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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00007-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00007-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima. En su lugar, DECLARAR de oficio, probada la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido por Walter Guillermo Toro Caballero contra la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante por las razones expuestas en la presente providencia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2021-00007-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011.
Radicación : 73001-23-33-000-2021-00007-01 (6685-2022)1.
Demandante : Walter Guillermo Toro Caballero.
Demandada : Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado Ibal S.A.
E.S.P. Oficial.
Tema : Declaratoria de insubsistencia.
Decisión : Revoca la sentencia apelada. En su lugar, se declara probada,
de oficio, la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 22 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima2, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP
Oficial, solicitó la nulidad de la Resolución No. 0037 del 21 de enero de 2020, proferido
por el gerente general de la entidad, mediante el cual se declaró insubsistente el
nombramiento de Walter Guillermo Toro Caballero como almacenista general, código
215, grado 23, de libre nombramiento y remoción.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió ordenar su reintegro al mismo cargo o a
otro de igual o superior categoría, con funciones y requisitos afines y efectos retroactivos
al 21 de enero de 2020.

3. También solicitó que se declarara que no existió solución de continuidad en su
vinculación laboral y que, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de
todos los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde la
desvinculación hasta la fecha en que se hiciera efectivo el reintegro.

1 Expediente Digital.
2 Decisión suscrita por los magistrados: José Andrés Rojas Villa, José Aleth Ruíz Castro y Carlos Arturo Mendieta

Rodríguez.

Radicación: 73001-23-33-000-2021-00007-01(6685-2022)
Demandante: Walter Guillermo Toro Caballero.

4. Finalmente, pidió que la entidad demandada diera cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 189 del CPACA y que, en caso de mora en el pago, se liquidaran
los intereses comerciales y moratorios correspondientes.

5. Como fundamento de sus pretensiones, indicó que mediante Resolución No. 0022 del
18 de enero de 2017 fue nombrado por el gerente del IBAL S.A. E.S.P. en el cargo de
almacenista, código 215, grado 19, de libre nombramiento y remoción, del cual tomó
posesión el 23 de enero siguiente.

6. Agregó que, mediante Circular No. 610-163 del 25 de noviembre de 2019, la
profesional especializada III del Grupo de Gestión de Talento Humano del IBAL lo
reconoció como empleado público en condición de prepensionado y lo invitó a una
jornada de integración dirigida a servidores en esa situación.

7. Señaló que, en atención a dicha condición, el 31 de octubre de 2019 informó a la
gerencia general del IBAL que contaba con 59 años y le faltaban menos de tres años
para acceder a la pensión de vejez, y solicitó que esa circunstancia fuera considerada
antes de adoptar cualquier decisión administrativa sobre su vinculación. Indicó que el 30
de diciembre de 2019 reiteró esa solicitud; no obstante, mediante Oficio No. 100-0028 del
20 de enero de 2020, el gerente general la resolvió negativamente.

8. Sostuvo que, al día siguiente, mediante Resolución No. 0037 del 21 de enero de 2020,
el gerente general del IBAL declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de
almacenista general, código 215, grado 23. Dicho acto le fue notificado ese mismo día;
para entonces, el actor (nacido el 28 de septiembre de 1960) contaba con 59 años, 3
meses y 24 días de edad.

9. Indicó que Colpensiones certificó, el 24 de enero de 2020, un total de 1.146,29
semanas cotizadas a su favor y que, según historia laboral expedida el 10 de febrero
siguiente, para la fecha de su retiro acumulaba 1.150,57 semanas de cotización al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Advirtió, además, la existencia de
irregularidades en algunos períodos laborados para distintos empleadores que no
aparecían cotizados.

10. Concluyó que los actos demandados desconocieron su estabilidad laboral reforzada,
por cuanto para la fecha del retiro ostentaba la condición de prepensionado; que dicha
protección cobija a quienes les faltan tres años o menos para cumplir los requisitos de
pensión de vejez y que, según la jurisprudencia constitucional, también puede extenderse
a empleados de libre nombramiento y remoción cuando la desvinculación afecta su
mínimo vital.

Contestación de la demanda

11. La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial se
opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos de defensa, sostuvo que la
declaratoria de insubsistencia del nombramiento del demandante se ajustó al

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Demandante: Walter Guillermo Toro Caballero.

ordenamiento jurídico, pues para el 21 de enero de 2020 no cumplía los requisitos para
ser considerado prepensionado.

12. Señaló que, a la fecha del retiro, el actor contaba con 1.149,29 semanas cotizadas,
por lo que no acreditaba la estabilidad laboral reforzada alegada. Además, indicó que las
eventuales inconsistencias en su historia laboral debieron ser gestionadas
oportunamente por el demandante.

