Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00028-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00028-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00028-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00028-01 (3530-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: María Berenice Pirateque Camargo
Temas: Lesividad / Pensión gracia / Cómputo de tiempos válidos para
su reconocimiento y restitución de sumas adquiridas con buena
fe.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
La UGPP presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones 13394 del 11 de marzo de 1993,
000888 del 6 de febrero de 1995, 00989 del 26 de enero 2004 y 09929 del 3 de
noviembre de 2006 a través de las cuales la entidad reconoció y ordenó el pago
1 En lo que sigue UGPP.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 73001-23-33-000-2021-00028-01 (3530-2022)
Demandante: UGPP
de una pensión gracia a favor de María Berenice Pirateque Camargo, sin que
hubiera prestado su servicio como docente territorial o nacionalizada por 20 años.
Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se
condenara a María Berenice Pirateque Camargo a i) devolver las sumas pagadas
por concepto del reconocimiento de la pensión gracia, ii) actualizar el valor de la
condena, según el artículo 187 del CPACA; iii) pagar los intereses comerciales y
moratorios, en virtud del artículo 195 ibidem; y iii) a reconocer las costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• María Berenice Pirateque Camargo nació el 4 de agosto de 1941 y estuvo
vinculada en calidad de docente nacional, en los siguientes periodos i) entre el 1°
de enero de 1969 y el 31 de diciembre de 1974 y entre el 9 de mayo de 1977 y el
22 de agosto de 1978 con el Ministerio de Educación Nacional, ii) entre el 23 de
agosto de 1978 y el 13 de octubre de 1983 con la Secretaría de Educación del
Valle del Cauca, en la Normal Nacional Jorge Isaacs, y iii) entre el 17 de
noviembre de 1983 y el 9 de septiembre de 2002, con el Ministerio de Educación
Nacional, en la Escuela Normal Nacional Mixta de Icononzo, Tolima.
• Con fundamento en los anteriores tiempos de servicio la docente solicitó el
reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue reconocida por la Caja Nacional
de Previsión Social EICE3, mediante la Resolución 13394 del 11 de marzo de
1993, con el 75% de lo devengado en el último año anterior a la adquisición del
estatus, por el valor de $96.690, efectiva desde el 4 de agosto de 1991.
• Inconforme con la anterior decisión, María Berenice Pirateque Camargo solicitó
la reliquidación de la mencionada prestación y la entidad, mediante Resolución
000888 del 6 de febrero de 1995, procedió a ello por nuevos factores, con el 75%
de lo devengado en el último año anterior a la adquisición del derecho, por el valor
de $108.541,08, efectiva a partir del 4 de agosto de 1991.
• El 10 de septiembre de 2002, la Secretaría de Educación y Cultura del
departamento del Tolima aceptó la renuncia presentada por la docente al cargo
desempeñado en la Normal Nacional de Icononzo.
• Mediante la Resolución 00989 del 26 de enero de 2004, Cajanal reliquidó la
pensión gracia con base en lo devengado durante el año anterior a la fecha de
retiro del servicio, en cuantía de $1’274.096, efectiva a partir del 10 de septiembre
de 2002.
3 En adelante Cajanal, actualmente la UGPP.
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Demandante: UGPP
• El 3 de noviembre de 2006, a través de la Resolución 09929, Cajanal revocó la
decisión 005181 del 7 de febrero de 2006 y reliquidó la pensión gracia, en virtud
de una orden proferida por el juez primero laboral del circuito de Ibagué, con todos
los factores devengados un año antes de adquirir el estatus, por el valor de
$118.944, a partir del 4 de agosto de 1991.
• El 26 de septiembre de 2020, la Subdirección del grupo de lesividad emitió
concepto en el cual consideró presentar demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del acto de reconocimiento de la pensión gracia, por haber
sido otorgada con fundamento en el tiempo de servicio prestado como docente de
orden nacional.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 6, 48 y 209 de la Constitución Política;
las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.
En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos4:
• La docente no acreditó la totalidad de los requisitos previstos por la ley, toda vez
que su vinculación fue del orden nacional, es decir, en calidad de beneficiaria,
devengó asignaciones provenientes del erario sin que acreditara las condiciones
previstas en el ordenamiento jurídico para ello.
La pensión gracia no admite el cómputo de tiempos de servicios prestados a la
Nación, en virtud de nombramientos provenientes del Ministerio de Educación
Nacional, por resultar incompatibles con los laborados en el orden departamental,
municipal o distrital, motivo por el cual no pueden ser computados para efectos del
reconocimiento.
