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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2020-00309-01

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2020-00309-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 14 de marzo de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 73001-23-33-000-2020-00309-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 73001 23 33 000 2020 00309 01
Demandante: Alvaro González Murillo
Demandado: Contraloría General de la República1

Asunto: Proceso de responsabilidad fiscal. Debido Proceso. Instancias en el
proceso de responsabilidad fiscal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 14 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Tolima.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Álvaro González Murillo2, en adelante la parte demandante, presentó
demanda3 contra la Contraloría General de la República, en adelante la parte
demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114.

1 Cfr. Caratula del expediente.
2 Por intermedio de apoderado
3 Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima
4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación: 73001 23 33 000 2020 00309 01
Demandante: Alvaro González Murillo

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1.- Se declare la nulidad del fallo con responsabilidad fiscal No. 021 del 5 de
septiembre de 2019 proferido dentro del proceso de responsabilidad fiscal única
instancia No. PRF 2018-00248, en contra de Álvaro González Murillo, adelantado por
la Gerencia Colegiada Departamental del Tolima de la Contraloría General de la
República, junto con las demás providencias que lo complementaron o confirmaron.
[...]".

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“[…] 2.- Que para efecto de restablecer el derecho a mis poderdantes, se condene a
la Nación, representada en la Contraloría General de la República, a efectuar el pago
a favor de mi patrocinado de las siguientes sumas de dinero, indexadas y con los
intereses moratorios hasta el momento de su efectiva cancelación.

> La suma de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 414.300.235) considerando que ese
es el valor del fallo demandado y que actualmente constituye título ejecutivo en contra
de Álvaro González Murillo, lo que afecta su patrimonio y se materializa con las
medidas cautelares que en el proceso por jurisdicción coactiva se adelante, por parte
de la Contraloría General de la Republica.

3.- Que para efecto de reparar el daño causado en su afectación a la dignidad, buen
nombre y reputación del señor Álvaro González Murillo, por las aquí cuestionadas
decisiones, se reconozca a favor de mi poderdante una suma igual al valor fallado de
CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS ($ 414.300.235), más el valor de las costas y agencias
en derecho.

4.- Que para efecto de reparar el perjuicio causado se ordene la cancelación o
levantamiento de los reportes como responsable fiscal en la Procuraduría General de
la Nación y en el Boletín de responsables de la Contraloría General de la República

5.- En consecuencia se Condené (sic) en costas procesales y agencias en derecho a
la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 C.P.A.C.A.
(Ley 1437 de 2011) y en los artículos 361, 365 y 366 del C.G.P. (Ley 1564 de 2012).

Subsidiaria de la primera.

1.- Se declare la nulidad de la declaratoria de responsabilidad fiscal hecha a Álvaro
González Murillo en el fallo con responsabilidad fiscal No. 021 del 5 de septiembre de
2019 proferido dentro del proceso de responsabilidad fiscal única instancia No. PRF
2018-00248. […]5 (negrillas del texto original)

5 Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima

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Núm. único de radicación: 73001 23 33 000 2020 00309 01
Demandante: Alvaro González Murillo

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones6:

5. La parte demandada dentro del proceso de responsabilidad fiscal núm. 2018-
00248, expidió el fallo núm. 021 del 5 de septiembre de 2019, en el que se declaró
la responsabilidad fiscal, entre otros, a la parte demandante. La decisión fue
confirmada en auto núm. 878 del 31 de octubre de 2019.

6. El fallo con responsabilidad fiscal y su confirmación, están soportados en la
imputación de responsabilidad fiscal núm. 1112 de 13 de diciembre de 2018.

7. El asunto que dio lugar al proceso de responsabilidad fiscal está relacionado
con el contrato de obra núm. 086 del 17 de septiembre de 2013, suscrito por el
Gerente de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del
Tolima EDAT S.A. E.S.P. y el Consorcio Aguas del Tolima, por intermedio de su
representante legal, cuyo objeto era el "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE PRADO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

8. La parte demandada en el auto de imputación núm. 1112 del 13 de diciembre
de 2018, determinó que el procedimiento a seguir era el ordinario de única instancia,
teniendo en cuenta que la entidad afectada con los hechos era la Gobernación del
Tolima y la certificación allegada por esta sobre los topes de sus cuantías en
contratación.

9. La parte demandada para efectos de especificar las instancias del proceso,
no consultó ni consideró los topes de contratación de la entidad contratante y
afectada de manera directa fue la Empresa Departamental de Acueducto
Alcantarillado y Aseo del Tolima “EDAT S.A E.S.P. Oficial.

Normas violadas

10. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

6 Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima

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Demandante: Alvaro González Murillo

• Artículo 29 de la Constitución Política.
• Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011
• Artículos 3, 4, 5, y 53 de la Ley 610 de 20007.

Concepto de violación

11. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación así:

Primer Cargo: Violación del artículo 110 de la Ley 1474 de 2011

12. La parte demandante fundamentó este cargo, así:

13. El artículo 110 de la Ley 1474 de 2011 determina que el proceso de
responsabilidad fiscal será de única instancia cuando la cuantía del presunto daño
patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o de imputación de
responsabilidad fiscal, según el caso, sea igual o inferior a la menor cuantía para
contratación de la respectiva entidad afectada con los hechos, y será de doble
instancia cuando supere la suma señalada.

14. La parte demandada consideró erradamente que el valor de la menor cuantía
en la contratación a considerar para efecto de determinar las instancias era la de la
Gobernación del Tolima, siendo que quien suscribió el contrato núm. 086 de 2013
fue la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima
“EDAT S.A E.S.P. Oficial.

15. En el contrato núm. 086 de 2013, se determinó que su fuente de financiación
provenía de la Empresa Departamental de Acueducto Alcantarillado y Aseo del
Tolima EDAT S.A E.S.P. Oficial, según CDP 0183 de 4 de junio de 2013.

16. La parte demandada tuvo en cuenta en su providencia de imputación el
presupuesto de la Gobernación del Tolima y no el de la Empresa Departamental de
Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P. Oficial y es por ello
que el valor del daño no rebasó el límite de la menor cuantía para contratar.

7 "[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las

contralorías […]"

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Demandante: Alvaro González Murillo

Segundo Cargo: Violación del artículo 29 de la Constitución Política

17. Se le violó el derecho a la defensa y el debido proceso, pues la parte
demandada al no conocer el proceso en doble instancia, no aplicó la forma que
correspondía al proceso de responsabilidad fiscal núm. 2018-00248 que se adelantó
en su contra.

Tercer Cargo: Violación de los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 610 de 2000

18. Los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 610 de 2000, definen la condición de gestor
fiscal y especifican que el daño sea causado en ejercicio de una gestión fiscal, lo
que en el fallo de responsabilidad fiscal demandado se omitió, porque no se
identificó la conducta por la que se le castigó ni la relación con el daño.

19. No se acreditó la calidad de gestor fiscal de la parte demandante, puesto que
no suscribió el contrato 086 de 17 de septiembre de 2013 y el conocimiento que se
tiene de dicho contrato, es que se cumplió y ejecutó satisfactoriamente tal como lo
certifican los documentos contractuales.

20. No existe relación de causalidad entre el daño y la conducta de la parte
demandante, pues la funcionalidad no dependía de esta, sino dependía de quienes
contrataron y recibieron a satisfacción una obra incompleta, mal ejecutada y mal
concebida.

21. El acto acusado es violatorio del derecho de defensa y el debido proceso,
pues no se acreditaron los elementos de responsabilidad de que trata la Ley 610 de
2000.

Contestación de la demanda

22. La parte demandada8 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas así9:

8 Por intermedio de apoderado.
9 Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima

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Demandante: Alvaro González Murillo

Respecto de la violación del debido proceso

23. En el Auto de Apertura y en el Auto de Imputación No. 1112 del 13 de
diciembre de 2018 (630-669), se indica que la entidad afectada es el Departamento
del Tolima, pues es la encargada de ejercer funciones administrativas; de
coordinación y complementariedad de la acción municipal; de intermediación entre
la Nación y los municipios; y de prestación de los servicios que determinen la
Constitución y las leyes, siendo el origen de los recursos afectados dentro del
presente proceso, el sistema general de participaciones.