13. Finalmente, adujo que el cargo desempeñado por el actor era de libre nombramiento
y remoción y, con fundamento en la Sentencia SU-003 de 2018, sostuvo que esta clase
de empleados no gozan, por regla general, de estabilidad laboral reforzada. Propuso las
excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y buena fe.

II. SENTENCIA APELADA

14. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 26 de septiembre de
2022, negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión, sostuvo
que el señor Walter Guillermo Toro Caballero desempeñaba un empleo de libre
nombramiento y remoción, en el cargo de almacenista general del IBAL S.A. E.S.P.
Oficial, y que, aunque para el momento de su retiro contaba con 59 años y 3 meses de
edad y 1.164,21 semanas cotizadas, la condición de prepensionado no otorgaba por sí
sola estabilidad en el empleo ni enervaba la facultad discrecional del nominador.

15. Precisó que, conforme a la jurisprudencia Constitucional y del Consejo de Estado, la
estabilidad laboral reforzada de los prepensionados en empleos de libre nombramiento y
remoción opera de manera excepcional, siempre que se demuestre que la desvinculación
afectó derechos fundamentales o frustró la posibilidad real de acceder a la pensión. En
el caso concreto, consideró que el actor no acreditó que su salario fuera su única fuente
de ingresos, que tuviera cargas económicas que le impidieran seguir cotizando, ni que
presentara una situación especial que obstaculizara su vinculación laboral.

16. Concluyó que la insubsistencia no truncó la posibilidad del demandante de continuar
laborando y cotizando para obtener su derecho pensional, máxime cuando la consulta
del RUAF (realizada por ese Tribunal) evidenció que tenía un vínculo laboral vigente y
afiliaciones activas al sistema de seguridad social. Además, descartó que el
nombramiento de Álvaro Useche Perdomo hubiera desmejorado el servicio, pues
encontró acreditado que cumplía los requisitos del cargo y contaba con experiencia
superior a la exigida. En consecuencia, mantuvo incólume la presunción de legalidad del
acto demandado y condenó en costas a la parte actora.

III. RECURSO DE APELACIÓN

17. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, por considerar que el Tribunal desconoció los artículos 13, 25 y 53 de la
Constitución Política, la Ley 790 de 2002 y la jurisprudencia Constitucional y Contencioso
Administrativa sobre estabilidad laboral reforzada de prepensionados. Según expuso, el

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Demandante: Walter Guillermo Toro Caballero.

fallo impuso requisitos adicionales no previstos en la ley ni en la jurisprudencia para
reconocer dicha protección.

18. Indicó que el a quo tuvo por probado que el señor Walter Guillermo Toro Caballero
nació el 28 de septiembre de 1960 y que, entre el 20 de octubre de 1989 y el 30 de enero
de 2020, cotizó 1.164,72 semanas al sistema general de pensiones. A partir de ello,
sostuvo que el actor sí cumplía los requisitos para ser considerado prepensionado, pues
estaba próximo a reunir las exigencias legales para acceder a la pensión de vejez.

19. Agregó que la sentencia desconoció que la protección por prepensión también cobija
a los empleados de libre nombramiento y remoción, en tanto estos son servidores
públicos y la Ley 790 de 2002 no estableció distinción entre empleados de carrera,
provisionales o de libre nombramiento y remoción. En ese sentido, afirmó que el Tribunal
erró al exigir la acreditación adicional de afectación de derechos fundamentales para
reconocer la estabilidad laboral reforzada.

20. Alegó que el Tribunal desconoció la Sentencia C-795 de 2009, la Sentencia T-326 de
2014, la sentencia del Consejo de Estado del 26 de abril de 2012 y la Sentencia SU-003
de 2018, pues, a su juicio, de esos precedentes se desprende que la protección especial
procede cuando al servidor le faltan tres años o menos para cumplir los requisitos
pensionales y que, en el caso de los empleados de libre nombramiento y remoción, puede
operar cuando el requisito pendiente corresponde a las semanas de cotización.

21. También cuestionó que el a quo concluyera que no se acreditó la afectación al mínimo
vital ni la frustración de la expectativa pensional. Sobre este punto, señaló que en el
interrogatorio de parte el demandante manifestó que, después de su retiro, no había
logrado vincularse laboralmente, no tenía ingresos y no podía continuar efectuando
aportes al sistema pensional.

22. Adujo que de haber continuado vinculado al IBAL S.A. E.S.P. Oficial, el actor habría
completado las semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez, pues al
momento de interponer la apelación ya había cumplido 62 años y, sumadas las semanas
que habría cotizado desde su retiro, alcanzaría 1.302,43 semanas. Por ello, sostuvo que
la Resolución No. 0037 del 21 de enero de 2020 frustró sus aspiraciones pensionales.

