Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00293-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00293-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2020-00293-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
1 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., primero (1) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2020-00293-01 (3413-2022)
Demandante: Mónica Mejía León
Demandado: La Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional y Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional- CASUR-
Temas: Reliquidación asignación de retiro- IPC en actividad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, por medio de la cual se niegan las pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Mónica Mejía León presentó demanda en contra de la Nación- Ministerio
de Defensa- Policía Nacional y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-
CASUR-, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio S- 2019-0069148/ANOPA-GRULI-1.10 del 18
de noviembre de 2019, mediante el cual la Policía Nacional negó la solicitud de
reliquidación de la asignación mensual y demás prestaciones sociales con base en
el IPC, del Oficio No.540810 de 14 de febrero de 2020, por medio del cual CASUR
le negó la solicitud de reliquidación y reajuste de la asignación de retiro con base en
el IPC1.
A título de restablecimiento del derecho2, solicitó que se ordene reliquidar, reajustar
y pagar el incremento equivalente a la diferencia entre la asignación mensual
pagada por la entidad en los meses de enero a diciembre del año 2004, y lo que
corresponde por ajustes de actualización conforme a la inflación causada del año
2003 teniendo en cuenta el sueldo básico, los subsidios, las primas, las
compensaciones y las bonificaciones consagradas en las normas que regulan la
materia, factores computables como base de liquidación en la asignación mensual
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Índice 2. SAMAI. ED_73001233300020200029(.zip). 003_ DEMANDA Y ANEXOS.
2 Índice 2. SAMAI. ED_73001233300020200029(.zip). 003_ DEMANDA Y ANEXOS.
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Radicación: 73001-23-33-000-2020-00293-01 (3413-2022)
y demás prestaciones sociales.
Que se ordene reliquidar, reajustar y pagar el incremento equivalente a la diferencia
entre la asignación mensual de retiro pagada por la entidad conforme a los decretos
de salarios expedidos por el Gobierno Nacional y la que realmente corresponde por
ajuste de actualización plena conforme a la inflación acumulada y causada de 1992
a 2004.
Solicitó también, se condene al pago de perjuicios materiales y morales.
HECHOS
La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera3:
Que la demandante ingresó a la Policía Nacional, ascendiendo hasta al grado de
patrullera el 1 de septiembre de 1996.
Que por medio de la ley 4 de 1992, se estableció el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, sin embargo, el Gobierno Nacional al expedir los
decretos anuales no tuvo en cuenta el incremento de los sueldos básicos de
acuerdo a la escala gradual porcentual.
Que se expidió la Hoja de Servicios No. 39569957 donde se muestra la asignación
salarial mensual que la demandante percibió durante el servicio activo, los cuales
sirvieron de base para el reconocimiento de la asignación de retiro.
Que fue retirado del servicio el 27 de mayo de 2019 en el grado de intendente de la
Policía Nacional.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida por auto del 8 de marzo de 20214 y notificada a las
entidades demandadas.
La Policía Nacional se opuso a las pretensiones, exponiendo que teniendo en
cuenta que a la demandante se le reconoció la asignación de retiro en el 2019, no
es jurídicamente viable reconocer un reajuste sobre una prestación que no
devengaba en el momento en que se causó, pues esta estuvo vigente
exclusivamente hasta el 2004 debido a que mediante el Decreto 4433 de 2004 volvió
a contemplarse la oscilación como forma de incremento de las asignaciones de
retiro.
CASUR guardo silencio en esta etapa procesal.
3 Índice 2. SAMAI. ED_73001233300020200029(.zip). 01Demanda
4 Índice 2. SAMAI. ED_73001233300020200029(.zip). 006_AUTO ADMITE DEMANDA
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de sentencia del 3 de marzo de
2022, negó las pretensiones al considerar que resulta improcedente el reajuste de
la asignación básica, pues no se observó el quebrantamiento de la regla
jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional en la sentencia C-1433 de
2000, según la cual el Gobierno Nacional no puede hacer incrementos inferiores al
IPC a quien devengue hasta 2 SMLMV.
Que, no se advierte que la respuesta de la entidad demandada al negar el reajuste
de la asignación salarial sea ilegal, pues no desconoce el ordenamiento
constitucional y legal puesto que la Constitución Nacional protege el derecho
constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario y ello se materializa cada
cuando se reajusta para todos los servidores cobijados por la ley anual de
presupuesto.