1.2. Contestación de la demanda
María Berenice Pirateque Camargo se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
por las razones que se expresan a continuación5:
• Los actos demandados gozan de la presunción de legalidad, puesto que su
fundamento corresponde a las disposiciones constitucionales y legales vigentes
para el momento de los hechos y al cumplimiento de los requerimientos que allí se
exigían para el reconocimiento de la prestación.
4 Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 81, documento:
26_EXPEDIENTEDIGITAL_018_CORREOREFORMAD(.pdf) NroActua 81
32_EXPEDIENTEDIGITAL_024_CORREOCONTESTAC(.pdf) NroActua 81.
5 Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 81, documento:
32_EXPEDIENTEDIGITAL_024_CORREOCONTESTAC(.pdf) NroActua 81.
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Finalmente propuso las siguientes excepciones: i) ausencia de causa real para
demandar; ii) prevalencia y protección de los derechos adquiridos por la
trabajadora; iii) buena fe de la trabajadora; iv) cobro de lo no debido y v)
prevalencia y protección de los derechos adquiridos por la trabajadora.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia proferida el 31 de marzo de
20226 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte demandada. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los
preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:
• Si bien María Berenice Pirateque Camargo se vinculó a la docencia antes del 31
de diciembre de 1980, solo resultaban computables para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia el tiempo laborado entre 1969 y marzo de
1979, por cuanto fue el único en el cual ostentó una vinculación de orden territorial
o nacionalizado.
El tiempo de servicio prestado por la demandada, desde el 9 de marzo de 1979 en
adelante, no podía tenerse en cuenta para el reconocimiento pensional emitido por
Cajanal, toda vez que en virtud del certificado laboral con consecutivo 29.070,
emitido por la Secretaría de Educación y Cultura del departamento del Tolima, la
docente ejerció en el nivel de básica secundaria, en propiedad, con vinculación
nacional, en forma continua desde la citada fecha hasta el 9 de septiembre de
2002, en la Escuela Normal Superior y Escuela Mixta de Icononzo, Tolima.
-En cuanto al dinero percibido, por concepto de mesadas, al no encontrarse
desvirtuada la buena fe, en la conducta de la demandada, negó la pretensión de
restitución.
Por último, con fundamento en el artículo 365 del CGP, condenó en costas a la
parte demandada.
1.4. El recurso de apelación
6 Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 81, documento:
2_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA_SENTENCIA(.pdf) NroActua 81.
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1.4.1. María Berenice Pirateque Camargo interpuso recurso de apelación7 y lo
sustentó así:
• El Tribunal desconoció que la entidad no logró acreditar el tipo de vinculación de
la docente, por cuanto no allegó los actos de nombramiento suscritos por la
autoridad correspondiente, ni probó que el origen de los recursos que financiaron
los cargos ejercidos fuese de orden nacional. Además, pasó por alto que los
recursos fueron administrados por los entes territoriales, en virtud de su autonomía
territorial y durante todo el tiempo en el cual ejerció como docente oficial, la
demandada laboró en planteles educativos de los departamentos del Valle del
Cauca y del Tolima.
Los actos demandados fueron expedidos en concordancia con las disposiciones
constitucionales y legales vigentes, están ejecutoriados, sin que se haya
desvirtuado su legalidad. Con la decisión objetada se vulneran los derechos
fundamentales de la demandada, por cuanto, a pesar de su avanzada edad, de
ser la única fuente de ingreso y de haber prestado su servicio por más de 30 años
como docente oficial, se accede a impedir el pago de la pensión gracia
previamente concedida. Además, tampoco se logró desvirtuar la buena fe en la
conducta de la docente, puesto que no fueron allegados documentos falsos, ni se
expresaron afirmaciones engañosas.
1.4.2. La UGPP presentó recurso de apelación adhesiva8, en el cual manifestó su
inconformidad respecto de la negativa a la pretensión de reintegro del monto
devengado por la demandada, en virtud del reconocimiento de la pensión gracia,
sin el cumplimiento de los requisitos previstos por el ordenamiento jurídico, pues
resultó probado en el expediente que la docente no prestó sus servicios por 20
años en planteles de orden municipal, distrital, departamental o nacionalizado.
