Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2019-00256-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2019-00256-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 73001-23-33-000-2019-00256-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
1 de diciembre de 2025
Radicado: 73001-23-33-000-2019-00256-01 (69380)
Demandante: Charry Trading SAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Medio de control: Reparación directa
Radicación: 73001233300020190025601 (69380)
Demandante: Charry Trading SAS
Demandados: La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y
Fiscalía General de la Nación
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Tolima mediante la cual se negaron las pretensiones.
La Sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un
recurso de apelación interpuesto contra una sentencia dictada por un tribunal
administrativo. El Tribunal Administrativo del Tolima conoció el proceso en
primera instancia en razón de la cuantía estimada en la demanda1.
SINTESIS2
Una sociedad que comercializaba cueros dio a conocer a la Fiscalía General
de la Nación sobre la intención que tenían ex empleados de hurtar las pieles
que se encontraban almacenadas en su bodega. Pese al conocimiento previo
del ilícito que se pretendía cometer, las autoridades demandadas permitieron
la consumación del delito. Se confirma la decisión de primera instancia que
negó las pretensiones porque los demandantes incumplieron el deber de
cuidado de sus bienes.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1. El 15 de marzo de 2018, la sociedad Charry Trading SAS presentó demanda
de reparación directa en contra de la Nación — Ministerio de Defensa — Policía
1 Según el numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, en adelante, “CPACA”, los Tribunales Administrativos conocen en
primera instancia las demandas de reparación directa cuya cuantía exceda los 500 SMLMV. En este caso,
la cuantía de la demanda se estimó en dos mil millones de pesos ($2.000.000.000).
2 Tema: omisión de protección – concurrencia de causas.
2
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00256-01 (69.380)
Demandante: Charry Trading SAS
Nacional y la Nación — Rama Judicial — Fiscalía General de la Nación con las
siguientes pretensiones:
1.1. Se DECLARE que LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICÍA NACIONAL- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
incurrieron en causas, hechos y omisiones originarias de perjuicios:
1.1.1. Por las fallas en que incurrieron como quiera que teniendo
conocimiento del hecho delictual que se realizaría entre el 30 y
31 de enero de 2016, no adoptaron las medidas para impedir su
ocurrencia o las adoptadas fueron deficientes.
1.1.2. Por las fallas en que incurrieron durante el operativo
adelantado para investigar, prevenir y capturar a quienes
perpetraron los hechos ocurridos entre el 30 y 31 de enero de
2016, lo cual permitió el hurto de 1200 a 1500 pieles
almacenadas en la bodega de CHARRY TRADING SAS.
1.1.3. Por las fallas y omisiones en que incurrieron con ocasión
del retardo, irregularidad, ineficiencia, o por ausencia en el
desarrollo de sus funciones que permitieron el robo de las pieles
de las bodegas de la sociedad CHARRY TRADING SAS.
1.1.4. Por los daños antijurídicos causados a la sociedad
CHARRY TRADING SAS como quiera que no logró frustrarse el
hurto que se realizaría en las bodegas de la sociedad y que fue
puesto en conocimiento por sus representante (sic) legales
antes del hecho.
1.2. Que se CONDENE a las demandadas al pago de los perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente como
a continuación se expone:
1.2.1. Por concepto del valor de las pieles hurtadas la suma
equivalente a DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000)
MONEDA CORRIENTE.
1.2.2. Por la afectación al good will por la imposibilidad de cumplir
con la entrega de las pieles como con ocasión del hurto de estas la
suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($350.000.000).
1.3. Que se CONDENE a las demandadas al pago de los perjuicios
morales en suma de cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes
para el pago de los perjuicios morales a favor de la sociedad
demandada.
1.4. Que se condene en costas y agencias en derecho a las
demandadas en los términos del CPACA y CGP (…)” (mayúsculas
sostenidas y negrillas del original)3.
2. Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
2.1. La sociedad Charry Trading SAS tiene por objeto la “compra – venta de
pieles y cueros para curtiembres, importación y exportación de productos
3 Folios 23 y 24, cuaderno 1.
3
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Demandante: Charry Trading SAS
relacionados con pieles”4; y su bodega se encuentra ubicada en el sector de
Buenos Aires de Ibagué (Tolima).
2.2. En la primera semana de enero de 2016, los representantes legales de la
sociedad demandante fueron advertidos por un informante de un posible hurto
de la bodega que realizarían unos trabajadores y exempleados, entre el 30 y
31 de enero de 2016, razón por la cual, se puso en conocimiento esa situación
a la Fiscalía General de la Nación.
2.3. El 30 de enero de 2016, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
(CTI) inició un operativo en la bodega de la demandante con el fin de frustrar el
presunto hurto; sin embargo, a las 3:45 a.m. del 31 de enero de 2016, los
agentes del CTI se retiraron del lugar, y posteriormente, los delincuentes
realizaron el hurto de las pieles.
2.4. A la fecha de presentación de la demanda, la demandante no había
recuperado las pieles que fueron hurtadas, y tampoco se tiene conocimiento
del resultado de las investigaciones.
3. La parte actora pidió la indemnización por la falla en el servicio en que
incurrieron las autoridades demandadas, pues, tenían conocimiento que en los
días 30 y 31 de enero de 2016 los delincuentes llevarían a cabo el hurto y no
brindaron protección alguna a la sociedad, lo cual generó que el delito se
consolidara y se perdieran “mil doscientas (1.200) pieles”5 que estaban
almacenadas en la bodega de la sociedad demandante.
