RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2018-00253-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2018-00253-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
24 de julio de 2018
Consejero ponente
Carmelo Darío Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2018-00253-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1.º Confírmase la sentencia de 15 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó el amparo deprecado por la señora Julia Viviana Molano Chavarría, conforme a lo indicado en la motivación. 2.º

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2018-00253-01

Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter

24 de julio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE – No se configura / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por la ocurrencia de un accidente de tránsito / INASISTENCIA A AUDIENCIA INICIAL - Multas / CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES - Capacidad procesal / RENUNCIA AL PODER DE ABOGADO - Solo la renuncia debidamente presentada y aceptada pone fin al mandato conferido

En ese orden de ideas, como la abogada [J.V.M.C.] fue reconocida como apoderada de las empresas Construirte SAS, Gaico Ingenieros Constructores SA, Túneles de Colombia SAS, Constructora Carlos Collins SA, H&H Arquitectura SA y Álvarez y Collins SA, debía comparecer a la audiencia inicial (…); no obstante, si tal como lo asegura en la solicitud de amparo para esa fecha ya había culminado su vínculo laboral con la empresa Túneles de Colombia SAS, bien pudo presentar renuncia de los poderes que le habían sido conferidos con la debida antelación y previo cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 76 del CGP, sustituirlos, o justificar su inasistencia dentro de los 3 días siguientes; empero, no lo hizo, y por el contrario fue el nuevo apoderado reconocido para actuar en nombre de la empresa H&H Arquitectura SA y la unión temporal Segundo Centenario quien presentó su renuncia de poder en un escrito donde justificaba su inasistencia e interpuso recurso de reposición contra el proveído de 26 de octubre de 2017 (por el que se le impuso la sanción a la tutelante), sin que ella ejerciera su derecho de defensa. Por último, resta agregar que el hecho de que la actora haya finalizado su vinculación laboral con una de las firmas integrantes de la unión temporal Segundo Centenario (Túneles de Colombia SAS) antes de la celebración de la audiencia de 7 de septiembre de 2017, no significa, tal como lo arguye, que haya «cesado su función como apoderada» , toda vez que solo la renuncia de poder debidamente presentada y aceptada pone fin al mandato conferido y en el entretanto debía continuar con la defensa encargada, tal como lo precisó la Corte Constitucional (…) Así las cosas, debido a que las conclusiones a las que arribó la autoridad accionada en el fallo objeto del amparo constitucional son razonables y atienden las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales, no se encuentra que el defecto formulado por la demandante se haya configurado, (…) la Sala confirmará la sentencia impugnada, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima negó el amparo deprecado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 80 DE 1993 / DECRETO 2591 DE 1991

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 73001-23-33-000-2018-00253-01(AC)

Actor: JULIA VIVIANA MOLANO CHAVARRÍA

Demandado: JUZGADO SEGUNDO (2) ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la actora contra la providencia de 15 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó el amparo deprecado.

ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo (ff. 51 a 56). La señora Julia Viviana Molano Chavarría presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho constitucional fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado a esta por el señor Juez Segundo Administrativo de Ibagué.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos «el auto de fecha 26 de octubre de 2017 por medio del cual se [le] impone una multa por valor de 2 SMLMV [salarios mínimos legales mensuales vigentes] por inasistencia a la audiencia inicial celebrada el 07 de septiembre de 2017».

1.2 Hechos. Relata la demandante que la señora Laura Patricia Bonilla Osorio y otros incoaron contra el Instituto Nacional de Vías (Invías) medio de control de reparación directa 73001-33-33-002-2014-00428-00, «por la ocurrencia de un accidente de tránsito en la vía Calarcá-Cajamarca», del cual asumió conocimiento el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué.

Que dentro del trámite procesal «[…] el Instituto Nacional de Vías llamó en garantía a la Unión Temporal Segundo Centenario, afirmando que al momento de la ocurrencia del accidente, esta se encontraba ejecutando el contrato de obra No. 3460 de 2008 suscrito para la construcción y operación del proyecto “Cruce de la Cordillera Central: Túneles del II Centenario - Túnel de la Línea y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ – CAJAMARCA”».

Agrega que «el Representante Legal de la UN[I]ÓN TEMPORAL SEGUNDO CENTENARIO otorgó poder a [Á]LVARO DIAZGRANADOS DE PABLO para ejercer su representación judicial en fecha 17 de julio de 2017», y ella «asumió la defensa para representar a las sociedades GAICO [INGENIEROS] CONSTRU[C]TORES y [Á]LVAREZ Y COLLINS S.A, integrantes de la Unión Temporal».

