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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2021-00158-01

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2021-00158-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 15 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control para, en su lugar: SEGUNDO: DECLARAR la caducidad de las pretensiones respecto de las condiciones de insalubridad que impiden una vivienda digna, una vida digna y un ambiente sano en la finca “La Cabaña”, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: SIN COSTAS. CUARTO: En firme esta providencia DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo del Tolima, para que continúe con el trámite del proceso en la etapa que corresponda.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-33-000-2021-00158-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Radicación: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: RENALDO CORTÉS PEÑA Y OTROS
Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y OTROS

Tema: DAÑOS CAUSADOS A FAMILIAS DESPLAZADAS –
CADUCIDAD del medio de control respecto de las pretensiones
por el daño consistente en la carencia de condiciones de
salubridad de la finca “La Cabaña” - SENTENCIA ANTICIPADA
– Si en segunda instancia se advierte que el presupuesto
procesal por el que se profirió fallo anticipado no se encuentra
acreditado, debe devolverse el proceso al Tribunal para que
continúe su trámite – no se configuró caducidad respecto de la
afectación económica alegada por los demandantes derivada
de la omisión en la entrega de ayudas para la implementación
de proyectos productivos. No se condena en costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia del 15 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En la demanda se narra que, en fecha indeterminada, los demandantes fueron
víctimas de desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado.
Posteriormente, mediante Resolución No. 01369 del 10 de junio de 2011, el
INCODER les adjudicó un subsidio integral para la compra de tierras y para el
desarrollo del proyecto productivo de “caña panelera – guanábana asociado con
maíz para siete familias en situación de desplazamiento”. En virtud de lo anterior,
mediante escritura pública No. 2927 del 10 de octubre de 2011, otorgada ante la
Notaría Tercera de Ibagué, adquirieron el predio conocido como finca “La

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Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

Cabaña”, con matrícula inmobiliaria No. 350-41177, ubicado en la vereda La Flor
del corregimiento de San Bernardo del municipio de Ibagué, para su uso como
vivienda y la implementación del referido proyecto agrícola.

El grupo demandante aduce que, en diversas ocasiones y en fechas
indeterminadas, ha solicitado a las entidades demandadas el reconocimiento de la
ayuda para el desarrollo de su proyecto productivo, sin que dichas solicitudes
hayan prosperado. Así mismo, señalan que en la finca “La Cabaña” carecen de
condiciones mínimas de salubridad, pues no cuentan con agua potable, servicios
sanitarios básicos ni un sistema de manejo de aguas residuales, lo cual afecta sus
derechos a una vivienda digna, a la vida digna y a un ambiente sano.

El grupo accionante considera que la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el Fondo de Adaptación, el Departamento Nacional de Planeación, el
municipio de Ibagué y la Unidad para las Víctimas son administrativamente
responsables de los daños y perjuicios causados por la ausencia de una vivienda
digna, vida digna y un ambiente sano derivado de la carencia de condiciones
mínimas de salubridad para los demandantes y demás población desplazada
residente en la finca “La Cabaña”, toda vez que no cuentan con agua potable,
servicios sanitarios básicos ni un sistema de manejo de aguas residuales y; por la
afectación económica derivada de la omisión en la entrega de la ayuda requerida
para la implementación de su proyecto productivo.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 22 de abril de 20211 Reinaldo Cortés Peña, Amparo Criollo Mosquera, Hilda
Jael Ospina Castillo, Alfonso Fernández, Gloria Lilia Bolaños Soler y María
Lindaria Peña de Cortés, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de
control de reparación de perjuicios causados a un grupo, presentaron demanda en
contra de la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo de

1 Archivos 003, 004 y 014, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.

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Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

Adaptación, el Departamento Nacional de Planeación, el municipio de Ibagué y la
Unidad para las Víctimas, con el fin de que se las declare administrativamente
responsables por la carencia de condiciones de salubridad necesarias para
garantizar una vivienda digna, una vida digna y un ambiente sano, y por la
afectación económica derivada de la omisión en la entrega de la ayuda para la
implementación de un proyecto productivo.

Las pretensiones de condena formuladas en el escrito de la demanda fueron las
siguientes:

El extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagar, a título
de perjuicios materiales -sin especificar el concepto-, la suma de $272’557.800
para cada accionante. Asimismo, solicita el reconocimiento de $90’852.600 para
cada actor por concepto de perjuicios morales y la misma suma por “daño
fisiológico o vida de relación”.

En apoyo de las pretensiones, el grupo demandante afirma que, en fecha
indeterminada, los demandantes fueron víctimas de desplazamiento forzado por
causa del conflicto armado.

