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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2017-00629-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2017-00629-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo por la falta de legitimación en la causa por activa, derivada de la indebida integración del grupo, habida cuenta las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído. 70 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034 71 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 72 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general. En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”. 73 Fl. 642 a 652, C.4. 32 Radicado: 73001233300020170062901 (62958) Demandante: Josias Molina Prada y otro TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. CUARTO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la segunda instancia, la suma equivalente a 1 SMMLV, a cargo de la parte demandante y a favor del municipio del Guamo. QUINTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-33-000-2017-00629-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Radicación: 73001233300020170062901 (62958)
Demandante: JOSIAS MOLINA PRADA Y OTRO
Demandado: MUNICIPIO DEL GUAMO

Tema: Ayuda humanitaria a familias damnificadas por la ola invernal en
el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y 10 de
diciembre de 2011. Omisión en remitir el listado de damnificados
a la UNGRD. Indebida integración del grupo. Ausencia de
condiciones uniformes del grupo respecto de la causa lesiva.
Falta de legitimación en la causa por activa. Condena en costas
en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el extremo activo contra la
sentencia del 25 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011, la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (en adelante la “UNGRD”) ordenó un auxilio
económico de hasta $1.500.000 para las familias damnificadas por la ola invernal
del periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011.

Los demandantes sostienen que el municipio del Guamo es patrimonialmente
responsable por los daños a ellos irrogados como consecuencia de la imposibilidad
de acceder al auxilio económico dispuesto por el Gobierno Nacional mediante el
citado acto administrativo, pues afirman que ello se ocasionó en razón de que la
administración municipal no remitió a la UNGRD el listado de damnificados por la

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ola invernal en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre
de 2011.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 18 de octubre de 20161, Josias Molina Prada y Aura Raquel Moreno Cortés, en
nombre propio y en representación del grupo “de familias damnificadas por la ola
invernal de septiembre 1 a diciembre 10 del año 2011”, mediante apoderado judicial
y en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo,
presentaron demanda en contra del municipio del Guamo (Tolima), con la
pretensión de que se le declare patrimonialmente responsable por los daños a ellos
irrogados como consecuencia de la imposibilidad de acceder al auxilio económico
dispuesto por el Gobierno Nacional mediante Resolución No. 074 del 15 de
diciembre de 2011, pues afirman que ello se ocasionó debido a que la
administración municipal no remitió a la UNGRD el listado de damnificados por la
ola invernal en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre
de 2011.

El extremo activo solicita condenar al municipio del Guamo a pagarle, por concepto
de que “no cobraron la ayuda humanitaria […] en efectivo proveniente del Ministerio
de Hacienda”, la suma de $1.500.000 a cada una de las 117 personas damnificadas
“por la ola invernal de septiembre 1 a diciembre 10 del año 2011 del municipio del
Guamo, Tolima”.

En apoyo de las pretensiones, el grupo demandante afirma que entre el 1 de
septiembre y el 10 de diciembre de 2011, se presentó una fuerte ola invernal en el
municipio del Guamo (Tolima), que generó afectaciones a cultivos de su propiedad.

Asegura que, como consecuencia de ello, mediante Resolución No. 074 del 15 de
diciembre de 2011, la UNGRD dispuso un auxilio económico de hasta $1.500.000

1 Fl. 42 a 49, 59, 74 y 93 a 98, C.1.

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para las familias damnificadas por la ola invernal del periodo comprendido entre el
1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011.

Explica que a cada municipio afectado le correspondía enviar el listado de familias
damnificadas a la UNGRD, siendo este el único requisito para que los afectados
pudieran acceder a la ayuda humanitaria.

Sostiene que, mediante Resoluciones Nos. 02 del 2 de enero de 2012 y 840 del 8
de agosto de 2014, la UNGRD amplió el plazo para que las entidades territoriales
remitieran la información sobre los damnificados por la ola invernal.

Señala que el municipio del Guamo no envió oportunamente a la UNGRD el listado
de familias damnificadas por la ola invernal, razón por la cual los miembros del
grupo accionante no pudieron acceder al auxilio económico previsto en la
Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011.

Los demandantes sostienen que el municipio del Guamo es patrimonialmente
responsable por los daños a ellos irrogados como consecuencia de la imposibilidad
de acceder al auxilio económico dispuesto por el Gobierno Nacional mediante
Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011, pues afirman que dicha
imposibilidad se ocasionó debido a que la administración municipal no remitió a la
UNGRD el listado de damnificados por la ola invernal en el periodo comprendido
entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011.

Textualmente, se expuso en el escrito de la demanda: “Los damnificados por la ola
invernal de septiembre 1 a diciembre 10 del año 2011 del municipio del Guamo
Tolima —no cobraron la ayuda humanitaria de $1.500.000- en efectivo proveniente
del ministerio de Hacienda. Por negligencia de la administración del momento. Y
por qué no reportaron los damnificados directos en su momento exigido y solicitado
por la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo De Desastres […]. La
administración municipal incumplió con el hecho de no enviar la información de
todas las familias damnificadas por la ola invernal de septiembre 1 a diciembre 10
del año 2011 en las siguientes fechas 30 de diciembre del 2011 (res 074), en enero

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30 del año 2012 (resolución 02) del 2 de enero 2012 - y por último incumplió con la
entrega de la información acorde a la resolución 840 del 2014- que ordenó a los
alcaldes rehacer la información […]”.

2. Contestaciones

El 27 de enero de 20172, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué
rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del
medio de control, auto que fue recurrido por la parte actora3.

El 28 de julio de 20174, el Tribunal Administrativo del Tolima revocó el anterior auto
y, en consecuencia, ordenó al juzgado efectuar el estudio de la admisión de la
demanda. Seguidamente, el 10 de noviembre de 20175, el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Ibagué vinculó como litisconsorte necesario a la
UNGRD y declaró su falta de competencia para conocer del sub examine, por lo
que ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Tolima.

En consecuencia, el 15 de enero de 20186, el Tribunal Administrativo del Tolima
admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas, a la Defensoría del
Pueblo y al ministerio público.

2.1. La UNGRD7 se opuso a las pretensiones de la demanda y argumentó que los
miembros del grupo accionante no acreditaron su condición de damnificados
directos por la ola invernal en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el
10 de diciembre de 2011, por lo que no tenían derecho a recibir el auxilio económico
dispuesto en la Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011. Asimismo, indicó
que la planilla de damnificados del mes de octubre de 2011, aportada con la
demanda, “no está suscrita por ninguna de las entidades legal y administrativamente
facultadas para ello”. Formuló como excepciones las de falta de legitimación en la

2 Fl. 56 y 57, C. 1.
3 Fl. 61 a 63, C. 1.
4 Fl. 77 a 81, C. 1.
5 Fl. 85 y 86, C. 1.
6 Fl. 99 y 100, C. 1.
7 Fl. 118 a 129, C.1.

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causa por activa y pasiva, “inexistencia del nexo causal”, “inexistencia de daño como
requisito de la acción de grupo”, “ausencia de los elementos que configuran la
responsabilidad extracontractual”, “inexistencia del hecho dañoso” y “precedente
judicial”.

2.2. El municipio del Guamo8 sostuvo que entre el 1 de septiembre y el 10 de
diciembre de 2011 no se presentaron afectaciones por la ola invernal en su territorio,
por lo que no hubo damnificados directos que reportar a la UNGRD. Asimismo,
aclaró que en los meses de marzo y abril de 2011 sí se presentaron emergencias
derivadas de la ola invernal, circunstancia que fue informada a la apoderada de la
parte actora, en respuesta a una petición presentada por ella, a quien además se le
envió el respectivo censo de los damnificados correspondientes a dicho periodo.
Formuló como excepciones las de falta de legitimación en la causa por activa,
caducidad, “ausencia de daño cierto irrogado a los accionantes”, “los demandantes
no cumplen las condiciones para ser considerados damnificados directos” y la
“genérica”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 16 de agosto de 20189 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante10 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la
demanda.

