Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00036-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00036-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00036-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00036-01 (3389-2025)
Demandante: Pablo Edinson Sáenz Espitia
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
Tema: Reconocimiento de asignación de retiro de las fuerzas
militares. Aplicación del régimen de transición de la Ley 923
de 2004. Alcance del Decreto 991 del 2015. Relación entre
causales de «separación absoluta» y «mala conducta» en el
marco del retiro del servicio de policía y militar.
Decisión: Se modifica la sentencia de primera instancia en lo que
respecta a condenar a la entidad demandada a reconocer y
pagar a favor del actor la asignación de retiro liquidada con
el 58% del monto de las partidas a que se refiere el artículo
158 del Decreto 1211 de 1990, a partir de la fecha de su
desvinculación del servicio (7 de febrero de 2018); se
confirma en todo lo demás.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 31 de julio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Tolima.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad de la Resolución 9025 del 19 de agosto de 2020,
mediante la cual la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de una
asignación de retiro.
2. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la accionada
reconocer y pagar la asignación de retiro a su favor desde la fecha de retiro del
servicio. Igualmente, pidió el pago de las mesadas retroactivas causadas desde
el 7 de febrero de 2018, junto con la actualización e indexación de las sumas
1 Documento PDF «01Demanda.pdf» que obra en la carpeta
«5_730012333000202100036001EXPEDIENTEDIGI20230413115615.zip», visible en el índice 28 de
SAMAI del Tribunal.
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adeudadas, el cumplimiento de la sentencia en los términos legales y las demás
consecuencias derivadas del reconocimiento prestacional reclamado.
3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, señaló que ingresó a la
Escuela Militar de Suboficiales del Ejército Nacional el 1 de septiembre de 2000
y ascendió al grado de cabo tercero el 1 de septiembre de 2001. Indicó que prestó
sus servicios como sargento segundo hasta el 7 de febrero de 2018, fecha en la
cual fue retirado por separación absoluta mediante la Resolución 0236 del 8 de
febrero de 2018.
4. Manifestó que, al contabilizar el tiempo de formación en la Escuela Militar
de Suboficiales y el tiempo servido como suboficial, acreditó 17 años, 5 meses y
6 días de servicio, circunstancia certificada por el Ejército Nacional y por CREMIL.
Agregó que ascendió al grado de cabo tercero cuando se encontraba vigente el
Decreto 1211 de 1990, razón por la cual consideró que su situación prestacional
debía regirse por las disposiciones contenidas en ese estatuto.
5. Sostuvo que la entidad demandada desconoció la Ley 923 de 2004 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad del artículo 14 del
Decreto 4433 de 2004, al exigirle un tiempo de servicio superior al previsto en el
Decreto 1211 de 1990 para acceder a la asignación de retiro. Afirmó que, por
encontrarse en servicio activo al momento de la entrada en vigencia de la Ley
923 de 2004, no podía exigírsele un requisito más gravoso que el establecido en
la normativa anterior.
6. Indicó que reunía los requisitos para el reconocimiento de la asignación de
retiro, por cuanto acreditaba más de 15 años de servicio y su desvinculación
obedeció a una causal distinta de la solicitud propia, por lo que consideró
procedente la nulidad del acto acusado y el consecuente reconocimiento
prestacional.
7. Finalmente, mencionó que el 17 de marzo de 2020 solicitó ante la entidad
demandada el reconocimiento y pago de la asignación de retiro. Señaló que la
entidad negó la petición mediante la Resolución 9025 del 19 de agosto de 2020,
al considerar que no cumplía el tiempo mínimo de servicio exigido para acceder
a dicha prestación.
Contestación de la demanda2
8. La entidad demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones de la
demanda y solicitó negar las súplicas formuladas por el actor arguyendo que la
Resolución 9025 del 19 de agosto de 2020 fue expedida con fundamento en las
disposiciones legales vigentes y que el demandante no reunía los requisitos
exigidos para acceder a la asignación de retiro.
2 Documento PDF «013_CREMIL Contesta Dda.pdf», ibidem.
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9. Como fundamento de su defensa, señaló que la Dirección de Prestaciones
Sociales del Ejército Nacional remitió a CREMIL el expediente prestacional del
demandante, radicado el 12 de agosto de 2020, junto con la Hoja de Servicios 3-
74355487 del 3 de julio de 2020, aprobada mediante Resolución 3045 del 14 de
julio de 2020. Reveló que en dicho documento constaba que el actor fue retirado
del servicio activo por la causal de separación absoluta, con un tiempo de
servicios de 17 años, 5 meses y 4 días y novedad fiscal del 7 de febrero de 2018.
