Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2018-00344-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2018-00344-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 73001-23-33-000-2018-00344-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
14 de julio de 2023
Radicado: 73001-23-33-000-2018-00344-01 (68911)
Demandante: Unión Temporal JJ
MCONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
Radicación: 73001-23-33-000-2018-00344-01 (68911)
Demandante: Unión Temporal JJ
Demandado: Municipio de Carmen de Apicalá
Tema: Acción de controversias contractuales. Se reclaman perjuicios por
el incumplimiento de un contrato de concesión de un matadero
porque su ejecución se tornó imposible por la suspensión
ordenada por autoridades ambientales por causas imputables a la
entidad contratante. Se confirma la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones, porque la obligación de solicitar el
permiso de vertimientos, cuyo incumplimiento generó el cierre del
matadero, no estaba a cargo del municipio, sino del concesionario.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 16 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Tolima que negó las pretensiones de la demanda.
Esta Subsección es competente para conocer el recurso de apelación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del CPACA. El Tribunal
Administrativo del Tolima era competente para conocer el proceso en primera
instancia de acuerdo con el numeral 4 del artículo 152 del mismo código.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 20 de octubre de 2022 1.
De conformidad con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, los sujetos
procesales tenían hasta la ejecutoria del auto admisorio para pronunciarse sobre
el recurso, término que se cumplió sin pronunciamiento.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1 Cuaderno principal, folio 401.
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Radicado: 73001-23-33-000-2018-00344-01 (68911)
Demandante: Unión Temporal JJ
1.- El 4 de julio de 2018 la Unión Temporal JJ2 (en adelante, la <<demandante>>
o el <<concesionario>>) presentó demanda de controversias contractuales3
contra el Municipio de Carmen de Apicalá (en adelante, el <<Municipio>> o la
<<entidad territorial>>) para que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas:
<<1. Que se declare el incumplimiento del Contrato de Concesión No. 052 de 2013,
celebrado entre el Municipio de Carmen de Apicalá (….) y la Unión Temporal JJ
(…) cuyo objeto consistió en: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN:
LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN,
DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL O MATADERO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ – TOLIMA (…).
2. Que como consecuencia del incumplimiento por parte del Municipio de Carmen
de Apicalá, se ordene la terminación del Contrato de Concesión No. 052 de 2013,
celebrado entre el citado Municipio de Carmen de Apicalá (…) y la Unión Temporal
JJ (…).
3. Se declare que el Municipio de Carmen de Apicalá en virtud de su
incumplimiento, está obligado a indemnizar los perjuicios materiales (Daño
Emergente y Lucro Cesante) ocasionados al demandante por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de concesión No. 052, incluyendo daño
emergente y lucro cesante, así como la corrección monetaria y cuales quiera otros
índices de ajuste monetario de tales sumas.
4. Se ordene la liquidación judicial del contrato No. 052 de 2013, celebrado entre
el Municipio de Carmen de Apicalá y la Unión Temporal JJ, determinando que se
paguen indexadas las condenas a que haya lugar.
5. Se ordene la Liquidación y pago de perjuicios materiales, como el daño
emergente y el lucro cesante cierto y futuro que se hará en sumas de dinero de
curso legal en Colombia, devengando el respectivo interés técnico o legal de que
trata el artículo 1.617 del Código Civil, por el lapso en que ha permanecido cerrada
y suspendida la Planta de Beneficio con motivo de la sanción impuesta por
CORTOLIMA, periodo en el cual se dejó de percibir por el demandante lo
correspondiente a la actividad de sacrificio/degüello, como también lo dejado de
precibir por el plazo del contrato no ejecutado por el mismo motivo y hasta cuando
quede ejecutoriado el fallo que ponga fin a este proceso.
6. Que se condene al Municipio de Carmen de Apicalá al pago de las costas,
agencias en derecho y demás gastos procesales acreditados en debida forma
dentro de presente proceso.>>
2.- La demandante basó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:
2.1.- El 2 de marzo de 2013 el Municipio y la demandante suscribieron el contrato
de concesión No. 052 (en adelante, el <<Contrato>>), que tenía por objeto la
modernización, operación, administración y mantenimiento de la Planta de
Beneficio Animal (en adelante <<PBA>>) por el término de 15 años contados a
2 En este caso la demanda fue presentada por la Unión Temporal y no por sus miembros individualmente.
Además, el poder fue otorgado por parte del representante de la Unión Temporal. Aunque el ponente no
comparte la posición según la cuál los consorcios y uniones temporales pueden ser sujetos procesales se
aplicará lo dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
3 Cuaderno principal tomo I, folios 5 – 36.
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Demandante: Unión Temporal JJ
partir de la firma del acta de inicio, lo cual ocurrió el 8 de marzo de 2013.
