Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2019-00316-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2019-00316-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2019-00316-02
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
5 de mayo de 2022
Demandante: Luz Emma Torres de Pimiento
Demandados: Ministerio del Interior y otros
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00316-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00316-02
Demandante: LUZ EMMA TORRES DE PIMIENTO
Demandados: MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS
Tema: Acción de cumplimiento – revoca parcialmente la
sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Quinta procede a resolver la impugnación interpuesta por la
accionante contra la sentencia dictada el 18 de noviembre de 2021, por el Tribunal
Administrativo del Tolima que negó las pretensiones de la demanda de
cumplimiento de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
A través de escrito radicado el 22 de julio de 2019, la señora Luz Emma
Torres de Pimiento demandó a los ministerios de Comercio, Industria y
Turismo, Interior y a la Superintendencia de Notariado y Registro , con la
finalidad de obtener el acatamiento de las siguientes normas:
• Artículos 18, 21, 36 [literal b] y 37 de la Ley 1632 de 28 de mayo de 20131.
• Artículos 2.2.6.17.12, 2.2.6.17.3 [parágrafo 2°] y 2.2.6.17.73 del Decreto 1069 de
26 de mayo de 20154, incorporados por el Decreto 2205 de 13 de noviembre de
20155.
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“Por medio de la cual se rinde honores a la desaparecida ciudad de Armero (Tolima), y a sus
víctimas, y se dictan otras disposiciones”.
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Artículo que si bien no precisó en las pretensiones sí lo realizó en el acápite de “NORMAS Y
ACTOS INCUMPLIDOS” de la demanda.
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Ibídem.
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“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.
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“Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con el Registro Único
de los Propietarios Urbanos de la desaparecida ciudad de Armero”.
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Demandante: Luz Emma Torres de Pimiento
Demandados: Ministerio del Interior y otros
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00316-02
• Artículos 4°6 3º, 5º, 6º y 7º [numeral primero] del Decreto 2144 de 23 de
diciembre de 20167.
Lo anterior, con la finalidad de ordenar a las demandadas que: i) publiquen el
RUPU 8, ii) la Comisión Intersectorial para la Construcción del Parque
Nacional Temático Jardín de la Vida realice sus sesiones bimensualmente,
iii) publiquen el decreto que regule la nacionalización de predios urbanos del
desaparecido municipio de Armero y iv) registren el proyecto para la
construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida en Ar mero, en
el banco de programas de inversión nacional ante el Departamento Nacional
de Planeación - DNP.
1.2. Hechos
1.2.1. El 13 de noviembre de 1985 se produjo la erupción del volcán Nevado
de Ruiz que destruyó el casco urbano del municipio de Armero, dejando
cerca de 25.000 muertos y alrededor de 30.000 damnificados, catástrofe que
produjo la pérdida de familiares, muebles y enseres de la accionante.
1.2.2. La demandante explicó que el Congreso de la República expidió la Ley
1632 de 28 de mayo de 2013, con el propósito de rendir honores a la
desaparecida ciudad de Armero y a sus víctimas.
En el Capítulo IV “Restitución Jurídica y Nacionalización de los Terrenos
Urbanos de la Desaparecida Ciudad de Armero”, el legislador autorizó al
Gobierno Nacional, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC
en coordinación con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la
ciudad de Honda (Tolima), a “levantar” el Registro Único de Propietarios
Urbanos (artículo 17) con corte a 13 de noviembre de 1985, y le ordenó
adoptar las medidas para reconocer el derecho a la propiedad de las
víctimas de la catástrofe (artículo 18), con el fin de que el Estado pueda
adquirir administrativamente los terrenos y, en el Capítulo V, dispuso que se
debería construir el “Parque Nacional Temático Jardín de la Vida” (artículo
21).
Igualmente, en el Capítulo XV, se facultó al Gobierno Nacional para que en el
término de seis (6) meses, a partir de la expedición de la ley, se
establecieran los objetivos del plan nacional para la atención a los
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Artículo que si bien no precisó en las pretensiones sí lo realizó en el acápite de “HECHOS” de la
demanda No. 14.
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“Por el cual se crea a Comisión Intersectorial para la Construcción del Parque Nacional Temático
Jardín de la Vida”.
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Registro Único de Propietarios Urbano - RUPU. Corresponde a la base de datos de los folios
de matrícula inmobiliaria creados, existentes o reconstruidos y a la identificación de los bienes
baldíos de la desaparecida ciudad de Armero.
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programas, planes y proyectos ordenados y adoptarlo mediante decreto
reglamentario, para lo cual, debería elaborar un documento CONPES que
tuviera el procedimiento de ejecución de metas, el presupuesto, las medidas
que sirvieran para garantizar el cumplimiento integral y asegurar la
realización, continuidad y mecanismos de transferencia y ejecución de los
recursos que se apropien en cada vigencia fiscal (artículo 36).
1.2.3. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2205 de 2015, mediante el
cual se adicionó el Capítulo XVII “Registro único de los propietarios urbanos
de la desaparecida ciudad de Armero” al Decreto 1069 de 2015, en donde se
determinó que debía constituirse el RUPU dentro de los 18 meses siguientes
a la entrada en vigencia del referido acto administrativo, es decir, antes del
13 de mayo de 2017 y, por ende, publicarse (artículos 2.2.6.17.3 y 2.2.6.17.7).
1.2.4. Por medio del Decreto 2144 de 2016, el Gobierno Nacional creó la
Comisión Intersectorial para la construcción del Parque Nacional Temático
Jardín de la Vida, integrada por el director del DAPR, los ministerios de
Hacienda y Crédito Público, Interior, Comercio, Industria y Turismo, el IGAC,
el superintendente de Notariado y Registro o sus delegados respectivos,
fijándose que correspondía reunirse dicha comisión cada 2 meses.
La accionante aludió que, pese a la expedición del decreto, la comisión no ha
cumplido con la construcción del proyecto del parque temático, no se ha
publicado el RUPU, ni el decreto reglamentario para la nacionalización de
predios, solo se ha llevado a cabo una reunión desde que se creó, cuando
debieron haberse adelantado 14 sesiones.
1.2.5. El 5 de febrero de 2019, el IGAC le informó a la demandante que el
RUPU se encontraba elaborado, pero su publicación se llevaría a cabo una
vez la SNR y el IGAC contaran con el aval de la comisión, condición que
alude la actora no fue estipulada por las normas invocadas.
1.2.6. El 7 de marzo de 2019, la SNR, por medio de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Armero, le explicó que ya se había consolidado el
RUPU, no obstante, la accionante afirmó que no existe registro de su
publicación.
1.2.7. El 8 de marzo de 2019, el DNP le remitió oficio a la señora Torres
Pimiento, en donde le fue comunicado que no existía registro en el Banco de
Proyectos de Inversión Nacional del proyecto Parque Nacional Temático
Jardín de la Vida, por lo que arguyó que es evidente el incumplimiento por
parte de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial a lo ordenado en
el parágrafo del artículo 37 de la Ley 1632 de 2013.
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Relató que, las dilaciones al acatamiento de los artículos 18 y 21 de la Ley
1632 de 2013 por parte de la Comisión Intersectorial han sido reiterativas, y
que en petición radicada vía correo electrónico, el 24 de abril de 2019,
solicitó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que cumpliera con la
programación y convocatoria a las reuniones que deberían efectuarse cada
dos meses e igualmente, dentro de las mismas se aprobara de manera
definitiva el decreto de nacionalización de los predios de Armero proyectado
por parte del Ministerio del Interior y se efectuara su publicación a más tardar
el 30 de mayo de 2019, sin obtener respuesta alguna.
Igualmente, la accionante presentó petición ante las accionadas el 30 de
abril de 2019 en la que solicitó el cumplimiento de las normas invocadas en
la demanda para la publicación del RUPU, tramitar ante el DNP el registro
del proyecto en el banco de programas y proyectos de inversión nacional,
definir las fuentes de financiación para la construcción del parque, la entidad
pública que adquiriría administrativamente los terrenos de Armero y
determinar los sistemas de avalúo de los terrenos, sin recibir respuesta.
1.3. Pretensiones
En la demanda se formularon las siguientes:
“1. Declarar en omisión del Decreto 1069 de mayo 26 de 2015 y Decreto 2205 de
2015 en su parágrafo 2o del artículo 2.2.6.17.3 y artículo 2.2.6.17 (sic), del CONPES
3849 del 13 de noviembre de 2015 y Ley 1632 de 2013 al Sr. SUPERINTENDENTE
DE NOTARIADO y al Sr. Ministro de Comercio Industria y Turismo en calidad de
Secretario Técnico de la Comisión Intersectorial Parque Nacional Temático Jardín
de la Vida; y se ordene que en término de 48 horas procedan a dar PUBLICACIÓN
en sus páginas web institucionales, del Registro Único de Propietarios Urbano
RUPU con una duración mínima de 01 año.
