Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00048-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00048-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2020-00048-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2020 00048 01 (3255–2021)
Demandante: Jorge Oswaldo Rico Santos
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Temas: Pensión de invalidez en miembros de la Fuerza Pública.
Prescripción de las mesadas pensionales. Artículo 43 del
Decreto 4433 de 2004. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 15 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima, que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda2
2. El señor Jorge Oswaldo Rico Santos, actuando por intermedio de apoderada,
solicitó declarar la nulidad parcial de la Resolución 00650 de 28 de junio de 2018
expedida por el Subdirector General de la Policía Nacional –que reconoció pensión
de invalidez al actor-, específicamente de los parágrafos 1° y 2° del artículo 1°, en
los que se dispuso la prescripción del pago de mesadas pensionales; así como la
nulidad de las Resoluciones 00174 de 17 de abril de 2019 y 02860 de 5 de julio de
2019, por medio de las cuales se desataron los recursos de reposición y apelación,
confirmando el acto inicial que declaró la prescripción trienal de las mesadas.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar el pago retroactivo de
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=73001233300020200
0048011100103
2 Folio 1 a 18 del expediente.
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Demandante: Jorge Oswaldo Rico Santos
mesadas pensionales desde el día 17 de mayo de 2006 hasta el 23 de abril de 2015,
teniendo en cuenta el 50% de la asignación básica de un Capitán, incluyendo el
33% de la prima de actividad, el 39% del subsidio familiar y 1/12 de la prima de
navidad; así mismo, que las sumas resultantes sean indexadas, se reconozcan y
paguen intereses por mora y se condene en costas a la entidad.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. Se indicó que el señor Jorge Oswaldo Rico Santos se vinculó a la Policía Nacional
desde el 5 de noviembre de 1997, retirándose del servicio activo el 17 de mayo de
2006; que, con ocasión a su retiro, le fueron practicadas dos Juntas Médico
Laborales el 27 de julio de 2005 y el 26 de julio de 2006, determinándose una el
60.24% de pérdida de capacidad laboral.
5. Explicó que el 18 de octubre de 2006, radicó solicitud de reconocimiento y pago
de una pensión de invalidez ante la Dirección General de la Policía Nacional, la cual
fue negada a través de la Resolución 01240 de 26 de diciembre de 2006. Posterior
a ello, el 22 de octubre de 2007, presentó acción de tutela solicitando el
reconocimiento pensional.
6. Actuado por intermedio de apoderado, el 22 de marzo de 2011 presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los fallos disciplinarios de la
Procuraduría Delegada ante la Policía Nacional, que conllevaron a expedir el
Decreto 1378 de 5 de mayo de 2006 con el que se produjo su retiro del servicio; en
sentencia de segunda instancia, fechada el 21 de mayo de 2014, el Consejo de
Estado negó las pretensiones de dicha demanda.
7. Manifestó que, el 17 de marzo de 2015 interpuso acción de tutela en contra de
las anteriores decisiones, sin embargo, con fallo de 3 de agosto de 2015 le
resolvieron de manera desfavorable, dejando en firme el retiro activo del servicio.
8. El 9 de julio de 2018, radicó solicitud ante la Policía Nacional para obtener el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, emitiéndose la Resolución 00650
de 25 de junio de 2018, por medio de la cual se le reconoció la prestación periódica
a partir del 17 de mayo de 2006, teniendo en cuenta el 50% de la asignación básica
de un Capitán; así mismo, se declaró la prescripción de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 23 de abril de 2015. En contra de esta decisión, elevó
recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos negativamente con
los actos hoy demandados.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
9. Indicó como normas los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 47, 48, 90, 121, 209 y 228
de la Constitución Política; el 3.5 de la Ley 923 de 2004 y el 2 del Decreto 1157 de
2014.
