RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2019-00056-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00056-01

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00056-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 13 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por EDUARDO GONZÁLEZ GUERRERO contra la NACIÓN, MINI STERIO DE DEF ENSA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL, CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MI LITARES – CREMIL–, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente sentencia. www.consejodeestado.gov.co 16 Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021) Demandante: Eduardo González Guerrero SEGUNDO. Sin co ndena en costas. TERCERO: Ejecut oriada esta provide ncia devolver e l expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI» .

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2019-00056-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

26 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417 -2021)
Demandante: EDUARDO GO NZÁ LEZ GUERRERO
Demandado: NACIÓN, MINISTE RIO DE DEFE NSA NACIONAL,
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 1 Y
EJÉRCITO NACIO NAL

Temas: Reliquidación asig nación básica conforme al índice
de precios al consumidor.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

ASUNTO

La Sala de Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado,
decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 13 de mayo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2.

El señor Eduardo González Guerrero en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimient o del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, formuló en síntesis las
siguientes:

1 En adelante CREMIL.
2
Folios 46 a 56 Vto.
3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

en adelante CPACA.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

1.1. Pretensiones

(a) Inaplicar, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, los
Decretos 122 de 1997, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y
4158 de 2004, a través de los cuales se fijaron los sueld os básicos
para el personal de oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública, y
se dictan otras disposiciones en materia salarial; (b) la nulidad de
los Oficios 20183171473681: MDN -CGFM-COEJC-SE CEJ-JUMGF-
COPER-DIPER -1.10 de 8 de agosto de 2018 y 2018 -84550 de 31 de
agosto de 2018, por medio de los cuales se negó el reconocimiento
y reajuste salarial, y consecuent emente la asignación de retiro.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordene a la demandada: (i) reconocer y
pagar el reajuste de la base de liquidación salarial o su eldo básico
de 1997 a 2003, y en consecuencia, la reliquidación de todas las
primas y prestacio nes a él sujetas, d e conformidad con el índice de
precios al consumidor; (ii) realizar e l reconocimiento y pago de la
base de liquidación salarial o sueldo básico desde el 1 de enero de
2004 hasta la fecha que se efectuó su retiro del servicio activo de
acuerdo con los reajustes anuales ordenados por el Gobierno
Nacional; (iii) tener en cuenta la nueva asignación básica salarial
reajustada para el cómputo y pago con retroactividad de los valores
adeudados correspondientes a las primas, cesantías,
indemnizaciones, bonificaciones, subsidios, entre otros y (iv) pagar
el último cuatrienio de las sumas adeudas debidamente indexadas
en los términos del artículo 157 del CPACA hasta la fecha efectiva
del pago.

1.2. Fundamentos fácticos relevantes

El demandante relató que (i) estuvo vinculado al servicio del
Ejército Nacional desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el 29 de
enero 2016; (ii) el último cargo desempeñado fue el de Coronel en
el Comando Fuerza Despliegue Rápido en Melgar -Tolima; (iii) los
www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

incrementos salariales efectuados para los años 1997, 1998, 2000,
2001, 2002, 2003 y 2004 fueron inferiores al IPC; (iv) ele vó derecho
de petición tendiente al reajuste y p ago de su asignación básica
mensual y de las demás prestaciones devengadas entre 1997 y
2004, de conformidad con el IPC y (vi) los requerimientos fueron
desatados negativamente mediante los Oficios 20183171473681
MDN-CGFM-COEJC-SECEJ -JUMGF-COPER-DIPER -1.10 de 8 de
agosto de 2018 y 2018-84550 de 31 de agosto de 2018 ,
respectivamente.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

El accionante invo có como disposicio nes vulneradas las siguientes :
artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 42, 53, 90, 150, 192, 334, 366 y 373 de
la Constitución Política; 2, 4, 11 y 13 de la Ley 4 de 1992; 2 de la
Ley 923 de 2004 y 42 del Decreto 4433 de 2004; decretos 122 y 62
de 1997, 2737 de 2001, 3552 de 2003, 4433 de 2004 y 4158 de 2004
y sentencias T -102 de 1995, T -276 de 1997, T -418 de 1 996, C-448
de 1996 y C-1433 de 2000.