10. Manifestó que, una vez estudiados los antecedentes administrativos,
expidió la Resolución 9025 del 19 de agosto de 2020, mediante la cual negó el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro por cuanto el interesado no
acreditó el tiempo mínimo de servicios previsto en el artículo 1 del Decreto 991
de 2015.
11. Afirmó que el reconocimiento de la asignación de retiro debía efectuarse
con fundamento en la hoja de servicios expedida por la autoridad competente y
conforme a las normas vigentes al momento de resolver la prestación. En ese
sentido, sostuvo que la hoja de servicios constituía el documento idóneo y
obligatorio para determinar el tiempo computable y la causal de retiro del personal
militar.
12. Expuso que el actor fue retirado por separación absoluta con 17 años, 5
meses y 6 días de servicio, circunstancia que impedía el reconocimiento de la
prestación reclamada, pues el artículo 1 del Decreto 991 de 2015 exige 20 años
de servicio para quienes sean retirados o separados en forma absoluta.
13. Agregó que el Decreto 991 de 2015 se encontraba vigente y no había sido
afectado por decisión judicial que comprometiera su validez, razón por la cual la
entidad estaba obligada a aplicarlo. Mencionó, además, que carecía de
competencia para modificar o desconocer la información contenida en la hoja de
servicios expedida por el Ejército Nacional o para efectuar interpretaciones
extensivas de la normativa aplicable.
Sentencia apelada3
14. El Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad de la Resolución
9025 del 19 de agosto de 2020 y ordenó a la entidad reconocer y pagar la
prestación a partir del 7 de febrero de 2018, junto con las mesadas retroactivas
causadas desde esa fecha debidamente actualizadas y condenó en costas a la
demandada.
15. Al respecto, el a quo señaló que el demandante ingresó al servicio activo
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, razón por la cual
su situación debía analizarse conforme al régimen previsto en el Decreto 1211
de 1990 y no con fundamento en el Decreto 991 de 2015.
3 Índice 36 de SAMAI del Tribunal.
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16. Explicó que, de acuerdo con la Ley 923 de 2004, a los miembros de la
Fuerza Pública que se encontraban en servicio activo al momento de su
expedición no podía exigírseles un tiempo de servicio superior al previsto en el
régimen anterior para acceder a la asignación de retiro.
17. Además, que el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 fue declarado nulo
por el Consejo de Estado y que, en consecuencia, las solicitudes de asignación
de retiro del personal cobijado por el régimen de transición debían resolverse con
base en el Decreto 1211 de 1990.
18. Consideró que la causal de retiro por separación absoluta, aunque no se
encuentra expresamente prevista en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990,
es asimilable a la causal de mala conducta, conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado. En tal sentido, precisó que para estos eventos dicha norma
se exige un mínimo de 15 años de servicio para acceder a la asignación de retiro.
19. Con fundamento en lo anterior, concluyó que el actor cumplía el requisito
temporal exigido, toda vez que acreditó más de 17 años de servicio al momento
de su retiro, por lo que tenía derecho al reconocimiento de la asignación de retiro.
Por lo tanto, ordenó su reconocimiento y pago, liquidada en cuantía equivalente
al 59,7% de las partidas computables previstas en el artículo 158 del Decreto
1211 de 1990.
20. Condenó en costas a la parte demandada en razón a que la parte actora
se vio en la obligación de constituir apoderado judicial para promover la demanda
y ordenó que las agencia en derecho se liquidarán en trámite posterior al fallo.
Recurso de apelación4
21. La entidad demandada interpuso oportunamente recurso de apelación
solicitando que la sentencia de primera instancia sea revocada y, en su lugar, se
nieguen las pretensiones de la demanda.
22. Como fundamento de la impugnación, sostuvo que el Tribunal aplicó
indebidamente el Decreto 1211 de 1990 y desconoció la normativa especial
vigente para la fecha en que se produjo la desvinculación del demandante.
