Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00024-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00024-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2019-00024-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado : 73001-23-33-000-2019-00024-01
Nº Interno : 0489-2021
Demandante : María de Jesús Quintero de Vera
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho –
Ley 1437 de 2011
Tema : Pensión gracia- reconocimiento y pago
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 20 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
La señora María de Jesús Quintero de Vera, mediante apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para solicitar la nulidad de las Resoluciones RDP 22159 de
17 de julio de 2014 y RDP 28260 de 17 de septiembre de 2014, mediante
las cuales la UGPP negó el reconocimiento y pago de una pensión jubilación
gracia.
A título de restablecimiento del derecho la parte actora solicitó que se
condene a la entidad demandada: (i) reconocer y pagar una pensión gracia a
su favor, desde el momento en que adquirió el estatus pensional (01 de abril
de 2012), con la respectiva indexación; (ii) ordenar el pago de los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del
Número interno: 0489-2021
Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
estatus pensional y; (iii) pagar los intereses moratorios a que hubiere lugar,
conforme con los artículos 192 y 195 del CPACA.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:
La actora indicó que prestó sus servicios como docente nacionalizado con
ocasión del: (i) Decreto No. 410 del 3 de julio de 1974, expedido por el
departamento del Tolima, desde el 18 de marzo de 1974 al 15 de abril de
1975, y; (ii) en virtud del Decreto No. 054 de 25 de marzo de 1994, expedido
por el municipio del Guamo (Tolima), desde el 25 de marzo de 1994 al 01 de
mayo de 2010.
El 11 de abril de 2014, la señora María de Jesús Quintero Vera solicitó el
reconocimiento y pago de una pensión jubilación gracia.
La UGPP, mediante la Resolución RDP 0022159 de 17 de julio de 2014,
negó el reconocimiento y pago de la aludida pensión.
A través de la Resolución RDP 028260 del 17 de septiembre de 2014, la
entidad demandada confirmó el anterior acto administrativo, en el sentido de
negar la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Normas violadas y concepto de violación
Ley 114 de 1913.
Ley 116 de 1928.
Ley 37 de 1933.
Ley 91 de 1989.
Ley 60 de 1993.
Ley 115 de 1994.
Ley 715 de 2001.
Como concepto de violación señaló que le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de una pensión gracia, en tanto cumplió 50 años de
edad y se desempeñó como docente por más de 20 años.
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Número interno: 0489-2021
Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
Expuso que “mi poderdante fue trasferido a la nación cuando nace la ley 715
del 2001, donde de nuevo el Estado Colombiano nacionaliza la educación y
deroga la Ley 60 de 1993. Donde se puede concluir que mi poderdante nace
a la vida jurídica con su régimen territorial y su derecho laboral, y al ser
entregado de (sic) municipal del Guamo al Departamento del Tolima y este a
la nación quedando mi poderdante como un docente nacionalizado. Pero por
error, por indebida interpretación que le hacen a la ley, y quien la comete es
la Secretaria de educación y Cultura del Departamento del Tolima, en este
caso la del Departamento del Tolima, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales expide certificaciones laborales que se anexan a esta escrito, donde
en el primer nombramiento del año de 1974 certifican que es nacionalizado
(a), y en la misma certificación por el segundo nombramiento del (la)
poderdante del año 1994 lo certifican como nacional, desconociendo que es
un docente territorial nacionalizado (a) pues es nombrado (a) por un ente
territorial y pagado con los recursos del ente territorial, tal y como lo ha
explicado el Honorable Consejo de Estado en diferentes sentencias inter
parte hasta llegar a la sentencia de unificación del año 2018 (sic)”.
2. Contestación de la demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a través de apoderado, se opuso
a las pretensiones de la demanda1.
Indicó que es improcedente computar tiempos de vinculación como docente
nacional y aquellos periodos que eventualmente se hubiesen consolidado
como docente nacionalizado al servicio del departamento, distrito o municipio
“con el fin de forzar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a
la Pensión Gracia, que, como bien es sabido, solo incumbe a los ámbitos
departamental, municipal y distrital”.
Precisó que el tiempo de labores comprendido entre los años de 1994 a 2014
no puede ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión, en tanto
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Folios 75-81
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Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
es improcedente computar tiempos nacionales y nacionalizados, conforme el
Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral de 10
de marzo de 2014.
