.- En el curso del presente proceso las demandadas realizaron las siguientes
actividades:

a.- En abril de 2018 la ADR realizó el levantamiento físico de inventarios del
proyecto, y lo cruzó con el inventario recibido del Incoder38. En el mes de mayo
de esa anualidad los bienes muebles fueron asegurados bajo la póliza todo
riesgo. Sin embargo, del cruce de la información que realizó la Procuraduría
Ambiental se evidenció que la información del inventario no estaba completa39,
por lo que algunos bienes no quedaron asegurados.

b.- Por otro lado, la Procuraduría Ambiental informó que para septiembre de 2018
persistían los daños a la infraestructura de las Fases I y II del distrito de riego del
proyecto40.

c.- El Gobierno nacional en documento CONPES 3926 de 2018 declaró que el
proyecto era de importancia nacional y que este debía terminarse en el año
2025 41 . Sin embargo, encontró que: <<no se han consolidado acciones que
garanticen la sostenibilidad financiera de los distritos una vez construidos,
principalmente en términos de la estructuración de proyectos, su operación y
administración. Se ha calculado que los recursos de inversión que permitirían
finalizar estas obras ascienden a cerca de 1,2 billones de pesos (ADR, 2017a).

33 Oficio No. 20161129831 (Fl. 142 CD cuaderno principal)
34 Oficio No. 201621000540 (prueba 22 Fl. 142 CD cuaderno principal)
35 Oficio No. 20172007907 (prueba 23 Fl.142 CD cuaderno principal)
36 Oficio No. 20173300094292 (prueba 26 Fl. 142 cuaderno principal)
37 Oficio No. 20186100005602 (Fls. 191 a 192 cuaderno principal)
38 Fls. 327 a 426 cuaderno 2
39 Fls. 477 a 501 cuaderno 3
40 Fls. 585 a 587 Cuaderno 3
41 Documento CONPES 3926 Política de Adecuación de Tierras 2018-2038 (fl. 1093 CD cuaderno 6)
24

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Por otro lado, parte de la infraestructura se ha ido deteriorando y se presentan
gastos recurrentes para su administración, operación y conservación por 53.760
millones de pesos (sic) en el lapso comprendido por los años 2011 y 2017, a
pesar de que no operan y no prestan el servicio de ADT. Así mismo, se observa
que en el 43 % de los distritos analizados no se elaboran los planes de riego. Las
dificultades de gestión técnica y planificada de la actividad productiva a un nivel
detallado, que permitan establecer las condiciones óptimas en las cuales se debe
suministrar el riego, sobresalen como un factor principal. Tampoco se realiza de
manera generalizada la formulación de los planes de conservación de la
infraestructura y los equipos (solo en el 40 % de los casos y principalmente en
distritos de gran escala privados)>>.

29.- Respecto al tema de las licencias otorgadas para el proyecto:

29.1.- Según la Resolución No. 2710 de diciembre 27 de 2006, el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó licencia ambiental al Incoder
(hoy ADR) para la adecuación y operación del Distrito de Riego del Triángulo del
Tolima42, la cual ha sido modificada por las resoluciones 2032 de 2008, 715 y
1166 de 200943.

29.2.- La citada licencia amparó las actividades de (i) etapa de construcción y (ii)
etapa de operación y mantenimiento. Allí quedó implícito el uso, aprovechamiento
o afectación de los recursos naturales renovables, tales como la concesión de
aguas, vertimientos, aprovechamiento forestal, ocupación de cauces.

29.3.- La ANLA mediante auto del 31 de enero de 2017 requirió al Incoder para
que cancelara a Cortolima el valor correspondiente a las tasas retributivas,
compensatorias y por la utilización de las aguas, por el uso, afectación y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables44.

29.4.- El 4 de agosto de 2017 la ADR solicitó a la ANLA la cesión de la licencia
ambiental que le fue otorgada con fin de cumplir con el deber de seguimiento a
las obligaciones allí impuestas. La misma petición fue presentada a Cortolima
respecto de las licencias otorgadas por esa entidad. Así mismo, el 1° de
noviembre de 2017 solicitó autorización para la venta de agua que circula por los
canales45.

29.5.- Mediante oficio del 18 de diciembre de 2017 la ANLA le informó a la ADR46
que la venta de agua solo sería posible cuando la obra estuviese terminada.

42 Fl. 142 CD
43 Estas resoluciones obran en el Fl. 142 CD cuaderno principal
44 Fls. 513 a 520 cuaderno 3
45 Fl. 142 CD cuaderno principal (oficios 20172005309 y 20172005672)
46 Fl. 680 cuaderno 4

25

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Observó además que, para la etapa en la que se encontraba el proyecto, el agua
no debía estar circulando.