Que el 30 de julio de 2016 se desvinculó «formalmente del cargo de abogada en la empresa Túneles de Colombia S.A. Por tal razón, con anterioridad a la audiencia inicial llevada a cabo el día 07 de septiembre de 2017, present[ó] renuncia al poder otorgado, y en audiencia inicial a la cual no asist[ió] por haber cesado [su] función como apoderada, se presentó la sustitución de poder de las mencionadas sociedades».

Anota que con ocasión de «su inasistencia […] el H. Juez Segundo Administrativo […] de Ibagué […] [le] impuso una sanción disciplinaria argumentando que no existió una debida representación al no encontrarse presente […]. Sin tener en cuenta que para la fecha en que se llevó a cabo la Audiencia inicial ya se encontraba otra persona representando a dichas empresas» (Gaico Ingenieros Constructores SA y Álvarez Collins SA).

Que el «12 de septiembre de 2017, el apoderado de la UNIÓN TEMPORAL SEGUNDO CENTENARIO envió un escrito manifestando que le fue otorgado poder por el representante legal de la misma, de modo que todas las empresas [i]ntegrantes se encontraban debidamente representadas en la audiencia inicial», el cual fue desestimado por el juez accionado, en providencia de 26 de octubre del mismo año, en la que le impuso «multa de dos (2) SMLMV por la inasistencia […] a la Audiencia Inicial».

Dice que el 1.º de noviembre de 2017 interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, la cual fue confirmada el 13 de febrero de 2018.

1.3 Contestación de la acción. El señor Juez Segundo Administrativo de Ibagué (ff. 61 a 67) pide negar las pretensiones propuestas dentro de la acción de tutela del epígrafe, al considerar que «en ningún momento existió desconocimiento del precedente judicial, pues fue precisamente cimentado en la Jurisprudencia, que […] emitió la decisión que hoy es atacada por vía de tutela».

Sostiene que «no se incurrió en violación al debido proceso de la parte demandada y en este caso de la llamada en garantía, pues como se observa en el expediente obra notificación del escrito con el que se solicita su vinculación, de igual manera se le reconoció personería a la [tutelante] para que defendiera los intereses de sus mandantes, sin que la misma hubiese comparecido a la audiencia inicial que previamente había sido programada».

1.4 Providencia impugnada (ff. 73 a 78). Mediante sentencia de 15 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo del Tolima negó el amparo reclamado, al estimar que la multa impuesta a la actora resulta ajustada a derecho, por cuanto «no aparece la comunicación dirigida al fallador de instancia, por medio de la cual se ponía de presente la terminación del vínculo contractual con las empresas integrantes de la unión temporal llamada en garantía y, en consecuencia, la culminación del mandato judicial», en tanto que la profesional no justificó su inasistencia a la audiencia inicial, sino que fue un tercero «[…] el que, en nombre suyo, intentó obtener su exculpación y, además, formuló el aludido recurso de reposición, quedando de esta forma incólume la sanción que le fuera impuesta».

Agrega que «[…] la unión temporal de [la] que hacen parte las empresas poderdantes de la accionante, tenía capacidad procesal única y exclusivamente para comparecer en los asuntos judiciales derivados de la propuesta contractual o del negocio jurídico celebrado con el Estado, de manera que como el caso sometido a estudio se trataba de un asunto ajeno a esta órbita, la comparecencia de los integrantes de la agrupación empresarial debía hacerse a título personal y no […] en nombre de la aludida unión»; además «la decisión […] de no aceptar la sustitución que Yeny Roc[í]o González Medina le hiciera al abogado Álvaro Díaz-Granados [sic] de Pablos [sic], para que actuara en nombre de Túneles de Colombia S.A.S., Construirte S.A.S., Ingenieros Constructores Gaico S.A. y Álvarez y Collins S.A., resultó ajustada a derecho, en la medida en que la mencionada profesional del derecho no tenía facultades para ello, toda vez que solo tenía poder para representar a H&H Arquitectura Ltda., más no a las demás entidades, motivo por el que la actora continuaba con la representación judicial de las mismas».

