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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00031-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00031-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia de 9 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que concedió las súplicas de la demanda de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. Condenar en costas a la parte demandada, Fonprecon, en esta instancia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2020-00031-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

Radicado: 73-001-23-33-000-2020-00031-01 (0770-2024)
Demandante: Fabio José Echeverry Medina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73-001-23-33-000-2020-00031-01 (0770-2024)
Demandante: Fabio José Echeverry Medina
Demandado: Municipio de Casabianca y Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República.
Tema: Régimen de transición de la Ley 100 de 1993- Ley 71 de 1988
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia que concedió las
pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, contra la
sentencia de 9 de noviembre 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
que concedió las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1

2.1.1. Pretensiones

2. El señor Fabio José Echeverry Mejía, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la
nulidad de las Resoluciones 138 de 22 de marzo de 2013 por medio de la cual se negó
el reconocimiento de una pensión de jubilación al demandante y 0358 de 12 de julio
de 2013 que resolvió en recurso de reposición interpuesto contra dicha decisión,
ambas proferidas por Fonprecon.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó (i) el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación a partir del 1 de febrero de 2011, teniendo en cuanta todos los
factores devengados como funcionario público (ii) la indexación de las sumas

1 Folio 1 y siguientes del archivo “001procesodigital” del expediente contenido en el índice 60 de Samai

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Demandante: Fabio José Echeverry Medina

adeudadas; (iii) el pago de intereses moratorios y (iv) el pago de costas y agencias en
derecho.

2.1.2. Hechos

4. El señor Fabio José Echeverry Medina nació el 23 de julio de 1949.

5. Laboró al servicio de entidades como el Banco Cafetero, el municipio de
Casabianca, el departamento del Tolima, el municipio de Ibagué, Imporllantas Ltda. y
en la Cámara de Representantes, durante un tiempo superior a 20 años.

6. El 9 de julio de 2012 solicitó a Fonprecon el reconocimiento de una pensión de
jubilación conforme la Ley 71 de 1988, teniendo en cuenta su condición de beneficiario
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

7. A través de Resolución 138 de 22 de marzo de 2013 Fonprecon negó el
reconocimiento de la pensión deprecada pues estimó que no cumplió con el requisito
del tiempo de servicios previsto en la ley para ello, ya que sólo acreditó como tiempos
laborados 19 años, 2 meses y 12 días.

8. El demandante recurrió la anterior decisión y mediante Resolución 358 de 12
de julio de 2013 Fonprecon resolvió desfavorablemente dicho recurso.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

9. Señaló que los actos demandados vulneraron los artículos 1, 2, 46, 48 y 93 de
la Constitución Política y 36 de la Ley 100 de 1993.

10. Como concepto de violación señaló que el demandante era beneficiario del
régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, pues a 1 de abril de 1994 tenía
más de 40 años de edad y más de 15 años de servicios y, en consecuencia, tiene
derecho a que se reconozca una pensión de conformidad con la Ley 71 de 1988.

11. Indicó que las resoluciones demandadas negaron el reconocimiento de la
prestación por no encontrar acreditado el tiempo de servicios exigidos por la norma
para ser beneficiario de la pensión, sin embargo, no tuvieron en cuenta los tiempos
laborados como inspector de policía y promotor de acción comunal durante los
periodos comprendidos entre el 3 de septiembre de 2004 y el 23 de noviembre de 2004
y del 24 de noviembre de 2004 al 30 de julio de 2005, es decir, 10 meses y 26 días.

12. En ese sentido, el demandante cumplió con los requisitos previstos en la Ley 71
de 1988 para adquirir la pensión, pues teniendo en cuenta los periodos señalados
anteriormente, cuenta con más 20 años de servicios y además cumplió 60 años de
edad.

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13. Advirtió que los tiempos de servicio en los que laboró como inspector de policía
y promotor de acción comunal no fueron tenidos en cuenta por Fonprecon para el
reconocimiento de la prestación por no haberse realizado frente a ellos las cotizaciones
correspondientes, pues según relató, el municipio no vinculó al actor a una entidad de
previsión. Sin embargo, dicha omisión no podía ser soportada por el demandante, pues
la ley establece los mecanismos para el cobro de los aportes y además la
jurisprudencia ha señalado que la responsabilidad de la omisión de la afiliación del
trabajador recae exclusivamente sobre el empleador incumplido.