24. A efectos de establecer el procedimiento e instancia del proceso, se tomó la
certificación expedida por la Gobernación del Tolima, a partir de la cual se estableció
que para el año 2015, la menor cuantía para contratar de dicha entidad, estaba
fijada en la suma de $ 547.697.500.

25. Por lo anterior, considerando que la cuantía sin indexar del daño patrimonial
causado dentro del proceso, ascendía a la suma de cuatrocientos catorce millones
trescientos mil doscientos treinta y cinco pesos ($414.300.235), se dispuso por la
parte demandada que el proceso de responsabilidad fiscal se surtía por el trámite
de única instancia.

26. Se estableció como entidad afectada el Departamento del Tolima, ya que los
recursos empleados para ejecutar el contrato No 086 del 17 de septiembre de 2013
provenían de dicha entidad y, por lo tanto, se tomó su cuantía de contratación a
efectos de establecer la instancia del proceso de responsabilidad fiscal 2018-00248.

Respecto de la calidad de gestor fiscal de la parte demandante.

27. Es función del alcalde municipal dirigir la acción administrativa del municipio,
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.

28. Como ordenador del gasto y representante legal del ente territorial, la parte
demandante, en su calidad de alcalde del Municipio de Prado – Tolima, era gestor
fiscal, según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000, pues ostentaba
un poder decisorio sobre los recursos públicos asignados al municipio, asumiendo
la obligación de adelantar las acciones necesarias para garantizar la
implementación de la micromedición en el municipio de Prado, así como garantizar

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el funcionamiento del micromedidor y la conexión del lecho de secados ejecutados
en virtud del contrato de obra No 086 de 2013 suscrito por la EDAT S.A E.S.P.
Oficial.

29. La parte demandante tuvo el tiempo suficiente para realizar las acciones
tendientes a garantizar la funcionalidad de la obra y el uso racional del agua a través
de la implementación de la micromedición, de conformidad con lo establecido en el
artículo 6 de la ley 373 de 1997, la cual determinó que todas las entidades que
presten el servicio de acueducto deben adelantar un programa orientado a instalar
medidores de consumo a todos los usuarios a fin de desincentivar los consumos
máximos de cada usuario, sin que se observara ningún tipo de medidas
implementadas para tal fin.

30. Concluyó indicando que, en los actos acusados, se probó con suficiencia la
configuración de los elementos estructurantes de la responsabilidad fiscal, de
conformidad con el marco legal y constitucional vigente para el momento de los
hechos motivo de investigación.

Alegatos de conclusión

31. El Magistrado Sustanciador, vencido el término probatorio y mediante el auto
de 15 de diciembre de 202210, resolvió correr traslado común a las partes por el
término de diez (10) días para que alegarán de conclusión y le informó al Agente
del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de
conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

32. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

33. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda.

Concepto del Ministerio Público

34. El Ministerio Público rindió su concepto, así:

10 Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima

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Indebida determinación de la cuantía para efectos de determinar el
procedimiento de responsabilidad a seguir

35. Hay una indebida determinación en la cuantía para efectos de determinar el
procedimiento de responsabilidad fiscal a seguir, lo que se refleja en la entidad
afectada con el presunto detrimento patrimonial.

36. La inacción de la parte demandante, como gestor fiscal, no permitió el
funcionamiento de las obras ejecutadas, omisión que afectó al Municipio de Prado
y a la Empresa Prestadora de Servicios Públicos de Prado, y no al Departamento
del Tolima, como erróneamente lo determinó la parte demandada.

37. Para efectos de determinar si el procedimiento fiscal se seguía bajo la cuerda
de la única o doble instancia, se debió tener en cuenta la menor cuantía del
Municipio de Prado, para el año 2013 que corresponde al año de suscripción y
ejecución del contrato.

38. Para el año 2013, la cuantía del presunto detrimento patrimonial superaba
con creces la menor cuantía del municipio de Prado, y como consecuencia de ello,
el procedimiento de responsabilidad fiscal a seguir era la doble instancia y no la
única instancia como finalmente se realizó el procedimiento.

39. Al haberle dado trámite de procedimiento de única instancia a un
procedimiento al cual le correspondía el de doble instancia, es claro que el cargo
por violación del debido proceso está llamado a prosperar.

Inexistencia de fundamentos facticos, jurídicos y técnicos en la cuantificación
del presunto detrimento fiscal

40. En el presente caso, tomar como cuantía del detrimento patrimonial, el valor
de los bienes que continúan con la vocación de prestar el servicio para el cual fueron
adquiridos, constituye una desfiguración del propósito del procedimiento de
responsabilidad fiscal. Lo anterior, dado que en lo que respecta a dichos bienes no
se encuentra demostrado el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento,
pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos representados en los
elementos que corresponden al lecho de secados, el macromedidor y los
micromedidores.

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41. El cargo por la inexistencia de fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos en
la cuantificación del presunto detrimento fiscal, está llamado a prosperar.

Solicitud

42. Se solicita acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda,
declarándose la nulidad del fallo de responsabilidad fiscal núm. 021 de 5 de
septiembre de 2019 y que a título de restablecimiento se ordene la cancelación o
levantamiento de los reportes como responsable fiscal en la Procuraduría General
de la Nación y en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de
la Republica.

Sentencia proferida, en primera instancia

43. El Tribunal Administrativo del Tolima11, mediante sentencia proferida el 14 de
marzo de 2024, resolvió:

“[…] Primero DECLÁRASE la nulidad parcial del Fallo de Responsabilidad Fiscal No.
021 del 5 de septiembre de 2019 y del Auto No. 878 del 31 de octubre de 2019 que
resolvió los recursos de reposición, proferidos por la Gerencia Departamental
Colegiada del Tolima en el marco del proceso de responsabilidad Fiscal -2018-00248
adelantado contra el señor ÁLVARO GONZALEZ MURILLO, de acuerdo con las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA la cancelación de los registros ordenados en el
artículo sexto del fallo con responsabilidad fiscal No. 021 del 5 de septiembre de 2019
proferido por la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima. Igualmente,
ORDÉNASE, la cancelación de las medidas cautelares decretadas en contra del
señor Álvaro González Murillo y el archivo del proceso de jurisdicción coactiva
adelantado en su contra.

En el evento que el actor hubiere efectuado el pago de las sumas dispuestas en el
fallo de responsabilidad fiscal o se haya materializado alguna de las medidas
cautelares decretadas en el trámite coactivo, la entidad demandada deberá reintegrar
las sumas de dinero pagadas, debidamente actualizadas.

Tercero: CONDÉNASE en costas a la parte demandada, conforme lo dispone el
artículo 188 del C.P.A.C.A., siempre que en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación, para lo cual se fija la suma equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente por concepto de agencias en derecho a favor
del demandante, y se ordena que por la Secretaría de este Tribunal se realice la
correspondiente liquidación en los términos del artículo 366 del Código General del
Proceso.

Cuarto: Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

11 Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima

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Demandante: Alvaro González Murillo

Quinto: A la presente sentencia se le dará cumplimiento en los términos de los
artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Sexto: En aras del acatamiento de este fallo, expídase al demandante copia con
constancia de ser la primera, la cual prestará mérito ejecutivo.

Séptimo: ORDENAR la devolución de los remanentes que por gastos del proceso
consignó la parte demandante, si los hubiere.

Octavo: Ejecutoriado el presente fallo, archívese el expediente previas las
anotaciones de rigor. […]” (negrillas de texto original)

Consideraciones del Tribunal

44. El Tribunal Administrativo del Tolima consideró lo siguiente:

45. En el presente caso está probado que la parte demandada estimó que el
detrimento patrimonial investigado ascendía a la suma de cuatrocientos catorce
millones trescientos mil doscientos treinta y cinco pesos ($414.300.235) y que la
entidad presuntamente afectada con el daño patrimonial era el Departamento del
Tolima, como entidad del orden departamental, encargada de ejercer funciones
administrativas de coordinación, complementariedad de la acción municipal, de
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que
determinen la Constitución y las leyes, siendo el origen de los recursos afectados
dentro del proceso, del sistema general de participaciones.