1.5 La impugnación. Inconforme con la sentencia adoptada, la accionante la impugnó (ff. 82 a 84), bajo el entendido de que la multa que le fue impuesta no tiene justificación alguna «teniendo en cuenta que […] desde el mes de julio de 2016 ya no ejercía la representación de las empresas, [por lo que] no le fue posible interponer los recursos pertinentes, ni estar al tanto de la situación», y (ii) no tiene sustento normativo, ya que contraría lo establecido por el artículo 54 del Código General del Proceso (CGP), que consagra que cuando el demandado tenga varios apoderados «PODRÁ CITARSE A CUALQUIERA DE ELLOS».

Que la «[…] Unión Temporal Segundo Centenario cuenta con capacidad procesal, [dado que] la nominación de un nuevo apoderado por parte de los integrantes de la misma abarca a toda la agrupación empresarial. Por tanto [su] asistencia a la audiencia inicial no era obligatoria».

CONSIDERACIONES

2.1 Competencia. En virtud del artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, esta Colegiatura es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, el amparo inmediato de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar el auto de 26 de octubre de 2017, por medio del cual el Juez Segundo (2.º) Administrativo de Ibagué impuso a la tutelante multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes «por la inasistencia a la audiencia inicial celebrada el día 7 de septiembre de 2017», dentro del medio de control de reparación directa 73001-33-33-002-2014-00428-00; y en caso afirmativo, si se vulneró la garantía superior al debido proceso invocada en la solicitud de amparo.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento previsto.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:

[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].

Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con fin de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, con el fin de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos puesto que se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.

En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional aunque la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.

Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso- administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición, mediante sentencia de 31 de julio de 2012, y dispuso que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.
2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala evidencia que: (i) el asunto planteado es de relevancia constitucional, ya que se discute el supuesto desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso de la actora; (ii) contra la decisión judicial objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el presunto quebranto de la aludida garantía superior; (iv) la exigencia de inmediatez está satisfecha, porque el auto atacado quedó en firme el 19 de febrero de 2018 y la solicitud de amparo se instauró el 30 de abril siguiente (f. 1), es decir, dentro de un término prudencial; y (v) el proveído acusado no decidió una acción de tutela.

En razón a que se colman los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala analizará el fondo del asunto bajo la causal específica denominada desconocimiento del precedente, alegada por la accionante.

2.5.1 Hechos probados. El material probatorio traído al plenario, en lo pertinente, da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente acción de tutela, en tal virtud, se destaca lo siguiente:

a) La señora Patricia Bonilla Osorio y otros incoaron medio de control de reparación directa 73001-33-33-002-2014-00428-00 contra el Instituto Nacional de Vías (Invías), con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios que les fueron causados con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 17 de marzo de 2012, en la vía Calarcá-Cajamarca; trámite asignado por reparto al Juzgado Segundo (2.º) Administrativo de Ibagué.

b) Con escrito de 2 de junio de 2015, el Invías pidió llamar en garantía a la «UNI[Ó]N TEMPORAL SEGUNDO CENTENARIO […] (INTEGRADA POR EL SEÑOR MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE […] Y LAS EMPRESAS CONDUX S.A […] - CONSTRUCTORA HERRERA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA […] - [Á]LVAREZ Y COLLINS S.A […] - CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S.A […] - PROMOTORA MONTECARLO V[Í]AS S.A […] T[Ú]NELES DE COLOMBIA S.A […] CONSTRUIRTE LTDA […] - INGENIEROS CONSTRUCTORES GA[I]CO S.A, EN RESTRUCTURACIÓN […] T[É]CNICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A TECNICIVILES S.A [y] […] H&H ARQUITECTURA S.A […]», a lo cual accedió la autoridad accionada con proveído de 9 de octubre del mismo año (ff. 94 a 98).

c) El 15 de julio de 2016, la abogada Julia Viviana Molano Chavarría contestó el llamamiento en garantía en representación de las sociedades Construirte SAS, Gaico Ingenieros Constructores SA, Túneles de Colombia SAS, Constructora Carlos Collins SA, H&H Arquitectura SA y Álvarez y Collins SA, para lo cual allegó los respectivos poderes, y fue reconocida como apoderada de estas a través de auto de 11 de agosto de 2016 (f. 161).

d) El 7 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial (ff. 164 a 174) de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), a la cual no asistió la profesional citada en la letra anterior (ahora accionante), pero sí los apoderados de las empresas Constructora Carlos Collins SA y H&H Arquitectura SA y la unión temporal Segundo Centenario, a quienes se les reconoció personería dentro de la diligencia.