La demandada, a pesar de saber que ostentó la calidad de docente con
vinculación de orden nacional durante su etapa laboral, continuó percibiendo las
mesadas sin tener el derecho, motivo por el cual causó un grave detrimento al
patrimonio administrado por la entidad previsional, que afectó el equilibrio del
sistema general de pensiones y puso en riesgo la expectativa pensional de otros
colombianos.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa del proceso.
7 Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 72, documento:
4_RECEPCIONRECURSOAPELACION_DEMANDADA_RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua
72.
8 Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 75, documento:
5_MEMORIALALDESPACHO_APELADHES_APELACIONADHESIVAP(.pdf) NroActua 75
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2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes: ¿los actos administrativos
de reconocimiento de la pensión gracia a favor de María Berenice Pirateque
Camargo se encuentran viciados de nulidad por acceder a la prestación sin el
cumplimiento de los requisitos previstos en Ley 114 de 1913 y demás normas que
la regulan? y, si, en consecuencia, ¿es procedente el reintegro de las sumas de
dinero pagadas a ella con ocasión de la prestación concedida?
2.2. Marco normativo
2.2.1 De la pensión gracia
La Ley 114 de 19139 creó la pensión gracia como un reconocimiento a la
dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las
escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha
prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20
años de servicios en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no
recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años
de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con
honradez, consagración y que observara buena conducta.
En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación 10 señaló que
«el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los
profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que
recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque,
en virtud de la Ley 39 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los
municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».
Posteriormente, las leyes 116 de 192811 y 37 de 193312, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así13:
9 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11-S2 del 21 de
junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
11 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
12 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de
algunos empleados».
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado No. S-699.
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«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión
es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha recibido ni
recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este aparte
de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores
locales o regionales».
Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la
Ley 43 de 197514 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de
198915, en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia,
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-489 de 200016 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980», en el entendido de que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos
que no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas
concretadas antes de la entrada en vigencia de la normativa demandada
quedarían a salvo, es decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión
gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada
o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de
la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio.
Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de
computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente
mencionar que la jurisprudencia de la Sala17 ha explicado lo siguiente:
«Sobre los tiempos nacionales.
(…)
La ley 114 de 1913 que creo (sic) la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del
artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o
recompensa nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: (…)
14 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando
los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y
se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras
disposiciones».
15 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
16 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-
17 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por
la Nación o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198918 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que
se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los
servicios al magisterio.» (negrillas fuera de texto original).
Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó
esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201819, así:
«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o
la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el
pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad,
18 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
19 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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o de las (sic) -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los
endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial».
En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto de
202220, explicó lo siguiente:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».21
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a
la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los
requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral
respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
21 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Demandante: UGPP
de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de
instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y
consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
En suma, para acceder a la pensión gracia, los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución
educativa territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una
plaza territorial o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño
como docente. No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse
vinculado en la fecha señalada, teniendo en cuenta que pueden ser computados
los tiempos laborados con posterioridad; y no se requiere que el tiempo de servicio
sea continuo.
2.2.2. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para
devolución de prestaciones periódicas
La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el crédito
personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides hacía
referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre cuando
había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y entre las
partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la palabra al
estar ligado a su propia declaración22.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos23, «(l)a buena fe (del latín,
bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de
honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las
partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina "principio
de probidad"», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de
la Lengua Española24, como honradez.
La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199525, sostuvo que «(l)a buena
fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho,
ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras
relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás
procedan en al (sic) misma forma».
22 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.
23Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe
https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%
20conducta.
24 https://dle.rae.es/probidad?m=form.
25 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00028-01 (3530-2022)
Demandante: UGPP
El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código
Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:
«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los
casos en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros, la mala fe deberá probarse»26.
Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e presumirá
la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona, o
afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo». Este
cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe
como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su
ejecución.
A su turno, el Código Contencioso Administrativo27 en su artículo 136, numeral 2,
estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse
en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». (Negrilla del texto
original).
El desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro ordenamiento
jurídico se encuentra en artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, el cual
dispuso:
«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que
gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la
Corte Constitucional28 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que
exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus
comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría
una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de
relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».
En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:
«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada.
En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y
26 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-540-95 del 23
de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
27 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.
28 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Demandante: UGPP
constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su
parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la
buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra
factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de
requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales
circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos
tipificados legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar
elementos ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando
en muchas ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según
las circunstancias jurídicas y fácticas del caso». (Resalta la Sala).
