Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00130-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00130-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2021-00130-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00130-01 (0539-2026)
Demandante: María Luisa España Sánchez
Demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ─CREMIL─
Tema: Marco normativo aplicable a la sustitución pensional del personal
de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. Inexequibilidad
de la expresión «hija célibe». REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra la
sentencia proferida el treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora María Luisa España Sánchez instauró demanda contra la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares ─CREMIL─, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 11691 del 11 de diciembre de
2019, por medio de la cual se le negó el reconocimiento y pago de la sustitución de
la asignación de retiro, con ocasión del fallecimiento de su padre, el señor Luis
Arturo España Riascos, teniente coronel; y de la Resolución Nro. 4447 del 3 de abril
de 2020, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reconocimiento
y pago de la sustitución pensional, con el correspondiente retroactivo, desde el 5 de
noviembre de 2019, fecha en la que radicó la solicitud.
HECHOS
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4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que es hija de quien en vida se identificó como Luis Arturo España Riascos, quien
devengó una asignación mensual de retiro hasta el 4 de marzo de 1977, fecha en
la que falleció.
6. Indicó que a través de la Resolución Nro. 0311 del 14 de abril de 1977, CREMIL
reconoció la sustitución pensional a favor de su madre, la señora Lilia Sánchez de
España, en calidad de cónyuge; y a favor de Ileana, María Luisa, Luis Arturo,
Bernardo José, Lilia Francina y Pilar Lucía España Sánchez, en calidad de hijos.
7. Que luego de la muerte de su madre, CREMIL ordenó la extinción de la
prestación mediante Resolución Nro. 10792 del 30 de octubre de 2019, por no existir
más beneficiarios.
8. Adujo que solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional. Petición que fue
negada a través de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Se indicaron como violados los artículos 29 y 209 de la Constitución Política; y
los Decretos 1305 de 1975 y 1211 de 1990.
10. En el concepto de violación manifestó que los actos administrativos
demandados incurrieron en el vicio de falsa motivación y aplicación retroactiva de
un régimen no pertinente al caso, al argumentar que, de conformidad con el Decreto
4433 de 2004, no es viable la sustitución de una asignación que ya había sido
sustituida.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
11. El 16 de noviembre de 2021 fue admitida la demanda1. La entidad se opuso a
las pretensiones, bajo el argumento de que luego de que la demandante cumpliera
24 años y no acreditara que tenía alguna incapacidad física o psíquica que le
impidiera procurarse sus propios medios de subsistencia, se extinguió la prestación
que le fue reconocida, con ocasión del fallecimiento de su padre, mediante
Resolución Nro. 1865 del 29 de octubre de 1986.
12. Que, además, se probó que María Luisa España Sánchez cotizó a
COLPENSIONES y a COLFONDOS, por lo que se concluía que dejó de depender
económicamente del militar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y
40 del Decreto 4433 de 2004.
13. Propuso las excepciones de caducidad y prescripción2.
1 Véase el archivo «006-ADMITE DEMANDA» del expediente digital.
2 Véase el archivo «014_ContestaciónDDACajadeRetiro» del expediente digital.
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14. El 17 de mayo de 2023 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y
se decretaron las pruebas. El 30 de octubre de 2025 se dictó sentencia que fue
apelada en el plazo oportuno por la parte demandada3.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
15. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del treinta (30) de
octubre de dos mil veinticinco (2025), accedió parcialmente a las pretensiones.
Expuso que como el régimen aplicable es el Decreto 1305 de 1975, vigente al 4 de
marzo de 1977 ─fecha del deceso del causante─, la hija beneficiaria accedía a la
sustitución de la asignación de retiro cuando acreditara dependencia económica,
presupuesto que prevalece sobre cualquier referencia a la edad y cuyo examen
debe ser real y actual. Que la demandante adquirió el título originario de beneficiaria
en 1977, pero que su disfrute quedó diferido por la concurrencia de la cónyuge
supérstite y se reactivó con la extinción del derecho de esta el 24 de septiembre de
2019, al comprobarse la subsistencia de la dependencia económica y ausentarse
prueba idónea de autosuficiencia.
16. Señaló que los actos demandados desconocieron la lógica de transmisibilidad
y acrecimiento del régimen especial, fundándose en referencias normativas ajenas
y en indicios que no acreditan la independencia económica.
