Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2018-00345-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2018-00345-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 73001-23-33-000-2018-00345-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
22 de mayo de 2025
Demandante: Félix Salgado Castillo
Demandado: Universidad del Tolima
Rad: 73001-23-33-000-2018-00345-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 73001-23-33-000-2018-00345-01
Demandante: FÉLIX SALGADO CASTILLO
Demandado: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Temas: Reforma a Estatuto General. Excepción de ilegalidad.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
La sala decide el recurso de apelación de la parte demandante contra el fallo
denegatorio de pretensiones, proferido el 9 de mayo de 2019, por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El señor Félix Salgado Castillo1 demandó2, en ejercicio del medio de control de nulidad,
el Acuerdo 031 de 19 de diciembre de 2016, expedido por el Consejo Superior
Universitario «por el cual se adiciona un artículo al acuerdo del CSU N. ° 0213 del 12
de septiembre de 2016».
El acuerdo demandado contiene dos artículos que, en su literalidad, rezan:
ARTÍCULO 1. Adiciónese el artículo 4 al Acuerdo N.º 21 de 2016 el cual quedará así:
SUSPENSIÓN DE PROCESOS DE ELECCIÓN: suspender los procesos de elección
de representantes ante los diferentes Consejos y la de decanos, hasta que entre en
vigencia el nuevo marco normativo que regule su elección. Los representantes de los
1 En principio, la demanda fue presentada por el señor Salgado Castillo, en calidad de representante
legal de la Asociación Sindical de Docentes de la Universidad del Tolima, pero al inadmitirse, para que
acreditara esa calidad, aceptó expresamente que se predicara incoada a nombre propio, ante la
imposibilidad de obtener el certificado del Ministerio del Trabajo en la oportunidad para subsanar la
demanda.
2 El libelo se presentó el 4 de julio de 2018.
3 «Por el cual se establece período de transición, se modifica el estatuto general y se dictan otras
disposiciones».
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estamentos a quienes se les venza el periodo en la transición, podrán seguir en los
cuerpos colegiados siempre y cuando no pierdan la condición por la que fueron
designados. Los decanos a quienes se les venza el periodo en la transición, podrán
ser ratificados o reemplazados por el Rector en la misma condición de interinidad,
hasta que entre en vigencia las nuevas disposiciones que regulen su elección.
ARTÍCULO 2. Los demás artículos del Acuerdo No. 21 de 2016 permanecen vigentes y
no sufren ninguna modificación.
1.1. Hechos
El demandante expuso los siguientes:
La Universidad del Tolima es un ente universitario autónomo de educación superior,
con régimen jurídico especial de carácter público, creada mediante Ordenanza 005 de
1945.
Mediante Acuerdo 104 de 21 de diciembre de 1993 se expidió el Estatuto General de
la Universidad del Tolima.
Posteriormente, el Consejo Superior Universitario por Acuerdo 0014 del 7 de marzo de
2014, expidió su reglamento interno, en desarrollo de los artículos 28 de la Ley 30 de
1992,17 y 18 del Acuerdo 104 de 1993.
La secretaria general del ente universitario cursó citación a los miembros del CSU, vía
correo electrónico, el viernes 18 de noviembre de 2016, a sesión extraordinaria para el
domingo 20 de noviembre siguiente, en cuyo orden del día se agendó la discusión del
entonces proyecto, hoy acuerdo demandado 031 de 19 de diciembre de 2016.
Así mismo, el jueves 15 de diciembre de 2016, la misma funcionaria, convocó a sesión
ordinaria del lunes 19 de diciembre siguiente, nuevamente para tratar el mismo
proyecto, es decir, se trató de la segunda vuelta que se requiere para la modificación
estatutaria, conforme al artículo 18, numeral 9 del Acuerdo 104 de 1993.
Indicó que, producto de las sesiones celebradas, se aprobó el Acuerdo 031 de 2016,
siendo notorias las irregularidades consistentes en: (i) no respetar los tiempos entre
citaciones para la discusión del proyecto, establecidos en el Acuerdo 014 de 2014 y (ii)
«… dicha aprobación, tanto en la primera vuelta como en la segunda, contraría el
numeral 9 del artículo 18 del Estatuto General, son funciones del Consejo Superior: 9.
‘Aprobar o modificar, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros
y en dos sesiones verificadas con intervalo no menor de diez (10) días, los Estatutos
General, del Profesor universitario, del Personal Administrativo y de los Estudiantes,
con arreglo a lo previsto en este estatuto’».
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Lo anterior, por cuanto el proyecto de acuerdo no obtuvo las 2/3 partes de los votos de
los miembros del CSU, esto es 6 sufragios a favor, como consta en la certificación
expedida por la secretaria general. En efecto, en primera vuelta, el proyecto logró 4
sufragios a favor, 2 en contra y 1 de abstención. En segunda, 5 positivos y 1 en blanco.
Por lo expuesto, aseveró que el acto demandado se expidió con violación de las
normas en que debía fundarse y, en consecuencia, fue expedido irregularmente.
1.2. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora adujo que el acto acusado infringió: el parágrafo primero4 del artículo
2 del Acuerdo 014 de 7 de marzo de 2014 (reglamento interno del CSU).
Al efecto, aseveró que la norma en cita fue infringida al no observar entre citación y
discusión en sesión, el interregno requerido, que, incluso, es de cinco (5) días hábiles,
pues la citación a la primera vuelta aconteció el viernes 18 de noviembre para la sesión
del domingo 20 siguiente de 2016, ni siquiera abarcó un día; por otra parte, la segunda
reunión, fue convocada el jueves 15 de diciembre para llevarla a cabo el lunes 19 de
diciembre, por lo tanto, tuvo un interregno de 2 días hábiles.
Las censuras de violación fueron planteadas en los siguientes términos
1.2.1. Expedición irregular por contrariar el parágrafo 1 del artículo 2 del
Acuerdo 014 de 2014
La parte actora señaló que se infringen los derechos y principios constitucionales y
legales, consagrados en el estatuto general universitario, comoquiera que el parágrafo
1, artículo 2 del Acuerdo 014 citado5, establece que las convocatorias a sesiones
deben realizarse con una anticipación no inferior a cinco días hábiles.
Recordó que las modificaciones al estatuto general deben realizarse en dos vueltas.
En el caso concreto, la secretaria general convocó tan solo con 1 y 2 días hábiles de
antelación a las sesiones de discusión del acuerdo en primera y segunda vuelta,
respectivamente.
4 «Parágrafo primero. La convocatoria a sesiones deberá hacerse mediante citación escrita de la
secretaría, con la indicación del orden del día, acompañada de los documentos, informes y proyectos,
que serán objeto de discusión y presentación de la respectiva reunión, con una anticipación no inferior
a cinco (5) días hábiles».
5 «Artículo segundo. El Consejo Superior Universitario a solicitud del Gobernador del Departamento o
su delegado o por el Rector de la Universidad del Tolima, se reunirá ordinariamente una vez al mes,
extraordinariamente y en forma no presencial, cuando sea necesario.
Parágrafo primero. La convocatoria a sesiones deberá hacerse mediante citación escrita de la
secretaría, con la indicación del orden del día, acompañada de los documentos, informes y proyectos,
que serán objeto de discusión y presentación de la respectiva reunión, con una anticipación no inferior
a cinco (5) días hábiles».
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Aseveró que, para la primera, citó el 18 de noviembre de 2016 y la sesión se desarrolló
el día 20 siguiente y, para la última, convocó el 15 de diciembre de 2016 y la reunión
se llevó a cabo el 19 de noviembre siguiente.
Indicó que el Consejo de Estado precisó que el proferimiento de actos administrativos
sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el legislador, o por las
autoridades competentes, lleva a la nulidad de la decisión de la administración por
expedición irregular6.
Concluyó que, ante la existencia de procedimientos previamente establecidos para la
toma de decisiones, la pretermisión de las reglas de trámite, configuran la causal
invocada, como acontece en este caso, respecto a las previsiones de la formación de
los acuerdos modificatorios o reformatorios del estatuto general del ente universitario,
consagrados en el Acuerdo 014 de 2014, en relación con el tiempo que debe cursar
entre la citación y la sesión respectiva.
Agregó «… la omisión que se presentó afecta gravemente el derecho de participación
de todas las instancias que son convocadas, pues no se trata de una mera
contradicción entre lo estipulado en la norma y el actuar de la Universidad del Tolima,
sino que afecta la democratización y la fundamentación en la toma de las decisiones
del ente estatal al no conceder un tiempo suficiente de reflexión y preparación para
discutir los temas trascendentales de la Universidad, desconociendo con ello, además,
el principio de instrumentalidad de las formas…» (negrillas y cursiva del texto).
En concreto, hizo referencia, por una parte, al (i) principio referido frente a las normas
procesales, se basó en el mandato 228 Superior, para indicar que aquel debe
cumplirse atendiendo a la finalidad, comoquiera que debe tratarse de una irregularidad
que afecte la estructura del proceso y la no realización del fin perseguido por la forma.
En otras palabras, la irregularidad generadora de la nulidad del acto es aquella que
impide, tanto la realización del elemento sustancial protegido por la forma, como el
cumplimiento del objetivo de la decisión administrativa.
Señaló que, en materia de creación legislativa este principio es de gran importancia,
por cuanto permite que la función normativa se desarrolle dentro de los principios de
un Estado Social y Democrático de Derecho, como claramente lo indicó la Corte
Constitucional al considerar que «… las formas procesales no tienen un valor en sí
mismo y deben interpretarse teológicamente al servicio de un fin sustantivo…».
Por otra, al (ii) principio de instrumentalidad de las formas en la función administrativa
6 Sobre el vicio de expedición irregular y la inobservancia de los requisitos y procedimiento de formación
del acto administrativo hizo referencia a fallo de 2009 -sin fecha exacta-. Sección Tercera. Radicado
11001-03-26-000-2004-00020-00 (27832). M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
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de los órganos que expiden normas en las entidades estatales. Específicamente, la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado7 coinciden en aseverar que resulta
aplicable a las competencias de expedición normativa que se asignó a los concejos
municipales o a las asambleas que, si bien, no son órganos legislativos propiamente
dichos, sí cuentan con funciones de promulgación de dispositivos y, por tanto, tienen
el deber de respetar las formalidades exigidas para la expedición de acuerdos y
ordenanzas y, así, garantizar los principios del Estado Social y Democrático de
Derecho.
Aplicación del principio de instrumentalidad a la Universidad del Tolima y al
Consejo Superior Universitario que es su cuerpo legislativo
Expuso que la autonomía permite a las universidades darse su propio reglamento,
proferir sus propios acuerdos y expedir la normativa que rija el funcionamiento del ente
autónomo. Además, es el órgano competente para tal efecto es el CSU y, por ende, a
quien le compete aplicar el principio de la instrumentalidad.
Así las cosas, la pretermisión de no garantizar los términos mínimos entre la
convocatoria a las sesiones y estas, genera la nulidad del acto demandado, por cuanto
no se ciñó a los postulados procedimentales en los cuales debería haberse fundado y
al inobservar los principios del Estado Social y Democrático.
1.2.2. Expedición irregular por contrariar el numeral 9 del artículo 18 del
Acuerdo 104 de 1993 del CSU de la Universidad del Tolima
La norma invocada dispone:
Artículo 18. Son funciones del Consejo Superior: …
9. Aprobar o modificar, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros
y en dos sesiones verificadas con intervalo no menor de diez (10) días, los Estatutos
Generales, del Profesor Universitario, del Personal Administrativo y de los Estudiantes,
con arreglo a lo previsto en este estatuto.