Al desarrolla r el c oncepto de la violación , manifestó que, desde
el año 1997 a la fecha, se han desconocido los derechos laborales
de los oficiales y suboficiales, toda vez se vienen pagando sus
salarios y, en consecuencia, su asignación de retiro, en suma
inferior a lo determinado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística –DANE–, de acuerdo con el Índice de
Precios al Consumidor –IPC–.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES –CREMIL– se
opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos:

4
Folios 152 a 160.
www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

Aseveró que los miembros de la fuerza pública se encuentran
normados por un régimen especial que contempla el hecho de que
las asignaciones de retiro deben reajustarse anualmente de
acuerdo con las va riaciones que se in troduzcan en las asignaciones
pagadas a los militares que se encuentran en servicio activo de
acuerdo con cada grado y de conformidad con el principio de
oscilación, por lo que anualmente, el Gobierno Nacional mediante
decreto ejecutivo, fija los incrementos de los sueldos básicos del
personal en actividad reajustando así las asignaciones de retiro.

En su defensa propuso las excepciones de (a) falta de legitimación
en la causa por pasiva, con anterioridad al 29 de abril d e 2016, por
estar orientada la pretensión a que se reajusten los salarios
percibidos en actividad, lo cual es competencia del Ministerio de
Defensa) y (ii) pre scripción.

Solicitó condenar en costas al demandante.

3. AUDIENCI A INI CIAL 5

El 16 de marzo de 2021 , se llevó a ca bo audiencia inicia l por parte
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual encontró
que (i) no existe n inguna irregularidad que deba subsanarse o que
genere nulidad; (ii) aplazó para la sentencia el estudio de las
excepciones propuestas y (iii) delimit ó el problema jurídico, en los
siguientes términos:

«[ …] est ablecer si por los años 1997 a 2004 el G obier no N aciona l
incr em ent ó la asign ación básica de l aquí dem andant e por debaj o
del I PC, t al y como se af ir m a en el escr it o de dem anda. De
encont r ar se que en esos años sucedió tal cosa, deber á r esolver se
el pr oblem a y est abl ecer si dur ant e esos años est aba aut or iz ado o
no par a incr em ent ar la asignaci ón básic a del aquí dem andant e por
debaj o del I PC. En el caso de que se encuent r e que no est aba
aut or izado par a ell o, habr á de decidir se si el act or t iene o no
der echo a que se inapli quen los decr et o s y se nivele la asig nació n
básica en su ser vici o act ivo. Tam bién habr á que det er m inar, en el

5
CD a folio 179 A.
www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

event o de que t enga der echo a esa nivelaci ón, si CREM I L, com o
ent idad que r econoc ió la asigna ción de r et ir o, debe o no r eaj ust a r
la asign ación de r e t ir o al dem andant e com o consecuencia de la
event ual nive laci ón de la asignac ión qu e se llegar e a r econocer al
dem andant e. »

4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo del To lima, en sentencia del 13 de mayo
de 2021, negó las pretensiones de la demanda con sustento en las
siguientes razones:

Adujo que el ajuste anual de los miembros de la Fuerza Pública se
fundamenta en los decretos que dicte el Gobierno Nacional con
sujeción a las normas, criterios y ob jetivos contenidos en la Ley 4
de 1992; sin embargo, también refiere que los servidores que
devenguen menos de dos salarios mí nimos mensuales vigentes, se
encuentran excluidos de la posibilidad de recibir un incremento
menor el IPC.