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Demandante: Jorge Oswaldo Rico Santos
10. Como sustento de la demanda, explicó que la entidad incurrió en error al no
tener en cuenta las actuaciones administrativas y judiciales con las que se buscaba
la reincorporación a la institución, lo que demuestra su constante interés en buscar
la salvaguarda de sus derechos, además, expresó que de haber tramitado
simultáneamente la reclamación de una pensión de invalidez hubiera sido
considerado temerario y contradictorio.
11. Argumentó que, fue con la decisión de declarar la nulidad del Decreto 4433 de
2004 y la expedición de la Ley 1157 de 2014, que encontró la posibilidad de
presentar la solicitud de la prestación periódica, pues, así se le facilitó obtener la
pensión de invalidez a partir de la fecha del retiro, por lo que no procede la
declaratoria de prescripción de mesadas.
12. Consideró que la administración erró al no reconocerle una pensión de invalidez
desde el momento en que la solicitó cuando se retiró del servicio, pues ello configuró
una dilación injustificada en sus mesadas, las cuales ahora declaran prescritas.
1.4. Contestación de la demanda
13. Admitida la demanda el 14 de febrero de 20203, y notificado dicho proveído, la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional4, por intermedio de
apoderada, presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad de las
pretensiones; al efecto, indicó que la decisión de la administración se ajusta a
derecho, pues la prescripción de las mesadas de asignación de retiro se encuentra
establecido en el Decreto 4433 de 2004, fenómeno que se ha establecido en la
legislación y que ha sido objeto de pronunciamiento jurisprudencial en varias
oportunidades, poniendo de presente la sentencia de 10 de octubre de 2019 del
Consejo de Estado – Sección Segunda con radicado: 11001-03-25-000-2015-
00544-00.
1.5. Sentencia de primera instancia5
14. Con fallo de 15 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante.
15. Como sustento de lo anterior, señaló que, si bien el 18 de octubre de 2006 el
señor Jorge Oswaldo Rico Santos solicitó el reconocimiento de la pensión por
invalidez y le fue negado con la Resolución 01240 de 26 de diciembre del mismo
año, transcurrieron casi once años para elevar una nueva petición en el mismo
sentido, es decir hasta el 24 de abril de 2018, la cual resultó favorable, pero con la
configuración de la prescripción que hoy ataca.
3 Folio 126 del expediente.
4 Folios 138 a 146 del expediente.
5 Folios 179 a 187 del expediente.
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16. Explicó que, sobre la prescripción el Consejo de Estado ya se ha pronunciado,
citando para el efecto la providencia de 10 de octubre de 2019 con radicado 11001-
03-25-000-2012-00582-00, en la que se analizó el término trienal del artículo 43 del
Decreto 4433 de 2004. Así, determinó el a quo que el derecho se adquirió como
consecuencia de la petición elevada el 24 de abril de 2018, por tanto, las mesadas
causadas antes del 24 de abril de 2015 se encuentran prescritas.
17. En cuanto a las costas, consideró que se debía dar aplicación al artículo 365
del Código General del Proceso, estimando el pago de agencias en derecho en 15
salarios mínimos legales diarios vigentes.
1.6. Recurso de apelación6
18. El señor Jorge Oswaldo Rico Santos, por intermedio de apoderada, presentó
recurso de apelación a fin de que se revoque la decisión de primera instancia. Como
sustento de ello, expuso que no es procedente la configuración de la prescripción
toda vez que actuó de buena fe y bajo confianza legitima. Que en el año 2006 le fue
negada la pensión por invalidez a pesar de contar con una pérdida de capacidad
laboral del 60.24%, usando todos los mecanismos disponibles para la reclamación,
incluida una acción constitucional que le fue desfavorable, llevando a la convicción
del demandante de que no procedía su derecho bajo las disposiciones del Decreto
4433 de 2004, que para ese momento se encontraba vigente.