Señala que, mediante Resolución No. 01369 del 10 de junio de 2011, el
INCODER les adjudicó un subsidio integral para la compra de tierras y para el
desarrollo del proyecto productivo de “caña panelera – guanábana asociado con
maíz para siete familias en situación de desplazamiento”.

Indica que, con el otorgamiento del anterior subsidio, mediante escritura pública
No. 2927 del 10 de octubre de 2011, otorgada ante la Notaría Tercera de Ibagué,
adquirieron el predio conocido como finca “La Cabaña”, con matrícula inmobiliaria
No. 350-41177, ubicado en la vereda La Flor del corregimiento de San Bernardo
del municipio de Ibagué, para su uso como vivienda y la implementación del
referido proyecto agrícola.

Manifiesta que en diversas ocasiones y en fechas indeterminadas, ha solicitado a
las entidades demandadas el reconocimiento de la ayuda para el desarrollo de su

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Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

proyecto productivo, sin que dichas solicitudes hayan prosperado. Así mismo,
asegura que carecen de ingresos económicos y de proyectos productivos, así
como el acompañamiento estatal que garantice su subsistencia.

Sostiene que, en la finca “La Cabaña”, carecen de condiciones mínimas de
salubridad, pues no cuentan con agua potable, servicios sanitarios básicos ni un
sistema de manejo de aguas residuales, lo cual afecta sus derechos a una
vivienda digna, a la vida digna y a un ambiente sano.

El grupo accionante considera que la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el Fondo de Adaptación, el Departamento Nacional de Planeación, el
municipio de Ibagué y la Unidad para las Víctimas son administrativamente
responsables de los daños y perjuicios causados la ausencia de una vivienda
digna, vida digna y un ambiente sano derivado de la carencia de condiciones
mínimas de salubridad para los demandantes y demás población desplazada
residente en la finca “La Cabaña”, toda vez que no cuentan con agua potable,
servicios sanitarios básicos ni un sistema de manejo de aguas residuales y; por la
afectación económica derivada de la omisión en la entrega de la ayuda requerida
para la implementación de su proyecto productivo.

2. Contestación

El 25 de mayo de 20222, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda
y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Unidad para las Víctimas3 se opuso a las pretensiones de la demanda y
señaló que, en lo que respecta a sus competencias, entregó la ayuda humanitaria
correspondiente a cada uno de los demandantes, quienes se encuentran incluidos
en el Registro Único de Víctimas. Consideró que el grupo accionante se equivocó
al identificar los hechos generadores del daño y al formular la imputación, pues del
relato y la enunciación de los hechos y pretensiones se advierte que estos no

2 Índice 13 Samai Tribunal.
3 Índice 21 Samai Tribunal.

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Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

provienen de la falta de indemnización administrativa por el desplazamiento
forzado, la cual difiere de la reparación judicial que exige la determinación exacta
del agente causante del perjuicio, la identificación del daño y el correspondiente
ejercicio de imputación. Finalmente, propuso las excepciones de “improcedencia
de acción de grupo – carencia de pluralidad del grupo”, “ausencia de prueba de la
calidad de desplazados de los accionantes”, “ausencia de responsabilidad de la
Unidad para las Víctimas”, “hecho de un tercero”, “inexistencia probatoria de los
perjuicios invocados”, y “cumplimiento de obligaciones normativas a cargo de la
Unidad para las Víctimas”.

2.2. El Fondo de Adaptación4 también se opuso a las pretensiones de la demanda
y señaló que fue creado única y exclusivamente para atender la crisis generada
por el fenómeno de “La Niña” en los años 2010 - 2011 y no para solucionar
problemáticas derivadas del desplazamiento forzado ni situaciones internas de los
municipios relacionadas con temas de reubicación y ayudas humanitarias. Agregó
que, aunque adelanta el “Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de
viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de
alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del Fenómeno de La
Niña 2010-2011”, este programa se circunscribe únicamente a las viviendas
reportadas con destrucción total en el Registro Único elaborado por el DANE y
administrado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD;
por tanto, el Fondo no participó en la reubicación de los demandantes en la finca
“La Cabaña”.

Por último. formuló las excepciones de “caducidad de la acción”, “falta de
legitimación material por pasiva del Fondo de Adaptación”, “inepta demanda”,
“inexistencia de daño antijurídico imputable al Fondo de Adaptación a título de falla
del servicio”, “ausencia de responsabilidad del Fondo de Adaptación” y la
genérica.

4 Índice 22 Samai Tribunal.