Como excepciones propuso las que denominó como cosa juzgada,
inexistencia del derecho a reclamar por el demandante, cobro de lo no
debido, buena fe y prescripción.
3. Trámite procesal
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto proferido en audiencia
inicial de 5 de febrero de 2020, declaró no probada la excepción de la cosa
juzgada formulada por la entidad demandada, al considerar que si bien se
cumplen los requisitos de identidad de objeto y de partes entre la demanda
primigenia presentada por la actora en el año 2014 y el actual proceso, lo
cierto es que no se satisfizo el elemento de identidad de causa, toda vez que:
“(…) hay circunstancias fácticas distintas que motivan el segundo proceso. En
el primer proceso, las circunstancias fácticas llevadas al juez se
fundamentaron en una simple certificación sobre la naturaleza de la
vinculación nacional o territorial entre la aquí demandante y el departamento
del Tolima. Mientras que en este proceso a raíz de lo que dijo el Consejo de
Estado en la sentencia de segunda instancia, la aquí demandante aportó los
actos administrativos que la vincularon como docente. Esa es una
circunstancia fáctica diferente en este proceso que se constituye en que las
dos causas para demandar sean diferentes (…) Entonces esa circunstancia
fáctica que en este proceso se aportan los actos administrativos de vinculación
de la aquí demandante durante su vida laboral, constituye diferente causa
para demandar y esos actos administrativos son en los que en su momento el
Tribunal o el Juez va a tener en cuenta para que sea este servidor judicial el
que determine si esa vinculación fue nacionalizada, nacional o territorial (…)”.2
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 20 de agosto de
2020, accedió a las pretensiones de la demanda (con condena en costas)3.
En consecuencia, ordenó a la UGPP reconocer una pensión gracia de
jubilación a favor de la señora María de Jesús Quintero de Vera, liquidada
con todos los factores devengados entre el 12 de junio de 2012 y 13 de junio
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Minuto 18:58 a 22:13 del CD de la Audiencia Inicial
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Folios 161-166
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Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
de 2013, con efectos fiscales a partir de la adquisición del estatus pensional.
Además, declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad
al 13 de junio de 2016.
Manifestó que la señora María de Jesús Quintero de Vera tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, al cumplir con 50 años de edad
y 20 años de servicio en instituciones educativas del orden territorial, con una
vinculación de carácter nacionalizada.
Señaló que, mediante sentencia de 13 de agosto de 2018, el Consejo de
Estado al desatar un recurso de apelación interpuesto contra el fallo de
primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el
proceso primigenio, determinó que la señora María de Jesús Quintero laboró
como docente nacionalizado desde el 18 de marzo de 1974 al 15 de abril de
1975, y del 11 de julio de 1994 al 29 de diciembre de 1997, para un total de 4
años, 9 meses y 17 días. Sin embargo, advirtió que en dicho fallo la docente
fue nacional desde el 30 de diciembre de 1997 al 10 de marzo de 2014, de
modo que era improcedente acceder al reconocimiento y pago de la pensión
gracia.
Por ello, el Tribunal en esta oportunidad, precisó que, en el proceso
promovido en el año 2014, el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo
de Estado no valoraron el “Decreto 138 de 30 de diciembre de 1997” y la
Resolución 074 de 15 de enero de 2010, al no encontrarse aportados al
expediente primigenio, los cuales al ser apreciados en el presente proceso,
llevan a concluir que dichos actos administrativos definen situaciones
administrativas que no incidieron en la vinculación de la actora como docente
nacionalizada desde el año 1994.
Así pues, expuso que el Consejo de Estado en dicho proceso determinó que
la actora no cumplió con el tiempo de servicios para acceder a la prestación
pretendida por no haber desvirtuado la información del Formato Laboral
según el cual era docente nacional. Ello, en tanto, no pudo apreciar el
“Decreto 139 de 1997” y la Resolución 074 de 2010, de los cuales se deduce
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Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
que estos “se ocuparon de otros asuntos que en nada afectaron su
designación como docente nacionalizada”.