Planteó que, conforme a la certificación de la secretaria general, en ninguna de las dos
vueltas, el entonces proyecto de acuerdo logró esa mayoría calificada, que son seis
(6) sufragios. En efecto, en la primera vuelta, obtuvo cuatro (4) votos a favor y, en la
segunda, cinco (5) positivos.
En consecuencia, al no contarse con la mayoría estatutaria requerida para la
aprobación del acto reformatorio que se acusa, cuya temática corresponde a aspectos
de la mayor trascendencia en el manejo de la universidad, se afectó la normativa legal
7 Como soporte citó la sentencia de 30 de julio de 2015. Sección Cuarta. Radicado 70001-23-31-000-
2010-00220-02 (20141). M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
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a la que debió sujetarse la aprobación y se desvió la voluntad institucional.
2. Admisión de la demanda y decisión de la medida cautelar
Mediante sendos autos del 23 de agosto de 2018, previa inadmisión por providencia
de 24 de julio anterior, el despacho a quo, admitió la demanda y corrió traslado de la
medida cautelar. A su turno, por providencia de 25 de octubre de 2018, el tribunal
decretó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, en tanto no fue
aprobado por la mayoría calificada requerida ni se observaron los interregnos entre la
citación y la sesión, ambos supuestos previstos en la norma estatutaria.
Durante el traslado del auto admisorio de la demanda, se hizo presente la Universidad
del Tolima.
3. Contestación de la demanda de la Universidad del Tolima
Mediante apoderada judicial, solicitó la denegatoria de pretensiones, con fundamento
en que, si bien, en la sesión de 20 de noviembre de 2016, el CSU discutió el proyecto
con el cual se iba a adicionar el Acuerdo 021 de 12 de septiembre de 2016, lo cierto
es que, en esa oportunidad, se decidió someter a una nueva votación la propuesta
para garantizar mayor discusión con los diferentes miembros. Así las cosas, la
aprobación real y efectiva del acto demandado ocurrió en la sesión de 19 de diciembre
de 2016.
Aseveró que el 15 de diciembre de 2016 existió una comunicación dirigida a los
miembros del CSU, pero para recordar la realización de la reunión programada para el
19 de diciembre siguiente, pero no fue la convocatoria a la sesión que anunció el actor.
Afirmó que, precisamente, la sesión del 19 de diciembre de 2016 fue programada y
citada desde el 20 de noviembre anterior, como consta en el Acta 018 de 2016. Así las
cosas, la comunicación remitida por la secretaria general el 15 de diciembre de esa
anualidad no es contraria al Acuerdo 014 de 2014, comoquiera que no era la
convocatoria a la sesión en que se expidió el acuerdo demandado y solo fue un
recordatorio de la citación ya realizada.
Con todo, recordó que las sesiones extraordinarias pueden convocarse en tiempo
diferente al establecido en el Acuerdo 014 citado y que el acuerdo demandado fue
aprobado en la reunión de 19 de diciembre de 2016, no en la de 20 de noviembre
anterior. Además, por tratarse de un acuerdo de naturaleza ordinaria solo requería de
una sesión para su aprobación, como sucedió efectivamente el día referido del último
mes de esa anualidad.
Por otra parte, señaló que el acuerdo demandado no modificó ninguna disposición del
Estatuto General, pues solo reglamentó las elecciones internas de la universidad,
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durante el periodo de transición, que fue creado mediante el Acuerdo 021 de 2016, lo
que implica que el 031 de 2016 no está sujeto a las normas que citó la demanda.
Como defensa de fondo esgrimió la excepción de ausencia de la disposición
demandada, por cuanto el Acuerdo 021 referido de 2016 creó un periodo extraordinario
de transición, durante el cual no aplicaban las disposiciones ordinarias del Estatuto
General. Lo anterior, por cuanto, la razón de su expedición fue una crisis de orden
financiero, institucional y de gobernabilidad que hacía inviable la operatividad del ente
autónomo para el periodo académico «A» de 2017, por tanto, se trató de un periodo
temporal necesario para mitigar la problemática referida.
En efecto, el acuerdo demandado, tenía el propósito de garantizar durante el periodo
de transición la estabilidad y conformación del CSU, como máximo órgano de dirección
y gobierno del ente autónomo y quien estaba llamado a adoptar todas las decisiones
relacionadas con la confrontación y superación de la crisis. Aunado a que se permitió
la operación de los diferentes órganos de la universidad, mientras se lograba contar
con los recursos suficientes para convocar a los procesos de elección.
Agregó que el acuerdo demandado no está surtiendo efectos, por cuanto:
… la suspensión de los procesos de elección y la permanencia de representantes se
condicionó a la vigencia del periodo de transición. Por consiguiente, culminado ese lapso
y recobrada la vigencia de las normas ordinarias del Estatuto General, tal prerrogativa
excepcional y coyuntural perdió toda fuerza ejecutoria.
El periodo de transición se estableció e inició el 12 de septiembre de 2016 por un lapso
de 12 meses. Y, casi al término del plazo inicialmente fijado, fue prorrogado por otros 12
meses (Acuerdo 025 de 2017). Es decir, culminó el 11 de septiembre de 2018.
Al culminar el periodo de transición se convocó, en el marco de las normas ordinarias
del Estatuto General, los procesos de elección de representantes de los diferentes
estamentos (Acuerdo 29 de 2018) …
En consecuencia, solicitó que «se inadmita o rechace» la acción pública presentada
por carencia actual de objeto, en razón a que la nulidad que se pretende no tendría
efecto jurídico debido a la pérdida de fuerza ejecutoria, al haber dejado de producir
efectos, una vez concluyó el periodo de transición dispuesto en el Acuerdo 021 de
2016.
Sobre las censuras de violación planteadas por la parte actora, sustentó la defensa en
los siguientes argumentos:
a) Expedición irregular por contrariar el parágrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo
014 de 2014: no resulta de recibo, por cuanto: (i) la sesión en la cual se aprobó fue
citada con más de un mes de antelación y (ii) lo cierto es que, por tratarse de una
sesión extraordinaria, podía ser convocada en cualquier momento.
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a.1. Explicó que, el Acuerdo 031 de 2016 es de carácter ordinario y, a diferencia de lo
afirmado por el actor, no modificó el Estatuto General Universitario, comoquiera que,
con antelación, mediante Acuerdo 021 de 2016, se había previsto un régimen de
transición de doce meses, en el cual algunas disposiciones estarían suspendidas
temporalmente, entre ellas, las relacionadas con algunos procesos electorales, como
el del rector.
Lo anterior, mientras se conjuraban los factores de crisis de la actividad de la
universidad. Pero, en ningún momento, se regularon los trámites eleccionarios de los
representantes de los diferentes estamentos ante el CSU ni ante los demás consejos
de la universidad, tampoco la selección de los decanos.
Ahora bien, señaló que, conforme al numeral 26 del artículo 18 del Acuerdo 104 de
1993, el CSU es competente para expedir el reglamento de elecciones y este ente
consideró necesario regular aquellas que tendrían lugar durante el periodo de
transición, por lo que convocó, debatió y aprobó el Acuerdo 031 de 2016.
Insistió en la pérdida de fuerza ejecutoria de los procesos reglamentados por el
acuerdo impugnado, porque fueron de aplicación temporal mientras se estaba en la
suspensión transitoria, que ya cesó, momento en el cual, las disposiciones del Acuerdo
104 de 1993 recobraron su vigencia e incluso todos los procesos de elección ya fueron
convocados, conforme al Estatuto General.
Argumentó que, al tratarse de una regulación de «excepción», ante la crisis
universitaria que se pretendía manejar, su legalidad no puede ser juzgada en
contraposición con las normas que regulan el procedimiento de expedición de
acuerdos que modifican el Estatuto General, sino desde el ropaje de una función
ordinaria del CSU, que exige de cuórum deliberativo la mitad más uno de los miembros
del CSU, y para su aprobación mayoría de la mitad más uno de los asistentes y su
debate en una sola sesión.
a.2. Indicó que el acto demandado fue aprobado, exclusivamente, el 19 de diciembre
de 2016. Esto era viable porque se trataba de un acuerdo de naturaleza ordinaria.
Aseveró que, en la sesión de 20 de noviembre de 2016, a pesar de haberse tratado y
discutido su aprobación, el CSU decidió postergarla para una nueva votación en la
sesión de diciembre citada, en la que se retomó la discusión del asunto, fecha en la
cual fue expedido el acto impugnado.
a.3. La convocatoria a sesión del 19 de diciembre de 2016 se ajustó a la normativa
universitaria, por cuanto: i) fue realizada en sesión de noviembre de 2016, esto es, con
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un mes de antelación -20 de noviembre—, como consta en el Acta 018 de 20168. Así
las cosas, la comunicación que la secretaria general remitió el 15 de diciembre de
2016, era simplemente un recordatorio de la citación ya realizada en el mes anterior, y
ii) por tratarse de una sesión extraordinaria, no le era aplicable el Acuerdo 014 de 2014,
comoquiera que es el Acuerdo 001 de 1999 (art. 59), el que reglamenta las sesiones
extraordinarias y su convocatoria. Mientras que los plazos que prevé el 014 de 2014,
de cinco días corresponde a las reuniones ordinarias.
La distinción normativa encuentra fundamento en que no todo asunto resulta habitual
y, por ende, las temáticas urgentes requieren dinamismo y prontitud para no afectar la
marcha normal de la institución. Al respecto, agregó:
Desde la anterior perspectiva, la sesión del CSU del 19 de diciembre de 2016 podía
convocarse en cualquier momento por tratarse, justamente, de una sesión extraordinaria,
donde se discutían y definían asuntos excepcionales que afectaban la marcha normal de
la institución.
b) Expedición irregular por contrariar el artículo 18.9 del Acuerdo 104 de 1993 del
CSU. Reiteró que el acto demandado no modificó el Estatuto General y, por ende, esta
disposición no era aplicable a este caso y no podía haberse transgredido. A esa misma
conclusión llegó la Procuraduría General de la Nación al rendir concepto dentro del
proceso de nulidad electoral que cursó contra la elección del rector, para el periodo
2018-2022.
Dentro de ese contexto, indicó que lo determinado en el acto demandado tan solo
comprendió el ejercicio de la facultad estatutaria de reglamentar las elecciones que se
realizarían durante el periodo de transición creado por acuerdo anterior (Ac. 021 de
2016) y, por tanto, siendo un acto de carácter ordinario podía ser adoptado en una
sesión, por la votación afirmativa de la mitad más uno de los miembros asistentes del
CSU.
Concluyó que los planteamientos de la parte actora carecen de fundamento y
constituyen la interpretación arbitraria y errada respecto de la naturaleza de la decisión.
4. Audiencia inicial
Se celebró por el a quo, el 5 de marzo de 2019, en la que se saneó el proceso, se
refirió a que la excepción titulada por la accionada como ausencia de la disposición
8 “La Dra. Olga Lucía expresa que se revise la programación de la fecha del próximo Consejo Superior,
se propone la sesión para el próximo 19 de diciembre a las 11:00 a.m. en la Gobernación.
Propuesta aprobada por los Consejeros Presentes”.
9 Artículo quinto. Las reuniones del Consejo Superior serán extraordinarias, cuando se requiere tratar
un tema de especial urgencia sobre el cual se deba adoptar una decisión inaplazable. Para las reuniones
extraordinarias no será necesario convocar con los dos días de antelación por lo menos. (Subrayas en
la transcripción).