2.2.- En lo que respecta al componente de modernización, la demandante estaba
obligada a ejecutar obras y a suministrar equipos y maquinaria con el objeto de
adecuar la PBA a la normatividad sanitaria contenida en el Decreto 1500 de 2007.
En lo relacionado con el componente de operación, administración y
mantenimiento, estaba obligada a prestar los servicios relacionados con la PBA
de manera adecuada, sin que tuviera a su cargo el trámite de los permisos
ambientales necesarios para su operación. La remuneración de la demandante
sería pagada a partir de los recursos recaudados con ocasión de la prestación
de los servicios de la PBA.
2.3.- El Contrato se ejecutó en condiciones de normalidad durante los tres (3)
primeros años hasta que, el 8 de julio de 2016, Cortolima hizo efectiva una
medida de suspensión de la PBA, que había sido decretada mediante Resolución
No. 1171 del 2007 y confirmada en la Resolución No. 1679 del 2010. Los actos
administrativos que ordenaron la suspensión de la PBA fueron proferidos con
anterioridad a la adjudicación del Contrato y no fueron puestos en conocimiento
de la demandante ni fueron advertidos en el procedimiento de selección ni al
celebrar el Contrato.
2.4.- La suspensión de la PBA fue decretada por razones imputables al Municipio,
entre las cuales destacaba no haber tramitado el permiso de vertimientos para
su operación. La medida de suspensión ordenada por Cortolima tenía el carácter
de provisional, razón por la cual correspondía al Municipio cumplir las exigencias
de la autoridad ambiental.
2.5.- En 2016 y 2017 el concesionario solicitó al Municipio, en múltiples
ocasiones, adoptar las medidas necesarias para restablecer la ejecución del
Contrato y, en especial, adelantar las gestiones para obtener el permiso de
vertimientos. La entidad demandada no respondió tales solicitudes ni tomó las
acciones encaminadas a levantar la medida de suspensión provisional de la PBA.
2.6.- Al margen de lo anterior, el concesionario insistió en adelantar las gestiones
para restablecer la ejecución del Contrato y tramitó los documentos necesarios
para obtener el permiso de vertimientos, aun cuando ello no era su obligación.
Sin embargo, el Municipio no demostró mayor interés en el procedimiento
administrativo, pues, aunque radicó la documentación ante Cortolima el 22 de
diciembre de 2016, a la fecha de presentación de la demanda no se tenía
conocimiento del estado del trámite, salvo en lo relacionado con un informe de
visita en el que Cortolima conceptuó preliminarmente que la aprobación del
permiso no era viable.
2.7.- Ante la falta de interés de la entidad territorial en adelantar las gestiones
necesarias para obtener el permiso de vertimientos, la demandante se vio
obligada a solicitar la terminación y liquidación del Contrato. Adicionalmente,
pidió a la contratante el reconocimiento de los perjuicios materiales que venía
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Radicado: 73001-23-33-000-2018-00344-01 (68911)
Demandante: Unión Temporal JJ
sufriendo como consecuencia del cierre de la PBA. La entidad territorial
demandada no emitió un pronuncimiento de fondo frente a la petición impetrada.
2.8.- El concesionario considera que el Municipio incumplió el Contrato porque
entregó una PBA que no estaba <<saneada>> y porque ocultó la información que
evidenciaba su deficiente situación ambiental. Lo anterior impidió la ejecución del
Contrato en los términos pactados, lo cual generó que la demandante sufriera
perjuicios materiales consistentes en la ganancia dejada de percibir y el dinero
invertido en mejoras a la PBA que no fue recuperado.
2.9.- Adicionalmente, el demandante alega que Municipio incumplió el Contrato
porque no atendió las múltiples solicitudes presentadas para que se
emprendieran las acciones necesarias para el levantamiento de la medida de
suspensión de la PBA, con la finalidad de que se restableciera la ejecución del
Contrato. Y tampoco atendió las peticiones tendientes a su terminación y
liquidación.