2.2. Contestación de la demanda.

14. El Municipio de Casabianca2 actuando a través de apoderado, contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones de la misma.

15. Indicó que, de acuerdo con el expediente administrativo, según la certificación
de 21 de diciembre de 2012, expedida por la alcaldesa municipal de Casabianca el
demandante estuvo vinculado a la administración municipal de Casabianca en el cargo
de inspector de policía entre el 3 de septiembre de 2004 y 23 de noviembre de 2004 y
en el cargo de promotor municipal de acción comunal desde el 24 de noviembre de
2004 al 30 de julio de 2005. En cuanto a la afiliación y aportes a entidades de previsión
pensional, el demandado no estuvo vinculado por lo que se indicó que el ente territorial
asumiría el reconocimiento de la cuota parte o el respectivo bono pensional según
corresponda.

16. Sostuvo que al demandante no le asiste derecho a la pensión pues no cumplió
con los requisitos contemplados en el Decreto 2837 de 1986 para los empleados del
Congreso de la República, esto es 20 años de servicios en empleos oficiales y 55 años
de edad, lo anterior, teniendo en cuenta que el demandado prestó sus servicios no
solo al sector público sino al privado.

17. Indicó que en caso de que prosperen las pretensiones de la demanda, el
municipio sólo podía ser responsable hasta el valor que resulte de la reserva actuarial
o el título pensional correspondiente, calculado conforme lo ordena el Decreto 1887 de
1994.

18. Finalmente, propuso las excepciones (i) de falta de legitimación en la cusa por
pasiva; (i) prescripción y (ii) buena fe.

19. Fonprecon3 actuando a través de apoderado, contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones pues estimó que el demandante no cumplió con los requisitos
previstos para el reconocimiento de la pensión, ya que no acreditó contar con los
tiempos cotizados para ello, lo anterior, teniendo en cuenta que no se realizaron

2 Folio 87 y siguientes del archivo “001procesodigital” del expediente contenido en el índice 60 de Samai
3 Folio 1 y siguientes del archivo “006Contestación” del expediente contenido en el índice 60 de Samai

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aportes a pensión en el periodo comprendido entre el 3 de septiembre de 2004 y el 23
de noviembre de 2004 y del 24 de noviembre de 2004 al 30 de julio de 2005 durante
los tiempos presuntamente laborados al municipio de Casabianca.

20. Propuso las excepciones de (i) inexistencia de la obligación y (ii) prescripción.

2.3. La sentencia apelada. 4

21. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de la sentencia de 9 de noviembre
de 2023, concedió las suplicas de la demanda.

22. En primer lugar, señaló que se encontró probado que el actor cumplió con el
requisito de los 60 años de edad el 23 de julio de 2009.

23. En relación con el tiempo de servicios, señaló que el demandante laboró para
el municipio de Casabianca como inspector de policía y promotor entre septiembre de
2004 y julio de 2005 y que tales periodos no fueron objeto de pago de cotizaciones a
pensión por parte de la entidad territorial empleadora, por lo cual no fueron tenidos en
cuenta por Fonprecon en los actos acusados.

24. Indicó que dicha situación desconoce los derechos pensionales del actor y lo
dispuesto en los artículos 24 de la Ley 100 de 1993, que le concede a las entidades
de previsión facultades para adelantar acciones de cobro contra el empleador omiso,
máxime cuando desde la sede administrativa el interesado acreditó que trabajó tal
interregno.

25. Advirtió que, en el curso del proceso, ante la evidente omisión del municipio en
el pago de los aportes, Fonprecon presentó a la entidad territorial una cuenta de cobro
por valor de $5.974.812, correspondiente al cálculo actuarial de los aportes del periodo
comprendido entre el 3 de septiembre de 2004 y el 30 de julio de 2005, la cual fue
pagada en su totalidad por el municipio el 22 de septiembre de 2021.