17. Que tampoco era de recibo el argumento de la entidad en el que sostuvo que
no era viable reconocer la sustitución de la sustitución, en la medida que la
accionante pretende que se dé eficacia continuada a la titularidad de beneficiaria
que se le dio en 1977, cuyo goce permaneció diferido ante la existencia de la
cónyuge supérstite del causante, quien percibió la asignación hasta la fecha en que
falleció.
18. Declaró la nulidad de las Resoluciones Nro. 11691 del 11 de diciembre de 2019
y 4447 del 3 de abril de 2020. A título de restablecimiento del derecho, ordenó que
se reconozca y pague la sustitución de la asignación de retiro a partir del 25 de
septiembre de 2019 ─día siguiente al fallecimiento de la señora Lilia Sánchez de
España─, junto con las mesadas causadas desde esa fecha y las que se generen
en adelante, dando aplicación a las actualizaciones e incrementos que
correspondan conforme con el régimen especial vigente y las reglas generales
sobre actualización de condenas.
19. Finalmente, estimó que la conducta procesal de la entidad persistió en errores
normativos y probatorios determinantes, lo cual justificaba la condena en costas en
esa instancia4.
RECURSO DE APELACIÓN
20. La parte demandada manifestó que la extinción del derecho al que se hizo
referencia en los actos demandados se sustenta en los artículos 188 y 252 del
3 Véase el archivo «020_ Acta audiencia inicial» del expediente digital.
4 Véase a índice 40 de SAMAI del Tribunal.
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Decreto 1211 de 1990. Que la ley exige que la accionante, para acceder a la
sustitución pensional, debe presentar invalidez absoluta y dependencia económica.
21. Que los beneficiarios no pueden ser indefinidos, porque ello representaría una
obligación que indirectamente asumiría el Estado sin que este recibiera,
correlativamente, una mayor contribución para el financiamiento de sus gastos e
inversiones, en abierta oposición a los principios de racionalización del gasto
público.
22. Que las obligaciones de los padres respecto de los hijos solo van hasta cuando
estos cumplan la mayoría de edad, salvo la existencia de impedimentos psicofísicos
que les impida atender su propia subsistencia. Señaló que en 1986 extinguió el
reconocimiento pensional a la demandante, en vista de que superaba ampliamente
la edad de cobertura de la prestación porque, para esa fecha, contaba con 36 años,
gozaba de independencia económica y no presentaba ningún tipo de incapacidad
que le impidiera atender su propia subsistencia, ya que se probó que cotizó a
COLPENSIONES y a COLFONDOS.
23. Manifestó que no puede entenderse que las hijas célibes adquieren un derecho
a perpetuidad, en virtud de su estado civil, ya que el beneficio prestacional surgió
porque existía una estrecha relación entre el celibato y la dependencia económica,
presupuestos que debían cumplirse para asegurar la continuidad del
reconocimiento. Sin embargo, si esos requisitos faltan, necesariamente debe cesar
el pago de la cuota parte que le hubiera sido reconocida dentro de la pensión de
beneficiarios del militar.
24. Que la demandante no logró probar la existencia de una dependencia
económica real y actual respecto del militar fallecido y que el juez de primera
instancia solo se basó en el testimonio rendido por el hermano de la demandante,
Luis Arturo España Sánchez, el cual no encuentra respaldo en ninguna otra prueba,
además de que fue tachado en la audiencia de pruebas, frente a lo que no hubo
pronunciamiento.
25. Respecto a la condena en costas, sostuvo que su defensa se orientó bajo la
convicción de que contaba con suficiente respaldo legal, razón por la que aportó
pruebas y se apoyó en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento
favorable a sus intereses, por lo que era improcedente la imposición de esa
condena5.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
26. El 3 de marzo de 2026 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriado, el expediente pasaría a despacho para dictar sentencia6.
27. Las partes guardaron silencio y el agente del Ministerio Público no emitió
concepto.
5 Véase a índice 46 de SAMAI del Tribunal.
6 Véase a índice 4 de SAMAI.
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Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
28. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si la señora María Luisa España
Sánchez tiene derecho a percibir la sustitución pensional, con ocasión del
fallecimiento del señor Luis Arturo España Riascos, quien fue su padre.