De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la
situación particular de en cada caso, de cara a esos comportamientos honestos
que se espera de los particulares cuando acuden a la administración. Valga
resaltar que esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó
bajo ese principio o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el
caso concreto; empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar
honesto de cada parte.
La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200429, en cuanto a la aplicación
del principio de la buena fe, sostuvo:
«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la
cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los
particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial
del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el
ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido
más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los
sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la
confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad
surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el
ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar
las lagunas del sistema jurídico». (Se resalta).
Así las cosas, el principio de rango constitucional de la buena fe presupone
obligaciones recíprocas relacionadas a la confianza, seguridad y credibilidad; sin
embargo, se ha considerado que este no constituye un postulado absoluto, sino
que tiene límites demarcados por principios de igual o superior categoría
constitucional, tales como la igualdad, la prevalencia del interés general, el
desarrollo de la función administrativa, la legalidad, la moralidad, la eficacia, la
economía, entre otros30.
29 Sentencia C-131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
30 Sentencia C-071 del 3 de febrero 2004. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00028-01 (3530-2022)
Demandante: UGPP
En materia de lo contencioso-administrativo, el literal c) del numeral 1 del artículo
164 del CPACA al referirse a la oportunidad para presentar la demanda en contra
de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas,
previó que podían ser demandados en cualquier tiempo y recalcó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», postulado que
tiene como fin el de amparar a quienes hayan percibido prestaciones periódicas
como consecuencia de decisiones adoptadas de manera errónea por la
administración.
De acuerdo con la norma, el poder público no puede defraudar la legítima
confianza que los ciudadanos esperan de su actuación, en razón a que la
expresión de la voluntad contenida en el acto de reconocimiento se fundamenta en
criterios sólidos «que indu(cen) racionalmente al administrado a confiar en la apariencia
de legalidad de una actuación administrativa concreta. No puede deducirse de manera
subjetiva o sicológicamente, suponiendo intenciones no objetivas»31, en otras palabras,
el beneficiario del derecho reconocido por la administración actúa con la
convicción en que el acto está sujeto a la legalidad; razón por la cual el
ordenamiento colombiano protege a quienes se benefician de prestaciones
pagadas a particulares de buena fe.
Estas consideraciones imponen la necesidad de demostrar que el beneficiario de
una prestación actuó en forma deshonesta al momento de reclamar el derecho, es
decir, la conducta de la cual se predique la mala fe debe i) ser previa a la
expedición del acto que reconoce el derecho; y ii) derivarse de un hecho concreto
en que el beneficiario haya actuado en forma deshonesta con el propósito de
acceder al derecho.
Respecto de la recuperación de los dineros pagados a los particulares de buena
fe, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de marzo de
200832, hizo énfasis en que la mala fe del particular debía ser probada por quien la
alega. En este fallo se dijo lo siguiente:
«Por último como el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. dispone que “Los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la
administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en este sentido la
decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe,
ya que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe
para obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya
le fue pagado por este concepto33».
31 Citado en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre
de 2014. Radicado 25000-23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013), M.P. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
32 Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. Magistrado ponente: Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.
33 Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. Magistrada ponente: Ana Margarita
Olaya Forero.
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Demandante: UGPP
Posteriormente, en la sentencia del 15 de septiembre de 201634, la corporación
indicó:
«Por ello, la Sala estima que no existen elementos probatorios suficientes para
determinar que el demandado al recibir35 la cantidad de $73.647.865, 54 actuó de mala
fe, pues, conforme al artículo 83 de la Carta Política, la buena fe se presume, y para
desvirtuar su existencia debe operar prueba en contrario porque —se repite— en el
desprendible de pago no se detallan los conceptos. Dicha suma, según se afirma en el
recurso de apelación, corresponde a mesadas pensionales atrasadas, desde el 31 de
marzo de 2008, fecha en que el fallo de tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Pasto ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación con el 100% de la bonificación por servicios prestados (f. 309).