26. Además de los periodos mencionados anteriormente, el a quo tuvo en cuenta
los tiempos de servicio del lapso comprendido entre el 2 de febrero y el 30 de agosto
de 1989, que, si bien no aparecían registrados en las cotizaciones del sistema de
seguridad social en pensiones, según la certificación electrónica de tiempos laborados
CETIL del aplicativo del Ministerio de Hacienda, el demandante laboró como personero
municipal desde el 1 de febrero de 1986 hasta el 1 de septiembre de 1989.

27. Indicó que el actor acreditó un total, de tiempos de servicio de 20 años, 4 meses
y 29 días discriminados así: 5 años 4 meses y 13 días al Banco Cafetero, 10 años, 1
mes y 22 días en el municipio de Casabianca, 2 meses y 29 días en Gutiérrez Ramírez;

4 Índice 106 de Samai. Expediente 73001233300020200003100

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3 años, 2 meses y 9 días en el municipio de Ibagué, 3 meses de cotizaciones al ISS
de Imporllantas LTDA y 1 año, 2 meses y 16 días en la Cámara de Representantes.

28. Concluyó que el demandante adquirió el estatus de pensionado el 1 de
septiembre de 2010 a los 20 años de servicios, pues la edad la cumplió el 23 de julio
de 2009, por lo que le asistía derecho al reconocimiento de una pensión de
conformidad con lo previsto en la Ley 71 de 1988.

29. En ese sentido, ordenó que la pensión fuera liquidada con una tasa de remplazo
del 75% según lo indicado en la Ley 71 de 1988 y con un IBL en los términos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, al promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la
pensión de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994, actualizados anualmente con base
en la variación del IPC.

30. Finalmente declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad
al 12 de septiembre de 2016, teniendo en cuenta que el demandante adquirió el estatus
el 1 de septiembre de 2010, la petición de reconocimiento se radicó el 9 de julio de
2012 y la demanda se presentó el 12 de septiembre de 2019, es decir, que superó el
término de tres años consagrado en el ordenamiento jurídico.

2.5. Recurso de apelación.

31. Fonprecon,5 por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia y solicitó la revocatoria de la
misma y que en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.

32. Señaló que el a quo tuvo en cuenta los tiempos de servicio comprendidos entre
el 2 de febrero de y el 30 de agosto de 1989, sin embargo, dichos tiempos no se
encuentran en el CETIL.

33. Señaló que las certificaciones del municipio de Casabianca aceptando dichos
tiempos no fueron ratificadas, por lo que no pueden tenerse como pruebas.

34. Precisó que el CETIL es de obligatorio cumplimiento y aceptación, y que
Fonprecon sólo puede tener en cuenta lo que allí se encuentra certificado, por lo que
le solicitó al Municipio que aclarara dicho tiempo, y el Municipio ratificó que los tiempos
de servicio corresponden a los registrados en el CETIL.

2.6. Trámite en segunda instancia

35. A través de auto de 4 de marzo de 20246, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y se corrió al traslado al agente del Ministerio
Público para que rinda concepto.

5 Índice 104 de Samai. Expediente 73001233300020200003100
6 Índice 4 de Samai.

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36. Las partes demandante y demandada no presentaron escrito de alegatos.

37. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

38. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

39. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 7 de la Ley 1437 de 2011.

a. Marco de análisis de la segunda instancia

40. Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez
de segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas partes
apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

41. En el asunto objeto de estudio, la demandada apeló la decisión de primera
instancia, por lo que la competencia de la Sala se encuentra limitada a los aspectos
expuestos en el recurso.

3.2. Problema Jurídico

42. Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto, para reconocer el
derecho pensional conforme la Ley 71 de 1988, debían tenerse en cuenta los tiempos
de servicio laborados por el demandante en el periodo comprendido entre el 2 de
febrero y el 30 de agosto de 1989, por no encontrarse señalados en el certificado de
tiempos laborados – CETIL.

43. En caso de que estos no sean tenidos en cuenta, la Sala deberá establecer si
el demandante acreditó el tiempo de servicio exigido por la Ley 71 de 1988 para ser
beneficiario de la pensión pretendida.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

3.4.1. Postura unificada frente al reconocimiento pensional de los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

7 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el
de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».

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44. En sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 8, la Sala Plena de la
Corporación unificó su criterio sobre el IBL de las pensiones reconocidas bajo el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos subreglas
referentes (i) al periodo que se debe tener en cuenta para liquidar el IBL de las mismas
y (ii) los factores salariales que se deben observar para esos efectos.

