Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00411-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00411-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2020-00411-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, DC, veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2020 00411 01 (2050–2023)
Demandante: María Leticia Giraldo García1
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -CREMIL-
Temas: Acrecimiento mesada pensional a compañera permanente por
fallecimiento de la cónyuge supérstite. Análisis bajo Ley 100 de
1993, reglamentada por el Decreto 1889 de 1993. Alcance del
artículo 188 del Decreto 1211 de 1990 conforme la
jurisprudencia de la Sección.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia proferida el 02 de junio de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES2
1.1. Hechos y pretensiones3
2. La señora María Leticia Giraldo García, solicitó la nulidad de la Resolución 7243
de 28 de agosto de 2015 y de los oficios 0074842 de 21 de octubre de 2015 y
0016922 de 16 de febrero de 2018, expedidos por la Caja de Sueldos de Retiro de
las Fuerzas Militares —CREMIL—, mediante los que se extinguió la cuota pensional
reconocida a la señora Magnolia Londoño de Falla4 (q. e. p. d.) y se negó el
acrecimiento de la prestación a favor de la demandante -compañera permanente
del causante-.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago del
100% de la pensión de sobreviviente reconocida con ocasión del fallecimiento del
señor José Maxlinder Falla Rojas, a partir del 10 de mayo de 2015 -fecha del deceso
de la señora Magnolia Londoño de Falla-. Así mismo, el pago de las mesadas,
primas, incrementos, indexación e intereses que resulten procedentes.
1 En calidad de compañera permanente del finado José Maxlinder Falla Rojas
2 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
3 Visible en el archivo 003_DEMANDA, PODER Y ANEXOS MARIA LETICIA GIRALDO
GARCIA_pagenumber.pdf del expediente digital de primera instancia que reposa en el aplicativo SAMAI
4 En calidad de conyuge del finado José Maxlinder Falla Rojas
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 1
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Demandante: María Leticia Giraldo García
4. Como sustento de lo anterior, afirmó que el señor José Maxlinder Falla Rojas
percibió una asignación de retiro reconocida por la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares mediante los acuerdos 233 de 1.º de junio de 1962 y 357 de 20 de agosto
de 1962, aprobados por la Resolución 4335 de 22 de octubre de 1962. Que murió
el 2 de marzo de 2001 motivo por el cual la señora María Leticia Giraldo García, en
calidad de compañera permanente, y la señora Magnolia Londoño de Falla, en
calidad de cónyuge, solicitaron el reconocimiento de la sustitución pensional.
5. Mediante sentencia de 29 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo del Tolima
ordenó reconocer la prestación a favor de ambas beneficiarias, en proporción del
50% para cada una, a lo cual dio cumplimiento CREMIL mediante Resolución 7658
de 4 de septiembre de 2014.
6. Posteriormente, a través de la Resolución 7243 de 28 de agosto de 2015,
CREMIL declaró extinguida, a partir del 10 de mayo de 2015, la cuota que percibía
la señora Magnolia Londoño de Falla, dado su fallecimiento. En consecuencia,
actualizó la prestación, manteniendo el 50% a favor de la señora María Leticia
Giraldo García y declarando el otro 50% como cuota extinguida.
7. Finalmente, la señora María Leticia Giraldo García solicitó el acrecimiento de su
mesada al 100%, no obstante, la entidad resolvió de forma negativa mediante Oficio
de 21 de octubre de 2015. Luego, reiteró la petición el 15 de diciembre de 2017,
obteniendo una respuesta desfavorable con el Oficio 0016922 de 16 de febrero de
2018.
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
8. Citó como vulnerados los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 42, 43, 46, 48, 53 y 93 de la
Constitución Política; 87 a 92, 138 y 154 a 157 del CPACA; 185, 188 y 195 del
Decreto 1211 de 1990; y 110 y 111 del Decreto 1029 de 1994.
9. El concepto de violación se centró en que los actos acusados desconocieron
los derechos a la igualdad, la seguridad social y la protección integral de la familia,
al negar el acrecimiento de la prestación reconocida a su favor tras el fallecimiento
de la señora Magnolia Londoño de Falla. Afirmó que la decisión de CREMIL otorgó
un trato diferenciado e injustificado entre la cónyuge y la compañera permanente,
pese a que ambas fueron reconocidas como beneficiarias de la sustitución
pensional en igualdad de condiciones, lo que condujo a una interpretación restrictiva
y discriminatoria de las normas que regulan el acrecimiento pensional.
