Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00480-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00480-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2019-00480-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00480-01 (5424-2023)
Demandante: Teleforo Bernal Velásquez
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Nulidad del acto administrativo por falta de competencia.
Alcance. Servidores públicos de elección popular. Aplicación del
control de convencionalidad. MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la
sentencia proferida el quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Teleforo Bernal Velásquez instauró demanda en contra de la Procuraduría
General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda
instancia, expedidas el 3 de noviembre de 2017 por la Procuraduría Provincial de
Girardot y el 10 de abril de 2019 por la Procuraduría Regional de Cundinamarca,
mediante las cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el
término de dieciséis (16) años; y del acto administrativo mediante el cual se ejecutó
la sanción -que manifiesta, no le fue entregado-.
Que, como consecuencia, se ordene la eliminación de los registros de la
Procuraduría General de la Nación de la anotación de la sanción disciplinaria; el
pago de los honorarios que mensualmente percibía por la prestación de sus
servicios como médico en la ESE Hospital San Antonio de Anolaima desde el
momento en que se hizo efectiva la sanción disciplinaria -1 de junio de 2019- y hasta
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el momento en que se cancele el registro de la inhabilidad; el pago de perjuicios
morales en cuantía de 100 SMMLV y la indexación de las sumas que se reconozcan.
HECHOS1
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que fue elegido como alcalde del municipio de Flandes (Tolima) para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015
Que en su calidad de ordenador del gasto lideró los procedimientos de contratación
directa Nros. 024 y 025 de 2012 y el procedimiento de selección abreviada de menor
cuantía Nro. 001 de 2012, iniciado mediante aviso del 20 de junio de 2012 y
adjudicado el 23 de julio de 2022; todos, con el objeto de contratar los servicios de
apoyo a la gestión asistencial, operativa y logística para el transporte de los
estudiantes de varias veredas del municipio.
Que, en virtud de los referidos procedimientos de contratación, el 30 de agosto de
2012 se formuló una queja anónima ante la Procuraduría Provincial de Girardot, por
presuntas irregularidades en su celebración; con ocasión de la cual se abrió
indagación preliminar el 9 de otubre del mismo año.
Que practicadas las pruebas consideradas pertinentes, el 31 de agosto de 2016 se
formuló pliego de cargos, en el siguiente sentido:
• Primer cargo: por presuntamente haber inobservado el principio de
transparencia al suscribir los contratos 024 y 025 de 2012 de manera directa,
siendo que, por la modalidad y cuantía de aquella contratación, debió adelantar
el correspondiente proceso de selección de invitación pública de mínima cuantía.
Falta calificada como gravísima, con fundamento en el numeral 31 del artículo
48 de la Ley 734 de 2002, presuntamente ejecutada con culpa gravísima.
• Segundo cargo: por presuntamente haber adjudicado la selección abreviada de
menor cuantía 001 de 2012 sin que la propuesta ganadora cumpliera con los
requisitos exigidos en el estudio previo y en el pliego de condiciones, en relación
con los vehículos exigidos para la prestación del servicio. Falta calificada como
gravísima, con fundamento en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002, presuntamente ejecutada con culpa gravísima.
Que el 7 de noviembre de 2017 fue sancionado en primera instancia con destitución
e inhabilidad general por el término de dieciséis (16) años y, presentado el recurso
de apelación, el 10 de abril de 2019 se confirmó la decisión sancionatoria.
Que al imponerle la sanción no se tuvo en cuenta que había prescripción de la
facultad sancionatoria, porque fue investigado por hechos de ejecución instantánea.
1 Según el escrito de la demanda (páginas 2 a 23 del archivo 001_CUADERNO I.pdf, del consecutivo 13 de
SAMAI – gestión en el radicado de primera instancia) y de la reforma a la demanda (páginas 67 a 71 del archivo
003_CUADERNO III.pdf. del consecutivo 13 de SAMAI – gestión en el radicado de primera instancia-.
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Que las conductas por las cuales fue sancionado no constituyen actos de
corrupción, en los términos de la Ley 412 de 1997 y que, en ese orden, la
demandada no tenía la competencia para imponerle una sanción que restringiera
sus derechos políticos.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
Por auto del 26 de agosto de 20212 se admitió la demanda y se notificó a la entidad
demandada, quien se opuso a las pretensiones, señalando que la actuación de la
Procuraduría se ajustó a las disposiciones legales y constitucionales y se garantizó
durante el procedimiento el legítimo derecho de defensa y contradicción.
Que, una vez agotadas las etapas consagradas en la ley, se encontró objetivamente
demostrada la incursión en una falta disciplinaria, lo que dio lugar a la formulación
de cargos y posterior imposición de la sanción en primera y segunda instancia.
Que no es cierto que la acción disciplinaria hubiese prescrito, pues tal fenómeno
ocurre entre la fecha de apertura de la investigación disciplinaria y la decisión de
primera instancia y que, en el caso concreto, se resolvió cuando ya se encontraban
agotadas las dos instancias disciplinarias.
En respuesta a la reforma de la demanda, indicó que la jurisprudencia del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional señalan que la competencia de la
Procuraduría para investigar y sancionar disciplinariamente a servidores públicos
de elección popular se acompasa con el artículo 23.2 de la Convención Americana
de Derechos Humanos y que, en ese orden, no hay lugar a desvirtuar la legalidad
de los actos acusados por falta de competencia3.