3.2. La UNGRD11 presentó el escrito de alegatos de conclusión de forma
extemporánea.

3.3. El municipio del Guamo y el ministerio público guardaron silencio.

8 Fl. 191 a 202, C.1.
9 Fl. 299, C.1.
10 Fl. 301 a 306, C.1.
11 Fl. 306 a 308, C.1.

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4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 25 de octubre de 201812, el Tribunal Administrativo del
Tolima negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se probó el daño
alegado, toda vez que los miembros del grupo demandante “no corresponden a las
personas que sufrieron pérdidas por la ola invernal en el periodo comprendido entre
el 01 de septiembre al 10 de diciembre de 2011, sino que son aquellas que fueron
censadas en el mes de abril de 2011, por lo que no le asistía un deber jurídico a la
Administración de presentar un censo y/o listado de personas afectadas, cuando no
se presentó ni emergencias, ni damnificados para el periodo que alega la parte
actora”. Por otra parte, aclaró que el auxilio económico dispuesto mediante la
Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011 estaba dirigido a las personas que
hubieran sufrido afectaciones en sus viviendas con ocasión de la ola invernal, y no
a quienes hubiesen sufrido pérdidas de cultivos, como erróneamente argumentó la
parte actora.

Adicionalmente, el a quo ordenó compulsar copias al Consejo Superior de la
Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación “teniendo en cuenta que la prueba
documental principal aportada por la accionante y apoderada, dra. Aura Raquel
Moreno Cortés, específicamente el listado de damnificados, no corresponden al mes
de octubre de 2011, sino que son del mes abril de 2011, por lo que se buscaba una
sentencia condenatoria con un grupo de personas que no fueron damnificadas entre
el periodo de 01 de septiembre a 10 de diciembre de 2011”.

Finalmente, el Tribunal Administrativo del Tolima no condenó en costas.

5. Recurso de apelación

El 1 de noviembre de 201813, la parte demandante interpuso recurso de apelación,
el cual fue concedido el 6 de noviembre de esa anualidad14 y admitido el 20 de

12 Fl. 319 a 329, C.P.
13 Fl. 336 a 347, C.P.
14 Fl. 352, C.P.

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febrero de 201915.

5.1. El extremo activo16 sostuvo que las pruebas aportadas al proceso permitieron
acreditar que los miembros del grupo accionante fueron damnificados directos por
la ola invernal en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de
diciembre de 2011, por lo que eran beneficiarios del auxilio económico dispuesto
mediante la Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011. Además, argumentó
que la ayuda humanitaria también estaba dispuesta para quienes hubieren sufrido
afectaciones en sus cultivos.

En sustento, señaló que el censo aportado con la demanda corresponde a los
damnificados del mes de octubre de 2011, pues dicho documento fue remitido por
la administración municipal del Guamo a la apoderada de la parte actora, en
respuesta a una petición presentada por ella, sobre los damnificados por la ola
invernal entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011. Al respecto,
textualmente manifestó que “yo como abogada de los demandantes pregunte por
los damnificados de septiembre 1 a diciembre 10 del 2011. Se me dio la respuesta
cuando se contestó un derecho de petición dirigido a mi nombre y se contestó con
expresiones como censo del 2011.8 (sic) sin agregarle meses de marzo y de abril”.

En esa línea, argumentó que las planillas aportadas con el libelo introductorio no
fueron tachadas de falsas. A ese respecto, en relación con la compulsa de copias,
indicó que “la parte demandante no propuso la tacha de falsedad, en segundo
momento encuentro que el juez de conocimiento no probó dentro del proceso que
los documentos aportados al proceso sean falsos” (sic). Finalmente, indicó que se
encontraba acreditado, a través de indicios, que en el municipio del Guamo se
registró un nivel de lluvias superior al límite normal durante el segundo semestre de
2011, de lo que se podría concluir que se presentaron inundaciones que afectaron
cultivos en dicho municipio.

15 Fl. 360, C.P.
16 Fl. 336 a 347, C.P.

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Demandante: Josias Molina Prada y otro

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 9 de mayo de 201917 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte demandante18-19 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación y añadió que el análisis probatorio debía realizarse a la luz de la teoría
del respeto por el acto propio, pues “el municipio demandado se contradice en
cuanto envió la información en respuesta de un derecho de petición y luego afirma
que no hubo ninguna emergencia entre septiembre 1 a diciembre 10 del año 2011”.
Asimismo, reiteró que el auxilio económico previsto en la Resolución No. 074 del 15
de diciembre de 2011 también cubría afectaciones a cultivos, pues “la circular del
16 de diciembre de la UNGRD no podrá excluir de la ayuda humanitaria a los
afectados en sus cultivos por que (sic) como se dijo anteriormente están dentro de
su inmueble como Io son las fincas”.

6.2. El municipio del Guamo20 reiteró los argumentos expuestos en el trámite de
primera instancia.

6.3. La UNGRD y el ministerio público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa – normatividad aplicable

Mediante auto de unificación del 6 de agosto de 202021, la Sala Plena de la Sección
Tercera dispuso que la integración normativa de la pretensión de reparación de

17 Fl. 366, C.P.
18 Fl. 368 a 377, C.P.
19 La Sala advierte que no tendrá en cuenta el memorial aportado por el grupo accionante el 13 de

junio de 2019 (Fl. 388 a 389, C.P.), como “anexo a alegatos de conclusión”, pues aquel fue
presentado extemporáneamente, de conformidad con el artículo 247 del CPACA.
20 Fl. 383 a 385, C.P.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 6 de agosto

de 2020, Rad. 64778.

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perjuicios causados a un grupo debe realizarse con la Ley 1437 de 201122, y en
consecuencia, la remisión prevista en el artículo 6823 de la Ley 472 de 199824 solo
resulta viable en aquellos eventos en los cuales no existan normas contenidas en el
CPACA que regulen de manera expresa la materia y que tengan relación con el
medio de control específico.

Al efecto, comoquiera que el 18 de octubre de 201625, los demandantes ejercieron
el derecho de acción bajo la pretensión de reparación de perjuicios causados a un
grupo, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la
Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme y pacífica de
esta Corporación, dicho estatuto modificó la referida disposición – Ley 472 de 1998
• en lo atinente a las normas que regulan la pretensión, caducidad y competencia26.

2. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 25 de octubre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda, en
virtud de lo establecido en los artículos 5027 de la Ley 472 de 1998 y, 15028 y

22 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
23 Artículo 68. Aspectos no regulados. “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente

título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
24 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el

ejercicio de acciones populares y de grupo, y se dictan otras disposiciones.
25 Fl. 42 a 49, 59, 74 y 93 a 98, C.1.
26 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

Providencias del 10 de febrero de 2016, Exp. 2015-00934, del 31 de enero de 2013, Exp. 2012-
00034, del 18 de mayo de 2017, Exp. 2016-00131, del 18 de julio de 2017, Exp. 2013-00583, del 2
de julio de 2021, Exp. 2018-00153 y del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211.
27 “Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los

procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de los demás procesos que se susciten con
ocasión del ejercicio de las acciones de grupo”.
28 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de

radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”.

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152.1629 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, sin la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021.

Asimismo, el conocimiento del presente asunto corresponde a la Sección Tercera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.12.1230
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la
Corporación.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la parte actora se encuentra legitimada para
actuar en la causa por activa, al haber acreditado su vocación para integrar un grupo
que reúna condiciones uniformes respecto de la causa común que les generó
perjuicios individuales y, en consecuencia, si el medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo es procedente.

4. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 25 de octubre
de 2018 por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la
demanda, el extremo activo sostuvo que las pruebas aportadas al proceso
permitieron acreditar que los miembros del grupo accionante fueron damnificados
directos por la ola invernal en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el
10 de diciembre de 2011, por lo que eran beneficiarios del auxilio económico
dispuesto mediante la Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011. Además,
argumentó que la ayuda humanitaria también estaba dispuesta para quienes
hubieren sufrido afectaciones en sus cultivos.