46. De la revisión de los documentos allegados al proceso, se advierte que el
sujeto afectado no guarda ninguna relación con los hechos que dieron origen y
concluyeron con el fallo de responsabilidad fiscal en contra de la parte demandante.

47. Revisado el auto de apertura No. 265 del 22 de marzo de 2018 se evidencia
de manera clara que el hecho generador del daño tuvo origen en el contrato de obra
núm. 086 del 17 de septiembre de 2013 suscrito entre la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial como gestor del plan
departamental de aguas, y el consorcio Aguas del Tolima, cuyo objeto fue el
“Mejoramiento del sistema de acueducto según el plan maestro del Municipio de
Prado”, obras que fueron entregadas al Municipio de Prado y a la Empresa de
Servicios Públicos de dicho municipio en diciembre del año 2015.

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48. Si el contrato se ejecutó en debida forma y el hallazgo fiscal núm. 58791 no
está relacionado con el cumplimiento del contrato como lo mencionó la parte
demandada en la contestación de la demanda, no se entiende el motivo por el cual
la entidad afectada resultaba ser el Departamento del Tolima cuando no fue parte
del mismo, y aún si el daño patrimonial fuera consecuencia de tal vínculo negocial,
la entidad perjudicada claramente era la Empresa de Acueducto Alcantarillado y
Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial, por tener dentro de sus funciones,
garantizar el plan departamental de aguas, y por ende velar por la adecuada
ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para
tal efecto.

49. La parte demandada para definir si el proceso de responsabilidad fiscal era
de única o de doble instancia, ha debido considerar el monto de contratación de la
EDAT S.A. E.S.P. Oficial para el año en que se celebró y ejecutó el negocio jurídico
(2013); sin embargo, según lo comunicó la Gerente de tal entidad en el oficio de
fecha 1 de noviembre de 2022, no existe dentro de sus archivos acto administrativo
ni documentos que determinen el monto de las cuantías para contratar en tal
anualidad, no obstante informaron y allegaron los actos que reflejan que para el año
2014 la menor fue de $172.480.000 (Resolución No. 0021 del 4 de febrero de 2014)
y para el año 2015 fue de $180.418.000 (Resolución No. 008 del 9 de enero de
2015).

50. Teniendo en cuenta este promedio de cuantías cercanas a la anualidad
objeto de verificación, es posible concluir sin mayor esfuerzo que el presunto
detrimento patrimonial investigado de cuatrocientos catorce millones trescientos mil
doscientos treinta y cinco pesos ($414.300.235), superaba con creces la menor
cuantía de contratación de la EDAT S.A. E.S.P. Oficial y en consecuencia el proceso
de responsabilidad fiscal se ha debido tramitar de doble instancia y no de única.

51. Si se considerara que el contrato se ejecutó cabalmente y que el detrimento
se causó debido a la falta de funcionamiento del lecho de secados y la puesta en
marcha de los micromedidores instalados, las entidades que resultarían afectadas
serían las beneficiarias de la funcionalidad de tal obra, que no son otras que el
Municipio de Prado y la Empresa de Servicios Públicos de Prado, y teniendo en
cuenta la categoría del municipio (6ª) , es posible advertir que la cuantía investigada
también superaba con creces la menor cuantía.

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52. Es claro que la parte demandada, vulneró los derechos al debido proceso,
defensa y doble instancia administrativa del actor, pues tramitó el proceso de
responsabilidad fiscal No. PRF 2018-00248 en única instancia, cuando lo
procedente era hacerlo garantizando el derecho de impugnación, garantía procesal
que al ser desconocida conlleva ineludiblemente la declaratoria de nulidad parcial
de los actos administrativos acusados en lo que tiene que ver con la responsabilidad
fiscal de la parte demandante, relevando a la Sala de analizar el otro cargo de
nulidad invocado.

53. A título de restablecimiento del derecho se ordenará a la Contraloría General
de la República la cancelación de los registros ordenados en el artículo sexto del
fallo con responsabilidad fiscal No. 021 del 5 de septiembre de 2019 proferido por
la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima. Igualmente, se le ordenará a la
demandada, la cancelación de las medidas cautelares decretadas en contra de la
parte demandante

54. La parte demandante solicitó el reconocimiento de $414.300.235 con el fin
de reparar el daño causado a su buen nombre y reputación con el fallo de
responsabilidad fiscal, pretensión que será negada por la Sala teniendo en cuenta
que, si bien el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 contempla la posibilidad de que
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se requiera la
reparación del daño causado con un acto administrativo, es obligación del
interesado probar que en efecto se presentó tal afectación, lo cual brilla por su
ausencia en el sub lite; lo único que obra en el plenario es la afirmación realizada
por la parte demandante en tal sentido.

55. En el presente asunto, al resultar prósperas las pretensiones de la demanda,
es claro que la parte demandada ha sido vencida en el proceso (Art. 365-1 del C.
G. del P.) y al no tratarse de un asunto en el que se ventile un interés público (Art.188
del C.P.A.C.A), es menester de la Sala condenarla en costas, para lo cual fija la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente por concepto de
agencias en derecho para el demandante, y se ordena que por Secretaría se realice
la respectiva liquidación de los gastos procesales en los términos del artículo 366
del C.G.P

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Demandante: Alvaro González Murillo

Recurso de apelación12

56. La parte demandada interpuso y sustentó oportunamente, recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos:

57. Reitera que se deben acoger todas y cada una de los argumentos de la parte
demandada contenido en la contestación de la demanda, ya que el fallo apelado
presenta algunas inconsistencias e inconformidades.

58. En el proceso de responsabilidad fiscal PRF-2018-00248, al determinar la
naturaleza jurídica de la entidad afectada, la parte demandada expuso:

“[…] La entidad que presuntamente estaría afectada con el daño patrimonial es el
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, identificado con el Nit 800 113 672-7, entidad del
orden departamental, encargada de ejercer funciones administrativas, de
coordinación, complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la
Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la
Constitución y las leyes, siendo el origen de los recursos afectados dentro del
presente proceso, el sistema general de participaciones[…]”

59. Así mismo en el mencionado proceso al hacer referencia a la fuente de
financiación del proyecto relacionado con la ejecución de la obra, se mencionó:

[…] La ejecución de la obra del presente objeto a contratar provienen de los recursos
asignados al presupuesto de la E.D.A.T. S.A. E.S.P. OFICIAL con cargo al certificado
de disponibilidad presupuestal No. 0183 del 4 de junio de 2013, por valor de MIL
MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
3102040104 INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO -SSF
$604.170.239.00. PDA DEPARTAMENTO -SGP; 3102020105,
INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO -SSF-$62.323.484.00 PDA
MUNICIPIO SGP -; 3102040106, INFRAESTRUCTURA EN AUGA Y SANEAMIENTO
-SSF- $333.644.860 PDA- NACION AUDIENCIAS PUBLICAS.”

No obstante la EDAT S A E S P OFICIAL adelanta el proceso de contratación del
proyecto en mención, el municipio de Prado, como encargado de la prestación de los
servicios públicos domiciliario y administrador de los sistemas, será el responsable
del proyecto una vez se ejecute y se le entregue a través de la empresa departamental
de acueducto, alcantarillado y aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P Oficial, entidad
gestores del plan departamental de aguas PAP- Tolima.”. […]”.

60. El artículo 110 de la Ley 1474 de 2011 fija los topes para el trámite del
proceso, pudiendo surtirse en única o en doble instancia, tomándose la contratación
de la entidad afectada para el momento de los hechos.

12 Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima

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61. Los recursos empleados para ejecutar el contrato núm. 086 de 17 de
septiembre de 2013, provienen de recursos del Departamento – Sistema General
de Participaciones, siendo acertado tener al Departamento del Tolima como entidad
afectada y en consecuencia, tomar la cuantía de la contratación a efectos de
establecer la instancia del proceso de responsabilidad fiscal 2018-00248.

62. Por las razones expuestas, debe revocarse la sentencia del Tribunal
Administrativo del Tolima de 14 de marzo de 2024 y se nieguen las pretensiones de
la demanda.

Actuación en segunda instancia

63. El Despacho, mediante auto de 17 de julio de 202413, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida, en
primera instancia, el 14 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima.