Se celebró audiencia inicial el 18 de febrero de 20224, en la cual se fijó el litigio, se
resolvió el decreto de pruebas y tras su recepción5, se dio traslado a las partes para
que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara su
concepto6, luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno
por las partes.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 15 de junio de 2023
2 Páginas 16-17 del archivo 003_CUADERNO III.pdf, en el consecutivo 13 de SAMAI, visible en el radicado del
trámite de primera instancia.
3 Páginas 82 a 89 y 105 a 112 del archivo 003_CUADERNO III.pdf, en el consecutivo 13 de SAMAI, visible en
el radicado del trámite de primera instancia.
4 Véase consecutivo 5 de SAMAI, visible en el radicado del trámite de primera instancia.
5 Se recibió prueba testimonial el 26 de abril de 2022 (índice 19 de SAMAI, visible en el radicado del trámite de
primera instancia).
6 Se corrió traslado para alegatos y presentación del concepto por parte del Ministerio Público mediante auto
del 24 de junio de 2022 (véase consecutivo 31 de SAMAI, visible en el radicado del trámite de primera instancia).
Alegatos de la parte demandada visibles en el consecutivo 33 de SAMAI, en el radicado del trámite de primera
instancia.
Alegatos de la parte demandante visibles en el consecutivo 37 de SAMAI, en el radicado del trámite de primera
instancia.
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accedió parcialmente a las pretensiones, ordenando la supresión del registro de la
sanción disciplinaria y el pago de cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales.
Que no había operado la prescripción de la acción disciplinaria, pues esta se
configuraba el 16 de octubre de 2019 y, para entonces, ya se habían expedido y
notificado las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia.
Analizó el marco normativo y jurisprudencial respecto del control judicial de los actos
administrativos que imponen sanciones disciplinarias y, luego, estudió el caso
concreto con fundamento en los estándares interamericanos sobre la restricción de
los derechos políticos y el precedente vertical y horizontal respecto de la
competencia de la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones
disciplinarias a los servidores públicos de elección popular.
Que, en el ordenamiento colombiano el control de constitucionalidad es mixto, pues
combina el control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado, con el control difuso, que habilita a cualquier autoridad judicial para dejar
de aplicar preceptos jurídicos infraconstitucionales por ser contrarios a esta en un
caso concreto y que este último implica además el análisis de los tratados y
convenios internacionales ratificados por el Congreso, según lo dispone el artículo
93 constitucional.
Que según el régimen disciplinario aplicado al demandante, las sanciones de
destitución, inhabilidad general y especial y suspensión constituyen restricciones a
los derechos políticos, en la medida en que impiden que el sancionado pueda
ejercer el cargo o función que desempeñaba en la entidad respectiva y que la
competencia para su imposición, por mandato de los artículos 277 y 278
corresponde a la Procuraduría General de la Nación, lo cual a su vez quedó definido
en el artículo 2 de la Ley 734 de 2022.
Que de la lectura de la normativa convencional se puede advertir que solo un juez
penal, mediante una sentencia condenatoria en un proceso de la misma naturaleza,
puede restringir los derechos políticos de quienes son elegidos por voto popular y,
en ese mismo sentido, una autoridad administrativa no tiene la potestad para
limitarlos; por lo que declaró la nulidad de los actos demandados.
Negó las demás súplicas de la demanda, teniendo en cuenta que la sanción
disciplinaria se hizo efectiva cuando ya no se desempeñaba como alcalde y que el
último contrato celebrado con la ESE Hospital San Antonio de Anolaima finalizó el
31 de mayo de 2019; y condenó en costas a la demandada.
RECURSOS DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación7, expresando que, de acuerdo
con la estructura del Estado colombiano, la entidad tenía plena competencia para
7 Véase consecutivo 46 de SAMAI, visible en el radicado del trámite de primera instancia.
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investigar y sancionar a la demandante, pues así se desprende del numeral 6 del
artículo 277 constitucional, en desarrollo del cual se profirieron los estatutos
disciplinarios contenidos en la Ley 200 de 1995, 734 de 2002 -aplicable al caso
concreto-, 1952 de 2019 y 2094 de 2021; y que la norma de orden constitucional es,
inclusive, posterior a la Ley 16 de 1972, mediante la cual se aprobó la Convención
Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica y que, en
ese orden, no podía predicarse una eventual inconvencionalidad de la propia
Constitución que, en su artículo 93, integró las disposiciones de la CADH al bloque
de constitucionalidad.
Que en sentencias C-028 de 2006, SU-712 de 2013, C-111 de 2019, C-146 de 2021
(posterior al caso Petro Urrego Vs Colombia) y C-030 de 2023 la Corte
Constitucional ha señalado que la Procuraduría General de la Nación ha tenido,
tiene y conserva la facultad de investigar a los servidores públicos, incluso si fueron
elegidos popularmente y de imponer sanciones que limiten sus derechos políticos y
que en distintos pronunciamientos del Consejo de Estado se ha señalado que la
entidad es competente para investigar y sancionar a este tipo de servidores
públicos.
Que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional es claro que el caso Petro Urrego
Vs Colombia no tiene efectos erga omnes y que a la luz de la correcta e integral
interpretación del artículo 23 de la CIDH, las competencias de la Procuraduría no
se perdieron, mientras las disposiciones internas no determinen otra cosa.