Sobre la buena fe, es oportuno recordar lo que la Corte Constitucional ha dicho: (…)36
Así las cosas, bajo el criterio de que el principio de la buena fe debe presidir las
actuaciones de los particulares y de los servidores públicos, quiso el Constituyente que
sólo en el caso de los primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre
prueba en contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los
particulares se mantiene incólume. En cuanto a los servidores públicos no es que se
presuma, ni mucho menos, la mala fe. Sencillamente, que al margen de la presunción
que favorece a los particulares, las actuaciones de los funcionarios públicos deben
atenerse al principio de constitucionalidad que informa la ley y al principio de legalidad
que nutre la producción de los actos administrativos (…)
(…)
Por lo visto, se ha de revocar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
puesto que el demandado, al actuar de buena fe, no tiene que reintegrar las
prestaciones que le pagaron, de conformidad con el artículo 164, numeral 1, letra c),
del CPACA».
En pronunciamiento del 18 de marzo de 202137, sostuvo:
«25. De acuerdo con lo anterior, el principio de la buena fe incorpora una presunción
legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de
menos probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error
de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales,
no puede permitir a la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar
un dinero que fue recibido por una persona de buena fe».
Corolario de lo dicho, en todos los actos de los particulares y de las autoridades se
presume la buena fe, razón por la cual cuando se pretenda acreditar lo contrario
34 Sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicado 5200123-33-000-2012-00121-01(4402-13).
Magistrado ponente Camelo Perdomo Cuéter.
35 «El apoderado del demandado en el recurso de apelación afirma que el señor Ramiro Valdemar
Villota sí recibió la suma de $73,647,865,54 cuando dice que «no debe perderse de vista que a mi
poderdante se le reconocieron y cancelaron en el mes de mayo de 2013, por parte de CAJANAL
unos valores generados del reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios (…)» (F.
309)».
36 «Corte Constitucional. Sentencia C-840 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería».
37 Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección B. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia
de 18 de marzo de 2021. Radicación: 19001-23-33-000-2015-00204-01(5834-19).
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00028-01 (3530-2022)
Demandante: UGPP
se debe desvirtuar que la conducta se amparó en tal principio. Para ello, quien lo
alega debe direccionar su teoría del caso a demostrar una conducta deshonesta
que le permitió el acceso a un derecho a efectos de demostrar que actuó con
desconocimiento de los postulados de la buena fe.
En ese orden, para que proceda el reintegro de las prestaciones periódicas
reconocidas y pagadas, se hace necesario que la entidad pruebe que el
pensionado incurrió en conductas deshonestas o fraudulentas, en el trámite de la
actuación administrativa que, a la postre, conllevó al reconocimiento de la pensión.
En este contexto, vale la pena recordar que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en anterior oportunidad al resolver una demanda
de lesividad, reflexionó que el obrar del particular mediante maniobras
fraudulentas, como la presentación de documentos que no gozan de veracidad, o
que contienen información que no revelan la realidad, indican una actuación
temeraria e intencional, cuya finalidad es obtener beneficios a los cuales no
tendría derecho sin ellos, lo que conlleva a reprochar dicha conducta con la
devolución de los dineros recibidos como consecuencia del irregular
reconocimiento de la prestación38.
Así las cosas, por ejemplo, la utilización de un documento fraudulento, falso o
apócrifo dentro de la actuación administrativa, y que ello desemboque en el
reconocimiento de un derecho pensional, permitiría desvirtuar la presunción de
buena fe que gobierna los actos del peticionario, haciendo viable así, la
recuperación de los dineros pagados de manera indebida.
Ahora bien, en concordancia con los postulados constitucionales y legales antes
descritos, la jurisprudencia ha protegido a los particulares que de buena fe se les
ha reconocido el pago de prestaciones periódicas como consecuencia de
decisiones tomadas de manera errónea por la administración; sin embargo, esta
protección no acontece en los casos en los que se presentan actuaciones dudosas
con la finalidad de obtener el reconocimiento de una pensión. Con todo, se hace
necesario que se demuestre la comisión de tales conductas dudosas, deshonestas
o fraudulentas que llevaron al reconocimiento de una prestación para que proceda
la devolución de esas sumas de dinero pagadas.
38 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Magistrada
Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. «Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los
dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la
mala fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada
presentó unas certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse
acreedor a una prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso
demostrar asaltando la buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el
torcido proceder del actor; por tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que
recibió sin tener derecho a ellas, debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo.
(Negrillas fuera de texto original).».
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Demandante: UGPP
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
En atención al objeto de la apelación, en el expediente se encuentra acreditado lo
siguiente:
• María Berenice Pirateque Camargo nació el 4 de agosto de 194139.