Estimó que el reconocimiento de la asignación de retiro debía efectuarse
conforme a las disposiciones vigentes al momento de la consolidación del
derecho y con base en la hoja de servicios expedida por el Ministerio de Defensa,
documento que constituye el soporte obligatorio para el reconocimiento de dicha
prestación.
23. Aseveró que, tras la declaratoria de nulidad del artículo 14 del Decreto
4433 de 2004, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 991 de 2015, norma que
regula la asignación de retiro para el personal de oficiales y suboficiales
escalafonados antes del 31 de diciembre de 2004 y que exige 20 años de servicio
4 Índice 44, ibidem.
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cuando el retiro o la separación se produce en forma absoluta. En ese sentido,
indicó que el actor fue separado en forma absoluta con un tiempo de servicio de
17 años, 5 meses y 4 días, razón por la cual no cumplía el requisito temporal
previsto en dicha disposición.
24. Sostuvo que la separación absoluta no constituye una causal de retiro de
prevista en el artículo 100 del Decreto 1790 de 2000, sino una situación
administrativa autónoma regulada en el artículo 111 de esa misma normativa.
Por tal motivo, consideró improcedente asimilar dicha figura a las causales
contempladas en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 para efectos del
reconocimiento de la asignación de retiro.
25. Manifestó que el Tribunal incurrió en un error al considerar aplicable el
régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004, pues, a su juicio, la
separación absoluta no corresponde a una causal de retiro y, por tanto, no puede
subsumirse en la hipótesis prevista en el artículo 3.1 de dicha ley para los eventos
de retiro por cualquier otra causal. A más que la interpretación acogida en la
sentencia desconoció el tenor literal de las normas que regulan la materia y los
requisitos establecidos por el legislador para acceder a la prestación.
26. En subsidio, solicitó que, en caso de confirmarse la decisión de primera
instancia, se corrigiera el porcentaje fijado para liquidar la asignación de retiro.
Indicó que el a quo ordenó reconocer la prestación con el 59,7% de las partidas
computables previstas en el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990, porcentaje
que, en su criterio, no guarda correspondencia con la fórmula establecida en el
artículo 163 de ese estatuto ni con el tiempo de servicio acreditado por el
demandante.
27. Finalmente, cuestionó la condena en costas impuesta a la entidad dado
que las actuaciones procesales estuvieron respaldadas en argumentos jurídicos
y jurisprudenciales razonables, por lo que solicitó revocar dicha condena y
abstenerse de imponer costas en segunda instancia.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
28. Mediante auto del 4 de diciembre de 20255 se admitió el recurso de
apelación y se le advirtió a la parte demandante que tenía hasta la ejecutoria de
dicha providencia para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio
Público que disponía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho
para fallo para emitir concepto.
29. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
5 Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado.
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30. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
31. Conforme con los reparos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si el demandante tiene derecho al
reconocimiento de la asignación de retiro, pese a haber sido retirado del servicio
activo por la causal de separación absoluta y contar con un tiempo de servicios
mínimo de 15 años conforme lo dispone el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990;
o si, por el contrario, le resulta aplicable el Decreto 991 de 2015 que exige 20
años, como lo plantea la entidad accionada en la apelación.
32. Subsidiariamente, la Sala examinará el monto del porcentaje fijado para
liquidar la asignación de retiro reconocida al actor, así como la procedencia de la
condena en costas en primera instancia.
Análisis del problema jurídico
33. La Sala considera que el demandante tiene derecho al reconocimiento de
la asignación de retiro por cuanto es beneficiario del régimen de transición
previsto en la Ley 923 de 2004 y cumple con los requisitos establecidos en el
Decreto Ley 1211 de 1990, en particular el tiempo mínimo de servicios y el retiro
por una causal no voluntaria susceptible de ser subsumida dentro de la mala
conducta.
34. Revisado el expediente se encuentra probado que el Ministerio de Defensa
Nacional expidió la Resolución 0236 del 8 de febrero de 20186, mediante la cual
se dispuso el retiro del demandante del servicio activo por la causal de separación
absoluta, debido a que fue declarado responsable penalmente por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Amalfi Antioquia por el delito de concusión y
condenado a la pena principal de 72 meses de prisión e inhabilidad para el
ejercicio de cargos públicos.