Que los servidores públicos de elección popular no pueden evadir el control
disciplinario sobre su mandato y, por el contrario, adquieren mayor responsabilidad
en virtud de la confianza depositada por sus electores.
Que, la compensación por daños morales requiere de su previa acreditación, como
lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado y que, por ello, resultaba
necesario que con las pruebas se llegara a establecer un concepto técnico del daño
o lesión que presuntamente le ocasionó la entidad, sin que la mera enunciación de
su causación sea suficiente para proceder a su reconocimiento.
La parte demandante apeló la decisión8 en relación con la medida de
restablecimiento del derecho que le fue negada, pues, en su sentir, únicamente se
expuso el criterio de temporalidad sobre los contratos de prestación de servicios,
sin tener en cuenta la situación laboral y contractual del sector salud, que ha llevado
a que se emplee el contrato de prestación de servicios para suplir la necesidad de
personal, asunto que constituye un hecho notorio tanto en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo como en la ordinaria laboral.
Que no se valoró adecuadamente el testimonio del señor Manuel Fernández
Aguirre, gerente de la ESE Hospital San Antonio de Anolaima, recibido en audiencia
del 26 de abril de 2022, quien evidenció que la única razón por la cual no continuó
suscribiendo contratos con dicha entidad se fundamentó en la sanción disciplinaria,
8 Véase consecutivo 48 de SAMAI, visible en el radicado del trámite de primera instancia.
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pues de lo contrario, según el testigo, había continuado al servicio del hospital por
lo menos hasta mayo de 2020 -fecha en la cual el señor Fernández Aguirre concluyó
su periodo como gerente-.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 3 de noviembre de 20239 fue admitido el recurso de apelación. Mediante auto del
17 de septiembre de 202410 se resolvió una solicitud de pruebas obrante en el
escrito de apelación de la parte demandante, y en dicha providencia se dispuso que,
una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto
hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.
Pronunciamiento de las partes
De conformidad con el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, una vez
concedido el recurso y hasta la ejecutoria del auto admisorio, las partes guardaron
silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa: solicitud de medida de urgencia
Obra en el expediente un memorial del 30 de septiembre de 202411, mediante el
cual el señor Teleforo Bernal Velásquez solicitó la suspensión provisional de
urgencia de los efectos de los actos administrativos demandados, para que impida
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que no ha podido
ejercer su profesión en las Empresas Sociales del Estado ni sus asesorías
administrativas y, en consecuencia, no ha podido solventar su subsistencia y la de
su familia. Esta solicitud se encuentra suscrita por el señor Bernal Vélez, obrando
en su propia causa.
Al respecto, cabe advertir que, la Sala no se pronunciará en relación con el fondo
de esta solicitud, pues si bien según el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 “[t]oda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo (…) podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho (…)” y que, de conformidad con los artículos 229 de la misma
ley, la solicitud de medidas cautelares procede en cualquier estado del proceso, no
puede dejarse de lado que en la misma normativa, el artículo 160 consagra el
alcance del derecho de postulación, disponiendo que “[q]uien comparezca al
proceso deberá hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en
que la ley permite su intervención directa”.
9 Véase índice 00004 de SAMAI, del radicado en trámite ante esta Corporación.
10 Véase índice 00010 de SAMAI, del radicado en trámite ante esta Corporación.
11 Véase índice 00014 de SAMAI, del radicado en trámite ante esta Corporación.
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Por su parte, el ordenamiento jurídico permite la intervención directa, entre otros, en
el marco de los procesos laborales de única instancia, en los procesos monitorios,
en acciones públicas como la inconstitucionalidad o la de tutela; o cuando, en
ejercicio de la profesión de abogado, se actúa en causa propia y, el presente caso
no corresponde a ninguno de estos escenarios; adicionalmente, el señor Bernal
Velásquez cuenta con un apoderado a quien la primera instancia le reconoció
personería, y no se advierte una actuación adicional que revoque, sustituya u
otorgue nuevo poder. En consecuencia, era su apoderado quién debía realizar la
actuación procesal referida.
Aclarado el punto anterior, la Sala deberá determinar si los actos administrativos
demandados se encuentran viciados de nulidad, pues al aplicar las disposiciones
convencionales, se concluye que se expidieron por una autoridad sin competencia;
o si, como lo advierte la demandada, no se debió declarar su nulidad porque en su
expedición no se incurrió en ningún vicio.
Agotado esto, se deberá analizar si, como lo señala el demandante, hay lugar a
ordenar el pago de las sumas solicitadas por concepto de honorarios dejados de
percibir; y, si como lo indica la demandada, hay lugar a revocar la condena por
concepto de perjuicios morales.
Con este propósito, se abordará, en primer lugar, la falta de competencia como
causal de nulidad de los actos administrativos; en segundo lugar, el control de
convencionalidad de las decisiones sancionatorias de carácter disciplinario que
implican una restricción al ejercicio de los derechos políticos de los servidores
públicos elegidos por voto popular y, finalmente, se estudiará el caso concreto.