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demandada se estudiaría en la sentencia y fijó el litigio, en los siguientes términos:
Se discute en el presente contencioso objetivo de anulación, la legalidad del acto
administrativo contenido en el Acuerdo N. ° 031 del 19 de diciembre de 2016, expedido
por el CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA “Por el cual se
adiciona un artículo al Acuerdo del Consejo Superior N. ° 021 del 12 de septiembre de
2016”, luego deberá determinarse, si el mismo se encuentra viciado de nulidad por
infracción a la normatividad en que debía fundarse o por expedición irregular, o si por el
contrario, tal acto administrativo se encuentra plenamente ajustado a derecho como lo
sostiene la parte demandada.
En cuanto a las pruebas, se incorporaron las documentales presentadas con la
demanda y su respectiva contestación y se negó oficiar a la demandada para que
remitiera los antecedentes administrativos del acto demandado, porque ya reposaban
en el expediente. Así mismo, se prescindió de la audiencia de pruebas y ordenó correr
traslado para que las partes presentaran alegaciones finales y el ministerio público, el
concepto final.
5. Alegatos de conclusión
5.1. El demandante reiteró los planteamientos del libelo original, pero destacó que el
acuerdo impugnado sí modificó los estatutos generales, al punto que adicionó el
artículo 4 al Acuerdo 021 de 2016, que modificó aquella norma medular, por lo cual sí
requería para su aprobación, el cumplimiento de las exigencias previstas por el
numeral 9 del artículo 18 estatutario.
No se trató de un simple y ordinario acuerdo, como lo pretende hacer ver la accionada,
por cuanto suspender las elecciones, implicó que automáticamente se prolongaran los
periodos de dos años, establecidos por la reglamentación general para los miembros
del CSU, por lo cual, es claro que se está frente a una modificación de los estatutos.
5.2. La Universidad del Tolima recabó en que el acuerdo demandado no modificó la
reglamentación general y, por ende, era viable imbuirle el trámite de cualquiera otro
acuerdo ordinario.
6. Concepto del Ministerio Público
La vista fiscal solicitó declarar la nulidad del acto demandado, por constituir una
modificación transitoria al Estatuto General de la Universidad del Tolima,
específicamente, al parágrafo 8 del artículo 17 del Acuerdo 104 de 1993.
Fundamentó su petición en que no se cumplió con la normativa regente para el trámite,
debate y aprobación de un acto modificatorio del estatuto, comoquiera que suspendió
la vigencia del Acuerdo 104 de 1993, en concreto, el parágrafo 8 del artículo 17, por lo
que adolece de expedición irregular y está afectado de violación de dicha norma
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Rad: 73001-23-33-000-2018-00345-01
general propia del ente universitario.
En efecto, por una parte, porque fue aprobado en primer debate en una sesión
extraordinaria y, debió serlo en una ordinaria. En segundo lugar, por el incumplimiento
de los términos reglamentarios para la citación a la sesión y, tercero, porque su
aprobación fue irregular al no contar con la mayoría requerida propia de las reformas
estatutarias.
7. Sentencia apelada
En providencia de 9 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las
pretensiones de la demanda y levantó la medida cautelar decretada por auto del 25 de
octubre de 2018.
El a quo, aunque dejó en claro que en el auto que suspendió los efectos del acto
demandado, consideró que este adolecía de serios vicios de ilegalidad, pero que para
la emisión del fallo procedía a acoger la decisión de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, adoptada dentro del radicado 73001-23-33-000-2018-00383-0110, que denegó
las súplicas de la demanda.
Luego de exponer las generalidades sobre el medio de control de nulidad, prevista en
el artículo 137 del CPACA, abordó el análisis de las censuras de violación, así:
Infracción de las normas en que debería fundarse y expedición en forma irregular
El tribunal, con fundamento en el literal g) del artículo 18 del Acuerdo 104 del 21 de
diciembre de 1993 o Estatuto General, señaló que el Consejo Superior Universitario
tiene dentro de sus atribuciones, aprobar o modificar los estatutos: general, del
profesor universitario, del personal administrativo y de los estudiantes, de acuerdo con
los presupuestos que fije dicha reglamentación.
Por otra parte, el Acuerdo 0014 del 7 de marzo de 2014 «Por medio del cual se adopta
el reglamento interno del Consejo Superior de la Universidad del Tolima», en el
parágrafo primero, del artículo segundo dispuso que la convocatoria a sesiones deberá
hacerse mediante citación escrita de la secretaria, con una anticipación no menor de
cinco (5) días hábiles a su celebración; además, con indicación del orden del día y
acompañado de los soportes que serán discutidos.
En la cronología de lo acontecido, el CSU expidió el Acuerdo 021 de 12 de septiembre
de 2016, por el cual se establece un periodo de transición, se modifica el Estatuto
General y se dictan otras disposiciones. Y mediante el acto demandado, se adicionó
10 Actor: Félix Salgado Castillo. Demandado: Omar Albeiro Mejía Patiño – Rector de la Universidad del
Tolima. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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un artículo a aquel, en el que se reglamenta el tema atinente a la suspensión de los
procesos de elección.
Posteriormente, abordó el análisis de las pruebas, en el que destacó: las citaciones del
CSU de 18 de noviembre y 15 de diciembre, ambas de 2016, suscritas por la secretaria
general. La primera, convocando a los miembros de este a sesión extraordinaria a
celebrarse el domingo 20 de noviembre de 2016 y la segunda, a la sesión ordinaria a
celebrarse el 19 de diciembre de 2016, para tratar los asuntos relacionados con la
agenda adjunta, entre estos, el segundo debate (2ª vuelta) del proyecto de acuerdo
que a la postre concluyó con la expedición del acto acusado.
Así mismo, la constancia de 2 de abril de 2018 expedida por la secretaria general,
atinente a la votación obtenida en las dos vueltas por el acuerdo demandado; el acta
de sesión extraordinaria N. ° 18 de 20 de noviembre de 2016 y acta de sesión ordinaria
N. ° 020 de 19 de diciembre de 2016.
A partir de lo anterior, concluyó que en aplicación del parágrafo 1 del artículo 2 del
Acuerdo 0014 de 7 de marzo de 2014, el interregno que separa a la convocatoria de
la sesión es de mínimo cinco (5) días hábiles y, conforme al numeral 9 del artículo 18
del Estatuto General, debía aprobarse con la mayoría de 6 votos, comoquiera que solo
obtuvo 4 y 5 sufragios en cada vuelta.
En consecuencia, el a quo consideró que, en efecto, el acto demandado modificó el
estatuto general, comoquiera que adicionó un artículo al Acuerdo 021 de 2016 que
reformó expresamente a aquel. A su juicio, no se trató de una decisión de naturaleza
ordinaria, cuando, precisamente, agregó una disposición al modificatorio de la norma
general.
De tal suerte, que si el Acuerdo 021, requirió de las 2/3 partes de los votos para ser
aprobado, la misma suerte debió seguir el 031 que el adicionó un artículo, que ni más
ni menos, suspende los procesos de elección de todos los representantes de los
diferentes estamentos ante los distintos consejos y la de los decanos de la Universidad
del Tolima.
El a quo, señaló:
Igual suerte, corre la manifestación que la convocatoria a la sesión ‘extraordinaria’ del 19
de diciembre no se regía por las normas generales a que hace referencia el Acuerdo 014
de 2014, pues, en primer lugar, la sesión del 19 de diciembre en modo alguno se trató
de una sesión extraordinaria, puesto que según la convocatoria (fols. 19 a 20 del
Cuaderno Principal) al Consejo Superior se le convocó para una sesión ordinaria, y
así se suscribió el Acta 020 de 2018 (fol. 27 a 30 del Cuaderno Principal). Y, en segundo
lugar, por cuanto, contrario a lo afirmado por la apoderada de la demandada, el Acuerdo
014 de 2014, en su artículo segundo sí se ocupó de tratar las sesiones ordinarias como
las extraordinarias y aun las reuniones no presenciales, pero claramente en el parágrafo
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primero se refirió a la citación de convocatoria a sesiones, es decir, a todas ellas, sin que
exista el vacío que se refiere para acudir a la aplicación del Acuerdo 001 de 1999.
Concluyó que el acto acusado incurrió en las causales de anulación de infracción a las
normas en que debía fundarse y expedición irregular.
Pero, reiteró que la Sección Quinta en fallo de 28 de febrero de 2019, proferido dentro
del expediente de nulidad electoral 73001-23-33-000-2018-00383-0111, revocó la
decisión de primera instancia, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda
contra la elección del rector del ente universitario y, al decidir la excepción de ilegalidad
contra el Acuerdo 031 de 2016, que fue planteada con fundamento en que contrariaba
los Estatutos Generales de la Universidad, no la encontró próspera, desde el
entendimiento de que dicho acto no era reformatorio de la norma interna.
En esa oportunidad, para el tribunal de primera instancia, el mentado acuerdo modificó
el estatuto general, por ello, para su aprobación requería de la mayoría calificada, del
numeral 9 del artículo 18 del Acuerdo 104 de 1993 y ello incidía en la elección rectoral
de ese entonces. En posición contraria, para los apelantes, el Acuerdo 031 de 2016 no
la requería para su aprobación, por tratarse de un acto ordinario y no reformatorio.
La Sección Quinta, en el antecedente citado, luego de analizar el artículo 18
estatutario, contentivo de la competencia del CSU para, entre otras atribuciones,
modificar la norma general, concluyó que esta fue reformada por el Acuerdo 021 de
2016 que estableció un periodo de transición que llevó a suspender en el tiempo la
elección del rector, pero que la adición que hiciera el acto acusado de excepción de
ilegalidad, esto es el Acuerdo 031 de 2016, en el sentido de suspender los procesos
de elección hasta tanto entrara en vigencia el nuevo marco normativo que regulara la
elección, ya no era reformatorio.
Dentro de ese contexto, la Sala Electoral del Consejo de Estado no evidenció que, el
Acuerdo 031 fuera un acto modificatorio del Estatuto General, por lo que no resultaba
necesario que se regulara bajo la normativa de los actos reformatorios, es decir, para
su aprobación no requería de la mayoría calificada de las 2/3 partes de los miembros
del CSU, tampoco que la discusión se surtiera en dos sesiones, con intervalos con un
mínimo requerido, por lo que indicó que no le asistía razón a su a quo al afirmar que el
acto demandado había sido proferido en contravía de lo establecido en el numeral 9
del artículo 18 estatutario.
Visto lo anterior, el Tribunal a quo, a título conclusivo, consideró:
En este orden de ideas, y comoquiera que el Consejo de Estado, al analizar la legalidad
del Acuerdo aquí demandado, que por vía de la excepción de ilegalidad había inaplicado
11 Demandante: Félix Salgado Castillo. Demandado: rector Universidad del Tolima. M.P. Carlos Enrique
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esta Corporación dentro del proceso de nulidad electoral instaurado en contra del acto
de elección del Rector de la Universidad del Tolima, concluyó, que “no se evidencia que
aquella haya alterado el contenido del Estatuto General, toda vez que simplemente
suspendió algunos procesos electorales sin variar los términos en que aquellos se
adelantarían”, que “es claro que el Acuerdo 031 no constituye una reforma del Estatuto
General de la Universidad del Tolima y por lo tanto, no era necesario que se sometiera
a la regla de modificación consagrada en el artículo 18, numeral 9 del Acuerdo 104 de
1993”, y además que en tal sentido, “no requería de las 2/3 partes de los miembros del
Consejo Superior y la discusión en 2 sesiones verificadas con intervalo no menor de 10
días, sino que bastaba la mayoría simple consagrada en el artículo 17 del Estatuto
General para el resto de las votaciones que tienen lugar en el ente universitario”, la Sala
en respeto y acatamiento al precedente de nuestro órgano de cierre, acogerá tal
decisión, en aras de brindar seguridad jurídica, y en consecuencia, denegará las súplicas
de la demanda.