e) Que en la referida audiencia se aportó memorial contentivo de la renuncia de poder de la actora y sustituciones para representar a las firmas Túneles de Colombia SAS, Construirte SAS, Gaico Ingenieros Constructores SA y Álvarez y Collins SA, las cuales no fueron aceptadas por el despacho judicial en razón a que la otorgante (abogada Yenny Rocío González Medina) no estaba reconocida dentro del proceso como apoderada de estas.

f) Por lo anterior, habida cuenta de que la tutelante no compareció a la audiencia inicial en su condición de apoderada de las sociedades referidas en letra anterior, el despacho judicial le otorgó el término de tres (3) días para justificar su inasistencia, sin que esta así lo hiciera.

g) Por medio de escrito de 12 de septiembre de 2017 (f. 183), el profesional del derecho Álvaro Díazgranados de Pablo solicitó del juzgado de conocimiento abstenerse de imponer la multa prevista en el numeral 4 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), habida cuenta que al ser reconocido como representante judicial de la unión temporal Segundo Centenario, todas «las empresas integrantes […] se encontraban debidamente representadas».

h) El 13 de septiembre de 2017, los representantes legales de las sociedades Construirte SAS y Túneles de Colombia SAS adosaron al proceso contencioso-administrativo los poderes conferidos a la abogada Yenny Rocío González Medina, para que ejerza su defensa (f. 181).

i) A través de auto de 26 de octubre de 2017 (ff. 2 a 5), el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué impuso a la accionante «multa por valor de 2 SMLMV por inasistencia a la audiencia inicial celebrada el 07 de septiembre de 2017», en calidad de representante judicial de las empresas Gaico Ingenieros Constructores SA y Álvarez y Collins SA, dado que no presentó renuncia a los poderes que le fueron conferidos en el plazo señalado en el artículo 76 del CPACA y tampoco justificó su inasistencia.
j) El 13 de febrero de 2018 (ff. 204 a 208), al desatar el recurso de reposición interpuesto por el señor Álvaro Díazgranados de Pablo, el tutelado confirmó la decisión adoptada bajo el entendido de que no se presenta irregularidad en la sanción impuesta, la cual está debidamente soportada en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

2.5.2 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.

Asimismo, en relación con esta última modalidad se han diferenciado los conceptos de antecedente y precedente, así:

28. El precedente judicial es la figura jurídica, que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, al conllevar la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de sus actos, que más que en las disposiciones jurídicas, se encuentra en la interpretación que de ellas se hace. En tal sentido, se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo.”

Sin embargo, el precedente no debe identificarse plenamente con la sentencia, sino con la regla que de ella se desprende, aquella decisión judicial que se erige, no como una aplicación del acervo normativo existente, sino como la consolidación de una regla desprendida de aquel y extensible a casos futuros, con identidad jurídica y fáctica.

Con ocasión de la citada definición, y bajo el entendimiento de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la definición de un caso posterior, como se ha visto”, esta Corporación ha hecho una distinción entre lo que se denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto. En las Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013 se ha precisado al respecto que:

“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad. (…)
[Entretanto, el] –precedente-[…] HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-830-12.htm" \l "_ftn16" \o "" , por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.”

Puede predicarse la existencia de un precedente, en los eventos en los cuales:

“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.

(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente.

(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

Ahora bien, conforme la entidad frente a la que debe conservarse la univocidad de la decisión, se habla de un precedente horizontal y uno vertical. Este último se considera como aquel que se impone en virtud de las competencias jerárquicas que se desprenden de la organización del aparato de administración de justicia, a causa del cual el sentenciador debe acatar los lineamientos fijados por “las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”.

29. De tal forma aquel que puede considerarse precedente para un caso posterior, debe consultar la materia del debate que se ventila y la fuente a la que obedece. Como quiera que la fuente puede ser constitucional y no situarse en el rango legal, es posible considerar que la aplicación del precedente de la jurisdicción ordinaria no resulte suficiente en sede constitucional para integrar todos los elementos de juicio relevantes para un caso concreto.

La misma jurisprudencia constitucional ha precisado que el precedente no solo es orientador sino obligatorio, porque (i) si bien es cierto que los jueces únicamente están sometidos al imperio de la ley, también lo es que esta en su sentido amplio comprende todas las fuentes de derecho, incluidas las sentencias, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre en cada jurisdicción; (ii) su fuerza vinculante se funda en la aplicación de los principios de igualdad, debido proceso y buena fe, pues se debe garantizar la certidumbre en las decisiones de los jueces a la luz de la seguridad jurídica y la confianza legítima frente al ordenamiento jurídico; y (iii) es la solución más adecuada al problema jurídico que se plantea, salvo que en atención a su autonomía e independencia, se aparte por considerar que tiene mejores razones o justificaciones para decidirlo y las sustente de manera expresa, amplia y suficiente.