29.6.- En el curso del presente proceso las autoridades ambientales dispusieron:

a.- Mediante la Resolución 1713 del 4 de octubre de 2018 la ANLA subrogó en la
ADR la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de la licencia ambiental
otorgada mediante la Resolución 2710 de 200647.

b.- La Procuraduría Ambiental informó que recibió quejas de 16 personas del
municipio de Coyaima por los daños sufridos por las captaciones irregulares de
agua para el cultivo de arroz, pues el agua residual de estos cultivos va a la
quebrada La Calocha y se riega, inundado los predios de los quejosos. Estos
ciudadanos afirmaron que el agua que sale de los cultivos de arroz estaba
contaminada y era consumida por el ganado48.

c.- La ANLA, mediante auto 4730 del 10 de agosto de 201849, ordenó a la ADR,
entre otras, suspender la circulación de agua por los canales principales, de
conformidad con lo establecido en el artículo tercero de la Resolución 2710 de
2006, y presentar los soportes que evidencien el cumplimiento de la obligación
relacionada con la matriz de la gestión predial adelantada en desarrollo del
proyecto Distrito de Riego Triángulo del Tolima, en cumplimiento del literal c del
numeral 6 del artículo tercero del Auto 752 de 2016.

d.- Mediante auto 7576 del 3 de diciembre de 201850 la ANLA revocó la orden de
suspender la circulación de agua por los canales principales y actualmente la
ADR mantiene un caudal mínimo de agua en los canales del distrito de riego, y
determinó que el suministro de agua no era posible hasta tanto no estuviera
ejecutada la Fase III del proyecto.

e.- El 6 de junio de 2018 Cortolima, mediante la Resolución 160851, inició proceso
sancionatorio contra la ADR por las omisiones en el manejo ambiental del
proyecto.

f.- La ADR realizó actividades de campo para identificar las tomas ilegales de
agua e identificó los siguientes puntos de extracción y el presunto predio
infractor52:

DIAMETRO DE MANGUERAS

47 Fl. 621 CD prueba 1 cuaderno 3
48 Fl. 278 cuaderno principal
49 Fl. 640 CD prueba 5 cuaderno 4
50 Fl. 690 Cuaderno 4
51 Fl. 680 CD cuaderno 4
52 Expediente digital (Tomado de información generada por la Agencia de Desarrollo Rural del 26 de febrero

de 2020 -cada punto cuenta con coordenadas atadas a la red geodésica nacional)
26

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Demandante: Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima

CANAL CANTIDAD DE NUMERO DE MANGUERAS NUMERO DE
TOMAS MOTOBOMBAS
ILEGALES
CONDUCCION 4 5 0 1 0 1 0 0 0 1 2
1 9 11 1 4 0 6 0 0 0 0 0
2 44 12 0 9 0 6 0 4 14 0 0
9 1 5
3 42 54 0 12 3 1 0 1 9 0 1
7 2
4 18 33 0 0 1 1 0 6 10 0 0
6
TOTAL 113 23 1 26 4 1 0 6 33 1 3
2 0 3
1
CONDUCCION 4 5 0 1 0 1 0 0 0 1 2

g.- La ADR puso en conocimiento de Cortolima esta situación mediante oficio del
23 de febrero de 202153. Cortolima respondió que atendería las quejas sobre uso
del agua de las fuentes, pero no respecto de las aguas que corren por los canales,
porque esa labor le corresponde a la entidad que las recibió en concesión y,
aclaró que ejercería control sobre las captaciones ilegales que surjan de la
extracción directa de las fuentes hídricas54.

h.- El 19 de noviembre de 2021 la ADR solicitó ante la ANLA la integración de las
licencias ambientales otorgadas al proyecto, esto es, la concedida en las
Resoluciones 2710 de 2006 del Ministerio de Agricultura y la 1222 del 15 de junio
de 1995 de Cortolima, porque consideró que ello era posible por contener el
mismo objetivo55.

I. La Responsabilidad de la ADR

30.- La ADR cuenta con funciones de ejecución de la política, es decir, de
estructuración y ejecución de proyectos de ADT (Adecuación de Tierras). Por lo
tanto, los funcionarios de esta entidad debían realizar las actuaciones y gestionar
los recursos para el mantenimiento y culminación del proyecto56. Por otra parte,
teniendo en cuenta la necesidad de terminar las obras del Distrito de Riego del
Triángulo del Tolima, el Gobierno nacional, a través del CONPES 3926 Política
de Adecuación de Tierras 2018-2038, estableció que la ADR debía elaborar una
hoja de ruta para la culminación del proyecto para lo cual debía verificar la
vigencia de los estudios y diseños, promover la vinculación de capital privado y
ejecutar la terminación por sectores donde fuera técnicamente viable 57.