II. CONSIDERACIONES

64. La Sala procederá al estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco
normativo de las atribuciones ejercidas por la Nación – Contraloría General de la
República; v) el marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal; vi) el marco
normativo y jurisprudencial de la gestión fiscal; vii) el marco normativo del daño
patrimonial al Estado; viii) el marco normativo del debido proceso administrativo; ix)
el marco normativo del régimen probatorio en los procesos de responsabilidad fiscal;
x) el marco normativo de las instancias en el proceso de responsabilidad fiscal xi) el
acervo probatorio; y xii) el análisis del caso en concreto.

Competencia

65. Vistos los artículos 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.

13 Cfr. Índice SAMAI actuación núm. 11“[…] Auto que admite recurso de apelación […]”

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66. Agotados los procedimientos inherentes al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.

67. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandada en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 14 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201214.

Actos acusados

68. Los actos acusados son los siguientes15:

69. El Auto núm. 021 de 5 de septiembre de 201916 “[…] FALLO CON
RESPONSABILIDAD No 021 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2018-00248 […]”, expedido por la Gerencia
Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República, que
resolvió:

“[…] ARTICULO PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL a título de
CULPA GRAVE, en cuantía de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($
484.361.910) en forma solidaria, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia, en contra de NESTOR AUGUSTO TRUJILLO PAEZ,
identificado con la cedula de ciudadanía No 5.977 670, en calidad de alcalde del
municipio de Prado - Tolima, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de
2012 al 31 de diciembre de 2015, ALVARO GONZALEZ MURILLO, identificado con
la cedula de ciudadanía No 93 481 170, en calidad de alcalde del municipio de Prado
Tolima, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 hasta la fecha,
FABIO PRECIADO SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No 5 978
759, en calidad de gerente de la empresa de servicios públicos de Prado E
MSERPRADO del 2 de enero de 2012 al 4 de enero de 2016 y HERMINSO
BERMUDEZ GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No 93 481 066,
en calidad de gerente de la empresa de servicios públicos de Prado-EMSERPRADO
del 05 de enero de 2016, calidades que ostentaban al momento de la ocurrencia de
los hechos

ARTICULO SEGUNDO DECLARAR como terceros civilmente responsables a las
siguientes compañías aseguradoras e INCOPORAR al presente fallo con

14 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”
15 Por la extensión de los mismos, se procede a transcribir los apartes más relevantes de la parte resolutiva, sin

perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.
16 Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima

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responsabilidad fiscal, las pólizas que se relacionan a continuación, hasta el monto
de su amparo, conforme a la parte motiva de este proveído

• LA PREVISORA S.A, con ocasión de las siguientes pólizas

• Póliza global sector oficial No 3000112, tomador y asegurado Municipio de Prado
• Tolima, vigencia del 04/03/2015 hasta el 04/03/2016, por el amparo de fallos
con responsabilidad fiscal, cargos asegurados alcalde municipal y secretario de
salud entre otros, valor asegurado $ 20 000 000

• Póliza global sector oficial No 3000310, tomador y asegurado Municipio de Prado
• Tolima, vigencia del 12/06/2017 hasta el 12/06/2018, por el amparo de fallos
con responsabilidad fiscal, cargos asegurados alcalde municipal, valor
asegurado $ 20 000 000

SEGUROS DEL ESTADO, con ocasión de las siguientes pólizas

• Póliza seguro de manejo No 25-42-101003581, tomador González Murillo
Alvaro, asegurado Municipio de Prado, vigencia del 05/05//2016 hasta el
05/05/2017, valor asegurado $ 2 000 000

ARTICULO TERCERO. Declarar que la presente providencia prestará mérito
ejecutivo una vez en firme

[…]

ARTICULO QUINTO. Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición ante este despacho, por ser este un proceso de única instancia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 610 de 2000 y los artículos
74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, los cuales deben ser interpuestos dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia

ARTÍCULO SEXTO. En firme y ejecutoriada la presente providencia, súrtanse los
siguientes traslados y comunicaciones

. Remitir copia auténtica del Fallo a Jurisdicción Coactiva del Grupo de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Tolima, a fin
de que adelante el respectivo proceso de cobro coactivo, de conformidad con el
Artículo 58 de la ley 610 de 2000, junto con el cuaderno de medidas cautelares

. Solicitar a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva, Incluir en el Boletín de Responsables Fiscales a NESTOR
AUGUSTO TRUJILLO PAEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No 5 977
670, ALVARO GONZALEZ MURILLO, identificado con la cedula de ciudadanía No
93 481 170, FABIO PRECIADO SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía
No 5 978 759 y HERMINSO BERMUDEZ GONZALEZ, identificado con la cedula de
ciudadanía No 93 481 066

. Remitir copia integra del presente proveído a la Procuraduría General de la Nación,
de conformidad con el numeral 57 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002

. Remitir copia integra del presente proveído a la entidad afectada GOBERNACION
DEL TOLIMA para que se surtan los registros contables correspondientes

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ARTICULO SEPTIMO Ordenar a Secretaría Común se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el Presente Fallo, por lo que se le remitirá el expediente original para lo de su
competencia […]" (Negrillas del texto original)

70. El Auto núm. 878 de 31 de octubre de 201917, “[…] [AUTO POR MEDIO
DEL CUAL SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA EL FALLO No 021 DE 2019 DENTRO DEL PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2018-00248 […]”, expedido por la Gerencia
Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República, que
resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. NO REPONER y por el contrario CONFIRMAR en todas
sus partes el Fallo con Responsabilidad Fiscal No 021 del 5 de septiembre de 2019
por la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la
República, a través del cual se decidió el proceso de responsabilidad fiscal No 2018-
00248, de conformidad con la parte considerativa de este proveído

ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR de plano la solicitud de nulidad presentada
dentro del recurso de reposición por el apoderado de NESTOR AUGUSUTO TRJILLO
PAEZ y FABIO PRECIADO SANCHEZ, conforme lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia y el artículo 38 de la Ley 610 de 2000

ARTICULO TERCERO: Por secretaria común, notificar por Estado el presente auto
en la forma indicada en el artículo 106 de la ley 1474 de 2011 a los responsables
fiscales

ARTICULO CUARTO: Remitir el expediente a Secretaria Común, para lo de su
competencia. […]” (negrillas del texto original)

Problema jurídico

71. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, interpuesto por la parte demandada, determinar:

71.1 Si los actos acusados i) fallo con responsabilidad núm. 021 del 5 de septiembre
de 2019; y ii) auto núm. 878 del 31 de octubre de 2019 expedidos por la Gerencia
Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República, son
nulos por haber sido expedidos con violación del debido proceso y derecho de
contradicción, al no garantizar la doble instancia conforme a lo previsto establecido
en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

71.2 En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia proferida, en primera instancia.

17 Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima

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Marco normativo de las atribuciones ejercidas por la Nación – Contraloría
General de la República

72. Visto el numeral 5.° del artículo 26818 de la Constitución Política, el Contralor
General de la República tiene como atribución “[…] [e]stablecer la responsabilidad
que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del
caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances
deducidos de la misma […]”. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el
ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.

73. De la norma transcrita se colige que el Contralor General de la República,
entre otros aspectos, establece la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal,
la cual, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados.

Marco normativo del proceso de responsabilidad fiscal

74. El artículo 1. ° de la Ley 610, al definir el proceso de responsabilidad fiscal,
establece:

“[…] Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer
la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el
ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en
forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”.

75. Del mismo modo, el artículo 3.° de la Ley 610 definió el alcance de la gestión
fiscal como el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que
realizan los servidores públicos y las personas que manejen o administren recursos
o fondos públicos y cuyo objeto, conforme el artículo 4.º ibidem, es el resarcimiento
de los daños ocasionados al patrimonio público 19 como consecuencia de la
conducta dolosa o culposa de quienes realizaron la gestión fiscal mediante el pago
de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva

18 Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2019 “[…] Por medio del cual se reforma el
Régimen de Control Fiscal […]”
19 Entendido como el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los

bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio
público […]”19.

