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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2018-00612-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2018-00612-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 10 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Álvaro Quintero Cutiva, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 013957 de 30 de octubre de 2012, RDP 006936 del 15 de febrero de 2013 y RDP 008223 de 21 de febrero de 2013, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social– UGPP-, negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al señor Álvaro Quintero Cutiva, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia. TERCERO: DECLARAR la prescripción de las mesadas pensionales causadas a favor del señor Álvaro Quintero Cutiva con anterioridad al 17 de mayo de 2014, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Como restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Socia) - UGPP, a reconocer, liquidar y pagar al señor Álvaro Quintero Cutiva identificado con la C.C. 5.962.133 de Natagaima, la sustitución pensional con ocasión del fallecimiento de la señora Sara Bermúdez de Quintero, en forma vitalicia, a partir del 5 de febrero de 2012, pero con efectos fiscales desde el 17 de mayo de 2014, por prescripción trienal. El monto de la pensión se liquidará de conformidad con el artículo 48 de la Ley 100 de 1993. La entidad demandada deberá incluir en nómina de pensionados al demandante. QUINTO: Las sumas resultantes deberán ser actualizadas, de acuerdo con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, con la formula expuesta en la parte motiva de esta providencia. 23 835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 73001-23-33-000-2018-00612-01 (1116-2021) Demandante: Álvaro Quintero Cutiva SEXTO: La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2018-00612-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de julio de 2026

Radicado: 73001-23-33-000-2018-00612-01 (1116-2021)
Demandante: Álvaro Quintero Cutiva

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2018-00612-01 (1116-2021)
Demandante: Álvaro Quintero Cutiva
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Temas: Sustitución pensional. Aplicación de la Ley 100 de 1993.
Acredita convivencia real y efectiva.
Decisión: Revoca decisión que niega las pretensiones de la demanda.

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante, contra la sentencia de 10 de diciembre de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2.

2.1.1. Pretensiones.

2. El accionante, por intermedio de apoderado instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 20113 en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, en adelante UGPP, con el objeto de que se declare la nulidad de las
Resoluciones RDP 013957 del 30 de octubre de 2012, RDP 006936 del 15 de
febrero de 2013 y RDP 008223 del 21 de febrero de 2013, mediante las cuales

1 En adelante UGPP

2 La demanda inicial obra a folios 2 a 31 y su corrección a folios 37 a 49. La demanda fue admitida por el
Juzgado Sexto Administrativo mediante auto del 30 de junio de 2017. En dicha Unidad Judicial se surtió el
trámite procesal, incluida la audiencia inicial del 25 de mayo de 2018 y la audiencia de pruebas del 26 de
septiembre de 2018, en la cual se practicó la prueba testimonial y se corrió traslado para alegatos de
conclusión. Posteriormente, a partir de memorial presentado por el Ministerio Público, el juzgado,
mediante auto de 1 de noviembre de 2018, dispuso la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del
Tolima, Corporación que finalmente profirió la sentencia objeto de apelación.
3 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
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Demandante: Álvaro Quintero Cutiva

se negó «la pensión de sobrevivientes» y se desataron los recursos de reposición
y apelación, respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad
demandada el reconocimiento y pago de la «pensión de sobrevivientes» a favor
del señor Álvaro Quintero Cutiva, en calidad de cónyuge y/o compañero
permanente, con ocasión del fallecimiento de la señora Sara Bermúdez de
Quintero (Q.E.P.D.), ocurrido el 5 de febrero de 2012, esto es, a partir del 6 de
febrero de 2012, junto con las mesadas causadas y no percibidas, incluidas las
adicionales, los reajustes legales y la indexación correspondiente.

4. Igualmente, solicitó el reconocimiento de los intereses moratorios conforme a
los artículos 192 y 195 del CPACA4 y el cumplimiento de la sentencia en los
términos legales.

2.1.2. Hechos.

5. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

6. Los señores Álvaro Quintero Cutiva y Sara Bermúdez Cedeño contrajeron
matrimonio católico el 8 de diciembre de 1979, unión de la cual nacieron sus hijos
Adriana Rocío Quintero Bermúdez y Diego Fernando Quintero Bermúdez.

7. Desde la fecha de su matrimonio la convivencia entre la pareja se mantuvo de
manera continua hasta el fallecimiento de la señora Sara Bermúdez de Quintero,
ocurrido el 5 de febrero de 2012 y siempre convivieron bajo el mismo techo.

8. En el último año previo a su deceso, la causante presentó un deterioro
progresivo de su estado de salud, asociado, según la demanda, a crisis nerviosas
y pérdida paulatina de la memoria, contexto en el cual manifestó a su esposo e
hijos su deseo de que el inmueble familiar quedara únicamente a su nombre,
solicitud a la que estos accedieron.

9. Sostuvo que, en el trámite notarial adelantado en el año 2011, se dispuso la
cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso y la liquidación de la
sociedad conyugal, lo cual, según afirmó, obedeció a una apreciación errada del
profesional interviniente, pues la intención de los cónyuges era únicamente la
liquidación de la sociedad conyugal; no obstante, indicó que dicha actuación no
implicó la ruptura de la vida en común, por lo que continuaron conviviendo en el
mismo hogar, compartiendo mesa, techo y lecho.

4 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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10. Mencionó que la señora Sara Bermúdez de Quintero, sufrió una caída el 25
de enero de 2012, que le ocasionó un trauma craneoencefálico, por lo que fue
hospitalizada e ingresada a la unidad de cuidados intensivos, y el 2 de febrero de
2012 fue diagnosticada con muerte cerebral, falleciendo el 5 de febrero de 2012;
lapso durante el cual, según se afirmó, el señor Álvaro Quintero Cutiva le brindó
atención y cuidado permanente, tanto en el hogar como durante su
hospitalización.

11. Adujo que, mediante Resolución No. 015394 del 2 de junio de 1998, la Caja
Nacional de Previsión Social – CAJANAL reconoció a la señora Sara Bermúdez
de Quintero, en su condición de docente, una pensión vitalicia de jubilación, con
efectos a partir del 24 de mayo de 1997.

12. Finalmente, aseveró que, con ocasión del fallecimiento de la pensionada, el
señor Álvaro Quintero Cutiva solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la
«pensión de sobrevivientes», la cual fue negada mediante Resolución No. RDP
013957 del 30 de octubre de 2012, al considerarse que no se acreditó la
convivencia durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento de la causante;
decisión contra la cual interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de
apelación, resueltos mediante las Resoluciones Nos. RDP 006936 del 15 de
febrero de 2013 y RDP 008223 del 21 de febrero de 2013, que confirmaron la
negativa.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

13. Señaló como vulnerados los artículos 1°, 2°, 6°, 13, 46, 48, 53 y 209 de la
Constitución Política, así como las disposiciones contenidas en las Leyes 114 de
1913, 33 de 1985, 62 de 1985, 100 de 1993, 1437 de 2011 y los Decretos 1045
de 1978 y 01 de 1984.