Nulidad del acto administrativo: la falta de competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción, desde luego, parte
del cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien los expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13712 y 13813 de la Ley 1437 de 2011, señalan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que: i) se ha expedido por un funcionario sin competencia; ii)
con infracción de las normas en que debería fundarse; iii) en forma irregular; iv) con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante falsa motivación
12 Del medio de control de nulidad.
13 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
Para esta Corporación el análisis de la competencia es fundamental para determinar
la validez de un acto administrativo, pues si bien no hace parte de la estructura y
contenido de la decisión, constituye el elemento determinante de las potestades de
una autoridad para definir una situación jurídica, lo que necesariamente se relaciona
con el principio de legalidad, porque delimitar qué autoridad debe resolver un asunto
específico es indispensable en el modelo de Estado Social y Democrático de
derecho, pues evita el ejercicio arbitrario del poder14.
A partir de tales consideraciones y con apoyo en la doctrina, se ha definido la
competencia como la “(…) facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para
ejercer determinar (sic) función”15, de lo que se sigue que la falta de competencia
se materialice cuando “(…) el autor profiere el acto pese que a (sic) no tenía el poder
legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar legalmente
facultado para ello”; esto es, por fuera de las facultades constitucionales y legales
que se atribuyen a la autoridad.
Carlos Betancur Jaramillo, citando a Jean Rivero, denomina incompetencia a aquel
vicio del acto administrativo que se configura cuando el autor de una decisión no
tenía el poder legal para tomarla16. Para Betancur Jaramillo, es la forma de
ilegalidad del acto más grave, porque los agentes públicos no pueden hacer sino
aquello para lo cual están expresamente autorizados, actuando sobre la base y
dentro de los límites de las atribuciones asignadas por los textos legales.
Para el autor, esto refleja “(…) el carácter de orden público que tienen las normas
que distribuyen las competencias funcionales”17; lo que, a su vez:
“(…) permite su declaratoria oficiosa por el juzgador, aunque el
demandante no la haya invocado como apoyo de su petición. Se colige
igualmente que el vicio de incompetencia no puede ser subsanado por la
aprobación posterior de la autoridad competente, ni ésta (sic) puede
renunciar a ella en beneficio de un administrado18. Tampoco puede ser la
competencia objeto de convención entre las partes ni modificarse, en
principio, por razones de urgencia.
(…)
Obsérvese que la formulación del cargo por incompetencia, dada su
magnitud, coloca en un plano un tanto secundario la impugnación por
cualquier otro motivo. (…) En otros términos, cuando la competencia del
funcionario esté cuestionada, la lógica impone determinado orden en la
impugnación y hace que sobre, hasta cierto punto, hablar de la expedición
irregular del acto, de la falsa motivación, de la desviación de poder o de
la infracción de la norma de derecho de fondo. (…)”19 (subrayas de la
Sala).
14 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de julio de 2021. Radicado 23001-
23-33-000-2013-00163-02 (4789-18). Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
15 Rodríguez, Libardo. Derecho administrativo general y colombiano Temis, Bogotá, 2013. Pág. 322. Citado
en: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 21 de junio de 2018. Radicado: 73001-23-31-000-2011-
005112-01. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
16 Rivero, Jean. Droit Administratif. Dalloz, Paris 1971, 5ª edición. P. 233. Citado en: Betancur Jaramillo, Carlos.
Derecho procesal administrativo. Ley 1437 de 2011. Medellín, 2013, 8ª edición. P. 291.
17 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
18 Rivero Jean, O.C. pág. 233 [cita de Betancur Jaramillo, Óp. Cit.].
19 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
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Visto, pues, el alcance de la causal de nulidad del acto por falta de competencia, en
el caso concreto se estudiará su configuración, como en la providencia apelada, a
partir del control de convencionalidad para determinar si la autoridad demandada
tenía o no la facultad para sancionar disciplinariamente con destitución e inhabilidad
al demandante, limitando, consecuentemente, sus derechos políticos.
El control de convencionalidad
La Sala considera que, al momento de revisar la legalidad de las sanciones
disciplinarias impuestas por la Procuraduría General de la Nación a los servidores
públicos elegidos por voto popular, resulta imperativo incluir en este análisis un
concepto de derecho internacional de obligatoria aplicabilidad: el principio de control
de convencionalidad, creado y defendido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Esto, en razón de entender que la Constitución Política de Colombia es un cuerpo
normativo que no está reducido al conjunto de disposiciones allí contenidas, sino
que comprende otras normas de rango supranacional que participan de esa misma
naturaleza, como las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y las interpretaciones que realiza la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de la misma, lo cual, en el caso colombiano, se articula a través del
artículo 93 de la constitucional, que ha permitido la integración en la Carta de esos
referentes normativos, y que dispone:
“Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia. (…)”.
La Corte Constitucional en Sentencia C-488 del 2009 determinó que si bien es cierto
que las normas que se integran al bloque de constitucionalidad ─con ocasión del
artículo 93 Superior─ tienen la misma jerarquía que las disposiciones de la Carta
Política, también lo es que existen diversas formas para su incorporación al
ordenamiento jurídico:
i) Por la vía de la “integración normativa”, que responde a lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 93 y que implica que exista un tratado ratificado por Colombia
en el que se reconozcan derechos humanos cuya limitación se prohíba en los
estados de excepción y, en consecuencia, ello presupone que “(...) su incorporación
es directa y puede comprender incluso derechos que no estén reconocidos en forma
expresa en la Carta”20.
ii) Por la vía del “referente interpretativo”, que responde a lo que señala el inciso
segundo del artículo mencionado y que implica que algunos tratados de derechos
20 Corte Constitucional. Sentencia C-488 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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humanos cuya limitación no está prohibida en los estados de excepción también
hacen parte del bloque de constitucionalidad, no como referentes normativos
directos, sino “(…) como herramientas hermenéuticas para juzgar la legitimidad de
la normatividad interna”21.