Asimismo, señaló que el censo aportado con la demanda corresponde a los

29 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.
30 Acuerdo 080 de 2019, artículo 13, numeral 12: “Las acciones de grupo de competencia del Consejo

de Estado”.

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damnificados del mes de octubre de 2011, pues dicho documento fue remitido por
la administración municipal del Guamo a la apoderada de la parte actora, en
respuesta a una petición presentada por ella, sobre los damnificados por la ola
invernal entre septiembre y diciembre de 2011.

En esa línea, argumentó que las planillas aportadas con el libelo introductorio no
fueron tachadas de falsas. A ese respecto, en relación con la compulsa de copias,
indicó que “la parte demandante no propuso la tacha de falsedad, en segundo
momento encuentro que el juez de conocimiento no probó dentro del proceso que
los documentos aportados al proceso sean falsos” (sic). Finalmente, indicó que se
encontraba acreditado, a través de indicios, que en el municipio del Guamo se
registró un nivel de lluvias superior al límite normal durante el segundo semestre de
2011, de lo que se podría concluir que se presentaron inundaciones que afectaron
cultivos en dicho municipio.

En ese sentido, la Sala analizará si la parte actora se encuentra legitimada para
actuar en la causa por activa, al haber acreditado su vocación para integrar un grupo
que reúna condiciones uniformes respecto de la causa común que les generó
perjuicios individuales, pues de no haber sido así habrá lugar a declarar probada de
oficio dicha excepción y, por sustracción de materia, no podrán estudiarse los
demás presupuestos procesales ni el fondo del asunto.

4.1. Improcedencia del medio de control por ausencia de condiciones
uniformes del grupo respecto de la causa lesiva cuya reparación se pretende

Las acciones de grupo se encuentran consagradas en el inciso 2º del artículo 88 de
la Constitución Política, con la finalidad de que un número plural de personas
demanden la reparación de daños ocasionados por una misma acción u omisión por
parte del Estado. En desarrollo de dicha disposición constitucional, la Ley 472 de
1998 reguló dichas acciones y en el artículo 3º las definió como aquellas que son
"interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas".

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Demandante: Josias Molina Prada y otro

En consonancia con lo anterior, los artículos 331 y 4632 de la Ley 472 de 1998
establecen los requisitos de procedencia de las acciones de grupo. Para el efecto,
prescriben que éstas deberán ser presentadas por un número plural de personas
que no podrá ser inferior a 20, que reúnan condiciones uniformes respecto de una
causa común que generó los perjuicios individuales. Sin embargo, la jurisprudencia
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha admitido un número inferior
de demandantes, siempre que se señalen los criterios que permitan identificar la
vocación grupal de las pretensiones, es decir, que la causa del daño haya podido
perjudicar al menos a 20 personas. Sobre este punto, la Corte Constitucional señaló
en la sentencia C-116 de 200833:

“[…] Explicó la Corte en la Sentencia C-898 de 2005, acorde con la jurisprudencia del
Consejo de Estado, que la interpretación que debe darse al inciso tercero (3°) del
artículo 46 de la Ley 472 de 1998, es la de que, la exigencia de que el grupo debe
estar integrado al menos por veinte personas, no puede entenderse como un
obstáculo para la presentación de la demanda, en cuanto no se requiere la
concurrencia de todos ellos para tal acto, toda vez que, de conformidad con el
artículo 48 del mismo ordenamiento, en la acción de grupo el actor o quien actúa
como demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas por
los hechos lesivos. Por ello, lo que resulta exigible al actor al momento de presentar
la demanda, a la luz del numeral cuarto (4°) del artículo 52 del mismo ordenamiento,
es el deber de señalar en ella la identidad de por lo menos veinte de los miembros del
grupo afectado o, en todo caso, señalar los criterios que permitan su
identificación por parte del juez. Sobre este particular, la Corte sostuvo en el
referido fallo:

‘Así mismo que en relación con el número mínimo de 20 personas, el Consejo de
Estado, luego de dicha decisión de constitucionalidad ha precisado que el número
mínimo aludido no puede entenderse tampoco como una limitante para la
presentación de la demanda pues no es indispensable la concurrencia de todos ellos
al momento de dicha presentación, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto
por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, ‘[e]n la acción de grupo el actor
o quien actúe como demandante, representa a las demás personas que hayan sido
afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno
de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder’. El
Consejo de Estado ha advertido que si bien la acción puede ser interpuesta por
una persona esta debe actuar en relación con el daño causado a un grupo no

31 "Artículo 3. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un
conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó
perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
32 "Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones

interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
33 Corte Constitucional, Sentencia C-116 del 13 de febrero de 2008.

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Demandante: Josias Molina Prada y otro

inferior de 20 personas y que la demanda debe, en todo caso establecer los
criterios que permitan la identificación del grupo afectado.’

De esta manera, en la Sentencia C-898 de 2005, la Corte concretó el alcance de la
exigencia contenida en el inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, en
el sentido de precisar que no se requiere conformar un grupo para demandar
en acción de grupo, pues cualquier persona puede instaurarla en nombre y
representación del colectivo afectado con el mismo daño, debiendo sí
proporcionar en la demanda el nombre de por lo menos veinte de los
integrantes del mismo grupo, o en su defecto, señalar los criterios para
identificarlos y definirlos[…]”34. (Se resalta)

A su turno, el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, reguló el medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo, en los siguientes términos:

“[…] Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas
que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó
perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia (...)”

Sobre la exigencia referente al número de integrantes del grupo, la Corte
Constitucional35 sostuvo que ello no puede entenderse como un obstáculo para
presentar la demanda, toda vez que no se requiere que las 20 personas acudan
ante el juez, sino que quien actúa señale la identidad de los demás integrantes o, al
menos, indique los criterios que permitan su identificación por parte del juez.

Ahora bien, en lo relativo a la exigencia de que existan condiciones uniformes
respecto de una causa común contenida en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de
1998 ya citados, la Corte Constitucional ha señalado que dicho requisito exige al
juez analizar la causa común desde una perspectiva jurídica más que fáctica y
verificar la existencia de una relación de identidad entre los diversos hechos lesivos
que pueden generar un daño común al interés del grupo36. Así, para el tribunal

34 Esta postura ha sido acogida por el Consejo de Estado, entre otras más, en las siguientes
providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del
10 de febrero de 2005, Exp. 2001 – 00213 -01 y, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Subsección C, sentencias del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211
y del 23 de febrero de 2026, Rad. 69319.
35 Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2005.
36 Sentencia C-569 de 2004.

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Demandante: Josias Molina Prada y otro

constitucional, "[…] una exigencia de uniformidad estricta desde el punto de vista
fáctico, que confundiera la idea de causa jurídica común con la existencia de un solo
hecho que ocasiona el perjuicio, haría fracasar la protección del interés de grupo
por la vía del resarcimiento de los perjuicios individuales sufridos por sus miembros,
pues una tal uniformidad es excepcional, desde una perspectiva puramente fáctica".

En este orden de ideas, la Sección Tercera de la Corporación sostuvo que para que
el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo –antes acción
de grupo- sea procedente, debe verificarse la posibilidad de que la misma admita
una decisión unitaria de la controversia, lo que exige la existencia de aspectos de
hecho o de derecho que sean comunes entre los miembros del grupo 37. Ello no
significa que las situaciones particulares de los integrantes del grupo sean idénticas,
sino que exista un común denominador que se extienda a todos ellos y que se derive
del hecho lesivo del demandado.