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Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

2.3. La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio5 sostuvo que no es el
ente encargado de otorgar, coordinar, asignar y/o rechazar los subsidios de
vivienda de interés social, pues estas funciones corresponden al Fondo Nacional
de Vivienda -FONVIVIENDA-, entidad con personería jurídica, patrimonio propio y
total autonomía presupuestal y financiera. Manifestó que la Ley 1448 de 2011
creó un programa de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado a cargo de diversas entidades, entre las cuales no se encuentra
dicho Ministerio. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por
pasiva” y “el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no ha causado ningún
daño que deba ser reparado a través de la presente acción”.

2.4. El municipio de Ibagué6 señaló que las afirmaciones contenidas en la
demanda carecían de soporte en hechos o situaciones concretas y que no se
aportó prueba alguna del pretendido daño. Consideró que no le correspondía
atender las pretensiones, máxime cuando dicho ente territorial suministró las
ayudas humanitarias procedentes de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448
del 2011, conforme lo informó mediante memorando No. 2120-033689 del 23 de
junio del 2022 la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, dependencia
encargada de su entrega en cumplimiento del artículo 112 del Decreto 4800 de
2011. Formuló las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“ausencia de nexo causal” e “inexistencia de título jurídico de imputación”.

2.5. El Departamento Nacional de Planeación7 afirmó que no era la entidad
competente para ejecutar programas, proyectos o subsidios para la población
desplazada por la violencia, por tanto, no era responsable de los presuntos daños
y perjuicios causados a la parte actora. Propuso las excepciones de “caducidad”,
“falta de legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia de responsabilidad del
Departamento Nacional de Planeación DNP en relación con los presuntos daños
ocasionados a los demandantes” y la genérica.

2.6. El Ministerio Público guardó silencio.

5 Índice 23 Samai Tribunal.
6 Índice 24 Samai Tribunal.
7 Índice 25 Samai Tribunal.

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Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 23 de septiembre de 20228 el Tribunal a quo advirtió la configuración de la
excepción de caducidad, por lo que consideró procedente correr traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto,
respectivamente, con el fin de dictar sentencia anticipada en los términos del
numeral 3º del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley
2080 de 2021.

3.1. La parte demandante9, el municipio de Ibagué10, la Nación – Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio11, el Fondo de Adaptación12, el Departamento
Nacional de Planeación13 y la Unidad para las Víctimas14 reiteraron los
argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en las contestaciones a esta,
respectivamente.

3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia anticipada del 15 de junio de 202315, el Tribunal Administrativo
del Tolima declaró probada la excepción de caducidad del medio de control, al
constatar que, frente al hecho dañoso relativo a las condiciones de salubridad de
la finca “La Cabaña”, este fue conocido por las familias afectadas desde el mismo
momento en que les fue entregado el inmueble el 10 de octubre de 2011; y que,
en lo relativo a la afectación económica derivada de la omisión en la entrega de la
ayuda para la implementación del proyecto productivo, los demandantes tenían
conocimiento de ello desde el año 2012, pese a lo cual presentaron la demanda
solo hasta el año 2021.

8 Índice 37 Samai Tribunal.
9 Índice 42 Samai Tribunal.
10 Índice 43 Samai Tribunal.
11 Índice 44 Samai Tribunal.
12 Índice 45 Samai Tribunal.
13 Índice 46 Samai Tribunal.
14 Índice 47 Samai Tribunal.
15 Índice 50 Samai Tribunal.

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Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

En efecto, el a quo indicó que “[…] advierte la Sala, con relación al hecho dañoso
relativo a las condiciones de salubridad de las que presuntamente carece el grupo
demandante en el predio La Cabaña – Fracción San Bernardo Ibagué, que las
mismas fueron conocidas por las familias afectadas desde el mismo momento en
que les fue entregado el inmueble, lo cual tuvo lugar, según quedó consignado en
la escritura pública que formalizó la compraventa, el 10 de octubre de 2011. […]
De esta forma, es patente que el hecho dañoso fue plenamente conocido por los
actores en el mes de octubre de 2011, de manera que los dos (2) años con que
contaban para iniciar el presente medio de control en búsqueda de la
indemnización por los perjuicios sufridos venció en el mismo mes del año 2013, no
obstante, la demanda se radicó sólo hasta el 22 de abril de 2021, cuando
indudablemente había operado el fenómeno jurídico de la caducidad. De otra
parte, en lo relativo a la omisión de entrega de las ayudas para la implementación
de proyectos productivos, según se evidencia de la Resolución No. 01369 del 10
de junio de 2011, la adjudicación del subsidio integral para la compra del
multicitado predio La Cabaña tenía aparejado un apoyo económico para caña
panelera y guanábana asociado con maíz para las siete familias en situación de
desplazamiento por valor de $48.515.101, con el fin de generar un nivel de
ingresos mensuales, en condiciones de viabilidad técnica, económica y social que
garanticen su competitividad, equidad y sostenibilidad., suma que sería entregada
por el INCODER a los beneficiarios de manera concomitante. […] Estos dineros
según el dicho del actor, no han sido entregados y esa omisión les ha impedido
generar sus propios recursos económicos y con ello mejorar su calidad de vida.
[…] Esta situación era de pleno conocimiento de los demandantes quienes
inclusive elevaron sendas solicitudes en el año 2012 a diferentes entidades
estatales en tal sentido, sin lograr su cometido, motivo por el cual para el momento
en que se presentó la demanda (2021), es evidente que frente a este hecho
dañoso también había operado el fenómeno jurídico de la caducidad […]”.