45. Así, dispuso que tratándose de personas que al momento de entrar en vigencia la
Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional, el
IBL será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado el
afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de lo contrario,
esto es, si faltare menos de 10 años, el IBL será (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior.
46. De igual forma, precisó que los factores salariales a considerar son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones y que se encuentren consagrados expresamente en la Ley.
47. En cuanto a las subreglas se tiene:

48. La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985
(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

49. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.»

50. Acorde con lo expuesto, el IBL para las personas que se en encuentran en el
régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los
requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985.»

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Consejero

ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de
Montenegro.

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51. Debe indicarse que, el parágrafo transitorio 4.° del artículo 1.° del Acto Legislativo
01 de 2005 dispone que el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y
demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de
julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además,
tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la
entrada en vigencia del acto legislativo (25 de julio de 2005), a los cuales se les
mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.

52. Finalmente es de indicar que de conformidad con el régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ha de considerarse como referente
normativo aplicable a quienes se encuentren amparados por el mismo, no sólo la Ley
33 de 1985, reguladora del régimen pensional general para el sector público, para
quienes reclamen la pensión jubilatoria como empleados de dicho sector, sino también
la Ley 71 de 19889, que consagró la pensión de jubilación por acumulación de aportes,
la cual, concede la posibilidad de computar el tiempo servido en el sector público y en
el privado.
53. Esta Ley fue reglamentada en principio por el Decreto 1160 de 1989 y después por
el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, que en su artículo 1°, determinó que la
pensión a la que la mencionada Ley 71 de 1988 se refería, se denomina pensión de
jubilación por aportes y a la misma tenían derecho «[…] quienes al cumplir 60 años o
más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo,
20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de
Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector
público».
54. Dicha norma en sus artículos 6.° y 8.° estableció el salario base para la liquidación
de la pensión y el monto; empero el primero de los mencionados fue derogado por el
artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, sin embargo, esa determinación fue anulada
por esta Sección a través de sentencia del 15 de mayo de 2014 10.
55. Es destacar que, frente a los términos para su liquidación, esta Subsección11, ha
señalado que el IBL de las personas beneficiarias de la transición consagrada en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplique Ley 71 de 1988, será el
determinado por la regla y subreglas dispuestas en la sentencia de unificación referida
del 28 de agosto de 2018.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De las pruebas
56. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Subsección advierte como
relevantes las siguientes pruebas:

9 Ley 71 de 1988 «Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones».

10 Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Expediente 11001-03-25-000-2011-00620-00 (2427-2011).

11 Sección Segunda. Subsección “A”. C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas. Sentencia del 2 de mayo de 2019.

Radicación: 250002342000201503216 01 (2240-17. Actor: Olga Polanco Patiño. Demandado: Administradora
Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-.

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Demandante: Fabio José Echeverry Medina

• El señor Fabio José Echeverry Medina nació el 23 de julio de 1949. 12
• En Resolución 138 de 22 de marzo de 2013 Fonprecon negó el reconocimiento
de la pensión de Jubilación al señor Fabio José Echeverry Medina de conformidad con
lo previsto en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley
71 de 1988, pues estimó que no cumplió con el requisito del tiempo de servicios
previsto en la Ley para ello, ya que sólo acreditó como tiempos laborados 19 años, 2
meses y 12 días.13

• Mediante Resolución 358 de 12 de julio de 2013 Fonprecon resolvió un recurso
de reposición interpuesto contra la anterior decisión, confirmándola en su totalidad. 14

• En comunicación del 25 de noviembre de 2004 proferida por el alcalde del
municipio de Casabianca, se dio respuesta a una solicitud radicada por el señor Fabio
José Echeverry Medina sobre los tiempos de servicio laborados en esta entidad. Dicho
documento señaló que luego de revisar los archivos de la entidad, encontró que el
demandante laboró en el ente territorial en los siguientes periodos:

• A dicho documento se anexó una certificación suscrita por el alcalde del
municipio en la misma fecha en la que se indicó que el demandado laboró en la
entidad durante los siguientes periodos:

«Promotor municipal de acción comunal
Del 1 de enero de 1981 al 16 de mayo de 1981.