Así las cosas, acató la decisión precedente proferida por la Sección Quinta sobre el
Acuerdo 031 de 2016 y, en tal entendimiento, no acogió las pretensiones de la
demanda y procedió a negarlas.
8. Recurso de apelación
La parte demandante, mediante escrito de 28 de mayo de 2019, presentó recurso de
apelación contra el fallo denegatorio del Tribunal Administrativo del Tolima.
Insistió en los argumentos de la demanda, sobre el incumplimiento de los requisitos de
aprobación estatutarios del Acuerdo 031 de 2016, en cuanto al intervalo de las
citaciones de las sesiones aprobatorias y a la mayoría calificada requerida para su
aprobación.
Señaló que, el acto impugnado fue reformatorio de los estatutos, por cuanto tuvo como
propósito prolongar el periodo de al menos cinco miembros del CSU, en inobservancia
de la norma general que estableció que se desempeñarían por bienios, contados a
partir de la respectiva elección, conforme al artículo 17, numeral 4 del Acuerdo 104 de
1993. Lo cierto fue que, el acto demandado suspendió todas las elecciones en la
universidad, incluyendo la de los miembros del CSU, que por lo demás, deben
someterse a ese proceso democrático. Aludió específicamente a los representantes:
de los profesores, de los estudiantes, de los exrectores, de los egresados, de las
directivas académicas y del sector productivo.
Concluyó que, suspender las elecciones mediante el acuerdo demandado fue aplazar
el numeral 4, del artículo 17 estatutario, tanto así que no se convocó para la
designación de los miembros de los estamentos mencionados y, es más, los periodos
de quienes venían fungiendo como tales, se extendieron por más de un (1) año.
Indicó que la sesión de 19 de diciembre, para efectos del acuerdo demandado fue
tratada como una segunda vuelta, como puede corroborarse en la citación respectiva.
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Tampoco comparte que se subvalore el acto demandado indicando que lo que hizo fue
reglamentar los procesos electorales durante el periodo de transición, comoquiera que
modificó el acuerdo 021, que a su vez reformó la norma estatutaria. Expresó que es
errado que se piense que fue un simple acto reglamentario de las elecciones, porque
se trató de la suspensión de estas y constitutivo de una real modificación al reglamento
general, como lo explicó en precedencia. Destacó que el Acuerdo 031 no es
independiente ni se deslinda del Acuerdo 021 de 2016.
Consideró que el fallo de primera instancia era contra evidente, pues al justificar la
denegatoria de nulidad en la preservación de la seguridad jurídica, por respeto a la
decisión adoptada en proceso anterior por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
resultó contrario a derecho, por cuanto, se trata de dos acciones totalmente diferentes
y, se apoyó en el concepto del ministerio público.
En efecto, la vista fiscal indicó que, en este proceso, la decisión no está condicionada
al antecedente de la Sección Quinta, comoquiera que en esa oportunidad se conoció
de la nulidad de la elección del rector y la decisión se dio en el marco de la excepción
de ilegalidad y no se hizo un cotejo integral del Acuerdo 031, con lo normado en el
parágrafo 8 del artículo 17 y el numeral 9 del artículo 18 del Acuerdo 104 de 1993. Al
punto, que el examen de legalidad está limitado a una de las censuras que soportaron
la excepción de ilegalidad, por lo cual resulta sesgado. Recordó que la demanda contra
el rector, lo conformaban dos cargos, a saber: (i) el primero, sobre la convocatoria a
las sesiones del CSU (Ac. 014 de 2014) y (ii) el segundo, atinente a la modificación del
estatuto general, que para su aprobación requería de los 2/3 partes de los miembros
del CSU (art. 18.9 del Acuerdo 104 de 1993).
La parte apelante indicó que el acuerdo demandado trata sobre un derecho
fundamental de la comunidad universitaria, como es, la participación política en la
conformación del poder; así las cosas, suspender las elecciones es dejar pendientes
esa garantía constitucional, como se lee en la sentencia C-829 de 2002 de la Corte
Constitucional sobre la constitucionalidad de algunas normas de la Ley 30 de 1992 y
del Decreto 1210 de 1993, atinentes al régimen disciplinario del personal administrativo
de los entes autónomos y cuándo se incurre en expedición irregular.
Recordó que la alta corporación indicó que se configura esta última, cuando se omiten
las formalidades sustanciales en la producción del acto. Así las cosas, existe en
cabeza de la entidad que lo expide la competencia, solo que se transgreden los
requisitos específicos y predeterminados del procedimiento para elevarlo a acto
administrativo, los cuales resultan ser condiciones esenciales para su validez y, que
en últimas, garantizan la seguridad jurídica, tanto de la administración en la toma de
decisiones, como para los administrados, como beneficiarios de estas, porque fijan el
sendero claro y concreto, para tener certeza sobre la actuación.
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9. Trámite en segunda instancia
Habiendo llegado el expediente al Consejo de Estado, el 14 de junio de 2019, fue
repartido a la Sección Primera, como consta en acta de 18 de junio siguiente. Por auto
de 28 de junio de 2019, se admitió el recurso de apelación de la parte actora. Esta
decisión se notificó el 3 de julio de la misma anualidad y se fijó en estado de 5 de julio
siguiente.
Por auto de 25 de julio de 2019, la Sección Primera ordenó la presentación de alegatos
y la rendición del concepto final por parte del ministerio público. Esta decisión se
notificó el 29 siguiente y se fijó en estado de 2 de agosto e ingresó para fallo el 9 de
septiembre de 2019.
Sin que se hubiera proferido fallo, en providencia de 1 de noviembre de 2024, la
Sección Primera resolvió remitir el expediente a la Sala Electoral, por tratarse del
medio de control de nulidad contra el acto que reglamenta el procedimiento de
elección. Esta decisión se notificó el 8 de noviembre de 2024 y se entregó a la Sección
Quinta, mediante oficio 2919 de 20 de noviembre de 2024. Luego, en comunicación de
28 de enero de 2025, la secretaria de la Sección Quinta informó a los sujetos
procesales y al Ministerio Público sobre la inserción de las providencias asociadas al
proceso de la referencia, para que pudieran visualizar el expediente digitalizado en el
enlace Samai.
Mediante memorial de 4 de abril de 2025, la Universidad del Tolima, a través del rector,
confirió poder a la sociedad Asesores Jurídicos & Consultores Empresariales S.A.S.,
para que la represente en la presente causa.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para resolver sobre el recurso de apelación, interpuesto por el
demandante, contra la sentencia del 9 de mayo de 2019, por medio del cual el Tribunal
Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda, lo anterior de
conformidad, con el artículo 15012 del CPACA, y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de
12 «Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación…». Aunque fue modificado por modificado por el
artículo 26 de la Ley 2080 de 2021, esta regulación no existía al momento de presentar los recursos de
apelación y, por ende, no resultaba aplicable, conforme al artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
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201913, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
Lo anterior, resulta armónico con el artículo 152, numeral 1°14 de la Ley 1437 de 2011,
en su texto original, que dispone que los asuntos del medio de control de nulidad contra
actos de orden departamental, son del conocimiento de los tribunales administrativos,
en primera instancia.
Al efecto, resulta pertinente indicar que la Universidad del Tolima, conforme a la
Ordenanza 005 de 1945, fue creada como un ente autónomo, de carácter oficial del
orden departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y
patrimonio independiente, conforme lo indica el artículo 2 del Acuerdo 104 de 1993 o
Estatuto General15.
2. Problema jurídico
Con base en la fijación del litigio realizada por el a quo, lo decidido en el fallo y los
planteamientos del recurso de apelación corresponde a la Sala determinar si hay lugar
a confirmar, revocar o modificar, la decisión denegatoria de la nulidad del Acuerdo 031
de 19 de diciembre de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Universidad del
Tolima «por el cual se adiciona un artículo al Acuerdo del Consejo Superior
Universitario N. ° 21 del 12 de septiembre de 2021».
En concreto, determinar si el acto demandado resultaba reformatorio de la
reglamentación marco estatutaria y, por ende, debía someterse a los requisitos fijados
para esta clase de decisiones.
Para dilucidar la controversia en la alzada, se deben analizar los siguientes ejes
temáticos: i) el principio de autonomía y la normativa que rige a la Universidad del
Tolima en materia de aprobación de los acuerdos; ii) los alcances de la decisión que
se adoptó la Sección Quinta, por vía de excepción de ilegalidad frente al Acuerdo 031
de 2016; iii) establecer si el acto acusado se expidió en forma irregular por contrariar
el parágrafo 1. °, del artículo 2 del Acuerdo 014 de 2014 y el artículo 18.9 del Acuerdo
104 de 1993 del CSU. En concreto, porque siendo una reforma a los estatutos
generales de la universidad (a) no se respetaron los tiempos entre citaciones para la
discusión del proyecto, consistente en cinco días hábiles, establecidos en el Acuerdo
13 Modificado por el Acuerdo 434 del 2024.
14 «Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 1. De los de nulidad de los
actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden departamental…». Con la
modificación que introdujo la Ley 2080 de 2021, en su artículo 25, la redacción de este numeral se
mantuvo intacta.
15 El artículo 2. La Universidad del Tolima es un ente universitario autónomo, de carácter estatal u oficial
del orden departamental, creado por la Ordenanza N. ° 005 de 1945, con personería jurídica, autonomía
académica, administrativa y financiera, y patrimonio independiente, que elaborará y manejará su
presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden. En lo que se refiere a las políticas y la
planeación del sector educativo, está vinculada al Ministerio de Educación Nacional.
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014 de 2014 y (b) se inobservó la mayoría calificada de las 2/3 partes de los miembros
del CSU, en las dos vueltas de votación para su aprobación, en contravía del numeral
9 del artículo 18 del Estatuto General.
Lo anterior, por cuanto subsiste en el debate jurídico si al Acuerdo 031 de 2016 le son
aplicables los dispositivos mencionados, que son propios de los actos reformatorios
del estatuto general.
Dilucidado ese aspecto y, solo en caso de que la respuesta sea afirmativa, se
verificarán los medios de convicción, a fin de determinar si se incurrió en la mentada
expedición irregular ante las falencias alegadas por la parte actora y reiteradas en la
apelación.
i) El principio de autonomía y la normativa que rige a la Universidad del Tolima,
en materia de aprobación de los acuerdos
La Constitución Política de 1991 consagró uno de los principios principales que
caracterizan a los entes universitarios, como lo es la autonomía, como una garantía
institucional, prevista en el artículo 69 Superior, para asegurar la misión de dichos
entes académicos.
Conforme lo ha indicado la Corte Constitucional16, la universidad se concibe como un
centro de pensamiento que tiene entre sus objetivos, conservar y transmitir la cultura,
la ciencia y la técnica; preparar profesionales, investigadores y científicos idóneos;
fomentar el estudio de los problemas nacionales y coadyuvar a su solución, propender
por una formación ética y auspiciar la libre y permanente búsqueda del conocimiento
y la vinculación del pensamiento colombiano a la comunidad científica internacional;
formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y la democracia.
Esa autonomía, entonces resulta necesaria y se contiene en el mandato superior
citado, desde lineamientos prácticos que lo hacen posible en su implementación y que
la propia norma indica en las facultades, entre otras de poder «… regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley».
Normativamente, la Ley 30 de 1992, «por el cual se organiza el servicio público de la
Educación Superior», en sus artículos 28 y 29, materializa la autonomía, al indicar que
cuenta con las facultades de: i) darse y modificar sus estatutos, ii) designar sus
autoridades académicas y administrativas, iii) crear, organizar y desarrollar sus
programas académicos, iv) definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, v) otorgar los títulos correspondientes, vi) seleccionar
a sus profesores, vii) admitir a sus alumnos y viii) adoptar sus correspondientes
16 Corte Constitucional, Sentencia T-574 de 1993
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regímenes y ix) establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.