Con todo, en reciente jurisprudencia de la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación se concluyó que el grupo está debidamente constituido "si el
conjunto de personas que hacen parte del mismo tienen condiciones uniformes
respecto del hecho generador del daño y no de los demás elementos que conforman
la responsabilidad; por ende, si bien la causa generadora debe ser la misma para
todos los integrantes del grupo, el daño causado y las reparaciones concretas a
favor de cada uno de ellos pueden ser disímiles."38. De esta manera, le
corresponderá al juez en cada caso valorar la existencia de una causa común que
al ser compartida por todos los miembros del grupo, permita su resolución en una
misma providencia39.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2007, radicado: 25000-23-25-

000-2002-00025-02.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 12 de julio de 2019, radicación:

66001-23-31-000-2017-00654-01(AG).
39 Sobre este punto, es pertinente señalar que la ley colombiana carece de cualquier dispositivo que

incorpore argumentos pragmáticos o casuísticos, como los que caracterizan las denominadas class
actions en el derecho norteamericano, reguladas por la Regla No. 23 - Rule 23 – de las Federal
Rules of Civil Procedure. A diferencia de ese sistema, en Colombia no existe referencia alguna a lo
que un sector de la doctrina ha denominado el litisconsorcio pragmático, criterio que en el modelo
estadounidense permite al juez evaluar con amplitud la procedencia de la acción grupal. Por el
contrario, la norma colombiana – Ley 472 de 1998 – define el contenido de la acción a partir de su
pretensión, que requiere una naturaleza indemnizatoria y, condiciona su procedencia a la existencia

15

Radicado: 73001233300020170062901 (62958)
Demandante: Josias Molina Prada y otro

Asimismo, en relación con la legitimación en la causa por activa en aquellos asuntos
tramitados bajo el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo
–antes acción de grupo-, es pertinente señalar que la Sección Tercera de esta
Corporación ha señalado que “la concepción de la legitimación en la causa en el
marco de la acción constitucional de grupo, se centró en la interpretación del
contenido normativo de los artículos 46 y 47 de la Ley 472 de 1998 y al respecto
concluyó que este presupuesto se conecta con la exigencia de que existan
condiciones uniformes respecto de la causa que generó el daño […]”40.

Pues bien, en el caso en concreto, se plantea como causa común generadora del
daño, la omisión del municipio del Guamo en remitir a la UNGRD el listado de
damnificados por la ola invernal en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre
y el 10 de diciembre de 2011, hecho que –se alega– ocasionó que los miembros del
grupo accionante no pudieran acceder al auxilio económico dispuesto por el
Gobierno Nacional mediante Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011.

Así las cosas, para acreditar el requisito de existencia de condiciones uniformes
frente a la causa común del daño, se allegaron oportuna y válidamente al proceso
los siguientes medios probatorios:

• Copia de la Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011, expedida por
la UNGRD, “por la cual se destinan recursos para atender a las familias
damnificadas directas por la segunda temporada de lluvias en el periodo
comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011” 41, de cuya
parte resolutiva se destaca:

“Artículo primero: Ordénese el pago hasta la suma de un millón quinientos mil

de un daño sufrido por un grupo determinado de personas. No existe, pues, un catálogo fáctico –
casuístico en Colombia que permita al juez aplicar criterios amplios de calificación o certificación de
la acción. Guayacán Ortíz, Juan Carlos. Las acciones populares y de grupo frente a las acciones
colectivas. Elementos para la integración del derecho latinoamericano. Universidad Externado de
Colombia 2015.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 2 de

febrero de 2001, Rad. AG 071 y del 31 de julio de 2020, Exp. 2013 – 00488. Esta posición fue
recientemente acogida por la Subsección C de la Sección, en la sentencia del 16 de febrero de 2026,
Rad. 69982.
41 Fl. 13 a 16, C.1.

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Demandante: Josias Molina Prada y otro

pesos ($1.500.000.00) ML/CTE, como apoyo económico, para cada
damnificado directo por los eventos hidrometeorológicos de la segunda
temporada de lluvias en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el
10 de diciembre de 2011 en el territorio nacional, que se encuentre registrado
como tal en el registro emitido por los Comités Locales y Regionales de
Atención y Prevención de Desastres.

Parágrafo-: Entiéndase por concepto de damnificado directo para efectos de la
presente resolución lo siguiente: Familia residente en la unidad de vivienda
afectada al momento del evento que ha sufrido daño directo en el inmueble y
bienes muebles al interior del mismo, ocasionados por los eventos
hidrometeorológicos de la segunda temporada de lluvias en el periodo
comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en el
territorio nacional. […]

Artículo tercero: Para el cumplimiento de lo anterior en los municipios donde
ocurrieron las afectaciones, reportadas oportunamente por los CLOPAD a la
UNGRD; los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres, en
cabeza del Alcalde Municipal, deberán diligenciar la planilla de apoyo
económico de los damnificados directos, información que debe ser reportada a
la UNGRD en el periodo de tiempo del 01 de septiembre al 10 de diciembre de
2011, la cual deberá estar refrendada con las rubricas mínima del alcalde
municipal y el coordinador CLOPAD, junto con la respectiva Acta del CLOPAD,
de acuerdo con las directrices dadas por la UNGRD. […]

Artículo cuarto: El plazo máximo de entrega de información a la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres, será el 30 de diciembre 2011, la cual
deberá estar firmada por el alcalde municipal y el coordinador del CLOPAD y
avalada por el Coordinador del CREPAD, quien deberá realizar las acciones
necesarias correspondientes para que los diferentes municipios con
afectaciones, dentro de su departamento, entreguen la información en debida
forma, en el tiempo determinado, así como del seguimiento de la entrega y
aplicación de estos recursos. […]

Artículo quinto: Los Comités Locales para la Prevención y Atención de
Desastres - CLOPAD'S -, en cabeza del respectivo alcalde, son la única
instancia responsable para el diligenciamiento veraz de las planillas, inclusión
total de damnificados y entrega de éstas en los términos señalados, como del
acompañamiento en el proceso de paga a los beneficiarios.

Parágrafo: Los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres -
CLOPAD'S -, en cabeza del respectiva alcalde, son responsables en todo orden
de la veracidad, cumplimiento del suministro de la información en los términos
señalados en la presente Resolución, así mismo el seguimiento y
acompañamiento de la entrega del apoyo económico al beneficiario […]”.

• Copia de la Resolución No. 002 del 2 de enero de 201242, expedida por la
UNGRD, “por la cual se modifica la Resolución No. 074 del 15 de diciembre de
2011”, en el sentido de ampliar hasta el 30 de enero de 2012 el término para la

42 Fl. 17 y 18, C. 1.

17

Radicado: 73001233300020170062901 (62958)
Demandante: Josias Molina Prada y otro

entrega de la información sobre los damnificados de la ola invernal.

• Copia del Oficio No. SRR-O-411-2014 del 12 de marzo de 201443, mediante
el cual la UNGRD envió a Aura Raquel Moreno Cortés –apoderada judicial del
grupo demandante en el presente proceso– el listado de los municipios que
remitieron los censos de damnificados por la ola invernal en el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011, “que
cumplían con las condiciones mencionadas en la Resolución 074 de 2011 y que
fueron reportados en el tiempo que se estableció en la Resolución 002 de 2012”.
En dicho listado no se incluyó al municipio del Guamo, Tolima.

• Copia de la Resolución No. 840 del 8 de agosto de 201444, expedida por la
UNGRD, “por la cual se establece el procedimiento para dar cumplimiento a la
Sentencia T-648 de 2013”, de cuyo contenido se destaca:

“Artículo primero objeto: La presente Resolución tiene por objeto establecer el
procedimiento para rehacer el proceso administrativo establecido en la
Resolución 074 de 2011 y en la Circular del 16 de diciembre de 2011, únicamente
con aquellos municipios que no hayan enviado el reporte de las planillas a la
UNGRD o que las enviaron extemporáneamente, así como con aquellos que
enviaron las planillas a tiempo y que deben ser verificadas y avaladas por las
entidades territoriales, cuando las personas reportadas en las mismas se
encuentren en alguno de los siguientes supuestos descritos por la Corte
Constitucional:

1.⁠ ⁠Ser habitantes de un municipio afectado por la segunda ola invernal de 2011,
y encontrándose demostrada su condición de damnificado directo de acuerdo con
la definición de la Resolución 074 de 2011.
2.⁠ ⁠Estar registrado en un censo, que no fue enviado o llegó de manera
extemporánea a la UNGRD.
3. Encontrarse registrado en planillas enviadas en tiempo, pero que no se haya
realizado el pago a los damnificados.
4.⁠ ⁠Personas que hayan interpuesto acción de tutela por estos mismos hechos o
similares antes del 1° de julio de 2014, fecha en la cual la Honorable Corte
Constitucional notificó a esta Entidad la Sentencia T-648 de 2013, cuyo fallo haya
sido favorable y el mismo se encuentre en firme. […]

