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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2018-00441-01

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2018-00441-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA CONFIRMAR la sentencia de 13 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual negó las pretensiones de la señora Amparo Trujillo Villegas en contra del Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2018-00441-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

3 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022).

Radicado No. 730012333000201800441 01.
No. interno: 2454-2021.
Actor: Amparo Trujillo Villegas.
Demandado: Departamento del Tolima – Fondo Territorial del
Pensiones.
Trámite: Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho / Segunda Instancia.
Asunto: Establecer si es procedente el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes.

Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la
Sección de 16 de noviembre de 20211, después de surtidas a cabalidad las
demás etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso
irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
de 13 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por
medio de la cual negó las pretensiones de la señora Amparo Trujillo Villegas en
contra del Departamento del Tolima- Fondo Territorial de Pensiones.

I. ANTECEDENTES2

1.1 La demanda y sus fundamentos.

La señora Amparo Trujillo Villegas, por intermedio de apoderado judicial3, en
ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho -Ley
1437 de 2011- presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad de las
siguientes Resoluciones: (i) 8493 de 17 de agosto de 2017, expedida por el
Secretario Administrativo y la Directora del Fondo Territorial de Pensiones por
medio de la cual negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, al
considerar que el señor Eduardo Castillo Norman (q.e.p.d.) no reunió los 20
años de servicio exigidos por la Ley 33 de 19854, ni los requisitos para adquirir
la pensión post mortem establecidos en la Ley 12 de 19755, Ley 71 de 19886 y
el Decreto 1160 de 19897; (ii) 9085 de 9 de octubre de 2017, suscrita por la
misma autoridad administrativa, quien, al conocer del recurso de reposición,

1
Informe visible a folio 184.
2
Demanda visible a folios 25 a 33 de expediente.
3
El abogado Julio Enrique Escobar Vanegas .
4
“(…) Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público. (…)”
5
“Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación”.
6
“Por el cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”.
7
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988”.

2
Radicado No. 73001233300020180044101.
No. Interno: 2454-2021.
Actora: Amparo Trujillo Villegas.
Demandado: Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones.

confirmó en toda y cada una de sus partes el anterior acto administrativo; y, (iii)
0027 de 19 de febrero de 2018, expedida por el Gobernador del Tolima, quien
al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 8493 de 17 de agosto
de 2017.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó: (i) el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a
que tiene derecho en calidad de compañera permanente del señor Eduardo
Castillo Norman (q.e.p.d.) desde el 23 de agosto de 2002 «fecha en que éste
falleció»; (ii) la indexación de todas y cada una de las sumas de dinero solicitadas
de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y, (iii) el pago
de los intereses señalados en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen
integral de la situación fáctica del demandante, así:

El señor Eduardo Castillo Norman (q.e.p.d) laboró en el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial del 24 de marzo de 1977 al 30 de junio de 1978
y, como Profesional Universitario en el Departamento del Tolima, del 18 de
enero de 1979 al 6 de abril de 1993.

Según la señora Amparo Trujillo Villegas, convivió en unión marital de hecho de
manera ininterrumpida desde el 1º de abril de 1980 al 23 de agosto de 2002,
fecha en que el señor Eduardo Castillo Norman (q.e.p.d) falleció, relación de la
cual nació Diana María Castillo Trujillo, hoy en día mayor de edad.

El 25 de julio de 2017 la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes a la Dirección del Fondo Territorial de Pensiones del
Departamento del Tolima, la cual fue negada por medio de la Resolución 9493
de 17 de agosto de 2017, concretamente, porque el señor Eduardo Castillo
Norman (q.e.p.d.) no reunió los 20 años de servicio que exigía la Ley 33 de
19858, ni los requisitos exigidos en las Leyes 12 de 19759; 71 de 198810 y el
Decreto 1160 de 198911, pues, sólo había cotizado 15 años, 5 meses y 26 días.

Inconforme con anterior determinación, interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación, por considerar que, si bien es cierto que no reúne los
requisitos necesarios para obtener la pensión de sobrevivientes, se debían
proteger sus derechos fundamentales y, además, porque de conformidad con
el Decreto 758 de 199012, más de 300 semanas en toda su vida laboral, lo cual
es suficiente para acceder a ésta prestación; sin embargo, al resolver el recurso
de reposición y apelación, dicha decisión fue confirmada por parte de la

8
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Publico”.
9
“Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación”.
10
“Por el cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”.
11
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988”.
12
“(…) Por el cual se aprueba el Acuerdo numero 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo
Nacional de Seguros Sociales Obligatorio (…)”.

3
Radicado No. 73001233300020180044101.
No. Interno: 2454-2021.
Actora: Amparo Trujillo Villegas.
Demandado: Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones.

Directora del Fondo Territorial de Pensiones y el Gobernador del Tolima
mediante las Resoluciones 3085 de 09 de octubre de 2017 y 0027 de 19 de
febrero de 2018, respectivamente.

1.2 Normas violadas y concepto de violación.

De la Constitución Política, artículo 1; Leyes 16 de 1972, artículos 1, 17, 21, 23,
24 y 26; y, 319 de 1996.

Como concepto de violación de las normas invocadas, manifestó que los actos
acusados están viciados de nulidad, porque:

Se desconoció que el señor Eduardo Castillo Norman (q.e.p.d.) laboró por más
de 16 años en diversas entidades y que, para la época en que realizó las
cotizaciones, acumuló más de 300 semanas en toda su vida laboral, tiempo
suficiente con el que la Corte Constitucional13 ha reconocido dicha prestación en
casos con situaciones fácticas similares al que nos ocupa con fundamento en
el Decreto 758 de 199014.