En el caso concreto, el Consejo Superior Universitario del ente autónomo expidió el
Acuerdo 104 de 21 de diciembre de 1993 «por el cual se expide el Estatuto General
de la Universidad del Tolima». Esta norma general interna de la entidad académica,
consagra el principio de autonomía como uno de sus estandartes o principios
orientadores, sin desconocer la potestad de inspección y vigilancia que ejerce el
Estado, en armonía con el artículo 1 ib., al indicar que en cuanto a las políticas y
planeación del sector educativo se encuentra vinculada al Ministerio de Educación
Nacional.
Al efecto, se lee, a continuación:
Artículo 3. En ejercicio de su autonomía, la Universidad del Tolima tiene
derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas
y administrativas, crear, organizar y desarrollar programas académicos, definir y
organizar labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales,
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus
estudiantes y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y
aplicar sus recursos y finanzas para el cumplimiento de su misión social y de su
función institucional.
Artículo 6. Mod. Ac. 024 de 2013. La Universidad del Tolima se regirá por los
siguientes principios:
(…)
d. Autonomía. Para el cumplimiento de su misión, objetivos y políticas, la
Universidad actuará con independencia de los intereses fragmentados e
inmediatos del poder político y la sociedad. Solamente sobre este fundamento, la
Universidad de acuerdo a la ley, expedirá sus normas internas, tomará sus
decisiones y desarrollará sus actividades
Dentro del organigrama del ente académico, la norma estatutaria citada menciona que
la dirección de la universidad corresponde al consejo superior, al consejo académico
y al rector (art. 16).
Ahora bien, el Consejo Superior está definido como el máximo órgano directivo y todos
sus miembros participan con voz y voto, salvo el rector que solo tiene la primera. Lo
integran diez miembros, a saber: (i) el gobernador del departamento del Tolima o su
delegado permanente, quien lo preside; (ii) un miembro designado por el presidente
de la República; (iii) un miembro designado por el Ministerio de Educación; (iv) un
representante del sector productivo o suplente; (v) un exrector del ente universitario o
su suplente; (vi) un egresado o suplente; (vii) un representante de las directivas
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académicas o suplente; (viii) un profesor o suplente; (ix) un estudiante o su suplente y
(x) el rector (art. 17).
Dentro de ese contexto autonómico, el ente de educación superior asignó al CSU,
entre otras competencias, la aprobación o modificación de los estatutos universitarios,
a saber: el general, el del profesor, el universitario, el del personal administrativo y el
de los estudiantes (numeral 9 del art. 18 ib.). Además, de darse su propio reglamento
(num. 25) y expedir el de las elecciones (num. 26 ejusdem). Así también, asignó al
Consejo Académico, la posibilidad de proponer al CSU las reformas de los estatutos
universitarios que sean necesarias (num. 9 art. 20 ib.).
Además, en el capítulo de disposiciones varias, previó en el artículo 41 estatutario, la
siguiente reglamentación:
Mientras se adoptan los estatutos de personal docente, estudiantil y de personal
administrativo, continuarán aplicándose los estatutos y demás disposiciones que sobre las
mismas materias se encuentren vigentes. Mientras se integran los órganos de la
Universidad, conforme al presente estatuto, continuarán ejerciendo sus funciones los
actuales órganos con la composición y el origen que prevén las normas vigentes y
asumirán las atribuciones que les confiere el presente estatuto.
De todo el contexto visto, se evidencia que el margen de autonomía con el que cuenta
el ente universitario es amplio y ello responde en ese sentido a lo que la Corte
Constitucional describió como «(…) la capacidad de autorregulación filosófica y de
autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público
de educación superior»17, para efectos de garantizar que los programas de formación
técnica y profesional no se vean afectados por interferencias políticas o de otra
naturaleza distinta de la académica18.
En sentencia de unificación19, la Corte afirmó lo siguiente:
(…) una de las dimensiones de la Autonomía universitaria es la organización interna
(política y administrativa) que, junto a las demás facultades de Autogestión, les dan a las
entidades de educación superior la capacidad para desarrollar su objetivo en relación con
el conocimiento y con el aporte a la sociedad.
(…) el autogobierno (para gestionar, administrar y autoverificar) se concreta en los
estatutos de la universidad. Estos recogen los mecanismos diseñados para la toma de
decisiones sobre la comunidad universitaria o sobre cualquiera de sus miembros, como
expresión de voluntad universitaria.
(…) este tribunal se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el autogobierno como
elemento de la autonomía administrativa. Este incluye varias facultades para la institución
17 Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Reiterada, entre otras, en las sentencias
T-097 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T- 277 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
18 Sentencia T-152 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19 Corte Constitucional Sentencia SU-261 de 2021, MP José Fernando Reyes Cuartas.
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de educación superior: (…) libertad de elaborar sus propios estatutos, definir su régimen
interno, estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y período de sus
directivos y administradores (…)
La dirección de las universidades públicas está a cargo del Consejo Superior universitario,
del consejo académico y del rector. (…) el rector es el representante legal y la primera
autoridad ejecutiva de la universidad oficial. Su designación la hace el Consejo Superior
universitario, a través de la aplicación del reglamento que debe fijar la universidad, en el
que precise los requisitos y calidades para desempeñar este cargo.
En cumplimiento de los preceptos fijados por la misma universidad, la designación del
rector es central para el desarrollo de su actividad y para la concreción de esa garantía.
Por ende, cada ente de educación superior tiene la potestad de regular, entre otros
asuntos, cómo se imparte su reglamentación general interna, crearla, modificarla o
derogarla. Esto corresponde, ni más ni menos, al reconocimiento del principio
constitucional de autonomía, aunque, valga aclarar, que no se trata de un principio
absoluto ni ilimitado, comoquiera que debe respetar la Constitución Política y el orden
legal20.
Dentro de ese contexto, el estatuto general contiene normativa expresa sobre la
reglamentación reformatoria de aquel, al prever en el numeral 9 del artículo 18 del
Acuerdo 104 de 1993, que para la creación o modificación de las disposiciones marco,
deben concurrir los siguientes supuestos: (i) la autoridad competente que es el Consejo
Superior Universitario; (ii) se requiere que el proyecto de reforma sea discutido en dos
sesiones, que deben llevarse a cabo con un intervalo de tiempo no menor de diez (10)
días y (iii) para su aprobación se requiere del voto favorable de una mayoría calificada,
a razón de las dos terceras partes (2/3) de sus miembros.
Por otra parte, el ente universitario en el Acuerdo 014 de 7 de marzo de 2014 consagra,
dentro de su autonomía, el régimen aprobatorio de los actos o decisiones ordinarias,
al consagrar en el artículo 4 que el CSU deliberará con la presencia de por lo menos
la mitad más uno de sus miembros (cuórum deliberatorio) y las decisiones se
adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes con derecho a voto (cuórum
decisorio).
20 De interés resulta la siguiente consideración contenida en sentencia C-810 de 2003: … la autonomía
universitaria no es absoluta pues encuentra su límite tanto en el orden constitucional, como en el legal.
Tal conclusión resulta obvia pues el propio artículo 69 de la Constitución establece que las universidades
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. En efecto, como
lo ha sostenido esta Corte ‘cualquier entidad pública o privada por el simple hecho de pertenecer al
Estado de derecho, se encuentra sujeta a límites y restricciones determinados por la Constitución y la
ley’… Similar criterio acogió la sentencia C-918-2002 que, reiterando la posición sostenida por esta
Corte en la sentencia T-918 de 2002 que, reiterando la posición sostenida por esta Corte en la sentencia
T-184 de 1996, señaló que la autonomía no puede entenderse como autodeterminación absoluta, ya
que las universidades hacen parte del conglomerado social bajo el cual se edifica y sustenta el Estado
Social de Derecho (CP art. 1°). Esta situación implica que están sometidas a su ordenamiento jurídico.
Por consiguiente, el ejercicio de dicha autonomía debe llevarse a cabo de conformidad con los mandatos
que consagran los valores, derechos y garantías constitucionales y con sus desarrollos legales.
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ii) Los alcances de la decisión que se adoptó por la Sección Quinta, por vía de
excepción de ilegalidad frente al Acuerdo 031 de 2016 y su aplicación al caso
que se discute.
De importancia resulta este específico eje temático, comoquiera que el tribunal a quo,
condiciona su decisión denegatoria por la seguridad jurídica y al allanamiento al fallo
de la Sección Quinta de 28 de febrero de 2019, proferido dentro del vocativo 73001-
23-33-000-2018-00383-01, en el que se revocó el fallo de primera instancia que
accedió a la declaratoria de nulidad de la elección del entonces rector.
Los extremos en esa oportunidad giraban en torno a la legalidad del acto de
designación de dicho directivo, contenido en el Acuerdo 022 de 12 de junio de 2018
expedido por el CSU, pero a esa pretensión anulatoria del acto declaratorio de la
elección, le antecedía a la pretensión de nulidad electoral, la siguiente:
«APLICAR la excepción de ilegalidad frente al Acuerdo N. ° 031 del 19 de diciembre
de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Universidad del Tolima por las razones
señaladas en este proveído».
En el fundamento normativo de las pretensiones de este antecedente, la parte actora
de ese entonces indicó que (i) por medio del Acuerdo 031 de 2016, se modificó el
Acuerdo 021 de esa misma anualidad, por cuanto se determinó una transición,
con el propósito de suspender todos los procesos de elección democrática
dentro de la institución. (ii) esto implicó que los periodos – dos años desde la
elección— de los miembros del CSU fueran ampliados automáticamente, a pesar de
su inminente vencimiento y (iii) en este punto, los estatutos solo permiten que, al
vencerse el tiempo de desempeño de cada representante, se convoque a elecciones,
pero no puede suspenderlas.
Respecto a esta solicitud, la decisión judicial antecedente que se profirió el 28 de
febrero de 2019, en primera instancia, aplicó la excepción de ilegalidad del Acuerdo
031 de 19 de diciembre de 2016 y advirtió que, en cumplimiento del artículo 148 del
CPACA, el acto inaplicado no se excluía del ordenamiento jurídico, por los efectos inter
partes y para el caso concreto, propios de la figura.
Dentro de ese contexto, agregó que:
… una vez vencido el periodo para el cual fueron elegidos los miembros del CSU, dichos
dignatarios quedaron relevados de la representación para la cual fueron designados, en
los términos de los parágrafos 4 y 6 del artículo 17 del Estatuto General de la
Universidad. Específicamente, señaló que el representante de las directivas académicas,
docentes, egresados, estudiantes y exrectores, ya tenían vencidos sus periodos
estatutarios y, por ende, no estaban facultados para debatir, votar y elegir al rector de la
universidad.
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(…)
Argumentó que los actos administrativos dictados por funcionarios de facto, son válidos
y están amparados por la presunción de legalidad; sin embargo, precisó que los
miembros del CSU a quienes se les venció el periodo, no podían recibir tal tratamiento,
porque jamás tuvieron la connotación de funcionarios públicos y, en tal medida, mal
podría afirmarse que desempeñaron un cargo en virtud de una investidura irregular.
La Universidad del Tolima, apelante en esa ocasión, en la alzada señaló que el tribunal
aplicó erradamente la excepción de ilegalidad del Acuerdo 031 de 2016, al considerar
que requería un trámite especial y de mayoría calificada para su aprobación, sin tener
en cuenta que con dicho acto administrativo no se modificó el Estatuto General, sino
que se reglamentaron los procesos de elección al interior de la universidad, decisión
cuyo trámite de aprobación es ordinario.