Así, se entiende por precedente judicial, como interpretación consolidada de la ley, el conjunto de razones reiteradas, amplias y consolidadas por el juez para dirimir los conflictos que conoce, que deben ser tenidas en cuenta al resolver controversias posteriores siempre que entre el asunto ya decidido y el que está por resolverse medie una correspondencia entre las situaciones fácticas y jurídicas. En otras palabras, la administración de justicia debe solucionar los litigios a su cargo en atención a la línea jurisprudencial vertical u horizontal, ya que constituye una pauta para la solución de casos idénticos que garantiza los principios de seguridad jurídica e igualdad, entre otros.

Por lo anterior, el precedente es el elemento esencial para verificar si con una decisión judicial se han vulnerado o no los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y debido proceso, toda vez que los jueces deben acoger, en procesos con similares fundamentos fácticos, las directrices impartidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones o apartarse razonadamente de ellas.

En lo atañedero a la posibilidad de apartarse del precedente, la Corte Constitucional ha precisado que es dable siempre que se empleen argumentos jurídicamente razonables y suficientes que protejan en mayor medida el ordenamiento jurídico, en especial las normas constitucionales. Al respecto, dicha Corporación sostuvo:

32. No obstante lo anterior, el deber de aplicación del precedente no es absoluto, por lo que el funcionario judicial puede apartarse válidamente de él, bajo las garantías que le otorgan los principios de independencia y autonomía judicial. Para hacerlo, el juzgador debe (i) hacer referencia al precedente que va a dejar de aplicar y (ii) ofrecer una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que haga manifiestas las razones por las que se aparta de la regla jurisprudencial previa.

En el asunto sub examine, la accionante sostiene que la providencia objeto de censura desconoce el precedente jurisprudencial de esta Corporación contenido en la sentencia de unificación de 25 de septiembre de 2013, según el cual los consorcios y uniones temporales, «además de contar con la aptitud para ser parte en el correspondiente procedimiento administrativo de selección de contratistas […] también se encuentran facultados para concurrir a los procesos judiciales […]» (f. 52 vuelto), por lo que no era obligatoria su comparecencia a la audiencia inicial de 7 de septiembre de 2017 como apoderada judicial de Gaico Ingenieros Constructores SA y Álvarez Collins SA, toda vez que todas las empresas que integran la unión temporal Segundo Centenario estaban debidamente representadas por el abogado Álvaro Díazgranados de Pablo.

Asimismo, afirma la actora que el auto censurado soslaya pronunciamientos de la Corte Constitucional, al señalar que «la representación de los consorcios y uniones temporales, solo está facultada para concurrir a los procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas dentro del mencionado procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y ejecución del contrato estatal respectivo; debiendo por tanto concurrir de manera individual cada uno de los integrantes de la unión temporal, toda vez que en la presente Litis no se ventilan actuaciones relacionadas con el contrato como tal, sino la posible reparación de perjuicios ocasionados en un accidente de tránsito» (f. 53).

Añade que «resulta infundada la imposición de la multa […] cuando el abogado de la Unión Temporal de la que hacen parte las sociedades GAICO [INGENIEROS] CONSTRUCTORES y [Á]LVAREZ Y COLLINS S.A se encontraba presente y con poder debidamente otorgado por el representante de la UNIÓN TEMPORAL con el único objetivo de defender los intereses de la misma» (f. 54).

En punto a dilucidar este caso, se observa que la aludida sentencia de unificación de 25 de septiembre de 2013, cuya interpretación por parte del a quo ahora se cuestiona, precisó:

3.- Rectificación y unificación de la Jurisprudencia en relación con la capacidad con la cual cuentan los consorcios y las uniones temporales para comparecer como parte en los procesos judiciales.

A juicio de la Sala, en esta ocasión debe retomarse el asunto para efectos de modificar la tesis jurisprudencial que se ha venido siguiendo y, por tanto, debe puntualizarse que si bien las uniones temporales y los consorcios no constituyen personas jurídicas distintas de quienes integran la respectiva figura plural de oferentes o de contratistas, lo cierto es que además de contar con la aptitud para ser parte en el correspondiente procedimiento administrativo de selección de contratistas –comoquiera que por ley cuentan con capacidad suficiente para ser titulares de los derechos y obligaciones derivadas tanto de los procedimientos administrativos de selección contractual como de los propios contratos estatales─, también se encuentran facultados para concurrir a los procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas del mencionado procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y ejecución del contrato estatal respectivo –legitimatio ad processum-, por intermedio de su representante.