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entidad estatal. A su vez, el parágrafo 1.º del citado artículo determinó que “[…] la
responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de
cualquier otra clase de responsabilidad […]”, correspondiéndole a cada uno
consecuencias diferentes.

76. Para el establecimiento de la responsabilidad fiscal la autoridad competente
debe tener en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función
administrativa y de la gestión fiscal.

77. Ahora bien, la responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se
configura sin perjuicio de otra clase de responsabilidad.

78. Visto el artículo 5.° ibidem, los elementos de la responsabilidad fiscal son los
siguientes:

79. Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión
fiscal.

80. Un daño patrimonial al Estado, entendido como la lesión del patrimonio
público por el menoscabo, la disminución, el perjuicio, el detrimento, la pérdida o el
deterioro de bienes o recursos públicos y de intereses patrimoniales públicos,
generada por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna
que, en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las
contralorías20.

81. Del contenido de las normas citadas supra, en la responsabilidad fiscal
confluyen tres elementos: i) elemento objetivo, consistente en que exista prueba
que acredite con certeza, por un lado, la existencia del daño al patrimonio público,
y, por el otro, su cuantificación; ii) elemento subjetivo, que evalúa la actuación del
gestor fiscal y que implica que aquél haya actuado al menos con culpa; y iii)
elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño
al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.

20 Artículo 6.° de la Ley 610

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Demandante: Alvaro González Murillo

82. En suma, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una
declaración jurídica, en la cual se precisa con certeza que un determinado servidor
o particular debe cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones
irregulares en la gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el
daño causado al erario público por su conducta dolosa o culposa.

Marco normativo del daño patrimonial al Estado

83. De conformidad con el artículo 5.° ibidem, son elementos de la
responsabilidad fiscal: i) una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona
(natural o jurídica) que realiza gestión fiscal; ii) un daño patrimonial al Estado; y iii)
un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

84. Visto el artículo 6.° de la Ley 610, por daño patrimonial al Estado se entiende
“[…] la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado,
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,
inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control
de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento
al patrimonio público […]”21 (Destacado fuera de texto).

Marco normativo y jurisprudencial de la gestión fiscal

85. Vistos, por un lado el artículo 2.° de la Ley 4222 de 26 de enero de 199323,
son sujetos de control fiscal, entre otros, “[…] los particulares que manejen fondos
o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización
o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con éstos […]”;
y, por el otro, el artículo 4.° ibidem, “[…] El control fiscal es una función pública, la

21 Mediante sentencia C-340 de 2007, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “o a los

intereses patrimoniales del Estado” contenida en el artículo 6° de la Ley 610 de 2000, así como la inexequibilidad
de las expresiones “uso indebido” e “inequitativa” contenidas en la misma disposición.
22 Norma vigente para la época de los hechos.
23 “[…] Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen […]”.

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Demandante: Alvaro González Murillo

cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades
que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles […]”.
(Destacado fuera de texto).

86. Vistos, por un lado, el artículo 9.° ibidem, en el ejercicio del control fiscal se
puede acudir a los siguientes sistemas de control: i) financiero; ii) de legalidad; iii)
de gestión; iv) de resultados; v) de revisión de cuentas; y, vi) de evaluación de
control interno; y, por el otro, el artículo 13 ibidem “[…] El control de resultados es
el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la
vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos
adoptados por la administración, en un período determinado […]” (Destacado fuera
de texto).

87. El artículo 3.° de la Ley 610, destaca que por gestión fiscal se entiende “[…]
el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan
los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta
adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación,
enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes
públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a
cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad,
transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales […]” (Destacado
fuera de texto).

88. Visto el artículo 4.º ibidem, el objeto de la responsabilidad fiscal es “[…] el
resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal
mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio
sufrido por la respectiva entidad estatal.[…]”; responsabilidad que “[…] es
autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de
responsabilidad […]” (Destacado fuera de texto).

89. La Sección Primera de esta Corporación, explicó que la responsabilidad fiscal
necesariamente debe recaer sobre el manejo o administración de bienes, recursos
o fondos públicos, y respecto de los servidores públicos y particulares que tengan a

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su cargo bienes o recursos del Estado sobre los cuales tengan la capacidad o poder
de decisión; de ahí que, en criterio de esta Sala, para atribuir responsabilidad fiscal,
resulte necesario estudiar las funciones a desempeñar por el funcionario público o
el particular. Sobre el citado asunto, consideró:

“[…] La responsabilidad fiscal se deduce por la afectación del patrimonio público, tanto
en forma dolosa como culposa, en desarrollo de actividades propias de la gestión
fiscal o vinculadas con ella, cumplida por los servidores públicos y particulares, que
manejen o administren bienes y recursos del Estado.

Vale la pena puntualizar, que la responsabilidad fiscal debe necesariamente
recaer sobre el manejo o administración de bienes y recursos o fondos
públicos, y respecto de los servidores públicos y particulares que tengan a su
cargo bienes o recursos del Estado, sobre los cuales tengan capacidad o poder
decisorio.

Al revisar detenidamente las funciones asignadas a la Jefe de la Oficina Asesora en
mención, se observa que no encajan dentro del concepto de gestión fiscal, por no
estar referidas a la ordenación, control, dirección, administración y manejo de los
bienes o recursos de la entidad, o por no implicar poder decisorio sobre dichos bienes
o fondos.

Además, debe señalarse que la misma denominación del referido cargo “Jefe de
Oficina Asesora de Jurídica”, es la que indica que éste tiene relación con funciones
de asesoría, de conceptuar, absolver consultas y brindar soporte legal, pero no
involucra poder decisorio sobre bienes o recursos del Estado, elemento necesario
para pregonar responsabilidad fiscal […]”24 (Destacado fuera de texto).

90. El pronunciamiento expuesto supra está en concordancia con la sentencia C-
840 del 9 de agosto de 2001, proferida por la Corte Constitucional que, al hablar
sobre la intervención directa o contribución indirecta en la gestión fiscal ejercida por
los servidores públicos o por los particulares, manifestó lo siguiente:

“[…] Cuando el daño fiscal sea consecuencia de la conducta de una persona
que tenga la titularidad jurídica para manejar los fondos o bienes del Estado
materia del detrimento, procederá la apertura del correspondiente proceso de
responsabilidad fiscal, sea que su intervención haya sido directa o a guisa de
contribución. En los demás casos, esto es, cuando el autor o partícipe del daño al
patrimonio público no tiene poder jurídico para manejar los fondos o bienes del Estado
afectados, el proceso atinente al resarcimiento del perjuicio causado será otro
diferente, no el de responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal únicamente se
puede pregonar respecto de los servidores públicos y particulares que estén
jurídicamente habilitados para ejercer gestión fiscal, es decir, que tengan poder
decisorio sobre fondos o bienes del Estado puestos a su disposición.
Advirtiendo que esa especial responsabilidad está referida exclusivamente a
los fondos o bienes públicos que hallándose bajo el radio de acción del titular
de la gestión fiscal, sufran detrimento en la forma y condiciones prescritos por
la ley. La gestión fiscal está ligada siempre a unos bienes o fondos estatales

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. CP. María Elizabeth García

González. Sentencia de 19 de mayo de 2016. Número único de radicación: 68001233300020130102401.

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Demandante: Alvaro González Murillo

inequívocamente estipulados bajo la titularidad administrativa o dispositiva de un
servidor público o de un particular, concretamente identificados […]” (Destacado fuera
de texto).

91. Ahora bien, es cierto que la Corte Constitucional, en esta providencia, se
pronunció sobre la constitucionalidad de la expresión “[…] o con ocasión de ésta
[…]”, contenida en el artículo 1.° de la Ley 610 de 2000, en el sentido de señalar
que por conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal
quienes suscriben contratos con el Estado pueden, eventualmente, ser objeto de
responsabilidad fiscal; sin embargo, la Corte Constitucional aclaró que la atribución
excepcional de responsabilidad fiscal por aplicación de la expresión citada supra
está supeditada a ciertos parámetros, lo que, en criterio de esta Sala, descarta la
posibilidad de que aquella se pueda aplicar de manera objetiva. En concreto, la
Corte Constitucional, señaló:

“[…] 5. Artículo 1 de la ley 610 de 2000.