Artículo segundo. Municipios que no reportaron damnificados directos de la
segunda temporada invernal de 2011 a la UNGRD: Los municipios que no
enviaron el reporte de las planillas de damnificados directos a la UNGRD y que
se encuentren dentro de alguno de los supuestos descritos en el artículo primero

43 Fl. 20 a 24, C. 1.
44 Fl. 25 a 33, C.1.

18

Radicado: 73001233300020170062901 (62958)
Demandante: Josias Molina Prada y otro

de la presente resolución, deberán rehacer la actuación administrativa
establecida en la Resolución 074 de 2011, en los términos y condiciones
establecidos en el Capítulo II del presente acto administrativo. En todo caso las
planillas que se elaboren deberán estar suscritas por el alcalde municipal, el
coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres -
CMGRD, el personero municipal y el aval del Coordinador Departamental de
Gestión del Riesgo de Desastres.- CDGRD.

Artículo quinto. Procedimiento para rehacer la actuación administrativa: Los
municipios a que se refiere la presente resolución, deberán realizar el
levantamiento de la información correspondiente a la ocurrencia de la afectación,
así como de los damnificados directos por el fenómeno hidrometeorológico y
deberán allegar los listados de damnificados a la UNGRD, dentro de los términos
que señala el Capítulo III de la presente Resolución.

Las planillas deberán ir acompañadas de oficio remisorio dirigido a la UNGRD
por el alcalde, identificando en cuál o cuáles de los supuestos enumerados en el
artículo primero de esta resolución se encuentran los ciudadanos de cada
municipio. […]

Artículo décimo. Términos para la entrega de la información por parte de los
municipios a la UNGRD. El plazo máximo y único de validación, verificación y
entrega de información, por parte de los municipios a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, en cualquiera de los casos antes relacionados
en este acto administrativo, será de 2 meses contados a partir de la publicación
de la presente resolución en el Diario Oficial, y los listados que se alleguen
deberán estar suscritos por el alcalde municipal, el coordinador del Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, el Personero Municipal y el
Coordinador del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres,
quien deberá realizar las acciones necesarias correspondientes para que los
diferentes municipios con afectaciones dentro de su departamento, entreguen la
información en debida forma, en el tiempo determinado, así como del seguimiento
de la entrega y aplicación de estos recursos. […]

Artículo décimo sexto. Responsabilidad en el diligenciamiento de la información:
Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD, en
cabeza del respectivo alcalde, son la única instancia responsable del
diligenciamiento veraz de las planillas, inclusión total de damnificados y entrega
de la información antes dispuesta en los términos señalados en esta resolución,
así como del acompañamiento en el proceso de pago a los beneficiarios.

En caso de encontrar falsedad en la información allegada, se adelantarán las
acciones penales, fiscales y disciplinarias a que haya lugar, en contra de las
autoridades que faltaron a la verdad en la información allegada a la UNGRD […]”.

• Copia de la Resolución No. 1513 del 11 de diciembre de 201445, expedida
por la UNGRD, “por la cual se modifica y adiciona la Resolución No. 840 del 8 de
agosto de 2014”, de cuyo contenido se destaca:

45 “Resolución No. 1513 del 11 de diciembre de 2014 (2)”, CD. 1, Fl. 53, C.1.

19

Radicado: 73001233300020170062901 (62958)
Demandante: Josias Molina Prada y otro

“Artículo primero. Modificar el inciso 1 del artículo undécimo de la Resolución No.
840 del 08 de agosto de 2014, el cual quedará así:
‘En caso de que la documentación llegue incompleta o se identifique de alguna
manera que la misma presenta inconsistencias en cuanto a la información
contenida, la UNGRD requerirá al municipio dentro de los 10 días siguientes a la
radicación de los mismos, para que complete la información o aclare la misma, a
más tardar el 31 de diciembre de 2014’.

Artículo segundo. Adicionar al artículo undécimo de la Resolución No. 840 del 08
de agosto de 2014, el parágrafo único el cual quedará así:

"Parágrafo. Los municipios cuyo vencimiento del término de un (1) mes otorgado
inicialmente, sea posterior al 31 de diciembre de 2014 en atención a la fecha de
recibo del requerimiento de información adicional, deberán remitir la misma en
este plazo, sin que exista lugar a prórroga alguna teniendo en cuenta que estos
municipios fueron requeridos previamente vía correo electrónico y en atención al
cumplimiento del término de seis (6) meses para culminar la actuación
administrativa, conforme a la Sentencia T-648 de 2013’. […]”.

• Copia del Oficio No. SMD-0156-2015 del “03 de febrero de 2014”46, mediante
el cual la UNGRD remitió a Lady Carolina Ortiz Quintero la relación de los 42
municipios que rehicieron la actuación administrativa sobre el reporte de los
damnificados por la ola invernal, de conformidad con la Resolución No. 840 del 8
de agosto de 2014. En dicho listado no se incluyó al municipio del Guamo, Tolima.

• Copia de la petición presentada en fecha indeterminada, dirigida a la “Oficina
de Planeación” de la Alcaldía del Guamo, mediante la cual Aura Raquel Moreno
Cortés –apoderada judicial del grupo demandante en el presente proceso–
solicitó que le remitieran la siguiente información:

“1- Si existió ola invernal dentro de su municipio, en la zona rural y urbana entre
septiembre 1 y diciembre 10 del 2011 y si la población fue damnificada en su
totalidad. Todas las veredas y toda la zona urbana.

2- Si dentro de la administración municipal se levantaron los censos de las
personas damnificadas que sufrieron la ola invernal de septiembre 1 a diciembre
10 del 2011 y si fueron todas la mayoría de las personas registradas en cuadros
e informes enviados a distintas entidades(fenómeno de la niña)

3- A que entidades del orden nacional se enviaron los informes.

4- Si durante esas fechas existió perdidas de bienes, de animales, de sementeras
casas destruidas o semi-destruidas.

46 Fl. 34 a 36, C. 1.

20

Radicado: 73001233300020170062901 (62958)
Demandante: Josias Molina Prada y otro

5- Si hubo angustia, dolor, zozobra, tristeza entre las personas niños, niñas,
ancianos, adultos mayores, madres cabeza de familia y jefes de hogar por las
pérdidas y por su no recuperación.

6- Si hubo damnificados que perdiendo muchos de sus bienes tuvieron que
dormir a la intemperie y si la administración les brindó albergues.

7- Hacia que entidades del orden nacional envió ud (sic) la lista de damnificados
de esa ola invernal de septiembre 1 a diciembre 10 del año 2011.

8- Si la población damnificada recibió ayudas, de que entidades.

9- Favor enviarme la totalidad del censo donde se encuentren todas las personas
que fueron damnificadas por la ola invernal de septiembre 1 a diciembre 10 -
2011. (Fenómeno de la niña).

10- favor enviarme actas donde se hay plasmado la situación, las ayudas a las
familias damnificadas por la ola invernal. Las decisiones que se tomaron, los
beneficios que se recibieron todo con ocasión de la ola invernal de septiembre 1
a diciembre 10 2011 (sic). (Fenómeno de la niña)

11- Favor enviarme fotografías 1, 2, 3, o 4 donde se muestre los estragos de la
ola invernal de septiembre 1 a diciembre 10 (pocas fotos pero dicientes favor
escogerlas. Me refiero a material que haya plasmado la situación vivida de los
damnificados)”.