[…]

Así pues, la capacidad de contratación que expresamente la Ley 80 otorgó y reconoció a los consorcios y a las uniones temporales, en modo alguno puede entenderse agotada en el campo de las actuaciones que esas organizaciones pueden válidamente desplegar en relación o con ocasión de su actividad contractual –incluyendo los actos jurídicos consistentes en la formulación misma de la oferta; la notificación de la adjudicación; la celebración, ejecución y liquidación del respectivo contrato estatal–, sino que proyecta sus efectos de manera cierta e importante en el campo procesal, en el cual, como ya se indicó, esas organizaciones empresariales podrán asumir la condición de parte, en cuanto titulares de derechos y obligaciones, al tiempo que podrán comparecer en juicio para exigir o defender, según corresponda, los derechos que a su favor hubieren surgido del respectivo procedimiento administrativo de selección contractual o del propio contrato estatal, puesto que, según lo dejó dicho la Corte Constitucional, la capacidad de contratación que a los consorcios y a las uniones temporales les atribuyó el artículo 6 de la Ley 80 “(…) comprende tanto el poder para ser titular de derechos y obligaciones e igualmente la facultad de actuación o ejercicio para hacer reales y efectivos dichos derechos (…)”.

[…]

También debe precisarse que la tesis expuesta sólo está llamada a operar en cuanto corresponda a los litigios derivados de los contratos estatales o sus correspondientes procedimientos de selección, puesto que la capacidad jurídica que la Ley 80 otorgó a los consorcios y a las uniones temporales se limitó a la celebración de esa clase de contratos y la consiguiente participación en la respectiva selección de los contratistas particulares, sin que, por tanto, la aludida capacidad contractual y sus efectos puedan extenderse a otros campos diferentes, como los relativos a las relaciones jurídicas que, de manera colectiva o individual, pretendan establecer los integrantes de esas agrupaciones con terceros, ajenos al respectivo contrato estatal, independientemente de que tales vínculos pudieren tener como propósito el desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento, total o parcial, del correspondiente contrato estatal (subraya la Sala).

En virtud de lo anterior, en cuanto al tema de la capacidad procesal de los consorcios y uniones temporales, se determinó por el Consejo de Estado que a pesar de no contar con personalidad jurídica distinta de quienes los integran, tienen la posibilidad, a través de su representante legal, no solo de participar en los procedimientos administrativos de selección de contratistas, sino también de ser parte en los «litigios derivados de los contratos estatales o sus distintos procedimientos de selección».

Vale la pena mencionar que la postura adoptada no abarca otros asuntos, tales como los relativos a las relaciones jurídicas con terceros ajenos al respectivo contrato estatal, independientemente de que tengan como propósito el desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento total o parcial de este.

Ahora, en el sub lite se observa que (i) el medio de control de reparación directa 73001-33-33-002-2014-00428-00 incoado por la señora Laura Patricia Bonilla Osorio y otros contra el Instituto Nacional de Vías (Invías), busca el eventual reconocimiento de los perjuicios generados a ellos con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 17 de marzo de 2012 en la vía Cajamarca-Calarcá, y (ii) los integrantes de la unión temporal Segundo Centenario fueron vinculados a dicho proceso en calidad de llamados en garantía, en virtud del contrato de obra pública 3460 de 24 de diciembre de 2008, el cual tuvo por objeto, entre otros asuntos, la elaboración de los estudios, diseños, construcción y operación del proyecto «cruce de la cordillera central: túneles del II centenario – túnel de la línea y segunda calzada Calarcá – Cajamarca» (f. 96).

Así las cosas, tal como lo estimó el a quo, la controversia allí planteada no se contrae a derechos y obligaciones derivadas directamente de la ejecución del contrato de obra pública 3460 de 2008, sino a determinar la responsabilidad estatal por los perjuicios derivados de un accidente de tránsito ocurrido en la vía Calarcá – Cajamarca (sobre la cual se encontraba en ejecución el referido contrato), por lo que la interpretación que señala que la comparecencia de los integrantes de la unión temporal Segundo Centenario debe hacerse a título personal, ya que no se trata de un asunto donde esta tenga la capacidad procesal para actuar en representación de todas las empresas que la integran, por estar soportada en un análisis coherente, no resulta errada ni arbitraria a la luz de la jurisprudencia transcrita en líneas anteriores.