14. En el concepto de violación el apoderado de la parte demandante, sostuvo,
en síntesis, que la UGPP negó la «pensión de sobrevivientes» al considerar que
no se probó la convivencia entre la causante y el solicitante, fundamentando su
decisión en la liquidación de la sociedad conyugal en julio de 2011 y el
fallecimiento ocurrido el 5 de febrero de 2012, concluyendo que para ese
momento no existía convivencia real bajo el mismo techo, compartiendo lecho y
mesa, ni vida marital por más de cinco (5) años anteriores al deceso.

15. Agregó que, conforme al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que exige
acreditar la convivencia con el causante por no menos de cinco (5) años
anteriores a su fallecimiento, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el
elemento determinante para acceder a la «pensión de sobrevivientes» es la
convivencia efectiva al momento de la muerte, «dejando el vínculo matrimonial
en un segundo plano».
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16. Consideró que, la decisión contenida en los actos administrativos
demandados resulta contraria a la normativa que regula la prestación y a la
realidad probatoria, al otorgar prevalencia a la liquidación de la sociedad
conyugal y exigir una acreditación formal de la convivencia, lo que configura una
vulneración de los principios del Estado Social de Derecho, la seguridad social y
la igualdad, al negarse un derecho que, en su criterio, se encontraba causado.

17. En esa línea, sostuvo que la negativa de la entidad en reconocer la «pensión
de sobrevivientes» implicó el desconocimiento de los derechos del beneficiario,
al exigir requisitos distintos a los previstos en la normativa aplicable, lo que
genera un detrimento en la seguridad jurídica. En consecuencia, afirmó que dicha
actuación vulnera los principios del Estado Social de Derecho consagrados en el
artículo 1 de la Constitución Política, y los principios consagrados en los artículos
46 y 48 ibidem.

2.2. Contestación de la demanda5.

2.2.1. La UGPP, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las súplicas de
la demanda al considerar que el demandante no acreditó el requisito esencial de
convivencia exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, consistente en
demostrar la convivencia con la causante durante un periodo mínimo de cinco (5)
años continuos anteriores a su fallecimiento.

18. Indicó que, conforme al registro civil de matrimonio aportado, se evidenció la
cesación de los efectos civiles de dicho vínculo en el año 2011, lo que, a su juicio,
desvirtúo la existencia de convivencia en los últimos años de vida de la causante.
En ese sentido, afirmó que no obraba prueba de una convivencia real y efectiva
bajo el mismo techo, compartiendo lecho y mesa, con la permanencia y
continuidad que exige la normativa aplicable.

19. En consecuencia, concluyó que no se configura el presupuesto legal
necesario para el reconocimiento de la «pensión de sobrevivientes», al no
encontrarse acreditada la convivencia en los términos exigidos por la ley.
Propuso las excepciones de «Inexistencia de derecho a reclamar por parte del
demandante», «Cobro de lo no debido», «Buena fe», «Inexistencia de
vulneración de principios constitucionales y legales», «Prescripción»,
«Innominada y/o Genérica».

2.3. La sentencia apelada6

20. El Tribunal Administrativo de Tolima mediante sentencia del 10 diciembre de

5 Folios 61 y s.s.
6 Folio 136 y s.s.

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2020 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante.

21. Señaló dicha Corporación que, le correspondía a la parte actora demostrar
la existencia de una convivencia efectiva, con apoyo mutuo, respaldo y vida en
común durante los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento de la
pensionada, lo cual no se acreditó en el expediente.

22. Consideró que, los testimonios de los señores Yolanda Valderrama Reynoso,
Rosalba Gómez de Viña, Moisés Rivas Nieto y Argenis Andrade Jaime, no
brindaron detalles concretos sobre el cuidado y acompañamiento brindado a la
señora Sara Bermúdez de Quintero, durante su último año de vida, pese a su
delicado estado de salud.

23. Por consiguiente, concluyó que los medios probatorios no generaban certeza
sobre la existencia de una convivencia real, estable y permanente, ni permitían
desvirtuar los efectos derivados de la liquidación de la sociedad conyugal y la
cesación de los efectos civiles del matrimonio ocurridas en el último año de vida
de la causante.

2.4. Recurso de apelación7

24. El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, mediante el cual solicitó su revocatoria y, en su
lugar, que se acceda a las pretensiones de la demanda.

25. Al efecto, precisó que, conforme a la investigación administrativa adelantada
por la UGPP, se concluyó que no se encontraba demostrada la convivencia entre
el actor y la causante, con fundamento en la cesación de los efectos civiles del
matrimonio y la liquidación de la sociedad conyugal. No obstante, estimó que, al
ser esta la única razón aducida por el fondo pensional para negar el
reconocimiento de la sustitución pensional, los actos administrativos
demandados resultan contrarios al ordenamiento jurídico, el cual, en materia
pensional, privilegia la convivencia efectiva por encima de cualquier otra
consideración.

26. Con respecto a la convivencia, aseveró que, del análisis de las pruebas
allegadas al proceso, se encontró acreditado que los señores Álvaro Quintero
Cutiva y Sara Bermúdez de Quintero convivieron de manera ininterrumpida
haciendo vida marital hasta la fecha del fallecimiento de la causante, pese a la
liquidación de la sociedad conyugal y la cesación de los efectos civiles del
matrimonio, circunstancia que no desvirtúo la convivencia, como factor
determinante para el reconocimiento de la sustitución pensional.

7
Folios 150 y s.s.
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27. En ese sentido, manifestó su inconformidad con el análisis del juzgador, al
considerar que concluyó erradamente que no se encontraba demostrada dicha
convivencia y que, para la fecha del deceso, no existía la condición de cónyuges
ni de compañeros permanentes, descartando así una convivencia superior a 32
años.

28. Asimismo, adujo que los testigos coincidieron en afirmar que nunca tuvieron
conocimiento del trámite de separación, que siempre vieron a la pareja
conviviendo como esposos y que, durante la enfermedad de la causante, el
demandante fue quien la acompañó y cuidó, incluso en la clínica. En igual
sentido, el señor Diego Fernando Quintero manifestó que sus padres convivieron
hasta el fallecimiento de su madre y que, pese al trámite notarial, continuaron
viviendo bajo el mismo techo.