En este punto, se remitió a las sentencias del 22 de noviembre de
2018 (con número interno 4198 -2015), y la de 26 de noviembre del
mismo año (con radicado interno 3602 -2017), por medio de las
cuales la Sección Segunda indicó que la escala gradual de la
asignación básica del referido perso nal no puede ser modificada
por decisión judicial, habida cuenta que esta se encuentra sujeta a
las pautas del Gobierno Nacional, im pidiendo recurrir a una fuente
distinta para realizar el correspondie nte incremento salarial.

Por lo anterior, analizando los salarios percibidos por el
demandante entre los años 1997 a 2004, devengó más de 2 salarios
mínimos legales mensuales vigentes y se podía establecer que no
hubo un solo año en el que no se generara un incremento al salario
en comparación con el año inmediatamente anterior, por lo que no
fue vulnerado el núcleo esencial del derecho a mantener el poder

6 Folios 214 a 224.
www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

adquisitivo de su salario.

En ese orden de ideas, resulta improcedente acceder a la solicitud
de reajuste de los salarios devengados y resulta inocuo abordar el
análisis de si, en consecuencia, hay lugar a la reliquidación de su
asignación de retiro.

5. RECURSO DE APELACIÓN 7

El accionante solicitó revocar la decisión del a quo y acceder a las
pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

Afirmó que si bien es cierto los sa larios se incrementaron conforme
a los decretos emanados del Gobierno Nacional, también lo es que
el incremento fue inferior al IPC certificado por el DANE,
acumulando una afectación por diferencia con el IPC del 17.04%.

Expuso que la jurisprudenc ia constitucional ha señalado que es
deber de los empleadores incrementar anualmente los salarios de
sus trabajadores y no hacerlo va en detrimento de estos últimos.
Agregó que dicha remuneración debe ser de carácter móvil, es
decir, que siempre guarde equ ivalencia con el precio del trabajo y
mantenga su poder adquisitivo. Al respecto, citó la sentencia C -
1433 de 2000 de la Corte Constitucio nal.

Concluyó que la asignación básica del libelista debe ser reajustada
para los años 1997 a 2004 cuando le sea más favorable, en
aplicación del porcentaje más alto entre el decretado por el
Gobierno Nacional y el IPC consolidado por el DANE.

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y
el Ministerio Público guardaron sile ncio según se constata en el
aplicativo SAMAI.

7
Folios 237 a 244.
www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

II. CONSIDERACI ONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 9 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

2. Problema Jurídico

De acuerdo con el recurso de apela ción interpuesto por la parte
demandante, le corresponde a la Sala determinar:

➢ ¿si el señor Eduardo González Guerrero tiene derecho a la
aplicación del Índice de Precios al Consumidor como
mecanismo de reajuste de sus salarios que percibió en los
años 1997 a 2004, cuando se encontraba en servicio a ctivo
del Ejército Nacion al?

8
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudenc ia.[…]»
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar e n costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán pro mover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

Para resolver la controversia, la Sala desarrollará el siguiente
orden metodológico: (i) Del régimen salarial del personal de la
Fuerza Pública y, (ii) análisis del caso concreto.

3. Marco normativ o y jurisprudenci al

3.1 Del régimen sa larial del personal de la Fuerza Pública

A partir de la expe dición de la Constitución de 1991 la fijación del
régimen salarial y prestacional de los servidores público s, incluidos
entre ellos los inte grantes de la Fuerza Pública, no es un asunto
privativo de la órbit a de competencia del Congreso de la República,
sino que esa atribución es concurrent e entre el Legislador, a través
de Leyes Marco y el Ejecutivo, conforme lo prevé el artículo 150
numeral 19 literal e) de la Constitución Política.

En efecto, la mencionada normativa preceptuó:

«ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes.
Por medio de ellas ejerce las siguient es funciones:
...
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos
y crite rios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los
siguientes efectos:
...
e) Fija r el régime n salarial y p restacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza
Pública.» .