Marco normativo aplicable a la sustitución pensional del personal de oficiales
y suboficiales de las fuerzas militares
29. En vigencia de la Constitución Política de 1886, el Congreso de la República
expidió la Ley 24 de 1974, por medio de la cual se otorgaron facultades
extraordinarias al presidente para fijar las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos de la Administración
nacional, así como el régimen de sus prestaciones sociales. Con base en ello se
expidió el Decreto 1305 de 1975 ─norma vigente al momento en que falleció el
causante─, la cual disponía:
«Artículo 1º A la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional en goce de asignación de retiro, pensión militar o policial,
sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en los Decretos 2337 y
2338 de 1971, tendrán derecho a una pensión mensual pagadera por el tesoro
público o por las Cajas de Retiro de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
respectivamente, equivalente a la totalidad de la presentación que venía
devengando el causante.
[…]
Artículo 17. A partir de la vigencia del presente decreto, las pensiones que se
otorguen por fallecimiento de un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional y agentes en servicio activo o en goce de asignación de retiro
o pensión militar o policial, se extinguirán para la viuda si contrae nuevas
nupcias y para los hijos por: muerte, emancipación, matrimonio, profesión
religiosa, independencia económica, haber llegado a la edad de 21 años salvo
a las hijas célibes, los hijos inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad
de 24 años, cuando hayan dependido económicamente del Oficial, Suboficial o
Agente.
La extinción se irá decretando a partir de la fecha del hecho que la motiva y por
la cuota parte correspondiente.
La porción de la madre acrecerá con la de los hijos y la de éstos con la de la
madre. En los demás casos no habrá derecho a acrecimiento.
[…]
Artículo 19. Para efectos del presente decreto se entiende por hija célibe
aquella que nunca ha contraído matrimonio».
30. Luego, se profirió el Decreto 1211 de 1990 que, en sus artículos 250 y 252,
reprodujo la anterior disposición, en cuanto al reconocimiento pensional del que
podía favorecerse la hija célibe. Sin embargo, a través de la Sentencia C-588 de
1992, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las expresiones «célibes»
y «permanezcan en estado de celibato» tras estimar que si bien podían instituirse
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normas objetivas de aplicación común a los destinatarios de las leyes, las
diferencias que se introduzcan deben inspirarse en la realización del propósito
constitucional de la igualdad real ─artículo 13 Superior─ o en el desarrollo de los
postulados de la justicia distributiva. Así decidió la Corte:
«[…] La otra condición exigida por el artículo impugnado, que se refiere al
estado de soltería como requisito "sine qua non" para que la hija de un oficial o
suboficial tenga derecho a percibir los beneficios en él previstos, […], riñe
abiertamente con el principio de igualdad, ya que mediante aquella se está
consagrando un diverso trato para las hijas de los militares en cuestión, con
base en el único criterio del estado civil.
Toda persona, en ejercicio de su libertad, debe poder optar sin coacciones y de
manera ajena a estímulos establecidos por el legislador, entre contraer
matrimonio o permanecer en la soltería.
Para la Corte Constitucional no cabe duda de que en esta materia el precepto
impugnado sí discrimina, pues consagra un privilegio de la mujer soltera sobre
la casada y de la unión de hecho sobre el matrimonio; más aún, se le reconocen
los beneficios a condición de nunca haberlo contraído.
Esto representa una flagrante violación de lo dispuesto en el artículo 13 de la
Carta e implica el desconocimiento del 16 Ibidem que garantiza a todo individuo
el libre desarrollo de su personalidad.
Existe, entonces, una abierta oposición entre la disposición demandada y el
Estatuto Fundamental, razón que llevará a esta Corte a declarar que son
inexequibles las expresiones mediante las cuales se establece la injustificada
discriminación»7.
Resolución del caso concreto
31. La señora María Luisa España Sánchez es hija de quien en vida se identificó
como Luis Arturo España Riascos y Lilia Sánchez de España, según el registro civil
de nacimiento con indicativo serial Nro. 555614408.
32. Mediante Resolución Nro. 071 del 5 de abril de 1956, CREMIL le reconoció al
señor España Riascos una asignación mensual de retiro, a partir del 27 de enero de
1956, tras haber servido a la institución por más de 25 años y ocupar el grado de
teniente coronel9.