El demandante sostiene que el artículo 1 de la ley 610 de 2000 vulnera los artículos
90 y 267 de la Constitución, al establecer que el proceso de responsabilidad fiscal se
adelanta cuando se cause un daño al patrimonio del Estado por acción u omisión en
el ejercicio de la gestión fiscal, o con ocasión de ésta.

No obstante, de la lectura del cargo se desprende que la acusación del actor va
dirigida solamente contra la expresión “o con ocasión de ésta”, pues considera que
con ella se permite a la contraloría adelantar procesos de responsabilidad fiscal contra
quienes no realizan de manera directa gestión fiscal, lo cual infringe abiertamente el
artículo 267 Superior, a cuyos términos el control se ejerce sobre la administración y
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

El artículo 1 de la ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad fiscal en la
siguiente forma:

El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas
adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la
responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio
de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma
dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.

En primer lugar debe dilucidarse el contenido y alcance de la expresión “con ocasión
de ésta”, a efectos de determinar si con ella se podría dar pie a un eventual
rebasamiento de la competencia asignada a las contralorías en torno al proceso de
responsabilidad fiscal.

Entonces, ¿qué significa que algo ocurra con ocasión de otra cosa? El diccionario de
la Real Academia Española define la palabra ocasión en los siguientes términos:
"oportunidad o comodidad de tiempo o lugar, que se ofrece para ejecutar o conseguir
una cosa. 2. Causa o motivo porque se hace o acaece una cosa."

A la luz de esta definición la locución impugnada bien puede significar que la gestión
fiscal es susceptible de operar como circunstancia u oportunidad para ejecutar o

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conseguir algo a costa de los recursos públicos, causando un daño al patrimonio
estatal, evento en el cual la persona que se aproveche de tal situación, dolosa o
culposamente, debe responder fiscalmente resarciendo los perjuicios que haya
podido causar al erario público.

El sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta sólo se justifica en la
medida en que los actos que la materialicen comporten una relación de
conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal. Por
lo tanto, en cada caso se impone examinar si la respectiva conducta guarda
alguna relación para con la noción específica de gestión fiscal, bajo la
comprensión de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia que se
desenvuelve mediante planes de acción, programas, actos de recaudo,
administración, inversión, disposición y gasto, entre otros, con miras a cumplir las
funciones constitucionales y legales que en sus respetivos ámbitos convocan la
atención de los servidores públicos y los particulares responsables del manejo de
fondos o bienes del Estado.

De acuerdo con esto, la locución demandada ostenta un rango derivado y
dependiente respecto de la gestión fiscal propiamente dicha, siendo a la vez
manifiesto su carácter restringido en tanto se trata de un elemento adscrito dentro
del marco de la tipicidad administrativa. De allí que, según se vio en párrafos
anteriores, el ente fiscal deberá precisar rigurosamente el grado de competencia
o capacidad que asiste al servidor público o al particular en torno a una
específica expresión de la gestión fiscal, descartándose de plano cualquier
relación tácita, implícita o analógica que por su misma fuerza rompa con el
principio de la tipicidad de la infracción. De suerte tal que sólo dentro de estos
taxativos parámetros puede aceptarse válidamente la permanencia,
interpretación y aplicación del segmento acusado.

Una interpretación distinta a la aquí planteada conduciría al desdibujamiento de
la esencia propia de las competencias, capacidades, prohibiciones y
responsabilidades que informan la gestión fiscal y sus cometidos
institucionales.

Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo
y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las
contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades
en cabeza de quienes en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su
gestión, causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en
forma dolosa como culposa. Y es que no tendría sentido un control fiscal
desprovisto de los medios y mecanismos conducentes al establecimiento de
responsabilidades fiscales con la subsiguiente recuperación de los montos
resarcitorios. La defensa y protección del erario público así lo exige en aras de la
moralidad y de la efectiva realización de las tareas públicas. Universo fiscal dentro del
cual transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y personas
de las entidades que profieran decisiones determinantes de gestión fiscal, así como
quienes desempeñen funciones de ordenación, control, dirección y coordinación,
contratistas y particulares que causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado,
siempre y cuando se sitúen dentro de la órbita de la gestión fiscal en razón de
sus poderes y deberes fiscales.

En concordancia con estos lineamientos estipula el artículo 7 de la ley 610:

“(...) únicamente procederá derivación de responsabilidad fiscal cuando el hecho
tenga relación directa con el ejercicio de actos propios de la gestión fiscal por parte
de los presuntos responsables”.

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Y a manera de presupuesto el artículo 5 de esta ley contempla como uno de los
elementos estructurantes de la responsabilidad fiscal, “la conducta dolosa o culposa
atribuible a una persona que realiza gestión fiscal”. (Destacado original del texto).

En este orden de ideas la Corte declarará la exequibilidad de la expresión "con
ocasión de ésta", contenida en el artículo 1 de la ley 610 de 2000, bajo el entendido
de que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad
próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal […]”.

Marco normativo del debido proceso administrativo

92. Visto el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso “[…] se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”. Asimismo,
“[…] [n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio […]”.

93. El Decreto 1 de 2 de enero de 198425 y la Ley 1437 regulan, de acuerdo con
el régimen de transición y vigencia, los procedimientos administrativos: entendidos
como el conjunto de normas a los que la autoridad acude para surtir un trámite que
sirve para formar la voluntad de la administración y que culmina con un acto
administrativo o una decisión que tiene efectos respecto de una situación jurídica,
general, impersonal o abstracta; o individualizada, según el destinatario de la
manifestación de la voluntad.

94. Las normas citadas constituyen el marco general para el trámite de los
procedimientos administrativos a los que es aplicable esa normativa, salvo el evento
en que el trámite se encuentre regido por una norma especial, caso en el cual la
administración tiene la obligación de aplicar ese procedimiento, por disposición
expresa de los artículos 1. ° del Decreto 1 de 1984 y de la Ley 1437.

Marco normativo del régimen probatorio en los procesos de responsabilidad
fiscal

95. Visto el Título II, Capítulo I de la Ley 610, sobre pruebas en el proceso de
responsabilidad fiscal, en especial los artículos 22 a 32, en las cuales se prevé lo
siguiente:

25 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”

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96. El principio de necesidad de la prueba en materia de responsabilidad fiscal
conforme al cual, los actos administrativos que contienen los fallos de
responsabilidad fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y
allegadas al proceso, sobre el daño patrimonial y la responsabilidad del
investigado26.

97. “[…] El investigado o quien haya rendido exposición libre y espontánea podrá
pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas. La
denegación total o parcial de las solicitadas o allegadas deberá ser motivada y
notificarse al peticionario, decisión contra la cual proceden los recursos de
reposición y apelación […]”27.

98. El daño patrimonial y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse
con cualquier medio de prueba28 y las pruebas deberán apreciarse, en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional29.

99. El investigado podrá controvertir las pruebas a partir de la exposición
espontánea en la indagación preliminar, o a partir de la notificación del auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal30.

100. El investigado podrá controvertir las pruebas vencido el término de traslado
del auto de imputación de responsabilidad fiscal de que trata el artículo 50 de la Ley
610, y podrá presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones
efectuadas, así como solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer.

101. El artículo 51 de la Ley 610 regula el decreto y práctica de pruebas en el
proceso de responsabilidad fiscal, según el cual, una vez vencido el término de
traslado del auto de imputación, la Nación – Contraloría General de la República
debe ordenar la práctica de las pruebas solicitadas o decretar de oficio las que
considere pertinentes y conducentes.

102. La parte interesada podrá interponer los recursos de reposición y apelación
contra el auto que rechaza la solicitud de pruebas.

26 Artículo 23
27 Artículo 24
28 Artículo 25
29 Artículo 26
30 Artículo 32

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103. Visto el artículo 30 de la Ley 610, las pruebas recaudadas sin el lleno de las
formalidades sustanciales o en forma tal que afecten los derechos fundamentales
del investigado se tendrán como inexistentes, es decir, no podrán ser valoradas por
la autoridad para determinar la responsabilidad fiscal.