Por consiguiente, concluyó que los tiempos de servicios prestados por la
parte demandante fueron como docente nacionalizado desde el 18 de marzo
de 1974 al 15 de abril de 1975, y del 11 de abril de 1994 al 11 de abril de
2014, completando así un tiempo de servicio de 21 años y 28 días.
4. El recurso de apelación
La UGPP interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia4,
argumentando que la actora no cumple con el tiempo de servicios, toda vez
que el periodo laborado desde el 25 de marzo de 1994 es de carácter
nacional, conforme el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral de 10 de marzo de 2014 y en el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Salarios expedido el 30 de marzo de 2014.
Precisó que la demandante laboró como docente nacional y nacionalizado en
lapsos diferentes que no se pueden computar para el reconocimiento y pago
de la pensión gracia.
Señaló que la señora María de Jesús prestó sus servicios como docente
nacionalizado por 4 años, 6 meses y 19 días, de allí que no logró acreditar
los 20 años de servicios en el nivel territorial o municipal.
Solicitó que, en virtud de la facultad oficiosa del juez, se estudien
presupuestos del fenómeno jurídico de la cosa juzgada, comoquiera que la
parte demandante en el año 2014 presentó demanda ante esta jurisdicción
respecto de los actos administrativos acusados en el presente proceso, de
allí que “la sentencia judicial proferida en el año 2018 no pueda ser
modificada por decisión posterior”.
5. Alegatos de conclusión
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Folios 174-179
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Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
5.1. La UGPP concluyó que la accionante no cumple con los requisitos para
el reconocimiento de una pensión gracia de jubilación en tanto que para el
reconocimiento de la misma es improcedente computar tiempos como
docente del orden nacional y territorial5.
6. El Ministerio Público no presentó concepto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Conforme el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la
parte demandada.
2. Del problema jurídico
En atención con lo expuesto en el recurso de apelación presentado por la
parte demandada, la Sala determinará si procede revocar la sentencia de
primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda. Para el
efecto, se establecerá si la señora María de Jesús Quintero de Vera cumple
con el requisito de 20 años de servicio docente en el nivel territorial y/o
nacionalizado, vinculada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, con el
fin de acceder a una pensión gracia de jubilación.
Con el fin de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos relevantes
probados; y 2.3. Caso concreto.
2.1. La pensión de jubilación gracia
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Índice 14 de la plataforma SAMAI
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Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales, que hayan
servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.
Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia
a los empleados docentes, profesores de las escuelas normales y a los
inspectores de instrucción pública, autorizando a los docentes, según el
artículo 6, a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión,
sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza
primaria como en la normalista, al asimilar para tales efectos la inspección de
instrucción pública a la enseñanza primaria.
Por su parte, la Ley 37 de 1933, según el artículo 3, amplió el beneficio de la
pensión gracia a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria.
Así mismo, el literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia
para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que
reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la
norma que:
“(…) Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.”
La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo
de Estado, en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia,
así:
“(…) La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
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Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les
dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que
reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de
conformidad con las Leyes 114 de1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el
aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro del grupo de
beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley
91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia
(…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último,
que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A,
numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación
primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el
carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley” 6.
Debido a la disparidad de criterios que se plantearon en esta Sección del
Consejo de Estado, con relación a si los docentes en cuyo nombramiento
intervenía además del representante legal del ente territorial, un delegado del
Ministerio de Educación Nacional del respectivo Fondo Educativo Regional,
ostentaban el carácter de nacionales o nacionalizados, se señala que el 21
de junio de 20187, se dictó la sentencia SUJ-11-S2 en la que se unificó el
asunto.
En dicha providencia, esta Sección explicó que no es viable inferir que los
docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores
nacionales cuando en el acto de su vinculación intervienen el representante
legal de la entidad territorial y el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional como miembro de la Junta Administradora del respectivo
Fondo Educativo Regional.
Lo anterior, según se indicó, en tanto lo relevante frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo
que concierne a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias
provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,
Consejero ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
de los Fondos Educativos Regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de
Participaciones. Al respecto, se señaló en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de
junio de 2018:
“3.5. Conclusiones preliminares: reglas de unificación.