B.- Posición de la demandada
4. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las súplicas de la demanda
porque no se demostró omisión alguna de la entidad; además, manifestó que
las investigaciones que se hicieron como consecuencia de la denuncia
promovida por la parte demandante revelaron que la bodega hurtada no tenía
vigilancia y había una puerta peatonal que permanecía abierta toda la noche,
lo que exponía la mercancía al riesgo constante de hurto. Propuso los
siguientes medios de excepción: (i) “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, porque el daño no lo causó la Fiscalía y (ii) “hecho de un tercero”, en
cuanto “las circunstancias en que sucedieron los hechos son totalmente ajenas
a mi representada y corresponden a hechos de terceros”6.
5. La Policía Nacional presentó contestación de la demanda y se opuso a las
pretensiones por tres motivos: (i) el daño no le es atribuible porque no existe
prueba alguna que acredite la conducta omisiva de la Policía Nacional, pues,
desconocía cuándo y a qué hora iba a ocurrir; (ii) se configuró la culpa exclusiva
de la víctima como eximente de responsabilidad, en tanto, no presentó una
4 Folio 24, cuaderno 1.
5 Folio 1, cuaderno principal.
6 Folio 65, cuaderno 1.
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Demandante: Charry Trading SAS
denuncia formal ante la Policía Nacional, y no tomó las medidas de seguridad
necesarias para aminorar la posibilidades de un hurto; y (iii) la demandante
incumplió con sus obligaciones de comerciantes, porque no tenían un sistema
de seguridad, no verificaron antecedentes penales de sus empleados y
tampoco habían asegurado, con una póliza, la mercancía frente a ese tipo de
delitos.
C.- Sentencia recurrida
6. En la sentencia del 22 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del
Tolima negó las pretensiones, por las siguientes razones:
6.1. Se configuró el eximente de responsabilidad del hecho exclusivo de la
víctima. De acuerdo con el artículo 2347 del Código Civil7, los demandantes
debían resguardar los bienes que están bajo su custodia y, también, tenían el
deber de acatar las recomendaciones de seguridad que el CTI les había hecho
antes del robo: esta entidad recomendó implementar un sistema de seguridad
más adecuado ya que “la puerta de acceso peatonal permanecía abierta
durante toda la noche, por lo que cualquier persona podía ingresar, tampoco
contaba con servicio de vigilancia ni circuito cerrado de televisión que brindaran
algún tipo de seguridad a la Bodega”8. A pesar de lo anterior, la parte actora
indicó que no era necesario porque “los materiales que almacenaban allí no
revestían riesgo de hurto, ya que su comercialización solo se realizaba por
grandes cantidades y que la puerta permanecía abierta, dado que en la parte
de atrás de la bodega vivía una familia, que ingresaba y salía por ahí”.
6.2. El daño no es imputable a la Fiscalía General de la Nación ni a la Policía
Nacional: por una parte, el equipo del CTI efectuó las verificaciones pertinentes
en el lugar de los hechos y actualmente se encuentra desarrollando una
investigación penal por el delito de hurto: por la otra, no hay prueba que los
propietarios de la bodega le hubiesen solicitado previamente a la Policía
Nacional implementar medidas de seguridad, a pesar de considerar la
existencia de un riesgo latente.
D.- Recurso de apelación
7.Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación que fue admitido mediante auto del 28 de febrero de 20239, y en el
cual presentaron los siguientes argumentos:
7.1. La Fiscalía General de la Nación incumplió con los deberes previstos en el
artículo 2° de la Constitución, que establece la obligación de las autoridades de
7 Articulo 2347. Responsabilidad por el hecho propio y de las personas a cargo. Toda persona es
responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de
aquellos que estuvieren a su cuidado.
8 Folio 30 cuaderno principal.
9 Folios 765 a 769, cuaderno principal.
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Demandante: Charry Trading SAS
proteger los derechos y bienes de las personas en Colombia, y en el artículo
14A del Decreto 016 de 2014, que dispone que el CTI debe coordinar el
intercambio de información entre organismos de investigación y seguridad; lo
anterior, toda vez que, la Fiscalía debió prevenir el hurto ya que contaba con la
información anticipada sobre la actividad criminal y no compartió esta
información con la Policía Nacional para efectos de frustrar el hurto de las
pieles, el 31 de enero de 2016.
7.2.El tribunal debió evaluar la previsibilidad del hecho dañoso, pues las
autoridades demandadas conocían de la amenaza al bien jurídico, tanto es así
que se demostró que el hurto se concretó en la fecha que había sido informada
a la Fiscalía General de la Nación. Así, el hecho de un tercero o el propio no
exoneran a las demandadas de la responsabilidad patrimonial, pues, el daño
supera lo abstracto e imprevisible.
7.3. Tampoco se configura un hecho exclusivo de la víctima por la no
implementación de medidas de seguridad especiales por parte de los
demandantes, porque, tras informar al CTI, confiaron en que se tomarían las
acciones necesarias para prevenir el delito el 31 de enero de 2016 y, además,
de haberse implementado un sistema de seguridad, ello no hubiese minimizado
el riesgo de hurto.
7.4. Se solicita que se revoque la condena en costas, porque no está probada
su causación.
E. Actuación surtida en segunda instancia
8. El 28 de febrero de 2023, se admitió el recurso de apelación, y el 28 de marzo
de 2023 el expediente ingresó al despacho para dictar sentencia según lo
dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021. En la oportunidad prevista en esta norma, las partes
y el Ministerio Público guardaron silencio.
9. Mediante auto del 21 de noviembre de 202410 se tomó nota de la medida
cautelar de embargo que el Juzgado 45 de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple de Bogotá decretó sobre los derechos litigiosos de la sociedad
demandante11.