1.3 Contestación de la demanda15.

El Departamento del Tolima, mediante apoderado, se opuso a la prosperidad
de las pretensiones incoadas por los demandantes, con fundamento en los
siguientes argumentos:

Al emitir los actos administrativos demandados se actuó de acuerdo con la
normativa aplicable al caso respecto del tiempo de servicios, tales como,
Decreto 2527 de 2000, Ley 12 de 1975, Ley 71 de 1988, Ley 33 de 1985 y
Decreto 1160 de 1989, las cuales, regían la situación al momento del
fallecimiento del señor Eduardo Castillo Norman (q.e.p.d.).

Los derechos adquiridos sólo pueden invocarse debido a aquellos que el
funcionario ha afianzado y solidificado en el tiempo de su vinculación laboral,
más no frente a posibilidades de conseguir algo, que, por el contrario, en este
caso no existe derecho cierto o determinable en cumplimiento de los requisitos
señalados de la Ley 33 de 1973, vigente al momento del fallecimiento, toda vez
que, para consolidar el derecho debía tener 20 años continuos o discontinuos y
60 años de edad.

Finalmente, interpuso las siguientes excepciones: (i) integración de
litisconsorcio necesario e integración del contradictorio, toda vez que el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su condición de empleador
del causante debió ser vinculado al proceso; (ii) legalidad de los actos
administrativos, por cuanto no se demostró que éstos se hayan infringido las
normas superiores en que debieron fundarse; (iii) ausencia de demostración de

13
Sentencias T-584 de 2011, T-722 de 2014, T-566 de 2014, T-401 de 2015 y T-464 de 2016.
14
“(…) Por el cual se aprueba el Acuerdo numero 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo
Nacional de Seguros Sociales Obligatorio (…)”.
15
Visible a folios 47 a 65 del expediente.

4
Radicado No. 73001233300020180044101.
No. Interno: 2454-2021.
Actora: Amparo Trujillo Villegas.
Demandado: Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones.

los requisitos de la pensión, ya que la demandante solamente tenía la mera
expectativa de acceder a esta prestación; y, (iv) prescripción, en relación a las
mesadas pensionales causadas.

1.4. La sentencia apelada16.

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 13 de mayo de
2021, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes
argumentos:

Si bien el régimen aplicable al caso en concreto es la Ley 100 de 1993, debido
a que las normas que gobiernan la pensión de sobrevivientes son las que se
encuentren vigentes al momento en que se presenta la muerte del afiliado, en
el presente caso se evidencia que el señor Eduardo Castillo Norman (q.e.p.d.)
no efectuó aportes durante 26 semanas del año inmediatamente anterior al
momento en que se produjo su deceso; es decir, no acreditó los requisitos
exigidos en el artículo 46 ibídem17 para que sus beneficiarios puedan acceder al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Actualmente, para garantizar el principio de solidaridad y asegurar el pago de la
pensión de sobrevivientes, se exige el mantenimiento de aportes por un período
razonable antes de la muerte, de forma que, así se permite el financiamiento del
pago de la prima que asegura el riesgo de muerte y la permanencia del cotizante
en el sistema, condiciones que el señor Eduardo Castillo Norman (q.e.p.d.) no
cumplió.

No es de recibo la interpretación de la demandante respecto a la aplicación del
Decreto 758 de 199018; primero, el régimen jurídico aplicable al caso es el
vigente al momento de la muerte; segundo, porque esta normativa tiene como
destinatarios los servidores públicos o sus beneficiarios que durante su
vinculación estuvieron afiliados al ISS y que, a la fecha de entrada en vigencia
del sistema de seguridad social integral se hubiesen causado los derechos
pensionales; y, tercero, las condiciones en que se hacía exigible la pensión de
sobrevivientes de conformidad con el citado decreto, no garantiza su
financiación del actual Sistema de Seguridad Social.

16
Visible a folios 158 a 166 del expediente.
17
“(…) ARTÍCULO 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca,
y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno
de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26)
semanas al momento de la muerte;
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis
(26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
(…)”.
18
“(…) Por el cual se aprueba el Acuerdo numero 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo
Nacional de Seguros Sociales Obligatorio (…)”.

5
Radicado No. 73001233300020180044101.
No. Interno: 2454-2021.
Actora: Amparo Trujillo Villegas.
Demandado: Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones.

1.5 El recurso de apelación19.

La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en los
argumentos que se exponen a continuación:

Expresó estar inconforme con la sentencia proferida por el a-quo por cuanto se
realizó un estudio equivocado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
específicamente, de la sentencia SU-005 de 2008, por medio de la cual se
unificó la aplicación retrospectiva de la norma con respecto de la pensión de
sobrevivientes, pues, en primer lugar, existió un tránsito legislativo con ausencia
total de un régimen de transición; en segundo lugar, la norma anterior a la Ley
100 de 1993 era el Decreto 758 de 199020 el cual resultaba ser más beneficioso;
y, en tercer lugar, el causante poseía una situación jurídica concreta al tener el
número de semanas exigido por esta normativa, es decir, 300 semanas
acumuladas antes de la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social.