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de
1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del
Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados8, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el
servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como
de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de
esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que
ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto
de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional
como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
disponibilidad presupuestal9; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
8
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
9
Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
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Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se
puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de
la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en
lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias
provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través
de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.
En los anteriores términos ha de entenderse rectificada cualquier decisión
que en sentido disímil haya adoptado alguna de las salas de subsección en
el pretérito10”.
En reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 202211 la Sección Segunda fijó como regla jurisprudencial la interpretación
del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, refiriendo que “Los docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989,
siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos
legalmente establecidos para su reconocimiento”.
A su vez, en la sentencia de unificación 029 de la misma fecha 11 de agosto
de 202212 se reiteró que la pensión gracia se considera una prestación
especial, cuyo propósito fue compensar los bajos niveles salariales que
percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de
las asignaciones que recibían los docentes vinculados a la Nación. Y, se
agregó que constituye un privilegio gratuito porque la Nación hace el pago sin
que el docente haya prestado sus servicios a la Nación, pues es una pensión
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de junio de 2018. radicado 25000-23-42-
000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor: Gladys Amanda Hernández Triana.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022, proceso con radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), Actor: Hirma Nubia Jiménez Lozano; M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2-2022, proceso con radicado
23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017), M.P. César Palomino Cortés.
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Número interno: 0489-2021
Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
destinada a los docentes departamentales o regionales y municipales que
quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización de la educación
dispuesto por la Ley 43 de 1975. Otra característica que se resaltó fue que, si
bien está a cargo del Tesoro Nacional, está sujeta a un régimen especial que
no requiere afiliación del beneficiario a la Caja Nacional de Previsión Social
(ahora UGPP).
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
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Número interno: 0489-2021
Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
2.2 Hechos probados
(i) Edad
Para efectos del reconocimiento del derecho pensional reclamado por la
demandante se requiere en primer lugar haber cumplido 50 años de edad.
Para el caso concreto, la señora María de Jesús Quintero de Vera nació el 21
de octubre de 1953, como consta en la copia de la cédula de ciudadanía13.
Por tanto, el 21 de octubre de 2003 cumplió 50 años de edad, exigidos por el
legislador para acceder a la citada prestación.
(ii) Vinculación de la demandante y tiempo de servicio
(i) Según Decreto No. 410 de 3 de julio de 197414, el gobernador del
departamento del Tolima nombró a la actora como docente seccional de la
escuela rural mixta “Loma de Luisa” en el municipio del Guamo (Tolima).
(ii) Mediante Decreto No. 059 de 25 de marzo de 199415, el alcalde del
municipio del Guamo nombró a la señora María de Jesús Quintero de Vera
como docente nacionalizado seccional de la E.R.M “La Troja”.
(iii) Con Decreto No. 1392 de 30 de diciembre de 199716, el gobernador del
Tolima distribuyó la planta de personal docente, directivo docente y
administrativo del municipio del Guamo.
(iv) El gobernador del Tolima, a través de Resolución No. 0074 de 15 de
enero de 201017, definió la estructura de la planta de cargos docentes y
directivos docentes de la Secretaría de Educación y Cultura de dicho
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Folio 60
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Folios 27-29
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Folios 30-31
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Folios 33-48
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Folios 47-51
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Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
departamento.
(v) Certificado de 9 de agosto de 201318, expedido por el gobernador del
Tolima, mediante la cual consta que la actora desempeñó sus servicios como
docente desde el 3 de julio de 1974 al 15 de abril de 1975.
(vi) En Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral,
emitido por la Secretaría de Educación del departamento del Tolima el 10 de
marzo de 201419, consta que la accionante se desempeñó como docente
nacionalizado de primaria en propiedad, nombrada mediante Decreto 410 de
3 de julio de 1974, desde el 18 de marzo de 1974, incorporada a la Institución
Educativa "Loma de Luisa" del municipio del Guamo (Tolima), con
vinculación inactiva, para un total de 1 año y 29 días.