Que, en algunos casos se ha ordenado el incremento de algunas asignaciones de
retiro con fundamento en el IPC, pero esto no puede utilizarse como sustento para
modificar la escala gradual porcentual, pues se tratan de situaciones diferentes, toda
vez que los reajustes de los miembros de la Fuerza Pública en activadas los fija el
Gobierno Nacional quien profiere los Decretos correspondiente al aumento de las
asignaciones mensuales.
RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación5,
manifestando que el fallo de primera instancia desconoció aspectos de carácter
jurisprudencial, porque no tuvo en cuenta el mandato de carácter constitucional al
que hace referencia la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004 en
consideración a la actualización de los salarios teniendo en cuenta el IPC. También,
alegó que los argumentos expuestos por el tribunal para no conceder el derecho
contradicen la interpretación y jurisprudencia decantada por la Corte Constitucional,
pues desconoció la realidad o el contexto jurídico que rige desde la sentencia
anteriormente mencionada.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 2 de mayo de 20226 se admitió el recurso y por no haber pruebas
que decretar, no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar de
conformidad con lo establecido en la Ley 2080 de 2021 en su artículo 67 numeral 5
que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
La parte demandante, presentó alegatos de conclusión reiterando los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, en relación a que es necesario recordar que
con la sentencia C-931 del 2004 se produjo un cambio que le permitió al Gobierno
5 Índice 2. SAMAI. SAMAI. ED_73001233300020200029(.zip). 036_Demandante Interpone Apelación.
6 Índice 4. SAMAI. AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf).
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Nacional limitar el derecho de los servidores públicos a mantener el poder
adquisitivo del salario sin que se demuestre la necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad de la limitación, de esta forma menciona que es necesario brindar
seguridad jurídica que garanticé la protección de los derechos.
Finalmente solicita al Consejo de Estado que resuelva el presente recurso teniendo
en cuenta la relevancia y alcance jurisprudencial de dicha sentencia, en cuanto al
mantenimiento y restablecimiento del poder adquisitivos de los salarios y las
asignaciones de retiro.
El Ministerio Público no presentó su concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
CUESTIÓN PREVIA
La parte demandante presentó solicitud de unificación de jurisprudencia7 mediante
memorial allegado por correo electrónico el 3 de agosto de 2022 con el objetivo de
que se le dé alcance a lo desarrollado en la sentencia C-931 de 2004.
Una vez revisado lo anterior y en ejercicio de los principios de eficacia y celeridad,
esta Sala precisa que de manera reiterada y previa fueron presentadas las mismas
solicitudes ante varios procesos adelantados en esta instancia judicial con similares
argumentos, los cuales se resolvieron mediante auto del 8 de noviembre de 20238,
y se indicó que tal y como prevé el CPACA en su artículo 271, puede adelantarse el
trámite que permite dar impulso a la función unificadora del Consejo de Estado, con
miras a la aplicación vinculante de la jurisprudencia del Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.
Mediante el auto mencionado, se consideró que no estaban dadas las condiciones
para avocar el asunto con el fin de emitir una sentencia de unificación, dado que la
posición asumida por la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sido unánime,
consistente y pacífica en torno a la procedencia de la reliquidación de la asignación
de retiro con base en el IPC en actividad.
En ese orden de ideas y por las mismas consideraciones expuestas en la
providencia suscrita por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, no se le dará trámite a la solicitud de unificación y se insta a estarse a lo
dispuesto en el auto del 8 de noviembre de 2023.
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos por medio de los
cuales se le niega el reajuste y la reliquidación de la asignación de retiro con base
al IPC se ajustan a las exigencias legales y jurisprudenciales fijadas para este tipo
7 Índice 10. SAMAI. 9_MemorialWeb_Alegatos(.pdf)
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 8 de octubre de 2023, radicación: 25000-23-42-000-2019-
00848-01 (4267-2022), demandante: Luis Herlindo Mendieta Ovalle.
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de controversias.