Finalmente, se omitió estudiar si era razonable y legítimo negar la pensión de
sobrevivientes a una ciudadana que se encontraba bajo las mismas condiciones
que otras personas a las cuales sí les fue amparado su derecho y, por ende, le
fue vulnerado su derecho a la igualdad y a la seguridad social.

II. CONSIDERACIONES

Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con las exposiciones que obran en el recurso de apelación,
establece la Sala como problema jurídico el siguiente:

Determinar si es posible el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a la señora Amparo Trujillo Villegas, en calidad de
compañera permanente del señor Eduardo Castillo Norman (q.e.p.d.), en
aplicación del Decreto 758 de 199021, atendiendo el principio de
favorabilidad, pese a que el deceso de éste se produjo en vigencia de la
Ley 100 de 199322.

Para el efecto, la Sala decidirá el asunto sometido a su consideración en el
siguiente orden: (i) Régimen general para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes; (ii) marco jurisprudencial sobre la pensión de sobrevivientes; y,
(iii) del caso en concreto.

19
Visible a folios 173 a 178 del expediente.
20
Ibídem.
21
Ídem.
22
“(…) Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones (…)”.

6
Radicado No. 73001233300020180044101.
No. Interno: 2454-2021.
Actora: Amparo Trujillo Villegas.
Demandado: Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones.

(i) Régimen general para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.

En materia de sustitución pensional los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de
196823, así como 80 y 92 del Decreto 1848 de 196924 consagraron la posibilidad
de trasmitir el derecho jubilatorio a favor de los beneficiarios del causante
únicamente en dos eventos, a saber: (i) cuando fallece el empleado público en
goce de pensión y (ii) cuando el empleado público muere con derecho a pensión
sin que en efecto se haya efectuado el reconocimiento. Así señalaban las
normas en comento:

“(…) Decreto 3135 de 1968.
Artículo 36. Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial con derecho
a pensión de jubilación, sus beneficiarios, en el orden y proporción señalados en el
artículo 3425, tienen derecho a recibir de la respectiva entidad de previsión la pensión
que le hubiere correspondido durante dos (2) años, sin perjuicio de las prestaciones
anteriores.
(…)
Artículo 39. Sustitución de Pensión. Fallecido un empleado público o trabajador oficial
en goce de pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos menores
de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por invalidez,
que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a percibir la respectiva
pensión durante los dos años subsiguientes.
Decreto Reglamentario 1848 de 1969.
(…)
Artículo 80. Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca un
empleado oficial que hubiere causado en su favor el derecho a pensión de jubilación,
por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida, ese derecho se
transmite a las personas señaladas en el Artículo 92 de este Decreto26, para el solo
efecto de recibir de la entidad obligada el pago de la pensión que le hubiere
correspondido al causante, durante los dos (2) años a que se refiere la citada norma
legal.
(…)
Artículo 92. Transmisión de la Pensión. Cuando fallezca el pensionado por invalidez,
jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de dieciocho (18) años

23
“Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se
regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.”
24
“Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.”
25
“Artículo 34. En caso de fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial en servicio, las
prestaciones a que haya lugar se pagarán a los beneficiarios que a continuación se determinan, así: 1.
La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos legítimos y naturales del empleado o
trabajador en concurrencia estos últimos en las proporciones establecidas por la ley civil.
2. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos naturales, la prestación corresponderá íntegramente a
los hijos legítimos.
3. Si no hubiere hijos legítimos la porción de éstos corresponde a los hijos naturales en concurrencia
con el cónyuge sobreviviente.
4. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, ni hijos legítimos, el monto de la prestación se dividirá así: la
mitad para los padres legítimos o naturales y la otra mitad para los hijos naturales.
5. A falta de padres legítimos o naturales, llevarán toda la prestación los hijos naturales.
6. Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en este artículo, llamadas en el orden
preferencial en el establecido, la prestación se pagará a los hermanos menores de edad y a las
hermanas del extinto, previa comprobación de que dependían de él para su subsistencia.”
26
“ARTÍCULO 92. TRANSMISIÓN DE LA PENSIÓN. Cuando fallezca el pensionado por invalidez,
jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de dieciocho (18) años o incapacitados
para trabajar por razón de estudios o por invalidez, que dependieren económicamente del causante,
tendrán derecho a percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al fallecimiento
del pensionado.”

7
Radicado No. 73001233300020180044101.
No. Interno: 2454-2021.
Actora: Amparo Trujillo Villegas.
Demandado: Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones.

o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por invalidez, que dependieren
económicamente del causante, tendrán derecho a percibir la respectiva pensión
durante los dos (2) años subsiguientes al fallecimiento del pensionado.
(…)”

Posteriormente, en materia de sustitución pensional se expidió la Ley 33 de
197327, la cual señaló que para que se diera la sustitución pensional, el
trabajador particular o el empleado o trabajador del Sector Público, debía estar
pensionado o al momento de su fallecimiento tener el derecho a pensión de
jubilación, invalidez o vejez.