Bajo dicho entendido, el legislador en ejercicio de su competencia
precisa las normas generales, objet ivos y criterios de ntro de los
cuales deberá actuar el Gobierno Nacional para los efectos
señalados, entre los que se encuentra la fijación d el régimen
salarial y p restacio nal de los servidores públicos, a través de leyes
marco.

Por su parte, le correspo nde al Ejecutivo desarrollar lo regulado por
la ley marco mediante la expedición de Decretos que por mandato
www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

constitucional deben reglamentar el contenido normativo de las
referidas leyes marco o cuadro.

Con fundamento en la facultad antes indicada, el legisla dor expidió
la Ley 4ª de 1992, que en su artículo 1 indicó que el Gobierno
Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en ésta, fijará el régimen salarial y p restacio nal de l os
empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que
sea su denominación, régimen jurídico o sector, de los empleados
del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Ele ctoral y la
Contraloría General de la República, de los miembros del Congreso
Nacional, y de la Fuerza Pública.

Por su parte, el artículo 4 ibidem, co nsagra que «Con base en los
criterios y objetivos contenidos en el artículo 2º el Gobierno
Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada
año, modificará el sistema salarial co rrespondiente a los empleados
enumerados en el artículo 1º literal a), b) y d), aumentando sus
remuneraciones. Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar
el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de
los mismos empleados ». (La parte resaltada fue declarada
inexequible a través de la sentencia C - 710 de 1999, proferido por
la Corte Constitucional).

Conforme a lo anterior, la fijación de las asignaciones básicas,
primas, cesantías, entre otras, se constituye como parte de las
atribuciones del G obierno Nacional, de manera que es el Ejecutivo
quien determina la escala gradual porcentual, a través de los
decretos que cada año fijan los incremento s de los sueldos básicos
del personal en actividad.

De lo planteado se colige que las asignaciones básicas del personal
de la Fuerza Pública están sujetas a los decretos que anualmente
expide el Gobierno Nacional, en los que se fijan las pautas para
www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

determinar el monto que devengarán sus miembros anualmente, por
lo que se configura la improcedencia de acudir a una fuente
diferente a la ya a ludida, a fin de que se efectúen los respectivos
incrementos salariales.

Con fundamento en lo anterior y conforme lo ha sostenido de
manera pacífica esta jurisdicción 10, el reajuste con fundamento en
el IPC solamente procede respecto de las asignaciones de retiro,
no para el sueldo en actividad, en relación con el período
comprendido entre 1997 a 2004, de acuerdo con la s Leyes 100 de
1993 y 238 de 1995, es decir para quienes ya contaban
efectivamente con asignación de retiro en ese período.

Además, se entiende que el reajuste reconocido conforme al IPC,
se liquida hasta la vigencia del Decreto 4433 de 2004, toda vez que
tal norma retoma el principio de oscilación como método de
reajuste, esto es, conforme a la oscilación de las asignaciones del
personal en actividad, pues si bien por mandato supralegal debe
garantizarse el poder adquisitivo de las pensiones, tal disposic ión
debe armonizarse con la configuración política que le asiste al
órgano legislativo, en cuanto es a éste último a quien le
corresponde evaluar cual método o sistema resulta adecuado para
superar las variaciones y fluctuaciones propias de la economía,
conforme los lineamientos constitucionales, como en su momento
ocurrió con la expedición de la Ley 238 de 1995.

