Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00460-01
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00460-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2020-00460-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2020-00460-01 (2822-2024)
Demandante: Wisney Pava Fuentes
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional
Tema: Derecho al debido proceso. Principio del non bis in ídem.
REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en contra de
la sentencia proferida el quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Wisney Pava Fuentes instauró demanda en contra la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 25 de
enero de 2019 y el 7 de junio de 2019 por el jefe de la Oficina de Control Disciplinario
Interno de la Policía del Tolima, mediante las cuales fue sancionado con destitución
e inhabilidad general por diez (10) años; del acto administrativo que las confirmó,
expedido el 28 de agosto de 2019; y el acto de ejecución del 30 de septiembre de
2019.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reintegro al cargo que
ocupaba o uno de igual o superior categoría, el pago de salarios, prestaciones
sociales y demás emolumentos dejados de percibir; así como el reconocimiento de
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perjuicios materiales e inmateriales ‒daños morales‒, con su respectiva
actualización e intereses. Además, pidió que se declarara que no existió solución
de continuidad en la prestación del servicio.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
4. Que se desempeñaba como patrullero adscrito al Departamento de Policía
Tolima y que por hechos ocurridos el 6 de marzo de 2018, en el municipio de
Ambalema, se adelantó en su contra la investigación disciplinaria en la que fue
absuelto en primera instancia.
5. Expresó, que posteriormente, la Oficina de Control Disciplinario Interno abrió
una nueva investigación disciplinaria, por los mismos hechos y en decisión de
primera instancia el 7 de junio de 2019, se le impuso sanción de destitución e
inhabilidad general por diez (10) años para ejercer cargos públicos, decisión que fue
confirmada en segunda instancia el 28 de agosto de 2019, la cual fue ejecutada
mediante Resolución nro. 04337 de 30 de septiembre de 2019.
6. Afirma que el segundo procedimiento disciplinario versó sobre los mismos
hechos que fueron objeto de decisión absolutoria en el primer procedimiento
sancionador, lo que configuró un nuevo juzgamiento por identidad de sujeto y de
hechos, con desconocimiento del debido proceso, la presunción de inocencia y la
prohibición de doble juzgamiento.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Señaló como vulneradas la Constitución Política artículos 29 y 13; Ley 734
de 2002 artículos 9, 10 y 11; Ley 1015 de 2006 artículos 4, 5 y 6.
8. Como primer cargo sostuvo la violación del artículo 29 de la Constitución
Política y de las normas disciplinarias que desarrollan el debido proceso, al haberse
adelantado un segundo procedimiento disciplinario por los mismos hechos que ya
habían sido objeto de decisión absolutoria en un trámite anterior. Que existió
identidad de sujeto, de hechos y de fundamento.
9. Como segundo cargo, afirmó la vulneración de la presunción de inocencia, al
imponerse sanción de destitución e inhabilidad general sin que existiera prueba
suficiente que desvirtuara dicha presunción. Sostuvo que la valoración probatoria
realizada en el segundo procedimiento fue arbitraria, pues se fundamentó en los
mismos elementos que habían conducido a su absolución inicial.
10. Finalmente, alegó la vulneración a la garantía de estabilidad de las decisiones
disciplinarias, al desconocerse los efectos de la decisión absolutoria previa. En su
criterio, la actuación administrativa culminada con la destitución e inhabilidad
general por diez (10) años y su posterior retiro del servicio constituyó una decisión
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adoptada con infracción de las normas superiores que rigen el procedimiento
disciplinario, lo que vicia de nulidad los actos administrativos demandados.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
11. El 8 de marzo de 2021 se admitió la demanda1. La demandada, aceptó que
se adelantaron las dos (2) investigaciones disciplinarias contra el demandante,
expresó que en el primer trámite se adoptó una decisión absolutoria, pero que ello
obedeció a que no se contaba con el acervo probatorio completo, pues con
posterioridad se ordenó desglose de copias para investigar conductas que no
habían sido objeto de análisis.
12. Frente al cargo por vulneración del principio non bis in ídem, afirmó que no
se configuró identidad de objeto ni de causa, porque el segundo procedimiento
obedeció a hechos y comportamientos que no fueron evaluados en el primero, y
que el operador disciplinario actuó dentro del marco de sus competencias. Que la
decisión sancionatoria fue adoptada con fundamento en el material probatorio
recaudado, con respeto de las garantías procesales y bajo las reglas del
procedimiento verbal disciplinario.