• El 6 de mayo de 1980, el jefe de la división de personal del Ministerio de
Educación Nacional certificó que María Berenice Pirateque Camargo ejerció el
cargo de profesora de enseñanza secundaria y prestó sus servicios a esa cartera
por 2 años, 9 meses y 27 días, desde el 9 de mayo de 1977. Finalmente indicó
que la docente trabajaba en la Anexa de la Normal Nacional de Roldanillo, Valle
del Cauca40.
• El 13 de octubre de 1983, el secretario de educación del departamento del Valle
del Cauca certificó que María Berenice Pirateque Camargo trabajó en la Normal
Nacional Jorge Isaacs desde el 23 de agosto de 1978 hasta el 13 de octubre de
1983, en el cargo de docente de secundaria de orden nacional, por 5 años, 1 mes
y 21 días41.
• EL 31 de julio de 1991 el rector de la Escuela Normal Nacional Mixta de Icononzo
(Tolima), Ministerio de Educación Nacional certificó que María Berenice Pirateque
Camargo prestó sus servicios como docente de primaria durante 7 años, 8 meses
y 13 días, es decir desde el 17 de noviembre de 1983 hasta el 31 de julio de
199142.
• El 30 de agosto de 1991, el rector y pagador de la Escuela Normal Nacional
Mixta de Icononzo, Tolima, certificó que María Berenice Pirateque Camargo laboró
allí como docente grado 9, nombrada por el Ministerio de Educación Nacional,
según la Resolución 18993 del 21 de octubre de 1983, desde el 17 de noviembre
de ese año.
• El 13 de septiembre de 1991 la demandada solicitó el reconocimiento pensional
gracia, la cual fue reconocida por Cajanal a través de la Resolución 13394 del
1994, en el cual indicó que la demandante desempeñó el cargo de «MAESTRA en
el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL» por 7.251 días y reliquidó el valor de
39Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 81, documento:
15_EXPEDIENTEDIGITAL_007_ANEXO20274359(.rar) NroActua 81.
40 Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 81, documento:
15_EXPEDIENTEDIGITAL_007_ANEXO20274359(.rar) NroActua 81.
41 Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 81, documento:
15_EXPEDIENTEDIGITAL_007_ANEXO20274359(.rar) NroActua 81.
42 Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 81, documento:
15_EXPEDIENTEDIGITAL_007_ANEXO20274359(.rar) NroActua 81.
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Demandante: UGPP
aquella en las resoluciones 000888 del 6 de febrero de 1995, 0000989 de 2004 y
09929 del 3 de noviembre de 200643.
• Mediante la Resolución 1076 del 10 de septiembre de 2002, el secretario de
educación y cultura del departamento del Tolima, en ejercicio de las atribuciones
legales conferidas en el Decreto 0673 del 31 de julio de 2002, por el gobernador
del Tolima, le aceptó la renuncia como docente de la Normal Nacional del
municipio de Icononzo, para tal efecto consideró que «mediante Decreto 0673 del 31
de julio de 2002, en su artículo primero el señor Gobernador delegó en el Secretario de
Educación y Cultura del Departamento la facultad de expedir los actos administrativos
referentes a aceptación de renuncias, conceder licencias ordinarias por enfermedad y
maternidad, conceder comisiones no remuneradas y vacaciones del personal directivo
docente, docente y administrativo al servicio de la educación estatal con cargo al Sistema
General de Participaciones»44.
• El 29 de octubre de 2002 la coordinadora de hoja de vida de la Secretaría de
Educación del Tolima certificó que la demandada prestó sus servicios como
docente en el nivel de básica secundaria, en propiedad, con vinculación de orden
nacional, en los siguientes términos:
Novedad Acto Desde Hasta Duración
Administrativo
Posesión por nombramiento. Resolución 003 01/01/1969 31/12/1970 1 año, 12
Escuela Filo Larga Guacamaya meses, 4
de San Vicente del Caguán días
Traslado/ Escuela La Inmaculada Resolución 004 01/01/1971 31/12/1971 12 meses
T de Valparaíso
Traslado/ Escuela Alto Río Resolución 004 01/01/1972 31/12/1972 12 meses
Chiquito de Florencia
Traslado/ Escuela Alto Río Resolución 003 01/01/1973 22/02/1976 3 años, 1
Chiquito de Florencia mes, 22 días
Traslado/ Colegio Departamental Resolución 12/03/1976 05/03/1979 3 años, 16
Nuestra Señora del Carmen 1104 días
Traslado/ Escuela Anexa La Resolución 09/03/1979 20/10/1983 4 años, 7
Normal Nacional 3243 meses, 12
días
Traslado/ Escuela Anexa La Resolución 21/10/1983 09/09/2002 16 años, 10
Normal Nacional Mixta de 10991 meses, 19
Icononzo días
Retiro por renuncia Resolución 10/09/2002 09/09/2002
1076
Total 33 años, 8
meses, 9
días
43Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 81, documento:
15_EXPEDIENTEDIGITAL_007_ANEXO20274359(.rar) NroActua 81.