29. Agregó que la pensión, independientemente de su denominación, no hace
parte de los haberes conyugales ni del acervo hereditario, sino que constituye
una prestación social de carácter especial, cuyo reconocimiento exige el
cumplimiento de requisitos específicos, los cuales, en su criterio, se encuentran
satisfechos en el presente caso, en la medida en que los cónyuges convivieron
de manera ininterrumpida desde la celebración del matrimonio hasta el
fallecimiento de la señora Sara Bermúdez, pese a la existencia de una separación
legal y no de hecho.

30. Señaló que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Suprema de Justicia, para efectos del reconocimiento de la prestación resulta
determinante el análisis de la convivencia efectiva, el apoyo mutuo y la vida en
común por un periodo no inferior a cinco (5) años anteriores al deceso.
31. Finalmente, concluyó que, en el presente caso, el demandante cumple con el
requisito en comento, debido a que, convivió de manera ininterrumpida con la
causante desde la celebración del matrimonio hasta su fallecimiento, con quien
procreó dos hijos, así la convivencia se hubiese desarrollado bajo diferentes
vínculos o condiciones.

2.5. Alegatos de segunda instancia

32. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

33. La UGPP insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda, en los actos administrativos demandados y en la sentencia de primera
instancia.

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34. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

35. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1508 de la Ley 1437 de 2011.

36. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

37. En el asunto objeto de estudio el demandante es apelante único, por lo que
la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto en
el recurso de apelación.

3.2. Problema jurídico

38. La Sala debe determinar ¿si el señor Álvaro Quintero Cutiva, satisface los
presupuestos legales para acceder a la sustitución pensional, con ocasión del
fallecimiento de la señora Sara Bermúdez de Quintero (Q.E.P.D.) ocurrida el 5 de
febrero de 2012, específicamente en lo relacionado con el requisito de
convivencia efectiva durante los cinco (5) años anteriores a su muerte, pese a la
liquidación de la sociedad conyugal y la cesación de los efectos civiles de su
matrimonio católico?

3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.

3.3.1. Sustitución pensional y pensión de sobrevivientes.

39. Esta Sala de Subsección9, ha aclarado que si bien la pensión de
sobrevivientes y la sustitución pensional tienen por finalidad evitar que los
beneficiarios de un trabajador fallecido carezcan del apoyo económico que éste
les brindaba; la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece, en tanto que la

8
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».

9 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 9 de noviembre de 2017. Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
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pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión10.

40. En materia de sustitución pensional los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de
196811, así como los artículos 80 y 92 del Decreto 1848 de 196912 consagraron
la posibilidad de trasmitir el derecho jubilatorio a favor de los beneficiarios del
causante únicamente en dos eventos, a saber: (i) cuando fallece el empleado
público en goce de pensión y (ii) cuando el empleado público muere con derecho
a pensión sin que en efecto se haya efectuado el reconocimiento. Esto con el
siguiente tenor:

«Decreto 3135 de 1968.
Artículo 36. Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial con
derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios, en el orden y proporción
señalados en el artículo 34, tienen derecho a recibir de la respectiva entidad de
previsión la pensión que le hubiere correspondido durante dos (2) años, sin
perjuicio de las prestaciones anteriores.
[…]
Artículo 39. Sustitución de Pensión. Fallecido un empleado público o trabajador
oficial en goce de pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos
menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o
por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a percibir
la respectiva pensión durante los dos años subsiguientes. Decreto Reglamentario
1848 de 1969.
[…]

Artículo 80. Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca
un empleado oficial que hubiere causado en su favor el derecho a pensión de
jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida,
ese derecho se transmite a las personas señaladas en el Artículo 92 de este
Decreto, para el solo efecto de recibir de la entidad obligada el pago de la pensión
que le hubiere correspondido al causante, durante los dos (2) años a que se
refiere la citada norma legal.
[…]

Artículo 92. Transmisión de la Pensión. Cuando fallezca el pensionado por
invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de
dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por
invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a
percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al
fallecimiento del pensionado. […]».

41. Luego, en esta misma materia se expidió la Ley 33 de 197313, la cual señaló
que para que se diera la sustitución pensional, el trabajador particular o el
empleado o trabajador del sector público, debía estar pensionado o al momento

10 Sentencia T-564 de 2015.
11 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula
el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
12 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
13 «Por el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas.»
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de su fallecimiento tener el derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez.

«Artículo 1°. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de
jubilación, invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea
este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la
respectiva pensión en forma vitalicia.
[…]
Parágrafo 2°. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o
tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la
pensión, les queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.»

42. Posteriormente, la Ley 12 de 197514 solo exigió que el trabajador o empleado
haya completado el tiempo de servicio, de manera que, si fallecía antes de
cumplir la edad cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, había
lugar a la sustitución pensional, así:

«Artículo 1° El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores
o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este
falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que
hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en
convenciones colectivas».

43. Por lo anterior, en principio el derecho a la sustitución pensional solo surgía
para los beneficiarios de un empleado público cuando a la fecha de su
fallecimiento éste había perfeccionado o consolidado completamente el derecho
jubilatorio; solo con posterioridad el Legislador lo extendió para los casos en los
que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios sin reunir o
completar la edad pensional, con el fin de amparar con tal medida el derecho de
la familia del mismo, que por la contingencia de muerte no logró consolidar
plenamente su derecho pensional.

44. Posteriormente, a través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el
sistema de seguridad social integral, en lo que tiene que ver con el régimen de
pensiones, cuyo objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las
eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada
ley.

45. En este sentido, se tiene que el sistema de que trataba la Ley 12 de 1975,
artículo 1.º, fue derogado de manera tácita por el señalado en los artículos 46 a
49 y 73 a 78 de la Ley 100 de 1993, establecido con la finalidad de atender la
contingencia derivada de la muerte, donde el legislador previó a las denominadas
pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, para suplir la ausencia
repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por

14 «[Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
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ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

46. Ahora bien, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,
modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a
la sustitución pensional, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez
que fallezca, advirtiéndose tres grupos de beneficiarios excluyentes entre sí, toda
vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: (i) cónyuge o compañera
permanente e hijos con derecho; (ii) padres con derecho; y (iii) hermanos con
derecho.