35. Asimismo, se encuentra acreditado que conforme a la constancia expedida
el 20 de mayo de 2020 por el oficial de la Sección de Atención al Usuario DIPER
del Ejército Nacional, el demandante prestó sus servicios continuamente hasta el
7 de febrero del 2018, que abarcan un tiempo total de 17 años, 5 meses y 6 días.
En dicho documento se dejó constancia de su retiro por la causal de separación
absoluta7. Misma situación se evidencia en la hoja de vida expedida el 20 de
6 Página 46 del Documento PDF «01Demanda.pdf» que obra en la carpeta
«5_730012333000202100036001EXPEDIENTEDIGI20230413115615.zip», visible en el índice 28 de
SAMAI del Tribunal.
7 Página 37 ibidem.
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mayo del 20208, agregando que el último cargo que tuvo el accionante dentro del
Ejército fue de sargento segundo.
36. En igual sentido, aunque no aparece en el material probatorio copia alguna
de la petición realizada por el accionante hacia la entidad requiriendo el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro, se encontró en el expediente el
oficio 690 del 8 de abril del 20209, en el que CREMIL dio respuesta «al escrito
radicado en esta entidad con No. 20490237 del 17 de marzo de 2020, mediante
el cual solicita: “(…) Reconocimiento y pago de retiro SS PABLO EDINSON
SAENZ ESPITIA (…)”», por lo que la Sala tendrá el 17 de marzo del 2020 como
la fecha en la que se realizó la solicitud de reconocimiento ante la administración.
37. De igual forma obra como prueba la Resolución 9025 del 19 de agosto del
2020, por medio de la cual CREMIL negó el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro al actor por no cumplir el tiempo estimado de 20 años para
acceder a dicha prestación, en concordancia con el Decreto 991 del 201510.
38. A partir de los anteriores supuestos fácticos debidamente acreditados, la
Sala procede a determinar el régimen jurídico aplicable al caso concreto. En ese
sentido, se tiene que el Decreto Ley 1211 de 1990 reguló la asignación de retiro
para los miembros de las Fuerzas Militares y dispuso en su artículo 163 que esta
prestación se reconoce cuando el uniformado es retirado con un mínimo de 15
años de servicio por causales distintas a la solicitud propia, entre ellas, la
conducta deficiente.
39. Posteriormente el artículo 3.1 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004
estableció un régimen de transición en favor de los miembros de la Fuerza
Pública que se encontraban en servicio activo al momento de su entrada en
vigencia con el fin de proteger sus expectativas legítimas en materia prestacional,
sobre el cual el Consejo de Estado11 ha señalado que a quienes cumplían esa
condición no se les pueden imponer requisitos más gravosos que los previstos
en el régimen anterior.
40. Con lo anterior se ha precisado que el único requisito para acceder al
régimen de transición es encontrarse en servicio activo al 30 de diciembre de
2004, fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, lo cual comporta la
aplicación del Decreto Ley 1211 de 1990 en lo relacionado con el tiempo de
servicios exigido para el reconocimiento de la asignación de retiro a quienes se
encontraban vinculados a la Fuerza Pública antes de esa fecha.
8
Páginas 39-41 ibidem.
9
Páginas 43-44 ibidem.
10 Páginas 42-43 ibidem.
11 Sobre este razonamiento, véase las siguientes sentencias de esta Subsección que sirven de fundamento
jurisprudencial: i) sentencia del 17 de febrero del 2022, rad. 76001-23-33-000-2016-01514-01 C.P. William
Hernández Gómez, y ii) sentencia de 16 de julio de 2013, rad. 25000-23-41-000-2013-00659-01, C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero.
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41. De igual forma, esta Subsección12 ha precisado que a los miembros de la
Fuerza Pública que, para la mencionada fecha de entrada en vigencia de la Ley
923 de 2004, se encontraban en servicio activo, les resultan aplicables las
disposiciones anteriores a dicha ley, en virtud del régimen de transición allí
previsto, dentro de las cuales se encuentra el Decreto Ley 1211 de 1990.
42. Por su parte, la entidad demandada fundamentó su apelación en las
disposiciones contenidas en el Decreto 991 de 2015, al considerar que el
demandante no acreditaba el tiempo mínimo de 20 años de servicio allí previsto
para acceder a la asignación de retiro.