“(…) Artículo 1°. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de
jubilación, invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea este
oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva
pensión en forma vitalicia.
(…)
Parágrafo 2°. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan
derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les
queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.” (Se resalta)

Luego, la Ley 12 de 197528 solo exigió que el trabajador o empleado haya
completado el tiempo de servicio, de manera que, si fallecía antes de cumplir la
edad cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, había lugar a la
sustitución pensional, así:

“(…) Artículo 1° El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores o
inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este
falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que
hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en
convenciones colectivas. (…)” (Se resalta)

De lo anterior se infiere, que si bien en principio el derecho a la sustitución
pensional solo surgía para los beneficiarios de un empleado público cuando a
la fecha de su fallecimiento éste había perfeccionado o consolidado
completamente el derecho jubilatorio, con posterioridad el Legislador lo extendió
para los casos en los que el empleado público hubiese logrado el tiempo de
servicios sin reunir o completar la edad pensional, con el fin de amparar con tal
medida el derecho de la familia del mismo, que por la contingencia de muerte
no logró consolidar plenamente su derecho pensional.

Ahora bien, una vez expedida la Constitución Política de 1991, en su artículo 48
se estableció que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio
y un derecho irrenunciable, de tal manera que, por la estructura de este derecho,
es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución.

Ahora bien, la pensión de sobrevivencia se consagró como una prestación del
Sistema General de Seguridad Social, cuyos requisitos para su reconocimiento

27
“Por el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas.”
28
“por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación.”

8
Radicado No. 73001233300020180044101.
No. Interno: 2454-2021.
Actora: Amparo Trujillo Villegas.
Demandado: Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones.

por mandato constitucional, deberán ser definidos mediante las leyes, puesto que
el artículo 48 de la Carta Política29 contempló la siguiente disposición:

“(…) ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio
que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
Ley.
(…)
Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de
servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás
condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de
invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una
pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema
General de Pensiones.” (Se destaca).

Posteriormente se expidió la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, la cual derogó
tácitamente30 la Ley 12 de 1975. Esta nueva norma reemplazó la sustitución
pensional por la pensión de sobrevivientes tanto en el régimen de prima media
con prestación definida31 como en el de ahorro individual32, y señaló que esta
prestación se obtiene no solamente en el caso del fallecimiento del pensionado
sino también en el evento en que el causante que fallezca hubiera cotizado al
sistema por lo menos veintiséis (26) semanas, en ése momento, o habiendo
dejado de cotizar, efectuara aportes por veintiséis (26) semanas del año
inmediatamente anterior.

29
Adicionado desde el inciso 7º en adelante por el Acto Legislativo No. 01 de 2005.
30
Corte Constitucional, sentencia C-328 de 2001.
“Derogación de la norma acusada y estudio de los cargos del demandante.
2- La norma acusada hace parte de la Ley 113 de 1985, que adiciona la Ley 12 de 1975, que regula
ciertos aspectos de la llamada pensión de sobrevivientes. Ahora bien, la Ley 100 de 1993, que es norma
posterior, creó el sistema general de seguridad general, y en su libro primero establece el régimen
general de pensiones. Específicamente, ese libro primero regula integralmente la pensión de
sobrevivientes, tanto en el régimen de prima media (artículos 46 y ss.) como en el de ahorro individual
(arts. 73 y ss.). Así, las normas sobre el régimen de prima media señalan al respecto:
Por su parte, los artículos 73 y ss. de la misma Ley 100 de 1993 regulan la pensión de sobrevivientes
en el régimen de ahorro individual y tienen un contenido normativo similar. Estamos pues ante una
regulación integral y sistemática de una materia, que es posterior a la norma acusada. Ahora bien,
conforme a la teoría jurídica, y como lo ilustra al respecto el artículo 3º de la ley 153 de 1887, se entiende
que esa regulación sistemática posterior de un tema deroga tácitamente las normas precedentes sobre
la materia, salvo que las normas previas establezcan regímenes especiales. Así, el artículo 3º de la ley
153 de 1887 dice que se estima "insubsistente una disposición legal por declaración expresa del
legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva
que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería" (subrayas no originales).
La Corte Suprema de Justicia, en su momento, y esta Corte Constitucional han reconocido, en
numerosas ocasiones, ese efecto derogatorio de la ley posterior que regula integralmente un tema. Así,
la Corte Suprema -Sala Plena-en múltiples pronunciamientos reiteró que el ejercicio de la facultad
legislativa consistente en expedir códigos, estatutos orgánicos o regímenes legales integrales implica la
derogación de las normas incorporadas a éstos para integrar un solo cuerpo normativo, tesis que ha
sido plenamente aceptada por esta Corte Constitucional.
Ahora bien, en este caso, la norma previa acusada no consagra ningún régimen especial, por lo cual
debe entenderse derogada por el sistema integral posterior de la Ley 100 de 1993, tal y como lo ha
entendido esta Corte. Es pues claro que el artículo impugnado fue derogado. El interrogante que surge
entonces es si esa derogación implica que la Corte deba inhibirse de conocer los cargos de la
demanda.”.
31
Artículos 49 a 49 de la Ley 100 de 1993.
32
Artículos 73 a 78 de la Ley 100 de 1993.

9
Radicado No. 73001233300020180044101.
No. Interno: 2454-2021.
Actora: Amparo Trujillo Villegas.
Demandado: Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones.

La Ley 100 de 1993, en su artículo 46 modificado por el artículo 12 de la Ley 797
de 200333, determinó que los beneficiarios del causante tendrán derecho a la
pensión de sobrevivientes, siempre y cuando el causante hubiere cotizado
cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) últimos años inmediatamente
anteriores al fallecimiento, así:

“(…) ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo
común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y
cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:34
(…)” (Destaca la Sala)

De no darse las condiciones expuestas para el otorgamiento de la pensión de
sobrevivientes, en los artículos 49 y 78 de la Ley 100 de 1993 se creó para el
régimen solidario de prima media con prestación definida la indemnización
sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, la cual es equivalente a un salario
base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas
cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los
porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.