B.- Posición de la parte demandada
3.- El Municipio se opuso a las pretensiones de la demanda4 y propuso las
siguientes excepciones:
3.1.- Incumplimiento del Contrato por parte del concesionario. El Municipio
informó a todos los interesados en participar en el proceso de selección que quien
resultara concesionario debía asumir obligaciones de naturaleza técnica para
hacer posible la operación de la PBA debido a las precarias condiciones en que
se encontraba su infraestructura. Por lo anterior, no era admisible que la
demandante pretendiera la declaratoria de incumplimiento del Municipio cuando
fue precisamente dicha parte la que incumplió las obligaciones necesarias para
adecuar la PBA a los requerimientos para su operación.
3.2.- Transgresión al principio de buena fe contractual por parte del
concesionario. Para sustentar esta excepción explicó que, desde la etapa
precontractual, la demandante tenía conocimiento de los problemas estructurales
y del manejo inadecuado que se venía dando a la PBA antes de la adjudicación
y celebración del Contrato. A pesar de ello, <<(…) decidió presentarse al proceso
y hacerse adjudicatario al contrato, para incumplir sus obligaciones y perseguir
judicialmente una indemnización que a todas luces es improcedente>>.
3.3.- Adicionalmente, resaltó que no era cierto que hubiera guardado silencio en
relación con las solicitudes presentadas por la demandante para la terminación y
liquidación del Contrato.
C.- Sentencia recurrida
4 Cuaderno principal tomo I, folios 169 – 181.
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Demandante: Unión Temporal JJ
4.- En sentencia del 16 de junio de 20225, el Tribunal Administrativo del Tolima
negó las pretensiones de la demanda con base en las siguientes
consideraciones:
4.1.- En primer lugar, explicó que <<(…) el éxito de la acción de controversias
contractuales (…) cuando se pretende obtener la declaratoria de incumplimiento
del contrato y la condena en perjuicios presupone que la parte acredite (…) haber
cumplido o estado presto a cumplir sus obligaciones(…)>>. Acto seguido advirtió
que estaba demostrado que el concesionario incumplió el Contrato, en tanto
operó la PBA sin garantizar las condiciones sanitarias y ambientales adecuadas,
por lo que las pretensiones formuladas en la demanda no tenían vocación de
prosperidad.
4.2.- La información suministrada en los estudios previos evidenciaba el estado
crítico en el que se encontraba la PBA, particularmente en el manejo de las aguas
residuales. El concesionario, que tenía experiencia en la materia, debía inferir sin
mayores razonamientos que la PBA no contaba con los permisos ambientales
necesarios para su operación, razón por la cual no resultaba admisible que
alegara que era el Municipio quien había incumplido el Contrato por no
suministrar información relacionada con la situación ambiental de la PBA.
4.3.- La demandante ejecutó el Contrato por más de tres (3) años sin subsanar
las falencias que conoció desde la etapa precontractual y que motivaron la
materialización de la medida de suspensión de la PBA. Lo anterior, a pesar de
que era su obligación realizar todas las tareas necesarias para cumplir a
cabalidad con el objeto del Contrato, entre las cuales destacaba la obtención de
los permisos ambientales para la operación de la PBA.
4.4.- Aun en el hipotético escenario en que estuviera demostrado el
incumplimiento del Contrato por parte del Municipio, no sería procedente acceder
a la indemnización de los perjuicios reclamados por la demandante. Ello, porque
en los estudios previos, el pliego de condiciones y el Contrato se estipuló que,
ante la ocurrencia de situaciones que impidieran de forma definitiva el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, no habría lugar a reclamaciones
ni reconocimientos económicos.
4.5.- No era posible acceder a la pretensión de liquidación judicial porque la
demandante no formuló argumentos tendientes a plantear una controversia sobre
la falta de liquidación ni realizó actividad probatoria alguna para demostrar si
existía un saldo a su favor como consecuencia de la ejecución del Contrato.
4.6.- El dictamen pericial allegado al proceso por la demandante no demostraba
la utilidad dejada de percibir, porque el perito no tuvo en cuenta la forma en que
la remuneración del concesionario debía ser determinada, prevista en el
Contrato. De otra parte, el segundo dictamen pericial aportado al proceso para
5 Cuaderno principal, folios 351 – 380
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Demandante: Unión Temporal JJ
probar el valor de las inversiones realizadas en la PBA tampoco era una prueba
idónea porque al expediente no fueron allegados los documentos que
respaldaran las conclusiones del perito.