47. El artículo 47 de la norma en mención señala quienes son los beneficiarios,
frente a los cuales establece los requisitos para que se acceda al reconocimiento
prestacional, en los siguientes términos:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. <Expresiones
«compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera permanente" en letra
itálica CONDICIONALMENTE exequibles>
<Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte 15;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible 16> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un

15 Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por la Corte Constitucional

mediante Sentencia C-1094-03 de 19 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba
Triviño.
16 Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados,

por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1035-08 de 22 de octubre de 2008, Magistrado Ponente
Dr. Jaime Córdoba Triviño 'en el entendido de que además de la esposa o el esposo serán también
beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en
proporción al tiempo de convivencia con el fallecido'. Fallo inhibitorio en relación con la expresión 'no existe
convivencia simultánea y' por inepta demanda.
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cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá17 a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente18;

c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores
de 18 años y hasta los 25 años19, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios
y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y
cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo
de condiciones académicas que establezca el Gobierno 20; y, los hijos inválidos si
dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales21, mientras subsistan las condiciones de invalidez22. Para determinar cuando
hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si
dependían económicamente de forma total y absoluta23 de este;

e) <Literal CONDICIONALMENTE exequible24> A falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos
inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo
o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil […]».

48. De los aludidos grupos de beneficiarios la Corte Constitucional resumió los
requisitos que deben acreditar para el reconocimiento prestacional, en sentencia

17 Expresión 'La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal

vigente' declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-336-14 de 4 de junio de
2014, Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.
18 Expresión 'con la cual existe la sociedad conyugal vigente' declarada EXEQUIBLE, por los cargos

analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-515-19 de 29 de octubre de 2019, Magistrado
Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo.
19 Expresión subrayada 'hasta los 25 años' declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante

Sentencia C-451-05 de 3 de mayo de 2005, Magistrada Ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández
20 Expresión 'y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno' contenida

en el texto original declarada INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1094-03 de
19 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.
21 Expresión 'esto es, que no tienen ingresos adicionales' declarada INEXEQUIBLE, y la expresión

subrayada 'si dependían económicamente del causante' declarada EXEQUIBLE, por los cargos analizados
por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-066-16 de 17 de febrero de 2016, Magistrado Ponente Dr.
Alejandro Linares Cantillo.
22 Expresiones 'invalidez' en letra itálica declaradas EXEQUIBLES, por los cargos analizados, por La Corte

Constitucional mediante Sentencia C-458-15 de 22 de julio de 2015, Magistrada Ponente Dra. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
23 Literal declarado EXEQUIBLE, salvo el aparte tachado que se declara INEXEQUIBLE por la Corte

Constitucional mediante Sentencia C-111-06 de 22 de febrero de 2006, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo
Escobar Gil.
24 Literal declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, Por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-

034-20 de 6 de febrero de 2020, Magistrado Ponente Dr. Alberto Rojas Ríos, 'bajo el entendido que también
incluye como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los hermanos menores de edad que dependían
económicamente del afiliado o pensionado fallecido, a falta de madre y padre'.
• Expresión subrayada 'si dependían económicamente de éste' declarada EXEQUIBLE, por los cargos
analizados por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-066-16 de 17 de febrero de 2016, Magistrado
Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo.
• Expresión subrayada 'hermanos inválidos' declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-896-06 de 1 de noviembre de 2006, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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C- 336 de 201425, así:

Modalidad
Beneficiario Causante de la Condiciones
pensión
Cónyuge o Edad cumplida al momento del
Compañero Afiliado o fallecimiento y demuestre vida
Vitalicia
permanente mayor pensionado marital durante los 5 años anteriores
de 30 años de edad. a la muerte.
Cónyuge o
Compañero Afiliado o Temporal No haber procreado hijos con el
permanente menor pensionado -20 años- causante.
de 30 años de edad.
Cónyuge o Haber procreado hijos con el
Compañero Afiliado o causante y demuestre vida marital
Vitalicia
permanente menor pensionado durante los 5 años anteriores a la
de 30 años de edad. muerte.
Compañero Sociedad anterior conyugal no
Pensionado Cuota parte
permanente disuelta y derecho a percibir
Cónyuge y
Afiliado o Partes Convivencia simultánea durante los
Compañero
pensionado iguales 5 años anteriores a la muerte.
permanente
Inexistencia de convivencia
Cónyuge con simultánea, acreditación por parte
separación de Afiliado o Partes del cónyuge de la separación de
hecho y Compañero pensionado iguales hecho, compañero permanente con
permanente convivencia durante los 5 años
anteriores a la muerte.

49. La jurisprudencia no ha sido pacífica cuando concurren en la reclamación
prestacional la (el) compañera (o) permanente y el cónyuge supérstite, por lo que
ha distinguido los efectos jurídicos que se generan cuando: (i) existe convivencia
simultánea, (ii) cuando hay separación de hecho, (ii) cuando no existe sociedad
conyugal vigente y (ii) cuando se ha efectuado la disolución de la sociedad
conyugal con y sin convivencia simultánea.

50. Como se aprecia, a través de la norma en cita, el Legislador estableció el
requisito de la convivencia durante los últimos cinco años anteriores a la muerte
para el compañero o cónyuge supérstite, para evitar situaciones donde solo se
busca aprovechar el beneficio económico, tal como ha sido reconocido la Corte
Constitucional en varias providencias, entre las cuales debe destacarse la
sentencia C-1176 de 2001 en la que expresó:

«[…] busca favorecer económicamente a aquellos matrimonios y uniones
permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con
vocación de continuidad; pero también, que dicha disposición intenta amparar el

25 Con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo.
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patrimonio del pensionado, de posibles maniobras fraudulentas realizadas por
personas que, con la falsa motivación de instituir una vida marital responsable y
comprometida, sólo pretenden derivar un beneficio económico de la transmisión
pensional.

[…]Que el propósito de la institución es proteger al pensionado y a su familia de
posibles convivencias de última hora que no se configuran como reflejo de una
intención legítima de hacer vida marital, sino que persiguen la obtención del
beneficio económico que reporta la titularidad de una pensión de vejez o
invalidez. En este sentido, es claro que la norma pretende evitar la transmisión
fraudulenta de la pensión de sobrevivientes».

51. En concordancia con lo expuesto, esta Corporación26 ha señalado que la
convivencia «no se refiere, en forma exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar
junto al otro, sino que los elementos que en mayor medida definen esa convivencia
se relacionan con el acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber
de apoyo y auxilio mutuo. Además de ello, es preciso tener en cuenta el factor
volitivo de la pareja de mantener un hogar y tener la vocación y convicción
de establecer, constituir y mantener una familia».

52. En ese orden de ideas, y dado que el fallecimiento de la causante ocurrió el 5
de febrero de 2012, las normas que gobiernan la sustitución pensional debatida son
las vigentes al momento del deceso de la causante, es decir, la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003.