Por lo anotado, se concluye que como en los autos acusados el señor Juez Segundo (2.º) Administrativo de Ibagué explicó las razones de su decisión y analizó de manera racional la posición del máximo tribunal de lo contencioso-administrativo, al señalar que «la representación de los consorcios y uniones temporales, solo está facultada para concurrir a los procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas del mencionado procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y ejecución del contrato […] debiendo por tanto […] concurrir de manera individual […] toda vez que en la presente Litis no se ventilan actuaciones relacionadas con el contrato como tal, sino con la posible reparación de perjuicios ocasionados en un accidente de tránsito» (f. 4), se encuentra que en el asunto sub judice no se configura el desconocimiento del precedente jurisprudencial invocado por la actora.

Por otra parte, en relación con la sentencia de la Corte Constitucional T-150 de 2016, la cual, según el dicho de la actora, puso en conocimiento del tutelado «tanto en el oficio enviado el 12 de septiembre de 2017 como en el recurso de reposición interpuesto el 1 de noviembre» (f. 52 vuelto), resulta necesario aclarar, como se indicó en el proveído de 13 de febrero de 2018, que se refiere a «una situación completamente distinta a la aquí abordada», ya que hace referencia a la capacidad de los consorcios o uniones temporales para comparecer en acciones de tutela en aras de la protección de sus derechos constitucionales fundamentales, pronunciamiento que tiene efectos inter partes, por lo que no hay lugar a enrostrarle al juez demandado no haberla advertido al expedir el auto acusado.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que a la luz del artículo 180 del CPACA, a la audiencia inicial deben concurrir obligatoriamente todos los apoderados de las partes vinculadas al respectivo proceso, y en el evento en que no acuda uno de ellos, le es dable justificar su inasistencia por razones de fuerza mayor o caso fortuito dentro de los 3 días siguientes a su celebración, con el fin de no ser objeto de la sanción de multa de dos (2) smlmv prevista en el numeral 4 ibídem.

En ese orden de ideas, como la abogada Julia Viviana Molano Chavarría fue reconocida como apoderada de las empresas Construirte SAS, Gaico Ingenieros Constructores SA, Túneles de Colombia SAS, Constructora Carlos Collins SA, H&H Arquitectura SA y Álvarez y Collins SA, debía comparecer a la audiencia inicial programada para el 7 de septiembre de 2017; no obstante, si tal como lo asegura en la solicitud de amparo para esa fecha ya había culminado su vínculo laboral con la empresa Túneles de Colombia SAS, bien pudo (i) presentar renuncia de los poderes que le habían sido conferidos con la debida antelación y previo cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 76 del CGP, (ii) sustituirlos, o (iii) justificar su inasistencia dentro de los 3 días siguientes; empero, no lo hizo, y por el contrario fue el nuevo apoderado reconocido para actuar en nombre de la empresa H&H Arquitectura SA y la unión temporal Segundo Centenario quien presentó su renuncia de poder en un escrito donde justificaba su inasistencia e interpuso recurso de reposición contra el proveído de 26 de octubre de 2017 (por el que se le impuso la sanción a la tutelante), sin que ella ejerciera su derecho de defensa.

Por último, resta agregar que el hecho de que la actora haya finalizado su vinculación laboral con una de las firmas integrantes de la unión temporal Segundo Centenario (Túneles de Colombia SAS) antes de la celebración de la audiencia de 7 de septiembre de 2017, no significa, tal como lo arguye, que haya «cesado su función como apoderada» (f. 51), toda vez que solo la renuncia de poder debidamente presentada y aceptada pone fin al mandato conferido y en el entretanto debía continuar con la defensa encargada, tal como lo precisó la Corte Constitucional al señalar:

De manera que si la comunicación no se envía, o no se fija dicha decisión en el estado, o no se acepta la renuncia mediante el correspondiente auto de trámite, no obstante la presentación del escrito de renuncia, la obligación de preservar la defensa técnica seguiría gravitando, con todo el peso que significa, sobre el apoderado a quien previamente se le haya reconocido la personería para actuar.
Así las cosas, debido a que las conclusiones a las que arribó la autoridad accionada en el fallo objeto del amparo constitucional son razonables y atienden las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales, no se encuentra que el defecto formulado por la demandante se haya configurado, máxime cuando se advierte que colmó los respectivos criterios de suficiencia y transparencia que exigen el deber de motivar razonablemente las decisiones judiciales.