Ahora bien, mediante sentencia C -1064 de 2001 la Corte
Constitucional precisó que el principio recogido en el inciso 1 del
artículo 53 de la Cons titución Polí tica, relativo a l derecho del
trabajador a recibir una remuneración mínima vital y móvil, debía
ser interpretado co mo un derecho constitucional de los trabajadores
a mantener el poder adquisitivo real del salario. En ese sentido,

10
Ver entre otras la sentencia Consejo de Estado, Sección Segunda de 19 de
abril de 2018, Radicación número: 25000 -23-42-000-2013-01491-01(2388-14)
y del 27 de septiembre de 2018. Radicación número: 25000 -23-42-000-2012-
00845-01(0772-15).
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

puntualizó qu e el derecho constitucional a mantener el poder
adquisitivo real del salario no es un d erecho absoluto, como no lo
es ninguno en el Estado de Derecho, por lo cual puede ser limitado
mas no desconocido:

«[…] 4.2.2.2. El derecho a mantener el poder adquisitivo real
del salario no es absoluto. El derecho constitucional a
mantener el poder adquisitivo real del salario no es un derecho
absoluto, como no lo es ningún derecho en un Estado Social y
Democrático 11. La conceptualización del derecho a mantener el
poder adquisitivo real del salario como derecho limitable es un
desarrollo específico de la doctrina según la cual los derechos,
incluso los fundamentales, no son absolutos, de lo que se
deriva la posibilid ad de armonizarlos para asegurar en la
práctica su ejercicio efectivo. […]».

En esa medida, el órgano supremo constitucional tomó distancia
respecto a la tesis 12 que previó un aumento salarial a part ir de una

11 Corte Constitucional, Sentencia C -475 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz: “Si el sistema constitucional estuviese compuesto por derechos
ilimitados sería necesario admitir (1) que se trata de derechos que no se
oponen entre sí, pues de otra manera sería imposible predicar que todos ellos
gozan de jerarquía superior o de supremacía en relación con los otros; (2)
que todos los poderes del Estado, deben garant izar el alcance pleno de cada
uno de los derechos, en cuyo caso, lo único que podría hacer el poder
legislativo, sería reproducir en una norma legal la disposición constitucional
que consagra el derecho fundamental, para insertarlo de manera explícita en
el sistema de derecho legislado. En efecto, de ser los derechos “absolutos”,
el legislador no estaría autorizado para restringirlos o regularlos en nombre
de otros bienes, derechos o intereses constitucionalmente protegidos. Para
que esta última consecuencia pueda cumplirse se requeriría, necesariamente,
que las disposiciones normativas que consagran los “derechos absolutos”
tuviesen un alcance y significado claro y unívoco, de manera tal que
constituyeran la premisa mayor del silogismo lógico deductivo que habría de
formular el operador del derecho.
Sin embargo, el sistema constitucional se compone de una serie de derechos
fundamentales que se confrontan entre sí. Ello, no sólo porque se trata de
derechos que han surgido históricamente como consecuencia de l a aparición
de valores contrarios, sino porque, incluso, los que responden a sistemas
axiológicos “uniformes” pueden verse enfrentados o resultar opuestos a
objetivos colectivos de la mayor importancia constitucional. Así, para sólo
mencionar algunos ejemplos, el derecho a la libertad de expresión (C.P. art.
20) se encuentra limitado por el derecho a la honra (C.P. art. 21), al buen
nombre y a la intimidad (C.P. art. 15) y viceversa; el derecho de asociación
sindical no se extiende a los miembros de la fuer za pública (C.P. art. 39); el
derecho de huelga se restringe en nombre de los derechos de los usuarios de
los servicios públicos esenciales (C.P. art. 56); el derecho de petición está
limitado por la reserva de ciertos documentos para proteger intereses
constitucionalmente valiosos (C.P. art. 23 y 74); el derecho al libre desarrollo
de la personalidad se encuentra limitado por “los derechos de los demás y el
orden jurídico” (C.P. art. 16), etc.”
12 S e n t e n c i a C - 1 4 3 3 d e 2 0 0 0 .

www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

fórmula única y específica, lo cual deja ver que si bien el índice de
precios al consumidor es una variable económica que puede ser
tenida en cuenta para establecer el aumento anual de los salarios
de los servidores públicos, también lo es que, no constituye la única
fórmula aplicable para ello, pues, también lo son la sit uación real
del país, las finalidades de la política macroeconómica, la
ponderación racional del gasto público, entre otras.