33. El señor España Riascos falleció el 4 de marzo de 1977, motivo por el que, por
medio de la Resolución Nro. 0311 del 14 de abril de 1977, se reconoció la sustitución
pensional a la señora Lilia Sánchez de España, en calidad de cónyuge; y a Ileana,
María Luisa, Luis Arturo, Bernardo José, Lilia Francina y Pilar Lucía España
Sánchez, en calidad de hijos.
34. A través de la Resolución Nro. 0364 del 24 de abril de 1980, CREMIL declaró
que a partir del 10 de agosto de 1979 se extinguió la cuota parte que le correspondió
a Ileana España Sánchez, por haber contraído nupcias, y que esa cuota acrecía a
la que percibía la señora Lilia Sánchez de España10; y mediante Resolución Nro.
7 Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
8
Véase a folio 43 PDF del archivo «004- EXPEDIENTE JUZGADO», del expediente digital.
9 Véase a folios 21-22 PDF, ibid.
10 Véase a folios 23-24 PDF, ibid.
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0435 del 19 de junio de 1981, la demandada declaró que a partir del 9 de agosto de
1980 se extinguió la cuota parte que le correspondió a Lilia Francina España
Sánchez, por haber contraído nupcias, y que esa cuota acrecía a la que percibía la
señora Lilia Sánchez de España11.
35. Luego, en la Resolución Nro. 1057 de 1986, se extinguió la cuota parte que le
correspondió a Luis Arturo, Bernardo José y Pilar Lucía a partir del 30 de julio de
1984, 15 de noviembre de 1985 y 18 de noviembre de 1985, respectivamente; razón
por la que acrecía a favor de los demás beneficiarios, esto es, Lilia Sánchez de
España y María Luisa España Sánchez12.
36. A través de la Resolución Nro. 1865 del 29 de octubre de 1996, CREMIL
extinguió la cuota parte que le correspondió a María Luisa España Sánchez a partir
del 23 de septiembre de 1996, por no haber acreditado la continuidad de su
derecho13.
37. La señora Lilia Sánchez de España falleció el 24 de septiembre de 2019, según
el registro civil de defunción con indicativo serial Nro. 4789504 14; por lo que
mediante Resolución Nro. 10792 del 30 de octubre de 2019, la demandada extinguió
la cuota parte que le correspondía, por haber fallecido15.
38. Por medio de la Resolución Nro. 11691 del 11 de diciembre de 2019, CREMIL
negó el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro a la
demandante16; decisión que se confirmó a través de la Resolución Nro. 4447 del 3
de abril de 202017.
39. El 27 de junio de 2023, se practicó el testimonio del señor Luis Arturo España
Sánchez, hermano de la demandante, quien indicó que ella siempre vivió con la
mamá; que laboró un tiempo en Davivienda y en un centro comercial, pero después
quedó desempleada; que tras la situación de salud de su madre, María Luisa asumió
su cuidado; que los recursos económicos con los que se sostenía su hermana
provenían de la mesada que, a su vez, percibía su madre; que una vez falleció la
mamá, ha sido él quien le ha proporcionado apoyo económico.
40. También sostuvo que su hermana no contrajo matrimonio y que nunca consolidó
una unión marital de hecho; que no percibe ningún tipo de ingreso económico; que
no tiene reconocida ninguna pensión porque, pese a haber cotizado, no alcanzó a
consolidar una pensión de vejez, por lo que le dieron la devolución de saldos con la
que, a lo sumo, se sostuvo por 6 meses; que su hermana laboró, esporádicamente,
entre los años 1980 y 1990, pero que a inicios de 2000 fue que dejó de trabajar.
Finalmente, señaló que su hermana no presenta ningún tipo de discapacidad 18.