De otro lado, para el régimen de ahorro individual con solidaridad, se estableció
la devolución de saldos, según la cual los beneficiarios del afiliado tienen
derecho a recibir la totalidad del monto abonado en la cuenta individual de
ahorro pensional del causante, incluidos los rendimientos y el valor del bono
pensional, si a éste hubiera lugar. La norma establece al respecto, lo siguiente:
“(…) TÍTULO II
Régimen solidario de prima media con prestación definida
(…)
CAPÍTULO IV
Pensión de sobrevivientes
(…)
Artículo. 49. Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Los miembros
del grupo familiar del afiliado que al momento de su muerte no hubiese reunido los
requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes, tendrán derecho a recibir, en
sustitución, una indemnización equivalente a la que le hubiera correspondido en el
caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en el artículo 37
de la presente ley.
(…)
TÍTULO III
Régimen de ahorro individual con solidaridad
(…)
CAPÍTULO IV
Pensión de sobrevivientes
(…)
Articulo. 78.-Devolución de saldos. Cuando el afiliado fallezca sin cumplir con los
requisitos para causar una pensión de sobrevivientes, se les entregará a sus

33
“por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.”
34
Literales a) y b) declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-556 DE
2009. M.P.: Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

10
Radicado No. 73001233300020180044101.
No. Interno: 2454-2021.
Actora: Amparo Trujillo Villegas.
Demandado: Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones.

beneficiarios la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro
pensionad, incluidos los rendimientos, y el valor del bono pensionad si a éste hubiera
lugar (…)”.

En conclusión se tiene que el sistema de sustitución pensional de que trataba
la Ley 12 de 1975, artículo 1º, fue derogado de manera tácita por el de pensión
de sobrevivientes contenido en los artículos 46 a 49 y 73 a 78 de la Ley 100 de
1993; por tanto, en la actualidad no se habla de la sustitución pensional,
comoquiera que se contempló la pensión de sobrevivientes dentro del Sistema
de Seguridad Social Integral establecido en la Ley 100 de 1993 que entró a regir
el 1º de abril de 1994, por mandato de su artículo 151 y es desde esa fecha que
se deben aplicar las disposiciones contenidas en dicha ley sobre pensión de
sobrevivientes.

iii) Antecedentes jurisprudenciales.

El Consejo de Estado mediante sentencia de 29 de abril de 2010, reconoció una
pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12
de 1975, pese a que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970, con
base en los siguientes argumentos 35:

“(…) Si bien alega la demandada la imposibilidad jurídica de aplicar retroactivamente
el contenido de las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975 a un hecho sucedido con
anterioridad a su expedición, como lo fue la muerte del Agente ocurrida el 6 de octubre
de 1970, debe precisar la Sala que en materia laboral y por virtud del principio de
favorabilidad se admite la aplicación retrospectiva de la Ley, tal como lo ha sostenido
esta Corporación en diferentes oportunidades e incluso la Corte Constitucional, quien
ha señalado particularmente en materia pensional que la norma más favorable se
aplique retrospectivamente, por cuanto la Ley nueva si puede regular ciertas
situaciones o hechos jurídicos que aun cuando han acaecido bajo la vigencia de una
Ley, no tuvieron la virtud de obtener su consolidación de manera definitiva como
derecho bajo la Ley antigua.
(…)”.

Este criterio jurisprudencial fue ratificado por esta Corporación en sentencia de
1° de noviembre 1º de 201236, que reconoció una pensión de sobrevivientes con
base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, no obstante, que el
deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. Igualmente, en
35
Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09) Consejero Ponente Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren, en la que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación
retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
36
Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11) Consejero Ponente Víctor Hernando
Alvarado Ardila, en que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero
de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo Arenas Monsalve salvó el voto en los siguientes
términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo problema que surge con la tesis
mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de 1993 a situaciones que
se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no tienen término
de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento aplicando
válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de
discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa legislación
anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio
constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de
2005 queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen
general”.

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Radicado No. 73001233300020180044101.
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Actora: Amparo Trujillo Villegas.
Demandado: Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones.

sentencia del 7 de febrero de 201337, señaló que, si bien existían regímenes
pensionales anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se había admitido
la posibilidad de que a los beneficiarios de un régimen especial le fueran
aplicables las disposiciones de naturaleza general, en tanto estas últimas
pueden resultar más favorables a sus pretensiones. Al respecto, consideró:
“(…) No obstante lo anterior, tal como lo afirmó la entidad demandada en el acto
administrativo acusado, debe decirse que en el caso concreto el señor Carlos Mario
Castro Hoyos al momento de su muerte no acumulaba un tiempo de servicio como
Agente de la Policía Nacional igual a 15 años que permitiera el reconocimiento y pago
de una pensión de sobreviviente a favor de su cónyuge supérstite, en los términos del
artículo 121 del Decreto 1213 de 1990, toda vez que, desde el momento en que inició
sus labores como Agente de la referida institución, esto es, el 21 de abril de 1985
hasta su muerte, 24 de diciembre de 1992, transcurrieron 7 años, 9 meses y 11 días
(fl. 8).
Sin embargo, tal y como lo afirma la señora Donelly Caro Usuga en el escrito de la
demanda, el Régimen General de Seguridad Social en Pensiones, previsto en la Ley
100 de 1993 consagra en su artículo 46 la misma prestación pensional por
sobrevivencia, cuyos requisitos resultan ser más favorables a su situación particular.
Bajo estos supuestos, se observa que los requisitos previstos por el artículo 46 de la
Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de una pensión de sobreviviente resultan ser
menos exigentes que los establecidos por el Decreto 1213 de 1990, en tanto sólo se
requiere haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la muerte del
afiliado, en contraste a los 15 años de servicios que se exigen en el régimen especial
aplicable a los Agentes de la policía Nacional.
En este punto, estima la Sala que si bien el régimen especial aplicable a los Agentes
de la Policía Nacional y el régimen general de pensiones, son regímenes diversos,
con reglas jurídicas propias, debe decirse que tanto la jurisprudencia constitucional
como la de esta Corporación han admitido la posibilidad de que a los beneficiarios de
un régimen especial le sean aplicables las disposiciones de naturaleza general, en
tanto estas últimas resulten más favorables a sus pretensiones (…)”