• Copia del Oficio No. 376 del 24 de febrero de 201547, mediante el cual el
Alcalde y el Coordinador de Gestión del Riesgo del municipio del Guamo
remitieron a Aura Raquel Moreno Cortés el listado de los damnificados por la ola
invernal en dicho municipio durante los años 2010 y 2011, de cuyo contenido se
destaca lo siguiente:

“A lo solicitado por usted nos permitimos contestarle de la siguiente manera:
1.⁠ ⁠En archivo digital se creó una carpeta con su nombre y una subcarpeta
denominada Censos Ola Invernal 2011 con 10 archivos en Excel con los listados
y/o censos de damnificados de la ola Invernal del 2010 - 2011. Dicha información
será enviada al correo electrónico, tal cual como usted lo ha solicitado.

2.⁠ ⁠Copia de los respectivos censos fueron enviados en el debido momento al
Comité Regional - para la Prevención y Atención de Desastres del Tolima -
CREPAD Tolima como se denominaba antes, hoy Secretaria del Ambiente y
Gestión del Riesgo, y por competencia este a su vez a la Dirección Nacional de
Desastres de la presidencia de la República, hoy Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo UNGRD”.

• Copia del correo electrónico enviado el 2 de marzo de 2015 por el

47 Fl. 4, C. 1.

21

Radicado: 73001233300020170062901 (62958)
Demandante: Josias Molina Prada y otro

Coordinador de Gestión del Riesgo del municipio del Guamo a Aura Raquel
Moreno Cortés en donde se remiten “10 archivos en Excel con los listados y/o
censos de damnificados de la ola invernal 2010-2011”48.

• Oficio suscrito el 23 de marzo de 2018 por el Coordinador para la Gestión del
Riesgo de Desastres del municipio del Guamo49, mediante el cual certifica que
“revisados los archivos de la vigencia 2011, no existen registros de emergencias
derivadas de la ola invernal, como tampoco censos de damnificados en el periodo
comprendido de septiembre 01 a diciembre 10 de 2011, en razón a que no se
presentaron emergencias invernales en el citado periodo en el municipio del
Guamo Tolima”.

• Copia del oficio suscrito el 23 de marzo de 2018 por el Coordinador para la
Gestión del Riesgo de Desastres del municipio del Guamo50, mediante el cual
certifica que “revisados los archivos de la vigencia 2011, no existen registros de
emergencias derivadas de la ola invernal, como tampoco censos de damnificados
en el periodo comprendido de septiembre 01 a diciembre 10 de 2011, en razón a
que no se presentaron emergencias invernales en el citado periodo en el
municipio del Guamo Tolima”.

• Archivos denominados “Grupo 1 listado de cultivos afectados por la ola
invernal Guamo Tolima del 10 de octubre de 2011”51, en los cuales se enlistan
87 y 117 personas, respectivamente, residentes de distintas veredas del
municipio del Guamo, que sufrieron afectaciones a cultivos de plátano, cacao,
maíz, limón, guayaba, entre otros.

• Documento denominado “Grupo 1 listado de cultivos afectados por la ola
invernal Guamo Tolima del 13 de abril de 2011”52, en el cual se enlistan 117
personas, residentes de las veredas Rincon Santo, Guamal, Chorro y Chipuelo

48 Fl. 5, C. 1.
49 Fl. 208, C. 1.
50 Fl. 208, C. 1.
51 Fl. 6 a 12, C. 1.
52 Fl. 232 y 233, C. 1. “X -LISTADO DE DAGNIFICADOS (sic) OLA INVERNAL AGRICOLA RIOS

SALDA„A (sic) Y MAGDALENA GUAMO ABRIL 13 2011”, CD. 8, Fl. 318, C.1.

22

Radicado: 73001233300020170062901 (62958)
Demandante: Josias Molina Prada y otro

Oriente del municipio del Guamo, que sufrieron afectaciones a cultivos de
plátano, cacao, maíz, limón, guayaba, papaya, entre otros.

• Censo denominado “Grupo 1 listado de cultivos afectados por la ola invernal
Guamo Tolima del 20 de abril de 2011”53, en el cual se enlistan 87 personas,
residentes de las veredas “Loma de Luisa”, “Pringamozal Guacamaya”,
“Pringamozal El Tuno”, “El Badeo”, “Cañada Union”, “Cañada Alta” y “Chipuelo
Oriente” del municipio del Guamo, que sufrieron afectaciones a cultivos de
plátano, cachaco, maíz, limón, guayaba, papaya, entre otros.

• Censos de hogares afectados por situaciones de desastre, calamidad o
emergencias, relacionados con la afectación a viviendas urbanas y rurales en el
municipio del Guamo, por la inundación del 15 de mayo de 2008, el vendaval del
25 de marzo de 2011, la inundación del 17 de abril de 2011 y la ola invernal del
25 de abril de 2011 y 22 de abril de 201254.

Bajo el anterior contexto, y una vez valorados los documentos allegados al proceso,
la Sala advierte que ninguna de las pruebas permite establecer las condiciones
uniformes respecto de la causa común generadora del daño por parte de los
miembros del grupo accionante, en tanto no reposa elemento probatorio alguno que
acredite su calidad de damnificados directos por la ola invernal en el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011. En
consecuencia, tampoco se demostró que fueran beneficiarios del auxilio económico
ordenado en la Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011, tal como se
explicará a continuación.

En primer lugar, cabe resaltar que, de acuerdo con la Resolución No. 074 del 15 de
diciembre de 2011, los beneficiarios del auxilio económico eran las familias

53 Fl. 231, C.1. “X -LISTADO DE DAGNIFICADOS OLA INVERNAL -AGRICOLA- RIO LUISA
GUAMO ABRIL 20 2011”, CD. 8, Fl. 318, C.1.
54 Fl. 215 a 230, C. 1. “COPIA DE CENSOS 17 DE 04 2011 LISTADO ANEXO”, “COPIA DE

FORMATO VIVIENDA1 GUAMO BANCO AGRARIO”, “FORMATO DAMNIFICADOS CULTIVOS
OLA INVERNAL 22 ABRIL 2012”, “FORMATO DAMNIFICADOS VIVIENDA URBANO Y RURAL 22
ABRIL 2012”, “LISTADO AFECTADOS VIVIENDA URB Y RUR POR OLA INVERNAL 23 ABRIL
2011GUAMO- JAVIER” Y “X -LISTADO DE AFECTADOS VIVIENDA URB Y RUR 17 DE ABRIL DE
2011 FINALIZADO”, CD. 8, Fl. 318, C.1.

23

Radicado: 73001233300020170062901 (62958)
Demandante: Josias Molina Prada y otro

residentes “en la unidad de vivienda afectada al momento del evento que ha sufrido
daño directo en el inmueble y bienes muebles al interior del mismo, ocasionados
por los eventos hidrometeorológicos de la segunda temporada de lluvias en el
periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en el
territorio nacional”.

Igualmente, se tiene que el CLOPAD55, en cabeza del alcalde del respectivo
municipio, era el encargado de diligenciar las planillas con la información de los
damnificados y de remitir dicho listado a la UNGRD. De esta forma, el auxilio
económico era reconocido solamente a las personas debidamente registradas en
los censos efectuados por los Comités Locales y Regionales de Atención y
Prevención de Desastres.

Ahora bien, para acreditar su calidad de damnificados directos de la ola invernal en
el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 y, en
consecuencia, de beneficiarios del auxilio económico previsto mediante la
Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011, la parte actora allegó con la
demanda unos documentos denominados “Grupo 1 listado de cultivos afectados por
la ola invernal Guamo Tolima del 10 de octubre de 2011”56. Allí, se enlistan 87 y
117 personas, respectivamente, residentes de distintas veredas del municipio del
Guamo, que sufrieron afectaciones a distintos cultivos de su propiedad.

Por su parte, la UNGRD y el municipio del Guamo manifestaron en la contestación
de la demanda que en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de
diciembre de 2011 no se presentaron afectaciones por la ola invernal en el citado
municipio. Asimismo, la mencionada entidad territorial explicó que en los meses de
marzo y abril de 2011 sí se presentaron emergencias derivadas de la ola invernal
en el municipio del Guamo, de forma que el listado de damnificados aportados por
la parte actora correspondía a los afectados en dicho periodo y no al de octubre de
2011.