104. Visto el artículo 31 de la Ley 610, en la práctica de visitas especiales, el
funcionario investigador procederá a examinar y reconocer los documentos, hechos
y demás circunstancias relacionadas con el objeto de la diligencia y
simultáneamente irá extendiendo la correspondiente acta, en la cual anotará
pormenorizadamente los documentos, hechos o circunstancias examinados y las
manifestaciones que bajo la gravedad del juramento hagan sobre ellos las personas
que intervengan en la diligencia.

105. Cuando lo estime necesario, el investigador podrá tomar declaraciones
juramentadas a las personas que intervengan en la diligencia y solicitar documentos
autenticados, según los casos, para incorporarlos al informativo.

106. Visto el artículo 117 de la Ley 1474, los órganos de vigilancia y control fiscal
podrán comisionar a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se
relacionen con su profesión o especialización. Así mismo, podrán requerir a
entidades públicas o particulares, para que en forma gratuita rindan informes
técnicos o especializados que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas
pruebas estarán destinadas a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso.
El informe se pondrá a disposición de los sujetos procesales para que ejerzan su
derecho de defensa y contradicción, por el término que sea establecido por el
funcionario competente, de acuerdo con la complejidad de este.

Marco normativo de las instancias en el proceso de responsabilidad fiscal

107. Visto el artículo el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, norma aplicable al
presente caso:

“[…] ARTÍCULO 110. Instancias. El proceso de responsabilidad fiscal será de única
instancia cuando la cuantía del presunto daño patrimonial estimado en el auto de
apertura e imputación o de imputación de responsabilidad fiscal, según el caso, sea
igual o inferior a la menor cuantía para contratación de la respectiva entidad afectada
con los hechos y será de doble instancia cuando supere la suma señalada. […]”.

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Acervo probatorio

108. La Sala encuentra las siguientes pruebas relevantes31:

108.1 Auto núm. 021 de 5 de septiembre de 201932 “[…] FALLO CON
RESPONSABILIDAD No 021 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2018-00248 […]”, expedido por la Gerencia
Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República.

108.2 Auto núm. 878 de 31 de octubre de 201933, “[…] [AUTO POR MEDIO DEL
CUAL SE RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICION INTERPUESTOS
CONTRA EL FALLO No 021 DE 2019 DENTRO DEL PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-2018-00248 […]”, expedido por la Gerencia
Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República

108.3 Expediente No. 2018-00248 contentivo del proceso de responsabilidad fiscal
adelantado contra el señor Alvaro González Murillo y otros.

109. La Sala procederá a apreciar y valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 156434, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

Análisis del caso en concreto

110. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

111. La parte demandante, mencionó en su escrito de demanda, que la parte
demandada emitió el fallo de responsabilidad en su contra violando su debido
proceso, al darle tramite al proceso de responsabilidad fiscal como de única

31 Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima
32 Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima
33 Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima
34 Artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

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instancia, cuando debió ser tramitado como de doble instancia, conforme a lo
regulado en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

112. Sobre lo anterior, consideró que para efectos de determinar si el proceso de
responsabilidad fiscal era de única o doble instancia, debió haberse tenido en
cuenta el monto de contratación de la entidad presuntamente afectada, que en este
caso era la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima
EDAT S.A. E.S.P. Oficial y no el del Departamento del Tolima, como efectivamente
sucedió.

113. Sobre el asunto el a quo en la sentencia proferida, en primera instancia,
determinó lo siguiente:

“[…] Bajo este hilo conductor, es claro que la Gerencia Colegiada Departamental del
Tolima de la Contraloría General de la República, vulneró los derechos al debido
proceso, defensa y doble instancia administrativa del actor, pues tramitó el proceso
de responsabilidad fiscal No. PRF 2018-00248 en única instancia, cuando lo
procedente era hacerlo garantizando el derecho de impugnación, garantía procesal
que al ser desconocida conlleva ineludiblemente la declaratoria de nulidad parcial de
los actos administrativos acusados en lo que tiene que ver con la responsabilidad
fiscal del señor Álvaro González Murillo, relevando a la Sala de analizar el otro
cargo de nulidad invocado. […]”.

114. De otro lado, la parte demandada en el recurso de apelación, consideró que
los recursos empleados para ejecutar el contrato núm. 086 del 17 de septiembre de
2013, provienen de recursos del Departamento – Sistema General de
Participaciones, siendo acertado tener al Departamento del Tolima como entidad
afectada y, en consecuencia, tomar la cuantía de la contratación a efectos de
establecer la instancia del proceso de responsabilidad fiscal 2018-00248. Por lo
anterior, considera que debe revocarse la sentencia del Tribunal Administrativo del
Tolima de 14 de marzo de 2024 y que se nieguen las pretensiones de la demanda.

115. Con el fin de determinar si el proceso de responsabilidad fiscal se debió
tramitar en una única instancia o en doble instancia, es pertinente tener en cuenta
lo establecido en el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, norma aplicable al presente
caso y que regulaba las instancias en el proceso de responsabilidad fiscal.

116. Conforme a la anterior normativa, el proceso de responsabilidad fiscal es de
única instancia, si la cuantía del daño patrimonial es igual o inferior a la menor

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cuantía para la contratación de la entidad afectada, y de doble instancia, si este
supera tal cuantía.

117. En el presente caso, el hecho generador del daño que dio origen al proceso
de responsabilidad fiscal contra la parte demandante, está relacionado con el
Contrato de Obra núm. 086 de 17 de septiembre de 2013 suscrito por la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P. Oficial y el
Consorcio de Aguas del Tolima, cuyo objeto era "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE PRADO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

118. La parte demandada cuantificó el daño en la suma de Cuatrocientos Catorce
Millones Trescientos Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos ($414.300.235)
equivalente a los ítems lecho de secado, suministro e instalación de casillas,
medidores de agua y macro medidor, ejecutados en el municipio de Prado a través
del contrato de obra No 086 del 2013, que no reportan ningún uso ni beneficio para
el cual fueron contratados.

119. Así mismo, en la actuación administrativa la parte demandada consideró la
entidad afectada con el daño patrimonial era Departamento del Tolima, por ser la
encargada de ejercer funciones administrativas, de coordinación,
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las
leyes, siendo el origen de los recursos afectados dentro del proceso de
responsabilidad, el sistema general de participaciones.

120. Al considerar la parte demandada que el afectado con el daño patrimonial
era el Departamento del Tolima, en el auto de imputación núm. 1112 del 13 de
diciembre de 2018, proferido dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal 2018-
00248, determinó que el procedimiento a seguir era el ordinario de única instancia,
teniendo en cuenta el tope de las cuantías de contratación del mencionado
departamento.

121. Mencionado lo anterior, la Sala considera necesario entrar a determinar cuál
fue la entidad pública afectada con el daño patrimonial, y a partir de ello, determinar

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si el proceso de responsabilidad fiscal debió tramitarse en única instancia o en doble
instancia.

122. Como se mencionó con anterioridad, el Contrato de Obra 086 de 17 de
septiembre de 2013 fue suscrito por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
del Tolima EDAT E.S.P. y el Consorcio Aguas del Tolima.

123. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT E.S.P,
conforme a sus estatutos35: i) es una empresa de servicios públicos con capital cien
por ciento (100 %) oficial, de la cual hacen parte el Departamento del Tolima, el
municipio de Dolores, las Empresas de Servicios Públicos de Líbano, Fresno y
Purificación, además de la Empresa de Licores del Tolima; ii) tiene como objeto
social la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo y sus actividades inherentes, conexas y complementarias a
dicho servicio en el Departamento del Tolima y cualquier área del territorio nacional
e internacional; y iii) de conformidad a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994,
la constitución, los actos y los contratos de la empresa se regirán por el derecho
privado. iv) No obstante, de conformidad con el Acuerdo No. 12 del 17 de marzo de
2010 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA Y ESTABLECE EL NUEVO MANUAL
DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL COMO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL ORDEN OFICIAL", dada la calidad de
Gestor del Plan Departamental de Agua del Tolima, los procesos de contratación
que se adelanten por el gestor en cumplimiento de las funciones asignadas por el
artículo 12 del Decreto 3200 de 2008, se rigen por el Estatuto General de
Contratación de a Administración Pública.