No obstante, en sentencia del 25 de abril de 2013 38, el Consejo de Estado en
Sala Plena de la Sección Segunda, rectificó expresamente su posición anterior
e indicó que, si bien se venía adoptando una posición favorable para los
beneficiarios en cuanto al régimen pensional, es decir, que cuando el régimen
especial no cumpliera unas mínimas garantías y por el contrario el general sí lo
hiciera, en virtud del principio de favorabilidad debía preferirse la aplicación
retrospectiva de este último. Pero también precisó, que la ley favorable que se
debe aplicar es la que esté vigente al momento en que se habría causado el
derecho, es decir, al momento del fallecimiento del causante. Al respecto,
específicamente señaló:

“(…) La jurisprudencia de esta Corporación39 ha considerado que, en circunstancias
especiales, cuando un régimen pensional especial no satisface las mínimas garantías
que sí satisface el régimen general y cuando éste resulta más favorable que el especial,

37
CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 7 de febrero de 2013, radicado 050012331000200801384 01
(0998-2012), C. P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
38
CONSEJO DE ESTADO, sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), Consejero
Ponente Luis Rafael Vergara Quintero, radicado 76001 23 31 000 2007 01611 01 (1605-09)
39
Ver, entre otras, las sentencia de octubre 7 de 2010, Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero,
radicación No. 76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010, Consejero ponente
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación No. 08001-23-31-000-2004-00283-01(1514-08); abril
16 de 2009, Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación No. 76001-23-31-000-
2004-00293-01(2300-06).

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debe preferirse su aplicación; no obstante, es necesario tener en cuenta que la ley
favorable que se debe aplicar es la que esté vigente al momento en que se habría
causado el derecho.
El derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del
pensionado, es decir, en el caso analizado las normas que gobiernan la pensión de
sobrevivientes que hubiera podido surgir con ocasión del fallecimiento del señor Jaime
Reyes son las que estaban vigentes el 19 de octubre de 1985, pues fue durante su
vigencia cuando se produjo el deceso y, por tanto, cuando se pudo consolidar el
presunto derecho reclamado.
La Ley 100 de 1993, que consagra el derecho pensional de sobrevivientes solicitado
por la accionante, entró en vigencia el 1º de abril de 1994, de conformidad con lo
previsto en su artículo 151, que es del siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 151. VIGENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema
General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de Abril de
1.994.”
Es decir, no estaba en vigencia al momento del fallecimiento del causante, razón por
la cual no puede aplicarse para resolver la situación pensional aquí reclamada.
Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación retroactiva
de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus pretensiones;
no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte del señor Reyes se
consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que
lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que
ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153
de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que se
produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y, solo por
excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el contenido
de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley 100 de
1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir del 1º de
abril de 1994.
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho
pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que los
derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron en
vigencia de la normatividad anterior40, la que exigía el requisito de tener 15 o más años
de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su reconocimiento.”.

En este orden de ideas, el Consejo de Estado ha reiterado que, en materia de
reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la norma aplicable es la vigente
para la fecha del fallecimiento del causante, pues es en este momento en que
se causa el derecho a la sustitución pensional.

iv) Del caso en concreto.

En el sub-lite se tiene que la señora Amparo Trujillo Villegas pretende el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en virtud del Decreto
758 de 199041, pretensión que en primera instancia le fue negada dado que para
la fecha del fallecimiento del señor Eduardo Castillo Norman (q.e.p.d.), esto es,
13 de agosto de 2002, la norma vigente era la Ley 100 de 1993. Inconforme con
esta determinación, interpuso recurso de apelación en el que insistió que, en
virtud del principio de favorabilidad, le fuera aplicada la citada normativa42.

40
Artículo 120 del Decreto 2063 de 1984.
41
“(…) Por el cual se aprueba el Acuerdo numero 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo
Nacional de Seguros Sociales Obligatorio (…)”.
42
“(…) Por el cual se aprueba el Acuerdo numero 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo
Nacional de Seguros Sociales Obligatorio (…)”.