4. Caso concreto

En el caso del se ñor Eduardo González Guerrero se encuentra
acreditado lo siguiente:

a. Según se extrae de la hoja de servicios 3-79397239 13, ingresó al
Ejército Nacional el 1 de diciembre de 1988 y se retiró del servicio
por solicitud propia según consta en el Decreto 0134 de 29 de
enero de 2016 14, por lo que acumuló un total de 30 años 7 meses
y 12 días.

b. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por medio de la
Resolución 2469 del 8 de abril de 2016 15, le reconoció asignación
de retiro a partir d el 29 de abril del mismo año.

c. El 23 de julio de 2018, elevó petición dirigida al Comandante del
Ejército 16 y el 14 de agosto del mismo año ante la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares 17, para que le (i) inaplicaran el inciso
segundo del artículo primero de los Decretos 122 de 1997, 62 de
1999, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004
con funda mento en la excepción de inconstitucionalidad y, (ii)
ajustaran la base de liquidación sala rial que devengó durante el
período de 1997 a 2004 en el que recibió incrementos anuales
por debajo del índice de precios al consumidor (IPC) y por efecto
de esta, incluyeran «todas las primas, bonificaciones y demás

13 Fo l i o 93
14 F o l i o 98.
15
Folios 109 a 111.
16 F o l i o s 1 1 a 1 5 .
17 F o l i o s 1 6 a 2 0 .

www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

prestaciones a ella sujetas» .

d. Mediante el O ficio 20183171473681: MDN -CG FM -COEJC -
SECEJ-JUMGF-CO PER-DIPER -1.10 de 8 de agosto de 2018 , la
Sección de Nómina del Ejército 18 negó la solicitud , con
fundamento en que «el Decreto anual de sueldos expedido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, no
contempla el reconocimiento de dicho incremento bajo los
parámetros solicitados en su petición».

e. A través de Oficio 2018-84550 de 31 de agosto de 2 018
(CERTI FICADO CREMIL 86639) , suscrito por la Coordinadora del
Grupo Gestión Documental de la Caja de Retiro de la Fuerzas
Militares 19, respecto de la solicitud de inaplicabilida d por
excepción de inconstitucionalidad indicó que no es competente
para tra mitar esa petición. De otro lado, afirmó que CREMIL
mediante Resolución 2469 de 8 de abril de 2016 reconoció la
asignación de retiro a partir del 29 de abril del mismo año por lo
que, teniendo en cuenta los lapsos en los que se presentaron las
diferencias de porcentajes del IPC y la aplicación del principio
de oscilación del régimen especial de las Fuerzas Militares –
entre 1997 y 2004 –, el demandante no devengaba asignación de
retiro, dado que se encontraba en servicio act ivo, por lo que su
petición fue tra sladada al Director de Personal del Ejército
Nacional.

4.2 Análisis sustancial

4.2.1 ¿El señor Eduardo González Guerrero tiene derecho a la
aplicación del Índice de Precios al Consumidor como
mecanismo de reajuste de sus salarios que percibió en los años
1997 a 2004, cuando se encontraba en servicio activo del
Ejército Nacional?

18
Folios 2 y 3.
19 F o l i o s
4 y 5.
www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

El demandante en su escrito de apelación, alega que e l ajuste
salarial anual es una obligación legal y constitucional. Por esta
razón, los salarios de los miembros de las Fue rzas Milit ares deben
reajustarse conforme al IPC que certificó el DA NE para los años
1997 a 2004, pues, a partir de la Ley 238 de 1995 y por efectos del
parágrafo 4, que adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, es
jurídicamente posible aplicar el ar tí culo 14 de esta ley a los
servidores de régimen especial, en lo que se refiere a pensiones.