2. Declarar en omisión del Art 5 y Art 7 Inc. 1 del Decreto 2144 de 2016 al Sr.
Ministro de Comercio Industria y Turismo en calidad de Secretario Técnico de la
Comisión Intersectorial Parque Nacional Temático Jardín de la Vida así mismo a la
Comisión Sr. Ministerio del Interior y Sr. Superintendente de Notariado y Registro,
ordéneseles que en el término de 05 días ejecuten sesión bimensual y en adelante
dar estricto cumplimiento a las mismas cada 02 meses dando cumplimiento de
asistencia a dichas sesiones BIMENSUALES, que de no recibir convocatoria a las
mismas por parte de la Secretaría técnica cada dos meses, procedan entones de su
parte a hacer convocatoria extraordinaria con el fin de cumplir con el avance y
continuidad a las obras de Construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la
Vida (Art 5 Dec. 2144 de 2016 - Ley 1632 de 2013 Principios Grales).
3. Declarar en omisión del Art 18 y 21 he (sic) inciso B del Art 36 de la Ley 1632 de
2013 al Sr. Ministro de Comercio en calidad de Secretario Técnico de la Comisión
Intersectorial Parque Nacional Temático Jardín de la Vida, al Sr (a) Ministro del
Interior, ordénese que en el término de 07 días publiquen el Decreto que regule la
nacionalización de predios y construcción del Parque nacional temático Jardín de la
vida de Armero; dando cumplimiento a la ley 1632 de 2013; Decreto 2144 del 23 de
diciembre de 2016 y Decreto 2205 del 13 de noviembre de 2015.
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4. Declarar en omisión del artículo 37 Ley 1632 de 2013 al Sr. Ministro de Comercio
o Autoridad que corresponda, y se ordene que el término de 05 días hábiles proceda
a adelantar trámite de REGISTRO DEL PROYECTO para la construcción del
Parque Nacional Temático Jardín de la Vida en el Banco de Programas y Proyectos
de Inversión Nacional ante el Departamento Nacional de Planeación - DNP-/
Dirección de Inversión y Finanzas Públicas o entidad que corresponda en tiempo no
mayor a 01 mes”.
1.4. Trámite de la solicitud en primera instancia
El presente asunto fue conocido, en primera instancia, por el Tribunal
Administrativo del Tolima que, por medio de auto de 30 de julio de 2019,
admitió la demanda y ordenó notificar a los ministerios de Comercio, Industria
y Turismo, del Interior, al superintendente de Notariado y Registro , al agente
del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
Una vez las autoridades demandadas formularon sus escritos de oposición,
en providencia de 21 de agosto de 2019 se decretaron como pruebas las
aportadas por los extremos procesales.
En sentencia de 6 de febrero de 2020, el Tribunal negó las pretensiones de la
acción. Dicha decisión fue impugnada por la accionante y el asunto fue remitido a
esta corporación el 5 de marzo de esa anualidad.
No obstante, mediante auto de 1º de julio de 20209, con fundamento en las
previsiones del artículo 5º de la Ley 393 de 1997, el ponente evidenció la falta de
vinculación al presente proceso del presidente de la República, el director del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el ministro de
Hacienda y Crédito Público, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el registrador de la Oficina de
9
El Ministerio de Salud y Protección Social mediante el Decreto 385 del 12 de marzo de 2020,
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Con fundamento en el artículo 215 de
la Constitución Política y la Ley 137 de 1994, en el Decreto Legislativo No. 417 del 17 de marzo de
2020 el presidente de la República declaró el Estado de emergencia económica, social y ecológica
en todo el territorio nacional por razón de la pandemia existente a nivel mundial relacionada con la
propagación a gran escala del COVID-19. Ello trajo como consecuencia, que se ordenara el
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas. Igualmente, el Consejo Superior de la
Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país a partir del 16 de marzo de 2020 al
proferir el Acuerdo PCSJA20-11517 del 15.3.2020; lo cual se prorrogó en los Acuerdos ii)
PCSJA20-11518 del 16.3.2020; iii) PCSJA20-11526 del 22.3.2020; iv) PCSJA20-11532 del
11.4.2020; v) PCSJA20- 11546 del 25.4.2020; vi) PCSJA20-11549 del 7.5.2020; vii) PCSJA20-
11556 del 22.5.2020 y; viii) PCSJA20-11567 del 5.6.2020, a través de los cuales ordenó la
suspensión de los términos judiciales y se decretaron medidas transitorias para preservar el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, exceptuando el trámite, decisión y
notificación de la acción de tutela y los habeas corpus. Posteriormente, en el Acuerdo PCSJA20-
11567 “Por medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los términos judiciales y
se dictan otras disposiciones por motivos de salubridad pública y fuerza mayor dispuso en su
artículo 1° que a partir del 1° de julio de 2020, se levantara la suspensión de términos judiciales y
administrativos, razón por la cual, el Consejo de Estado, reanudó el trámite de este tipo de medio
de control.
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Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Honda (Tolima), en atención a
que las normas que se piden cumplir en la demanda, indican que dichas
autoridades también son las competentes para su acatamiento.
En consideración a lo anterior, se advirtió que el proceso podía estar incurso en
una nulidad de carácter saneable, de acuerdo con las previsiones de los artículos
136 y 137 del CGP y, en consecuencia, se ordenó poner en conocimiento, de las
autoridades mencionadas, la posible nulidad para que, si era de su interés: (i) la
alegaran; (ii) se pronunciaran sobre la demanda del medio de control de
cumplimiento; o, (iii) guardaran silencio.
Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Hacienda y Crédito
Público, solicitaron declarar la nulidad del proceso. Por su parte el IGAC, se opuso
a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y pidió declarar la
improcedencia por cuanto las normas que se piden acatar implican gasto.
Posteriormente, en decisión de ponente de 17 de julio de 2020 se declaró la
nulidad procesal con fundamento en el numeral 8º del artículo 133 del CGP, a
partir del fallo de primera instancia, inclusive, y se devolvió el asunto al Tribunal
Administrativo del Tolima y se le ordenó que adaptara el trámite, de tal manera
que las autoridades que no fueron vinculadas pudieran participar del proceso,
atendiendo que se realizaba de acuerdo con las previsiones del artículo 5º de la
Ley 393 de 1997, en ese sentido, podían igualmente, presentar informes
adicionales y se dejaron a salvo los ya rendidos junto con las pruebas que se
habían decretado en el asunto.
En providencias de 16 de marzo y 6 de septiembre de 2021, el Tribunal
Administrativo del Tolima dio cumplimiento a lo anterior, y, en autos de 11 de
mayo, 4 de agosto y 12 de octubre de esa anualidad tuvo como pruebas la
documental aportada.
1.5. Informes
1.5.1. La Superintendencia de Notariado y Registro se opuso a las
pretensiones de la demanda y propuso como excepción la ineptitud
sustantiva de la demanda por fundarse en normas que no contienen una
obligación clara, expresa y exigible.
Indicó que en el caso bajo estudio se deben adelantar diversas acciones
previas que no permiten materializar inmediatamente la publicación del
RUPU, aunado a que cualquier actuación al respecto está sujeta a las
directrices impartidas por la Comisión Intersectorial para la construcción del
Parque Nacional Temático Jardín de la Vida.
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Manifestó que para poder conformar el RUPU inició el proceso de reconstrucción
histórica, para identificar quiénes eran los propietarios de los predios antes de la
tragedia, en conjunto y con apoyo del IGAC, para la reconstrucción de las
matrículas inmobiliarias, de acuerdo con el artículo 2.2.6.17.1 del Decreto 2205 de
2015.
Informó que, en el mes de noviembre de 2014, se convocó por medio de
amplia difusión nacional, para que la comunidad o interesados se acercaran
a esa entidad o a las oficinas de registro de instrumentos públicos, notarías y
consulados, para radicar los documentos que los a creditaban como reales
propietarios de los bienes urbanos de la ciudad de Armero, hasta el 13 de
noviembre de 1985.
Luego de agotada la etapa de apertura y reconstrucción, indicó que se
consolidaron y sistematizaron las matrículas inmobiliarias en el SIR 10,
cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley 1579 de 2012, junto con el
informe recibido del IGAC y, por intermedio de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Armero Guayabal, procedió a culminar la grabación
y creación de folios de matrícula inmobiliaria, logrando llevar a cabo su
identificación.
Igualmente, que adelantó la corrección en el SIR de aquellas matrículas que
necesitaron complemento de datos como el código catastral, dirección, linderos,
especificaciones del bien, tradición, entre otros, asimismo, fueron digitalizados los
documentos contenidos en la carpeta de antecedentes de cada matrícula
inmobiliaria y posteriormente, fue remitida al subdirector de catastro, vía correo
electrónico, el 11 de mayo de 2017, para su estructuración.