II. CONSIDERACIONES
F.- Asuntos procesales
10. La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada dentro
del término de dos años contados desde la ocurrencia del hecho dañoso, de
10 Folio 779 cuaderno principal.
11 En esa misma providencia se advirtió que el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá ya había
ordenado el embargo de los derechos litigiosos de la sociedad demandante.
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conformidad con lo previsto en la letra i) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA. En efecto: (i) las pieles fueron hurtadas el 31 de enero de 2016; (ii) la
demandante presentó la solicitud de conciliación extrajudicial el 19 de diciembre
de 2017; (iii) los términos se suspendieron hasta el 14 de febrero de 2018,
cuando la audiencia de conciliación se declaró fallida; y (iv) la demanda fue
presentada oportunamente 15 de marzo de 2018, cuando restaban trece (13)
días para que operara la caducidad.
11. La Sala valorará los medios de prueba trasladados del proceso penal con
radicación no. 7300016000450201600405 adelantado por la la Fiscalía Tercera
(3) Seccional de Ibagué, porque fueron solicitados tanto por la demandante
como por las entidades demandadas y, fue una prueba que el tribunal decretó
en la audiencia del 10 de octubre de 2019.
G. Sentido de la decisión
12. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones porque se configuró el hecho exclusivo de la víctima, debido a que
omitió ejercer el deber de cuidado de sus bienes, al no implementar las medidas
adecuadas de seguridad.
13. No se discute que, de conformidad con el certificado de existencia y
representación, la sociedad Charry Trading SAS tiene por objeto la “compra y
venta de cueros y pieles para curtiembres, importación y exportación de
productos relacionados”12 y, que con las piezas procesales aportadas del
expediente penal con radicación 73001-60-0450-2016-0040513, se acreditó que
el 31 de enero de 2016, después de las 3:45 am ocurrió un hurto en la bodega
de propiedad de la demandante, en la que, los delincuentes se llevaron
ochocientas setenta y siete (877) cueros, según el informe de investigación del
21 de octubre de 2016, elaborado por la investigadora de campo del CTI,
Martha Isabel Vásquez Baracaldo14.
14. Ahora bien, respecto a la responsabilidad de las autoridades demandadas,
la Sala considera que estas deben proteger la vida, honra y bienes de los
residentes; sin embargo, para que exista responsabilidad patrimonial del
Estado por omisión en la protección de los bienes de particulares por daños
causados por terceros, se debe demostrar las siguientes situaciones: (i) que las
víctimas, de manera previa a la ocurrencia del hecho dañoso, hayan solicitado
la adopción de medidas de protección concretas para efectos de prevenirlo o
porque las circunstancias de vulnerabilidad eran ampliamente conocidas por
las instituciones de seguridad; y (ii) que las autoridades estaban en capacidad
de adoptar tales medidas
12 Folio 4, cuaderno 1.
13 Folios 3 a 532, tomo I y II.
14 Folio 431 a 433, tomo II.
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14.1. En relación con el primer requisito, consistente en la solicitud previa de
medidas de protección concretas, la jurisprudencia ha indicado lo siguiente:
(…) En consonancia con lo expuesto, es palmaria la importancia que reviste
el análisis de la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la capacidad de respuesta
del Estado en cada caso concreto, lo que en el asunto bajo estudio se traduce
en la imposibilidad justificada de acción concreta frente la expectativa de
protección que aquí deprecan las demandantes, habida cuenta de que en un
caso como el presente, esto es, de violación al mandato de protección de los
bienes semovientes de las demandantes, a juicio de esta sala sí requería,
particularmente, una solicitud específica de protección, toda vez que aun si
se partiera de la acreditación en el proceso del conocimiento general que
había en toda la región de la práctica del hurto de reses perpetrado contra
todos los ganaderos de la zona, ello per se, pondría en evidencia la
imposibilidad de los organismos de seguridad de proveer eficazmente
protección a todos los ganaderos de la zona en sus bienes semovientes,
máxime si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el número denunciado en
la demanda, se trata de semovientes que pastan en grandes extensiones de
tierra, lo que imposibilitaría una guardia útil respecto de las propiedades cuya
protección se pretende, contexto que se agrava si se parte de la base del
peligro o situación de riesgo general en que se indicó, se encontraban todos
los ganaderos en sus bienes (tierra y ganado ) en el lugar (…)
Por lo expuesto, considera la Sala que en el caso que aquí se examina,
relativo al hurto de semovientes, no es posible establecer el incumplimiento
obligacional, de acuerdo con la cláusula general de responsabilidad, bajo el
único presupuesto fáctico del conocimiento general de una situación de
inseguridad, por cuanto, como se ha expuesto, también la Carta Política
impone responsabilidades y cargas que le corresponde asumir a los
coasociados a fin de que de consuno -administrados y gobernantes-,
alcancen los cometidos nacionales acordados por todos los habitantes como
presupuestos fundantes de la convivencia y el orden.
Desde esta perspectiva y partiendo de la necesidad de colaboración al Estado
para el cumplimiento de sus funciones, en un caso como el presente resulta
imprescindible, a efectos de poder imputar la desidia o abandono al mismo,
que se haya dado aviso previo a la autoridad o se haya elevado la petición de
protección.
Lo anterior con el propósito de poder desvirtuar o desdibujar, ante el órgano
judicial, un aparente o teórico cumplimiento de la función de protección del
ente estatal al ponerlo en evidencia, de forma puntual y concreta, en su
desidia y en el abandono reprochable de sus fines, por cuanto se hizo posible
enjuiciarlo frente a la previsibilidad del perjuicio y la resistividad operativa del
mismo (…)15.