3.4. Análisis del caso concreto

53. En el expediente se encuentra demostrado y no es objeto de controversia el
reconocimiento de la pensión vitalicia de jubilación27 y el fallecimiento de su
titular, la señora Sara Bermúdez de Quintero el 5 de febrero de 2012, según
consta en registro civil de defunción28.

54. Asimismo, mediante Resolución Nro. RDP 013957 de 30 octubre de 2012 29,
la UGPP resolvió negar a favor del demandante, el reconocimiento de la «
pensión de sobrevivientes» con ocasión del fallecimiento de Sara Bermúdez de
Quintero, por no encontrarse probado de manera legal el haber convivido con el
causante no menos de cinco (05) años hasta el momento de su fallecimiento,

26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2020,
radicado 05001 23 33 000 2015 02507 01 (2372-2018). En las cuales citó las siguientes: sentencia
del 24 de octubre de 2012, en el radicado 25000 23 25 000 2010 00860 01 (2475-11): y sentencia del 7 de
abril de 2001, en el radicado 76001 23 31 000 2005 02741 01 (0669-2008).
27 A la señora Sara Bermúdez de Quintero le fue reconocida una pensión de mensual vitalicia de jubilación

por parte de la Caja Nacional de Previsión mediante la Resolución 015934 de 2 de junio de 1998; Folios
6 -8 de la demanda e información extraída de los antecedentes administrativos aportados por la UGPP con
la contestación de la demanda.
28 Con Indicativo serial Nro. 07095829 - Folio 5 de la demanda.
29 Folios 10 y SS
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dado que la sociedad conyugal se liquidó en el mes de Julio de 2011, y el
fallecimiento de la causante ocurrió el 05 de febrero de 2012. Decisión confirmada
mediante las Resoluciones No. RDP 006936 del 15 de febrero de 201330, y RDP
008223 del 21 de febrero de 201331.

55. Conforme lo anterior, se precisa que en el presente asunto el demandante y
la señora Sara Quintero de Bermúdez contrajeron matrimonio católico el 8 de
diciembre de 197932; también se encuentra demostrado que de dicha unión
nacieron sus hijos Adriana Rocío Quintero Bermúdez, nacida el 23 de septiembre
de 198033 y Diego Fernando Quintero Bermúdez, nacido el 27 de marzo de
198334.

56. En ese orden, se tiene que, la inconformidad de la parte actora se dirige a
controvertir la conclusión del juez de primera instancia, según la cual dicho
presupuesto no fue acreditado. En contraste, el recurrente sostiene que, no
obstante, la separación legal y la liquidación de la sociedad conyugal, la
convivencia nunca se interrumpió, pues se mantuvo por más de 32 años desde
la fecha del matrimonio hasta el fallecimiento de la causante.

57. Así las cosas, como se dijo, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 prescribe
como requisitos para que en forma vitalicia se conceda la sustitución pensional,
al cónyuge supérstite o compañero permanente, los que a continuación se
relacionan:

i. La calidad de cónyuge o compañera permanente, el cual es un
presupuesto que está relacionado con la legitimación para reclamar el
derecho, es decir, quién tiene la vocación para pretender la titularidad de
este.

ii. Tener, a la fecha de fallecimiento del causante, 30 o más años.

iii. La vida marital con el causante hasta su muerte, el cual está referido
a demostrar la vida bajo un mismo techo, las situaciones de socorro
y ayuda mutua de la pareja, que constituyen elementos
fundamentales de un núcleo familiar, protegido por la Constitución y las
leyes.

Por ello, quien aduzca tener la condición de beneficiario de la sustitución
pensional, debe acreditar un compromiso de vida real y con vocación
de permanencia, lo cual pretende dejar de lado aquellas conductas que

30 Folios 46 y SS
31 Folios 14-16
32 Folio 2 demanda.
33 Según registro civil de nacimiento visible a folio 3 de la demanda.
34 Según registro civil de nacimiento visible a folio 4 de la demanda.
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pudieran dirigirse únicamente a obtener el beneficio económico de manera
artificial e injustificada.

iv. La convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos,
inmediatamente anteriores a su muerte. El requisito de convivencia por
5 años que trae la norma pretende evitar las convivencias de última hora
con quien está a punto de fallecer y así acceder a la sustitución pensional.

58. Conforme a lo anterior, y en virtud de los hechos acreditados en el proceso y
de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala considera
necesario analizar las pruebas encaminadas a establecer si entre el demandante
y la causante existió una convivencia real y efectiva durante los cinco (5) años
anteriores al fallecimiento, en los términos previstos en el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, pese a la liquidación de la
sociedad conyugal y la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico.

59. En audiencia de pruebas celebrada el 26 de septiembre del 201835, se
practicaron los testimonios de Yolanda Valderrama Reynoso, Diego Fernando
Quintero Bermúdez, Rosalba Gómez de Viña, Moises Rivas Nieto y Argenis
Andrade Yaime.

60. La señora Yolanda Valderrama Reynoso, manifestó mantener una relación
cercana con el demandante y la causante, pues trabajaba para ellos varios días
a la semana. Indicó que siempre los conoció como esposos y que nunca percibió
una separación entre ellos. Relató que el señor Álvaro Quintero Cutiva
permanecía atento de las necesidades de la señora Sara Bermúdez de Quintero
y al sostenimiento del hogar, pues, según expresó, era quien se ocupaba de las
compras, el mercado y de todo lo necesario para el funcionamiento del hogar.
Igualmente, señaló que cuando la causante sufrió el incidente que motivó su
traslado al centro asistencial, fue el demandante quien acudió en busca de su
ayuda para atenderla y trasladarla. Por último, refirió que durante la
hospitalización de la señora Sara Bermúdez de Quintero, el señor Álvaro
Quintero Cutiva permaneció a su lado, acompañándola y velando por su cuidado
hasta su fallecimiento.

61. Por su parte, la señora Rosalba Gómez de Viña, manifestó ser vecina del
demandante y la causante, a quienes conoció como pareja desde el año 2005.
Relató que frecuentaba el hogar de la señora Sara Bermúdez de Quintero y
compartía con ella de manera habitual después de su jornada laboral. Precisó
que el señor Álvaro Quintero Cutiva acostumbraba a acompañar diariamente a la
causante hasta el transporte público cuando ésta se dirigía a su trabajo y que
siempre los observó conviviendo como esposos, compartiendo en el mismo

35 Folios 108 -111

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hogar. Asimismo, afirmó que nunca tuvo conocimiento de una separación entre
ellos y que continúo observándolos como pareja hasta el fallecimiento de la
señora Sara Bermúdez de Quintero. Agregó que era frecuente verlos juntos en
actividades cotidianas, como salidas a la plaza los sábados. Finalmente, narró
que, durante la hospitalización de la causante, el demandante permaneció
pendiente de su cuidado y la acompañó en el centro asistencial hasta el momento
de su fallecimiento.