En ese orden de ideas, la modalidad de incorporación normativa que interesa a este
estudio es la contenida en el inciso primero del artículo 93 constitucional que otorga
aplicabilidad directa a las disposiciones que sobre derechos humanos se han
firmado y ratificado por Colombia, en la medida en que los derechos políticos que
regula el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no
pueden ser objeto de suspensión, sin importar la gravedad de la situación, al ser
intangibles o inderogables y considerados por un sector doctrinal como normas de
ius cogens.
Es por ello que en este punto juega un papel significativo el control de
convencionalidad como principio de creación jurisprudencial interamericana, que ha
permitido verificar el efecto útil de las normas contenidas en las distintas
convenciones sobre derechos humanos. Este control ha surgido, conceptualmente,
como aquel mecanismo que permite a los Estados concretar la obligación de
garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación
de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y su jurisprudencia. Tal control se caracteriza:
i) Porque su ejercicio se realiza en el ámbito de competencias de cada
autoridad, es decir, que su ejecución puede implicar la supresión de normas
contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o bien su
interpretación conforme a la misma.
ii) Porque la obligación que está siempre presente tras el control de
convencionalidad es la de realizar un ejercicio hermenéutico que haga
compatibles las obligaciones del Estado con sus normas internas.
iii) Porque es baremo de convencionalidad la normativa internacional y la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto
contenciosa como consultiva.
iv) Porque la obligatoriedad de realizar el control deriva de los principios del
derecho internacional público y de las propias obligaciones internacionales
del Estado asumidas en el momento de hacerse parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
v) Porque debe ser realizado de oficio por toda autoridad pública22.
21 Corte Constitucional. Sentencia C-067 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
22 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos No. 7: Control de Convencionalidad.
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Sobre esta última característica, la Sala considera importante destacar que en el
Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú23, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que:
“(...) 128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como
la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo
que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea
mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus
disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder
Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino
también ‘de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta
función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones
o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco
implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros
presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese
tipo de acciones. (...)” (negrillas originales; subrayas de la Sala).
Bajo esta lógica, en el ejercicio del control de convencionalidad, los jueces y órganos
vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención; y, por ende, en virtud de la
potestad que en derecho les corresponde a las autoridades judiciales, dicho control
puede realizarse bajo su iniciativa, sin necesidad de la solicitud a instancia de parte.
Es claro que la jurisdicción interna también está llamada a actuar como juez
interamericano y, en el presente caso, se ejercerá un control de convencionalidad a
la conducta del Estado, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, y se
determinará si este quebrantó normas internacionales de derechos humanos, para
lo cual esta Sala de subsección deberá interpretar este caso a la luz de los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por el país, como lo es la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 y ratificada por
Colombia mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972.
Los derechos políticos
Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro
del sistema interamericano en la medida que se relacionan estrechamente con otros
derechos consagrados en la Convención Americana como la libertad de expresión,
la libertad de reunión y la libertad de asociación; los cuales, en conjunto, hacen
posible la materialización de la democracia y el pluralismo político.
Es así como el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
consagra diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como
ciudadano, esto es: como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos
públicos; como elector, a través del voto; o como servidor público, es decir, a ser
elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un
cargo público.
23 Sentencia del 24 de noviembre de 2006.
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De ahí que se considere que el contenido de los derechos políticos viene dado por
las prerrogativas de: i) participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por representantes libremente elegidos; ii) de votar y ser elegido en
elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de los electores; y iii) de acceder a las
funciones públicas de cada país24.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 40 establece el derecho de los
ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político por
medio de la elección de sus representantes o del ejercicio del cargo; y, ello, se
desprende de la calidad de ciudadano que regula el artículo 99 Superior, al disponer
que “[l]a calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para
ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos
que lleven anexa autoridad o jurisdicción”.
No obstante, dichos derechos no son absolutos y por ello se han consagrado ciertas
limitantes a su ejercicio, tales como: la pérdida o suspensión de la ciudadanía
(artículo 98 Superior); la condena, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos
que afecten el patrimonio del Estado o por delitos relacionados con la pertenencia,
promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o
por narcotráfico en Colombia o en el exterior (artículo 122 Superior); cuando se haya
dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa
calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una
reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño
(artículo 122 Superior); por razón de la edad (artículos 172 y 177 Superiores); por
razón de la nacionalidad (artículo 191 Superior).
Ahora, en el orden legal, con ocasión de la competencia asignada a la Procuraduría
General de la Nación en el numeral 6 del artículo 277 constitucional, se consideró
que las sanciones consagradas en el artículo 45 de la Ley 734 de 2002 podían
aplicarse como facultad manifiesta de restricción de los derechos políticos, en la
medida que la destitución y la inhabilidad general, la suspensión y la inhabilidad
especial, son claros ejemplos de ello, ya que en el primer evento, dicha restricción
suponía la terminación de la relación laboral, e incluso la imposibilidad de ejercer la
función pública por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o
carrera; mientras que en el segundo evento, dicha restricción suponía la separación
del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la
imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por
el término señalado en el fallo.