14.2. Respecto al segundo requisito, atinente a la capacidad de las autoridades
de adoptar medidas de protección concretas, la Sección Tercera del Consejo
de Estado ha dicho:
No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que es
deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el
país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las
personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son
relativas, en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto
se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”. Aunque, se
destaca que esta misma Corporación en providencias posteriores ha aclarado
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de diciembre de 2015, Radicación:
44001233100020040054001 (34995), CP. Marta Nubia Velásquez Rico.
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que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento,
sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir
aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían16.
15. En este contexto, la Sala determina que la responsabilidad del Estado se
configura por el incumplimiento del deber constitucional de proteger la vida, los
bienes y la seguridad de la víctima; sin embargo, dado que la Policía Nacional
no contaba con información previa sobre la intención de sustraer las pieles de
ganado almacenadas en la bodega de la sociedad demandante, ni tenía
conocimiento acerca del lugar o fecha en que se cometería el ilícito, no resulta
procedente exigirle un deber de custodia en ausencia de una solicitud de
protección por parte de la víctima, pues, lo contrario implicaría atribuir al Estado
facultades de omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia.
16. En efecto, los siguientes medios probatorios acreditan que la Policía
Nacional no recibió denuncia ni comunicación alguna relacionada con el hurto
de las pieles pertenecientes a la sociedad demandante, así:
16.1. Con el oficio S-2019-084928 COMAN – ASJUR-1.10 del 12 de noviembre
de 2019, expedido por la Policía Nacional, se acreditó lo siguiente:
(…) no encontró ningún antecedente que la Policía Metropolitana de Ibagué
tenía conocimiento con anterioridad a la presentación del hurto denunciado a
través de la investigación penal bajo radicación NUNC
730016000450201600405, solamente se encontró una anotación en el libro
de población de la Estación de Policía de Buenos Aires, a través de la cual la
señora Galdys Parra de Charry, víctima del hurto, se acerca a poner en
conocimiento de los funcionarios de la estación, los hechos presentados el
día 31 de enero de 2016, agregando que el CTI de la Fiscalía llevaba el
caso17.
16.2. La denuncia que presentó la señora Gladys Parra de Charry, el 2 de febrero
de 2016, ante la Policía Nacional, en la que establece que acudió ante el CTI
para evitar la ocurrencia del hurto de las pieles, así:
(…) Este informante me había empezado a transmitir la información desde la
primera semana de enero de este año, de los posibles hechos que cometerían
los supuestos sujetos en mi establecimiento y que tratarían de hurtar una
cantidad indeterminada de pieles de ganado de nuestro depósito en el
Corregimiento de Buenos Aires- Tolima. De inmediato me comuniqué
telefónicamente con el señor JORGE ARCINEGAS investigador del C.T.I
quien se encuentra en el Municipio del Espinal, Tolima, a quien conozco
desde hace varios días, para preguntarle que si me podía orientar sobre esta
situación y para instaurar una denuncia del hurto que se estaba planeando
contra nuestro patrimonio y el señor Arciniegas formalmente se comunicó con
unos funcionarios del C.T.I de Ibagué, para que atendieran mi solicitud.
Entonces delegaron inicialmente al señor EFRAIN GIRON, quien procedió a
recepcionar mi declaración y la del informante quien solicitó reservar su
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, CP Ruth Stella Correa Palacio,
Radicación. 05001-23-31-000-2007-03177-01 (20368).
17 Folio 681, cuaderno 4.
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identidad para evitar represalias en su contra por parte de estos sujetos, ya
que estos son peligrosos.
Además, estuvimos durante las tres semanas de enero del presente año en
contacto permanente con los funcionarios del grupo investigativo del C.T.I, al
que pertenece EFRAIN GIRÓN y fuimos hasta la bodega de Buenos Aires,
donde supuestamente ocurriría el hurto, para que inspeccionaran el área y
posibles vías de acceso que usaran estos sujetos y detallar dónde se
encontraban las pieles de ganado almacenadas en la bodega que
posiblemente iban a hurtar18. (mayúscula fija del texto y negrilla de la Sala).
16.3. En el informe ejecutivo del 1 de febrero de 2016, la Fiscalía General de la
Nación consignó lo siguiente:
Teniendo en cuenta la existencia de un Centro de Atención Inmediata CAl de
la Policía Nacional de Ibagué ubicado en el sector, se le informó el día 17 de
enero de 2016 siendo las 22:15 horas, al Comandante de dicha unidad
Policial, quedando como evidencia de lo anterior una Anotación registrada al
Folio 50 del Libro de Población, donde se consignó la información sobre la
probabilidad de la ocurrencia del suceso en el cual podrían sustraer varias
pieles de ganado vacuno de una bodega ubicada en este19.
16.4. Aunque la Fiscalía informó al Comandante del CAI de la Policía Nacional
de Ibagué sobre un posible hurto en la bodega de la sociedad demandante,
dicha comunicación se realizó el 17 de enero de 2016, antes de conocerse la
fecha específica del robo ocurrido el 31 de enero de 2016. Por esta razón, la
Policía no pudo tomar medidas para evitar el hurto de las pieles, ya que
desconocía los detalles concretos de tiempo y lugar, pues en esa oportunidad
la Fiscalía no advirtió sobre la amenaza existente entre el 30 y el 31 de enero.