D.- Recurso de apelación
5.- La demandante solicita revocar la sentencia de primera instancia y acceder a
las pretensiones de la demanda6. En el recurso de apelación expone los
siguientes argumentos:
5.1.- Contrario a lo considerado por el tribunal, no está probado que el
concesionario hubiera incumplido el Contrato. Lo anterior se acredita con el
hecho de que durante su ejecución el supervisor nunca lo requirió por haber
dejado de cumplir sus obligaciones.
5.2.- La demandante no está obligada a asumir las consecuencias derivadas del
cierre de la PBA. En primer lugar, porque la situación ambiental de la misma no
fue advertida en los documentos precontractuales. Y, en segundo lugar, porque
una vez conoció las falencias ambientales de la PBA se puso a disposición del
Municipio para adelantar los trámites necesarios remediar la situación, pero el
Municipio no prestó su colaboración para restablecer la ejecución del Contrato.
5.3.- La pretensión de terminación del Contrato sí es procedente <<(…) como
quiera que el contratista en virtud del incumplimiento patentizado por el Municipio
demandado, no cuenta con el interés de dar continuidad al mismo, dada las
perdidas de la utilidad esperada, como también por los daños y perjuicios
causados(…)>>. La pretensión de liquidación judicial resulta igualmente
procedente porque en este caso el Contrato no fue liquidado bilateral ni
unilateralmente, por lo cual se debe finiquitar el negocio jurídico con el balance
técnico y financiero del mismo.
5.4.- Los dictámenes periciales allegados al proceso son idóneos para demostrar
(i) la utilidad dejada de percibir por cuenta del cierre de la PBA, y (ii) la
construcción y el valor de las obras de mejora de la infraestructura de la PBA.
II. CONSIDERACIONES
E.- Caducidad de la acción
6.- La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada dentro
del término legal. De conformidad con el literal j) del numeral 2 del artículo 164
del CPACA, las demandas relativas a los contratos que están sujetos a
liquidación deben ser presentadas dentro del término de dos (2) años contados
desde el momento en que la liquidación fue realizada (bilateral o unilateralmente)
o desde el vencimiento del plazo dispuesto para el efecto.
6 Cuaderno principal, folios 388 – 394.
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Demandante: Unión Temporal JJ
7.- Esta Subsección ha explicado que en aquellos casos en los que la acción de
controversias contractuales versa sobre un contrato de tracto sucesivo, el término
de caducidad debe contabilizarse desde su terminación o liquidación, según el
caso, sin que esta regla pueda inaplicarse cuando el contrato objeto de la
demanda no ha vencido. En efecto, en sentencia del 3 de agosto de 2020 se
estableció lo siguiente:
<<49.- A partir de lo anterior debe entenderse que, mientras no exista una regla de
excepción que regule de manera específica el término de caducidad en relación
con las controversias surgidas en contratos de tracto sucesivo que se encuentren
en ejecución, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales
debe contabilizarse desde la terminación o liquidación del contrato, según el caso,
de acuerdo con lo previsto en los apartes ii al vi) del literal “j” del ordinal 2 del
artículo 164 del CPACA.
50.- Un entendimiento distinto haría inocuas las reglas de caducidad de la acción
de controversias contractuales en función de la liquidación de los contratos, que
han sido incorporadas por el legislador luego de un amplio desarrollo
jurisprudencial en el que se indicó que solo cuando finaliza la relación contractual
y se liquida el contrato, las partes saben quién le debe a quién y cuánto y, por lo
tanto, es desde ese momento que empieza a correr el término para demandar.>>7
8.- En el caso concreto el Contrato, que estaba sometido a liquidación, inició el 8
de marzo de 2013 y su plazo era de 15 años, de manera que debía ser ejecutado
hasta el 7 de marzo de 2028. En el expediente no reposan medios probatorios
que demuestren que el Contrato hubiera sido suspendido ni mucho menos
terminado o liquidado por el Municipio, por lo que para el 4 de julio de 2018, fecha
en que se presentó la demanda, aún se encontraba en ejecución, lo que significa
que el término de caducidad de dos años aún no había empezado a
contabilizarse.
F.- Decisión
9.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. Esta decisión se adopta porque el incumplimiento
de la obligación de obtener el permiso de vertimientos, que determinó la ejecución
de la medida de suspensión de actividades de la PBA por parte de Cortolima, no
estaba a cargo del Municipio, sino del concesionario. En la primera parte se
explicará que lo que motivó la ejecución de la orden de suspensión fue el
incumplimiento de la obligación de obtener la licencia de vertimientos; y en la
segunda parte se señalará que, conforme con el contrato, esta obligación estaba
a cargo del concesionario.