Para resolver el problema planteado, es relevante precisar, que la Fuerza Pública,
por mandato constitucional, cuenta con un régimen prestacional propio derivado de
los artículos 150, numeral 19 literal e) y 217 lo siguiente:
«ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones:
1. (…)
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
(…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
(…)
Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las
Corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogárselas». (Negrillas fuera de
texto)
A su vez, el artículo 217 de la Constitución Política, relativo a las Fuerzas Armadas,
menciona que las Fuerzas Militares cuentan con un régimen especial de carrera,
prestacional y disciplinario, este artículo señaló:
«ARTICULO 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes
constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los
ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera,
prestacional y disciplinario, que les es propio». (Negrillas y resaltados propios)
Posteriormente, en ejercicio de su atribución constitucional, el Congreso de la
República expidió la Ley 4 de 1992, norma mediante la cual el legislador fija el
régimen salarial y prestacional, en su artículo 1 en el literal d) en el cual estableció
lo siguiente:
«ARTICULO 1°. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
(…)
d) Los miembros de la Fuerza Pública».
Es por medio de esta Ley que se fija la prohibición de que fueran desmejoradas las
prestaciones sociales y el artículo 13 de la misma ordenó que debía nivelarse la
remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública, esto para las
vigencias fiscales 1993 a 1996; y es por medio de esta disposición que las
pensiones y asignaciones de retiro del personal de la Fuerza Pública se reajustarían
en la misma proporción en que se incrementan los sueldos del personal activo.
Por su parte, el Decreto 1212 de 1990 en su artículo 151 estableció que las
asignaciones de retiro y las pensiones se liquidarían teniendo en cuenta el aumento
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salarial decretado para cada grado mediante la figura del principio de oscilación.
Al respecto, la norma dispone lo siguiente:
«ARTICULO 151. Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el
presente Decreto, se liquidaran tomando en cuenta las variaciones que en todo
tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y
conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de este Decreto. En ningún caso
aquellas serán inferiores al salario mínimo legal. Los oficiales y suboficiales o sus
beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales
en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga
expresamente la ley».
La Ley 100 de 1993, en su artículo 14, dispone el mecanismo de reajuste de las
pensiones, sin embargo, en el artículo 279 se determina que el régimen del sistema
integral de seguridad social no es aplicable a las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, entonces será a partir de la expedición de la Ley que se excluye a las
Fuerzas Militares y Policía Nacional del reajuste de sus mesadas con base en el
IPC, pues los respectivos aumentos debían regirse por el Decreto 1212 de 1990.
Mediante la Ley 238 de 1995 se adicionó un parágrafo a la Ley 100 de 1993, en el
que se dijo que los pensionados que estaban excluidos por el régimen de
excepciones tienen derecho a que sus mesadas se reajusten teniendo en cuenta
las variaciones porcentuales del IPC como está dispuesto en el artículo 14 de la Ley
100 de 1993.
En este punto cabe recalcar que el sistema de liquidación de las asignaciones de
retiro y pensiones de los militares y policías con base en el IPC solamente estuvo
vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, teniendo en cuenta que se volvió a
establecer el incremento pensional con base en el principio de oscilación, mediante
el artículo 3 de la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004 y el artículo 42 del Decreto
4433 de 31 de diciembre de 2004.
Ahora, frente al tema en controversia, el Consejo de Estado de manera reiterada ha
manifestado que las pensiones y las asignaciones de retiro de los miembros de las
Fuerzas Militares deben liquidarse con la variación porcentual del IPC, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 279 de la ley 100 de 1993.
Mencionado esto, esta Corporación también ha advertido que tal sistema de
reajuste solo tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004, en vista de la
expedición de la Ley 923 de 2004 y del Decreto 4433 del mismo año, disposiciones
que vuelven a establecer el principio de oscilación como el criterio para el reajuste
de las mesadas pensionales posteriores al 2004.
El Consejo de Estado, en providencia del 17 de octubre de 2019, radicado número:
25000-23-42-000-2013-04816-01(3364-14), con ponencia del Consejero Gabriel
Valbuena Hernández, señaló lo siguiente:
«De acuerdo con todo lo anterior, se advierte que el reajuste con fundamento en
el IPC solamente procede para las asignaciones de retiro en el período
comprendido entre 1997 a 2004 de acuerdo con las Leyes 100 de 1993 y 238 de
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1995, es decir para quienes ya contaban efectivamente con asignación de retiro
en ese período, pues se entiende que el reajuste reconocido conforme al IPC, se
liquida hasta la vigencia del Decreto 4433 de 2004, como quiera que tal norma
retoma el principio de oscilación como método de reajuste, esto, conforme a la
oscilación de las asignaciones del personal en actividad, sin que ello obste para
reconocer sus efectos sobre las mesadas futuras.