13. Que en el segundo procedimiento se identificó el sujeto investigado, los
hechos reprochados y las normas presuntamente vulneradas; se recaudaron y
valoraron pruebas conforme a las reglas de la sana crítica; se garantizó el derecho
de defensa, contradicción y publicidad; y se permitió el ejercicio de recursos. Afirmó
que no se configuró defecto fáctico ni procedimental y que los actos administrativos
demandados gozan de presunción de legalidad, la cual no fue desvirtuada por el
demandante.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
14. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del quince (15) de
febrero de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Declaró la
nulidad de los actos administrativos que le impusieron la sanción de destitución e
inhabilidad general por diez (10) años y del acto que ejecutó la sanción; ordenó el
reintegro al cargo o a uno de igual o superior categoría, el pago de salarios y
prestaciones dejados de percibir, sin solución de continuidad; y negó las
pretensiones relativas al reconocimiento de perjuicios morales.
15. Identificó como problema jurídico determinar si el segundo procedimiento
disciplinario vulneró el debido proceso del actor, en particular la prohibición de doble
juzgamiento, al haberse adelantado una nueva actuación por hechos que ya habían
sido objeto de decisión absolutoria y si tal circunstancia viciaba de nulidad los actos
sancionatorios demandados.
1Ver archivo «006_73001-23-33-000-2020-00460-00 NyR de Wisney Pava Fuentes Vs. Policia Nacional -
Admite demanda», disponible en la siguiente ruta: enlace de OneDrive disponible en el índice No. 000002 de
SAMAI, adjunto « 4ED_73001233300020200046(.zip) NroActua 2».
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16. Constató que por los hechos ocurridos el 6 de marzo de 2018 en el municipio
de Ambalema se adelantó la primera investigación disciplinaria, dentro de la cual se
profirió decisión absolutoria. Posteriormente, la autoridad disciplinaria dispuso la
apertura de una nueva investigación, que culminó con decisión sancionatoria de
destitución e inhabilidad general por diez (10) años, confirmada en segunda
instancia y ejecutada mediante acto administrativo que hizo efectivo el retiro del
servicio.
17. Concluyó que el sujeto disciplinado era el mismo y que los hechos
investigados correspondían al mismo evento ocurrido el 6 de marzo de 2018, sin
que la Administración hubiera acreditado la existencia de circunstancias nuevas,
autónomas o sustancialmente distintas que justificaran un nuevo ejercicio del ius
puniendi disciplinario. En ese contexto, consideró que la apertura del segundo
procedimiento implicó un nuevo juzgamiento por los mismos hechos previamente
decididos.
18. Con base en esa valoración, el Tribunal determinó que se configuró la
vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, en cuanto se desconoció la
garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, con afectación directa
del debido proceso. Señaló que la existencia de una decisión absolutoria previa
cerraba la posibilidad de reabrir el debate disciplinario sobre los mismos supuestos
fácticos, salvo que mediara una circunstancia excepcional debidamente acreditada,
lo que no ocurrió en el caso concreto.
RECURSO DE APELACIÓN
19. La parte demandada2 interpuso recurso de apelación, por considerar que el
Tribunal incurrió en error al concluir que se vulneró el principio non bis in ídem,
porque si bien existe identidad de sujeto entre las investigaciones, no concurren la
identidad de objeto ni de causa, pues el primer proceso se adelantó por la presunta
conducta consistente en permitir o dar lugar a la fuga de personas privadas de la
libertad; mientras que el segundo tuvo por objeto investigar la conducta de dormir
durante el servicio, conducta adecuable al abandono de puesto. Que las faltas
imputadas fueron distintas, tanto en su descripción normativa como en su
fundamento fáctico, por lo que no se configuraba el presupuesto material del doble
juzgamiento.
20. Expuso que en el primer procedimiento se intentó una variación de cargos
para investigar el abandono del puesto, pero dicha decisión fue declarada nula a
solicitud de la defensa, y se retrotrajo la actuación al cargo inicial relacionado con la
fuga y que, en consecuencia, nada se decidió en ese proceso respecto de la
conducta relacionada con dormir durante el servicio. Que el desglose de copias
ordenado en el fallo absolutorio obedeció al deber legal de iniciar acción disciplinaria
frente a hechos distintos advertidos durante la actuación, en cumplimiento del
artículo 70 de la Ley 734 de 2002.
2 Ver índice 00045.
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21. Afirmó que el Tribunal valoró de manera indebida la actuación relacionada
con la variación de cargos y su posterior nulidad, pues acudió a una decisión
jurídicamente inexistente para sustentar la vulneración del non bis in ídem.