17. A diferencia de lo anterior, el Cuerpo Técnico de Inteligencia adscrito a la
Fiscalía sí tenía conocimiento del hecho delictivo, tan es así que esa entidad,
adelantó un operativo para investigar el delito que se había advertido. Respecto
a lo anterior, se tienen particularmente los siguientes medios de prueba:
17.1. En el informe ejecutivo del 1º de febrero de 2016, la Fiscalía General de la
Nación consignó como antecedentes del hurto lo siguiente:
(…) para el día 13-01-2016, se diligenció el formato de fuente no formal con
radicado N° 73DC8366 del SISAC, en la cual se codificó como fuente de
información a una persona bajo el código EGIPTO108, esta persona indicó,
inicialmente, que un grupo delincuencial pretendía realizar un hurto en una
bodega ubicada en el sector de Buenos Aires, cerca al peaje de Gualanday.
Con esta información se realizaron labores de verificación el día 16 de enero
de 2016 desde las 19:00 horas hasta las 03:00 horas del día 17 de enero de
2016 en al sector de Buenos Aires, sobre los kilómetros 20 a 26 de la vía que
conduce de Ibagué al municipio del Espinal, lo anterior con el fin de confirmar
la ubicación del inmueble que podría ser objeto del hurto que mencionó la
fuente. Teniendo en cuenta la existencia de un Centro de Atención Inmediata
CAl de la Policía Nacional de Ibagué ubicado en el sector, se le informó el día
17 de enero de 2016 siendo las 22:15 horas, al Comandante de dicha unidad
18 Folio 78 tomo I.
19 Folio 5, tomo I.
10
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Policial, quedando como evidencia de lo anterior una Anotación registrada al
Folio 50 del Libro de Población, donde se consignó la información sobre la
probabilidad de la ocurrencia del suceso en el cual podrían sustraer varias
pieles de ganado vacuno de una bodega ubicada en este.
Para el día 30 de enero de 2016, se recepcionó entrevista a la fuente
EGIPTO108, quien indicó que en horas de la noche se efectuaría el hurto
en la bodega de cueros que se ubica en el sector de Buenos Aires vía
Ibagué - Espinal. De acuerdo a esta información se realizaron las labores de
verificación con el fin de confirmar o desvirtuar la información entregada por
la fuente, estas labores generaron la ubicación del lugar donde se pretendía
realizar el hurto, así como la ubicación de las posibles víctimas, para esto
último se realizó entrevista a la señora GLADYS PARRA DE CHARRY
identificada con cedula de ciudadanía N° 28.954.009 de Santa Isabel - Tolima,
quien figura como Administradora Comercial de la Empresa Charry Trading,
dedicada a la comercialización de pieles de ganado vacuno, la diligencia tuvo
lugar el día 30 de enero de 2016 a las 16: 30 horas, en ella esta persona indicó
de forma pormenorizada como es el funcionamiento de la bodega, de igual
manera afirmó que dichas instalaciones carecen de un sistema de seguridad
óptimo y que no existe ningún tipo de control ni humano, ni electrónico que
permita una reacción efectiva por parte de las autoridades o que permita por
lo menos tener un control de ingreso y salida de personas y elementos desde
y hacia esa bodega.
En vista de que la información aportada por la fuente coincidía con la
información recolectada en las labores de verificación, se procedió a coordinar
con el personal disponible de la Subdirección Seccional de Policía Judicial
C.T.I. a fin actuar en caso de una posible flagrancia bajo la orden de trabajo
No.11004 de fecha 30 de enero de 2016, lo anterior con el fin de verificar la
comisión del ilícito; a pesar de lo anterior, y aunque se realizó la verificación
sobre el sector de Buenos Aires, más exactamente la vía que conduce de
Ibagué a Espinal sobre el kilómetro 20 a 26 desde las 18:00 horas del día 30
de enero de 2016 hasta las 03:30 horas del día 31 de enero de 2016, los
hechos no ocurrieron durante la noche, ni en la madrugada de los días en
comento; no se notó ningún suceso fuera de contexto o que permitiera inferir
que se estaba cometiendo un ilícito en el sector o en las instalaciones donde
se almacenan las pieles, por tal razón se desactivó el alistamiento del
personal con el cual se había coordinado dicha situación, lo anterior teniendo
en cuenta que no se podía realizar vigilancia del inmueble debido a que no se
contaba con orden a policía judicial para ello, orden que debe ser sujeta a
control de garantías por un juez de la república20 (mayúscula sostenida del
texto original y destaca la Sala).
17.2. En la denuncia que presentó la señora Gladys Parra de Charry, el 2 de
febrero de 2016, ante la Policía Nacional, en la que relató la ocurrencia del hurto
de mil doscientas (1200) pieles el 31 de enero de 2016, en la bodega que queda
en Buenos Aires, Ibagué (Tolima):
También recepcionaron entrevistas al informante y le suministraron un código
anónimo, para que continuara aportando información para la investigación.