1.3. Contestación de la demanda5
10. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se opuso a las pretensiones de
la demanda y defendió la legalidad de los actos acusados. Explicó que, luego de las
actuaciones administrativas y judiciales adelantadas ante la muerte del causante, la
5Visible en el archivo 011_CONTESTACION DEMANDA MARIA LETICIA GIRALDO GARCIA.pdf del expediente
digital de primera instancia que reposa en el aplicativo SAMAI
La demanda fue presentada el 13 de noviembre de 2020 y admitida el 30 de noviembre de la misma anualidad
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sustitución pensional fue distribuida entre la señora Magnolia Londoño de Falla y la
señora María Leticia Giraldo García, en proporción del 50 % para cada una.
11. Sostuvo que, una vez falleció la señora Magnolia Londoño de Falla, se
actualizó la prestación y extinguió la cuota del 50% que aquella percibía, sin
disponer su acrecimiento a favor de la demandante, por cuanto los artículos 188 del
Decreto Ley 1211 de 1990 y 11 del Decreto 4433 de 2004 solo prevén el
acrecimiento en los eventos allí señalados. En ese sentido, afirmó que, al no estar
contemplado el acrecimiento entre cónyuge y compañera permanente, sus
actuaciones se ajustaron a la normativa vigente y, por tanto, las pretensiones no
están llamadas a prosperar.
1.4. Sentencia de primera instancia6
12. El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia del 2 de junio de 2022,
accedió a las pretensiones de la demanda. Indicó que, en virtud de los principios de
favorabilidad e inescindibilidad normativa, la administración debía aplicar
integralmente el régimen general de seguridad social y no acudir a disposiciones
del régimen especial para resolver aspectos relacionados con el acrecimiento de la
prestación. En ese sentido, sostuvo que el artículo 8 del Decreto 1889 de 1994 prevé
que, cuando se extingue el derecho de uno de los beneficiarios de un mismo orden,
su porción acrece a la de los demás beneficiarios de ese mismo orden.
13. Con fundamento en lo anterior, concluyó que CREMIL no podía negar el
acrecimiento solicitado con base en el Decreto Ley 1211 de 1990 y el Decreto 4433
de 2004, pues la sustitución pensional de la señora María Leticia Giraldo García y
de la señora Magnolia Londoño de Falla fue reconocida bajo el régimen general.
Así, al haberse extinguido la cuota del 50% que percibía la cónyuge por su
fallecimiento, dicha porción debía acrecer a favor de la demandante, en calidad de
compañera permanente y beneficiaria del mismo orden.
14. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó a
CREMIL reconocer y pagar a la señora María Leticia Giraldo García el 100% de la
prestación, a partir del 11 de mayo de 2015, con los reajustes correspondientes. No
obstante, negó el reconocimiento de los intereses moratorios previstos en el artículo
141 de la Ley 100 de 1993 y condenó en costas a la parte demandada.
1.5. Recurso de apelación7
15. A través de apoderado, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con el fin de que fuera
revocada.
16. Como sustento de su inconformidad, señaló que no había lugar a ordenar el
pago del 100% de la pensión de sobreviviente a favor de la demandante, toda vez
6 Visible en el archivo 025_No. 2020-00411-00 N.R.D. SENTENCIA.pdf del expediente digital de primera
instancia que reposa en el aplicativo SAMAI
7 Visible en el archivo 030_2022060890_RECURSO DE APELACION MARIA LETICIA GIRALDO GARCIA RAD
73001233300020200041100.pdf del expediente de primera instancia que reposa en el aplicativo SAMAI.
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que, ante el deceso de la cónyuge supérstite, se extinguió la cuota del 50% que
aquella percibía, sin que procediera su acrecimiento a favor de la señora María
Leticia Giraldo García. Para ello, reiteró que los incisos 3.º y 4.º del artículo 188 del
Decreto Ley 1211 de 1990 y el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 establecen de
manera expresa los eventos en los que procede el acrecimiento, dentro de los
cuales no se encuentra el supuesto reclamado por la demandante.