19. Explicó, que el interés por la salvaguarda de sus derechos fue continuo y que
no debe aplicarse la prescripción, toda vez que el error de la administración al tener
en cuenta las disposiciones del Decreto 4433 de 2004, que luego fue declarado
nulo, lo llevó a desistir de la reclamación. Describió que, bajo los principios de
seguridad jurídica, legalidad y confianza legitima, es viable el reconocimiento del
derecho pleno sin la configuración de la prescripción, pues los cambios bruscos e
inesperados llevaron al error de considerar que no le asistía el derecho.
20. Igualmente aduce que en atención al principio de favorabilidad debe aplicarse
la prescripción cuatrienal, pues, durante las actuaciones administrativas
adelantadas con miras a obtener el derecho, se encontraba vigente el artículo 174
del Decreto 1211 de 1990 - prescripción cuatrienal-, más no el Decreto 4433 de
2004 –art. 33-. Así mismo citó providencia del Consejo de Estado con radicado
interno 1388-2011.
21. Indicó que, de aplicarse la prescripción, debe ser la cuatrienal del Decreto 1313
de 1990, norma vigente al momento de ingreso al servicio activo, lo cual ocurrió el
5 de noviembre de 1997; así, en el entendido que la expedición del Decreto 1157
de 2014 le otorgó el derecho pensional al demandante, no es posible la
configuración de la prescripción, pues pasaron 4 años entre la norma que sustenta
el derecho y la radicación de la petición que se lo otorgó.
6 Folios 196 a 2020 del expediente.
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1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
22. Con auto de 2 de noviembre de 20217, se admitió el recurso de apelación.
23. El señor Jorge Oswaldo Rico Santos, la Nación Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, el Ministerio Público y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio en esta etapa procesal.
24. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
25. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, al tenor del artículo 328 del
Código General del Proceso9, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, únicamente una de las partes presentó recurso de alzada, el análisis se
encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Problema jurídico
26. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar, si en el caso de la pensión
por invalidez reconocida a favor de Jorge Oswaldo Rico Santos, se configuró la
prescripción extintiva de las mesadas pensionales, o si, por el contrario, como lo
afirma el demandante, se deben cancelar las mesadas desde el momento en que
se hizo exigible la prestación.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La prescripción en el régimen prestacional de la Fuerza Pública
7 Índice 5 del expediente electrónico disponible en SAMAI.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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27. Respecto de las mesadas de las asignaciones de retiro y las pensiones de las
Fuerzas Militares y de Policía, el Decreto 4433 de 2004, en su artículo 43,
estableció:
«Artículo 43. Prescripción. Las mesadas de la asignación de retiro y de las
pensiones previstas en el presente decreto prescriben en tres (3) años contados a
partir de la fecha en que se hicieron exigibles.
El reclamo escrito recibido por la autoridad competente sobre un derecho, interrumpe
la prescripción, por un lapso igual. […]»
28. Sobre el particular, el artículo establece un plazo de tres años para reclamar las
mesadas de retiro y pensiones, con la posibilidad de interrumpir este plazo mediante
un reclamo formal. Esto contribuye a la seguridad jurídica al delimitar el tiempo para
ejercer estos derechos.
29. Vale la pena recordar, que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
providencia de 10 de octubre de 2019, al estudiar la nulidad del mencionado artículo
a través del medio de control de nulidad, explicó lo siguiente:
«[…], al revisar el término de prescripción trienal señalado en el artículo 43 del Decreto
4433 de 2004 se observa que este cumple con los parámetros de validez normativa
en materia procesal, […], dado que: i) No vulnera los principios, los criterios, los
objetivos o los mínimos previstos en la Ley 923 de 2004; ii) atiende los principios y
fines esenciales del Estado; iii) permite la realización material de los derechos
sustanciales que el régimen pensional y de asignación de retiro consagra10; iv) no
vulnera derechos fundamentales de los miembros de la Fuerza Pública; v) la medida
tiene un fin legítimo y constitucionalmente válido, como lo señaló la Corte
Constitucional en la sentencia C-072 de 1994, vi) no se observa que la misma
desborde los principios de razonabilidad y proporcionalidad11, máxime si se tiene en
cuenta que la prescripción trienal es la regla general en materia laboral y ese término
ha sido considerado válido por el máximo Tribunal Constitucional12.