Entre el miércoles 27 y jueves 28 de enero de 2016, el informante me
comunicó por vía celular que el hurto definitivamente se haría el fin de
semana 30 o 31 de enero 2016, porque el fin de semana anterior fue
abortado el plan. Yo le sugerí que inmediatamente le informara al C.T.l. sobre
las pretensiones de los delincuentes. El sábado 30 de enero 2016, Efraín
20 Folio 5, tomo I.
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Girón me citó en la Fiscalía a las 10:00 de la mañana, para que formalizara
una entrevista de la actividad comercial que desarrollamos en la bodega de
Buenos Aires, como es el almacenamiento de pieles de ganado de diferentes
orígenes (…) los funcionarios de CTI, que tenían la información sobre el
posible hurto, se comprometieron conmigo a capturar en flagrancia a los
supuestos responsables, ya que yo les facilité información a través del
informante que no doy su nombre pero que ellos lo entrevistaron, facilité
instalaciones, pero con la condición de no decomisar las pieles de ganado
para cumplir con el compromiso oportunamente que ya manifesté
anteriormente. Otra información muy relevante según el informante, era
que los conductores de unos vehículos que venían a hacer el hurto,
estaban armados, para lo cual le comenté al jefe del grupo del C.T.I, que
si era necesario informarle al puesto de policía de Buenos Aires en caso
de un intercambio de disparos, para que no hubiera enfrentamiento entre
el C.T.l y la policía, pero el jefe del grupo quien fue el que me tomó la
entrevista, me manifestó que no había ningún problema, que él se
encargaba de coordinar esa situación. También me manifestaron que
estuviera disponible o pendiente al teléfono, para cualquier llamado sobre el
operativo21 (mayúscula fija del texto y negrilla de la Sala).
17.3. El oficio del 3 de agosto de 2018, en el cual el investigador técnico del CTI,
Efraín Girón Martínez, le manifestó a la Fiscalía General de la Nación que el 12
de enero de 2016 la señora Gladys Parra de Charry se acercó a las
instalaciones de la Sección de Análisis Criminal del CTI de Ibagué,
identificándose como la propietaria de la empresa Charry Trading SAS, e indicó
que un antiguo empleado de la empresa le comunicó que varios trabajadores y
exempleados planeaban realizar un hurto a su bodega en Buenos Aires,
Ibagué; razón por la cual el CTI desplegó las siguientes actuaciones:
Teniendo en cuenta la información obtenida, se organizó por parte del Jefe de
la Sección de Análisis Criminal un grupo de verificación, el cual desplegó
labores de verificación y vecindario en el sector de la bodega, desde las 17:30
horas del sábado 30 de enero, hasta las 03:45 horas del domingo 31 de enero,
sin que se presentara novedad alguna en la referida bodega y ya la presencia
del personal del CTI se ponía en evidencia: razón por la cual y teniendo en
cuenta que ya comenzaba a amanecer, se optó por levantar las labores de
verificación en el lugar.
Es pertinente agregar que otra de las razones por la cual se levantó la labor
de verificación, es porque según lo indicado de manera informal por la
fuente de la señora Gladys y por ella misma, el hurto se realizaría entre
las 22:00 y 24:00 horas, dado que los camiones donde transportarían los
cueros hurtados deberían desplazarse por carretera de noche, para evitar
los retenes de la policía, debido a que no llevaban la documentación legal de
la carga y que su destino era la ciudad de Manizales22 (subrayado de la Sala).
18. Ahora, en relación con la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación,
la Sala señala que, aunque dicha autoridad estaba al tanto del riesgo al bien
jurídico, en realidad solo tenía la facultad de investigar y avisar a la Policía
Nacional sobre el hurto que iba a ocurrir en la bodega de la parte demandante,
en cumplimiento del principio de colaboración previsto en el artículo 113 de la
21 Folio 51, tomo I.
22 Folios 69 y 70, cuaderno 3.
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Constitución Política23. Esto se debe a que, según el artículo 218 de la
Constitución24, es la Policía la encargada de prevenir los delitos.
19. Aunque es de suma importancia el principio de colaboración entre
autoridades tan es así, que el legislador encontró necesario realizar un
desarrollo legal a esta relación mediante el artículo 14A del Decreto Ley 016 de
201425, adicionado por el artículo 34 del Decreto 898 de 2017. En
consecuencia, se incorporó entre las funciones del CTI la facultad de “dirigir y
coordinar dentro del ámbito de su competencia, el intercambio de información
entre los distintos órganos de investigación, de seguridad e inteligencia”. Lo
cierto es que esa disposición no es aplicable al caso ya que es posterior al hurto
del 31 de enero de 2016.
20. Además, para la Sala es claro que el daño no se causó por una conducta
omisiva por parte de las autoridades demandadas, sino que, la causa adecuada
de la ocurrencia del delito y la pérdida de las pieles fue realmente la conducta
imprudente desplegada por los representantes legales de la sociedad Charry
Trading SAS, en tanto que no contaban con medidas de seguridad dentro de la
bodega, a pesar de que ya les había ocurrido otros hurtos de pieles y que los
mismos agentes del CTI les sugirieron reforzar la seguridad para evitar posibles
hurtos.
21. Respecto a lo anterior, se tienen los siguientes medios de prueba:
21.1. En la entrevista -FPJ 14- del 30 de enero de 2016 a la señora Gladys Parra
de Charry, quedó consignado ante la Fiscalía General de la Nación que no
contaban con un sistema de vigilancia o celaduría porque “las pieles por unidad
relativamente no poseen un valor considerable y sumado a ellos somos los
únicos exportadores (…) no contamos con vigilancia privada, la seguridad nos
la proporciona un portón que permanece en las noches cerrado con dos
candados internos”26.
21.2. Asimismo, la señora Parra de Charry manifestó que existía una casa en la
parte de atrás de la bodega, y relató que la empresa Charry Trading SAS ya
había sido víctima de hurto en otras ocasiones:
23 “Artículo 113. (…) Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran
armónicamente para la realización de sus fines”.
24 “Artículo 218. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la
Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Al
respecto la sentencia: Corte Constitucional, C. 482 del 26 de junio de 2002. M.P. Jaime Córdova Triviño.