(vii) Según Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral, emitido por la Secretaría de Educación del departamento del Tolima
el 10 de marzo de 2014, consta que la accionante se desempeñó como
docente de primaria en propiedad, nombrada mediante Decreto 059 de 25 de
marzo de 1994, desde el 11 de abril de 1994, con régimen de pensiones
nacional, incorporada a la institución educativa “La Troja” del municipio del
Guamo (Tolima), con tipo de vinculación activa, y figuran las siguientes
novedades:
Novedades AA Desde
Tipo de Ing. Y reing. Decreto 059 de 25 de marzo 11/04/1994
novedad de 1994
Plantel La Troja
educativo
Municipio Guamo (Tol)
Tipo de Designación Decreto 1392 de 30 de 30/12/1997
novedad diciembre de 1997
Plantel La Troja
educativo
Municipio Guamo (Tol)
Tipo de Designación Resolución 074 de 15 de 01/05/2010
novedad enero de 2010
Plantel La Troja
18
Folio 55
19
Folios 52 y 53
14
Número interno: 0489-2021
Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
educativo
Municipio Guamo (Tol)
Actos administrativos demandados
La UGPP, mediante la Resolución RDP 0022159 de 17 de julio de 2014,
negó el reconocimiento y pago de la aludida pensión. Decisión que fue
confirmada a través de Resolución RDP 028260 del 17 de septiembre de
2014.
2.2. Caso concreto
La señora María de Jesús Quintero de Vera solicita la nulidad de las
Resoluciones RDP 0022159 de 17 de julio de 2014 y RDP 028260 del 17 de
septiembre de 2014, mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento y
pago de una pensión jubilación gracia, al considerar que la actora no cumple
con los 20 años de servicio para acceder al reconocimiento pensional.
El Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las pretensiones de la
demanda y condenó a la UGPP a reconocer y pagar una pensión gracia a
favor de la actora liquidada con los factores devengados entre el 12 de junio
de 2012 y 13 de junio de 2013, con efectos fiscales a partir de la adquisición
del estatus pensional.
Inconforme con esta decisión, la parte demandada recurrió la providencia de
primera instancia, argumentando que la actora no cumple con el tiempo de
servicios exigidos para acceder al reconocimiento pretendido, conforme el
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral de 10 de
marzo de 2014 y en el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Salarios expedido el 30 de marzo de 2014.
Solicitó que, en virtud de la facultad oficiosa del juez, se estudien
presupuestos del fenómeno jurídico de la cosa juzgada, comoquiera que la
parte demandante en el año 2014 presentó demanda ante esta jurisdicción
15
Número interno: 0489-2021
Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
respecto de los actos administrativos acusados en el presente proceso, de
allí que “la sentencia judicial proferida en el año 2018 no pueda ser
modificada por decisión posterior”.
De la cosa juzgada
La Sala observa que la parte recurrente argumenta que en el sub examine se
configuró el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en tanto la parte
demandante en el año 2014 presentó demanda ante esta jurisdicción
respecto de los actos administrativos acusados en el presente proceso.
En punto de lo debatido, se precisa que esta Subsección, mediante
providencia de 29 de agosto de 201920, determinó que, frente al
reconocimiento y pago de pensiones, el fenómeno de la cosa juzgada puede
ser relativizado en procura del cumplimiento de los principios
constitucionales, al considerar que:
“(…) esta Corporación ha precisado que «el principio de cosa juzgada puede
relativizarse en los casos donde se pretenda el reconocimiento y pago de un
derecho que afecte una prestación periódica como lo son las pensiones, como
quiera que las decisiones contrarias a las reclamaciones de los asociados, tan
solo producen efectos vinculantes respecto de las mesadas que ya fueron
objeto de la decisión, mas no frente a las demás que se causen con
posterioridad a la ejecutoria de dicha providencia» (…) [E]sta Corporación ha
entendido que los pensionados deben tenerse como personas de especial
protección, debido a su imposibilidad de trabajo, por lo que la aplicación de las
normas constitucionales y legales debe ir encaminada a salvaguardar los
derechos fundamentales de estos. Por tal razón, es pertinente concluir que en
asuntos como el presente no puede hablarse de la ocurrencia del fenómeno
de cosa juzgada material en estricto sentido, sino que, por el contrario, esta
debe relativizarse en procura del cumplimiento de los principios
constitucionales. (…) Esta Corporación ha señalado que en materia de cosa
juzgada no existe la forma absoluta de esa institución, sino que para esta
Subsección se aplica de manera relativa, bajo el entendido que la prestación
periódica se sigue causando en el tiempo y modifica los supuestos fácticos de
los nuevos procesos en los que se solicite la aplicación del reajuste, so pena
de vulnerar los derechos constitucionales al mínimo vital y el ajuste periódico
de las pensiones (…)”.