53 Expediente digital índice final
54 Oficio 2021610000 del 20 de abril de 2021 (expediente digital índice final)
55 Oficio 20213300084122 (expediente digital índice final)
56 Así quedó establecido en el CONPES 2005 para el Incoder, con la liquidación de la entidad, esta función

pasó a la ADR
57 Fl. 1093 CD cuaderno 6

27

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31.- Para 2019, la ADR no había ejecutado las obras necesarias para el
mantenimiento del proyecto; solo había suscrito el contrato de administración,
operación y mantenimiento con el mencionado Consorcio para labores de
limpieza y diagnóstico. Para esta fecha, los funcionarios de la entidad tenían claro
que los costos para recuperar la obra eran de catorce mil millones de pesos
($14.000.000.000), y solo habían gestionado para esa vigencia mil quinientos
millones de pesos ($1.500.000.000)58.

32.- En el trámite de segunda instancia la ADR entregó -en el mes de abril de
2021- la hoja de ruta al Ministerio de Agricultura para la terminación del Proyecto
Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Triángulo del Tolima.
Actualmente, la entidad se encuentra actualizando los estudios y diseños para la
construcción de la Fase III, la cual servirá para fijar el esquema de financiación y
la ejecución del proyecto59.

33.- No cabe duda de que la ADR tiene dentro de sus atribuciones la ejecución
del Proyecto de Distrito de Adecuación de Tierras del Triángulo del Tolima. Este
proyecto es de importancia estratégica nacional, como lo declaró el CONPES de
los años 2005 y 2018. Las dos primeras fases del proyecto fueron estructuradas
y ejecutadas por el Incoder. Pese a que proyecto inició en 2005, las obras de las
Fases I y II culminaron en diciembre de 2015, por parte del Incoder después de
10 años. Esta entidad permitió el deterioro de las obras. Al poco tiempo de que
la ADR recibiera el proyecto del Incoder, los bienes involucrados en estas obras
fueron objeto de hurtos y su deterioro persiste. Además, para poner en marcha
el proyecto se requiere que la Fase III esté terminada, como lo afirmó la ADR en
la contestación de la demanda y lo ratificó la ANLA en la respuesta sobre el cobro
por el consumo de agua. Por otra parte, la Fase III aún no tiene aprobada la hoja
de ruta, no está definido el costo real de la obra, no está definida la fuente de
financiación pese a que se autorizó un empréstito con el Gobierno de España y
no se ha comenzado su ejecución. A la fecha es un proyecto que lleva 15 años
de iniciado y no ha sido terminado ni puesto en marcha.

34.- Por consiguiente, para asegurar la viabilidad del proyecto es necesario que
la ADR, como ejecutor, realice las actividades de mantenimiento (reparación y
cambio de los bienes deteriorados) que permitan mantener la estabilidad de las
obras de las Fases I y II. De lo contrario, se perdería la inversión realizada, con
un grave detrimento del patrimonio público. Si bien la ADR identificó las obras
que se deben realizar, estableció unos costos y fijó un cronograma de trabajo, lo
cierto es que no probó que hubiese adelantado las gestiones para la obtención
de los recursos necesarios para cumplirlo.

35.- De este modo, tanto al Incoder como a la ADR, como ejecutores del proyecto,

58 Fls. 827 a 908 cuaderno 5
59 Expediente digital índice final. Con los alegatos de conclusión la ADR allegó copia de la Hoja de Ruta.

28

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les correspondía no solo realizar la obra en las etapas fijadas, sino también
mantener su estabilidad y culminarla. En consecuencia, le asiste razón al a quo
al señalar la responsabilidad de la ADR en la falta de ejecución, control y
mantenimiento, aspecto que la ADR no rebatió en su recurso. La ADR se limitó a
indicar que había cumplido con las gestiones para el mantenimiento al celebrar
un contrato con el Consorcio citado, pero no concretó de qué forma el Consorcio
realizó el mantenimiento, y está probado que no ha realizado las obras requeridas
para recuperar la obra. Además, está demostrado que la entidad tiene
identificada la necesidad de las obras, pero no las realizó, pese a que advirtió su
urgencia desde 2016.