A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que no se encuentra demostrada la amenaza o vulneración del derecho constitucional fundamental al debido proceso invocado por la accionante, la Sala confirmará la sentencia impugnada, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima negó el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1.º Confírmase la sentencia de 15 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó el amparo deprecado por la señora Julia Viviana Molano Chavarría, conforme a lo indicado en la motivación.

2.º Notifíquese esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3.º Comuníquese la presente decisión al tribunal de primer grado y remítasele copia.

4.º Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991 envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Ff. 90 vuelto a 92. Así quedó consignado en la parte considerativa de la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima (f. 76 vuelto). En la providencia atrás anotada también se reconoció «personería a la abogada YENNY ROCÍO GONZ[Á]LEZ MEDINA […] para actuar como apoderada judicial de CONSTRUIRTE S.A.S y T[Ú]NELES DE COLOMBIA S.A». Fallo T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela». Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo. Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, sentencia T-737 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la Seguridad Jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266. Sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. ARRÁZOLA JARAMILLO, Fernando. La seguridad jurídica ante la obligatoriedad del precedente judicial y la constitucionalización del derecho. Universidad de los Andes. Revista de Derecho Público.

34, 1-28, Enero de 2015. ISSN: 19097778. Sentencia T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia T-714 de 2013. Sentencia T-794 de 2011. Sentencias T-360 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Sentencia SU-298 de 2015 Op. Cit. “sin duda, el precedente es una herramienta que cohesiona el sistema judicial porque conecta las decisiones individuales a través de una misma línea argumentativa para la resolución de los mismos asuntos. Conecta las decisiones de un mismo nivel jerárquico con las de los funcionarios superiores. Al respecto se distingue entonces el precedente horizontal que ‘supone que, en principio, un juez –individual o colegiado- no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias’, del vertical que implica ‘que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por las altas cortes.’”
Sentencia T-360 de 2014. En palabras de la Corte Constitucional: «La misma Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de inferior jerarquía». Cfr. Sentencia C-372 de 2011. Cfr. sentencia T-794 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio: «[…] el juez (singular o colegiado) sólo puede apartarse de la regla de decisión contenida en un caso anterior cuando demuestre y cumpla los siguientes requisitos:
(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia).
(ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente) […]». Consejo de Estado, sección primera, sentencia de 7 de marzo de 2013, M. P. María Claudia Rojas Lasso, expediente: 11001-03-15-000-2013-00131-00 (AC). Sentencia T-737 de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de unificación, expediente 25000-23-26-000-1997-03930-01(19933), C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia T-150 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Según lo anotado en auto de 9 de octubre de 2015 del Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué, toda vez que no obra en el expediente copia de dicho contrato. M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
«AUDIENCIA INICIAL. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:
[…]
2. Intervinientes. Todos los apoderados deberán concurrir obligatoriamente. También podrán asistir las partes, los terceros y el Ministerio Público. La inasistencia de quienes deban concurrir no impedirá la realización de la audiencia, salvo su aplazamiento por decisión del Juez o Magistrado Ponente. 3. Aplazamiento. La inasistencia a esta audiencia solo podrá excusarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. Cuando se presente la excusa con anterioridad a la audiencia y el juez la acepte, fijará nueva fecha y hora para su celebración dentro de los diez (10) días siguientes, por auto que no tendrá recursos. En ningún caso podrá haber otro aplazamiento. El juez podrá admitir aquellas justificaciones que se presenten dentro de los tres (3) días siguientes a la realización de la audiencia siempre que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y solo tendrán el efecto de exonerar de las consecuencias pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia.

En este caso, el juez resolverá sobre la justificación mediante auto que se dictará dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación y que será susceptible del recurso de reposición. Si la acepta, adoptará las medidas pertinentes. 4. Consecuencias de la inasistencia. Al apoderado que no concurra a la audiencia sin justa causa se le impondrá multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 5. Saneamiento. El juez deberá decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias».
«TERMINACIÓN DEL PODER. El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso. El auto que admite la revocación no tendrá recursos. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del monto de los honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este código para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez laboral. Igual derecho tienen los herederos y el cónyuge sobreviviente del apoderado fallecido. La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido.
[…]». Sentencia T-1100 de 27 de octubre de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil. Sobre la materia, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero Ponente: Roberto Medina López, sentencia del 13 de abril de 2000, Radicación No. 2339. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: José Fernando Ramírez Gómez, sentencia del 11 de febrero de 2004, Radicación No. 00182-01.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.