Promotor municipal de acción comunal
Del 1 de julio de 1981 hasta el 1 de febrero de 1982

Promotor municipal de acción comunal
Del 1 de julio de 1982 hasta el 1 de enero de 1983

Inspector de Policía
Del 16 de enero de 1983 al 1 de marzo de 1984

Tesorero Municipal
Del 1 de enero de 1985 al 28 de febrero de 1986

12 Folio 36
13 Folio 26
14 Folio 29

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Demandante: Fabio José Echeverry Medina

Personero Municipal
Del 1 de febrero de 1986 al 1 de septiembre de 1989

Alcalde por elección popular
Periodo 1990 a 1992

Inspector de Policía
Del 3 de septiembre de 2004 hasta el 23 de noviembre de 2004

Promotor municipal de acción comunal
Del 24 de noviembre de 2004 hasta el 30 de julio de 2005»

• De acuerdo con la certificación suscrita por el alcalde del municipio de
Casabianca el 9 de julio de 2009 el demandante laboró para el ente territorial durante
los siguientes periodos: 15

«Promotor municipal de acción comunal
Del 1 de enero de 1981 al 16 de mayo de 1981.

Promotor municipal de acción comunal
Del 1 de julio de 1981 hasta el 1 de febrero de 1982

Promotor municipal de acción comunal
Del 1 de julio de 1982 hasta el 1 de enero de 1983

Inspector de Policía
Del 16 de enero de 1983 al 1 de marzo de 1984

Tesorero Municipal
Del 1 de enero de 1985 al 28 de febrero de 1986

Personero Municipal
Del 1 de febrero de 1986 al 1 de septiembre de 1989

Alcalde por elección popular
Periodo 1990 a 1992

Inspector de Policía
Del 3 de septiembre de 2004 hasta el 23 de noviembre de 2004

Promotor municipal de acción comunal
Del 24 de noviembre de 2004 hasta el 30 de julio de 2005»

• De acuerdo con la certificación suscrita por la Alcaldesa del municipio de
Casabianca el 21 de diciembre de 2021, el señor Fabio José Echeverry Medina fue
funcionario de ese municipio y en el periodo comprendido entre el 3 de septiembre de
2004 y el 30 de julio de 2005 no estuvo afiliado a ningún fondo o entidad de previsión
para pensión, por lo que el municipio asumiría los aportes de Ley para el
reconocimiento de la cuota parte o del bono pensional a que haya lugar.16

15 Folio 23 del archivo “03 expediente administrativo”
16 Folio 34

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• Según la certificación de 6 de agosto de 2019 suscrita por el jefe de la división
de personal de la cámara de representantes del Congreso de la República, el señor
Fabio José Echevrry Medina prestó sus servicios durante los siguientes periodos: 17

«Según Resolución No.2832 de noviembre 12 de 2009, fue nombrado para desempeñar el cargo de
ASISTENTE I, y tomó posesión según Acta No.2832 de fecha noviembre 13 del mismo año, con una
asignación básica mensual de $1.490.700ooM/L, devengados a partir de la fecha de su posesión.

Que mediante resolución No. 1245 de fecha Julio 19 del año 2010, fue retirado del servicio a la
Corporación, por terminación del periodo Constitucional, que su vinculación laboral será hasta el 19
de Julio del mismo año.

Según Resolución No.1312 de Julio 20 de 2010, fue nombrado para desempeñar el cargo de
ASISTENTE I, y tomó posesión según Acta No.1312 de fecha Julio 21 del mismo año, con asignación
básica mensual de $1.545.000.00M/L, devengados a partir de la fecha de su posesión.

Que mediante Resolución No.0090 de enero 25 de 2011, le fue aceptada la renuncia al cargo a partir
del 01 de febrero del mismo año.»