Respecto de esta parte última del planteamiento del ente universitario, el Ministerio
Público, en esa oportunidad, conceptuó que el Acuerdo 031 de 2016 solo consolidó las
decisiones que el Consejo Superior adoptó mediante el Acuerdo 021, por lo que para
su aprobación no requería de las 2/3 partes de los miembros del CSU, votación que
solo se exige para la modificación o adición del Estatuto General. Así las cosas, para
ser aprobado solo requería de mayoría simple.
La Sección Quinta, en ese antecedente, al hacer referencia a la figura en cita,
consideró que el tribunal si estaba facultado para acudir a la excepción de ilegalidad
frente al Acuerdo 031 de 2016, desde la censura de contrariedad de lo normado en los
Estatutos Generales de la Universidad del Tolima, porque la parte actora y
excepcionante de ilegalidad, consideró que dicho acto se expidió sin acatamiento a los
requisitos que requiere toda reforma estatutaria, a saber: (i) aprobación con mayoría
cualificada de las 2/3 partes de los votos de los miembros del CSU y (ii) la discusión
en dos (2) sesiones verificadas con intervalo no menor de 10 días.
Valga recordar que se pretendía el retiro del ordenamiento del Acuerdo 031 de 2016,
a fin de probar que la elección del entonces rector resultaba nula, pues había sido
elegido por miembros del CSU a quienes por disposición de ese acto se les había
extendido su periodo bianual estatutario que incluso ya había expirado.
La Sala Electoral, en el antecedente en cita, aludió al artículo 148 del CPACA, a la
sentencia C-037 de 2000 y al artículo 12 de la Ley 153 de 1887, para indicar que los
actos que resulten contrarios a las leyes pueden ser inaplicados mediante la excepción
referida, comoquiera que se trata de una manifestación del principio de legalidad y del
sistema jerárquico normativo.
Agregó:
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… corresponde ahora determinar si las razones por las cuales la aplicó se ajustan o
no a derecho.
En criterio del a quo, el Acuerdo 031 de 2016 no obtuvo las mayorías exigidas en el
Estatuto General de la Universidad para su aprobación. Para el Tribunal el acuerdo
en cuestión constituye una modificación del Estatuto General y, por tanto, requería el
voto de las 2/3 partes en los términos del artículo 18 numeral 9 del Acuerdo 104 de
1993, mientras que para los recurrentes dicha mayoría no era necesaria por cuanto
no modificó en manera alguna ese estatuto.
Ahora bien, el artículo 18 del Estatuto General de la Universidad dentro de las
funciones del Consejo Superior, consagra: “…9. Aprobar o modificar, con el voto
favorable de las dos terceras partes de sus miembros y en dos sesiones verificadas
con intervalo no menor de diez días, los Estatutos General, del Profesor Universitario,
del Personal Administrativo y de los Estatutos, con arreglo a lo previsto en este
Estatuto…”.
Conforme con la norma, es claro que la mayoría en cuestión es necesaria para la
modificación del Estatuto General, razón por la cual se debe determinar ahora si el
precitado Acuerdo 031 de 2016 constituyó una modificación a dicho estatuto o no.
Como se mencionó, a través de dicho acto administrativo se adicionó el artículo 4 del
Acuerdo 021 de ese mismo año, en el sentido de suspender los procesos de elección
de representantes de los diferentes consejos y de decanos de la universidad, hasta
tanto entrara en vigencia el nuevo marco normativo que regularía su elección, en los
siguientes términos:
Suspensión de procesos de elección. Suspender los procesos de elección de
representantes ante los diferentes Consejos y la de decanos, hasta que entren en
vigencia el nuevo marco normativo que regule su elección. Los representantes de
los estamentos a quienes se les venza el periodo en la transición, podrán seguir
en los cuerpos colegiados siempre y cuando no pierdan la condición por la que
fueron designados. Los decanos a quienes se les venza el periodo en la transición
podrán ser ratificados o reemplazados por el Rector en la misma condición de
interinidad, hasta que entren en vigencia las nuevas disposiciones que regulen la
elección.
A su turno, el Acuerdo 021 de 2016 estableció un periodo de transición y modificó el
Estatuto General de la Universidad en lo que a las funciones del rector se refiere, de
lo que se deduce que no todas las disposiciones del referido acto administrativo
variaron el estatuto, por lo que debe analizarse el contenido de la adición efectuada
por el Acuerdo 031 al 021 para determinar si aquella varió o no el Estatuto General.
Así, del análisis de la disposición adicionada no se evidencia que aquella haya
alterado el contenido del Estatuto General, toda vez que simplemente
suspendió algunos procesos electorales sin variar los términos en que aquellos
se adelantarían.
En ese orden de ideas, es claro que el Acuerdo 031 no constituye una reforma del
Estatuto General de la Universidad del Tolima …
[por] lo tanto, no era necesario que se sometiera a la regla de modificación
consagrada en el artículo 18, numeral 9 del acuerdo 104 de 1993, es decir, para su
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aprobación no requería de las 2/3 partes de los miembros del Consejo Superior y la
discusión en 2 sesiones verificadas con intervalo no menor de 10 días, sino que
bastaba la mayoría simple, consagrada en el artículo 17 del Estatuto General para el
resto de las votaciones que tienen lugar en el ente universitario.
Conforme a lo anterior, se encontró probado que el Acuerdo 031 referido se aprobó
con cinco (5) votos a favor y uno (1) en blanco de los seis (6) miembros que asistieron
a la sesión correspondiente (véase acta 20 de 19 de diciembre de 2016 del CSU) y,
por ello, se consideró que el tribunal a quo había errado al afirmar que el Acuerdo 031
de 2016 había sido proferido contrariando lo establecido en el numeral 9 del artículo
18 del Estatuto General de la Universidad del Tolima, que es aplicable pero para las
reformas a los estatutos.
Ahora bien, en esta oportunidad, dentro del vocativo de la referencia que ocupa la
atención de la Sala, no se encuentra argumento que lleve a modificar la posición de
antaño, comoquiera que no se trata de un acto reformatorio de los estatutos, como se
advierte de la literalidad del contenido de los actos que se analizan a continuación, a
saber: el Estatuto General o Acuerdo 104 de 21 de diciembre de 1993; el Acuerdo 021
de 12 de septiembre de 2016, reformatorio de aquel y el cual fue adicionado en un
artículo por el Acuerdo 031 de 19 de diciembre siguiente, que es el acto impugnado en
nulidad de contenido electoral.
El Estatuto General, a efectos del asunto demandado, fue expedido, conforme lo
indican los antecedentes que reposan en el expediente, desde los siguientes
derroteros:
Indicó que las disposiciones normativas en su avance de aplicación requieren estar
sujetas a diferentes variables que determinan, o bien, la permanencia del tenor literal
en que fueron expedidas, o bien, la necesidad de su modificación, con el fin de adecuar
la disposición a la realidad social que pretende regular, de esta forma el presente
documento establece el concepto de las diversas formas de adecuación:
La derogación: Determina la pérdida de validez de aplicación de un enunciado
jurídico, las normas desaparecen del ordenamiento por un acto posterior que las
extingue. Puede ser de dos tipos: explícita (una disposición que identifica con precisión
el objeto de derogación) e implícita (disposición que afirma ‘quedan derogadas todas
las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta ley’).
Las leyes modificatorias. Son normas que modifican otra, en donde sea preciso y
debe mencionarse de manera expresa, tienen por objeto: la reforma, la nueva
redacción, adición, prórroga o suspensión de vigencia, supresión de partes del texto
que incluso pueden no afectar la totalidad de este.
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Por otra parte, el Acuerdo 021 de 12 de septiembre de 2016, en su exposición de
motivos, indicó:
El Consejo Superior Universitario tiene como funciones, definir, aprobar, modificar y
evaluar por iniciativa propia las políticas generales por las cuales se orienta el ente
académico, lo que lleva a la adopción de las medidas necesarias que permitan
salvaguardar el principio de estabilidad de la educación universitaria a nivel
departamental en lo que le corresponde como ente autónomo.
Evidenció que, en ese presente inmediato, los problemas que aquejaban a la
universidad se habían agudizado por una creciente crisis de gobernabilidad y falta de
liderazgo en la administración y gestión de la institución, no se atendieron con celeridad
y eficacia los asuntos urgentes. Por el contrario, no se emprendieron, a tiempo, los
procesos de cambio que se requerían para orientar el nuevo rumbo del ente
universitario.
La motivación del CSU es clara y explícita en que el proceso de reforma integral
incluye la expedición de un nuevo ordenamiento académico, administrativo,
financiero y de gestión, bajo la expedición de un nuevo Estatuto General y del marco
normativo fundamental, que fortalezca la misión y la proyección social de la
universidad, mediante la construcción y consolidación desde la cultura y
gobernabilidad misionales y la cualificación de sus procesos académicos.
Descendió al estado del arte, a las circunstancias y condiciones que vive la
universidad, para señalar que es necesario establecer un periodo de transición para
fortalecer la institucionalidad, que garantice la adopción de medidas de contingencia
para atender de manera inmediata los problemas urgentes de orden administrativo,
gerencial, académico, y promover una amplia participación de la comunidad en los
procesos de reforma institucional y la construcción de las sinergias requeridas para
conseguir los consensos necesarios que conduzcan a la aprobación y puesta en
marcha de la reforma universitaria.
Y que, comoquiera que no existe, dentro de la normativa institucional interna, una
regulación de regímenes especiales de transición que coadyuven a conjurar la crisis
universitaria, resulta necesario establecer, a través de este acuerdo, las pautas
generales que orienten un nuevo rumbo institucional, en el marco de la autonomía
universitaria y sin el desconocimiento de derecho alguno a los integrantes de la
comunidad universitaria.
Finalmente, en el punto de la necesidad de la suspensión de los procesos
eleccionarios, ese Acuerdo 021, informó que, dadas las condiciones actuales ya
manifestadas, no era posible proceder a convocar proceso electoral alguno al
interior de la Universidad, en tanto esta no se encuentre en condiciones de
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estabilidad en todos los ámbitos, que permita de este modo superar la difícil crisis que
atraviesa.
A su turno, el Acuerdo 031 de 19 de diciembre de 2016, se conecta en forma directa
al acto que agrega, al señalar que pende del Acuerdo 021 de 12 de septiembre de
2016, que estableció un periodo de transición y modificó el estatuto general, por cuanto
(i) reguló el periodo de doce meses para la transición, (ii) designó al rector en
interinidad y (iii) estableció funciones a ese rector para ese periodo de transición.
Reitera brevemente las motivaciones de aquel, al indicar que dicho acto reformatorio
021 anunció que dadas las circunstancias de crisis de la universidad no era posible
convocar procesos electorales al interior de la universidad, al no encontrarse en
condiciones de estabilidad en todos los ámbitos, que permita superar la difícil
situación que atraviesa, como en efecto se leyó en párrafo anterior.
Enseguida indicó que el Acuerdo 021 en su parte resolutiva no contempló un artículo
que materializara ese considerando y que, con fundamento en esta justificación, en
sesión del Consejo Superior de 19 de diciembre de 2016 se aprobó adicionar un
artículo al referido acuerdo.