Bajo ese marco, se comprendió que tanto la normativa constitucional como la legal
le habían otorgado a la Procuraduría la facultad de ejercer la potestad disciplinaria
contra los elegidos popularmente, pues el literal a, del numeral 1 del artículo 45 de
la Ley 734 de 2002 disponía que la destitución y la inhabilidad general suponían
“(…) [l]a terminación de la relación del servidor público con la administración, sin
24 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia Castañeda Gutman vs México.
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que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección”
(subrayado de la Sala). En otras palabras: en virtud de la competencia constitucional
y legal, por un tiempo se consideró que el Procurador General de la Nación se
encontraba facultado para investigar y sancionar a los servidores públicos, incluso
los de elección popular.
Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso
López Mendoza vs Venezuela ─cuyo pleito se originó por la sanción de inhabilidad
impuesta por la Contraloría General de la República para el ejercicio de la función
pública, mediante dos procesos administrativos que le prohibieron su participación
en las elecciones regionales del año 2008─, determinó que las sanciones o
condenas impuestas por las autoridades administrativas a los servidores públicos
de elección popular eran contrarias a la Convención, toda vez que el artículo 23 en
ninguna parte dispuso o contempló que la condena a la que se refiere el numeral 2
pueda ser impuesta por una instancia administrativa.
La Corte IDH señaló, a su vez, que el hecho de que en las legislaciones de algunos
de los Estados Partes de la Convención se prevea que una instancia no penal pueda
imponer la pena de inhabilitación para ser elegido, no constituía una práctica
generalizada acerca de la interpretación de la Convención, máxime cuando no se
conocía ningún antecedente que permitiera inferir que dicha normativa tenía por
finalidad cumplir con lo dispuesto en la Convención, sino todo lo contrario 25. Así, se
expuso:
“107. El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales
que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así
como, en su caso, los requisitos que deben cumplirse para que proceda
tal restricción. En el presente caso, que se refiere a una restricción
impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una “condena, por juez
competente, en proceso penal”. Ninguno de esos requisitos se ha
cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un “juez
competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron como
resultado de un “proceso penal”, en el que tendrían que haberse
respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la
Convención Americana.
108. La Corte estima pertinente reiterar que ‘el ejercicio efectivo de los
derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio
fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los
demás derechos humanos previstos en la Convención y que sus titulares,
es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también
de “oportunidades”. Este último término implica la obligación de garantizar
con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de
derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. En el
presente caso, si bien el señor López Mendoza ha podido ejercer otros
derechos políticos (supra párr. 94), está plenamente probado que se le ha
privado del sufragio pasivo, es decir, del derecho a ser elegido”26
(subrayas de la Sala).
25 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia López Mendoza vs Venezuela. Decisión del 1 de
septiembre de 2011.
26 Ibid.
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En el caso en mención, la Corte IDH concluyó que en ningún momento se creó una
regla nueva, distinta o contradictoria con lo reglado en la Convención; sino que se
fijó el sentido y alcance del artículo 23, según su única alternativa de aplicación
posible.
En el plano nacional, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de
noviembre de 2017, en el proceso radicado 11001032500020140036000 con No.
Interno 1131-201427, al resolver la demanda presentada por Gustavo Francisco
Petro Urrego contra la Procuraduría General de la Nación, luego de haber sido
destituido en su calidad de alcalde mayor de Bogotá e inhabilitado para el ejercicio
de cargos públicos por el periodo de 15 años, dio una interpretación sobre el alcance
del artículo 23.2 de la Convención, como manifestación del derecho vivo, al
siguiente tenor:
“(…) Ahora bien, un control de convencionalidad del artículo 44.1 de la
Ley 734 del 2002, fundamento sancionatorio en el presente caso, permite
advertir una incompatibilidad entre tal disposición y el artículo 23.2
convencional y concluir, de manera diáfana, que la Procuraduría
General de la Nación carecía de competencia para imponer una
sanción que restringiera, casi que a perpetuidad, los derechos
políticos de una persona para ser elegida en cargos de elección
popular, como también para separarlo del cargo de Alcalde Mayor de
Bogotá para el que fue elegido mediante sufragio universal, por las
siguientes razones:
La primera, porque al no ser sancionado el señor Gustavo Petro por una
conducta que constituyera un acto de corrupción, la Procuraduría General
de la Nación contravino una disposición de rango superior (artículo 23.2
convencional) que obliga, por vía del principio pacta sunt servanda, a su
ineludible observancia por parte de los Estados miembros de la
Convención, norma que dispone que solo un juez penal, mediante una
sentencia condenatoria dictada en un proceso penal, puede restringir los
derechos políticos de una persona.
(…)
La Segunda, porque el artículo 23.2 convencional supone la preservación
del principio democrático y la preponderancia del derecho a elegir que
tienen los ciudadanos de Bogotá en observancia del principio de
soberanía popular, de tal manera que mantener vigente una sanción que
restringe los derechos políticos del elegido no solamente implicaría
cercenar derechos del sancionado, sino también hacer nugatorios los
derechos políticos de sus electores que, como constituyente primario, han
acordado definir los medios y las formas para autodeterminarse, elegir a
sus autoridades y establecer los designios y las maneras en los que
habrán de ser gobernados. (…)” (Negrillas originales. Subrayas de la
Sala).