• De acuerdo con el certificado de información laboral el demandante laboró
como Inspector de Policía de la Gobernación del Tolima desde el 16 de enero de 1983
al 1 de marzo de 1984. 18

• De acuerdo con la certificación electrónica CETIL de 27 de agosto de 2019 el
demandante laboró en el Congreso de la República en los siguientes periodos:19

Asistente 13 de noviembre de 2009 19 de julio de 2010
Asistente 21 de julio de 2010 31 de enero de 2011

• Conforme las novedades del ISS el demandante laboró en Imporllantas S.A. y
realizó cotizaciones en los periodos comprendidos entre febrero, marzo y abril de
1998:20

• Según el reporte de semanas cotizadas del ISS el demandado laboró los
siguientes periodos en el Banco Cafetero:21

-Desde el 31 de agosto de 1970 hasta el 31 de diciembre de 1971
-Desde el 1 de enero de 1972 al 30 de diciembre de 1974
-Desde el 1 de enero de 1975 al 16 de diciembre de 1975.

• De acuerdo con la certificación de tiempos de servicio el demandado laboró para
la alcaldía de Ibagué desde el 6 de marzo de 1996 hasta el 15 de mayo de 2001. 22

• En oficio de 18 de octubre de 2012 suscrito por la alcaldesa del municipio de
Casabianca, se dio respuesta a una solicitud de certificación de los tiempos de servicio

17 Folio 45
18 Folio 54 del archivo “06CES EXPEDIENTE”
19 Folio 55
20 Folio 16 del archivo “03 expediente administrativo”
21 Folio 40 del archivo “06CES EXPEDIENTE”
22 Folio 109 del archivo “06CES EXPEDIENTE”

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laborados por el señor Fabio José Echeverry Medina, que fue radicada por Fonprecon
el 9 de octubre de 2011. 23 Para ello, la entidad anexó a su respuesta un certificado de
información laboral de 5 de septiembre de 2012, en el que indicaban los siguientes
tiempos de servicio:24

• Según la misma certificación en dichos periodos se realizaron aportes a las
siguientes entidades de previsión:

• Ahora, conforme certificación de 21 de abril de 2015 suscrita por la directora de
gestión documental y apoyo logístico de la gobernación del Tolima, el demandante
laboró para el municipio de Casabianca durante los siguientes periodos: 25

23 Folio 62 del archivo “06CES EXPEDIENTE”
24 Folio 67 del archivo “06CES EXPEDIENTE”
25 Folio 205 del archivo “06CES EXPEDIENTE”

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3.5.2. Análisis de la sala

57. En el presente asunto, la parte actora pretende la nulidad de las Resoluciones 138
de 22 de marzo de 2023 por medio de la cual se negó el reconocimiento de una
pensión de jubilación y 0358 de 12 de julio de 2013 que resolvió en recurso de
reposición interpuesto contra dicha decisión confirmándola en su totalidad. Lo anterior,
por considerar que el demandante no cumplió con los requisitos previstos en la Ley 71
de 1988 o en el Decreto 758 de 1990 para ser beneficiario de la prestación.

58. El Tribunal Administrativo del Tolima, concedió las pretensiones de la demanda,
pues estimó que el señor Fabio José Echeverry Medina cumplió con los requisitos
previstos en las Ley 71 de 1988 para ser beneficiario de una pensión, esto es, 60 años
de edad y 20 años de servicio, pues demostró que cumplió la edad el 23 de julio de
2009 y que laboró en entidades del sector público y privado por 20 años, 4 meses y 29
días.

59. El fondo demandado recurrió la decisión de primera instancia y como fundamento
de inconformidad señaló que se tuvo en cuenta el tiempo de servicio comprendido
entre el 2 de febrero y el 30 de agosto de 1989, y que estos no se encuentran incluidos
en el certificado de tiempos laborados -CETIL, sino que se tomaron de las pruebas
allegadas por el Municipio de Casabianca, las cuales no fueron ratificadas con ese
ente territorial.

60. Ahora bien, revisado el expediente se advierte que el demandante laboró para el
municipio de Casabianca en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 1989 y el

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30 de agosto de 1989, y que en ese periodo se desempeñó como personero municipal.
Como pruebas de lo anterior, se encuentran los siguientes documentos:

• Certificaciones de 25 de noviembre de 2004 y de 9 de julio de 2009, proferidas
por el alcalde del municipio de Casabianca que indica que el demandante
desempeñó el cargo de personero municipal del 1 de febrero de 1986 al 1 de
septiembre de 1989.

• Certificado de información laboral de 5 de septiembre de 2012, del Ministerio de
Hacienda que señala que el señor Echeverry Medina desempeñó el cargo de
personero municipal del 1 de febrero de 1986 al 1 de septiembre de 1989.