G.- Los motivos por los cuales Cortolima decretó e hizo efectiva la medida
de suspensión provisional de la PBA
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del
3 de agosto de 2020 con ponencia de este depacho. Radicación número: 11001-03-26-000-2019-00078-
00(63973).
7
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Demandante: Unión Temporal JJ
10.- Está demostrado que por medio de la Resolución No. 1171 del 1° de octubre
de 20078, confirmada mediante la Resolución No. 1679 del 24 de junio 20109,
Cortolima ordenó la suspensión provisional e inmediata de toda actividad en la
PBA por dos circunstancias particulares: (i) por la presencia de vectores (moscas
y gallinazos), los malos olores, el manejo inadecuado de residuos sólidos, las
falencias en el tratamiento de aguas residuales y la ubicación inadecuada del
cuarto de pieles dentro de la PBA; y (ii) porque el Municipio incumplió los
siguientes requerimientos que fueron exigidos por Cortolima en el auto No. 785
de 2005:
a.- Adoptar de las medidas de correción y mitigación para atenuar y minimizar los
efectos negativos ocasionados por el cuarto de pieles sobre el entorno natural.
b.- Cubrir el estercolero con tejas plásticas.
c.- Disponer de un carro colector de sangre en estructura metálica y acero
inoxidable.
d.- Implementar rejillas para la retención de los sólidos que traían las aguas
residuales.
e.- Implementar plantaciones de árboles que permitieran el aislamiento de la
actividad del entorno y realizar su respectivo mantenimiento con fertilizantes.
f.- Cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 73 del Decreto 1594 de
1984 en lo referente a los vertimientos depositados en alcantarillado público.
g.- Implementar sistemas de lavado a presión en las mangueras.
h.- Presentar un análisis físico químico de los vertimientos líquidos.
i.- Presentar la relación de consumo total de agua por semana y del número de
animales sacrificados por semana.
11.- De acuerdo con lo establecido en los actos administrativos proferidos por
Cortolima, la medida de suspensión estaría vigente hasta que la entidad
demandada superara los manejos inadecuados que venían afectando el medio
ambiente y cumpliera los requerimientos realizados por la autoridad ambiental en
2005. En virtud de lo anterior, el Municipio emprendió las acciones encaminadas
a satisfacer los requerimientos necesarios para el levantamiento de la medida de
suspensión, y en el oficio del 11 de agosto de 201010 informó a Cortolima el
cumplimiento de lo ordenado.
8 Cuaderno de anexos tomo 7, folios 528 – 532.
9 Cuaderno de anexos tomo 7, folios 548 – 556.
10 Cuaderno de anexos tomo 7, folios 560 – 564.
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12.- El 27 de octubre de 2010 Cortolima visitó la PBA para verificar el
cumplimiento de los requerimientos exigidos en el acto administrativo que ordenó
la suspensión de la PBA. Las conclusiones de esta visita, que están consignadas
en el informe del 3 de noviembre de 201011, demuestran que el Municipio cumplió
con los requerimientos exigidos por Cortolima, así:
<<En cuanto al proceso sancionatorio se establece el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la resolución 1171 de 2007 de CORTOLIMA en
especial la no existencia de gallinazos y moscas, la no existencia de malos olores,
la no existencia de residuos dentro de las instalaciones, y la adecuación de las
falencias del sistema de tratamiento de aguas residuales>>.
13.- No obstante lo anterior, en este informe también quedó consignado que (i)
en el momento de la visita el Municipio realizaba actividades de faenado12, por lo
que se encontraba en desacato de la orden de suspensión de actividades; (ii) el
Municipio debía dar cumplimiento a otros requerimientos como, por ejemplo, el
trámite del permiso de vertimientos, y (iii) la reanudación de actividades en la
PBA solo podía ser ordenada luego de que se cumplieran los requerimientos
realizados en el marco de la visita.
14.- En el expediente está probado que Cortolima ordenó hacer efectiva la
medida de suspensión mediante el auto No. 1949 del 27 de abril de 201613, que
es un acto administrativo proferido con posterioridad a la suscripción del Contrato
objeto de esta controversia. La autoridad ambiental sustentó esta decisión en el
hecho de que la PBA estaba siendo operada por parte del concesionario sin
contar con permiso de vertimientos, a pesar de que la entidad demandada no
había cumplido los requerimientos exigidos en el acto administrativo que ordenó
la suspensión de actividades.