44
Samai del Tribunal Administrativo del Tolima, índice 81, documento:
15_EXPEDIENTEDIGITAL_007_ANEXO20274359(.rar) NroActua 81
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00028-01 (3530-2022)
Demandante: UGPP
2.3.2. Análisis sustancial
En virtud del material probatorio allegado al expediente, se observa que María
Berenice Pirateque Camargo prestó sus servicios laborales como docente, durante
la mayor parte del tiempo, en virtud de una vinculación nacional, es decir que no
acreditó las exigencias contenidas en la Ley 114 de 1913 y demás disposiciones
que regulan dicha prestación social, por lo que no tenía derecho al reconocimiento
de la pensión gracia.
En efecto, en los certificados laborales y salariales obrantes en el expediente se
constató que la demandante prestó sus servicios como docente para el Ministerio
de Educación Nacional, con vinculación de orden nacional, al menos durante 20
años, desde su vinculación el 9 de mayo de 1977, en la Anexa de la Normal
Nacional de Roldanillo, así como el tiempo desempeñado en la Escuela Anexa La
Normal Nacional de Icononzo y en Escuela Anexa La Normal Nacional Mixta de
Icononzo, de manera que, aunque no obran documentos que den cuenta del
servicio prestado por la demandada ni de su vinculación, antes de 1977, lo cierto
es que aún si se entendiera como de orden nacionalizado no alcanzaría a
completar los 20 años de servicio requeridos por la normatividad para acceder al
reconocimiento prestacional.
Sobre el particular, se advierte que no le asiste razón a la demandada, en cuanto
al argumento expuesto en el recurso de apelación, respecto de no encontrarse
plenamente acreditado que la vinculación que ostentó la docente fue de orden
nacional, por cuanto la decisión del Tribunal fue adoptada con base en las
certificaciones aportadas que dan cuenta de manera inequívoca de la naturaleza
de la vinculación. Asimismo, es preciso recordar, como se explicó líneas
anteriores, que la jurisprudencia ha aceptado que para acreditar la calidad de la
plaza en la que fue designado el docente «se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial45» (se resalta).
Adicional a lo expuesto, en concordancia con el artículo 167 del CGP, al
demandante le corresponde demostrar los supuestos fácticos que fundan sus
pretensiones, carga que no implica que una parte procesal tenga que probar más
que la otra, sino que apunta al interés que tenga según su posición en la situación
jurídica para demostrar los hechos. De manera que, en el presente asunto, María
Berenice Pirateque Camargo tuvo la oportunidad, durante la etapa probatoria, para
allegar los documentos con el fin de controvertir la información expuesta por la
45
Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00028-01 (3530-2022)
Demandante: UGPP
UGPP, o alegar la falsedad de aquellos; sin embargo, no lo hizo, de suerte que
una de las obligaciones del juez es decidir en derecho con fundamento en el
material probatorio debidamente ingresado en el expediente46, como en efecto se
arriba a la conclusión de que la vinculación ostentada, al menos, en la mayor parte
del tiempo de su ejercicio como docente, fue de orden nacional.
Por su parte, respecto de la condena en costas proferida en la primera instancia,
en razón a que la demandada solicitó en el recurso de apelación revocar la
sentencia de primera instancia, la condena en costas en su contra será objeto de
análisis en esta oportunidad.
Por tanto, se advierte que en la providencia apelada el a quo, de manera
restrictiva y con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el
365 del CGP, condenó en costas a la parte demandada sin realizar un análisis de
aspectos relevantes para su imposición, como la temeridad o la mala fe en que
pudo haber incurrido la parte vencida, pese a que para ello, debió tener certeza de
la conducta desplegada por aquella y comprobar si se causaron dichas costas,
razón por la cual, al no predicarse el mal proceder de la demandada se revocará la
decisión del juez de primera instancia en lo que respecta a este punto.