• Certificación de 21 de abril de 2015 suscrita por la directora de gestión
documental y apoyo logístico de la gobernación del Tolima, en la que se indica
que el demandante laboró para el municipio de Casabianca del del 1 de febrero
de 1986 al 31 de agosto de 1989 como personero municipal.

61. Aunque el recurrente señaló que el municipio se abstuvo de certificar dichos
tiempos, la Sala advierte que a través de oficio de 18 de octubre de 2012 suscrito por
la alcaldesa del municipio de Casabianca, se dio respuesta a una solicitud de
certificación de los tiempos de servicio laborados por el señor Fabio José Echeverry
Medina, que fue radicada por Fonprecon el 9 de octubre de 201126, y junto a esta, la
entidad territorial anexó el certificado de información laboral de 5 de septiembre de
2012, en el que indicó, entre otros tiempos de servicio, que el actor se desempeñó
como personero del municipio en el periodo comprendido entre el 2 de febrero y el 30
de agosto de 1989.

62. De acuerdo con lo anterior, no son ciertas las afirmaciones realizadas por el
recurrente sobre la abstención del municipio de certificar los tiempos de servicio en los
que el demandante laboró en dicha entidad. En las certificaciones de tiempos de
servicio de 25 de noviembre de 2004 y de 9 de julio de 2009, proferidas por el alcalde
del municipio de Casabianca que incluyeron entre otros tiempos, el comprendido entre
el 2 de febrero de 1989 y el 30 de agosto de 1989, se afirma expresamente que las
certificaciones fueron expedidas luego de revisar los archivos de la entidad.

63. Por su parte, la certificación de 21 de abril de 2015 suscrita por la directora de
gestión documental y apoyo logístico de la gobernación del Tolima que también da
cuenta de dichos tiempos, indicó que la información se obtuvo de «los libros de
Contraloría segundo semestre, año 1986, tomo N°. 139, Certificado N°.0796 -0734
pág. (000530), primer semestre año 1987, tomo N°. 149, Certificado N°. 0535-0503
pág. (0050) segundo semestre año 1989, tomo N° 171, Certificado N° 2672-2550, Pág.

26 Folio 62 del archivo “06CES EXPEDIENTE”

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(0425) y segundo semestre año 1992, tomo no. 199, certificado no. 2253-1266, pág.
(00363)».

64. Lo anterior, demuestra que para certificar los tiempos de servicio señalados en
dichas certificaciones no solo se revisaron los archivos del municipio, sino que también
existe soporte documental de los periodos laborados por el demandante en los
archivos de la gobernación del Tolima, por lo que el argumento del recurrente no está
llamado a prosperar.

65. Por otra parte, la demandada indicó que las certificaciones del municipio aceptando
dichos tiempos no fueron ratificadas y que éste no encontró elementos para certificar
dicho periodo, por lo que no pueden tenerse como pruebas. Al respecto, advierte la
Sala que las partes no tacharon las certificaciones que contenían la información laboral
del demandante, ni aportaron otras pruebas que permitan desvirtuar los tiempos de
servicio allí señalados, por lo que estos documentos se presumen auténticos y son
válidos para acreditar el periodo indicado.

66. Finalmente, el recurrente sostuvo que los certificados de tiempos de servicio-
CETIL son de obligatorio cumplimiento y aceptación, y que Fonprecon sólo puede tener
en cuenta lo que allí se encuentra certificado, por lo que le solicitó al Municipio que
aclarara dicho tiempo, y este ratificó que el periodo que se cuestiona corresponde al
registrado en el CETIL.

67. Ahora bien , aunque los tiempos señalados anteriormente no se encuentran en el
Cetil, lo cierto es que el municipio certificó, entre otros, los tiempos se servicio
comprendidos entre el 2 de febrero de 1989 y el 30 de agosto de 1989 a través de
oficio de 18 de octubre de 2012 que dio respuesta a la solicitud de certificación de
tiempos de servicio realizada por Fonprecon, en la que remitió el formato autorizado
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es decir, que fueron tiempos acreditados
con otro medio de prueba , por lo que deben ser tenidos en cuenta para el
reconocimiento de la prestación.