22. Adicionalmente, alegó desconocimiento del precedente judicial horizontal, al
indicar que el mismo Tribunal, en un proceso promovido por el compañero de
patrulla del aquí demandante ‒investigado en los mismos procesos disciplinarios‒,
confirmó la legalidad de los actos proferidos y descartó la vulneración del principio
non bis in ídem. Sostuvo que el fallo objeto de apelación no expuso razones
suficientes para apartarse de ese precedente.
23. En relación con la orden de reintegro y el restablecimiento del derecho,
manifestó su desacuerdo con el reconocimiento de salarios y prestaciones desde la
fecha del retiro hasta el efectivo reintegro, por considerar que debía aplicarse el
precedente fijado por la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-053 de
2015, según el cual no puede exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
24. Adicionalmente, sostuvo que el Tribunal incurrió en imprecisión al ordenar el
reintegro a un «cargo» de igual o superior jerarquía, cuando el «patrullero»
corresponde a un grado dentro del régimen especial de carrera de la Policía
Nacional y los ascensos están sujetos al cumplimiento de requisitos legales y
existencia de vacantes.
25. Finalmente, solicitó la revocatoria de la condena en costas impuesta en
primera instancia, al considerar que no se acreditó conducta temeraria, abuso del
derecho o mala fe por parte de la entidad, y reiteró su petición de que se revocara
la sentencia apelada y se negaran las pretensiones de la demanda.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
26. El 4 de junio de 20243 se admitió el recurso de apelación.
27. El demandante4 se pronunció solicitando la confirmación de la sentencia de
primera instancia y la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada
28. Sostuvo que en los procedimientos disciplinarios se configuran identidad de
sujeto, de hechos y de causa, por tratarse del mismo investigado y de los hechos,
por lo que se vulneró el principio non bis in idem, como indicó el Tribunal.
29. Que la sentencia SU-053 de 2015, que limita el pago de salarios, no resulta
aplicable al caso, al referirse a empleados en provisionalidad, y defendió la orden
de reintegro en los términos fijados por el Tribunal, solicitando que se mantuviera la
condena en costas impuesta en primera instancia.
3 Véase índice 00056 de SAMAI.
4 Véase índice 00008 de SAMAI.
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30. El Ministerio Público5 solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia. Sostuvo que la actuación disciplinaria y los actos expedidos se ajustaron
al ordenamiento jurídico y respetaron las garantías fundamentales, pues aunque los
hechos en la realidad fáctica guardan relación temporal y espacial, la causa y el
fundamento normativo de cada procedimiento fueron distintos.
31. Que en el primero se investigó la conducta consistente en permitir o dar lugar
a la fuga de personas capturadas, prevista en el artículo 34, numeral 2, de la Ley
1015 de 2006; mientras que en segundo se reprochó la conducta de haberse
dedicado a dormir durante el servicio, adecuable al delito de abandono del puesto
del artículo 105 de la Ley 1407 de 2010 y tipificada disciplinariamente en el artículo
34 numeral 9 de la Ley 1015 de 2006.
32. Agregó que la prohibición del doble juzgamiento no es absoluta y puede
ceder cuando los procesos tienen fundamentos normativos diferentes o protegen
bienes jurídicos diversos. Concluyó que no se desvirtuó la presunción de legalidad
de los actos disciplinarios acusados, por lo cual solicitó revocar la sentencia apelada
que había accedido a las pretensiones del demandante.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
33. La Sala deberá determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima debe revocarse, porque, según lo afirma el demandado,
en la expedición de los actos demandados no se vulneró el debido proceso y el
principio del non bis in ídem.
34. Con el anterior propósito, la sentencia se referirá al control integral de los
actos administrativos disciplinarios; al debido proceso en materia disciplinaria, la
garantía del non bis in idem y abordará el caso concreto.
Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria:
control integral de los actos administrativos disciplinarios
35. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.
36. De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional
de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.
5 Véase índice 00010 de SAMAI.
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37. La primera posición jurisprudencial sostuvo que el control del juez de lo
contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias6.
38. Luego, la jurisprudencia adoptó una posición en la que, incluso, en los casos
en que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y
el concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho
fundamental de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial
efectiva, lo que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia
especial»7.
39. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «[…] la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»8, y se indicó además que:
i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes
Moreno.
7 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp. 2060-
2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia
del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.
1210-11. C.P. William Hernández Gómez.
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viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.
Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso:
principio del non bis in ídem
40. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
41. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 1379 y 13810 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
42. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.
43. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir
un límite al ejercicio del poder público, es un mecanismo para proteger los derechos
de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los agentes del
Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el curso de
cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan resultar
afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico11.
44. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad
por su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los
9 Del medio de control de nulidad.
10 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
11 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-
33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 12; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.
45. En ese contexto, el artículo 29 de la Constitución Política, además de
consagrar el derecho al debido proceso en actuaciones judiciales y administrativas,
establece expresamente que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo
hecho. Esta garantía incorpora el principio del non bis in ídem, que constituye un
límite material al poder sancionador del Estado y tiene como fundamentos la
seguridad jurídica y la justicia material, en cuanto busca impedir que una persona
sea sometida de manera reiterada a juicios o sanciones por una misma conducta.
46. La Corte Constitucional ha precisado que este principio no se restringe al
ámbito penal, sino que se extiende a todo el derecho sancionador, dentro del cual
se encuentra el derecho disciplinario13. En tal sentido, el non bis in ídem es aplicable
a estos procedimientos administrativos y protege al investigado frente a la duplicidad
de juzgamientos o sanciones por un mismo hecho, evitando que el Estado ejerza
reiteradamente su potestad punitiva respecto de una conducta ya examinada.
47. La jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado
que para que se configure la vulneración de este principio deben concurrir tres
identidades: identidad de sujeto, identidad de objeto e identidad de causa14. En esa
medida, no basta entonces con que se trate del mismo servidor público o que exista
una relación temática entre las actuaciones; es necesario que el reproche
disciplinario recaiga sobre el mismo hecho, con las mismas circunstancias de
tiempo, modo y lugar.
48. Igualmente se ha precisado que no se vulnera el non bis in ídem cuando,
aunque exista identidad de sujeto y cierta conexidad fáctica, la causa que origina
cada actuación es distinta, o cuando las consecuencias jurídicas derivan de
naturalezas diversas15. Por esta razón, debe examinarse que concurran todos los
elementos, pues solamente en ese caso puede concluirse que existe una
vulneración del principio.
Caso concreto
49. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, la Sala destaca que:
12 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-
01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
13 Corte Constitucional. Sentencia C-870 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de agosto de 2011. Rad: 25000-23-
25-000-1999-06324-01 (Exp. 1155-08). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 1 de junio de 2017. Rad: 11001-03-25-
000-2010-00205-00 (Exp. 1577-10). C.P. César Palomino Cortés.
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• El 6 de marzo de 2018 se produjo la fuga de los señores Juan Carlos Lozano
Vásquez y José Enrique Rojas Campos de la Estación de Policía de Ambalema,
hechos que dieron lugar a la elaboración del «Poligrama» nro. 0024 de 2018.
• El 10 de octubre de 2018 se inició formalmente la investigación disciplinaria,
adelantada por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de
Policía Tolima, contra los patrulleros Wisney Pava Fuentes y Edwin David Melo
Cerón, por haber dado posiblemente lugar a la fuga de persona detenida cuya
vigilancia o custodia les había sido encargada.
• El 25 de enero de 2019 se celebró audiencia pública dentro del procedimiento
verbal disciplinario y, en la misma fecha, se profirió fallo de primera instancia,
mediante el cual se absolvió disciplinariamente a los investigados del cargo
formulado.
• En esta decisión se ordenó compulsar copias para investigar otros posibles
comportamientos advertidos en el trámite, así como para examinar
circunstancias adicionales vinculadas a los hechos. Con fundamento en el
desglose de copias, el 19 de febrero de 2019 se radicó una nueva actuación
preliminar.
• El 20 de febrero de 2019 se dejó constancia formal del desglose de copias
provenientes del expediente anterior, relacionadas con la presunta conducta
consistente en haberse dedicado a dormir dentro de una patrulla policial durante
el turno de vigilancia la madrugada del 6 de marzo de 2018.
• Posteriormente se adelantó investigación disciplinaria contra los patrulleros por
la presunta comisión de falta gravísima consistente en abandono del puesto, por
adecuación típica al delito previsto en el artículo 105 de la Ley 1407 de 2010.
• El 7 de junio de 2019, la Jefatura de la Oficina de Control Disciplinario Interno
del Departamento de Policía Tolima profirió fallo de primera instancia del nuevo
procedimiento, mediante el cual declaró disciplinariamente responsables a los
investigados y les impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el
término de diez (10) años para ejercer cargos públicos.