62. Cabe destacar que el relato rendido por la señora Rosalba Gómez de Viña
en la audiencia de pruebas guarda correspondencia con la declaración
extraprocesal36 que aportó el demandante dentro de la actuación administrativa
adelantada ante la entidad, en la cual, refirió hechos coincidentes con los
expuestos en sede judicial, especialmente en lo relacionado con la convivencia
entre el demandante y la causante, la inexistencia de una separación de hecho,
lo que, refuerza la credibilidad de su dicho, sin que se adviertan contradicciones
entre ambas declaraciones.

63. En igual sentido declaró la señora Argenis Andrade Yaime, quien manifestó
conocer tanto al demandante como a la causante hacía unos 20 años, por cuanto
eran vecinos y mantenían una relación de amistad. Afirmó que siempre los
conoció como esposos, y que convivían como una familia, compartiendo
celebraciones familiares, especialmente en épocas navideñas, en las que,
algunas veces participó. Asimismo, señaló que era frecuente verlos como pareja
en actividades cotidianas y paseos. Mencionó que nunca percibió una ruptura en
la relación ni tuvo conocimiento de una separación de hecho o de la liquidación
de la sociedad conyugal entre ellos.

64. De igual manera, relató que la noche en que la señora Sara Bermúdez de
Quintero sufrió el accidente que posteriormente condujo a su hospitalización, el
señor Álvaro Quintero Cutiva acudió a su vivienda para solicitar ayuda con el fin
de contactar a la señora Yolanda Valderrama y colaborar en vestir a la causante
para trasladarla a la clínica. Agregó que, desde ese momento la señora Sara
Bermúdez de Quintero no regresó a su residencia y permaneció bajo atención
médica, siendo el demandante quien estuvo pendiente de su estado de salud y
de sus cuidados, circunstancia que pudo constatar personalmente, pues lo
observaba con frecuencia desplazándose entre su vivienda y el centro asistencial
donde aquella permanencia internada.

65. El señor Moisés Rivas Nieto, manifestó conocer al demandante y a la señora
Sara Bermúdez de Quintero desde hacía más de 20 años, por cuanto eran del
mismo barrio. Afirmó que siempre convivieron en la misma residencia, y como
pareja era habitual verlos mercar y comprar juegos de azar. También, señaló que

36De fecha 21 de noviembre de 2012. Medio magnético CD Folio 82 - Expediente administrativo,
denominado 28754195 – Folio 16.
16
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nunca tuvo conocimiento de una separación entre ellos y que continúo
observándolos como pareja hasta el fallecimiento de la causante. Agregó que,
aunque no visitó a la señora Sara Bermúdez durante su hospitalización, tuvo
conocimiento de que el señor Álvaro Quinterio Cutiva permaneció a su lado en el
centro asistencial, brindándole acompañamiento y cuidado.

66. A su turno, el señor Diego Fernando Quintero Bermúdez, hijo del
demandante y la causante, manifestó que sus padres convivieron como esposos
bajo el mismo techo hasta el día del fallecimiento de la señora Sara Bermúdez
de Quintero. Señaló que ambos contribuían al sostenimiento del hogar y
compartían las cargas familiares, precisando que los gastos de la casa eran
asumidos en gran medida por partes iguales.

67. Refirió que, durante la enfermedad de su madre, fue el demandante quien
permaneció pendiente de su atención, asumió su cuidado y acompañamiento en
el centro asistencial, labor que también era apoyada por él, su hermana y el
esposo de ésta. También afirmó que, la convivencia entre sus padres continuó
incluso después de la suscripción y registro de la escritura pública mediante la
cual se dispuso la cesación de los efectos civiles del matrimonio y la liquidación
de la sociedad conyugal.

68. Con relación con dicho trámite notarial, sostuvo que fue él quien adelantó las
gestiones correspondientes. Explicó que la intención de sus padres estaba
orientada a la liquidación de la liquidación patrimonial y que, al momento de
realizar el procedimiento, entendió que éste comprendía integralmente las
actuaciones que finalmente fueron registradas. Agregó que, una vez sus padres
conocieron el alcance del acto otorgado, manifestaron su desacuerdo respecto
de la inclusión de la cesación de los efectos civiles, pues su interés se encontraba
dirigido a la liquidación patrimonial.

69. En este punto, la Sala procede a resolver la tacha de sospecha formulada por
la entidad demandada respecto del testimonio rendido por el señor Diego
Fernando Quintero Bermúdez, sustentada en el parentesco con el demandante y
en su presunta falta de imparcialidad, derivada de su participación en el trámite
referido.

70. Sobre el particular, esta Corporación37 ha señalado que:
Sobre el particular, esta Corporación38 ha indicado lo siguiente:
Los motivos y pruebas de la tacha se analizarán en la sentencia, a menos que
se haya propuesto por medio de incidente. Vale decir que la tacha de los testigos
no hace improcedente la recepción de sus testimonios ni la valoración de los

37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de enero de 2012,
radicado 11001 03 15 000 2011 00615 00 (PI).
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de enero de 2012,
radicado 11001 03 15 000 2011 00615 00 (PI).
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mismos, sino que exige del juez un análisis más severo con respecto a cada
uno de ellos para determinar el grado de credibilidad que ofrecen y
cerciorarse de su eficacia probatoria. [Se destaca]

71. En ese sentido, se precisa, que, con respecto al parentesco, éste impone una
valoración más rigurosa del testimonio bajo las reglas de la sana crítica39 y en
conjunto con los demás medios de prueba obrantes en el expediente, sin que ello
derive de manera inmediata en su desestimación o su exclusión.

72. Ahora bien, en este escenario, advierte la Sala que, quien se encontraba en
una posición privilegiada para conocer de manera directa las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la convivencia de sus padres era
precisamente su hijo, Diego Fernando Quintero Bermúdez, sin que del mismo se
evidencien incongruencias.

73. De otra parte, en cuanto al argumento según el cual el testigo tuvo vínculo
directo con los hechos objeto de controversia, por haber intervenido en el trámite
notarial que culminó con la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico
y la liquidación de la sociedad conyugal entre sus padres, estima la Sala, que
sobre dicha circunstancia tampoco se advierte una razón para restar mérito
probatorio a su declaración, pues aun cuando el testigo manifestó que sus padres
tenían solo la intención de liquidar la sociedad conyugal y que fue él quien
adelantó las gestiones correspondientes; lo cierto es que, la escritura pública fue
efectivamente registrada y surtió los efectos legales tanto en el estado civil de los
contrayentes como en su patrimonio, hecho que no es objeto de discusión.