68. Al respecto, la Corte Constitucional ha señado que «no existe la tarifa legal para
probar los requisitos para acceder a estas prestaciones sociales pensionales y, por tal
motivo, puede acreditarse dichos requisitos con las pruebas pertinentes y conducentes
para tal fin.”27

69. En sentencia T-409 de 2024, la Corte Constitucional señaló que en materia laboral
existe una aptitud probatoria para acreditar la existencia de una relación laboral o los
extremos de esta:

«Estándar probatorio para la demostración de la existencia de una relación laboral -o de sus
extremos laborales- en un caso concreto. La Corte Constitucional también ha reconocido que
en materia laboral existe una amplitud probatoria. Esto supone que las relaciones laborales, o

27 Sentencia T -021 de 2025.

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sus extremos temporales, pueden ser demostrados por diferentes mecanismos. En asuntos
como estos no existe propiamente un estándar probatorio concreto. En la Sentencia SU-182 de
2019, la Corte se refirió con amplitud a este asunto. Sobre él, resaltó lo siguiente:
“De acuerdo con el marco legal, no hay una única prueba solemne ni exclusiva para demostrar
los tiempos trabajados. Desde el siglo pasado, el ordenamiento jurídico previó que la
documentación física podía perderse; por lo que resultaba irrazonable exigir el certificado
documental como el único medio de prueba válido. En el sector público, por ejemplo, la Ley 50
de 1886, “que fija reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones” estableció que
en aras de obtener un reconocimiento pensional del “tesoro nacional”, la prueba escrita era la
idónea. Sin embargo, aceptó que cuando la misma no fuese posible de recuperar, se podría
acudir a otros medios supletivos de prueba, como la testimonial. Tratándose del sector privado,
el artículo 264 del Código Sustantivo del Trabajo trae una consideración similar, al permitir la
prueba supletoria, cuando no se pueda obtener la certificación del tiempo laborado.
Con fundamento en estas normas, la Corte ha defendido el principio de libertad probatoria que
rige las relaciones laborales. Y aunque se presume la buena fe de los afiliados, también ha
sostenido que “el reconocimiento de la prestación periódica exige cierto nivel de certeza de los
supuestos fácticos que se pretenden reconstruir y acreditar”. Especialmente, en sede de tutela,
donde no es posible desplegar una actividad probatoria a profundidad, ni reemplazar las
competencias del juez natural”.[104]
En conclusión, es claro que (i) los responsables del cuidado y custodia de la información laboral
no son los trabajadores -parte débil de la relación- sino sus empleadores y las administradoras
de pensiones. (ii) Este deber no se desprende solo de la jurisprudencia constitucional, sino
de las reglas previstas en las propias normas laborales. (iii) Los empleadores públicos o
privados deben iniciar acciones efectivas para reconstruir los archivos laborales de una persona
que se han perdido o destruido, y no le pueden trasladar a ella dicha carga. En ese propósito,
deben tener en cuenta los elementos probatorios allegados por el trabajador. Y (iv) el trabajador
puede aportar todas las pruebas con que cuente, para demostrar los extremos de una relación
laboral. Para ello no existe un estándar probatorio específico.»

70. De acuerdo con lo anterior, aunque los tiempos de servicio comprendidos entre el
2 de febrero de 1989 y el 30 de agosto de 1989 no se encuentran registrados en el
CETIL, deben ser tenidos en cuenta al encontrarse acreditados en otros medios de
prueba, como las certificaciones proferidas por la entidad territorial y el formato
autorizado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues no existe tarifa legal para
acreditar los tiempos de servicio laborados en el sector público.

71. De acuerdo con lo expuesto, los argumentos esbozados en el recurso no tienen
vocación de prosperidad por lo que la Sala confirmará la decisión de primera instancia
que concedió las pretensiones de la demanda.

3.6. Condena en costas

72. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

73. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando

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así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

74. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

75. En el caso concreto procede la condena en costas a la parte demandada,
Fonprecon, pues, la sentencia de primera instancia será confirmada, y no prosperan
los reparos del recurso. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo
del Tolima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 9 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que concedió las súplicas de la demanda de
acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. Condenar en costas a la parte demandada, Fonprecon, en esta instancia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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