Finalmente, el Tribunal a quo no condenó en costas a la parte demandante.

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Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

5. Recurso de apelación

El 28 de junio de 202316, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 27 de julio de 202317 y admitido el 26 de septiembre de
202318.

5.1. El extremo activo19 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, con
fundamento en que no se configuró la caducidad por tratarse de un daño
continuado, dado que se alega la negligencia de las entidades demandadas en la
entrega de ayudas a las víctimas del grupo accionante. Señaló que la Corte
Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la
sentencia T-025 de 2004, en tanto la ayuda humanitaria constituye el mínimo
prestacional que el Estado debe garantizar de manera imperativa y urgente por su
estrecha conexión con la preservación de la vida en circunstancias elementales de
dignidad; y que la población víctima del delito de desplazamiento forzado tiene
derecho a que el Estado le garantice dicha ayuda de manera diligente y sin
menoscabar sus derechos.

Se advierte que la parte apelante no cuestionó ni manifestó inconformidad alguna
respecto de la caducidad declarada en relación con el daño relativo a las
condiciones de salubridad de la finca “La Cabaña”.

6. Trámite en segunda instancia

Comoquiera que no se solicitaron pruebas, ni se decretaron en el término de
ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 247, numeral 5º de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado para alegar de
conclusión.

16 Índice 55 Samai Tribunal.
17 Índice 58 Samai Tribunal.
18 Índice 3 Samai.
19 Fl. 868 a 876, Cuaderno Consejo de Estado.

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Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

En esta etapa el Departamento Nacional de Planeación20 intervino para reiterar su
conformidad con la decisión de primera instancia y añadió que los demandantes
no acreditaron hechos o situaciones que les hubieran impedido materialmente
ejercer el derecho de acción desde el momento en que tuvieron conocimiento de
la presunta omisión en la entrega de los proyectos productivos a los que se
refieren en la demanda, por lo cual no resulta aplicable la excepción prevista en la
jurisprudencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado.

Asimismo, la Unidad para las Víctimas21 reiteró los argumentos de la contestación
de la demanda.

Finalmente, la parte actora allegó escritos22 reiterando los argumentos de la
primera instancia y del recurso de apelación.

Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.

III. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa – normatividad aplicable

Mediante auto de unificación del 6 de agosto de 202023, la Sala Plena de la Sección
Tercera dispuso que la integración normativa de la pretensión de reparación de
perjuicios causados a un grupo debe realizarse con la Ley 1437 de 2011 24, y en
consecuencia, la remisión prevista en el artículo 6825 de la Ley 472 de 199826 solo
resulta viable en aquellos eventos en los cuales no existan normas contenidas en el
CPACA que regulen de manera expresa la materia y que tengan relación con el

20 Índice 11 Samai.
21 Índice 12 Samai.
22 Índice 14 Samai.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 6 de
agosto de 2020, Rad. 64778.
24 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.
25 Artículo 68. Aspectos no regulados. “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del

presente título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
26 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el

ejercicio de acciones populares y de grupo, y se dictan otras disposiciones.

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Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

medio de control específico.

Al efecto, comoquiera que el 22 de abril de 202127, los demandantes ejercieron el
derecho de acción bajo la pretensión de reparación de perjuicios causados a un
grupo, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la
Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme y pacífica
de esta Corporación, dicho estatuto modificó la referida disposición – Ley 472 de
1998 - en lo atinente a las normas que regulan la pretensión, caducidad y
competencia28.

2. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 15 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control, en virtud de lo establecido en los artículos 5029 de
la Ley 472 de 1998 y, 15030 y 152.1631 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin la reforma introducida por la
Ley 2080 de 2021.