Aunado a lo anterior, es importante resaltar el beneficio para el interés general que
conlleva la medida, habida cuenta de que los recursos de las mesadas prescritas no
pueden destinarse a otros fines distintos a los señalados en el referido artículo 43,
10 «Los cuales se constituyen en los aspectos sustanciales que deben atenderse de manera
especial en atención a las funciones particulares atribuidas por los artículos 217 y 218 de la Carta
Política.»
11 «Se destaca que en otras legislaciones latinoamericanas los plazos de prescripción laboral se
han definido así: de un año (artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo de México y artículo 399 del
Código de Trabajo Paraguayo), de dos años (artículo 510 del Código del Trabajo de Chile y artículo
256 de la Ley 20.744 de Argentina) y de tres años (artículo 635 del Código de Trabajo en
Ecuador)»
12 «Es el caso de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código Procesal del
Trabajo, 41 del Decreto Ley 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969»
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[…] norma que se ajusta a los principios de solidaridad y equidad que inspiran dicho
régimen y al criterio señalado por la Ley 923 de 2004, […]»13
30. Lo anterior, llevó a la Sala a concluir que el artículo que impone la figura de la
prescripción para las mesadas en las asignaciones de retiro y pensiones de la
Fuerza Pública, no se expidió con vulneración a la Constitución y, por tanto, se
encuentra vigente. A lo que se suma que, el Consejo de Estado14 ha mantenido una
postura reiterada, respecto a que, si bien el derecho pensional tiene la connotación
de imprescriptible, y por tanto puede reclamarse en cualquier momento por su
beneficiario, no ocurre lo mismo con las mesadas pensionales que se causen, las
cuales si están sujetas a dicho fenómeno prescriptivo.
2.2. Del caso en concreto
31. En el expediente, según el Acta de Junta Médico Laboral de la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional, de fecha 26 de julio de 200615, se observa que el
señor Jorge Oswaldo Rico Santos prestó servicio en la Policía Nacional desde el 13
de enero de 1997 hasta el 17 de mayo de 2006, es decir por 9 años, 5 meses y 22
días; y se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 60.24%.
32. De acuerdo con ello, el 18 de octubre de 2006 solicitó el reconocimiento y pago
de una pensión por invalidez, la cual fue negada con la Resolución 01240 de 26 de
diciembre de 200616 emanada de la Subdirección de la Policía Nacional, decisión
en contra de la cual, el 22 de octubre de 2007, interpuso acción de tutela, sin que
se conozca el resultado de esta.
33. Posterior a ello, el 22 de marzo de 2011 radicó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de los fallos disciplinarios emanados por la
Procuraduría General de la Nación, por medio de los cuales fue destituido e
inhabilitado por el término de un (1) año; proceso que finalizó con la sentencia
expedida por la Sección Segunda el 12 de mayo de 2014, en la cual se negaron las
pretensiones de la demanda. En contra de esta decisión, interpuso nuevamente
acción de tutela, la cual fue conocida por el Consejo de Estado, que, en fallos de 29
de abril de 2015 y 3 de agosto del mismo año, negó por improcedente la acción
constitucional.17
13 Consejo de Estado – Sección Segunda. Radicado: 11001-03-25-000-2012-00582 00 (2171-2012)
acumulado con 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015).
1. 14 ala Segunda de Decisión – C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter – expediente 52001-23-33-
000-2017-00322-01(2315-19) – sentencia de 16 de julio de 2021. Ver además, sentencias de la Corte
Constitucional -230 de 1998, C-198 de 1999, C-624 de 2006, SU-430 de 1998, T-274 de 2007, T-
456 de 2013 y SU-567 de 2015.