• Interpuesto recurso de apelación, el 28 de agosto de 2019 la Inspección
Delegada Regional Dos confirmó en su integridad la decisión sancionatoria.
Finalmente, mediante Resolución nro. 04337 del 30 de septiembre de 2019, el
Director General de la Policía Nacional dio cumplimiento al fallo disciplinario,
ejecutando la sanción de destitución e inhabilidad general, la cual fue notificada
el 3 de octubre de 2019.
50. El demandante sostuvo que los actos administrativos que culminaron con su
destitución e inhabilidad general por diez (10) años vulneraron el principio del non
bis in idem, pues fue investigado y sancionado en el segundo procedimiento
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disciplinario por los mismos hechos que previamente fueron objeto de análisis
dentro del primer procedimiento, actuación que concluyó con decisión absolutoria.
Señaló que ambos se originaron en los hechos ocurridos el 6 de marzo de 2018 en
la Estación de Policía de Ambalema, relacionados con la fuga de unas personas
privadas de la libertad durante el turno en el que prestaba servicio, y que el segundo
no constituyó una actuación autónoma, sino una reiteración del reproche
previamente examinado.
51. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones, y declaró nulos los actos
administrativos que impusieron y ejecutaron la sanción porque se configuró la
vulneración del principio non bis in ídem.
52. En consecuencia, le corresponde a la Sala verificar si, a partir de los
elementos estructurales del non bis in ídem –identidad de sujeto, identidad de hecho
e identidad de causa–, la apertura y culminación del segundo procedimiento
disciplinario implicó un doble juzgamiento por el mismo comportamiento.
53. En relación con la identidad de sujeto, no existe discusión. En ambos
procedimientos el disciplinado fue el patrullero Wisney Pava Fuentes –
demandante–, por hechos ocurridos durante el mismo turno de servicio en la
Estación de Policía de Ambalema. Este elemento, por tanto, se encuentra
plenamente acreditado.
54. El examen de la identidad de objeto exige precisar cuál fue el comportamiento
efectivamente investigado y decidido en cada actuación. En el primero la imputación
se estructuró en torno al resultado consistente en la evasión de dos personas que
se encontraban privadas de la libertad en las instalaciones policiales. El debate
disciplinario se orientó a establecer si el demandante, en razón de sus funciones y
del turno asignado, había permitido o dado lugar a dicha fuga, y si de ello podía
derivarse responsabilidad disciplinaria. Esa actuación culminó con decisión
absolutoria, al no encontrarse acreditados los presupuestos para atribuirle la
responsabilidad por ese resultado.
55. Distinta fue la perspectiva adoptada en el segundo procedimiento. Allí, a partir
del desglose de copias ordenado en la decisión absolutoria, se abrió una nueva
investigación orientada a examinar la conducta desplegada por el patrullero durante
el turno nocturno, particularmente su permanencia dentro del vehículo oficial en
condiciones que, según la autoridad disciplinaria, implicaban la desatención del
servicio. El reproche no se centró en la fuga como resultado, sino en el
comportamiento funcional desarrollado durante el tiempo en que debía ejercer
labores de vigilancia, comportamiento que fue subsumido en la falta gravísima
consistente en realizar una conducta descrita como delito, concretamente abandono
del puesto.
56. Si bien es cierto que ambos se originan en los mismas circunstancias
temporales y espaciales, no puede perderse de vista que el contexto fáctico
compartido no equivale, por sí mismo, a identidad de objeto. Esta supone
coincidencia en el comportamiento específico sometido a juzgamiento, no
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simplemente en el escenario en el que este ocurrió. En el primero se analizó la
eventual responsabilidad por la fuga; en el segundo, la conducta consistente en la
desatención del servicio durante el turno, valorada con independencia del resultado
producido.
57. En cuanto a la identidad de causa, entendida como el fundamento jurídico y
la razón del juicio disciplinario, tampoco se advierte plena coincidencia. primero la
finalidad del procedimiento fue establecer si el actor había incumplido el deber de
custodia respecto de los capturados, dando lugar a su evasión. En el segundo, en
cambio, el fundamento del reproche radicó en la presunta vulneración del deber de
permanencia y vigilancia propios del servicio policial, conducta considerada
reprochable en sí misma, aun sin atender al resultado de la fuga. El bien jurídico
disciplinario protegido y el deber funcional examinado no fueron idénticos en una y
otra actuación.