25 Artículo 14A. adicionado por el artículo 34 del Decreto 898 de 2017. Dirección de Control Disciplinario.
La Dirección de Control Disciplinario cumplirá las siguientes funciones: (…) 8. Dirigir y coordinar, dentro
del ámbito de su competencia, el intercambio de información entre los distintos organismos de
investigación, de seguridad e inteligencia a nivel nacional e internacional, para la programación y el
desarrollo de operaciones contra la delincuencia, y bajo las directrices del Fiscal General de la Nación.
Cuando se trate de organismos internacionales, el intercambio se realizará en coordinación con la
Dirección de Asuntos Internacionales.
26 Folio 10, tomo I.
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(…) en la parte trasera de la bodega, existe una casa donde siempre ha
habitado una familia que no distingo, quienes para el acceso pasan el centro
de la bodega, pero la salida la realizan por una puerta peatonal ubicada al
costado izquierdo del portón de acceso a la bodega, según tengo entendido
esta puerta peatonal permanece cerrada diariamente. Referente a pérdida
de pieles, lo cual recuerdo es que el año pasado, en febrero si no estoy
mal, en la bodega que tenemos en el Espinal, siendo administrador
Ferney Urquiza, se nos hurtaron alrededor de ciento cincuenta pieles;
según lo que él nos dijo en su momento, en un descuido había llegado una
camioneta a cargarlas y que la señora de la casa donde pagamos arriendo
las había entregado; también recuerdo que en la bodega Buenos Aires en
el año 2013 nos hurtaron una cantidad considerable de pieles, las cuales
no recuerdo, pero están establecidas en la denuncia que en su momento
mi esposo ADOLFO CHARRY MARTÍNEZ interpuso aquí en la Fiscalía con
número 73001600043220130214427 (mayúscula fija del original y negrilla de
la Sala).
21.3. En el informe denominado investigador de campo del 31 de octubre de
2016 se indicó que de las pruebas recaudadas se encontraba una entrevista a
José Guayara quien fue administrador de la bodega y, quien manifestó que “la
bodega nunca tenía alguna clase de seguridad, pues cualquier persona que
quisiera ingresar, lo hacía, debido a que la puerta de ingreso permanecía sin
seguro y no había persona alguna o vigilante que controlara dicho ingreso”28.
21.4. El oficio del 3 de agosto de 2018, elaborado por el investigador técnico del
CTI, Efraín Girón Martínez, en el que informa que, al levantar la labor de
verificación en el sector, de conformidad con la información que suministró un
anónimo sobre la planeación de un hurto a la bodega de la sociedad
demandante; agentes del CTI acudieron al lugar el 17 de enero de 2016 y de
dicha visita se consignó lo siguiente:
(…) durante las labores de verificación realizadas a la referida bodega, se
pudo establecer que la puerta de acceso peatonal permanecía abierta durante
toda la noche, por lo que cualquier persona podía ingresar, tampoco contaba
con servicio de vigilancia ni circuito cerrado de televisión que brindaran algún
tipo de seguridad a la Bodega; dicha irregularidad de seguridad se puso en
conocimiento de inmediato a la señora GLADYS PARRA DE CHARRY vía
celular, quien manifestó que los materiales que almacenaban allí no revestían
riesgo de hurto, ya que su comercialización solo se realizaba por grandes
cantidades y que la puerta permanecía abierta, dado que en la parte de atrás
de la bodega vivía una familia, que ingresaba y salía por ahí (…)29.
21.5. Mediante oficio nro. 20460-02-03-072 del 6 de abril de 2018, la Fiscalía
General de la Nación le informó a la Unidad de Defensa Judicial DETOL que el
17 de enero de 2016 había realizado labores de verificación en la bodega de la
sociedad demandante y que, ese día, los agentes del CTI se percataron “que
la puerta de acceso peatonal permanecía abierta durante toda la noche, por lo
que cualquier persona podía ingresar; tampoco contaba con servicio de
27 Folio 11, tomo I.
28 Folio 152, cuaderno 1.
29 Folio 69, cuaderno 1.
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vigilancia ni circuito cerrado de televisión que brindara algún tipo de seguridad
a la bodega”30.
21.6. El informe del 27 de mayo de 2016, de la investigadora de campo, Eva
Carmenza Albadan Murillo, en el cual la Policía Judicial manifestó lo siguiente:
(…) el hurto fue perpetrado en la modalidad de llaves maestras, siendo de
esta manera burlados los escasos sistemas de seguridad instalados en el
lugar, dos (2) candados situados en la puerta de acceso vehicular del lugar;
siendo utilizado el montacargas para el cargue de la mercancía, elemento que
fue dejado en otro lugar diferente al acostumbrado y con algunos instrumentos
alterados. Fue aprovechada la facilidad en el ingreso al área, por falta de
seguridad”31.
no fueron tomadas las mínimas medidas de seguridad para mermar el riesgo
de la posible acción de los infractores. Ahora bien, hay que tener en cuenta
que a pesar de no ser el primer hurto acontecido en ese lugar, aunado a no
contar con personal de confianza toda vez que los trabajadores entrevistados
son relativamente nuevos, no existe un sistema de seguridad, máxime si se
tiene en cuenta que la mercancía que allí se almacena es de alto valor. Algo
más que hay que resaltar es que la mayor parte de los empleados de esta
empresa han salido en malos términos, lo que aumenta el riesgo de hurto32.