Se concluye de lo indicado en este acápite que no es posible aplicar lo dispuesto
en las Leyes 100 de 1993 y 238 de 1995, normas que regulan el Sistema General
de Pensiones a las asignaciones percibidas en actividad, al tratarse de dos
condiciones muy diferentes jurídica y fácticamente, como son gozar de
asignación de retiro y otra, devengar la asignación básica en servicio activo, cuyo
sistema de reajuste se encuentra regulado por pautas normativas diversas que
no se pueden pasar por alto desconociendo el querer del constituyente».
De esta manera, se deja clara la posición del Consejo de Estado en cuanto a que
solo reconoce la reliquidación de las asignaciones de retiro siempre y cuando fueran
causadas en el periodo comprendido entre 1997 a 2004.
Sobre este aspecto es procedente hacer mención de la sentencia C-931 de 2004
en la cual se ordena que se tomen medidas sobre los ajustes salariales de todos los
servidores públicos que se encontraban cobijados por la Ley de presupuesto
general de la Nación antes de que expirara la vigencia fiscal del año 2004. La
decisión sobre la anterior jurisprudencia iba encaminada a reiterar que el derecho a
mantener el poder adquisitivo no puede ser desconocido en ningún caso, pero sobre
este asunto se admite una serie de limitaciones en consideración a lo que devengan
los servidores públicos, siendo que los servidores que devenguen salarios bajos (2
SMLMV) tendrán un reajuste o incremento igual o superior al IPC del año
inmediatamente anterior.
Teniendo en cuenta esto, se tiene claro el sentido de la sentencia sobre el
mantenimiento del poder adquisitivo, sin embargo, esto no puede considerarse
como un derecho absoluto, pues este puede ser modificado en razón a las
diferencias salariales existentes entre los servidores públicos.
Siendo así, la Sala considera que las disposiciones sobre las cuales versa el
aumento o las variaciones de los salarios y las asignaciones de retiro de manera
anual obedecen a las políticas del Congreso, es por esto que se hace necesario
recordar bajo el sistema de pesos y contrapesos, que las ramas del poder público
no tienen la potestad absoluta para decidir sobre el monto del gasto público. Es
debido a esto que el juez en ejercicio de su función no puede modificar el
presupuesto nacional, pues esto implicaría una violación en las competencias que
le corresponden a las Ramas del Poder Público.
Resolución del caso concreto
Se probó que a la demandante le fue reconocida la asignación de retiro a través de
la Resolución No. 7062 del 3 de julio de 20199 proferida por el Director General de
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional haciéndose efectiva a partir del
27 de mayo de 2019, en cuantía del 81% del sueldo de actividad correspondiente a
9 Índice 2. SAMAI. ED_73001233300020200029(.zip). 003_ DEMANDA Y ANEXOS. Visible en página 62-62.
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Radicación: 73001-23-33-000-2020-00293-01 (3413-2022)
su grado10:
A través del Oficio S- 2019-0069148/ANOPA-GRULI-1.10 del 18 de noviembre de
2019 y el Oficio No.540810 de 14 de febrero de 2020, en donde la Policía Nacional
y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, respectivamente le negaron
el reajuste y la reliquidación solicitada.
Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que la petición realizada resulta
improcedente, debido a que se probó que le fue reconocida su asignación de retiro
a partir del año 2019, por lo que no es aplicable el marco normativo y jurisprudencial
mencionado, porque el reajuste del IPC solo es procedente para los miembros de
la fuerza pública a los que se les hizo efectiva la asignación de retiro entre 1997 al
2004. Así, al no haber acreditado su retiro del servicio con anterioridad al 31 de
diciembre de 2004 no es posible que este derecho pensional sea reajustado a partir
del IPC.
Teniendo en cuenta lo mencionado, esta Sala confirmará la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima del 3 de marzo de 2022 pero en consideración
a los argumentos expuestos.
De la condena en costas en segunda instancia.
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 201, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obro con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la reciente normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art. 188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa de los fundamentos
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Índice 2. SAMAI. ED_73001233300020200029(.zip). 003_ DEMANDA Y ANEXOS. Visible en página 62-62.
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Radicación: 73001-23-33-000-2020-00293-01 (3413-2022)
del recurso de apelación y de su oposición que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costa. Contrario a ello, ambas
partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de
sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por la autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas
anotaciones en el portal SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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