11 Véase a folios 25-26 PDF, ibid.
12 Véase a folios 27-29 PDF, ibid.
13 Véase a folios 30-32 PDF, ibid.
14 Véase a folio 45 PDF, ibid.
15 Véase a folios 33-35 PDF, ibid.
16 Véase a folios 49-54 PDF, ibid.
17 Véase a folios 55-60 PDF, ibid.
18 Véase a índice 33 de SAMAI del Tribunal.
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41. Visto lo que antecede, se pone de presente que, al existir un pronunciamiento
previo, con ocasión de la acción pública de inconstitucionalidad que se presentó en
contra del artículo 250 del Decreto 1211 de 1990, resulta claro que el efecto de esa
decisión abarca todas las situaciones posibles, ya que sus efectos son erga omnes
y la decisión judicial que se asumió en dicha oportunidad hizo tránsito a cosa
juzgada constitucional. Así las cosas, al existir un pronunciamiento judicial de
carácter abstracto y concreto y con efectos erga omnes, cualquier providencia
judicial debe moderarse a la luz de la sentencia de control abstracto que se haya
dictado.
42. Ahora, en consideración a que la condición de discriminación por razón del
celibato ya no hace parte del ordenamiento jurídico, deberá evaluarse si sobre la
demandante recae alguna de las causales de extinción de la prestación, en la
medida que puede interpretarse que estas operan, de no existir o configurarse,
como condiciones habilitantes para disfrutar el reconocimiento prestacional.
43. Al respecto, del acervo probatorio se advierte que la demandante no ha
fallecido, no contrajo nupcias y no desempeña una profesión religiosa;
circunstancias que, en principio, la harían beneficiaria de la prestación. Sin
embargo, pudo determinarse que como nació el 2 de febrero de 1959, a la fecha,
tiene 67 años.
44. De ese modo, al superar la edad de 21 años a la que alude la norma, es claro
que no está dentro de las condiciones habilitantes para ser beneficiaria de la
prestación económica porque, adicionalmente, se tiene que el testimonio rendido
por Luis Arturo España Sánchez dio cuenta de que ella no posee una situación de
discapacidad y que desplegó su capacidad laboral entre los años 1980 y 2000,
motivo por el cual se concluye que, pese a haber continuado bajo el mismo techo
de su madre, sí se emancipó, porque ha demostrado su capacidad de obrar similar
a la de un adulto, sin requerir de la tutela de otra persona.
45. Ahora, en gracia de discusión, respecto al requisito de la independencia
económica, se tiene que la Sección Segunda de esta corporación ha manifestado
que la dependencia económica se refiere a aquella «[…] situación de subordinación
a que se halla sujeta una persona respecto de otra en relación con su “modus
vivendi”. Relación de dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte
del beneficiado o amparado, una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad
humana pero desprendida de ostentación o suntuosidad alguna»19.
46. En ese orden, con independencia del argumento de la apelante respecto a las
cotizaciones esporádicas que realizó a COLPENSIONES y a COLFONDOS, es
palmario que, a la fecha, la dependencia económica de la señora María Luisa
España Sánchez a la asignación mensual que percibía su padre no se probó por
ningún medio de convicción, máxime si se tiene en cuenta que su labor probatoria
se dirigió, únicamente, a demostrar su condición de «hija célibe», la cual, como ya
se indicó, no es de recibo dentro del ordenamiento jurídico para acceder a una
19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2012. Exp. 0448-12.
C.P. Alfonso Vargas Rincón.
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pensión sustitutiva, cuya carga onerosa y vitalicia debe tener una justificación clara
y evidente para que su titularidad sea trasladada a un tercero.
47. Además, no puede pasarse por alto el hecho de que a la demandante le
extinguieron en el año 1996 la prestación que una vez se le reconoció y, que hubiera
permanecido en inactividad frente a esa situación por el término de 23 años,
aproximadamente, es un indicio que le permite inferir a la Sala que dicha prestación
no le era vital ni necesaria para subsistir dignamente.
48. Finalmente, debido a que se revocará la sentencia de primera instancia, esto
implica que también queda sin sustento la condena en costas impuesta a la parte
demandada; por ello, no es necesario pronunciarse sobre este aspecto de la
apelación.
De la condena en costas en ambas instancias
49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto ante la prosperidad de la apelación de la demandada
se revocará el fallo impugnado y, por tanto, la decisión proferida de negar las
pretensiones es contraria a los intereses de la primera, lo que implica que ha
resultado vencida en juicio. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la
misma norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Tolima.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00130-01 (0539-2026)
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el treinta (30) de octubre de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones
expuestas. En su lugar, se NIEGAN las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandante, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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