Igualmente, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante
sentencia del 29 de junio de 2023, radicado 11001032500020130056100 con No.
Interno 1093-2013, con ponencia del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar,
precisó que las restricciones referidas en el artículo 23.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos son causales taxativas, al incluirse la palabra
27 Consejero Ponente: César Palomino Cortés.
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“exclusivamente” para enlistar las razones por las cuales a través de la ley se puede
regular el ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo 23.1; y precisó
que:
“En cuanto a la causal por «condena, por juez competente, en proceso
penal», en principio, se refiere a la decisión definitiva adoptada por una
autoridad calificada, esto es, un juez de la República a quien por su
especialidad se le atribuyó la función de estudiar la responsabilidad de la
comisión de un acto considerado delito y que si como consecuencia del
sentido del fallo es declarado culpable se impone una sanción
condenatoria dentro de un proceso de naturaleza especial como lo es un
proceso penal” (subrayas de la Sala).
En suma, acatando el marco convencional que sobre derechos políticos se ha
desarrollado, se aclara que la Procuraduría General de la Nación mantiene incólume
sus funciones de investigación y sanción a los servidores públicos de elección
popular, siempre y cuando la misma no implique la restricción de sus derechos
políticos, lo que significa que no los podrá suspender o inhabilitar.
Resolución del caso concreto
Como se expuso, es deber de toda autoridad judicial y administrativa realizar el
control de convencionalidad, inclusive de manera oficiosa y, teniendo en cuenta la
jurisprudencia decantada en el caso Petro Urrego vs Colombia28, en la que se
consolida la línea interpretativa en relación con el alcance del artículo 23.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, para esta Sala de subsección es
claro que la normativa colombiana contenida en la Ley 734 de 2002, que facultaba
a la Procuraduría General de la Nación para destituir, suspender e inhabilitar a
funcionarios elegidos por voto popular, estuvo viciada de inconvencionalidad desde
sus orígenes, por ser contraria a los postulados de la CADH, pues es manifiesta la
falta de competencia de una autoridad administrativa para restringir los derechos
políticos de aquellos funcionarios que fueron elegidos democráticamente, y a su vez
se incumplió el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno por parte del
Estado colombiano.
Se advierte, además, que ni la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ni la
interamericana crearon un sentido o alcance nuevo del artículo 23 de la CADH, sino
que han precisado la única alternativa de aplicación de dicha norma; interpretación
que, llevada al caso concreto, permite concluir que las actuaciones adelantadas por
la demandada, que culminaron con la imposición de la sanción de destitución e
inhabilidad general por el término de dieciséis (16) años al demandante, no se
ajustaron a la normativa que regula el ejercicio de los derechos políticos y las
garantías judiciales, según lo consagrado en la Convención Americana.
En esos términos, como el marco normativo con el que fue sancionado el
demandante fue el mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
censuró o reprobó en el precedente convencional del caso Petro Urrego vs
Colombia, es palmaria la ilegalidad de los actos administrativos aquí demandados,
28 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 8 de julio de 2020
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pues, en efecto, la demandada no era la autoridad competente para su expedición,
lo que implica la configuración de la causal de nulidad previamente analizada.
Lo anterior, fue reiterado por esta Corporación en sentencia proferida en octubre de
2023, en la cual se concluyó que:
“(…) 94. En ese orden la norma constitucional es compatible con la
Convención, pues el artículo 277.6 no enuncia el tipo de sanción que
puede imponer la PGN en ejercicio de la potestad disciplinaria; este
artículo claramente remite a la Ley, que es la que contiene el catálogo de
sanciones. En este contexto, la Procuraduría goza de la potestad
disciplinaria frente funcionarios elegidos democráticamente, siempre que
las sanciones a imponer no restrinjan sus derechos políticos.
95. No sucede lo mismo con los artículos 44 y 45 del Código General
Disciplinario, sobre los cuales, la CIDH, en el fallo del 8 de julio de 2020,
consideró que sí eran incompatibles con la Convención, por violación del
principio de jurisdiccionalidad…”
96. Este pronunciamiento de la CIDH en el caso Petro Urrego Vs.
Colombia es claro en señalar que la vigencia de las normas que facultan
a la Procuraduría a imponer sanciones de inhabilitación o destitución a
funcionarios democráticamente electos, previstas en el Código
Disciplinario Único constituyen un incumplimiento al deber de adoptar
disposiciones de derecho interno; por ello, el Estado es responsable por
la violación al artículo 23 de la Convención Americana. (…)”29 (subrayas
y negrillas de la Sala).
De conformidad con la jurisprudencia citada, se puede concluir que al momento de
resolver los casos en los que se analice la legalidad de una sanción disciplinaria
impuesta por la Procuraduría General de la Nación a servidores de elección popular,
se debe aplicar el principio de favorabilidad y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; y solo cuando la regulación interna alcance los estándares
internacionales de derechos humanos, se aplicará la norma nacional que regule la
materia.
En síntesis, la decisión apelada se profirió realizando una correcta aplicación del
control de convencionalidad y, de manera acertada, concluyó que la demandada
carecía de competencia para sancionar disciplinariamente al demandante y, por
ello, será confirmada.