De otra parte, puso de presente que la Comisión Intersectorial para la
Construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida, el 21 de noviembre
de 2017, en su primera sesión, la exhortó junto al IGAC para no publicar el RUPU
hasta tanto se diriman los aspectos relacionados con la adquisición de los terrenos
del antiguo Armero y, especialmente, a la construcción del parque, porque existe
posibilidad de otra catástrofe similar y que, en sesión de 14 de junio de 2018,
mantuvo las recomendaciones de la primera reunión.
1.5.2. El Ministerio del Interior solicitó despachar desfavorablemente la demanda
porque de acuerdo con las normas invocadas no existe mandato a su cargo.
Sin embargo, informó que la Comisión Intersectorial, creada por medio del Decreto
2144 de 2016, en atención al documento CONPES 3849 de 2015, empezó a
sesionar a partir del 21 de noviembre de 2017 y, en su primera reunión, la SNR
reveló el proceso desarrollado en la consolidación del RUPU, el IGAC exhibió 3
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Sistema de Información registral.
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alternativas para la determinación del precio a pagar por concepto de avalúos, en
el marco del proceso de adquisición predial y esa cartera presentó el proyecto de
decreto de nacionalización, pero advirtió que debe ser ajustado con las
definiciones que tome la comisión respecto a la entidad competente para la
adquisición de los terrenos correspondientes al casco urbano de la desaparecida
ciudad de Armero, y en cuál recaerá la titularidad y la definición del sistema de
avalúo.
El 14 de junio de 2018 tuvo lugar la segunda sesión, en la que se presentaron los
conceptos emitidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres del Servicio Geológico Colombiano y del DAPR; y para el 5 de junio de
2019, en la tercera sesión, se impartieron instrucciones para avanzar en la
redacción del proyecto del decreto de nacionalización.
En ese sentido dijo que está elaborado un borrador de proyecto de decreto, “Por el
cual se adoptan las medidas para la restitución jurídica y nacionalización de los
terrenos urbanos de la desaparecida ciudad de Armero, en cumplimiento de los
artículos 18 y 19 de la Ley 1632 de 2013”, el cual se encuentra a la espera que la
Comisión Intersectorial tome las definiciones técnicas, jurídicas y presupuestales
que le corresponden frente a la entidad del orden nacional que adquirirá los
terrenos, la escogencia del método de avalúo para su posterior compra y el
nombre de la entidad del orden nacional que asumirá la propiedad.
1.5.3. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo propuso como
excepciones la improcedencia de la acción de cumplimiento e inexistencia de
renuencia.
Argumentó que desde la expedición de la Ley 1632 de 2013, la Alta Consejería
para las Regiones de la Presidencia de la República ha citado a mesas de trabajo
a las entidades involucradas en su obedecimiento.
Manifestó que dicha cartera tiene a su cargo, el liderazgo de la Secretaría Técnica
de la Comisión Intersectorial del Parque de la Vida y en desarrollo de tales
funciones, se han realizado tres reuniones, y se encuentra organizando la agenda
de los integrantes para la cuarta sesión.
1.5.4. El DAPR11 se opuso a la prosperidad de la acción de cumplimiento, explicó
que el Gobierno Nacional no ha incumplido las normas invocadas en la demanda y
que no se le puede endilgar responsabilidad sobre las reclamaciones de la
accionante.
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La notificación del auto de vinculación se realizó por parte del Tribunal Administrativo del Tolima,
tanto al señor presidente de la República como al director del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, al correo electrónico notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co
como consta en las páginas 281 y 285 del archivo .pdf “ED_CUAD2201900316P(.pdf) NroActua 2”,
que contiene el cuaderno II digitalizado del presente trámite, índice 2 de SAMAI.
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Aludió que el señor presidente de la República no representa legal ni judicialmente
al DAPR, sino su director. Indicó que de acuerdo con el artículo 115 de la
Constitución Política y el artículo 159 del CPACA, en cuanto a los actos que
expida el Gobierno Nacional su representación judicial está en cabeza del ministro
o director administrativo correspondiente, pero no del señor presidente de la
República.
Informó que en el marco de la Ley 1632 de 2013 y del CONPES 3849 de 2015 se
establecieron las acciones por medio de las cuales el Gobierno Nacional rinde
homenaje a la desaparecida ciudad de Armero y a sus víctimas.
Explicó que, en la responsabilidad sobre la acción No. 14 se asignó a la
Consejería Presidencial para las Regiones de la Presidencia de la República,
“constituir una Comisión de Alto Nivel integrada por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, IGAC y Superintendencia de
Notariado y Registro, que tendrá como responsabilidad determinar los aspectos
técnicos, jurídicos y presupuestales para que el Gobierno Nacional adquiera los
terrenos y proceda a diseñar y construir el Parque Nacional temático Jardín de la
vida”. Lo cual se acató al expedirse el Decreto 2144 de 2016.
Manifestó que, en la actualidad, se encuentra en proceso de expedición un
proyecto de decreto “por el cual se adiciona el capítulo 18 al título 6 de la parte 2
del libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho, sobre la adopción de las medidas para la restitución jurídica y
nacionalización de los terrenos urbanos de la desaparecida ciudad de Armero
(Tolima), en cumplimiento de los artículos 18 y 19 de la Ley 1636 de 2013”.
En consecuencia, dijo que no existe incumplimiento en atención a que el Gobierno
Nacional ha realizado gestiones, así como también de las demás entidades
vinculadas al presente asunto.
1.5.5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó negar las
pretensiones respecto de esa entidad. Al efecto, informó que por medio de
memorandos 3-2021- 004298 y 3-2021-04468 de 25 y 29 de marzo de 2021 se dio
respuesta a la accionante en cuanto al cumplimiento de la Ley 1632 de 2013, las
actividades que debe realizar el Gobierno Nacional para alcanzar el propósito de
la referida ley, y en donde se le indicó que para la publicación del RUPU como
para la expedición del decreto de nacionalización de predios se requiere del
pronunciamiento de la comisión intersectorial, conforme con el Decreto 2144 de
2016. En ese sentido, considera que por su parte ha obedecido en lo relacionado
con los aspectos de su competencia.
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1.5.6. El IGAC aludió el cumplimiento de la obligación en cuanto a la elaboración y
consolidación del RUPU, indicó que ha acatado la Ley 1632 de 2013, el Decreto
2205 de 2015 y el documento CONPES 3849 de 2015, pese a que la publicación
del registro está condicionada al aval de la comisión intersectorial, por lo cual una
vez sea aprobado será divulgado.
1.5.7. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aludió que no existe
incumplimiento de las normas invocadas en la demanda por parte de esa entidad y
que la Comisión Intersectorial para la Construcción del Parque Nacional Temático
Jardín de la Vida está cumpliendo sus funciones.
Indicó que, de acuerdo con la información remitida en 2021 por el viceministro de
Políticas y Normalización Ambiental a instancia de solicitud de la comisión
intersectorial, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von,
actualizó los costos del cerramiento ecológico del casco urbano de la
desaparecida ciudad de Armero, los cuales incluyen acciones de revegetación,
puntos de residuos sólidos, gestión de cuerpos de agua, dragado, entre otros, por
lo cual resaltó que se llevó a cabo el estudio técnico para la restauración ecológica
de que trata el artículo 20 de la Ley 1632 de 2013.
Explicó que de acuerdo con el documento CONPES 3849 de 2015, el cerramiento
ecológico procederá luego de llevarse a cabo la restitución jurídica de los predios
urbanos y la nacionalización por lo cual informó que se encuentra en etapa de
elaboración del proyecto de decreto que defina cuál será la entidad que adquirirá
los predios, así como la administración del parque.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia de 18 de noviembre de
2021, resolvió:
“[…] PRIMERO.- NEGAR la acción de cumplimiento instaurada por la señora
LUZ EMMA TORRES DE PIMIENTO contra la SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO, EL MINISTERIO DEL INTERIOR, EL MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO y otros, de conformidad a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.[…]”.
En cuanto a la publicación del RUPU, de acuerdo con los artículos 17 de la
Ley 1632 de 2013 y 2.2.6.17.3 [parágrafo 2°] del Decreto 1069 de 2015 y el
documento CONPES 3849 de 2015, el a quo indicó que la obligación recaía
en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y
Registro.
Sin embargo, en atención a lo informado y acreditado en el expediente, determinó
que no han incumplido toda vez que efectuaron los trámites y procedimientos para
la reconstrucción, estructuraron y consolidaron la información pero, en las
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reuniones que se han llevado a cabo en la Comisión Intersectorial creada como
organismo coordinador y orientador para tal finalidad, no se les ha autorizado la
respectiva publicación del RUPU, hasta tanto no se determinaran los aspectos
técnicos, jurídicos y presupuestales para la adquisición de los terrenos.