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Para efectos de resolver el punto objeto de controversia, la Sala cuenta con los
siguientes elementos probatorios:

a) De acuerdo con el Registro Civil de Defunción del señor Eduardo Castillo
Norman (q.e.p.d.), se evidencia que falleció el 23 de agosto de 200243.

b) A folios 36 y 37 del expediente se encuentran las declaraciones
extraproceso de los señores Hugo Trujillo Villegas y María Ginnes Lasso de
Trujillo en las cuales señalaron la existencia de la unión marital de hecho de los
señores Eduardo Castillo Norman (q.e.p.d.) y Amparo Trujillo Villegas, en una
relación libre, permanente y bajo el mismo techo desde el 1º de abril de 1980 al
23 de agosto de 2002.

c) El 20 de septiembre de 2006 el Archivo General del Departamento del
Tolima certificó que el señor Eduardo Castillo Norman (q.e.p.d.) prestó sus
servicios como Profesional Universitario en la Secretaría de Agricultura del 18
de enero de 1979 al 6 de abril de 1993, esto es, 14 años, 2 meses y 17 días.

d) El 7 de agosto de 2007 el Coordinador de Talento Humano del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial certificó que el señor Eduardo
Castillo Norman (q.e.p.d.) prestó en esta entidad desde el 24 de marzo de 1977
al 30 de junio de 197844.

e) Por medio de la Resolución 836 de 17 de septiembre de 2007 la Secretaria
Administrativa y la Directora del Fondo de Pensiones del Departamento del
Tolima negaron la solicitud de reconocimiento de la indemnización sustitutiva de
que trata la Ley 100 de 1993, por cuanto no era beneficiario de este régimen 45.

f) El 25 de julio de 2017 la señora Amparo Trujillo Villegas solicitó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada por parte
del Secretario Administrativo y la Directora del Fondo Territorial de Pensiones a
través de las Resoluciones 8493 de 17 de agosto de 2017 y 9085 de 09 de
octubre de 2017, dado que el causante, de un lado, no acreditó la totalidad de
los requisitos exigidos en la Ley 12 de 197546; Ley 71 de 198847 y 85 del Decreto
1160 de 198948; y de otro, no cotizó las semanas requeridas para ser beneficiario
de la Ley 100 de 1993.

g) Mediante Resolución 0027 de 19 de febrero de 2018 el Gobernador del
Tolima resolvió el recurso de apelación interpuesto por la señora Amparo Trujillo
Villegas, en el cual confirmó los anteriores actos administrativos por cuanto no
cotizó como mínimo 20 años necesarios para obtener el derecho.

43
Visible a folio 4 del expediente.
44
Visible a folio 6 del expediente.
45
Visible a folios 7 a 9 del expediente.
46
“Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación”.
47
“Por el cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”.
48
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988”.

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De lo enunciado en el anterior acápite, es claro entonces, que la norma aplicable
para definir para derechos pensionales de la actora es la vigente al momento
de la ocurrencia del fallecimiento del causante; por ende, dado que la muerte
del señor Eduardo Castillo Norman (q.e.p.d.) acaeció el 23 de agosto de 2002,
resulta que la normativa que se debe tener en cuenta es la Ley 100 de 199349,
por cuanto comenzó a regir a partir del 1 de abril de 1994 y para el nivel territorial
el 30 de junio de 1995, la cual, en el artículo 46, dispuso los requisitos con los
cuales se hace acreedor de la pensión de sobrevivientes, al respecto estableció:

“(…) ARTÍCULO 46. Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por
lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca
la muerte.

PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
Ley” (Lo subrayado es de la Sala).

Al respecto, coincide la Sala con el a-quo al establecer que la norma aplicable
al caso es la Ley 100 de 1993 sin su modificación, pues, la norma es clara en
establecer que el reconocimiento de la prestaciones pensionales se regirán por
las que estén vigentes al momento de su causación, en este caso, al morir el
causante; sin embargo, en este caso, al realizar un estudio detallado del acervo
probatorio que reposa en el expediente, se concluye que el señor Eduardo
Castillo Norman (q.e.p.d.), no cumplió con los supuestos fácticos establecidos
en el artículo 46 ibídem, esto es, haber cotizado por lo menos 26 semanas en
el año inmediatamente anterior al momento en que se produjo su muerte.

Ahora, respecto del argumento propuesto por la recurrente, según el cual, se
debe aplicar por favorabilidad el Decreto 758 de 1990 «por el cual se aprueba
el Acuerdo 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios», la Sala debe señalar que ello no es posible en la medida
en que esta normativa regulaba las prestaciones sociales de los trabajadores
del sector privado afiliados al Instituto de Seguros Sociales y excepcionalmente
a los trabajadores oficiales, también afiliados a ese ente, situación en la que
no se encontraba el señor Eduardo Castillo Norman (q.e.p.d.) dado que en
ningún momento efectuó aportes a dicha entidad de previsión social, sino
al Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Tolima «ente
demandado».

Al respecto, el artículo 1 del Decreto 758 de 1990, dispuso:

49
Para el momento de la muerte del señor Eduardo Castillo Norman (q.e.p.d.) no había sido modificada
por la Ley 797 de 1993.

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“(…) ARTÍCULO 1. AFILIADOS AL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE. Salvo las
excepciones establecidas en el artículo 2 del presente Reglamento, estarán sujetos al seguro
social obligatorio contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional:
1. En forma forzosa u obligatoria:
a) Los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a patronos particulares
mediante contrato de trabajo o de aprendizaje;
b) Los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y,
c) Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas con las pensiones
de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o asumidas totalmente por él.
2. En forma facultativa:
a) Los trabajadores independientes;
b) Los sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas y,
c) Los servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio de 1977 se
encontraban registradas como patronos ante el ISS.
3. Otros sectores de población respecto de quienes se amplíe la cobertura del régimen de los
seguros sociales obligatorios.
(…)”.