El artículo 14 de la Ley 100 de 1993 ordena lo siguiente:

« A R T Í C U L O 14. R E A J U S T E D E P E N S I O N E S . Con el objeto de que las
pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de
sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos
regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su
poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de
oficio, el primero de enero de cada año, según la variación
porcentual d el Índice de Precios al Consumidor, certificado por
el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las
pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo
legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y
con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario
por el Gobierno.»

El anterior p recepto no deja duda de que la aplicación d el índice de
precios al consumidor allí prevista se encuentra dirigida al reajuste
de pensiones y asignaciones de retiro y no a los incrementos
salariales anuales que para la Fuerza Pública, se f ijan por el
Gobierno Nacional, por mandato del artículo 13 de la Ley 4 de 1992,
por lo que el reajuste de los salarios del personal activo de la
Fuerza Pública correspondiente a los años 1997 a 2004 se
estableció mediante los Decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de
1999, 2724 de 2000. 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y
4158 de 2004.

Teniendo en cuenta que para esos periodos el señor Eduardo
González Guerrero era miembro activo del Ejército Nacional, ya que
el reconocimiento y pago de la asignación de retiro ocurrió a partir
www.consejodeestado.gov.co 14
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

del 29 de abril de 2016 –Resolución 2469 de 8 de abril de 2016 —,
el incremento de su sueldo básico mensual debía atender a las
citadas disposicion es gubernamentales y no podía efectuarse con
fundamento en una norma dirigida al personal retirado de la Fuerza
Pública. En ese sentido, el desacuerdo con los salarios fijados
debió discutirse a partir del contenido de los mencionados decretos,
pues fue en aquellos en donde se plasmó la voluntad de la
administración sobre el particular.

Por consiguiente, la pretensión relacionada con el reajuste salarial
por los periodos 1997 a 2004 no tiene vocación de prosperidad, en
tanto las normas en que se fundamenta tal solicitud se refiere al
incremento de pensiones y asignaciones de retiro y no al
incremento anual de los salarios, es decir que lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993 no es aplicable para efectos de
ajustar los sueldos del perso nal de las Fuerzas Milit ares y de
Policía.

Por otro lado, debido a que la pretensión de reliquidación de la
asignación de retiro depende, necesariamente, de que prosperara
la pretensión del reajuste salarial, pue s sería el aumento del sueldo
lo que desemb ocaría en un aumento de la asignación de retiro, no
hay lugar a conceder dicha súplica ni a que se ordene un aumento
de la pensión con base en el IPC, pues el régimen especial de la
Fuerza Pública ordena la aplicación del principio de oscilación.

5. Conclusión

Conforme con lo explicado, se confirmará la sentencia de primera
instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en
sentencia del 13 de mayo de 2021 , a través de la cual se negaron
las pretensiones , por las razones indicadas en la par te
considerativa de esta sentencia.

www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

6. Condena en costas

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros
como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctic a
de la prueba pericial, los honorario s de auxiliares de la justicia
como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superio r
en caso de apelación.

Atendiendo esa orientación y de conformidad con lo previsto en los
numerales 1, 2 y 8 del artícul o 365 del Código General del Proceso,
en el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas de
segunda instancia, pues a pesar de que el recurso de apelación que
interpuso el demandante fue resuelto desfavorablemente, la
contraparte no intervino en esta instancia procesal.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 13 de mayo de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por EDUARDO GONZÁLEZ GUERRERO contra
la NACIÓN, MINI STERIO DE DEF ENSA NACIONAL, EJÉRCITO
NACIONAL, CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MI LITARES –
CREMIL–, de conformidad con las consideraciones expuestas en la
presente sentencia.

www.consejodeestado.gov.co 16
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2019 00056 01 (4417-2021)
Demandante: Eduardo González Guerrero

SEGUNDO. Sin co ndena en costas.

TERCERO: Ejecut oriada esta provide ncia devolver e l expediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI» .

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

www.consejodeestado.gov.co 17
Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. - Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.