17. Agregó que la Ley 100 de 1993 no resultaba aplicable al caso, dado que su
artículo 279 excluye del sistema general de seguridad social a los miembros de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Por tanto, sostuvo que la controversia
debía resolverse con fundamento en el régimen especial aplicable a la Fuerza
Pública y no con base en el régimen general.
18. Finalmente, cuestionó la condena en costas y agencias en derecho, al
considerar que la entidad no desplegó actuaciones dilatorias, temerarias o
contrarias al trámite procesal. Además, indicó que no se acreditó en el expediente
la causación de las costas, como lo exige el numeral 8.º del artículo 365 del Código
General del Proceso.
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
19. Mediante auto de 29 de agosto de 2023, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada. No hubo intervenciones en esta instancia.
20. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que
observe la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
21. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso9, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante, para el
caso, la entidad demandada.
2.2. Del problema jurídico
22. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora María Leticia
Giraldo García, en calidad de compañera permanente y beneficiaria del 50% de la
sustitución pensional causada por el fallecimiento del señor José Maxlinder Falla
Rojas, tiene derecho al acrecimiento de la cuota que percibía la señora Magnolia
Londoño de Falla (50%), cónyuge del causante, ante el deceso de esta última.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
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23. Para tal efecto, deberá establecerse si la controversia debe resolverse con
fundamento en el régimen especial previsto para los miembros de la Fuerza Pública
o, por el contrario, bajo las disposiciones del régimen general de seguridad social,
en particular las relativas al acrecimiento de la pensión de sobrevivientes. Y
finalmente, se deberá determinar si hay lugar a revocar la condena en costas
impuesta a la parte demandada al resultar vencida.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicables al asunto
2.3.1. Del acrecimiento pensional
24. El acrecimiento pensional se presenta cuando se extingue o se pierde el
derecho de uno de los beneficiarios de una prestación periódica, caso en el cual la
cuota que aquel percibía incrementa la porción de los demás beneficiarios que
integran el mismo orden.
25. Tratándose de miembros de la Fuerza Pública, el Decreto Ley 1211 de 1990
reguló el orden de beneficiarios y la extinción de las pensiones derivadas de la
muerte de oficiales y suboficiales. En particular, el artículo 188 dispone que la
extinción se decretará desde la fecha del hecho que la motive y por la cuota parte
correspondiente; además, prevé que la porción del cónyuge acrecerá a la de los
hijos y la de estos entre sí y a la del cónyuge, disponiendo finalmente que en los
demás casos no habrá derecho a acrecimiento.10.
26. Por su parte, el Decreto 4433 de 2004, en su artículo 11, reiteró el orden de
beneficiarios de las pensiones por muerte en el régimen de la Fuerza Pública y
señaló que la porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos, la de estos entre sí y
a la del cónyuge, y la de los padres entre sí y a la del cónyuge, precisando que en
los demás casos no habrá lugar a acrecimiento11.
27. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha admitido que, aun en
asuntos relacionados con integrantes de la Fuerza Pública, es posible acudir al
régimen general de seguridad social cuando este resulte más favorable al
beneficiario de la prestación, siempre que se aplique de manera integral y no
fragmentada.
28. Sobre el particular, esta Subsección sostuvo:
«La Ley 100 de 1993 reguló el régimen de seguridad social y el máximo Tribunal
de lo Contencioso Administrativo ha señalado que es viable su aplicación cuando
resulta ser más favorable para obtener el derecho a la pensión de sobrevivientes.
Así, si la norma especial contiene un tratamiento diferencial o inequitativo no debe
ser aplicada por vulnerar los derechos a la igualdad, la protección de los derechos
mínimos laborales, la seguridad social y el principio de favorabilidad».12
10 Decreto Ley 1211 de 1990, «por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares», artículos 185 y 188
11 Decreto 4433 de 2004, «por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública», artículo 11.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de mayo de 2020, rad. 25000-23-42-
000-2015-06230-01 (3463-18), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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29. Esa aplicación del régimen más favorable exige respetar el principio de
inescindibilidad normativa. De ahí que, escogido el régimen general para el
reconocimiento de la prestación, sus reglas deben aplicarse integralmente a los
aspectos derivados de ella, entre estos, la distribución y el acrecimiento de la
mesada.