23. Finalmente, concluyó que el IBAL S.A. E.S.P. desconoció la garantía constitucional
de estabilidad laboral reforzada del actor y que el Tribunal no valoró adecuadamente esa
situación. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad del
acto de insubsistencia, ordenar el reintegro, declarar la no solución de continuidad y
reconocer los emolumentos dejados de percibir.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. Mediante auto proferido el 15 de junio de 20233 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.

3 Índice 0004 de Samai.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00007-01(6685-2022)
Demandante: Walter Guillermo Toro Caballero.

25. El Ministerio Público no rindió concepto.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.

Problema jurídico

27. En virtud de las facultades conferidas a esta autoridad judicial por el inciso segundo
del artículo 187 del CPACA, procederá la Sala a estudiar, de oficio, si en el presente
asunto operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Con ese objetivo se tendrán en cuenta los siguientes factores para la contabilización del
término previsto en el literal d) del artículo 164 del CPACA: la fecha en que fue
comunicado al demandante el acto administrativo acusado, la suspensión de términos
judiciales decretada con ocasión de la emergencia sanitaria por COVID-19, la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de la
demanda.

28. En caso de no encontrarse configurada la caducidad, la Sala resolverá los cargos de
apelación dirigidos a establecer si el Tribunal Administrativo del Tolima erró al negar las
pretensiones de la demanda, pese a que el señor Walter Guillermo Toro Caballero tenía
la condición de prepensionado para la fecha de expedición de la Resolución No. 0037 del
21 de enero de 2020, o si, por el contrario, dicha calidad no enervaba la facultad
discrecional del nominador para declarar insubsistente su nombramiento en un empleo
de libre nombramiento y remoción.

Análisis

29. La Sala revocará la sentencia apelada, pues, como pasa a exponerse, en el presente
asunto operó la caducidad del medio de control, circunstancia que impide emitir
pronunciamiento de mérito sobre la legalidad de la Resolución No. 0037 del 21 de enero
de 2020 y que, por tanto, releva a la Sala de examinar los cargos de apelación.

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00007-01(6685-2022)
Demandante: Walter Guillermo Toro Caballero.

30. De conformidad con el literal d) del numeral 2.º del artículo 164 del CPACA 4, cuando
se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda debe presentarse
dentro del término de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según
corresponda.

31. La caducidad es una institución de orden público que delimita el plazo dentro del cual
el interesado debe ejercer los medios de control o acciones judiciales previstos para la
protección de sus derechos. Por tanto, se predica del ejercicio oportuno del derecho de
acción y tiene como finalidad racionalizar el acceso a la jurisdicción, de modo que las
controversias sean planteadas dentro de los términos fijados por el legislador. Vencido
dicho plazo sin que se acuda ante el juez competente, las situaciones jurídicas que se
pretendían controvertir adquieren firmeza y se extingue la posibilidad de que la
jurisdicción de lo contencioso administrativo emita pronunciamiento de fondo, en garantía
de la seguridad jurídica.

32. En el presente asunto, el acto demandado corresponde a la Resolución No. 0037 del
21 de enero de 2020, por medio de la cual el gerente general de la Empresa Ibaguereña
de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. declaró insubsistente el nombramiento
del señor Walter Guillermo Toro Caballero. Según lo informado por el propio demandante
en el escrito introductorio5 y conforme a la copia del acto administrativo con constancia
de recibido6, dicha decisión le fue comunicada el mismo día de su expedición, esto es, el
21 de enero de 2020. En consecuencia, el término de caducidad comenzó a correr el 22
de enero siguiente.

33. Así, el término ordinario de cuatro meses habría vencido el 22 de mayo de 2020. Sin
embargo, su cómputo fue afectado por la suspensión de términos judiciales dispuesta
con ocasión de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. En efecto, mediante
el Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 20207, el Consejo Superior de la
Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional desde el 16
hasta el 20 de marzo de 2020, medida que fue prorrogada sucesivamente 8 hasta el 30

4 ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada: 2. En

los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del
derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al
de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones
establecidas en otras disposiciones legales;
5 DÉCIMO QUINTO: A la fecha de 21 de enero de 2020, día en que se le notificó a mi poderdante la resolución No.