55 Comité Local de Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD).
56 Fl. 6 a 12, C. 1.

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Radicado: 73001233300020170062901 (62958)
Demandante: Josias Molina Prada y otro

Así, en la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima
advirtió que el censo aportado por el grupo accionante, donde supuestamente se
relacionan las personas afectadas por la ola invernal en el mes de octubre de 2011,
verdaderamente corresponde al listado de damnificados del mes de abril de esa
misma anualidad. En consecuencia, el a quo concluyó que la parte actora no probó
la condición de damnificados directos por la ola invernal en el periodo de septiembre
a diciembre de 2011, de forma que no acreditaron ser beneficiarios del auxilio
económico ordenado en la Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011.

No obstante, en el recurso de apelación, la parte actora reiteró que el listado de
damnificados aportado con el libelo introductorio sí corresponde al mes de octubre
de 2011, pues dicho censo fue remitido por el municipio del Guamo a la apoderada
del grupo demandante, en respuesta a una petición presentada por ella respecto de
los damnificados por la ola invernal entre septiembre y diciembre de 2011.
Asimismo, argumentó que el documento aportado no fue tachado de falso.
Finalmente, señaló que se encontraba acreditado, a través de pruebas indiciarias,
que en el citado municipio se registró un nivel de lluvias superior al límite normal
durante el segundo semestre del 2011, de forma que se podía concluir que se
presentaron inundaciones que afectaron cultivos en dicha región.

Pues bien, se advierte que el documento denominado “Grupo 1 listado de cultivos
afectados por la ola invernal Guamo Tolima del 10 de octubre de 2011” 57, aportado
con la demanda, en el cual se enlistan 87 personas que sufrieron afectaciones a
distintos cultivos, contiene la misma información que el censo denominado “Grupo
1 listado de cultivos afectados por la ola invernal Guamo Tolima del 20 de abril de
2011” 58, aportado por el municipio del Guamo.

De igual manera, se evidencia que el contenido del archivo denominado “Grupo 1
listado de cultivos afectados por la ola invernal Guamo Tolima del 10 de octubre
de 2011” 59, aportado por la parte actora, en donde se enlistan 117 damnificados,

57 Fl. 6 a 12, C. 1.
58 Fl. 231, C.1. “X -LISTADO DE DAGNIFICADOS OLA INVERNAL -AGRICOLA- RIO LUISA
GUAMO ABRIL 20 2011”, CD. 8, Fl. 318, C.1.
59 Fl. 6 a 12, C. 1.

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Radicado: 73001233300020170062901 (62958)
Demandante: Josias Molina Prada y otro

es exactamente igual al documento denominado “Grupo 1 listado de cultivos
afectados por la ola invernal Guamo Tolima del 13 de abril de 2011” 60, el cual fue
aportado por el citado ente territorial.

De esta forma, se observa que los censos aportados por la parte demandante y por
el municipio del Guamo contienen la misma relación de damnificados, con igual
número de identificación, vereda de residencia, y extensión y tipo de cultivos
afectados. No obstante, se reitera que los documentos presentan discrepancias
sobre la fecha en que se ocasionaron las afectaciones por la ola invernal, pues
mientras que en el archivo aportado por la parte actora se señala que aquellas
ocurrieron en octubre de 2011, el listado allegado por el municipio del Guamo indica
que estas tuvieron lugar en abril de esa misma anualidad.

Al advertir la anterior discrepancia, el Tribunal Administrativo del Tolima, en aras de
determinar la fecha exacta de los censos allegados al plenario, mediante auto del
20 de septiembre de 201861 requirió al municipio del Guamo para que allegara “la
carpeta con los 10 archivos de Excel que contiene los listados y/o censos de
damnificados de la ola invernal 2010-2011, los cuales fueron adjuntados al correo
electrónico que daba respuesta al derecho de petición presentado por la doctora
Aura Raquel Moreno Cortés, correo electrónico que fue enviado el lunes 02 de
marzo de 2015 a las 10:34 a.m.”.

En consecuencia, mediante memorial radicado el 28 de septiembre de 201862, el
municipio del Guamo allegó los documentos requeridos, en los cuales se incluyen
los mencionados censos del 13 y 20 de abril de 2011, así como otros listados de
afectaciones a viviendas urbanas y rurales en el municipio del Guamo, por la
inundación del 15 de mayo de 2008, el vendaval del 25 de marzo de 2011, la
inundación del 17 de abril de 2011 y la ola invernal del 25 de abril de 2011 y 22 de
abril de 2012.

60 Fl. 232 y 233, C. 1. “X -LISTADO DE DAGNIFICADOS OLA INVERNAL AGRICOLA RIOS
SALDA„A Y MAGDALENA GUAMO ABRIL 13 2011”, CD. 8, Fl. 318, C.1.
61 Fl. 309, C. 1.
62 Fl. 310 a 318, C. 1.

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Demandante: Josias Molina Prada y otro

Ahora bien, para la Sala no son de recibo los argumentos esbozados por el grupo
demandante en el recurso de apelación, cuando adujó que el censo aportado con
la demanda corresponde al mes de octubre de 2011, toda vez que aquel fue remitido
por el municipio del Guamo a la apoderada del grupo demandante, en respuesta a
una petición presentada por ella sobre los damnificados por la ola invernal entre
septiembre y diciembre de 2011, donde, además, la entidad territorial “contestó con
expresiones como censo del 2011.8 (sic) sin agregarle meses de marzo y de abril”.

En efecto, se advierte que los censos aportados por el municipio del Guamo, los
cuales en su momento fueron enviados a Aura Raquel Moreno Cortés en respuesta
a una petición presentada por ella, establecen clara e inequívocamente que
corresponden al listado de personas que sufrieron afectaciones en sus cultivos los
días 13 y 20 de abril de 2011. Así, incluso si dichos documentos hubieran sido
denominados genéricamente como censos del 2011, aquello no implica que las
afectaciones por la ola invernal hubieran ocurrido en el periodo comprendido entre
septiembre y diciembre de esa anualidad. Más aún, tal circunstancia tampoco
conlleva o explica por qué el censo aportado con la demanda refiere que las
afectaciones por la ola invernal ocurrieron en el mes de octubre de 2011.

Asimismo, respecto al argumento expuesto en el recurso de alzada frente a que los
censos aportados con el libelo introductorio no fueron tachados de falsos, se
advierte que en la contestación de la demanda, las entidades accionadas
manifestaron que en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de
diciembre de 2011 no ocurrieron afectaciones por la ola invernal en el municipio del
Guamo. Además, la UNGRD indicó que la planilla de damnificados del mes de
octubre de 2011 aportada con la demanda “no está suscrita por ninguna de las
entidades legal y administrativamente facultadas para ello”. Por su parte, el
municipio del Guamo aclaró que las afectaciones por la ola invernal ocurrieron en
los meses de marzo y abril de 2011, por lo que los censos remitidos a Aura Raquel
Moreno Cortés -apoderada judicial del grupo accionante- enlistaban los
damnificados registrados en dicho periodo.

De esta forma, la Sala advierte que los documentos denominados “Grupo 1 listado

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Demandante: Josias Molina Prada y otro

de cultivos afectados por la ola invernal Guamo Tolima del 10 de octubre de
2011”63, aportados por la parte actora, presentan distintas inconsistencias que les
restan valor probatorio para acreditar con certeza que los miembros del grupo
demandante hubieran sufrido afectaciones por la ola invernal en el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011. En efecto, se
observa que las mismas no ofrecen certeza de la persona que las realizó ni la fecha
cierta en que se produjeron. Además, tampoco se respalda su contenido en otro
medio probatorio.