15 Folios 29 y 31 del expediente.
16 Folios 34 a 36 del expediente.
17 Folios 56 a 64 del expediente.
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34. Finalmente, el 24 de abril de 2018, radicó nueva petición de reconocimiento y
pago de una pensión por invalidez ante la Dirección General de la Policía, la cual
fue resuelta de manera favorable con la Resolución 00650 de 28 de junio de 2018,
reconociendo la prestación reclamada a partir de la fecha efectiva del retiro del
servicio, es decir, el 17 de mayo de 2006, sin embargo, el parágrafo segundo del
artículo primero determinó declarar prescrito el pago de mesadas causadas con
anterioridad al 23 de abril de 201518, aplicando para el efecto lo dispuesto en el
artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, que dispone la prescripción trienal.
35. Pues bien, atendiendo al alcance del recurso de apelación, debe la Sala
establecer si dadas las particularidades de la actuación administrativa narrada por
la parte recurrente, no es procedente aplicar la figura de la prescripción; de
resolverse de manera negativa frente a lo anterior, se determinará si dicha figura
debe estudiarse a la luz del Decreto 4433 de 2004 -prescripción trienal, como lo hizo
la entidad al reconocer la pensión de invalidez, o al tenor del artículo 174 del Decreto
1211 de 1990 - prescripción cuatrienal-, según lo solicita el recurrente.
36. Frente al primer cargo en cita, se tiene que el señor Rico Santos, aduce que
desde el año 2006, realizó las gestiones pertinentes para obtener la pensión de
invalidez, sin embargo, dado que se le había determinado un 60.24% de pérdida de
capacidad laboral, la entidad con fundamento en el Decreto 4433 de 2004, negó
dicha solicitud, pues dicha normativa exigía un 75% de PCL, lo cual se materializó
con la Resolución 01240 de 26 de diciembre de 2006, lo que lo motivó a interponer
acción de tutela que fue desatada desfavorablemente en primera y segunda
instancia.
37. Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala el argumento del actor respecto a
que fue diligente, pues, hizo uso de los medios judiciales a su alcance, no resulta
de recibo; ello, en tanto, si bien reclamó la prestación dentro de un término de 5
meses, una vez le fue emitida el Acta de Junta Medico Laboral que sustentaba la
pérdida de capacidad laboral, lo cierto es que contra dichos actos administrativos
no interpuso los recursos de ley; y aunque presentó una acción de tutela al año
siguiente (2007), la cual no resultó favorable, no puede pasarse por alto, que para
ese momento el Decreto 4433 de 2004, era aplicable a su caso, y aquél no cumplía
con los requisitos exigidos para obtener la pensión de invalidez, conforme se definió
en el acto administrativo mencionado. Sumado a que tampoco cuestionó la legalidad
de dicho acto.
38. Ahora, menciona el recurrente que no puede concluirse que existió falta de
diligencia, pues, ante las anteriores decisiones tuvo la concepción de que no era
beneficiario de dicha pensión, y por tanto, el yerro de la administración al haberse
expedido un decreto que afectaba derechos fue lo que conllevó a que aquél no
insistiera en su reconocimiento, y no fue sino hasta cuando se expidió el Decreto
1157 de 2014, “por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal
18 Folios 65 a 72 del expediente.
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Demandante: Jorge Oswaldo Rico Santos
de la Policía Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado de la
fuerza pública”, que se abrió la posibilidad de reclamar y obtener el reconocimiento
de la pensión de invalidez, pues, el artículo 2° exigió una pérdida de capacidad
laboral igual o superior al 50%, la cual superaba el actor.