30. En efecto, esta Subsección ha precisado:
«En virtud del principio de favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el
texto normativo que le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o
beneficiario del Sistema de Seguridad Social, estando proscrita la posibilidad de
aplicar parcialmente uno y otro texto para elegir de cada uno lo que resulta más
beneficioso, condición que se conoce como el principio de inescindibilidad o
conglobamento».13
31. En el régimen general, el artículo 8 del Decreto 1889 de 1994 14 reguló la
distribución de la pensión de sobrevivientes y dispuso expresamente:
«PARÁGRAFO 1o. Cuando expire o se pierda el derecho de alguno de los beneficiarios
del orden indicado en los numerales anteriores, la parte de su pensión acrecerá la
porción de los beneficiarios del mismo orden».
32. De acuerdo con esa regla, cuando existen beneficiarios del mismo orden y
se extingue el derecho de uno de ellos, la porción correspondiente acrece a favor
de quienes conservan la calidad de beneficiarios.
33. En relación con el régimen de la Fuerza Pública, esta Corporación también
ha explicado que el acrecimiento debe atender al orden legal de beneficiarios. Así,
frente a la concurrencia entre cónyuge o compañera permanente e hijos, se ha
indicado que la prestación se distribuye por mitades y que la extinción del derecho
de uno de los beneficiarios puede generar el acrecimiento de los demás, en los
términos previstos en la ley:
«Así las cosas, ante la existencia de cónyuge supérstite e hijos del causante, la asignación
de retiro, o pensión, según corresponda, será dividida en partes iguales, mitad y mitad, es
decir, 50% a favor de la primera, y 50% en beneficio de los segundos [...]. A medida que se
vaya extinguiendo el derecho de cada uno, se acrecentará el de los demás, en partes
iguales».15
34. Ahora bien, cuando la prestación ha sido reconocida en favor de la cónyuge
y de la compañera permanente, ambas ostentan una posición jurídica equivalente
frente al derecho pensional. En un asunto de contornos similares, esta Subsección
precisó:
«Es decir que, tanto a la señora Juan de Fernández como a la señora Ramírez
Delgadillo, les fue reconocida la titularidad para beneficiarse de la prestación que
en vida causó el fallecido Capitán de Fragata y, según se ha expuesto, ese
13 Ibidem.
14 Decreto 1889 de 1994, artículo 8.º, parágrafo 1.º, compilado en el artículo 2.2.8.2.1 del Decreto 1833 de
2016
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2025, rad. 13001-
23-33-000-2017-00522-01 (2033-2025), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera
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reconocimiento fue otorgado sin ninguna distinción ni discriminación en cuanto a
la condición que ellas ostentaron en vida frente al señor Fernández Guzmán,
pues ambas en simultánea configuraron un vínculo familiar y dependiente con él.
En este orden de ideas, con apego a los principios de favorabilidad, pro homine,
y en aplicación de la regla de igualdad y no discriminación en torno a los
beneficios que ostentan la cónyuge y la compañera permanente, es innegable
que el criterio adoptado por la entidad en el acto que se acusa fue errado al negar
el acrecimiento de la asignación de retiro a la demandante por el simple hecho
de haber sido la compañera permanente y no la cónyuge del causante [...]».16
35. De esta manera, cuando la sustitución pensional fue reconocida en partes
iguales a la cónyuge y a la compañera permanente, y una de ellas fallece, la cuota
extinguida puede acrecer a favor de la otra beneficiaria, siempre que conserve la
titularidad del derecho y pertenezca al mismo orden de beneficiarios.
2.4. Análisis del caso concreto
36. Conforme al problema jurídico planteado, corresponde a la Sala inicialmente
determinar bajo que normativa debe analizarse el acrecimiento de la mesada
pensional solicitado con la demanda.