15.- La medida de suspensión se hizo efectiva el 8 de julio de 2016 y en el
informe14 de visita Cortolima destacó las adecuaciones que se habían realizado
a las instalaciones de la PBA y el mejoramiento de las condiciones sanitarias
que, en su momento, motivaron la suspensión de la PBA. En el acta se advirtió
el incumplimiento de la obligación de tramitar el permiso de vertimientos, por lo
que Cortolima recomendó presentar la información para el otorgamiento de este
permiso según lo exigido en el Decreto 3930 de 2010.
16.- Lo anterior evidencia entonces que Cortolima hizo efectiva la medida de
suspensión de las actividades de la PBA por no haberse tramitado el permiso de
vertimientos necesario para su operación. Y esto fue reconocido expresamente
por la demandante en el libelo introductorio:
<<En este orden de ideas, se puede evidenciar que el proceso sancionatorio antes
referido, en el cual se ordena la suspensión y decomiso precitados, corresponde a
11 Cuaderno de anexos tomo 7, folios 620 – 628.
12 Según el diccionario de la Real Academa Española, faenar significa <<Matar reses y descuartizarlas o
prepararlas para el consumo>>.
13 Cuaderno de anexos tomo 7, folios 656 – 657.
14 Cuaderno de anexos tomo 7, folios 658 – 660.
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hechos que antecedente a la adjudicación y suscripción del contrato No. 052 de
02 de marzo de 2013 los cuales fueron ocultos por el Municipio de Carmen de
Apicalá, dado que los permisos o autorizaciones ambientales que reclama la
autoridad ambiental como requerimientos NO CUMPLIDOS son de la
competencia del Municipio demandado, dado que como se mencionó líneas atrás,
todas y cada una de las conductas constitutivas de infracción ambiental a juicio de
CORTOLIMA, recaen en la Administración Municipal y no sobre la Unión Temporal
JJ (…), como quiera que desde el mismo momento de la apertura de la licitación
por parte de aquella y una vez adjudicado el contrato de concesión, se desconocía
por el demandante la ausencia de dicho permiso y no se indicó en los estudios
previos la obligación de asumir ese riesgo(…)>>.
17.- Aun cuando en el auto No. 1949 del 27 de abril de 2016, en el que Cortolima
ordenó hacer efectiva la medida de suspensión, se hizo referencia al
incumplimiento de los requerimientos que en su momento motivaron dicha
medida, lo cierto es que en visita realizada el 27 de octubre de 2010, la misma
autoridad ambiental certificó que dichos requerimientos habían sido cumplidos
por parte del Municipio. Incluso, en el acta de la visita realizada para materializar
la medida de suspensión no se dejó consignado ninguna observación o
recomendación respecto del cumplimiento de los requerimientos realizados en la
Resolución No. 1171 del 1° de octubre de 2007.
H.- La obligación que motivó la materialización de la medida de suspensión
por parte de Cortolima no estaba a cargo del Municipio, sino del
concesionario
18.- De acuerdo con lo consignado en la cláusula sexta del Contrato15, el
Municipo estaba obligado, entre otras cosas, a (i) entregar la PBA; (ii) resolver
las peticiones presentadas por el concesionario; (iii) suministrar la información
indispensable para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; y (iv)
colaborar con el concesionario en las gestiones que se debían adelantar para
obtener permisos o licencias requeridos para la operación de la PBA.
19.- El concesionario tenía, entre otras, las siguientes obligaciones: (i) ejecutar
las obras y suministrar los equipos y maquinaria necesarios para la
modernización de la PBA; (ii) garantizar la adecuada prestación de los servicios
de la PBA; (iii) ejecutar todas las tareas necesarias y suficientes para cumplir a
cabalidad con el objeto del Contrato; (iv) dar cumplimiento a las normas
ambientales; y (v) organizar conjuntamente con las autoridades ambientales,
sanitarias y de salud el manejo adecuado del medio ambiente en el evento en
que estas entidades impusieran requisitos especiales para su funcionamiento.
20.- De lo anterior se deduce que el trámite del permiso de vertimientos, cuyo
incumplimiento motivó la materialización de la medida de suspensión de la PBA,
era una obligación que no estaba a cargo del Municipio, sino del concesionario.