36.- Los funcionarios de la ADR tampoco mostraron las actividades realizadas
para gestionar los recursos y que estos no fueron autorizados por la entidad
correspondiente. Al respecto, esta Corporación ha señalado que <<la falta de
disponibilidad presupuestal no enerva la acción ante la demostrada vulneración
de los derechos colectivos para cuya protección aquella se instauró, y que ante
esa situación lo procedente sea ordenar a las autoridades públicas que efectúen
las gestiones administrativas y financieras necesarias para obtener los recursos
60>>.

37.- Tampoco resulta de recibo la excusa según la cual la entrega de la hoja de
ruta para la construcción de la Fase III del proyecto no garantiza la disposición
de los recursos por parte del Gobierno. Lo que es claro es que para obtenerlos
la entidad debe estructurar el proyecto, definir las obras que se requieran y el
valor de las inversiones. Solo así la entidad competente para otorgar los recursos
podrá realizar las apropiaciones correspondientes y disponer las fuentes de
financiación. Precisamente, en el CONPES de 2018 quedó en evidencia la falta
de consolidación de acciones que garanticen la sostenibilidad financiera de los
distritos una vez construidos, principalmente en términos de la estructuración de
proyectos, su operación y administración.

38.- De acuerdo con todo lo expuesto, es claro que pese a que la ADR recibió el
proyecto en mal estado, pero las actividades realizadas para su recuperación y
terminación no han bastado, por lo que las determinaciones adoptadas reflejan
una conducta pasiva en el cumplimiento de sus funciones como ejecutor y gestor
del proyecto, con lo cual queda en evidencia que las medidas que adoptó no son
suficientes para cesar la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa y patrimonio público.

J.- Responsabilidad de Cortolima y la ANLA

60 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 6 de julio de

2006. Exp. 68001 2315 000 2002 00489 01. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
29

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39.- La primera instancia declaró que estas entidades permitieron el
aprovechamiento del recurso hídrico para labores diferentes a las autorizadas en
las respectivas licencias ambientales y su consumo no es objeto de cobro. La
siembra de arroz no está dentro del plan agropecuario; sin embargo, estas
entidades no han prohibido su cultivo. Además, tampoco han impuesto sanciones
a los infractores.

40.- La Sala considera que aun cuando estas entidades no tienen a su cargo la
ejecución del Proyecto del Distrito de Riego del Triángulo del Tolima y no podría
endilgárseles la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda,
resulta evidente su participación para el mantenimiento y ejecución de las obras
del proyecto. Sin embargo, no está demostrado que las obras no hayan podido
ejecutarse por falta de licencia ambiental. Por el contrario, el proyecto de riego
cuenta con las licencias correspondientes para su desarrollo. Ahora bien, sí
resulta necesario que las entidades se pongan de acuerdo en la viabilidad de
unificar las licencias existentes o su modificación para realizar las obras de
mantenimiento de las Fases I y II y la culminación de la Fase III del proyecto,
actividad que debe desarrollarse a instancias de la ADR, resultando para el efecto
indispensable la presencia de Cortolima y la ANLA en el comité de verificación.

41.- Lo anterior no obsta para que se mantengan las órdenes de
acompañamiento a la ADR para resolver el problema de la captación irregular del
recurso hídrico que circula por los canales. Ni contradice el deber sancionatorio
que deben implementar contra los infractores de las normas ambientales. La
utilización de este recurso es evidentemente ilegal y, por ende, las medidas
ordenadas por la primera instancia deben mantenerse.

42.- En relación con la omisión por la falta de cobro del recurso hídrico, la Sala
constató que no es posible realizar cobros por esta causa porque la obra no está
terminada y, por lo tanto, aún no es posible prestar el servicio a la comunidad;
así lo afirmaron la ADR y la ANLA. Sin embargo, las entidades cuentan con la
autonomía para revisar y evaluar técnicamente esta posibilidad a medida que
avancen las obras o de realizar acuerdos con la comunidad para su cobro,
siempre y cuando sea viable técnicamente y la autoridad ambiental lo autorice.

43.- En relación con la solicitud de revocatoria de la orden de suspensión de las
actividades de captación de agua no autorizada presentada por el señor Rodrigo
Sánchez Forero en su escrito de apelación, esta no es viable por las siguientes
razones:

43.1.- En primer lugar, las determinaciones de la autoridad ambiental permiten
que por los canales siga circulando agua en unas cantidades mínimas para evitar
daños en las obras. En segundo lugar, esta Sala no desconoce que los
agricultores necesitan de la puesta en marcha del proyecto de riego para obtener
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Demandante: Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima

el agua para sus cultivos. En tercer lugar, la necesidad del recurso hídrico no
habilita su obtención a través de obras que afecten la estructura del proyecto, ni
su captación de manera irregular.