Sobre la publicación del decreto que regule la nacionalización de predios, de
acuerdo con el contenido de los artículos 18, 21 y 36 de la Ley 1632 de 2013,
el Tribunal indicó que el Gobierno Nacional contaba con un plazo de seis
meses, previa elaboración del documento CONPES, para establecer los
objetivos del Plan Nacional para la Atención de Programas, Planes y
Proyectos previstos en la referida ley, pero que en ningún momento se
confirió, en cabeza del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el
Ministerio del Interior, el deber que pretende la parte actora.
Igualmente, explicó que en lo que respecta a la obligación del Gobierno
Nacional en torno a los trámites de nacionalización de los terrenos para
adelantar el proceso de construcción del Parque Nacional Temático Jardín de
la Vida, de acuerdo con las 4 sesiones que ha adelantado la Comisión
Intersectorial, se ha indicado que es necesario la consecución de los
terrenos, para poder materializar el proyecto, lo cual lleva intrínseco
establecer aspectos, técnicos, jurídicos y presupuestales, que se han
instalado mesas de trabajo, se requiere el estudio de la adecuación del
Geoparque y la intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el concepto de la Unidad de Gestión de Riesgo y del Servicio
Geológico Colombiano para determinar si los terrenos a intervenir se
encuentran en riesgo o amenaza ante una posible erupción volcánica, por lo
que se debe atender el principio de precaución.
Adicionalmente, señaló que en oficios del 23 de agosto de 2021 y
2021EE08612 de 4 de agosto de esa anualidad, las dos entidades referidas
con anterioridad manifestaron sobre la amenaza en el lugar por flujo de lodo
o lahares y que del monitoreo multiparamétrico en tiempo real del volcán
Nevado del Ruiz si bien es posible evidenciar su actividad no se puede
predecir el día y la hora de una erupción y si de aquella se pueden generar
mayores o menores consecuencias de las acaecidas en 1985.
De acuerdo con lo anterior, el a quo concluyó que el proceso de
nacionalización implica establecer que los terrenos a intervenir se encuentran
ubicados sobre una zona que no esté en peligro inminente, infraestructura
que sea apta para las condiciones y nivel de riesgo, situación que está siendo
analizada con sumo cuidado por la Comisión Intersectorial, por lo cual no
podía determinarse la renuencia del Gobierno Nacional y demás
demandadas, por el contrario, conforme con lo informado estaba en
proyección el decreto para la nacionalización lo cual debía tomarse como un
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estudio acucioso ante la magnitud del proyecto que se pretende desarrollar.
Frente a la pretensión de registrar el proyecto para la construcción del
Parque Nacional Temático Jardín de la Vida en Armero, con sideró que
implicaba gasto, lo cual era contrario a las previsiones del parágrafo del
artículo 8º de la Ley 393 de 1997, toda vez que el artículo 37 de la Ley 1632
de 2013 que se invocó para tal finalidad, conllevaba para el Gobierno
Nacional realizar las apropiaciones y contar con la disponibilidad de los
recursos del Presupuesto General de la Nación.
Finalmente, sobre la realización de las sesiones bimensuales de la Comisión
Intersectorial precisó que de los artículos 3, 5 y 7 del Decreto 2144 de 2016
no se advertía la existencia de un mandato imperativo e inobjetable por
cuanto si bien el artículo 5 ejusdem, indica que ha de reunirse cada dos
meses es por derecho propio y cuando estime necesario.
1.7. Impugnación
La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia, y solicitó que
fuera revocada. Al respecto, aludió que:
• El Tribunal al analizar el artículo 36 de la Ley 1632 de 2013 determinó que
el Gobierno Nacional contaba con el término de 6 meses para expedir el
decreto reglamentario para la nacionalización de predios para la construcción
del Parque Nacional Temático de Armero, pero no ordenó su cumplimiento
por considerar que no se indicó precisamente que correspondía a los
ministerios del Interior y de Comercio Industria y Turismo, que lo representan,
y que han actuado de forma eficaz y diligente, pese a que han transcurrido
más de 8 años sin que se haya proferido.
• Señaló que la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial está a cargo
del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y que corresponde a sus
miembros garantizar el cumplimiento de la Ley 1632 de 2013. Asimismo, que
de acuerdo con las actas de las sesiones de la comisión, el propio Ministerio
del Interior 12 fue el que asumió la expedición del decreto de nacionali zación y
que no existe excusa para su publicación porque cuentan con el concepto
favorable por parte del Servicio Geológico Colombiano para construir el
parque.
Sobre el deber de registrar el proyecto de construcción del parque por parte
de la Secretaría Técnica de la Comisión, aludió que no es sinónimo de
asignar recursos económicos si no de dar inicio a cumplir lo previsto en los
12
La accionante citó los numerales 1, 2 y 3 del artículo 10 del Decreto 2893 de 2011.
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numerales 1, 2, y 3 del artículo 4 del Decreto 2144 de 2016, que “ incluyen”
los aspectos presupuestales.
Explicó que el artículo 5 del Decreto 2144 de 2016 establece dos tipos de
reuniones a cumplir por parte de la Comisión intersectorial a) por derech o
propio cada dos meses y b) extraordinariamente a simple solicitud de alguno
de los miembros. Sin embargo, reprochó que el Tribunal equivocadamente al
analizar la noción de derecho propio no podía considerar que eran optativas
por cuanto desconoce los principios de eficacia y eficiencia por parte de la
administración en personas especialmente protegidas en calidad de víctimas
de desastre natural, para lo cual citó los artículos 209 y 246 de la
Constitución Política y la sentencia C-826 de 2013. En ese sentido alegó que
en 8 años la comisión ha realizado pocas reuniones por lo que no puede
concluirse que obedeció el deber que se deriva de la norma invocada.
Indicó que desde la vigencia de la Ley 1632 de 2013, hace ocho años, solo
se ha cumplido con la publicación del RUPU, lo cual apenas acaeció el 8 de
octubre de 2021.
Finalmente, reiteró sus pretensiones, pero de la siguiente manera:
“3) Declarar en omisión del artículo 37 (sic) Ley 1632 de 2013 al Sr. Ministro de
Comercio o Autoridad que corresponda, y se ordene que (sic) el término de 05 días
hábiles proceda a adelantar (sic) tramite de REGISTRO DEL PROYECTO para la
construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Nacional ante el Departamento Nacional de
Planeación -DNP- / Dirección de Inversión y Finanzas Publicas.
4) Declarar en omisión del Art 5 Dec (sic) 2144 de 2016 y Art 18, 21 y 36 de la Ley
1632 de 2013 al Sr. Ministro de Comercio en calidad de secretario Técnico de la
referida Comisión, y se le ordene que en el término de 10 días hábiles proceda a
REALIZAR o PRECIDIR (SIC) la SESIÓN o REUNION BIMENSUAL en la cual
proceda a someter en aprobación definitiva el DECRETO DE NACIONALIZACION
DE LOS PREDIOS del municipio de Armero Ordenado (sic) en la Ley 1632 de 2013,
además en esta sesión establecer cuál será la entidad sobre la cual recaerá la
propiedad de los terrenos adquiridos del desaparecido municipio de Armero (Tolima)
para la construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida y definir cuál
será la entidad encargada de la financiación de los terrenos y cuál será la entidad
del Gobierno Nacional que ejecutara (sic) el proyecto para la construcción del
Parque y se sirva tramitar la aprobación definitiva del sistema de avalúos para la
Nacionalización de predios de Armero de acuerdo a las 03 categorías de avalúos
que fueron presentadas a la comisión por parte del IGAC en la última sesión
realizada.
5) Declarar en omisión del Art 36 de la Ley 1632 de 2013 al Sr. Director del
Departamento Nacional de Planeación, y se ordene que en el término no mayor a 2
meses CUMPLA con estructurar todos los aspectos necesarios para la distribución
de los recursos del sistema General de regalías (sic) incluyendo como beneficiario al
proyecto de construcción Parque Nacional Temático Jardín de la Vida ordenado en
el capítulo 4 de la Ley 1632 de 2013 y en el documento CONPES 3849 del 13 de
noviembre de 2015.
6) Declarar en omisión del Parágrafo 1 del Art 36 de la Ley 1632 de 2013 a la Sra.
GLORIA AMPARO ALONSO MÁSMELA y/o Director General del DEPARTAMENTO
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NACIONAL DE PLANEACIÓN en calidad de Secretaria Técnica del Consejo
CONPES y se le ordene que en el término de 24 horas convoque al Consejo
CONPES programando reunión a realizarse en un término no mayor a 02 semanas,
con el fin cumplir INTEGRALMENTE con lo ordenado en el Parágrafo 1 del Art 36 y
Art 16 al 21 de la Ley 1632/2013, y en adelante programar sin INCUMPLIR tales 2
reuniones anuales en los meses de enero y julio de cada anualidad hasta que se
concreten las obras de construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida
de Armero (Tolima). Así mismo se sirvan allegar Copias de las actas de tales
reuniones a este proceso judicial y/o a mi Dirección de notificaciones judiciales de
esta acción judicial.