Así las cosas, las decisiones adoptadas en los tres actos, en los ejes temáticos que
interesan a este debate son:
Estatuto General Acuerdo 02121 de 12 de Acuerdo 031 de 19 de diciembre
Acuerdo 104 de 21 de diciembre septiembre de 2016 de 2016
de 1993 “Por el cual se establece periodo “Por el cual se adiciona un artículo
“Por el cual se expide el Estatuto de transición, se modifica el al Acuerdo del Consejo Superior
General de la Universidad del estatuto general y se dictan otras N.° 21 del 12 de septiembre de
Tolima” disposiciones” 2016”
El CSU, acuerda: El CSU, acuerda: El CSU, acuerda:
Artículo 16. La dirección de la Artículo 1. Período de transición. Artículo 1. Adiciónese el Artículo 4
Universidad del Tolima Establézcase un período de al Acuerdo N. ° 021 de 2016, el cual
corresponde al Consejo Superior, transición de doce (12) meses, quedará así:
al Consejo Académico y al Rector. tiempo durante el cual la
Universidad del Tolima estará SUSPENSIÓN DE PROCESOS DE
DEL CONSEJO SUPERIOR dirigida por un Rector, cuyo ELECCIÓN. Suspender los procesos
UNIVERSITARIO. propósito fundamental está en la de elección de representantes ante
Artículo 17. El CSU es el máximo superación de la crisis de los diferentes Consejos y la de
órgano de dirección de la gobernabilidad, la recuperación de decanos, hasta que entre en
Universidad. la estabilidad financiera y de vigencia el nuevo marco normativo
pérdida de identidad institucional; que regula su elección. Los
Lo conforman 10 miembros, con para ello, el Rector designado representantes de los estamentos
voz y voto, salvo el rector. Es desarrollará las funciones a quienes se les venza el período
presidido por 1) gobernador del en la transición, podrán seguir en
21 Conforme reposa en el expediente, fue modificado por el Acuerdo 025 de 6 de septiembre de 2017,
en los siguientes términos: “Artículo primero. Modificar parcialmente el artículo 1 del Acuerdo 021 del 12
de septiembre de 2016, en el sentido de ampliar por doce (12) meses más el periodo de transición,
contados a partir del día 12 de septiembre de 2017. Artículo segundo. Las demás disposiciones del
Acuerdo 021… continúan vigentes.”.
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Estatuto General Acuerdo 02121 de 12 de Acuerdo 031 de 19 de diciembre
Acuerdo 104 de 21 de diciembre septiembre de 2016 de 2016
de 1993 “Por el cual se establece periodo “Por el cual se adiciona un artículo
“Por el cual se expide el Estatuto de transición, se modifica el al Acuerdo del Consejo Superior
General de la Universidad del estatuto general y se dictan otras N.° 21 del 12 de septiembre de
Tolima” disposiciones” 2016”
Tolima o su delegado; además, lo estatutarias actuales y las que se los cuerpos colegiados, siempre y
integran: 2) un miembro designado reglamenten en este acuerdo. cuando no pierdan la condición por
por el presidente de la República y la que fueron designados. Los
3) otro, por el ministerio de Parágrafo. Se designa al doctor decanos a quienes se les venza el
Educación, 4) un representante del Omar Albeiro Mejía Patiño, … periodo en la transición, podrán
sector productivo, 5) un ex rector, como Rector Interino, por el ser ratificados o reemplazados por
6) un egresado graduado, 7) un período de transición establecido el Rector en la misma condición de
representante de las directivas en el presente acuerdo, a partir de interinidad, hasta que entre en
académicas, 8) un profesor, 9) un la suscripción y aprobación del vigencia las nuevas disposiciones
estudiante y 10) rector. presente acuerdo. El ejercicio de la que regulen su elección.
interinidad del rector nombrado,
Los representantes de las no afecta sus derechos de carrera
directivas académicas, de los docente, a la cual podrá regresar
docentes, de los egresados, de los una vez concluya el periodo
estudiantes y de los exrectores son mencionado.
elegidos para periodos de dos
años, de acuerdo con la Artículo 2. Funciones del rector
reglamentación que expida el CSU. para el periodo de transición. En
Mientras que el del sector orden a la reglamentación de las
productivo también es para un funciones del rector, establecidas
periodo bienal, que se cuenta en el art. 22 del Acuerdo Superior
desde la fecha de su elección. Tal Número 104 de diciembre 21 de
inicio se extendió luego para todo 1993 o Estatuto General, el rector
miembro del consejo sujeto a de transición deberá atender,
periodo. entre otras atribuciones: (i) el
liderazgo del proceso de reforma
Artículo 18. Son funciones del CSU: académica y administrativa; (ii)
una vez estructuradas las
9. Aprobar o modificar con el voto propuestas de reforma, las
favorable de las dos terceras someterá a consideración de la
partes de sus miembros y en dos comunidad académica, mediante
sesiones verificadas con intervalo mecanismos que garanticen la
no menor de diez (10) días, los participación efectiva de todos los
Estatutos General, del Profesor estamentos de la universidad; (iii)
Universitario, del Personal contratar un experto en reformas
Administrativo y de los académico-administrativas en el
Estudiantes, con arreglo a lo ámbito de educación superior para
previsto en este Estatuto. estructurar la metodología para la
implementación de la reforma y
(iv) proponer al CSU que en la
próxima sesión ordinaria, luego de
la aprobación del presente
acuerdo, el plan de acción para el
cumplimiento de las funciones
especiales asignadas, el cual
comprende un cronograma y los
recursos físicos, humanos y
presupuestales, para garantizar su
ejecución, así como los
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Estatuto General Acuerdo 02121 de 12 de Acuerdo 031 de 19 de diciembre
Acuerdo 104 de 21 de diciembre septiembre de 2016 de 2016
de 1993 “Por el cual se establece periodo “Por el cual se adiciona un artículo
“Por el cual se expide el Estatuto de transición, se modifica el al Acuerdo del Consejo Superior
General de la Universidad del estatuto general y se dictan otras N.° 21 del 12 de septiembre de
Tolima” disposiciones” 2016”
responsables de cada una de las
acciones. Artículo 2. Los demás artículos del
Acuerdo N. ° 21 de 2016
Artículo 3. Teniendo en cuenta que permanecen vigentes y no sufren
este acuerdo se expide para el ninguna modificación.
periodo de transición, sus efectos y
aplicabilidad tendrán la duración
del periodo fijado, derogando las
disposiciones que le sean
contrarias.
Del cotejo anterior, se advierte que, en realidad, el acto modificatorio del Estatuto
General es el Acuerdo 021 de 2016, en armonía con que el Acuerdo 104 de 1993
señaló la forma de modificarlo y definió la figura de la derogación.
La Sala evidencia que el Acuerdo 021 de 2016, en su motivación y en sus decisiones
fue el acto modificatorio original y por excelencia, en este se plantearon las razones de
crisis, la necesidad de reforma y fueron sus resoluciones las que impactaron
profundamente en el ordenamiento general, al punto de contener las reales
modificaciones que se requerían para hacer frente a las circunstancias por las que
pasaba el ente universitario.
Además, se anunció, en forma clara, como reformatorio, contiene cambios profundos,
al punto de designar rector transitorio y asignarle funciones expresas, únicas y
temporales para que tuviera las herramientas para mitigar la crisis e incluso
expresamente impone que es derogatorio de las disposiciones que le sean contrarias.
Ahora bien, en el aspecto relacional con el acto demandado, esto es, el Acuerdo 031
de 2016, nótese que el mismo acto 021 anunció que no era posible convocar ni
desarrollar proceso electoral al interior de la universidad, ante las circunstancias de
inestabilidad del ente universitario.
Por esto, el Acuerdo 031 justifica la adición a su reglamento precedente indicando que
no se materializó la decisión respectiva, es decir que esta debió tomarse en el texto
del acuerdo 021, porque en realidad así se anunció.
Así las cosas, es claro que la esencia del contenido de los actos, la unidad de materia
y la historicidad del Acuerdo 031 de 2016, llevan a la Sala Electoral a considerar que,
en realidad, no se trata de un dispositivo reformatorio de la reglamentación estatutaria
general ni tiene la potencialidad para ello, pues esa calidad de norma modificatoria se
predica de su antecesor el 021 de 2016, aunado a que el acto que se juzga no lleva a
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la modificación del estatuto marco, sino que fue una medida que se adoptó para
ejecutar la decisión previa.
En consecuencia, al acuerdo demandado no se le puede exigir el cumplimiento de los
requisitos de creación y aprobación estatutarios aplicables a los actos reformatorios de
la reglamentación general y marco que rige al ente universitario establecido en el
Acuerdo 104 de 1993 y se reitera la posición que se adoptó en el antecedente de esta
Sección tiempo atrás al desestimar la inaplicación del referido acuerdo por vía de la
excepción de ilegalidad.
iii) CENSURA DE VIOLACIÓN. Como se indicó en consideraciones atrás, al definir el
problema jurídico a resolver como juez ad quem, se trata de establecer si el acto
acusado se expidió en forma irregular por contrariar el parágrafo 1. ° del artículo 2 del
Acuerdo 014 de 2014 y el artículo 18.9 del Acuerdo 104 de 1993 del CSU.
Esas disposiciones en cita, en su literalidad establecen:
Acuerdo 014 de 2014 «por medio del cual se adopta el reglamento interno del
Consejo Superior de la Universidad del Tolima»
Artículo segundo. El Consejo Superior a solicitud del Gobernador del Departamento
o su delegado o por el Rector de la Universidad del Tolima, se reunirá ordinariamente
una vez al mes, extraordinariamente y en forma no presencial, cuando sea necesario.
(…)
Parágrafo primero. La convocatoria a sesiones deberá hacerse mediante citación
escrita de la Secretaría, con la indicación del orden del día, acompañada de los
documentos, informes y proyectos que serán objeto de discusión y presentación en
la respectiva reunión, con una anticipación no inferior a cinco (5) días hábiles.
Acuerdo 104 de 1993
Artículo 18. Son funciones del Consejo Superior.
(…)
9. Aprobar o modificar con el voto favorable de las dos terceras partes de sus
miembros y en dos sesiones verificadas con intervalo no menos de diez días, los
Estatutos General, del Profesor Universitario, del Personal Administrativo y de los
Estudiantes, con arreglo a lo previsto en este Estatuto.
Sobre la segunda de las normas referidas, la Sala reitera que, por las razones
expuestas en precedencia, el Acuerdo 031 de 2016 al no ser reformatorio de la norma
estatutaria no requería cumplir ni surtir su aprobación en dos sesiones con esos
intervalos de tiempo22 ni lograr el consenso de la mayoría calificada de las 2/3 partes
22 10 días para las sesiones aprobatorias de un acto reformatorio y 5 días para las demás decisiones.
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de los votos del ente directivo, conforme a la prevista en el artículo 18 numeral 9
pretranscrito.
Resta analizar lo acontecido con el acto demandado, a partir del texto normativo
estatutario transcrito de primero. Al efecto, la Sala recuerda que el apelante planteó en
la demanda ese reparo indicando que, dentro de la gran censura de expedición
irregular, uno de sus frentes fue el de la transgresión de que las convocatorias a
sesiones deben realizarse con una anticipación no inferior a cinco (5) días hábiles.
No obstante, lo cierto es que la parte actora siempre conectó este argumento en la
supuesta ocurrencia de una modificación o reforma al estatuto, las cuales deben
realizarse en dos vueltas, situación que fue descartada por la Sección Quinta por las
razones antes expuestas.
Dentro de ese contexto, el demandante aseveró que, por una parte, se citó el 18 de
noviembre de 2016 y la sesión se desarrolló el día 20 siguiente y, por otra, que la
última, la citación fue del 15 de diciembre de 2016 y la reunión se llevó a cabo el 19 de
diciembre siguiente.
En la alzada, en principio, daba la apariencia de que no insistió en esta censura, salvo
por la mención que hizo de que la sesión de 19 de diciembre fue tratada como una
segunda vuelta e indicó que ello podía corroborarse en la citación respectiva.