0037 por medio de la cual se me declara insubsistente, este tenía la edad de 59 años, 3 meses y 24 días y un total de
1.171,29 semanas, lo que significa que para esta fecha le faltan menos de 3 años o 150 semanas para completar las
1.300 semanas que exige la ley para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez. Situación que no fue tenida en
cuenta por el IBAL S.A ESP OFICIAL.
6 Ver copia del acto administrativo demandado visible a folio 5 del archivo PDF de nombre
010_AnexoContestaciónRequerimientoIbal
7 “Por el cual se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública” […] ARTÍCULO 1. Suspender los

términos judiciales en todo el país a partir del 16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales
que cumplen la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que tengan programadas
audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se podrán realizar virtualmente. Igualmente se exceptúa el
trámite de acciones de tutela. Parágrafo 1. Al término de este plazo se expedirán las decisiones sobre la continuidad
de esta medida.[…]
8 8 El Consejo Superior de la Judicatura, mediante los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519,

PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20- 11529, PCSJA20-11532,
PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567 suspendió los términos judiciales, estableció
algunas excepciones y adoptó otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor con ocasión de la

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Demandante: Walter Guillermo Toro Caballero.

de junio del mismo año, en tanto que, a través del Acuerdo PCSJA20-11581 del 27 de
junio de 20209, se dispuso su levantamiento a partir del 1.º de julio siguiente10. Por tanto,
para el 16 de marzo de 2020, fecha en la que inició la suspensión, ya habían transcurrido
1 mes y 23 días del término de caducidad, de manera que restaban 2 meses y 7 días
para su vencimiento.

34. Levantada la suspensión de términos el 1.º de julio de 2020, el plazo restante volvió
a correr. En consecuencia, desde esa fecha debían contabilizarse los 2 meses y 7 días
que aún faltaban para completar los cuatro meses previstos en la ley. Sin embargo, antes
de que se agotara ese término, el demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 27 de agosto de 2020, cuando aún restaban 11 días para que operara la
caducidad.

35. La presentación de la solicitud de conciliación suspendió nuevamente el término de
caducidad hasta el agotamiento del requisito de procedibilidad, lo cual ocurrió el 20 de
noviembre de 2020. Por tanto, el conteo se reanudó el 23 de noviembre siguiente,
momento desde el cual debían computarse los 11 días restantes.

36. De esa manera, el término para presentar oportunamente la demanda venció el 7 de
diciembre de 2020. Sin embargo, la demanda fue radicada el 18 de diciembre de 2020,
esto es, cuando el término de caducidad ya se encontraba vencido.

37. En consecuencia, la Sala concluye que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho fue ejercido extemporáneamente. Por tanto, aunque la
sentencia apelada negó las pretensiones luego de estudiar el fondo del asunto, lo
procedente es revocarla y, en su lugar, declarar probada de oficio la caducidad del medio
de control.

38. Así las cosas, al encontrarse configurada la caducidad, la Sala se abstendrá de
estudiar los cargos de apelación relacionados con la estabilidad laboral reforzada por
prepensión, la aplicación de la Sentencia SU-003 de 2018 y la presunta afectación de la
expectativa pensional del demandante, pues la extemporaneidad en el ejercicio del medio
de control impide emitir un pronunciamiento de mérito sobre la legalidad de la Resolución
No. 0037 del 21 de enero de 2020.

Condena en costas

pandemia de la COVID-19, la cual ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia
de salud pública de impacto mundial.
9 “Por el cual se dictan disposiciones especiales sobre el levantamiento de términos previsto en el Acuerdo PCSJA20-

11567 de 2020”
10 Artículo 1. Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. El levantamiento de términos judiciales y

administrativos previsto a partir del 1º de julio de 2020 se sujeta a lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020
y en el presente Acuerdo. Parágrafo 1. Se mantienen suspendidos los términos en la Corte Constitucional para decidir
sobre las demandas de inconstitucionalidad y la eventual revisión de acciones de tutela hasta el 30 de julio de 2020;
en consecuencia, los despachos judiciales no remitirán los expedientes de acciones de tutela a dicha corporación.
Parágrafo 2. Se mantienen suspendidos los términos en los despachos judiciales de Leticia y Puerto Nariño
(Amazonas), con las excepciones previstas en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del Acuerdo PCSJA20-
11567.

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Demandante: Walter Guillermo Toro Caballero.

39. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

40. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

41. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
sobre la parte vencida en el proceso.

42. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.

43. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante por cuanto el recurso
de apelación no prosperó. Para el efecto, las agencias en derecho serán fijadas conforme
a lo previsto en el artículo 366 del CGP por el despacho competente y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 22 de septiembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima. En su lugar, DECLARAR de oficio, probada la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido por
Walter Guillermo Toro Caballero contra la Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante por las razones expuestas en
la presente providencia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00007-01(6685-2022)
Demandante: Walter Guillermo Toro Caballero.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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