43.2.- Por lo anterior, aunque se comparte la intervención ordenada por el
tribunal, la Sala considera que no debe estar dirigida a la suspensión sino al
restablecimiento de las obras, lo cual lleva a que se desconecten de los canales
las conexiones irregulares y se restauren las afectaciones generadas con las
actividades adelantadas para la obtención del recurso hídrico antes de la puesta
en marcha del proyecto. Este procedimiento deberá informarse a la comunidad
con tres (3) meses de anticipación, para que los agricultores puedan, con ayuda
de la ADR y Cortolima, encontrar alternativas de riego.

K.- Los ajustes a las ordenes impartidas en la sentencia de primera
instancia

44.- La Sala comparte la mayoría de las órdenes dadas por la primera instancia;
sin embargo, considera necesario modificar las órdenes de los numerales 4.1,
4.2, 4.4 y 4.6 para la protección del derecho colectivo vulnerado con el objeto de
adecuarlas según los avances realizados por la ADR y para que las órdenes
impartidas no se traduzcan en una intromisión en las facultades y competencias
de las entidades responsables de la vulneración del derecho colectivo.

45.- Sobre el particular, esta Corporación ha considerado que <<el límite a la
tarea fiscalizadora del juez viene determinado por la autorrestricción que le
impone el no reemplazar a la administración en la definición de órdenes de
prioridades para la atención de necesidades de la colectividad>>.
Adicionalmente, <<Mal puede el juez popular pretender resolver, a través de las
órdenes que está jurídicamente habilitado para impartir en sus pronunciamientos,
todas las incontables deficiencias en la actividad de la administración que, a no
dudarlo, muchas veces se traducen en vulneración o amenaza para derechos
colectivos. Una descontrolada proliferación de sentencias judiciales que
impongan obligaciones de hacer a las entidades públicas, en períodos de tiempo
extremadamente cortos y con cargo a sus correspondientes presupuestos, en
medio de la inocultable situación de escasez de recursos propia de una economía
subdesarrollada como la colombiana, podría conducir a una disfuncionalidad
de tal magnitud, que acabaría incluso por producir el efecto perverso de
convertir a las acciones constitucionales en improvisados y antitécnicos
mecanismos de planificación económica, urbanística, ambiental, etcétera 61 >>
(destacado fuera de texto).

46.- En consecuencia, las órdenes quedarán así:
61 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de octubre de 2006. Exp. 3001-23-31-000-2005-

00708-01(AP)
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(i) La ADR está obligada a realizar las actividades necesarias para el
mantenimiento, terminación y puesta en funcionamiento del Proyecto Distrito de
Riego del Triángulo del Tolima, por lo que deberá realizar las actuaciones
administrativas y presupuestales necesarias ante las autoridades
correspondientes para obtener los recursos para el mantenimiento de las obras
de las Fases I y II, la estructuración y adecuada ejecución de las obras de la Fase
III del proyecto.

Con relación al mantenimiento de las obras de las Fases I y II:

(ii) La ADR deberá, de manera inmediata informar al comité de verificación sobre
las gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, y el Departamento Nacional de Planeación para
obtener los recursos para el mantenimiento y recuperación de la infraestructura
de las Fases I y II del proyecto. Esto, porque a folios 890 a 908 del cuaderno 5
del expediente obra un cronograma de actividades para la recuperación de la
infraestructura. En este documento se encuentran identificadas y determinadas
las actividades para la recuperación y mantenimiento de la infraestructura del
proyecto, cuyo costo estimado fue de doce mil ciento diecinueve millones ciento
cuarenta y siete mil veintisiete pesos ($12.119.147.027).

Según el cronograma fijado por ADR las obras deberían haber sido ejecutadas
con recursos de la vigencia fiscal 2020 y 2021. No obstante, no obra prueba de
que estos recursos hubiesen sido transferidos a la ADR ni que se hubiesen
realizado las obras.

En caso de que la ADR no hubiese solicitado estos recursos, deberá adelantar,
dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia las
gestiones correspondientes para su apropiación –puesto que ya se encuentran
identificadas las obras a realizar- ante las entidades referidas para la vigencia
fiscal 2023 y 2024. Se determina como tiempo de ejecución un período de dos
(2) años, el mismo que la ADR se fijó para realizar las obras. Por lo tanto, las
obras de mantenimiento deberán culminarse en diciembre de 2024. Además, la
ADR deberá mantener la estabilidad de la obra y realizar de manera regular el
mantenimiento y conservación de la infraestructura de las Fases I y II, con lo cual
mantendrá la viabilidad del proyecto.