58. No se observa que en el segundo procedimiento se haya reabierto el debate
sobre la responsabilidad por la fuga ni que se haya impuesto una segunda sanción
por ese mismo resultado. Lo que se sometió a examen fue un comportamiento
funcional distinto, susceptible de valoración autónoma desde la perspectiva
disciplinaria. El desglose de copias no implicó la revocatoria o desconocimiento de
la decisión absolutoria previa, sino el inicio de una nueva actuación frente a hechos
que, aunque relacionados con el mismo contexto, no habían sido objeto de decisión
de fondo en la primera investigación.
59. En estas condiciones, aun cuando se verifica identidad de sujeto y una clara
conexidad fáctica, no concurren de manera simultánea la identidad de objeto y de
causa que exige el principio del non bis in ídem para predicar su vulneración. En
consecuencia, no se configura la violación del principio en los términos del artículo
29 de la Constitución, razón por la cual el cargo formulado por el demandante no
está llamado a prosperar.
60. Conforme al análisis anterior, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia. Ahora bien, esa determinación debe adoptarse dentro de los límites que
fija el artículo 328 del Código General del Proceso:
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
»[…]
»El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella».
61. En el presente asunto, la apelación fue interpuesta por la entidad
demandada, por lo que la competencia de esta Sala se circunscribe, en principio, a
los argumentos expuestos en el recurso. No obstante, la norma citada también
impone un límite material a la decisión de segunda instancia: cuando la modificación
del fallo de primera instancia incida en aspectos que guardan relación íntima con
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otros puntos debatidos en la demanda, el juez debe examinarlos, aun cuando no
hayan sido objeto directo del recurso, con el fin de preservar la coherencia del fallo
y evitar afectar la situación jurídica del demandante.
62. La revocatoria de la sentencia impugnada ‒que había accedido parcialmente
a las pretensiones‒ implica, necesariamente, revisar de manera integral la legalidad
de los actos administrativos sancionatorios, pues el alcance de la decisión que se
adoptará no puede construirse de forma fragmentaria. En efecto, si la Sala modifica
el sentido del fallo en relación con uno de los cargos analizados, debe verificar si
subsisten o no los demás reproches formulados por el actor, en cuanto guardan
relación directa con la validez material de la sanción impuesta.
63. En la demanda, además del cuestionamiento relativo al principio non bis in
ídem, el demandante invocó la desviación de poder, al afirmar que la segunda
actuación disciplinaria fue utilizada como excusa para sancionarlo pese a la
absolución previa; además, alegó que en el procedimiento vulneró el debido
proceso, la presunción de inocencia y el principio in dubio pro disciplinado, al
imponerse la sanción sin prueba de la conducta atribuida y con fundamento en una
valoración arbitraria.
64. En ese orden, la modificación del fallo de primera instancia exige que la Sala
se pronuncie sobre estos cargos, por tratarse de puntos íntimamente relacionados
con la legalidad sustancial de los actos demandados.
65. En primer lugar se analizará lo relativo a la desviación de poder. Debe
recordarse que el demandante sostuvo que la autoridad disciplinaria utilizó el
segundo procedimiento como un mecanismo artificioso para imponerle la sanción
máxima, pese a haber sido absuelto previamente en la primera actuación. En su
criterio, la decisión no respondió a una valoración objetiva y autónoma de hechos
distintos, sino a la intención de sancionarlo a partir de los mismos acontecimientos
que ya habían sido objeto de pronunciamiento.
66. Del desarrollo argumentativo de ese cargo se advierte que la alegada
desviación se construye a partir de la misma premisa fáctica que soporta el cargo
por vulneración del non bis in ídem, esto es, que el segundo procedimiento
disciplinario se originó en los mismos hechos que dieron lugar a la absolución en el
primero y que, por tanto, comportó un doble juzgamiento.
67. En ese contexto, la supuesta desviación de poder no se plantea como un
vicio autónomo derivado de la persecución personal, sino que coincide
materialmente con el análisis efectuado en torno al non bis in ídem. Entonces, al no
advertirse un fundamento independiente, la Sala se remite a lo resuelto al estudiar
el primer cargo.
68. En segundo lugar, alegó que en el procedimiento vulneró el debido proceso,
la presunción de inocencia y el principio in dubio pro disciplinado, al imponerse la
sanción sin prueba de la conducta atribuida y con fundamento en una valoración
arbitraria. Para ello, la Sala abordará el estudio bajo el siguiente esquema: i)
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identificación del cargo; ii) determinación del estándar probatorio aplicable; iii)
análisis individual de los medios de prueba; iv) valoración conjunta y suficiencia
probatoria; y v) conclusión sobre la legalidad de la decisión sancionatoria.