39. Respecto a lo anterior, como se dijo, para el momento en que se emitió el primer
acto administrativo que negó la pensión de invalidez en el año 2006, el Decreto 4433
de esa anualidad, se encontraba vigente surtiendo plenos efectos; por lo que, de
estimarse ajustado que el actor solo a partir de la expedición de la Ley 1157 de 24
de junio de 2014, reclamara nuevamente la mentada prestación, lo cierto es que
dejó transcurrir más de los 3 años contemplados en el decreto en cita, que establece
una prescripción trienal, ello en tanto la solicitud la presentó el 24 abril de 2018.
40. Cabe mencionar que, da cuenta el material probatorio que el apelante realizó
otro tipo de actuaciones administrativas, pero tendientes a cuestionar la legalidad
de los fallos disciplinarios que lo sancionaron con destitución e inhabilidad de un
año, decisión que fue ejecutada mediante Resolución 1378 de 5 de mayo de 2006,
disponiendo el retiro del servicio; sin embargo, este asunto resulta totalmente ajeno
a la controversia relacionada con la pensión de invalidez, por lo que no puede
pretenderse que estas gestiones se tenga en cuenta para efectos de la interrupción
del término de prescripción.
41. En torno al segundo cargo, estima la Sala ajustada la aplicación del artículo 43
del Decreto 4433 de 2004, que contempla la prescripción trienal, ello en tanto era la
disposición vigente para el momento del reconocimiento pensional, lo cual se hizo
a partir del 17 de mayo de 2006, pero con efectos fiscales a partir del año 2015 por
prescripción; sin que sea de recibo que deba aplicarse la norma vigente al momento
de la vinculación al servicio de la entidad, como se afirma en el recurso.
42. Así entonces, siendo exigible el derecho a partir del 17 de mayo de 2006, el
actor tenía hasta el 17 de mayo de 2009, para presentar la reclamación
administrativa correspondiente, lo cual hizo el 17 de octubre de 2008, esto es dentro
del término de ley; no obstante, la entidad resolvió tal petición mediante Resolución
01240 de 26 de diciembre de 2006, negando lo pretendido, sin que la parte
interpusiera los recursos de ley, ni presentara la respectiva demanda judicial.
43. Posteriormente, el 24 de abril de 2018, eleva una nueva solicitud, y la demanda
la radica el 30 de enero de 2020. De manera que, como lo sostuvo el tribunal se
encuentran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 24 de abril de
2015.
44. Y como se mencionó, si el análisis de prescripción se efectuara a partir de la
expedición del Decreto 1157 de 2014, que exigió la acreditación un porcentaje igual
o superior al 50% de PCL, para ser beneficiario de la pensión de invalidez, lo cual
permitió el reconocimiento al actor; lo cierto es que también operó dicha figura
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 73001 23 33 000 2020 00048 01 (3255-2021)
Demandante: Jorge Oswaldo Rico Santos
jurídica, ya que, el decreto se profirió el 24 de junio de 2014 y la reclamación la
radicó el 24 de abril de 2018, también transcurridos más de 3 años.
45. Finalmente, se le recuerda a la parte demandante que el término de 3 años para
la configuración de la prescripción fue dispuesto en el Decreto 4433 de 2004,
artículo 43, el cual se encuentra ajustado a derecho y es aplicable para todos
aquellos uniformados que se retiraron en vigencia de este, por lo que el fundamento
del recurso de apelación carece de sustento.
2.3. Conclusión
46. En atención a lo anterior, y a que no es otro el motivo de la apelación, se impone
confirmar la sentencia de 15 de abril de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que negó las súplicas de la demanda, toda vez que en el
caso de la referencia sí operó el fenómeno de la prescripción trienal de las mesadas
pensionales.
2.6. Condena en costas
47. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer extensiva esa
interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los argumentos presentados
por el recurrente, no puede observarse dicha situación, contrario a ello, se observa
que se sustentaron las razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende,
no se condenará en costas.
48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 15 de abril de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Jorge Oswaldo Rico Santos en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, en atención a lo dispuesto en esta providencia.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 73001 23 33 000 2020 00048 01 (3255-2021)
Demandante: Jorge Oswaldo Rico Santos
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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