37. Para la Sala, aunque resulta cierto lo expuesto por la entidad recurrente, en
cuanto a que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, excluyó de su aplicación a los
militares, y que para el momento del fallecimiento del causante se encontraba
vigente el Decreto 1211 de 1990, no puede pasarse por alto que el derecho a la
sustitución pensional de la demandante se definió con fundamento en el régimen
general de pensiones, y por ende, en virtud del principio de inescindibilidad, la
controversia sobre el acrecimiento de la mesada debe resolverse bajo está misma
normativa.
38. Al respecto se tiene que, si bien inicialmente la entidad en sede administrativa
al pronunciarse sobre el derecho a la sustitución pensional mediante las
Resoluciones 1672 de 20 junio de 200117, 4398 de 13 de noviembre de 200118, tuvo
en cuenta las exigencias contempladas para el efecto en el Decreto 1211 de 1990,
lo cierto es que en sede judicial, con sentencia de 29 de mayo de 2014, el Tribunal
Administrativo del Tolima, revocó la sentencia de 22 de abril de 2012 emitida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Ibagué, y en su lugar ordenó
reconocer la pensión de sobreviviente causada por el señor Falla Rojas a favor de
la señora Magnolia Londoño de Falla, en calidad de cónyuge supérstite, y de la
señora María Leticia Giraldo García, en calidad de compañera permanente, en
proporción del 50% para cada una; y para ello confirmó la tesis del juzgado de
resolver la controversia con fundamento en la Ley 100 de 1993 por resultar más
favorable, aspecto que precisamente fue cuestionado por la entidad con el recurso
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de mayo de 2020, rad. 25000-23-42-
000-2015-06230-01 (3463-18), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
17 Reconoció la prestación a favor de la actora en calidad de compañera permanente y negó el
derecho de la cónyuge supérstite.
18 Revocó el acto administrativo anterior y dejó en suspenso el derecho a la sustitución pensional
hasta tanto la jurisdicción competente resolviera a cual de las dos peticionarias le asistía el derecho.
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en esa causa judicial. Seguidamente, la entidad dio cumplimiento a la orden judicial
con la Resolución 7658 de 14 de septiembre de 2014, la cual se encuentra en firme.
39. Así entonces, se itera, en el presente asunto el acrecimiento de la mesada
pensional debe resolverse en atención a lo dispuesto en ese régimen general. Lo
anterior, en principio, conlleva a concluir la nulidad de los actos acusados, en vista
que para negar dicha solicitud se sustentaron precisamente en el artículo 188 del
Decreto 1211 de 1990, y el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004; se destaca:
✓ Con Resolución 7243 de 28 de agosto de 2015, se actualizó la sustitución
pensional, y ante el fallecimiento de la cónyuge supérstite extinguió el 50% de la
cuota que percibía, y mantuvo el otro 50% a favor de la demandante.
✓ Con Oficio 0074842 de 21 de octubre de 2015, al desatar recurso de
reposición presentado contra el anterior acto, CREMIL confirmó la negativa al
considerar que el artículo 188 del Decreto Ley 1211 de 1990 no contemplaba el
acrecimiento entre cónyuge y compañera permanente.
✓ Y al desatar nueva petición de 15 de diciembre de 2017, mediante Oficio
0016922 de 16 de febrero de 2018, nuevamente negó el acrecimiento de la
mesada, con fundamento en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004.
40. Ahora, como acertadamente lo sostuvo el tribunal de instancia, el Decreto
1889 de 1993, reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993, y en el artículo 8,
contempló lo relativo a la distribución de la pensión de sobrevivientes, y en el
parágrafo 1 puntualizó el acrecimiento de la mesada, se destaca:
ARTICULO 8o. DISTRIBUCION DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES. La pensión
de sobrevivientes se distribuirá, en los sistemas generales de pensiones y de riesgos
profesionales, así:
1. El 50% para el cónyuge o compañera o compañero permanente del causante, y el
otro 50% para los hijos de éste, distribuido por partes iguales.
A falta de hijos con derecho o cuando su derecho se pierda o se extinga, la totalidad
de la pensión corresponderá al cónyuge o compañera o compañero permanente del
causante con derecho.
A falta de cónyuge o compañera o compañero permanente o cuando su derecho se
pierda o se extinga, la totalidad de la pensión corresponderá a los hijos con derechos
por partes iguales.