69. El único cargo imputado al demandante fue la realización de una conducta
descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se comete con ocasión del
cargo, concretado en el tipo de abandono del puesto previsto en el artículo 105 de
la Ley 1407 de 2010, consistente en que el servidor, estando de servicio, se duerma.
70. En cuanto al estándar probatorio, el operador disciplinario debía apreciar las
pruebas en conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica, de acuerdo con los
artículos 130, 131 y 141 de la Ley 734 de 2002. Es necesario recordar que, conforme
al auto que citó a la audiencia, las pruebas valoradas durante este procedimiento
son las mismas recopiladas para el primer procedimiento sancionador. En ese
marco, la Sala procede a examinar cada uno de los medios de prueba relevantes.
71. La primera prueba relevante es la minuta de vigilancia de la Estación de
Policía de Ambalema, correspondiente al turno comprendido entre las 23:00 horas
del 5 de marzo y las 07:00 horas del 6 de marzo de 201816. Esta prueba fue valorada
en el fallo de primera instancia, donde se indicó que los disciplinados tenían
asignado turno como patrulla de vigilancia.
72. Para la Sala, el documento acredita que el demandante se encontraba en
servicio activo como patrulla de vigilancia, y que concretamente se encontraba
cumpliendo turno de vigilancia, lo cual implica que su responsabilidad funcional era
ejercer control y seguimiento en el lugar.
73. La segunda prueba es la declaración del auxiliar de policía Kevin Duván Vera
Gómez, quien explicó que después de permanecer un tiempo en el lugar donde
estaban recluidos los capturados, llegó a la «guardia», la cual estaba sola, que la
patrulla no estaba. Agregó que revisó y los encargados de la patrulla –entre ellos el
demandante– estaban descansando en el carro17.
74. Esta prueba fue valorada tanto en la primera como en la segunda instancia
disciplinaria, donde se destacó que los patrulleros se encontraban dentro del
vehículo. La Sala encuentra que la declaración, proveniente de un miembro de la
misma unidad que también estaba en turno, ubicó directamente al demandante
dentro del vehículo oficial detenido durante un lapso significativo, aparentemente
«descansando».
75. Esta prueba muestra que durante el servicio, efectivamente, existió una
inactividad prolongada de los patrulleros. Esto muestra un posible abandono
funcional, pues el estado de inacción y reposo que adoptaron son absolutamente
16
Ver folio 43 del archivo «004_CUADERNO No.2- 012-2020-00082», disponible en la siguiente ruta: enlace
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NroActua 2».
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Ver folios 45 a 47 del archivo «004_CUADERNO No.2- 012-2020-00082», disponible en la siguiente ruta:
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incompatibles con el deber de vigilancia.
76. La tercera prueba analizada está constituida por las declaraciones de los
ciudadanos Juan Carlos Lozano Vásquez y José Enrique Rojas Campos, quienes
se encontraban recluidos en la estación de policía y se fugaron este día.
Concretamente, el señor José Enrique Rojas afirmó que en la estación solamente
se encontraba un auxiliar y dos patrulleros más; sin embargo, que ellos estaban
dormidos en la patrulla ubicada en la parte de afuera de la estación. Expresó que al
fugarse pudieron observarlo directamente18.
77. Estas declaraciones fueron relevantes en la valoración probatoria realizada
por la autoridad disciplinaria, pues el señor José Enrique Rojas se tomó como un
testigo directo de los hechos.
78. Esta declaración es absolutamente relevante, porque constituye una prueba
testimonial directa del hecho investigado –haber observado a los disciplinados
dormidos dentro del vehículo–. Además, es importante resaltar que el señor José
Enrique ubica a los patrulleros en el mismo lugar que lo hizo el auxiliar de la policía
que se desempeñó ese día como jefe de información de la estación: dentro de la
patrulla; y aunque el segundo indicó que estaban «descansando», el primero
directamente afirma que corroboró que estaban «dormidos».
79. La cuarta prueba relevante es una segunda declaración del auxiliar de policía
Kevin Duván Vera Gómez, quien era el jefe de información ese día en la estación.
En esa oportunidad se le preguntó directamente qué significaba que sus
compañeros estuvieran «descansando» en el carro. Respondió que ellos se
encontraban «durmiendo» dentro de la patrulla, la cual era un vehículo tipo panel,
estacionado al costado de la estación de policía, en el que permanecieron hasta las
5 a.m.19.