74. Por lo expuesto, la Sala considera que los argumentos efectuados por la
entidad demandada no son suficientes para descalificar la credibilidad del testigo,
pues el haber participado en el trámite notarial explica la razón por la cual tenía
conocimiento directo sobre el mismo, sin que ello impida valorar su declaración
acerca de la dinámica familiar existente entre el demandante y la causante.

75. En consecuencia, el testimonio del señor Diego Fernando Quintero
Bermúdez, será apreciado en conjunto con los demás medios probatorios
obrantes en el expediente, conforme al principio de valoración integral de la
prueba.

76. Así pues, al valorar en su conjunto las declaraciones que anteceden, la Sala
advierte que dichas versiones resultan uniformes y congruentes al afirmar que el
demandante y la señora Sara Bermúdez de Quintero mantuvieron una relación
de pareja estable, convivían en la misma residencia y desarrollaron una vida en

39 El artículo 211 del Código General del Proceso, y sobre a la imparcialidad del testigo dispone que «El
juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso».
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común hasta el fallecimiento de ésta. Además, coinciden en señalar que no
tuvieron conocimiento de una separación de hecho entre la pareja.

77. En igual sentido, todos coincidieron en manifestar que observaron al
demandante y a la causante compartir las actividades propias de la vida
cotidiana, participar en reuniones familiares y desenvolverse socialmente como
esposos.

78. De igual manera, la Sala encuentra que los declarantes fueron congruentes
respecto de los acontecimientos ocurridos durante la enfermedad de la señora
Sara Bermúdez de Quintero. Pues, dan cuenta de que el señor Álvaro Quintero
Cutiva permaneció atento a las necesidades de la causante, su atención y la
acompañó durante su hospitalización.

79. Si bien el señor Diego Fernando Quintero Bermúdez es hijo del demandante
y de la causante, lo cual, le impone a la Sala una valoración más rigurosa de su
declaración, lo cierto es que su relato no aparece aislado dentro del plenario, ya
que el mismo, encuentra respaldo en las demás testimoniales, las cuales
coinciden en aspectos sustanciales relacionados con la convivencia de la pareja,
la inexistencia de una separación de hecho y el acompañamiento brindado por el
demandante durante la enfermedad de la señora Sara Bermúdez de Quintero.

80. En ese contexto, la Sala no advierte contradicciones en las versiones
rendidas por los declarantes, las cuales resultan coincidentes y permiten colegir
de manera fehaciente la dinámica familiar existente entre el demandante y la
causante. En particular, dan cuenta de la continuidad de la convivencia, la
existencia y permanencia de una comunidad de vida real y efectiva, caracterizada
por la solidaridad, la asistencia y el apoyo mutuo.

81. Lo anterior, también se acompasa con la prueba documental allegada al
expediente. Así, obra certificación suscrita por el director Administrativo de la
Asociación Tolimense de Policía en Retiro -ATOLPORE-, de fecha 19 de
noviembre de 201240, en la que se hace constar que ante dicha asociación el
núcleo familiar vigente del señor Álvaro Quintero Cutiva41 estaba integrado por la
señora Sara Bermúdez, en calidad de esposa, y por su hijo Diego Fernando
Quintero Bermúdez.

82. Adicionalmente, se evidencia el formulario de afiliación y renovación al plan
exequial Los Olivos No. 004051 de 3 de diciembre de 201142, con vigencia del 1
de enero de 2012 al 1 de enero de 2013, en el que figura como titular el

40 Folio 19
41 Vinculado a dicha asociación desde el 26 de enero de 2007- Ver Formulario 1727 - Medio magnético CD
Folio 82 - Expediente administrativo, denominado 28754195 – Folio 110
42 Folio 20
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demandante y se registran como beneficiarios la señora Sara Bermúdez y su hijo
Diego Fernando Quintero Bermúdez.

83. En el mismo sentido, obra solicitud de afiliación y renovación al plan exequial
Los Olivos Empresarial No. 005632 de 27 de diciembre de 2011 43, en la cual
aparece la señora Sara Bermúdez como afiliada principal y se relacionan como
beneficiarios el demandante y sus hijos, identificándolos como integrantes del
mismo grupo familiar.

84. Ahora, si bien tales documentos no demuestran de manera directa la
convivencia alegada, si constituyen indicios sobre la subsistencia de un proyecto
de vida común y de los vínculos de solidaridad y asistencia mutua entre el
demandante y la causante, pues evidencian que, incluso con posteridad a la
cesación de efectos civiles del matrimonio y liquidación de la sociedad conyugal,
ambos continuaron actuando como integrantes de un mismo núcleo familiar, y
adoptando decisiones orientadas a su protección.

85. En este orden de ideas, y contrario a lo resuelto por el juez de primera
instancia, la Sala concluye, a partir de la valoración integral del acervo probatorio,
que en el sub judice la terminación del vínculo jurídico y la liquidación de la
sociedad conyugal entre el demandante y la causante44 no implicaron el cese de
su convivencia material. En efecto, la Sala advierte que le asiste razón a la
apelante cuando afirma la apreciación conjunta de los testimonios y de la prueba
documental permite establecer que dicha circunstancia no conllevó la disolución
del proyecto de vida en común, el cual se mantuvo vigente mediante una relación
caracterizada por la permanencia, la asistencia mutua, el apoyo recíproco y la
continuidad del núcleo familiar hasta el fallecimiento de la señora Sara Bermúdez
de Quintero45.

86. Al respecto, se impone recordar que esta Corporación ha fijado la regla según
la cual la calidad de beneficiario de la sustitución pensional impone demostrar
que al momento del fallecimiento del titular de la prestación la sociedad conyugal
se encuentre vigente, exigencia que obedece a las consecuencias legales que
acarrea su disolución y liquidación en tanto que ello supone, en principio, la
pérdida del derecho, aun cuando los demás efectos del matrimonio católico
permanezcan, pues una vez producida la separación de bienes, los recursos del
pensionado dejan de integrar el patrimonio común que antes compartían46.