7) Declarar en omisión del Inciso B del Art 36 y Art 18 y 21 de la Ley 1632 de 2013 a
la Sra GLORIA AMPARO ALONSO MÁSMELA y/o Director a General del
Departamento Nacional de Planeación en calidad de Secretaria Técnica del Consejo
Nacional de Política Económica CONPES, y se ordene que en al término de cinco
(05) días proceda hacer la corrección al documento CONPES 3849 de 2015 y
presente para aprobación y adición de dicho documento CONPES ante el Consejo
Nacional , en donde se cumpla con el OBJETIVO COMPLETO para el Desarrollo de
las obras de los Artículos 18 y 21 de Ley 1632 de 2013, incluyendo el PLAN DE
ACCION, METAS y PRESUPUESTO para la REALIZACIÓN de la EJECUCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE NACIONAL TEMÁTICO JARDIN DE LA VIDA, en
donde además incluya en cumplimiento al artículo 36 de la Ley 1632 de 2013, los
aspectos relacionados al PRESUPUESTO, las medidas que aseguren la
SOSTENIBILIDAD FISCAL en la REALIZACIÓN, CONTINUIDAD Y
PROGRESIVIDAD DE tales OBRAS y la determinación anual en cuanto a la
DESTINACIÓN, los MECANISMOS DE TRANSFERENCIA y EJECUCIÓN DE LOS
RECURSOS que se apropien en cada vigencia fiscal, de acuerdo a lo ordenado en
dicho Artículo 36, Inciso B y Parágrafo 1o.
8) Declarar en omisión del Decreto 1069 de mayo 26 de 2015 y Decreto 2205 de
2015 en su parágrafo 2o. del artículo 2.2.6.17.3 y artículo 2 2.6.17, y Art 18 y 21 he
(sic) Inciso B del Art 36 de la Ley 1632 de 2013 al Sr. MINISTRO DE COMERCIO
como secretario técnico y al. Sr. Director Departamento Administrativo Presidencia
de la Republica en calidad de integrante de la Comisión Intersectorial Parque
Nacional Temático Jardín de la Vida, ordenando que el término de 10 días procedan
tramitar con la entidad pública pertinente la inscripción del proyecto de
Nacionalización de predios de Armero y construcción del parque Nacional Jardín de
la vida de Armero Tolima en el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSIÓN del Departamento Nacional de Planeación (artículo 37 Ley 1632 /
2013), en tiempo no mayor a 03 meses (...) que en el término de 02 meses proceda
a dar inicio material de la restitución jurídica de los terrenos urbanos de Armero y
dar inicio a las medidas para que el Estado Colombiano adquiera
administrativamente los terrenos urbanos de Armero Tolima del artículo 18 Ley 1632
/ 2013, así mismo que en el término de 06 meses den inicio a la ejecución material
de la construcción del Parque Temático Jardín De La Vida (...).”.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
18 de noviembre de 2021 del Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley 393 de 199713, 125, 150 y 243 del
13
“Artículo 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento
de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los
Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será
competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el
Juzgado Administrativo.
14
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
“CPACA”, Ley 1437 de 201114, así como en el artículo 13, numeral 7º, del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado que
establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer
de “[…] las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que
se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones
de cumplimiento. […]”.
2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
18 de noviembre de 2021 del Tribunal Administrativo del Tolima que negó las
pretensiones de la demanda de cumplimiento, para lo cual deberá resolver los
siguientes problemas jurídicos:
¿La parte actora cumplió con el requisito de constitución en renuencia a los
ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Interior y a la Superintendencia de
Notariado y Registro, y pueden considerarse las demás autoridades vinculadas al
presente asunto como constituidas del referido presupuesto procesal, respecto de
los artículos 18, 21, 36 [literal b] y 37 de la Ley 1632 de 2013, .2.6.17.1, 2.2.6.17.3
[parágrafo2°] y 2.2.6.17.7 del Decreto 1069 de 201515, 4° 3º, 5º, 6º y 7º [numeral
primero] del Decreto 2144 de 2016 y el documento CONPES 3849 del 13 de
noviembre de 2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393
de 1997?
De ser afirmativa la respuesta. ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada
que: i) publiquen el RUPU, ii) la Comisión Intersectorial para la Construcción
del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida realice sus sesiones
bimensualmente, iii) publiquen el decreto que regule la nacionalización de
predios urbanos del desaparecido municipio de Armero y iv) registren el
proyecto para la construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida
en Armero, en el banco de programas de inversión nacional ante el
Departamento Nacional de Planeación - DNP.?
Parágrafo. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas
por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el
Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente
Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados
que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
Parágrafo Transitorio. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los
Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales
Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones
dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.
14
Modificado por la Ley 2080 de 2021.
15
Incorporados por el Decreto 2205 de 13 de noviembre de 2015.
15
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2.3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de cumplimiento; (ii) requisitos de
procedibilidad y; (iii) análisis del caso concreto.
2.3.1. Generalidades de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "[…] acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2º de la Constitución
Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas,
la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos
administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional “[…] el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento
del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o
el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina
a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo
cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que
tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”16.
16
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
16
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Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere17, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:
i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º)18.
ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento (Arts.
5º y 6º).
iii) Que se pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del
deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o
por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “[…]
cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda (Art. 8º).
iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo, circunstancia
que hace improcedente la acción, salvo el caso excepcional en el que se produzca
un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. También son causales
de improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela o el cumplimiento de normas que
establezcan gastos a la administración (Art. 9º).
2.3.1.1. Normas contra las que procede la acción de cumplimiento y
requisitos
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae la acción de
cumplimiento comprenden tanto la ley en sentido formal como material, esto último
desde la óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa
dictados por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades
17
Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias dictadas por esta
Sección: sentencia de 15 de diciembre de 2016, Expediente: 25000-23-41-000-2016-00814-01; 26
de mayo de 2016, Expediente: 52001-23-33-000-2016-00136-01, MP. Alberto Yepes Barreiro;
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de noviembre de 2016, radicación 20001-23-
33-000-2016-00371-01 MP. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia
del 2 de febrero de 2017, radicación 11001-33-42-048-2016-00636-01 MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez (E).
18
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
17
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conferidas por los artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución
Política19.
Sin dejar a un lado, la procedencia de la acción de cumplimiento contra los actos
administrativos de contenido general o particular, bajo el entendido que éstos
reflejan la voluntad unilateral de la administración de producir efectos jurídicos, se
precisa que no es dable este mecanismo constitucional para pretender la
observancia de normas constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la
diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta
misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al
concluir que no procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento
de normas supremas […]”20.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad de la acción y, para ello,
es necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una
solicitud expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al
particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto
de requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición pero
enfocado al fin reseñado21.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia de la acción, si se cuenta
con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo cumplimiento de
la ley o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación
gravosa o urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como
salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela,
pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales.
Lo cual se explica en “[…] garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea
efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido
para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las
diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la
acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios;
por ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de
mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la norma
habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia de un
instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y
cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del
perjuicio […]”22.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A", MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, 21
de enero de 1999, radicado ACU-546.
20
Sentencia de 3 de junio de 2004, Rad. 44001-23-31-000-2004-0047-01(ACU).
21
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Susana Buitrago Valencia (E). 9 de mayo de 2012,
76001-23-31-000-2011-00891-01 (ACU).
22
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Alberto Yepes Barreiro, 1 de noviembre de 2012,
radicado 76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU).
18
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Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción de cumplimiento no se
puede incoar frente a normas que generen gastos,23 a menos que estén
apropiados;24 o cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales, en
este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo
previsto por el artículo 86 superior25.
2.3.2. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este26 y
que ésta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que
“[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento […]”27.
En el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 se establece lo
siguiente:
“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber
legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
[…]”.
Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
23
Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicado 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU).
24
Consejo de Estado, sentencia de 14 de mayo de 2015, expediente, radicado 25000-23-41-000-
2015-00493-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
25
Sentencia ibidem.
26
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la
Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de
2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su
orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el
deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia que
sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de
la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”. (Negrita fuera de texto)
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, MP. Mauricio Torres Cuervo.
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constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia […]”.
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como
la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la
disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente, o porque aunque
sea emitida en tiempo resulte contraria al querer del ciudadano 28.
Al expediente, la parte actora acompañó copia de las solicitudes que presentó el
24 y el 30 de abril de 2019, por medio de correo electrónico, a los ministerios de
Comercio, Industria y Turismo, Interior y a la Superintendencia de Notariado y
Registro, en las cuales pidió el cumplimiento de las normas invocadas en la
demanda con el fin de que: i) publiquen el RUPU, ii) la Comisión Intersectorial
para la Construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida realice sus
sesiones bimensualmente, iii) publiquen el decreto que regule la nacionalización
de predios urbanos del desaparecido municipio de Armero y iv) registren el
proyecto para la construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida en
Armero, en el banco de programas de inversión nacional ante el Departamento
Nacional de Planeación – DNP.