21.7. El 1o de febrero 2016, la Fiscalía General de la Nación entrevistó al señor
Yeison Alexis Sánchez Rivas, conductor del montacargas de la bodega y, quien
señaló lo siguiente respecto de la seguridad del lugar donde tenían las pieles:
(…) respecto a la seguridad de la bodega, esta no tiene cámaras de
seguridad, no tiene vigilante, no tienen iluminación, la seguridad son los
candados que se colocan en el portón de ingreso que como tres candados,
hay uno que tiene como un protector de color amarillo, las llaves de estos
candados las manejan los jefe de bodega, en este caso DIEGO BENAVIDES,
pero él en ocasiones le dejaba las llaves a JOHN LUNA, este es un muchacho
que trajo a trabajar DIEGO el jefe, él lleva como unos veinte días trabajando
ahí en la empresa, creo que JOHN LUNA también renunció; ahora que me
acuerdo hace como unos dos meses, vi que el suich del montacargas estaba
suelto, esta como si lo hubieran intentado zafar, yo destape, por encima de la
cabrilla una tapa y apreté el suich, de esto le dije a mi jefe DIEGO
BENAVIDES; a esa bodega entra todo el mundo no tiene control de nada,
en ocasiones entran personas que uno tiene que decirles que se salgan
porque son desconocidos33 (mayúsculas sostenidas del original y
destacado de la Sala).
21.8. La entrevista que la Fiscalía General de la Nación realizó dentro de la
investigación penal al señor Misael Eduardo Hernández García, quien vivía en
la vivienda que quedaba al interior de la bodega y quien señaló que “ellos
(propietarios de la bodega) no tienen ningún tipo de seguridad ahí para cuidar
eso (pieles)”34.
30 Folio 574, cuaderno 1.
31 Folio 286, tomo II.
32 Folio 296, tomo II.
33 Folio 33, tomo I.
34 Folio 35, tomo I
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21.9. Las entrevistas del 31 de enero de 2016 y la del 9 de febrero de 2016, en
la cual la Fiscalía General de la Nación escuchó al señor Diego Fabian
Benavides Ríos, administrador de la bodega, quien relató lo siguiente:
Las bodegas no cuentan con cámaras de seguridad, no posee personal de
vigilancia, solo cuenta con los candados del portón de ingreso (…) cuando
recibí el inventario de la bodega no había ninguna seguridad del material por
lo que sugerí que se contratara vigilancia pero solo hasta esta semana fue
suplida esta necesidad ya que antes la seguridad estaba únicamente en dos
candados que se le dejaban puestos al portón de acceso vehicular, ya que la
puerta peatonal se dejaba abierta por el motivo que en la parte de atrás de la
bodega habita una familia; cuando recibí los candados estos ya venían en uso
desde no se hace cuanto, por lo que no puedo precisar que personas tenga
duplicado de las llaves de los mismos. Acá en la bodega me encargo de
solucionar todos los inconvenientes como administrador, ya que los
propietarios muy pocas veces vienen a pasar revista, pues en lo que llevo don
ADOLFO CHARRY ha venido como unas diez veces, doña GLADYS como
dos veces, DIEGO CHARRY como unas siete veces y GUSTAVO CHARRY
como cuatro veces; es decir que ellos muy pocas veces vienen a pasar revista
de lo que se hace en la bodega pues porque tienen otras empresas o
negocios35 (mayúsculas del texto original).
22. De los anteriores medios probatorios se puede colegir que la Fiscalía
General de la Nación advirtió sobre la escasa seguridad que tenía la bodega y,
el riesgo de mantener la puerta de esta abierta. De igual manera, se aprecia
que los propietarios de la sociedad hicieron caso omiso a las advertencias y,
por el contrario, excusaron su conducta omisiva en que no existía un riesgo
porque los productos que se almacenaban no eran objetivo de un hurto.
23. En ese sentido, existieron otros hurtos de pieles antes del ocurrido el 31 de
enero de 2016 y, aun así, los propietarios de la sociedad insistieron en no tener
un sistema de seguridad más apropiado porque para ellos las pieles que se
guardaban en la bodega no eran llamativas para ser extraídas ilegalmente.
24. Así las cosas, es posible establecer que esa actitud pasiva y omisiva facilitó
la comisión del delito; es más, los propietarios de la sociedad desconocieron el
artículo 2347 del Código Civil, pues no mantuvieron la responsabilidad de
resguardar los bienes que estaban bajo su custodia. En consecuencia, las
pruebas aportadas permiten establecer que la conducta de la víctima directa
fue la causa adecuada en la ocurrencia del daño, pues no adoptaron medidas
de seguridad para mitigar el riesgo.
H. Condena en costas
25. La parte demandante solicitó en la apelación que se revoque la condena en
costas que le fue impuesta en primera instancia porque no estaba probada su
causación. Así una vez revisado el expediente se evidencia la acusación, en
especial con los gastos ordinarios del proceso y con la actividad realizada por
35 Folios 13 y 134, tomo II.
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Demandante: Charry Trading SAS
los apoderados judiciales de las autoridades demandadas, pues debieron
contratar los servicios de abogados para contestar la respectiva demanda y
presentar alegatos de conclusión. Por lo tanto, se confirma la condena en
costas y agencias en derecho contra la parte demandante.
26. Por otra parte, en los términos del artículo 188 del CPACA la parte vencida
debe asumir las costas de esta instancia, las cuales serán liquidadas por el
tribunal de primera instancia de manera concentrada, incluidas las agencias en
derecho, según lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del Código General del
Proceso.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2022
por el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: COMUNÍQUESE este proveído al Juzgado 45 de Pequeñas
Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C. y al Juzgado Noveno Civil del
Circuito de Bogotá para lo que corresponda respecto al embargo de los
derechos litigiosos de la sociedad Charry Trading S.A.S.
TERCERO: CONDÉNASE en costas y agencias en derecho de ambas
instancias a la sociedad Charry Trading SAS, las cuales se fijarán y liquidarán
en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al
tribunal de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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