(iii) La Agencia de Desarrollo Rural, dentro de un plazo no superior a dos (2)
meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, deberá presentar ante el
comité de verificación un inventario detallado y completo de los bienes muebles
e inmuebles que hacen parte del proyecto Distrito de Adecuación de Tierras
Triángulo del Tolima Fase I y II, debidamente asegurados con garantías o póliza
de seguros expedida por entidad autorizada para tal efecto.
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Con relación a las obras de la Fases III:

(iv) La ADR deberá informar al comité de verificación el estado del trámite -hoja
de ruta- adelantado ante el Ministerio de Agricultura para la ejecución de la Fase
III del proyecto, que comprende las obras para redes secundarias, terciarias,
estaciones de bombeo, sistema eléctrico de alimentación del sistema de bombeo,
redes de drenaje y adecuación intrapredial, así como su implementación.

(v) La ADR deberá informar al comité de verificación sobre la aprobación de la
hoja de ruta, para lo cual requerirá al Ministerio de Agricultura en caso de que no
haya dado respuesta o realizará los ajustes necesarios para que eso se
produzca, actividades que deberán cumplirse en el plazo de un mes a partir de
la ejecutoria del presente fallo.

(vi) Como se advierte que la ADR se encuentra realizando la etapa de
actualización de los estudios y diseños para la Fase III, cuya contratación para
tal fin finalizará el 14 de junio de 202262, la Sala ordena que una vez culminado
este proceso, el cual servirá para la actualización del proyecto, la ADR deberá en
el término de seis (6) meses actualizar el proyecto en tres (3) aspectos: Plan
Agropecuario, Presupuesto y actualización jurídico-predial de los predios de los
potenciales beneficiarios del proyecto.

(vii) Luego de actualizar los estudios y diseños de la Fase III y habiendo
establecido el esquema de financiación de dicha fase, la ADR deberá adelantar
las gestiones correspondientes para culminar el proyecto, según la hoja de ruta
aprobada por el Ministerio de Agricultura. Así mismo, la ADR deberá gestionar
los recursos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, y el DNP. Una vez aprobados los recursos, la ADR
deberá presentar al comité de verificación un cronograma en el que se detallen
las actividades e inversiones necesarias para la ejecución del proyecto, el plan
de compras de predios y mejoras en el área de influencia del proyecto y el plazo
para su culminación, el cual deberá cumplirse teniendo en cuenta el documento
CONPES 3926 que fijó como plazo máximo para la culminación de las obras del
Distrito de Riego Triángulo del Tolima el año 2025 o el que se determine en la
hoja de ruta aprobado por las entidades mencionadas.

62 La actualización de estudios y diseños para la Fase III del Proyecto Triángulo del Tolima se encuentra en

ejecución, según Contrato de Consultoría No.: 68573-004-2021 (PAF-ADR-C-027-2020). Comprende dos
fases: Fase 1: Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del
proyecto, respecto a las exigencias técnicas normativas vigentes del sector, representadas en el Manual de
la UPRA y el Anexo “Especificaciones y Requisitos Técnicos Mínimos”.
Fase 2: Actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y
elaboración de diseños detallados, conforme al Manual de la UPRA y el Anexo “Especificaciones y
Requisitos Técnicos Mínimos” de la presente convocatoria. (Expediente digital indice final)
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(viii) La ADR dentro de los seis (6) meses siguientes a la aprobación de la hoja
de ruta, deberá tramitar ante el Gobierno Nacional la consecución y aprobación
de los recursos necesarios para la culminación de la fase III del Distrito de
Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima, conforme lo dispuso el documento
CONPES 3926, y deberá finalizarse en el año 2025 o el que se determine en la
hoja de ruta aprobado por las entidades mencionadas.

Con relación a la captación irregular del recurso hídrico

(ix) La ADR deberá desconectar de los canales del proyecto las conexiones
irregulares realizadas para la obtención del recurso hídrico durante el proceso de
mantenimiento de la infraestructura de las Fases I y II del proyecto y restablecer
las obras al proyecto original. Este procedimiento deberá informarse a la
comunidad con tres (3) meses de anticipación a su ejecución, para que los
agricultores puedan, con ayuda de la ADR y Cortolima, encontrar alternativas de
riego.

Lo anterior, toda vez que está demostrado que existen conexiones ilegales que
están afectando la estabilidad de las Fases I y II del proyecto. Además, la ADR
tiene identificados el número de tomas ilegales, mangueras y motobombas
conectadas en los canales principales de distribución, así como los predios
infractores.