43 Folio 21
44 Según nota marginal en el registro civil de matrimonio mediante escritura pública No. 0754 del 14 de
julio de 2011 - Folio 3
45 Ocurrido el 5 de febrero de 2012, según registro civil de defunción.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 27 de septiembre de 2018, radicado 25000 23 42
000 2013 00618 01 (3232-2017); expresamente indicó «el hecho de que las personas que conforman un
matrimonio se separen y además liquiden su sociedad conyugal, a pesar de que no terminen los demás
efectos civiles del matrimonio católico como lo es el estado civil de la persona, son causales suficientes para
perder aquél derecho que le otorga la Ley 100 de 1993 en cuanto al reconocimiento de la pensión de
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87. No obstante, la referida regla se ha matizado al aceptar que aun cuando la
sociedad conyugal se haya disuelto y liquidado es dable acceder a la sustitución
siempre que se demuestre que hubo convivencia con el causante durante los
cinco años previos al fallecimiento, excepción que responde a un criterio de
realidad en tanto el fenecimiento patrimonial surgido del vínculo matrimonial no
impide47 la continuidad de la vida en común. En otras palabras, la liquidación de
la sociedad conyugal no constituye un obstáculo para obtener el reconocimiento
de la sustitución pensional cuando las pruebas demuestren que pese a ello
persistió la convivencia efectiva con fines de apoyo, comprensión, solidaridad y
ayuda mutua. Al respecto, esta Corporación indicó:

[…] el hecho de que las personas que conforman un matrimonio se separen y
además liquiden su sociedad conyugal, a pesar de que no terminen los demás
efectos civiles del matrimonio católico como lo es el estado civil de la persona,
son causales suficientes para perder aquél derecho que le otorga la Ley 100
de 1993 en cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se refiere,
por cuanto, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la
masa patrimonial que alguna vez conformaron; Sin embargo, el cónyuge
supérstite si puede tener derecho al reconocimiento de la mencionada
prestación, si demuestra el apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la
comprensión y la vida en común durante los últimos 5 años a la muerte del
pensionado o afiliado […]48

88. En consideración a los argumentos esbozados, la Sala encuentra acreditados
los requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual
se impone revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder a las pretensiones
de la demanda. Y, se ordenará a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
– UGPP- reconocer y pagar, a favor del señor Álvaro Quintero Cutiva, la
sustitución de la pensión que en vida devengaba la señora Sara Bermúdez de
Quintero, en forma vitalicia49 a partir del 5 de febrero de 2012, pero con efectos
fiscales desde el 17 de mayo de 2014, por prescripción trienal50.

sobrevivientes se refiere, por cuanto, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa
patrimonial que alguna vez conformaron».
En la sentencia del 19 de marzo de 2020, radicado 25000 23 42 000 2014 03649 01 (0544-2018) se indicó
«[..] la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la liquidación de la sociedad conyugal implica
la pérdida del derecho a la sustitución pensional, a menos que se configure una situación excepcional y muy
particular relacionada con condiciones de vulnerabilidad y especial protección constitucional».
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2022, radicado
15001 23 33 000 2015 00814 01 (5017-2019); sentencia del 21 de septiembre de 2023, radicado 25000 23
42 000 2019 01568 01 (4358-2022).
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de octubre de 2016, número
interno (2650-15).
49 Lit. a), art. 47, Ley 100 de 1993. El demandante nació el 30 de agosto de 1947, por lo cual, a la fecha del

fallecimiento de la causante, tenía más de 30 años de edad.
50 En el caso concreto, la causante falleció el 5 de febrero de 2012; la solicitud de reconocimiento pensional

fue presentada el 16 de abril de 2012; no obstante, la demanda fue radicada el 17 de mayo de 2017. Con
relación a la prescripción, debe tenerse en cuenta el término de prescripción trienal consagrado en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968, concordado con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, que indica lo
siguiente: «Articulo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán
en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito
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89. La cuantía de la prestación reconocida deberá liquidarse de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 100 de 199351. Así mismo, se dispondrá
la inclusión del demandante en nómina por parte de la entidad demandada.

90. Las sumas que resulten a favor del demandante por concepto de la condena
impuesta deberán ser actualizada en su valor de acuerdo con el índice de precios
al consumidor certificado por el DANE, con base en la siguiente fórmula:

R= Rh x índice final
Índice inicial

91. En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es lo dejado de percibir por el demandante, por concepto de la pensión
de sobrevivientes, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios
al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el
pago). Es claro que, por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se
aplicará separadamente, mes por mes, para cada mesada pensional.

3.5. De la condena en costas en segunda instancia

92. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

93. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».
51 «Artículo 48. monto de la pensión de sobrevivientes. El monto mensual de la pensión de sobrevivientes

por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba […]».
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94. En tal virtud, se impondrá condena en costas a la parte demandada en ambas
instancias por resultar vencida toda vez que prosperó la apelación y se revocará
la sentencia de primera; la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo
366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del
artículo 188 del CPACA.

95. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 10 de diciembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda instaurada por el señor Álvaro Quintero Cutiva, en contra de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 013957 de 30 de
octubre de 2012, RDP 006936 del 15 de febrero de 2013 y RDP 008223 de 21
de febrero de 2013, por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social–
UGPP-, negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al señor Álvaro
Quintero Cutiva, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta
providencia.

TERCERO: DECLARAR la prescripción de las mesadas pensionales causadas
a favor del señor Álvaro Quintero Cutiva con anterioridad al 17 de mayo de 2014,
de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Como restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Socia) - UGPP, a reconocer, liquidar y pagar al señor Álvaro Quintero
Cutiva identificado con la C.C. 5.962.133 de Natagaima, la sustitución pensional
con ocasión del fallecimiento de la señora Sara Bermúdez de Quintero, en forma
vitalicia, a partir del 5 de febrero de 2012, pero con efectos fiscales desde el 17
de mayo de 2014, por prescripción trienal. El monto de la pensión se liquidará de
conformidad con el artículo 48 de la Ley 100 de 1993. La entidad demandada
deberá incluir en nómina de pensionados al demandante.

QUINTO: Las sumas resultantes deberán ser actualizadas, de acuerdo con el
índice de precios al consumidor certificado por el DANE, con la formula expuesta
en la parte motiva de esta providencia.
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SEXTO: La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, dará cumplimiento
a esta sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandada.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Tolima.

OCTAVO: RECONOCER personería jurídica a la abogada Rocio del Pilar Arenas
España, identificada con CC 1.018.423.473 y tarjeta profesional No. 287.249 del
Consejo Superior de la Judicatura, representante legal de Conde Abogados
Asociados S.A.S., como apoderada principal de la UGPP; de igual forma, se
reconoce personería a la abogada Yury Tatiana Novoa Peñaloza, identificada con
la cédula de ciudadanía No.1.033.688.727 de Bogotá D.C y tarjeta profesional
No. 268.119 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada sustitutita,
en los términos del poder conferido52.

NOVENO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

52 Índice 00032 - SAMAI

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