2. Si no hubiese cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho,
la pensión de sobrevivientes, corresponderá en su totalidad a los padres con derecho,
por partes iguales.
3. Si no hubiese cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos o padres con
derecho, en el régimen de prima media con prestación definida y en el sistema general
de riesgos profesionales, la pensión corresponderá a los hermanos inválidos con
derecho por partes iguales, y en el régimen de ahorro individual los recursos de la
cuenta individual harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante.
PARAGRAFO 1o. Cuando expire o se pierda el derecho de alguno de los
beneficiarios del orden indicado en los numerales anteriores, la parte de su
pensión acrecerá la porción de los beneficiarios del mismo orden.
PARAGRAFO 2o. La extinción del derecho de los beneficiarios del orden indicado en
el numeral 1o. de este artículo, implicará la expiración de la pensión sin que pase a los
siguientes órdenes.
Igual disposición se aplicará para los beneficiarios descritos en el numeral 2o.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 73001 23 33 000 2020 00411 01 (2050–2023)
Demandante: María Leticia Giraldo García
PARAGRAFO 3o. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los
derechos sucesorales a que haya lugar. (Resaltos de la Sala)
41. No cabe duda entonces que, en tanto la pensión sobrevivientes les fue
reconocida en partes iguales a la actora -como compañera permanente-, y a la
cónyuge supérstite, en partes iguales, ante el deceso de esta última, en aplicación
del parágrafo 1 del artículo 8 del Decreto 1889 de 1994, la señora María Leticia
Giraldo García tiene derecho al acrecimiento de su mesada, para un total del 100%,
como lo dispuso el tribunal, y por tanto, los actos acusados son nulos, no
prosperando así el recurso de apelación de la entidad.
42. De otro lado, estima la Sala necesario señalar que, si bien por las razones
expuestas no hay lugar a aplicar a este caso el Decreto Ley 1211 de 1990 (art. 188)
y el Decreto 4433 de 2004 (art. 11), no es menos cierto que incluso bajo esta
normatividad la actora también tendría derecho al acrecimiento reclamado; ello, en
tanto esta Sección19 ya se ha ocupado de pronunciarse frente a la restricción
contenida en el artículo 188 del Decreto 1211 de 1990 anterior que dispone que “La
porción de cónyuge acrecer (sic) a la de los hijos y la de éstos entre sí y a la del
cónyuge. En los demás casos no habrá acrecimiento.” Al respecto, consideró
que la interpretación de la entidad, respecto a que no puede acrecer la mesada de
la compañera permanente ante el fallecimiento de la cónyuge supérstite también
beneficiaria, desconoce las garantías constitucionales a favor de la primera, de
quien se predican unos derechos prestacionales en aplicación de los principios de
favorabilidad, pro homine y de la regla de igualdad y no discriminación frente a los
derechos que ostenta la cónyuge.
43. En ese orden de consideraciones, se confirmará la sentencia de primera
instancia, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues, no
prosperan los cargos del recurso de apelación formulado por la entidad.
2.5. Condena en costas de primera y segunda instancia
44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia de 21 de
mayo de 2020, expediente 25000 23 42000 2015 06230 01 (3463-18)
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Demandante: María Leticia Giraldo García
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
47. Pues bien, CREMIL apeló la condena en costas impuesta en primera
instancia, al considerar que no desplegó actuaciones dilatorias o temerarias y que
no se acreditó su causación en el proceso, conforme lo exige el numeral 8.º del
artículo 365 del CGP. No obstante, dicho reparo no está llamado a prosperar, pues,
conforme al criterio objetivo que rige la materia, la condena en costas procede
respecto de la parte vencida en el proceso, sin que sea indispensable acreditar una
actuación dilatoria o temeraria.
48. En línea con lo antes mencionado, también hay lugar a condenar en costas
a CREMIL en segunda instancia, pues, no prospera el recurso de apelación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.
49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 2 de junio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por medio de la cual accedió las pretensiones, de
conformidad con las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO. Condenar en costas en esta instancia a la parte vencida -demandada-,
por las razones expuestas en la motivación. Para tal efecto, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
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Demandante: María Leticia Giraldo García
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI. https://samai.consejodeestado.gov.co/
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