124. Igualmente, de acuerdo a los artículos 17 a 29 de la Ley 142 de 1994, las
empresas de servicios públicos son entidades con personería jurídica propia,
autonomía administrativa, financiera y presupuestal, con un régimen contractual
propio.

125. Mencionado lo anterior, el cargo principal formulado en el proceso de
responsabilidad fiscal contra la parte demandante está relacionado con el hecho

35 https://www.edat.gov.co/edat/informacion-institucional

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que no se hubiera puesto en funcionamiento por parte del municipio de Prado y la
Empresa de Servicios Públicos de ese municipio, la interconexión de lecho de
secado al sistema de tratamiento de lodos ni la implementación de la micromedicion.
Sobre el particular, en el Fallo de Responsabilidad Fiscal núm. 021 de 5 de
septiembre de 2019, se indicó:

“[…] Se reitera que el hallazgo fiscal No 58791, que da origen al presente proceso no
está cuestionando la ejecución del contrato de obra No 086 de 2013 como tal, sino la
falta de funcionalidad del lecho de secados, el macromedidor y los micromedidores
instalados en virtud de dicho contrato, elementos que fueron recibidos por la alcaldía
municipal y la empresa de servicios públicos quienes se comprometieron a ponerlos
en funcionamiento, sin que se haya cumplido con dicha obligación

De conformidad con lo expuesto, para el despacho es claro que dentro del presente
proceso no existe evidencia que desvirtué el daño patrimonial causado al estado,
cuantificado en la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES
TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($414.300.235)
equivalente a los ítems lecho de secado, suministro e instalación de casillas,
medidores de agua y macro medidor, ejecutados en el municipio de Prado a través
del contrato de obra No 086 del 2013, que no se encuentran en funcionamiento,
elementos que fueron recibidos por la alcaldía municipal y la empresa de servicios
públicos quienes se comprometieron a ponerlos en funcionamiento, sin que se haya
cumplido con dicha obligación[…]”.

126. Lo anterior permite determinar que las entidades públicas interesadas y a su
vez beneficiarias con las obras era principalmente la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT E.S.P Oficial, y de otro lado, el Municipio de
Prado y la Empresa de Servicios Públicos de Prado.

127. Ahora, con base en lo expuesto, la Sala considera que la entidad afectada
con el daño es la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT
E.S.P Oficial, teniendo en cuenta que: i) la EDAT E.S.P Oficial suscribió el Contrato
de Obra 086 de 17 de septiembre de 2013; ii) los recursos transferidos para la
ejecución del contrato núm. 086 de 2013, provenían de EDAT S.A E.S.P Oficial,
según CDP 0183 de 4 de junio de 201336; iii) la EDAT E.S.P Oficial tiene como
objeto social la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo y sus actividades inherentes, conexas y complementarias a
dicho servicio en el Departamento del Tolima y cualquier área del territorio nacional
e internacional iv) la EDAT E.S.P Oficial dentro de sus funciones le corresponde la
de ser responsable de la gestión del Plan Departamental de Agua y Saneamiento –

36
Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima

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PDAT; v) la EDAT E.S.P Oficial debe vigilar la correcta ejecución de los recursos
destinados en el Plan Departamental de Aguas que provienen del Sistema General
de Participaciones; vi) el daño provino por parte del Municipio de Prado y la
Empresa de Servicios Públicos de Prado, al no cumplir la obligación determinada
en el contrato de obra No 086 del 2013, relacionados con los ítems lecho de secado,
suministro e instalación de casillas, medidores de agua y macromedidor; vii) las
obligaciones del municipio de Prado y de la Empresa de Servicios Públicos de Prado
en virtud del contrato de obra No 086 del 2013 eran con la Empresa Departamental
de Acueducto Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A E.S.P. Oficial; y, viii) la
Gobernación del Tolima no intervino en el contrato que dio lugar al proceso de
responsabilidad fiscal.

128. Luego, no se comparte la apreciación de la parte demandada en los actos
acusados, en el sentido de indicar que la entidad afectada con el daño era el
Departamento del Tolima, pues este no participó en el contrato que originó el daño
y los recursos que financiaron dicho negocio jurídico hacían parte del presupuesto
de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT E.S.P Oficial,
entidad descentralizada con autonomía técnica, administrativa y financiera, por lo
que no se evidencia ninguna afectación directa al departamento.

129. Establecida cual era la entidad afectada con el daño patrimonial, la Sala
considera que la parte demandada para determinar si el proceso de responsabilidad
fiscal en los términos del artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, se tramitaba en una
o en doble instancia, debió haber tenido en cuenta la cuantías para contratar de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT E.S.P Oficial y no
la de la Gobernación del Tolima.

130. Conforme a lo establecido por el a quo en la sentencia apelada37, si bien para
el año 2013 no existía un acto administrativo que determinara las cuantías de
contratación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT
E.S.P Oficial, existe una información allegada al proceso por el Gerente de esa
empresa38, donde menciona que para el año 2014 la menor cuantía era de
$172.480.00 y para el año 2015 ascendía a $180.418.000.

37 Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima

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Cfr. Índice SAMAI Expediente Digital – Cuaderno Tribunal Administrativo del Tolima

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Núm. único de radicación: 73001 23 33 000 2020 00309 01
Demandante: Alvaro González Murillo

131. Teniendo en cuenta que el presunto detrimento patrimonial ascendía a $
414.300,325, esta suma superaba ampliamente la menor cuantía de contratación
de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT E.S.P. Oficial
en los años posteriores, por lo que de acuerdo al artículo 110 de la Ley 1474 de
2011, el proceso de responsabilidad fiscal se debió haber tramitado como de doble
instancia.

132. La Sala considera que, al habérsele dado trámite de única instancia al
proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra la parte demandante, se le
vulneró a esta el debido proceso, pues esta garantía comporta entre otras
actuaciones, la de presentar recursos contra las decisiones.

133. Sobre el particular, la Corte Constitucional en la Sentencia C-382 de 200839,
al hacer referencia al debido proceso en los procesos de responsabilidad fiscal,
indicó:

“[…] El proceso de responsabilidad fiscal se encuentra sometido al derecho al debido
proceso, con los matices que le son propios al ejercicio de esa función, siendo
aplicables las garantías sustanciales y procesales, tales como los principios de
legalidad, juez natural y favorabilidad, la presunción de inocencia, el derecho de
defensa que comporta el derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente
o a través de apoderado, a presentar y controvertir pruebas, a solicitar la nulidad de
la actuación cuando se configure violación al debido proceso, a interponer recursos,
a la publicidad del proceso, a que éste se desarrolle sin dilaciones injustificadas, y a
no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Las garantías propias del debido
proceso, aplicables al proceso de responsabilidad fiscal, deben también armonizarse
con los principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, los cuales orientan todas las actuaciones administrativas, en particular
la gestión de control fiscal. “[…]” (resaltado fuera de texto).

134. Así mismo, el artículo 31 de la Constitución Política, determina que toda
sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que
consagre la ley.

Conclusión de la Sala

135. La Sala considera que, en el caso sub examine, hay lugar a confirmar la
sentencia apelada, en razón a que, en el presente asunto, se encontró probado que
a la parte demandante se le vulnero el debido proceso, al no darle trámite de doble
instancia al proceso de responsabilidad fiscal que se adelantó en su contra.

39 Corte Constitucional. Sentencia C-382 de 2008 de 23 de abril de 2008

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Núm. único de radicación: 73001 23 33 000 2020 00309 01
Demandante: Alvaro González Murillo

Condena en costas

136. Visto el artículo 188 de la Ley 1437, sobre condena en costas; ii) los artículos
36140, 36541, en especial, el numeral 8, y 36642 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201243; y iii) el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en especial, los artículos 2.°, sobre
criterios para la fijación de agencias en derecho, y 5.°, sobre las tarifas de las
agencias en derecho, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a
que en el expediente no aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en
costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo del Tolima, el 14 de marzo de 2024, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

40 Sobre composición de costas.
41 Sobre condena en costas.
42 Sobre liquidación.
43 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.”

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Núm. único de radicación: 73001 23 33 000 2020 00309 01
Demandante: Alvaro González Murillo

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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