No obstante, debe precisarse que en las pretensiones de la demanda la parte
actora citó el documento CONPES 3849 de 2015 y en la impugnación reiteró su
obedecimiento. Sin embargo, en los escritos que presentó con el fin de agotar el
requisito de renuencia, no lo invocó, razón por la cual no se puede tener por
agotada la renuencia respecto de aquel y en consecuencia la demanda será
rechazada.
Así las cosas, pese a que algunas de las peticiones fueron atendidas, pero de
manera negativa a lo solicitado y otras no, la inconformidad de la actora persiste
en cuanto el cumplimiento de los artículos 18, 21, 36 [literal b] y 37 de la Ley 1632
de 2013, 2.6.17.1, 2.2.6.17.3 [parágrafo 2°] y 2.2.6.17.7 del Decreto 1069 de
201529, 4°, 3º, 5º, 6º y 7º [numeral primero] del Decreto 2144 de 2016 y, en
28
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-
2016-00690-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 MP. Lucy Jeannette
Bermúdez, entre otras.
29
Incorporados por el Decreto 2205 de 13 de noviembre de 2015.
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consecuencia, la Sala considera que frente a esas normas sí se agotó el
presupuesto procesal objeto de estudio.
Aunado a lo anterior, también se deben entender constituidos en renuencia,
respecto de las anteriores normas, el señor presidente de la República, el director
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el ministro de
Hacienda y Crédito Público, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el registrador de Instrumentos
Públicos de la ciudad de Honda (Tolima), porque su vinculación al presente
asunto, en calidad de autoridades accionadas, se realizó con fundamento en el
artículo 5º de la Ley 393 de 199730, lo cual implica el agotamiento del requisito de
renuencia por parte del propio juez de oficio, como lo ha indicado la jurisprudencia
de esta Sección31.
2.3.3. Análisis del caso concreto
La parte accionante, de acuerdo con las pretensiones formuladas en la demanda,
invocó las siguientes disposiciones:
“LEY 1632 DE 2013
(mayo 28)
por medio de la cual se rinde honores a la desaparecida ciudad de Armero
(Tolima), y a sus víctimas, y se dictan otras disposiciones.
[…] Artículo 18. Acciones de restitución jurídica de los terrenos urbanos de la
desaparecida ciudad de Armero. El Gobierno colombiano adoptará las medidas
requeridas para la restitución jurídica de los terrenos urbanos, reconociendo el
derecho a la propiedad a los titulares de la misma para el trece (13) de noviembre
de 1985, a fin de que el Estado colombiano pueda adquirir administrativamente
estos terrenos con fines de utilidad pública o social.
[…] Artículo 21. Parque Nacional Temático Jardín de la Vida. En el terreno urbano
de la desaparecida ciudad de Armero se construirá un parque temático, que se
denominará "Parque Nacional Temático Jardín de la Vida", el cual debe expresar
creatividad e innovación para que sea atractivo a la humanidad y constituirse en
orgullo de los armeritas.
[…] Artículo 36. Para efectos de cumplir con todas medidas adoptadas en la
presente ley de Honores, facúltese al Gobierno Nacional por el término de seis (6)
meses a partir de la expedición de la presente ley, para:
[…]
30
“ARTICULO 5o. AUTORIDAD PUBLICA CONTRA QUIEN SE DIRIGE. La Acción de
Cumplimiento se dirigirá contra la autoridad a la que corresponda el cumplimiento de la norma con
fuerza material de Ley o Acto Administrativo.
Si contra quien se dirige la acción no es la autoridad obligada, aquél deberá informarlo al Juez que
tramita la Acción, indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el
proceso continuará también con las autoridades respecto de las cuales se ejercita la Acción hasta
su terminación. En todo caso, el Juez de cumplimiento deberá notificar a la autoridad que conforme
al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido.”.
31
Sobre la vinculación oficiosa y sus efectos respecto del requisito de constitución en renuencia
puede consultarse, entre otras, la sentencia de 23 de enero de 2014, radicación número: 68001-23-
33-000-2013-00846-01 M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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b) Diseñar y establecer los objetivos del Plan Nacional para la Atención a los
Programas, Planes y Proyectos establecidos en esta ley, y adoptarlo mediante
decreto reglamentario.
Para tal efecto, el Gobierno Nacional deberá elaborar un documento Conpes que
contendrá el plan de ejecución de metas; el presupuesto; las medidas que servirán
para garantizar el cumplimiento integral y aseguren la sostenibilidad fiscal en la
realización, continuidad y progresividad de las obras, programas y proyectos de la
presente ley; la política de seguimiento para el cumplimiento de la ley, determinando
anualmente la destinación, los mecanismos de transferencia y ejecución de los
recursos que se apropien en cada vigencia fiscal.
[…]
Artículo 37. A partir de la sanción de la presente ley y de conformidad con los
artículos 288, 334, 341 y 345 de la Constitución Política y de las competencias
establecidas en las Leyes 715 de 2001 y 397 de 1997, 1185 de 2008, autorízase al
Gobierno Nacional, para incorporar dentro del Presupuesto General de la Nación e
impulsar a través del Sistema Nacional de Cofinanciación las apropiaciones
requeridas para la ejecución de los gastos que demande la presente ley.
Parágrafo. El Gobierno Nacional queda autorizado para efectuar las apropiaciones
presupuestales necesarias para el cumplimiento de la presente ley, previa
inscripción de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del
Departamento Nacional de Planeación y el cumplimiento de las demás
disposiciones legales para acceder a recursos del presupuesto nacional mediante
cofinanciación. […]”.
“DECRETO 1069 DE 2015
(mayo 26)
por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Justicia y del Derecho
[…] Artículo 2.2.6.17.1. Responsables del Registro Único de Propietarios (RUPU).
La elaboración del Registro Único de Propietarios Urbanos (RUPU), corresponde al
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en coordinación con la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Honda (Tolima).
Parágrafo. La Superintendencia de Notariado y Registro en el marco de sus
funciones proporcionará el apoyo administrativo necesario para la estructuración del
RUPU, en lo que corresponde a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.
[…] Artículo 2.2.6.17.3. Estructuración del RUPU. El Registro Único de Propietarios
Urbanos (RUPU), contendrá la siguiente información:
[…]
Parágrafo 2°. El Registro Único de Propietarios Urbanos (RUPU), deberá
constituirse dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la entrada en vigencia
del presente decreto.
[…] Artículo 2.2.6.17.7. Publicación del Registro Único de Propietarios
(RUPU). Elaborado el RUPU se publicará en la página web de la Superintendencia
de Notariado y Registro (SNR) y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),
por un periodo no inferior a un (1) año.
El mismo podrá ser consultado por nombres y apellidos y/o número de folio de
matrícula inmobiliaria.
“DECRETO 2144 DE 2016
(diciembre 23)
por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la Construcción del Parque
Nacional Temático Jardín de la Vida.
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[…] Artículo 3°. Integración. La Comisión Intersectorial para la Construcción del
Parque Nacional Temático Jardín de la Vida estará integrada por:
1. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia o su delegado,
quien la presidirá.
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado
3. El Ministro del Interior o su delegado
4. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado
5. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado
6. El Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o su delegado
7. El Superintendente de Notariado y Registro o su delegado.
Parágrafo 1°. La Comisión Intersectorial para la Construcción del Parque Nacional
Temático Jardín de la Vida podrá invitar a servidores públicos y los particulares que
ella considere quienes participarán con voz pero sin voto.
Parágrafo 2°. En el caso de los Ministros, la representación en las sesiones de la
Comisión Intersectorial para la Construcción del Parque Nacional Temático Jardín
de la Vida sólo podrá ser delegada en los Viceministros y en el caso del Director del
IGAC en un Subdirector. Para el caso del Superintendente en un Superintendente
Delegado.
Artículo 4°. Funciones. La Comisión Intersectorial para la Construcción del Parque
Nacional Temático Jardín de la Vida tendrá las siguientes funciones:
1. Coordinar y orientar a las entidades que la conforman para determinar los
mecanismos que permitan definir los aspectos técnicos, jurídicos y presupuestales
para que el Gobierno Nacional con plena observancia de lo dispuesto en el Estatuto
Orgánico de Presupuesto, adquiera los terrenos y establezca el procedimiento para
diseñar y construir el Parque Temático Jardín de la Vida.
2. Orientar las acciones pertinentes que tiendan a garantizar el cumplimiento de los
artículos 18 y 21 de la Ley 1632 de 2013.