Precisado lo anterior, se estima que no le asiste razón al apoderado de la
UGPP. Por otra parte, la excepción de cosa juzgada formulada por la entidad
20
Auto de 29 de agosto de 2019. MP. Francisco Suárez Vargas. Radicado 66001-23-33-000-2014-00070-01(3973-
14)
16
Número interno: 0489-2021
Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
accionada fue previamente resuelta por el Tribunal Administrativo del Tolima,
mediante auto proferido en audiencia inicial de 5 de febrero de 2020, que
declaró no probada la referida excepción, al considerar que si bien se
cumplen los requisitos de identidad de objeto y de partes entre la demanda
primigenia presentada por la actora y el actual proceso, lo cierto es que no se
satisfizo el elemento de identidad de causa. Empero, se destaca que la
entidad accionada no interpuso el recurso de apelación contra la referida
providencia, lo que impide su análisis en esta etapa procesal.
En todo caso, la Sala considera que le asiste razón al a quo al declarar no
probada la citada excepción, teniendo en cuenta que las circunstancias
fácticas entre uno y otro proceso difieren.
En el proceso primigenio, esta Corporación consideró que la parte actora no
desvirtuó que tuviese una vinculación nacional como constaba en el Formato
Laboral, para los años 1997 y 2010; ello en tanto, en ese proceso no obraban
el Decreto No. 1392 de 30 de diciembre de 199721 y la Resolución No. 0074
de 15 de enero de 201022.
Sin embargo, dichos documentos sí fueron aportados y son apreciados en el
presente proceso por parte del Tribunal y de esta Subsección. De su lectura
se observa que el gobernador del Tolima distribuyó la planta de personal
docente del municipio del Guamo y definió la estructura de la planta de
cargos docentes y directivos docentes de la Secretaría de Educación y
Cultura de dicho departamento, respectivamente.
Del reconocimiento y pago de la pensión gracia
La Sala precisa prima facie que en el marco del recurso de apelación no está
en discusión la naturaleza de los tiempos de servicio prestados por la actora
como docente nacionalizada desde el 18 de marzo de 1974 al 15 de abril de
1975, de modo que el presente fallo deberá ceñirse, en virtud del principio de
21
Folios 33-48
22
Folios 47-51
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Número interno: 0489-2021
Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
congruencia, a los argumentos expuestos por el recurrente, conforme con el
artículo 328 del Código General del Proceso.
En consecuencia, se procederá a determinar si la señora Isabel Leal de
Calderón cumple con el requisito de veinte años de servicio como docente
nacionalizado y/o territorial desde el 11 de abril de 1994 al 10 de marzo de
2014.
Así entonces, se tiene que conforme las pruebas allegadas al expediente, la
demandante laboró como docente en el departamento del Tolima desde el 11
de abril de 1994 al 1 de mayo de 2010, nombrada mediante Decreto 059 de
25 de marzo de 1994. Para lo cual, allegó el acto administrativo de
nombramiento expedido por el alcalde del municipio del Guamo y el Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral, emitido por la
secretaría de educación departamental del Tolima que refiere que es docente
nacionalizada.
Ahora bien, la Sala precisa que si bien el mencionado formato de historia
laboral refiere como extremos temporales de vinculación de la actora desde
el 11 de abril de 1994 al 1 de mayo de 2010, lo cierto es que la señora María
de Jesús Quintero de Vera tenía un tipo de vinculación activa para la fecha
de expedición del referido certificado (10 de marzo de 2014), tal y lo
menciona el citado documento, razón por la que se tendrá esa fecha como
data final de vinculación.
Respecto a la valoración de pruebas pertinentes para acceder a un derecho
de carácter pensional, la jurisprudencia de esta Sala unificó su jurisprudencia
en la sentencia CE-SUJ-SII-11-2018 (SUJ-11-S2), indicando lo siguiente34:
“Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas con el
reconocimiento de pensión gracia, […] en el sentido de que […] (iv)
para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas
que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se
puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
18
Número interno: 0489-2021
Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación
al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial”.