43. Sin embargo, la Sala advierte que las disposiciones de dicho decreto que
modificaron las condiciones de acceso a la prestación para los miembros de la
Fuerza Pública cobijados por el régimen de transición fueron anuladas por esta
Corporación en sentencia del 18 de junio de 202213, en la cual concluyó que tales
exigencias desconocían la protección otorgada por el artículo 3 de la Ley 923 de
2004 a quienes se encontraban en servicio activo al momento de su entrada en
vigencia.
44. De modo que, para los miembros de la Fuerza Pública beneficiarios del
régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004, como ocurre con el
demandante, la determinación de los requisitos de acceso a la asignación de
retiro debe efectuarse con fundamento en las normas anteriores que regulaban
la materia, particularmente en el Decreto Ley 1211 de 1990, y no en las
disposiciones más gravosas introducidas por el Decreto 991 de 2015. Por tanto,
el análisis del presente asunto se realizará a la luz de dicho régimen, a fin de
establecer si el actor cumple los requisitos allí previstos para acceder a la
prestación reclamada.
45. En efecto, en el presente asunto se encuentra acreditado que el
demandante se encontraba en servicio activo para la entrada en vigencia de la
Ley 923 de 2004 pues ingresó el 15 de septiembre del 2000 como alumno
suboficial, y como suboficial a partir del 1 de septiembre del 2001; además, que
al momento de su retiro contaba con más de 15 años de servicio. Lo anterior
permite a la Sala concluir que le resulta aplicable el régimen de transición anotado
en precedencia, sin que pueda exigírsele el cumplimiento de condiciones más
gravosas.
46. Ahora bien, en lo que respecta a la causal de retiro, la Sala advierte que
el Tribunal consideró que la «separación absoluta» resulta equiparable a la «mala
conducta», por lo que estimó que aquella puede subsumirse dentro del supuesto
previsto en el artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990. En ese mismo sentido,
la jurisprudencia de esta Corporación ha adoptado una interpretación amplia de
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de febrero del 2022. Rad. 76001-
23-33-000-2016-01514-01 (1631-2021). C.P. William Hernández Gómez.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de octubre de 2022,
rad.11001-03-25-000-2015-01058-00 (4673-2015) y 11001-03-25-000-2016-00294-00 (1694-
2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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dicha disposición, al reconocer que ambas causales pueden encajar en el canon
normativo mencionado.
47. En relación con este aspecto, la Sala observa que el artículo 163 del
Decreto Ley 1211 de 1990 no prevé expresamente la causal de retiro por
«separación absoluta» como uno de los supuestos que habilitan el
reconocimiento de la asignación de retiro. Sin embargo, esa ausencia de
regulación específica no ha sido entendida por la jurisprudencia de esta
Corporación como un impedimento para acceder a dicha prestación.
48. Por el contrario, se ha construido una línea jurisprudencial14 uniforme
conforme a la cual la destitución y la separación absoluta pueden subsumirse
dentro de la causal de retiro por «mala conducta», mediante una interpretación
sistemática y finalista de la disposición, evitando que un vacío de técnica
legislativa conduzca al desconocimiento de un derecho prestacional cuando
concurren los demás requisitos exigidos por el ordenamiento.
49. A su vez, en la sentencia de 19 de julio de 2019, esta Subsección15 precisó
que, aunque la «separación absoluta» no aparece enunciada de manera expresa
en el artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990, ello no excluye su incorporación
dentro de la causal de «mala conducta», pues dicha disposición debe
interpretarse en un sentido amplio, de manera que la expresión «mala conducta»
opere como una categoría normativa que comprende aquellas situaciones en las
cuales la desvinculación del servicio obedece a la comisión de conductas
reprochables que dan lugar a sanciones de naturaleza penal, disciplinaria o fiscal.
50. Así las cosas, esta Subsección ha reconocido que la equiparación entre la
separación absoluta y la mala conducta no constituye una extensión analógica
de la norma, sino el resultado de una interpretación sistemática y teleológica del
artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990, orientada a preservar la finalidad del
régimen de asignación de retiro.
51. De ahí que la inexistencia de una referencia expresa a la separación
absoluta no impida concluir que dicha modalidad de retiro se encuentra
comprendida dentro del supuesto de «mala conducta», siempre que la
desvinculación tenga origen en la imposición de una sanción derivada de un
comportamiento disciplinario, penal o fiscalmente reprochable.