3. Promover la coordinación entre todas las entidades llamadas a intervenir para el
debido cumpliendo de los artículos 18 y 21 de la Ley 1632 de 2013.
4. Realizar el seguimiento a las diferentes acciones y actividades que se
implementen para el cumplimiento del objeto de la Comisión Intersectorial para la
Construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida.
5. Crear los mecanismos de articulación como mesas de trabajo técnicas o
temáticas específicas que se estimen pertinentes para el efecto.
6. Darse su propio reglamento.
7. Las demás funciones que sean propias de la naturaleza de coordinación y
orientación de su actividad.
Artículo 5°. Funcionamiento. La Comisión se reunirá presencial o virtualmente por
derecho propio cada dos (2) meses, previa convocatoria realizada por el Secretario
Técnico y extraordinariamente a solicitud de alguno de los miembros la Comisión
cuando se estime necesario.
De las sesiones se levantarán actas que serán suscritas por el Presidente y el
Secretario Técnico de la Comisión, luego de ser aprobadas por los miembros.
23
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Artículo 6°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la Comisión
Intersectorial para la Construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida
será ejercida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Artículo 7°. Funciones de la Secretaría Técnica. Son funciones de la Secretaría
Técnica:
1. Convocar las reuniones presenciales o virtuales de la Comisión, preparando el
orden del día y las actas correspondientes. […]”.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pide el obedecimiento de leyes y actos
administrativos vigentes y, por tanto, el primer requisito para la procedencia de la
acción se encuentra satisfecho.
2.3.4. De las causales de improcedencia de la acción constitucional
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, este
mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido
otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de la
norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se cause un
perjuicio grave e inminente para el accionante.
Así mismo, esta Sección en reiterada jurisprudencia32 ha desarrollado “la existencia
de otro mecanismo judicial”, como causal de improcedencia, en aquellos casos en
los que no se acredite un perjuicio irremediable.
En el caso concreto, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro
medio judicial efectivo para lograr que se ordene el acatamiento de las
disposiciones antes citadas, las cuales, a su juicio, se encuentran incumplidas,
ante la falta de: i) la publicación del RUPU, ii) las reuniones bimensuales de la
Comisión Intersectorial para la Construcción del Parque Nacional Temático Jardín
de la Vida, iii) la publicación del decreto que regule la nacionalización de predios
urbanos del desaparecido municipio de Armero y iv) el registro del proyecto para
la construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida en Armero, en el
banco de programas de inversión nacional ante el Departamento Nacional de
Planeación – DNP.
Ahora bien, la Sala precisa que las pretensiones formuladas en el escrito de la
demanda no implican la incursión de gastos, por cuanto la parte accionante con
aquellas reclama mandatos que considera previstos en las normas invocadas y
que simplemente conllevan obligaciones de hacer. Por tanto, respecto de estos
temas la Sala abordará su análisis de fondo.
32
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU),
MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-
2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n°
05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
24
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En efecto, sobre el artículo 37 de la Ley 1632 de 2013, cuyo obedecimiento se
solicitó en la pretensión cuarta de la demanda, para que se registre el proyecto
para la construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida en Armero,
en el banco de programas de inversión nacional ante el Departamento Nacional de
Planeación – DNP, el Tribunal Administrativo del Tolima la negó por cuanto implica
la incursión de un gasto no presupuestado.
No obstante, para la Sala la parte accionante pidió el simple registro del proyecto
del referido parque, toda vez que echa de menos la gestión de las autoridades
demandadas en el ejercicio de sus funciones en cuanto a la consecución de los
objetivos de la citada ley, por lo cual, se insiste, se considera que pretende una
obligación de hacer, pero no fue explicita en que busca la apropiación o
modificación del Presupuesto General de la Nación. Bajo ese entendido, se
analizará si de la citada norma surge, de forma imperativa e inobjetable o no, el
mandato que alude que se encuentra desatendido.
2.3.5. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable
La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin
embargo, no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones, sino aquellas
que contienen prescripciones que se caracterizan como “deberes”33.
Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y
directo a cargo de determinada autoridad, “imperativo e inobjetable” en los términos
de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por ejemplo, si la
norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el requisito
bajo estudio.
En el escrito de impugnación se aludió que el Tribunal Administrativo del Tolima
no se pronunció de fondo respecto de todas las pretensiones de la demanda, para
lo cual la accionante señaló las transcritas en el acápite 1.7. Sin embargo, debe
precisarse que el a quo sí resolvió los pedimentos formulados en la solicitud, otra
cosa es que la señora Torres de Pimiento los reformulara.
No obstante, como los pedimentos indicados en el recurso se fundamentan en las
mismas disposiciones señaladas en la demanda, la Sala los tiene en cuenta a
efectos de proferir la presente decisión.
33
Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes
naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
25
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Clarificado lo anterior, se invocaron los artículos 17 de la Ley 1632 de 2013 y
2.2.6.17.3 [parágrafo 2°] 2.2.6.17.7 del Decreto 1069 de 2015, con la finalidad de
ordenar a las demandadas que publiquen el RUPU.
En primera instancia, se negó la pretensión primera, por cuanto la SNR y el IGAC
efectuaron los trámites y procedimientos para la reconstrucción, estructuraron y
consolidaron de la información, pero la comisión intersectorial no lo había
autorizado, por tanto, se encontraba justificada su falta de publicación.
Al respecto, se considera que la comisión intersectorial se creó con el fin de
garantizar el cumplimiento de los artículos 18 y 21 de la citada ley y, en efecto, la
SNR y el IGAC adelantaron ingentes actuaciones para la elaboración del RUPU,
pero lo cierto es que debió atender los términos que el Gobierno Nacional fijó para
la constitución y publicación del registro.
En efecto, el parágrafo 2° del artículo 2.2.6.17.3 del Decreto 1069 de 2015 fue
perentorio en indicar que el RUPU “deberá constituirse dentro de los dieciocho
(18) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto”.
Nótese que la norma utilizó el vocablo constituir, lo cual implicaba que existiera y
por ende haberse publicado concomitante al límite temporal señalado, pues el
artículo 2.2.2.617.7 ejusdem dispuso “[…] Elaborado el RUPU se publicará en la
página web de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), por un periodo no inferior a un (1) año”. Sin
embargo, al momento de la interposición de la demanda no había ocurrido, pese a
que habían transcurrido más de 2 años desde su vencimiento.
No obstante, como la accionante lo informó en la impugnación, la publicación del
registro se realizó el 8 de octubre de 2021, en las páginas web de la SNR 34 y
el IGAC 35, aspecto que se verificó como a continuación se ilustra:
34
https://www.supernotariado.gov.co/files/portal/portal-documento_rupu.pdf
35
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/rupu_19dic_2019.pdf
26
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En consecuencia, la razón por la cual se confirmará la negativa obedece a que ya
se acató el deber de publicación del RUPU que se solicitó en la demanda por
parte de las demandadas.
En la segunda pretensión 36, la accionante pidió la realización de las sesiones
bimensuales ordinarias de la comisión intersectorial para la construcción del
Parque Nacional Temático Jardín de la Vida, para lo cual invocó
principalmente los artículos 5 y 7 inciso primero 1 del Decreto 2144 de 2016 y
los principios generales de la Ley 1632 de 2013.
Sobre el inciso primero del artículo 7 del Decreto 2144 de 2016, se observa
que dispone que es función del secretario técnico de la comisión convocar las
reuniones presenciales o virtuales del organismo, preparar el orden del día y
las actas correspondientes, pero no indica periodicidad alguna, por lo cual no
se puede considerar que de esa disposición se previó límite temporal alguno
y tampoco su inobservancia porque en el expediente consta que se han
realizado 4 reuniones, sus órdenes del día y actas, lo cual acepta la parte
accionante, y de las cuales incluso derivó el levantamiento, consolidación,
constitución y publicación del RUPU como se advirtió con antelación.
El artículo 5 del Decreto 2144 de 2016, dispuso sobre el funcionamiento de la
comisión lo siguiente: “[…] La Comisión se reunirá presencial o virtualmente por
derecho propio cada dos (2) meses, previa convocatoria realizada por el
Secretario Técnico y extraordinariamente a solicitud de alguno de los miembros de
la Comisión cuando se estime necesario”.
Al respecto, la disposición prevé dos prerrogativas para los integrantes de la
comisión para reunirse presencial o virtualmente, esto es: i) por derecho propio, lo
cual implica una facultad, que solo puede invocarse con fundamento en ese
derecho por alguno de sus miembros cada dos meses y cuando no ha sido citada
la comisión y para lo cual debe hacerse una convocatoria previa y ii)
extraordinariamente a solicitud de alguno de los integrantes cuando estime
necesario, caso en el cual no se requiere de convocatoria.