Cortolima deberá prestar colaboración a la ADR y a los agricultores para
encontrar alternativas de riego. Así mismo, deberá adelantar dentro de los
términos legales los procesos sancionatorios contra los infractores de las
licencias y normas ambientales. De su colaboración deberá dar informe al comité
de verificación.

Lo anterior, previa verificación de las licencias ambientales vigentes. Igualmente
la ADR, la ANLA y Cortolima deberán garantizar la permanente vigilancia y
control del proyecto en aras de evitar un aprovechamiento indebido de los
recursos, así como el desmantelamiento por parte de terceros.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima y la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales deberán adelantar y culminar los procesos administrativos
sancionatorios contra quienes de manera ilegal han utilizado el recurso hídrico
dentro del proyecto Distrito de Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima.

Con relación a las licencias

(x) La Agencia de Desarrollo Rural, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de
esta providencia, deberá adelantar las labores administrativas necesarias para la
modificación y/o unificación de las licencias ambientales de concesión de aguas
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obtenidas ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima y
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para el proyecto Distrito de
Adecuación de Tierras Triángulo del Tolima, con el fin de lograr en un plazo no
superior a cuatro (4) meses aquella que le permita desarrollar todas las
actividades necesarias para mantener la estructura existente, así como las
requeridas para la construcción de la Fase III.

Otras decisiones

(xi) Se ordenará comunicar las decisiones adoptadas en la presente sentencia a
los los municipios de Natagaima, Coyaima y Purificación, a quienes se les
EXHORTA para que, en conjunto con la Asociación de Usuarios del Distrito de
Adecuación de Tierras de Gran Escala Triángulo del Tolima “UTRITOL”, y en el
marco de sus competencias, ejerzan las acciones necesarias para evitar el uso
ilegal del recurso hídrico y para que garanticen el cuidado y protección de la
infraestructura del Proyecto Distrito de Adecuación de Tierras Triángulo del
Tolima.

47.- La Sala igualmente modificará la conformación del Comité de Verificación
integrado en la sentencia de primera instancia. Sobre el particular, se precisa que
al comité le corresponde constatar <<fácticamente los hechos u omisiones
relativos al cumplimiento de la sentencia y si fuere el caso, emitir su dictamen,
con las sugerencias pertinentes 63 >>, por lo que no es una figura simbólica
carente de funcionalidad, sino que constituye <<una herramienta eficaz para que
las órdenes del juez popular se encaminen a la efectiva protección de los
derechos colectivos>>64.

48.- En consecuencia, en relación con el Comité de Verificación se ordena:

(xii).- El Comité de Verificación conformado en la sentencia apelada estará
integrado por el magistrado ponente de la decisión de primera instancia, el agente
del Ministerio Público, el procurador 6 Judicial II Ambiental y Agrario para el
Tolima, el Defensor del Pueblo Regional Tolima o su delegado, el representante
de la Agencia de Desarrollo Rural, el representante de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales –ANLA-, el Director de la Corporación Autónoma Regional
de Tolima –Cortolima o su delegado, el representante legal de la Junta de
Usuarios del Triángulo del Sur del Tolima, un representante del Municipio de
Purificación, un representante del Municipio de Natagaima y un representante del
Municipio de Coyaima; el Contralor General de la República o su delegado; el
Procurador General de la Nación o su delegado; el ministro de Hacienda y Crédito

63 Consejo de Estado. Sala de Consulta y servicio Civil. Concepto 1519 del 13 de agosto de 2003.
64 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 19 de abril de 2018. Exp. 17001-23-33-000-2015-

00194-01(AP). C.P. María Elizabeth García González
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Público o su delegado; el ministro de Agricultura o su delegado; el director de la
DNP o su delegado, y el gobernador del Departamento del Tolima o su delegado.

La ADR deberá remitir bimensualmente un informe al Comité de Verificación en
el que señalen las actividades llevadas a cabo para cumplir el cronograma y las
órdenes de esta sentencia.

El Comité de Verificación deberá aprobar el cronograma presentado por la ADR
dentro del mes siguiente a su presentación.

El Comité de Verificación deberá reunirse trimestralmente para hacer
seguimiento al cumplimiento de las órdenes.

49.- Adicionalmente, el magistrado ponente de la sentencia de primera instancia,
o quien lo reemplace, conserva la competencia para tomar las medidas
necesarias para la ejecución de la sentencia acorde con lo dispuesto en el artículo
34 de la ley 472 de 1998.