52. En ese orden, al estar demostrado que el demandante cumple los
requisitos exigidos, esto es, haber prestado más de 15 años de servicio y haberse
retirado por una causal no voluntaria, como la mala conducta (separación
absoluta), la Sala concluye que le asiste el derecho al reconocimiento de la
14
Véase entre otras, las siguientes sentencias: i) sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 76001-
23-31-000-2006-02942-01 (2201-2007), de la Subsección A; ii) sentencia del 11 de abril de 2018, expediente
25000-23-42-000-2015-01949-01 (5126-2016); iii) sentencia del 7 de marzo de 2019, expediente 25000-23-
42-000-2014-04425-01 (4314-2017); iv) sentencia del 19 de julio de 2019, expediente 25000-23-25-000-
2017-00227-01 (5445-2018), y v) sentencia del 18 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-
2017-04882-01 (4276-2019).
15 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, expediente
25000-23-25-000-2017- 00227-01(5445-18).
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asignación de retiro. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia en cuanto al reconocimiento de esta prestación periódica.
53. Por otra parte, observa la Sala que la entidad apelante cuestionó el
porcentaje del 59,7% aplicado por el tribunal de primera instancia para liquidar la
asignación de retiro.
54. Sobre este aspecto, resulta claro que, para la liquidación de esta
prestación, debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 163 del Decreto
1211 de 1990, el monto de la asignación de retiro corresponde al 50% de las
partidas previstas en el artículo 158 ibidem por los primeros 15 años de servicio,
incrementado en un 4% «por cada año que exceda» ese tiempo, sin que el total
supere el 85% del mismo monto.
55. En el caso del actor, está acreditado que prestó sus servicios durante 17
años, 5 meses y 6 días, es decir, acreditó 2 años completos adicionales al tiempo
mínimo de servicios exigido por la norma. En consecuencia, el porcentaje
aplicable corresponde al 58%, equivalente al 4% por cada año completo servido
con posterioridad a los primeros 15 años.
56. En este punto, conviene precisar que, si bien podría pensarse que aún
restan por contabilizar 5 meses y 6 días para distribuirlos proporcionalmente, lo
cierto es que la norma no prevé el cómputo de meses o días para incrementar la
asignación de retiro. En efecto, establece que el 4% se adicionará «por cada año
que exceda» los 15 años de servicio, razón por la cual únicamente el
cumplimiento de un año completo habilita dicho incremento.
57. En conclusión, el reparo formulado por la parte demandada está llamado
a prosperar habida cuenta de que el a quo fijó el porcentaje en el 59,7% pese a
que únicamente se acreditaron 2 años completos adicionales a los 15 años
mínimos de servicio. Por ello, este aspecto de la sentencia de primera instancia
será modificado.
Condena en costas en primera instancia
58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
59. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
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derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
60. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
61. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la condena en costas
impuesta en primera instancia debe confirmarse, dado que, si bien el a quo
sustentó su imposición en que el demandante se vio obligado a constituir defensa
técnica para obtener el reconocimiento de un derecho subjetivo amparado por el
ordenamiento jurídico, lo cierto es que la parte demandada resultó vencida en
esa fase del proceso, circunstancia que se encuentra acreditada y resulta acorde
con el criterio adoptado por esta Subsección sobre la materia.
Condena en costas en segunda instancia
62. Atendiendo el criterio expuesto en precedencia para imponer condena en
costas, la Sala considera que esta no resulta procedente en segunda instancia
pues no puede afirmarse que exista una parte vencida en sede de alzada. Ello,
por cuanto el recurso de apelación prosperó parcialmente al acogerse el reparo
concreto relacionado con la modificación del porcentaje de la asignación de retiro.
En consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia del 31 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima dentro del proceso de la referencia, el cual quedará así:
«SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la
entidad demandada a reconocer y pagar a favor del actor la asignación de
retiro liquidada con el 58% del monto de las partidas a que se refiere el artículo
158 del Decreto 1211 de 1990, a partir de la fecha de su desvinculación del
servicio (7 de febrero de 2018). Igualmente, deberá pagar las mesadas
pensionales retroactivas causadas desde dicha fecha hasta que se haga
efectivo el primer pago de la asignación de retiro.»
SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 31 de julio de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió a las
pretensiones de la demanda promovida por el señor Pablo Edinson Sáenz Espitia
contra CREMIL.
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TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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