80. La quinta prueba valorada es la segunda declaración del señor Juan Carlos
Lozano Vásquez, quien era uno de los presos fugados durante el turno del
demandante. En esta se le preguntó directamente por el estado de los patrulleros,
y contestó directamente que vio que estaban «durmiendo» dentro de la patrulla –en
las sillas delanteras–, la cual se encontraba parqueada al costado de la estación20.
81. Este testimonio también coincide en varios detalles importantes para
corroborar su veracidad. Coincide con el auxiliar de policía en la ubicación del
vehículo. En ambas declaraciones se afirmó que la patrulla se encontraba ubicada
en el costado de la estación. Además, aporta varios detalles que muestran la
coherencia y precisión con la que recuerdan el hecho.
18
Ver folios 104 a 105 del archivo «004_CUADERNO No.2- 012-2020-00082», disponible en la siguiente ruta:
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82. También es importante resaltar que el testigo indicó que la falta de reacción
de los patrulleros cuando ellos saltaron el muro de 10 metros de la estación y
pasaron frente a la patrulla indica que, efectivamente, estaban dormidos. Las
coincidencias en las declaraciones y la consistencia de estas con los hechos
acreditan la inactividad en el servicio de ambos patrulleros.
83. En esa medida, examinadas individualmente, las pruebas testimoniales de
los dos ciudadanos que estuvieron detenidos en la estación no aparecen aisladas;
por el contrario, coinciden entre sí, con la ubicación espacial descrita por el auxiliar
de policía y se armonizan con la circunstancia objetiva de que los disciplinados
estaban dentro del vehículo oficial durante el turno. No se advierte contradicción
sustancial entre los relatos. Tampoco se evidencia interés directo que desvirtúe su
credibilidad, más allá de su condición de detenidos, circunstancia que fue
ponderada por el operador disciplinario.
84. Como sexta prueba se encuentra una tercera declaración del auxiliar de
policía. En esta oportunidad reiteró lo señalado anteriormente, que los patrulleros
estaban durmiendo en la patrulla fuera de la estación. Concretamente, indicó que
después del cierre ambos se «metieron a la patrulla a dormir», e indicó que el mismo
los vio en la parte delantera de la misma y con la cabeza gacha21.
85. El relato de los hechos es absolutamente coherente con el presentado con
los detenidos fugados ese día, no solamente en el hecho general –que estaban
durmiendo en la patrulla–, sino en los detalles aportados: que lo hacían en las sillas
delanteras y al costado de la Estación.
86. En esa medida, para la Sala es claro que las pruebas practicadas durante el
procedimiento disciplinario acreditan los hechos imputados, y la narración
cronológica construida por la autoridad disciplinaria: i) los patrulleros estaban de
turno y permanecieron dentro del vehículo entre aproximadamente las 02:00 y las
05:00 horas y ii) fueron observados por terceros –los detenidos y el auxiliar–
durmiendo al interior de la patrulla. A partir de esto, es posible llegar a una inferencia
razonable: abandonaron el servicio de vigilancia al dormir mientras estaban de
turno.
87. Esta deducción no se apoya en conjeturas aisladas, sino en la convergencia
de testimonios y en la acreditación del deber funcional. Se resalta nuevamente que
todas las declaraciones son coherentes y consistentes, por lo cual es posible
otorgárseles plena credibilidad, entendiendo que acreditan efectivamente los
hechos investigados.
88. No se observa que la decisión sancionatoria haya invertido la carga de la
prueba ni que haya valorado inadecuadamente. En consecuencia, la Sala concluye
que la valoración probatoria no fue arbitraria ni insuficiente. Las pruebas fueron
21
Ver folios 254 a 256 del archivo «004_CUADERNO No.2- 012-2020-00082», disponible en la siguiente ruta:
enlace de OneDrive disponible en el índice No. 000002 de SAMAI, adjunto
«4ED_73001233300020200046(.zip) NroActua 2».
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apreciadas individual y conjuntamente conforme a la sana crítica, se explicó su
concordancia y se descartaron las hipótesis defensivas. No se configura defecto
fáctico ni vulneración de la presunción de inocencia, pues el grado de convicción
alcanzado supera el umbral de mera sospecha y permite afirmar la realización típica
del abandono del puesto en la modalidad imputada.
De la condena en costas
89. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
90. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
91. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
92. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Tolima.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el quince (15) de febrero de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Tolima. En su lugar:
Segundo. NEGAR las pretensiones de la demandan instaurada por el señor Wisney
Pava Fuentes en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
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Tercero. CONDENAR en costas, en ambas instancias, al señor Wisney Pava
Fuentes. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.
Cuarto Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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