Del restablecimiento del derecho
Teniendo en cuenta que se confirmará la decisión conforme a la cual la legalidad de
los actos administrativos quedó desvirtuada, es necesario referirse a las medidas
de restablecimiento sobre las cuales versan los recursos de apelación:
Por parte del demandante, en relación con los honorarios dejados de percibir porque
no pudo celebrar contratos con la ESE para la cual había prestado sus servicios
como médico y; de la demandada, en relación con los perjuicios morales
29 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 11 de octubre de 2023. Exp. 5828-2018. C.P. César
Palomino Cortés.
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reconocidos en la decisión apelada.
• Pago de los honorarios que mensualmente percibía el demandante por el
ejercicio de su profesión como médico.
Estos, como se advirtió en la sentencia de primera instancia, no son procedentes,
pues para cuando se expidió el Decreto 935 del 11 de junio de 201930 el
demandante ya no ostentaba el cargo de alcalde, pues su periodo constitucional
concluyó el 31 de diciembre de 2015, de manera que la ejecución de la sanción
disciplinaria no afectó su ejercicio como tal.
Por otra parte, como se acreditó en el proceso, el actor suscribió un contrato de
prestación de servicios profesionales el 2 de enero de 2019 con la ESE Hospital
San Antonio de Anolaima, con plazo estimado de ejecución de tres (3) meses31 y,
luego un nuevo contrato con similares características, con la misma entidad, el 1 de
abril de 2019, con plazo estimado de ejecución de dos (2) meses32.
No obstante, no se puede concluir, como lo hace el demandante, que de no haber
sido sancionado, hubiese continuado suscribiendo contratos de prestación de
servicios con la mencionada entidad, pues tal presupuesto desnaturaliza el alcance
de dicho tipo contractual, porque, como se precisó en la decisión de primera
instancia, no existe una renovación automática del contrato, aun para el caso de las
entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación 33, quienes en todo
caso deben regirse por los principios de la contratación estatal, de la función pública
y atender a lo consagrado en sus respectivos manuales34.
Adicionalmente, no es este el escenario para discutir elementos inherentes al
contrato de prestación de servicios, como se pretende en el escrito de apelación,
pues las consideraciones en relación con el uso adecuado o no de la figura se
encuentran reservadas para el ejercicio del derecho de acción con unas
pretensiones que distan de las que aquí se discuten.
• Perjuicios morales.
La Sala se aparta de lo resuelto en la primera instancia, toda vez que allí, se valoró
el alcance de las pruebas testimoniales recaudadas en el sentido de concluir que
30 Expedido por el Gobernador (E) del Tolima, “Por el cual se hace efectiva una sanción disciplinaria”, visible en
el consecutivo 22 de SAMAI, en el radicado del trámite de primera instancia.
31 Véanse páginas 358 a 365 del archivo 002_CUADERNO II.pdf, en el consecutivo 13 de SAMAI, visible en el
radicado del trámite de primera instancia.
32Véanse páginas 366 a 373 del archivo 002_CUADERNO II.pdf, en el consecutivo 13 de SAMAI, visible en el
radicado del trámite de primera instancia.
33 De conformidad con el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, las Empresas Sociales del Estado,
“(…) [e]n materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas
exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública”.
34 Al respecto, cfr. Ley 1150 de 2007. “Artículo 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades
no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las entidades estatales que por
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de
la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.
(…)”.
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con ellas se logró acreditar que la expedición y ejecución de los actos demandados
causó aflicción, sufrimiento, congoja y un impacto negativo sobre las finanzas
familiares del demandante.
En relación con este punto, se destaca que en efecto los testimonios recaudados
son coincidentes respecto de las afectaciones económicas y de imagen que sufrió
el demandante, sin embargo, se resalta que, i) no existen elementos adicionales
que permitan establecer una relación de causalidad entre las distintas afectaciones
emocionales y a la salud que se relatan, con la sanción disciplinaria y ii) de los
relatos no se extrae que los episodios de tristeza, congoja o aflicción a los que se
alude de manera recurrente contaran con un respaldo probatorio adicional para
poder concluir que entre estos y la decisión sancionatoria existió algún vínculo.
En ese sentido, la Sala concluye que, si bien es cierto que la decisión sancionatoria
constituyó una restricción de los derechos políticos del demandante, no podría
decirse que toda decisión disciplinaria conlleva la materialización de daños morales
y a la salud. Para que procediera el reconocimiento de estos, era indispensable que
los demostraran, pues se trata de una carga probatoria al tenor de lo establecido en
el artículo 167 del Código General del Proceso.
En consecuencia, se revocará el ordinal cuarto de la sentencia apelada para en su
lugar negar el pago de los perjuicios.
De la condena en costas en esta instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, o si se
encuentra comprobadas o causadas; no obstante, dicho criterio fue variado con la
adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, según la cual la
condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida
obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
Por ello, se procederá a analizar dicha situación a la luz de la normativa vigente y
se observa que los fundamentos expuestos por la parte vencida no revisten una
carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a
ello, la parte vencida, en sus escritos, indicó razones en defensa jurídica de sus
intereses, por tal razón al no encontrarse acreditado tal presupuesto normativo no
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se condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el quince (15) de
junio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio
del cual se reconocieron los perjuicios morales, para en su lugar negar tal
pretensión.
Segundo. CONFIRMAR en lo demás la decisión apelada.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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