50.- Se remitirá copia de esta decisión a la Procuraduría General de la Nación y
la Contraloría General de la República, para que la primera adelante las
investigaciones disciplinarias contra los funcionarios de la ADR que tienen a
cargo la ejecución del proyecto distrito de riego del Triángulo del Tolima, y para
que la segunda adelante el control fiscal a los contratos celebrados por la ADR.
La Contraloría deberá presentar al Comité de Verificación un informe que permita
determinar el monto y la forma como han sido utilizados los recursos hasta la
fecha y el objeto y resultado de los contratos suscritos por la ADR en desarrollo
del proyecto.

51.- Se exhortará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al DNP para que
de manera urgente adelanten las gestiones necesarias para disponer de los
recursos necesarios para la ejecución del Proyecto Distrito de Riego del Triángulo
del Tolima, que ha sido definido como de importancia nacional.

52.- Se exhortará a la Policía Nacional para que preste acompañamiento a la
ADR y a las autoridades ambientales en los procedimientos de recuperación y
desconexión de las conexiones irregulares realizadas para la obtención del
recurso hídrico durante el proceso de mantenimiento de la infraestructura de las
Fases I y II del proyecto, y para restablecer las obras al proyecto original.

L. Costas

53.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998.
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M. Otras determinaciones

54.- La Sala reconoce personería para actuar a la abogada SANDRA PATRICIA
COSSIO PACCHENINO, identificada con cédula de ciudadanía número
28.548.485 de Ibagué y portadora de la tarjeta profesional número 137.687 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial de Cortolima, en los
términos del poder conferido (fol. Anexo digital).

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral 3° de la sentencia del 13 de febrero de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, y en su lugar, DECLÁRASE
vulnerado únicamente el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público
por parte de la ADR.

SEGUNDO: MODIFÍCASE el numeral 4° de la sentencia del 13 de febrero de
2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, para que en
complemento de lo dispuesto en este numeral la ADR y a Cortolima adopten las
medidas previstas en los términos, condiciones y plazos señalados en el numeral
46 de parte motiva de este fallo.

TERCERO: MODIFÍCASE el Comité de Verificación conformado en el numeral
6° de la sentencia del 13 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, el cual quedará conformado de la siguiente manera:
por el magistrado ponente de la decisión de primera instancia, el agente del
Ministerio Público, el procurador 6 Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima,
el Defensor del Pueblo Regional Tolima o su delegado, el representante de la
Agencia de Desarrollo Rural, el representante de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales –ANLA-, el director de la Corporación Autónoma Regional
de Tolima –Cortolima o su delegado, el representante legal de la Junta de
Usuarios del Triángulo del Sur del Tolima, un representante del Municipio de
Purificación, un representante del Municipio de Natagaima y un representante del
Municipio de Coyaima; el Contralor General de la República o su delegado; el
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Procurador General de la Nación o su delegado; el ministro de Hacienda y Crédito
Público o su delegado; el ministro de Agricultura o su delegado; el director de la
DNP o su delegado, y el gobernador del Departamento del Tolima o su delegado.
Por secretaría notifíquesele esta decisión a dichas entidades.

CUARTO: CONFÍRMASE en todo lo demás la sentencia de primera instancia.

QUINTO: Se reconoce personería para actuar a la abogada SANDRA PATRICIA
COSSIO PACCHENINO, identificada con cédula de ciudadanía número
28.548.485 de Ibague y portadora de la tarjeta profesional número 137.687 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial de Cortolima, en los
términos del poder conferido (fol. Anexo digital).

SEXTO: REMÍTASE copia de esta decisión a la Procuraduría General de la
Nación y la Contraloría General de la República, para que la primera adelante las
investigaciones disciplinarias contra los funcionarios de la ADR, que tienen a
cargo la ejecución del Proyecto Distrito de Riego del Triángulo del Tolima, y para
que la segunda, adelante el control fiscal a los contratos celebrados por la ADR
y rinda el informe señalado en el numeral 51 de las consideraciones.

SÉPTIMO: EXHÓRTASE al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al DNP
para que de manera urgente dispongan los recursos para la ejecución del
proyecto distrito de riego del Triángulo del Tolima. Proyecto definido como de
importancia nacional.

OCTAVO: EXHÓRTASE a la Policía Nacional para que preste acompañamiento
a la ADR y a las autoridades ambientales, en los procedimientos de recuperación
y desconexión de las conexiones irregulares realizadas para la obtención del
recurso hídrico durante el proceso de mantenimiento de la infraestructura de las
Fases I y II del proyecto y restablecer las obras al proyecto original.

NOVENO: DECLÁRASE fundado el impedimento manifestado por el consejero
Alberto Montaña Plata.

DÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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