En consecuencia, se confirmará la decisión de declarar la nulidad de los actos
demandados, al encontrar probado que el reconocimiento pensional fue otorgado
a una docente sin que cumpliera con el requisito previsto en las normas citadas
anteriormente, correspondiente a prestar durante 20 años su servicio como
profesora oficial, con vinculación de orden territorial, distrital, municipal o
nacionalizada y se revocará la condena en costas proferida en su contra.
Ahora, en atención al objeto del recurso de apelación adhesiva interpuesto por la
UGPP cuyo fin está encaminado a revocar la negativa respecto de la pretensión
de la restitución de las mesadas percibidas con ocasión al reconocimiento
concedido en la Resolución 13394 del 1994, es preciso señalar que con el objetivo
de lograr el reconocimiento de una pensión gracia, María Berenice Pirateque
Camargo acudió a Cajanal, entidad que al encontrar cumplidos los requisitos
concedió la prestación; sin embargo, la docente, inconforme con el monto
concedido solicitó en varias ocasiones la reliquidación que, a su vez, fue ordenada
por la entidad previsional.
No obstante, esto no es suficiente para desvirtuar la buena fe con la que se
presume actuó la demandada, puesto que de estas solo se evidencia que acudió a
la administración con el convencimiento de que era acreedora del derecho
pretendido.
46 Sobre el particular se encuentra la sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 25000-
23-42-000-3023-06310-01 (3633-2014).
19
Radicado: 73001-23-33-000-2021-00028-01 (3530-2022)
Demandante: UGPP
Aunado a ello, de lo aportado al proceso y la conducta desplegada por la
demandada en el trámite en sede administrativa y judicial no se evidencia un
actuar fraudulento, pues no se comprobó que para acceder a ello hubiese
aportado documentación falsa que indujera a error a la entidad o al juez, ni que
haya actuado en complicidad con alguno de ellos para obtener el beneficio
prestacional.
Como consecuencia de lo expuesto y en consideración a que la buena fe se
presume en el obrar de los particulares ante las autoridades, la UGPP tenía la
carga de acreditar que María Berenice Pirateque no obró con lealtad, rectitud y
honestidad, sino que por el contrario acudió a maniobras engañosas, para inducir
en error a la administración y a las autoridades judiciales, circunstancia que no
ocurrió en el caso concreto. En línea con lo anterior, esta Subsección, en casos
similares al anterior, ha señalado lo siguiente47:
«En suma, a pesar de que la jurisdicción ordinaria encontró penalmente responsable al
citado funcionario judicial por dictar la providencia que dio lugar a conceder a la
accionada la pensión gracia, pese a no satisfacer los respectivos requisitos, en
especial, no colmar los veinte (20) años en calidad de docente nacionalizada o
territorial, no se evidencia que el sujeto determinador de esa conducta haya sido ella
(máxime cuando actuó por intermedio de apoderado) o que se haya iniciado alguna
investigación en su contra por tales hechos, como para concluir que actuó de mala fe».
Como corolario de lo expuesto, esta Sala confirmará la decisión apelada en cuanto
a negar la pretensión de restitución de las mesadas devengadas por la
demandada.
2.4. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia
del 4 de agosto de 2022, proceso con radicado 15001-23-33-000-2014-00518-01 (4095-2017).
20
Radicado: 73001-23-33-000-2021-00028-01 (3530-2022)
Demandante: UGPP
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.48
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas
a la parte demandada.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que a María Berenice Pirateque
Camargo no le asistía el derecho al reconocimiento de la pensión gracia, razón por
la cual las resoluciones 13394 del 11 de marzo de 1993, 000888 del 6 de febrero
de 1995, 00989 del 26 de enero 2004 y 09929 del 3 de noviembre de 2006 se
encuentran viciadas de nulidad; sin embargo, al no encontrarse probada la mala fe
para adquirir el beneficio pensional no es procedente el reintegro de las sumas de
dinero pagadas con ocasión de su reconocimiento, en igual sentido se procederá
respecto de la condena en costas dispuesta por el a quo, por lo tanto se revocará
únicamente la condena en costas proferida en contra de la demandada y se
confirmará en lo demás.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal tercero de la sentencia del 31 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda incoada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
contra María Berenice Pirateque Camargo, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
48En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
21
Radicado: 73001-23-33-000-2021-00028-01 (3530-2022)
Demandante: UGPP
En su lugar se dispone:
«TERCERO. Negar la condena en costas».
Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia del 31 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Vmtl
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