Él estaba obligado a cumplir la normatividad ambiental que, para la actividad
15 Cuaderno de anexos tomo 3, folios 226 – 230.
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Demandante: Unión Temporal JJ
específica que debía desarrollar, lo obligaba a tramitar un permiso de
vertimientos según lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010:
<<Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural
o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales,
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental
competente, el respectivo permiso de vertimientos>>.
21.- Aun cuando está acreditado que el Municipio no informó en los documentos
precontractuales que la PBA no contaba con permiso de vertimientos, lo cierto es
que el concesionario debía conocerlo porque ese permiso era indispensable para
la operación de la PBA. Y en cualquier caso, está demostrado que dicha falencia
fue puesta en su conocimiento por parte de Invima en visita realizada el 6 de junio
de 201316, esto es, en una visita efectuada casi tres (3) meses después de haber
iniciado la ejecución del Contrato. En el acta de inspección sanitaria17 se dejó
consignado que:
<<El matadero posee un sistema de manejo de aguas residuales, cuya
caracterización no se encuentra documentada; se solicita a quien atiende la visita
las autorizaciones ambientales, presentándose carpeta con oficios y resoluciones
de la autoridad ambiental del Tolima, CORTOLIMA, cuya última actuación
archivada en esta carpeta, sin el Auto No. 2637 de Mayo 31 del 2011, que en el
artículo primero ordena la SUSPENSIÓN de toda actividad en la planta de sacrificio
de ganado del municipio y diligencia de suspensión de toda actividad en la Planta
de Beneficio Animal (…) por no tramitar los permisos correspondientes
(vertimientos, residuos sólidos, entre otros) y no dar cumplimiento a las
obligaciones impuestas en el auto 907 y Resolución 1171 del 01-10-2007>>.
22.- De conformidad con lo estipulado en el Contrato, la demandante estaba
obligada a realizar todas las labores necesarias para cumplir a cabalidad con el
objeto del mismo, dentro de las cuales destacaba cumplir con la normatividad
ambiental que regía la materia. Y, una vez conoció el informe del Invima que
establecía que la PBA no contaba con el permiso de vertimientos, era su
obligación solicitarlo a Cortolima, para lo cual la entidad territorial demandada
estaba obligada a colaborarle en las gestiones que se debían adelantar.
23.- No obstante lo anterior, el concesionario ejecutó el Contrato por más de tres
(3) años sin realizar las acciones necesarias para obtener el permiso de
vertimientos. Y solo gestionó los documentos necesarios para solicitarlo cuando
Cortolima hizo efectiva la medida de suspensión, los cuales fueron entregados al
Municipio para iniciar el trámite administrativo. Si bien en el expediente está
demostrado que el Municipio presentó la solicitud del permiso de vertimientos el
22 de diciembre de 2016, no obra el acto administrativo que resolvió la solicitud
impetrada en el anterior sentido.
24.- De acuerdo con lo expuesto, está probado que fue el concesionario quien
incumplió el Contrato al no tramitar el permiso de vertimientos necesario para la
16 Cuaderno de anexos tomo 8, folios 821 – 836.
17 En el acta consta que quien atendió la visita de la autoridad sanitaria fue el representante legal de la Unión
Temporal JJ.
11
Radicado: 73001-23-33-000-2018-00344-01 (68911)
Demandante: Unión Temporal JJ
operación de la PBA y que dicha omisión determinó la materialización de la
medida de cierre de la PBA que, a su vez, causó los perjuicios reclamados en la
demanda. Por lo anterior, se debe confirmar la sentencia de primera instancia en
cuanto negó las pretensiones de incumplimiento contractual.
25.- De otra parte, en lo que respecta a la pretensión de terminación y liquidación
del Contrato, se advierte que la demandante las formuló como consecuenciales
de la de incumplimiento contractual, por lo que se impone negarlas.
I.- Condena en costas
26.- Como quiera que el recurso de apelación fue resuelto de manera
desfavorable para la demandante, la Sala la condenará en costas y fijará las
agencias en derecho en tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, de
conformidad con el numeral 1 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de
agosto de 2016. Las agencias en derecho son fijadas en el referido valor porque
el Municipio no intervino en el trámite de la segunda instancia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 16 de junio de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Tolima por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. Fíjense las agencias en
derecho en tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Presidente Magistrado
Con aclaración de voto
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
12
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