Se recuerda que, al respecto, la parte demandada explicó que la norma en cita no fue
infringida, por cuanto no es aplicable a las reuniones extraordinarias. Señaló que el
régimen acorde a estas últimas es el Acuerdo 001 de 1999.
Sustentó que esa distinción normativa encuentra fundamento en que no todo resulta
un asunto habitual y, por ende, las temáticas urgentes requieren dinamismo y prontitud
para no afectar la marcha normal de la institución, de ahí la necesidad de las sesiones
extraordinarias y su trámite más expedito.
Acotó que la sesión en la cual se aprobó fue citada con más de un mes de antelación,
al tiempo que indicó que, por tratarse de una sesión extraordinaria, podía ser
convocada en cualquier momento.
Indicó que el acto demandado, de naturaleza ordinaria, fue aprobado, exclusivamente,
el 19 de diciembre de 2016; que la sesión de 20 de noviembre de 2016, a pesar de
haberse tratado y discutido su aprobación, fue voluntad del CSU postergarla para una
nueva votación en la sesión de diciembre, en la que se retomó la discusión del asunto,
fecha en la cual fue aprobado y expedido el acto impugnado.
Así las cosas, señaló que la convocatoria a sesión del 19 de diciembre de 2016 se
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ajustó a la normativa universitaria, por cuanto: i) fue realizada en sesión de noviembre
de 2016, esto es, con un mes de antelación -20 de noviembre—, como consta en el
Acta 018 de 201623. Esto corrobora que, la comunicación que la secretaria general
remitió el 15 de diciembre de 2016 era simplemente un recordatorio de la citación ya
realizada.
Observado por la Sala, el Acuerdo 014 de 2014 o reglamento interno del Consejo
Superior, se determina en el artículo segundo, que las sesiones se clasifican en
ordinarias y extraordinarias. Que estas últimas no tienen periodicidad fija y se
convocan para tratar: i) asuntos universitarios especiales o ii) aquellos que afecten la
marcha normal de la institución, sobre los que se deba tomar decisión inaplazable.
Por su parte, el parágrafo primero del artículo 2 pretranscrito está redactado
indistintamente para toda convocatoria a sesiones, bajo las siguientes características:
i) citación escrita de la secretaria, ii) indicación del orden del día, iii) con adjunción de
los documentos, informes y proyectos que serán objeto de discusión en la reunión y
iv) con una anticipación mínima de cinco (5) días.
Aunado a lo anterior, en el artículo 4 se prevé que el cuórum deliberativo se cumple
con la presencia de la mitad más uno de sus miembros24 y el decisorio por la mayoría
absoluta de los asistentes con derecho a voto25. Además, se observa que este dijo
derogar todas las disposiciones que le fueran contrarias, especialmente las contenidas
en el Acuerdo 001 del 27 de agosto de 1999. Así las cosas, la Sala no encuentra de
recibo el argumento de la demandada al indicar que esta reglamentación sería la
aplicable y no el Acuerdo 014 referido.
Ahora bien, observado el expediente, en el tema que ocupa la atención de la Sala, se
demostró que las citaciones a la sesión en la que resultó discutido y aprobado el
Acuerdo 031 de 2016, a saber:
i) La primera convocatoria del 18 de noviembre de 2016 fue para la sesión
extraordinaria del 20 siguiente, reposa certificación de la secretaria general del ente
universitario e impresión del envío a los correos electrónicos el 18 anterior. Se les
indicó en el orden del día que se estudiaría el proyecto de acuerdo «Por medio del cual
se adiciona el acuerdo del Consejo Superior número 021 de 2016 ‘Por medio del cual
se establece periodo de transición, se modifica el estatuto general y se dictan otras
disposiciones’». Véase numeral 3.4. de la citación. Así mismo, obra el Acta respectiva
N. ° 18 de 20 de noviembre, en el que se aprobó dicho proyecto, en lo que la secretaria
23 En la sesión del 20 de noviembre de 2016, se lee la siguiente intervención «La Dra. Olga Lucía -
miembro del CSU delegada del gobernador del Tolima- expresa que se revise la programación de la
fecha del próximo Consejo Superior, se propone la sesión para el próximo 19 de diciembre a las 11:00
a.m. en la Gobernación. Propuesta aprobada por los Consejeros Presentes».
24 Incluye a todos los miembros: con voz y voto o con voz, pero sin voto. Es decir, 10 personas en total.
25 Resulta excluido el rector porque tiene voz sin voto. De los 10 miembros, 9 tienen voz y voto.
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general titula como «primera vuelta».
Consta en esa acta que de los 10 miembros del CSU, asistieron 7 con voz y voto y el
rector sin este último y el proyecto de acuerdo obtuvo 4 votos a favor, 2 en contra y 1
abstención y se dejó el registro de aprobado.
ii) La segunda citación se dio el 15 de diciembre de 2016, para la sesión ordinaria del
19 de diciembre de esa anualidad. Al efecto, reposa certificación de la secretaria
general y se anexaron las remisiones a los correos electrónicos de los miembros del
CSU, también de ese día. Se les indicó que en el orden del día (punto 6.2) se discutiría
el proyecto de acuerdo referido. También se aportó al proceso Acta N. ° 20 de 19 de
diciembre de 2016, en el que quedó aprobado el referido acuerdo y al que la secretaria
general tituló aprobación en segunda vuelta.
En esta consta que asistieron 7 miembros electores y el rector. Uno de los integrantes
electores se retiró antes de dar inicio a la votación. Finalmente, el proyecto obtuvo 5
votos favorables y 1 en blanco. Reposa certificación de la secretaria general sobre el
conteo y resultado a la votación.
Se lee en el acta, que la delegada del gobernador del departamento expresó: «… que
como se aprobó el proyecto de acuerdo en primera vuelta, pone a consideración el
proyecto de acuerdo en segunda vuelta y anuncia su voto positivo de la misma manera
como se aprobó en primera vuelta…».
Para la Sección Quinta, es claro que, aunque el trámite aprobatorio del acuerdo que
se analiza se llevó a cabo en la modalidad de dos vueltas, que resultaba innecesario
por no ser reformatorio de los estatutos generales, tal particularidad no tiene la
vocación para anularlo.
En efecto, dentro del marco de la censura de violación por transgresión al parágrafo 1,
del artículo 2 del Acuerdo 014 de 2014, y que lleva a la supuesta expedición irregular
por la inobservancia del término establecido en esta norma, para la Sección Quinta no
es de recibo y deberá ser negada, por cuanto, los miembros del CSU fueron noticiados
el 18 de noviembre de 2016 del comienzo de la discusión del entonces proyecto de
acuerdo, en sesión del 20 siguiente lo estudiaron y, en últimas, el Acuerdo 031 de 2016
quedó estudiado y aprobado en definitiva en la sesión de 19 de diciembre siguientes,
luego de que se les citara el 15 de diciembre anterior. De ahí que su fecha de
expedición sea precisamente la del 19 del último mes del año, habiéndose iniciado su
debate el 20 de noviembre de 2016.
En consecuencia, se concluye que, bajo los parámetros del parágrafo citado, el
interregno que separó a la primera convocatoria de la sesión respectiva a la
celebración de la reunión aprobatoria del acuerdo, cumplió con el propósito de
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enteramiento y tiempo ponderado para el estudio de sus miembros votantes al superar
el mínimo de cinco (5) días hábiles, comoquiera que, siendo un acto ordinario, en su
trámite se rige por el parágrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo 0014 de 7 de marzo de
2014.
Aunado a que fue aprobado por la mayoría requerida de la mitad más uno de los votos
de los asistentes con derecho a voto, al lograr una respuesta favorable de cinco (5)
sufragios, como lo dispone el artículo 4 del Acuerdo 014 de 2014, en los siguientes
términos: «El Consejo Superior deliberará con la presencia de por lo menos la mitad
más uno de sus miembros y las decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de
los asistentes con derecho a voto…».
Esas son las razones por las cuales los argumentos de la apelación no tuvieron la
entidad necesaria para revocar la decisión denegatoria de las pretensiones.
Resta solo indicar que el recurrente enfiló la apelación endilgándole al Acuerdo 031 de
2016, unos yerros que en realidad no le eran propios a esta sino al Acuerdo 021,
comoquiera que, siguiendo la línea de exposición, este acto fue el que convocó a un
período de transición, a la designación de un rector y a la asignación de específicas
funciones transitorias y anunció que no se llevaría a cabo ningún proceso eleccionario.
Además, el planteamiento de la afectación de la participación política de la comunidad
universitaria en la conformación del poder, a partir de la suspensión de las elecciones,
tampoco podía atribuirlo al Acuerdo 031 de 2016, por cuanto fue el Acuerdo 021 el que
llevó todo el peso reformatorio, según se lee con causa en las circunstancias de crisis
que vivía el ente universitario. Lo cierto es que el acto demandado se limitó a concretar
lo ya decidido por aquel con respecto al manejo del periodo de transición y los asuntos
eleccionarios.
Por contera, tampoco podrían tenerse como fundamento las consideraciones de la
sentencia C-829 de 200226 de la Corte Constitucional sobre la incursión en expedición
irregular en los casos de los entes autónomos, pues en este caso no la hubo y menos
desde los planteamientos señalados por el apelante.
Ahora bien, entrelíneas el apelante citó la inobservancia del numeral 4 del artículo 1727
del Estatuto General, en concreto por haber extendido los períodos de los elegidos,
26 Sentencia de 8 de octubre de 2002. Sobre la autonomía universitaria y el régimen disciplinario.
Expediente D-4003. Demanda de inconstitucionalidad conta los artículos 75, literal d) parcial y 79 parcial
de la Ley 30 de 1992; 3 parcial, 24 literal g) parcial y 26 parcial del Decreto 1210 de 1993. Demandante:
Ricardo Silva Betancourt. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
27 El Consejo Superior es el máximo órgano de dirección… Parágrafo 8. Cuando se presentare la
vacancia definitiva de alguno de los miembros principales sujetos a periodo, será llamado el respectivo
suplente a asumir permanentemente las funciones durante el resto del periodo.
Si se produce la vacancia total, el Rector procederá a hacer la convocatoria a elección de los
reemplazos, en un término no superior a diez (10) días.
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pero lo cierto es que esta norma no fue invocada en la demanda, aunque sí fue traída
por el Ministerio Público en el concepto de fondo.
No obstante, resulta pertinente indicar que la Sección Quinta en la línea considerativa
expuesta, encuentra precisamente que la suspensión de las elecciones y, por ende, la
ampliación de los periodos, tuvieron su causa en el Acuerdo 021 de 2016 y resultaban
consecuencia del periodo transitorio establecido en este, mas no tuvieron su génesis
en el Acuerdo 031, que solo aludió brevemente a las circunstancias narradas por el
acto anterior y, de hecho, siempre se remitió a aquel, por lo que tampoco este
argumento resulta de recibo.
Por todo lo anterior, la Sala Electoral confirmará la decisión denegatoria del Tribunal a
quo.
Otras decisiones
La Universidad del Tolima, a través de su representante legal, confirió poder28 especial,
amplio y suficiente a la sociedad Asesores Jurídicos & Consultores Empresariales
S.A.S., identificada con el NIT. 900.430.553 0. Igualmente, manifestó estar a paz y
salvo por todo concepto con cualquier otro profesional del derecho.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 9 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual negó las pretensiones de nulidad contra el
Acuerdo 031 de 19 de diciembre de 2016 expedido por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad del Tolima.
SEGUNDO. RECONOCER personería adjetiva a la sociedad Asesores Jurídicos &
Consultores Empresariales S.A.S., como apoderada del ente autónomo Universidad
del Tolima.
28
Véase registro Samai 0040.
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TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, DEVÚELVASE el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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