En este orden de ideas, se reitera el criterio jurisprudencial prohijado por esta
Corporación en sentencia del 25 de abril de 2013 50, que estableció la postura
que, en materia de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la ley que
gobierna la situación prestacional de los beneficiarios es la vigente al momento
del fallecimiento del causante y no una posterior, toda vez que es en este
momento en que se causa el derecho a la sustitución pensional51.

Es necesario destacar, que si bien anteriormente se habían resuelto asuntos en
los cuales se debatía un problema jurídico similar al planteado por la
demandante, en los cuales se aplicó una norma jurídica a casos en los que se
reclamaba pensión de sobrevivientes por hechos ocurridos con anterioridad a
su vigencia, posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado,
rectificó la posición sobre este asunto y coligió que no es posible efectuar un
reconocimiento pensional en tales eventos, en tanto ello contraría el principio
de irretroactividad de la ley.

Igualmente, esta Corporación ha señalado que el principio de favorabilidad debe
emplearse respetando el de inescindibilidad de la ley, el cual consiste en que la
norma que se adopte debe ser aplicada en su integridad quedando prohibido,
dentro de una sana hermenéutica, el desmembramiento de las normas legales
que regulan la misma situación de hecho, para tomar de cada una de ellas sus
aspectos más favorables52.

50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del
veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), Consejero Ponente Luis Rafael Vergara Quintero,
radicado 76001 23 31 000 2007 01611 01 (1605-09)
51
Sentencia de octubre 7 de 2010, Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero, radicación No.
76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010, Consejero ponente Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren, radicación No. 08001-23-31-000-2004-00283-01(1514-08); abril 16 de 2009,
Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación No. 76001-23-31-000-2004-00293-
01(2300-06).
52
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 14 de septiembre de 2011.
Radicación N°: 25000-23-25-000-2010-00031-01(0899-11), Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de noviembre
de 2014. Radicación N°: 25000-23-42-000-2013-00322-01(4250-13). Consejera Ponente: Dra. Sandra
Lisset Ibarra Vélez.

16
Radicado No. 73001233300020180044101.
No. Interno: 2454-2021.
Actora: Amparo Trujillo Villegas.
Demandado: Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones.

En relación con los mencionados principios, así se ha referido el Consejo de
Estado, en su Jurisprudencia:

“(…) La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral, con el objetivo
de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a través
del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones, para los afiliados y sus
beneficiarios, encaminadas a proteger sus derechos fundamentales y a crear
mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de
desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían
sometidos. Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de
transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las
personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la
nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas
cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen
anterior al cual se encontraban afiliados. En ese orden de ideas, se reitera, que en
virtud de que la demandante prestó sus servicios durante más de 10 años en la
Contraloría General de la República, su situación pensional se debe regir por los
mandatos del Decreto 929 de 1976. En efecto, como las situaciones fácticas que
rodearon a la actora se encuentran amparadas en el Decreto 929 de 1976, por ser
más favorable, no es posible tomar los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994
para determinar el ingreso base de liquidación, como lo pretende la entidad
demandada, porque al principio de favorabilidad le secunda el de inescindibilidad de
las leyes, en virtud del cual, la norma que se adopte debe ser aplicada en su integridad
quedando prohibido, dentro de una sana hermenéutica, el desmembramiento de las
normas legales que regulan la misma situación de hecho, para tomar de cada una de
ellas sus aspectos más favorables.”53.

Así las cosas, aceptar que el señor Eduardo Castillo Norman acreditó la
totalidad de 300 semanas de que trata el artículo 6 del Decreto 758 de 199054,
remitido por disposición del artículo 25 ibídem55, sin antes tener en cuenta el
régimen al cual se encontraba afiliado y el número de semanas que cotizó en
cada uno de ellos, es tanto como vulnerar el principio de inescindibilidad de la
ley56, puesto que se desglosaría la integralidad de la normativa que regula la
misma situación de hecho, para tomar los aspectos más favorables.

En las anteriores condiciones se confirmará la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda

53
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 14 de septiembre de 2011. Radicación N°: 25000-
23-25-000-2010-00031-01(0899-11), Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
54
“(…) ARTÍCULO 6o. REQUISITOS DE LA PENSION DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión
de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y,
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro
de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en
cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez (…)”.
55
(…) ARTÍCULO 25. PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMUN.
Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de
sobrevivientes en los siguientes casos:
a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones
que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común y; (…)”.
56
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 14 de septiembre de 2011.
Radicación N°: 25000-23-25-000-2010-00031-01(0899-11), Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de noviembre
de 2014. Radicación N°: 25000-23-42-000-2013-00322-01(4250-13). Consejera Ponente: Sandra Lisset
Ibarra Vélez.

17
Radicado No. 73001233300020180044101.
No. Interno: 2454-2021.
Actora: Amparo Trujillo Villegas.
Demandado: Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones.

incoada por la señora Amparo Trujillo Villegas en contra del Departamento del
Tolima – Fondo Territorial de Pensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

CONFIRMAR la sentencia de 13 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por medio de la cual negó las pretensiones de la
señora Amparo Trujillo Villegas en contra del Departamento del Tolima – Fondo
Territorial de Pensiones, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la
presente providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.
CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

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