(Negrilla fuera de texto)
En cuanto al tiempo de servicio y al tipo de la vinculación requerida para
tener derecho a la pensión gracia, la jurisprudencia ha señalado respecto de
su prueba:
“En principio, para efectos de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN GRACIA
(DOCENTE) se deben analizar los tiempos de servicio que acrediten los
educadores teniendo en cuenta varios datos trascendentales, año por año
(porque es posible que un tiempo le sirva para la prestación y otro no), a
saber: EL CARGO DESEMPEÑADO (maestro de primaria, profesor de
Normal, inspector de primaria, etc.) LA DEDICACIÓN (tiempo completo, medio
tiempo, hora cátedra, etc.), LA CLASE DE PLANTEL donde desempeñó su
labor (Normal, Industrial, Bachillerato, etc.), así como EL NIVEL DE
VINCULACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO A LAS ENTIDADES POLÍTICAS
(Nacional, nacionalizado -a partir de cuando- Departamental, Distrital,
Municipal, etc.). La época del trabajo realizado (año, con determinación clara y
precisa de la iniciación y terminación de la labor) es fundamental de
conformidad con las leyes especiales que rigen esta clase de pensión y la Ley
91 de 1989. La sola mención de la fecha de nombramiento no es prueba de la
iniciación –desde ese momento- del servicio y la cita de la fecha de un acto de
aceptación de renuncia debe ir acompañado del dato desde cuando produjo
efectos, para poder tener en cuenta realmente el tiempo de servicio. Los
certificados que se expidan para acreditar estos requisitos deben ser precisos
en los datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan esta
clase de pensión23”.
Precisado lo anterior, la Sala observa que la actora acredita el tiempo de
servicios como docente nacionalizada mediante el acto administrativo de
nombramiento, mediante Decreto 059 de 25 de marzo de 1994. Y, dicha
vinculación no sufrió variación alguna como consecuencia del Decreto No.
1392 de 30 de diciembre de 1997 y la Resolución No. 0074 de 15 de enero
de 2010, que distribuyó la planta de personal docente del municipio del
Guamo y definió la estructura de la planta de cargos docentes y directivos
docentes de la Secretaría de Educación y Cultura de dicho departamento,
respectivamente.
23
Sentencia del 19 de enero de 2006, Expediente 6024-05, Consejero Ponente Tarsicio Cáceres Toro.
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Número interno: 0489-2021
Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
Dichos documentos no ha sido objeto de reproche durante el transcurso del
proceso por la entidad accionada mediante la tacha de falsedad, conforme lo
previsto en el artículo 244 del CGP24.
En punto de lo debatido, se tiene que esta Corporación mediante sentencia
de 27 de septiembre de 2018, señaló que “lo importante de la prueba del
tiempo de servicios y de la vinculación, no es la denominación que se le dé,
ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que ofrezca
alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución
educativa a la que prestó los servicios, su naturaleza, y por supuesto los
extremos temporales; a efecto de esclarecer el cumplimiento de los requisitos
especiales de que trata la Ley 114 de 1913 en los términos analizados”25.
Así las cosas, para la Sala son válidos, a efectos de pensión gracia de
jubilación, los tiempos acreditados por la accionante, razón por la que se
desestiman las alegaciones efectuadas por la UGPP sobre el particular.
En efecto, la Sala advierte que la señora María de Jesús Quintero de Vera
acreditó los siguientes tiempos en el nivel territorial y/o nacionalizado:
Ente territorial Fechas Tiempo
Departamento del Tolima26 Desde el 18 de marzo de 387
1974 al 15 de abril de 1975
Departamento del Tolima27 Del 11 de abril de 1994 al 10 7169
de marzo de 2014
TOTAL (Equivalentes a 20 años, 11 meses y 26 días28) 7556 días
24
“ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la
persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se
atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o
en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las
demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de
sustitución. Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título
ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y
no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de
datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las
jurisdicciones”.
25
Sentencia del 27 de septiembre de 2018, radicación número: 25000-23-42-000-2015-05244-01(3830-17). M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
26
Folios 52 y 53
27
Folio 38
20
Número interno: 0489-2021
Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
En consecuencia, se concluye que la accionante cumple con los requisitos de
haber estado vinculada como docente en el nivel territorial y/o nacionalizado
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y de contar con más de 20 años
de servicio como docente territorial.