Por tanto, lo que ocurre con la disposición invocada es que no es imperativa
en cuanto a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la comisión como lo
considera la accionante, simplemente su funcionamiento quedó previsto de
forma potestativa para el organismo, por lo cual no puede hacerse exigible su
cumplimiento como lo considera la solicitante.
Si bien la parte accionante alude a los principios generales de la Ley 1438 de
2013, los cuales se encuentran en el Capítulo II del referido cuerpo
normativo, de aquellos, no puede determinarse de forma clara y expresa que
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Que corresponde con la No. 4 de la impugnación.
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exista el mandato invocado “realizar sesiones bimensuales” porque
conllevaría que el juez de cumplimiento, producto de su interpretación y al
relacionarlos con las demás normas analizadas, cree la obligación que no fue
prevista de esa manera por el legislador o la administración, por tanto, se
confirmará la negativa de primera instancia.
En cuanto a las pretensiones atinentes a publicar e inscribir en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de
Planeación 37, el proyecto de decreto de nacionalización de tierras y del
Parque Nacional Temático Jardín de la Vida, se alude principalmente a los
artículos 36 y 37 de la Ley 1632 de 2011.
Al respecto, el artículo 36 de la Ley 1632 de 2013 dispuso que el Gobierno
Nacional quedaba facultado para que en el término de 6 meses diseñara y
estableciera los objetivos del Plan Nacional para la Atención a los
Programas, Planes y Proyectos de esa ley, “y adoptarlo mediante decreto
reglamentario”, seguidamente, la norma indicó que “Para el efecto”, se debía
realizar un documento CONPES.
De acuerdo con la disposición, no se advierte el deber imperativo inobjetable que
pretende la accionante porque la norma no refiere a “publicar” el decreto de
nacionalización de tierras o “inscribir” los proyectos que solicita. Ahora, si en
gracia de discusión se considera que la norma contiene un deber de
reglamentación a cargo del Gobierno Nacional, lo cierto es que el legislador
tampoco lo impuso como obligación, toda vez, que utilizó la expresión
“facúltese”, por lo que no puede predicarse su forzosa exigibilidad por medio de
esta acción.
En efecto, es lo cierto que el medio de control de cumplimiento se ha considerado
procedente para exigir el ejercicio de la potestad reglamentaria cuando, del
contenido de la norma, el legislador o la administración de forma perentoria y
directa lo impone, pero no resulta ser procedente en el evento que se deja a la
discrecionalidad de la autoridad a la que se dirija como ocurre en este caso.
Así las cosas, si bien los proyectos que refiere la actora tienen relación con el
literal b) del artículo 36 de la citada ley, por cuanto la nacionalización de los
terrenos de la desaparecida ciudad de Armero (artículo 18) y el proyecto del
parque temático (artículo 21), fueron planes y proyectos, entre otros, previstos por
el legislador, lo cierto es que la facultad reglamentaria que se señaló no es
imperativa y tampoco dispuso sobre su publicación o inscripción como se
pretende.
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Pretensiones No. 3 y No. 4 de la demanda, reformuladas en la No. 3 a No. 8 de la impugnación.
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Para los objetivos específicos y alegados en la demanda e impugnación fue
creada la comisión intersectorial, por lo cual el Gobierno Nacional determinó
dentro de sus funciones en el artículo 4 del Decreto 2144 de 23 de 2016:
"1. Coordinar y orientar a las entidades que la conforman para determinar los
mecanismos que permitan definir los aspectos técnicos, jurídicos y presupuestales
para que el Gobierno Nacional con plena observancia de lo dispuesto en el Estatuto
Orgánico de Presupuesto, adquiera los terrenos y establezca el procedimiento para
diseñar y construir el Parque Temático Jardín de la Vida.
2. Orientar las acciones pertinentes que tiendan a garantizar el cumplimiento de los
artículos 18 y 21 de la Ley 1632 de 2013.
3. Promover la coordinación entre todas las entidades llamadas a intervenir para el
debido cumpliendo de los artículos 18 y 21 de la Ley 1632 de 2013.”.
Sin embargo, la referida norma y numerales establecen funciones que si bien se
deben atender no se advierte que en ellas se fijara un límite temporal para
materializar los proyectos que reclama la actora y, por ende, que puedan ser
exigibles los mandatos de publicar e inscribir que se pretenden.
La accionante, alude que la comisión cuenta con el estudio técnico de viabilidad
que les permite aprobar la ejecución del proyecto del parque. Sin embargo, el que
obra en el expediente, emitido por parte del IAGC, en el radicado
20183200035841 de 4 de mayo de 2018, señala:
“[…] Desde el Servicio Geológico Colombiano consideramos que este concepto
de parque daría la base para la respuesta al reto que tiene la Comisión
Intersectorial para la construcción del Parque Nacional Temático Jardín de la Vida
para dar cumplimiento a la normatividad de rendir honores a la desaparecida ciudad
de armero.”.
De acuerdo con lo anterior, no puede considerarse que el estudio que proporcionó
el IAGC, permita derivar el incumplimiento de alguna de las normas invocadas en
la demanda, o que el concepto sea obligatorio porque es una mera postura u
opinión sobre el tema, que precisamente debe ser concertado como base para
discutirse al interior de la comisión y que no puede el juez de cumplimiento obligar
a aprobar porque implica crear una obligación que no fue prevista por las normas
invocadas.
Así las cosas, es evidente que la comisión en ejercicio de sus funciones debe
analizar de manera minuciosa las decisiones a adoptar en el ejercicio de sus
funciones para determinar todos los aspectos técnicos, jurídicos y
presupuestales para que se puedan adquirir los terrenos y establecer el
procedimiento para diseñar y construir el Parque Temático Jardín de la Vida,
asuntos que, en cuanto a su exigibilidad, ninguno de los preceptos
normativos invocados establecieron de forma perentoria su materialización o
límite temporal que permita concluir su desatención como lo reclama la
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accionante, pues son simplemente funciones y decisiones discrecionales que
indistintamente del tiempo que ha transcurrido se han desarrollado y el juez
de cumplimiento no puede imponer concretarlos pese al transcurso del
tiempo.
Finalmente, la accionante pide38 la inscripción de los proyectos de decreto de
nacionalización de tierras y de construcción del parque temático en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación,
con fundamento en el artículo 37 de la Ley 1632 de 2013.
Aunado a las consideraciones anteriores, la Sala precisa que si los referidos
proyectos aun no existen porque están en discusión ante su magnitud y
complejidad, y que de las disposiciones analizadas no se advierte alguna que
permita considerar los mandatos que se pretenden, tampoco del artículo 37 puede
concluirse que sea exigible el deber de registrarlos como reclama la accionante.
En efecto, el citado artículo no contiene un mandato imperativo e inobjetable en
ese sentido pues de su redacción, simplemente se observa que en relación con el
registro de proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del
Departamento Nacional de Planeación, que alude la actora en sus pretensiones, el
legislador al iniciar la redacción del parágrafo de la norma utilizó la expresión
“autorizar” al Gobierno Nacional para “efectuar las apropiaciones presupuestales
necesarias para el cumplimiento de la presente ley”, y seguidamente indicó que
“previa inscripción de los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión del Departamento Nacional de Planeación y el cumplimiento de las
demás disposiciones legales para acceder a recursos del presupuesto nacional
mediante cofinanciación. […]”.
Por tanto, si bien la norma indica “previa inscripción de los proyectos” parte de una
autorización para efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias, lo cual
como lo explicaron las demandadas aún no ha sido aprobado al interior de la
comisión intersectorial y tampoco se advierte obligación en cuanto a que lo
pretendido deba ser solicitado en algún término perentorio por parte del Gobierno
Nacional o el DNP como lo formula la señora Torres de Pimiento en los
pedimentos de su demanda e impugnación.
En consecuencia, el transcurso del tiempo alegado sin que se encuentren
concretados los proyectos que reclama, no implica que existan los mandatos
que invocó en sus pretensiones porque no se hallan de manera imperativa e
inobjetable en las normas que refiere, es decir, las disposiciones no tienen
las características que se requieren para acceder a lo solicitado y no puede el
juez de cumplimiento producto de su interpretación crear obligaciones que no
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Pretensiones No. 4 de la demanda, reformuladas en las No. 3, No. 5, No. 6 y No. 7 en la
impugnación.
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fueron previstas por el legislador o la administración, por tanto, se confirmará
la negativa de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta,
III. FALLA:
REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de 18 de noviembre de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, en su lugar, se precisarán las siguientes
órdenes:
PRIMERO. RECHAZAR la demanda en cuanto al cumplimiento del documento
CONPES 3849 de 2015 por cuanto no se agotó la renuencia, de acuerdo con lo
expuesto en esta sentencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia de 18 de noviembre de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima, esto es, la negativa de las pretensiones de la
accionante.
TERCERO. NOTIFÍQUESE a las partes del presente asunto en la forma prevista
en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.
CUARTO. En firme esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Login
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