De este modo, se evidencia que en el caso de autos no existe ningún elemento de
convicción que acredite que la parte actora hubiera sufrido afectaciones por la ola
invernal en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de
2011. En consecuencia, tampoco se demostró que fueran beneficiarios del auxilio
económico dispuesto en la resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011. En
efecto, las pruebas allegadas al proceso permiten establecer que las afectaciones
por la ola invernal en el municipio del Guamo tuvieron lugar en los meses de marzo
y abril de 2011, y no entre septiembre y diciembre de esa anualidad, tal como se
desprende en los censos aportados por la entidad territorial64 y de la certificación
emitida por el Coordinador para la Gestión del Riesgo de Desastres del citado ente
territorial65. Lo anterior resulta indicativo de que los demandantes no se encontraban
dentro de los supuestos que establecía la Resolución No. 074 del 15 de diciembre
de 2011, la cual dispuso que el subsidio aludido se otorgaría expresa y
exclusivamente a quienes resultaron gravemente afectados por los eventos
meteorológicos ocurridos entre los meses de septiembre y diciembre del año 2011.

Por otro lado, se observa que en el recurso de apelación la parte actora argumentó

63 Fl. 6 a 12, C. 1.
64 Fl. 232 y 233, C. 1. “X -LISTADO DE DAGNIFICADOS OLA INVERNAL AGRICOLA RIOS
SALDA„A Y MAGDALENA GUAMO ABRIL 13 2011”, CD. 8, Fl. 318, C.1. Fl. 231, C.1. “X -LISTADO
DE DAGNIFICADOS OLA INVERNAL -AGRICOLA- RIO LUISA GUAMO ABRIL 20 2011”, CD. 8, Fl.
318, C.1. Fl. 215 a 230, C. 1. “COPIA DE CENSOS 17 DE 04 2011 LISTADO ANEXO”, “COPIA DE
FORMATO VIVIENDA1 GUAMO BANCO AGRARIO”, “FORMATO DAMNIFICADOS CULTIVOS
OLA INVERNAL 22 ABRIL 2012”, “FORMATO DAMNIFICADOS VIVIENDA URBANO Y RURAL 22
ABRIL 2012”, “LISTADO AFECTADOS VIVIENDA URB Y RUR POR OLA INVERNAL 23 ABRIL
2011GUAMO- JAVIER” Y “X -LISTADO DE AFECTADOS VIVIENDA URB Y RUR 17 DE ABRIL DE
2011 FINALIZADO”, CD. 8, Fl. 318, C.1.
65 Fl. 208, C. 1.

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que se encontraba acreditado, a través de indicios, que en el municipio del Guamo
se registró un nivel de lluvias superior al límite normal durante el segundo semestre
del 2011, de forma que se podía concluir que se presentaron inundaciones que
afectaron los cultivos en dicho municipio. Por ello, el grupo accionante aportó y
solicitó valorar como indicios “un documento del medio ambiente donde se
demuestra que después de < 170 m.m. de lluvia sobre cualquier región se causa
daños” y “los cuadros aportados por el IDEAM Bogotá dio un total de 369 mm
(milímetros de lluvia sobre los suelos del Guamo) esto significa que según el indicio,
sobrepasó 170 m.m. y en esta situación se causa daño sobre cualquier región del
país”. Al respecto, se advierte que, mediante auto del 4 de mayo de 202666, el
Despacho negó la referida solicitud probatoria, toda vez que el extremo activo no
precisó cuál es la causal en la que fundamenta la posible incorporación de la prueba
documental aportada en segunda instancia.

Por demás, se advierte que, aun si se admitiera que en el municipio del Guamo se
presentó una fuerte ola invernal en el mes de octubre de 2011, que generó
afectaciones a los cultivos de propiedad de los miembros del grupo demandante, tal
situación no permite acreditar que ellos hubieran cumplido con los requisitos para
ser beneficiarios del auxilio económico previsto por la UNGRD mediante la
Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011. En efecto, contrario a lo
argumentado en el recurso de apelación, la ayuda humanitaria estaba destinada
para personas que hubieran sufrido afectaciones a viviendas y no a cultivos67.

Según lo expuesto, se concluye que ninguna de las pruebas obrantes en el plenario
permitió acreditar que los miembros del grupo accionante tuvieran la condición de

66 Índice 52, Samai.
67 Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011, expedida por la UNGRD, “por la cual se destinan

recursos para atender a las familias damnificadas directas por la segunda temporada de lluvias en
el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011”. “Artículo primero.
Ordénese el pago hasta la suma de un millón quinientos mil pesos […] como apoyo económico, para
cada damnificado directo por los eventos hidrometeorológicos de la segunda temporada de lluvias
en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en el territorio
nacional […]. Parágrafo-: Entiéndase por concepto de damnificado directo para efectos de la
presente resolución lo siguiente: Familia residente en la unidad de vivienda afectada al momento
del evento que ha sufrido daño directo en el inmueble y bienes muebles al interior del mismo,
ocasionados por los eventos hidrometeorológicos de la segunda temporada de lluvias en el periodo
comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en el territorio nacional”. (se
resalta).

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Demandante: Josias Molina Prada y otro

damnificados directos por la ola invernal en el periodo comprendido entre el 1 de
septiembre y el 10 de diciembre de 2011 del grupo accionante. Más aún, ni siquiera
se probó que la existencia de damnificados por dicho fenómeno meteorológico en
el municipio del Guamo, durante el mencionado lapso.

Así las cosas, se advierte que en el sub examine no se probó la legitimación en la
causa por activa de los miembros del grupo demandante, toda vez que no
demostraron su condición de damnificados por la ola invernal en el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011, ni tampoco
acreditaron encontrarse bajo los supuestos de la Resolución No. 074 del 15 de
diciembre de 2011, expedida por la UNGRD, que los podía hacer beneficiarios del
subsidio por los eventos hidrometereológicos de carácter catastrófico ocurridos
entre los meses de septiembre y diciembre de 2011. En efecto, los listados para
adquirir la condición de afectados por la ola invernal no correspondían a los meses
aludidos, ni tampoco daban cuenta de la afectación de viviendas sino de cultivos, lo
cual no estaba incluido dentro de los eventos previstos por la tantas veces aludida
Resolución No. 074 de 2011.

De esta forma, en el caso concreto no es posible determinar la existencia de un
grupo que reúna condiciones uniformes respecto del hecho generador del daño. Así,
la indebida integración del grupo afectado conlleva a la improcedencia del medio de
control invocado por carecer del presupuesto procesal de falta de legitimación en la
causa por activa68.

En virtud de lo anterior, en la parte resolutiva de esta providencia se revocará la
sentencia del 25 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima que negó las pretensiones de la demanda, y, en su lugar, se declarará la
improcedencia del medio de control de reparación de perjuicios causados a un
grupo por la falta de legitimación en la causa por activa, derivada de la indebida
conformación del grupo, habida cuenta las consideraciones atrás expuestas.

68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23

de febrero de 2026, Rad. 67722.

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Demandante: Josias Molina Prada y otro

5. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte demandante, toda vez que el recurso de apelación
que interpuso no prosperó.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en derecho69 en segunda instancia, se entienden
causadas debido a la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación

69 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.

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Demandante: Josias Molina Prada y otro

desplegada por la parte vencedora70. A su turno, el Acuerdo 10554 de 201671
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determina
que, en los procesos declarativos en general en segunda instancia, podrán fijarse
entre 1 a 6 SMMLV 72.

En este sentido, comoquiera que la actuación del municipio del Guamo en segunda
instancia comprendió la presentación de alegatos de conclusión73, lo cual denota un
comportamiento activo en el trámite procesal, habrá lugar al pago de las agencias
en derecho a cargo del extremo activo y a favor de la demandada- municipio del
Guamo-, las cuales se fijan en la suma equivalente a 1 SMMLV.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de octubre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo por la falta de legitimación en la causa por activa,
derivada de la indebida integración del grupo, habida cuenta las razones expuestas
en la parte considerativa de este proveído.

70 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
71 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
72 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general. En

única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre
el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda
se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo
pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En
aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.
73 Fl. 642 a 652, C.4.

32

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Demandante: Josias Molina Prada y otro

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

CUARTO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la
segunda instancia, la suma equivalente a 1 SMMLV, a cargo de la parte
demandante y a favor del municipio del Guamo.

QUINTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto Aclaración de voto

VF

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