Agotados los puntos de inconformidad alegados por la parte recurrente, la
Sala procederá a confirmar la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima,
que accedió a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
De la condena en costas
Sea lo primero precisar que las costas procesales hacen referencia a todos
los gastos necesarios o útiles que incluye los honorarios de abogado o
agencias del derecho29, y los ordinarios del proceso30 31.
Al respecto se tiene que el artículo 188 del CPACA prevé que salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil. Empero dada su derogatoria, impera
acudir al Código General del Proceso.
Respecto a la interpretación de la referida normativa, esta Subsección ha
considerado que para la imposición de la condena en costas es menester ir
más allá de un criterio objetivo, para analizar también aspectos como la
temeridad o mala fe de quien acude a la administración de justicia.
28
El cálculo fue realizado así: cada año laborado equivale a 360 días; cada mes equivale a 30 días; y cada semana
a 7 días. Ver en este sentido la sentencia del 11 de marzo de 2015 proferida por la Corte Suprema de Justicia con
radicado núm. 56639 y ponencia del magistrado Luis Gabriel Miranda Buelvas. En esta sentencia, el cálculo se
explicó así: “se entiende por semana cotizada el período de siete (7) días calendario. Y de otro lado, el artículo 18
de dicha ley prescribe con meridiana claridad que la base de las cotizaciones para los trabajadores dependientes de
los sectores público y privado, será el salario mensual. Y cuando se alude al salario mensual, el período que se
remunera es el de 30 días (…)
29
Artículo 361 del Código General del Proceso.
30
Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Radicado 54001-23-
33-000-2014-00106-01(0156-15) de 13 de febrero de 2020. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
21
Número interno: 0489-2021
Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
Ciertamente esta Corporación en sentencia de 1.º de diciembre de 2016 32
consideró que “corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar
un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida
por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o
discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma”.
Se agregó en dicha providencia que “Ese juicio de ponderación supone que
el reproche hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o
dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento
legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades
inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente
ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente
inexactas (artículo 79 CGP)”.
Precisado lo anterior, se observa que en el sub examine, el Tribunal accedió
a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandada.
Ciertamente, la Sala estima que no le asiste razón al Tribunal Administrativo
del Tolima al condenar en costas a la parte vencida, teniendo en cuenta que
si bien el fallo de primera instancia resultó desfavorable a los intereses de la
parte accionada, lo cierto es que en el presente caso no se observa un actuar
temerario de la UGPP y no se evidencia conducta que justifique la imposición
de la condena en costas, razón por la que se revocará el numeral 7º de la
decisión de primera instancia, que condenó en costas a la entidad accionada.
32
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
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Número interno: 0489-2021
Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
En consecuencia, la Sala destaca que la condena en costas no procede de
manera automática y como se indica en el numeral 8° del artículo 365 del
Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación
(…)”. Siendo así, y teniendo en cuenta que en el trámite del proceso en
primera instancia no se observa que se hayan causado, ni de las partes un
actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la parte vencida en
esta instancia.
Así las cosas, se confirmará decisión de primera instancia, salvo en lo que se
refiere a la condena en costas del numeral 7º de la referida providencia, la
cual será revocada.
III. DECISIÓN
Vistas las consideraciones que anteceden, se confirmará la sentencia de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que
accedió a las pretensiones de la demanda, salvo en lo que se refiere a la
condena en costas del numeral 7º de la parte resolutiva de dicha providencia,
la cual será revocada.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el 20
de agosto de 2020, por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a
las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, salvo el numeral 7º que se revoca en tanto
condenó en costas a la parte demandada.
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Número interno: 0489-2021
Demandante: María de Jesús Quintero de Vera
Demandado: UGPP
SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas en las dos instancias.
TERCERO: Se acepta la renuncia del poder presentada por el abogado Jhon
Jairo Bustos Espinosa para actuar en representación de la entidad
demandada, de conformidad con el memorial visible a índice 30 SAMAI.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmada electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmada electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmada electrónicamente)
24
Sigue leyendo
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