Asimismo, el conocimiento del presente asunto corresponde a la Sección Tercera

27 Archivos 003, 004 y 014, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.
28 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

Providencias del 10 de febrero de 2016, Exp. 2015-00934, del 31 de enero de 2013, Exp. 2012-
00034, del 18 de mayo de 2017, Exp. 2016-00131, del 18 de julio de 2017, Exp. 2013-00583, del 2
de julio de 2021, Exp. 2018-00153 y del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211.
29 “Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los

procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de los demás procesos que se susciten con
ocasión del ejercicio de las acciones de grupo”.
30 “Artículo 150. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se

susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. […]”.
31 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.

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Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.12.1232
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la
Corporación.

3. Medio de control procedente - Condiciones uniformes del grupo respecto
de la causa lesiva cuya reparación se pretende

La acción de grupo se encuentra consagrada en el inciso 2º del artículo 88 de la
Constitución Política, con la finalidad de que un número plural de personas
demanden la reparación de daños ocasionados por una misma acción u omisión
por parte del Estado. En desarrollo de dicha disposición constitucional, la Ley 472
de 1998 reguló dichas acciones y en el artículo 3º las definió como aquellas que
son "interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas".

En consonancia con lo anterior, los artículos 333 y 4634 de la Ley 472 de 1998
establecen los requisitos de procedencia de la acción de grupo. Para el efecto,
prescriben que éstas deberán ser presentadas por un número plural de personas
que no podrá ser inferior a 20, que reúnan condiciones uniformes respecto de una
causa común que generó los perjuicios individuales. Sin embargo, la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha admitido un
número inferior de demandantes, siempre que se señalen los criterios que
permitan identificar la vocación grupal de las pretensiones, es decir, que la causa
del daño haya podido perjudicar al menos a 20 personas. Sobre este punto, la
Corte Constitucional señaló en la sentencia C 116 de 200835:

32 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de

Estado”.
33 "Artículo 3. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un
conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó
perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
34 "Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas
acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones
uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas
personas. (...)"
35 Corte Constitucional sentencia C-116 del 13 de febrero de 2008.

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Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

“[…] Explicó la Corte en la Sentencia C-898 de 2005, acorde con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que la interpretación que debe darse al
inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, es la de que, la
exigencia de que el grupo debe estar integrado al menos por veinte
personas, no puede entenderse como un obstáculo para la presentación
de la demanda, en cuanto no se requiere la concurrencia de todos ellos
para tal acto, toda vez que, de conformidad con el artículo 48 del mismo
ordenamiento, en la acción de grupo el actor o quien actúa como demandante,
representa a las demás personas que hayan sido afectadas por los hechos
lesivos. Por ello, lo que resulta exigible al actor al momento de presentar la
demanda, a la luz del numeral cuarto (4°) del artículo 52 del mismo
ordenamiento, es el deber de señalar en ella la identidad de por lo menos
veinte de los miembros del grupo afectado o, en todo caso, señalar los
criterios que permitan su identificación por parte del juez. Sobre este
particular, la Corte sostuvo en el referido fallo:

‘Así mismo que en relación con el número mínimo de 20 personas, el Consejo
de Estado, luego de dicha decisión de constitucionalidad ha precisado que el
número mínimo aludido no puede entenderse tampoco como una limitante
para la presentación de la demanda pues no es indispensable la concurrencia
de todos ellos al momento de dicha presentación, toda vez que, de
conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de
1998, ‘[e]n la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante,
representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente
por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados
ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder’. El Consejo de
Estado ha advertido que si bien la acción puede ser interpuesta por una
persona esta debe actuar en relación con el daño causado a un grupo no
inferior de 20 personas y que la demanda debe, en todo caso establecer
los criterios que permitan la identificación del grupo afectado.’

De esta manera, en la Sentencia C-898 de 2005, la Corte concretó el alcance
de la exigencia contenida en el inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472
de 1998, en el sentido de precisar que no se requiere conformar un grupo
para demandar en acción de grupo, pues cualquier persona puede
instaurarla en nombre y representación del colectivo afectado con el
mismo daño, debiendo sí proporcionar en la demanda el nombre de por
lo menos veinte de los integrantes del mismo grupo, o en su defecto,
señalar los criterios para identificarlos y definirlos[…]”36. (Se resalta)

A su turno, el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, reguló el medio de control de los perjuicios causados
a un grupo, en los siguientes términos:

36 Esta postura ha sido acogida por el Consejo de Estado, entre otras más, en las siguientes
providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del
10 de febrero de 2005, Exp. 2001 – 00213 -01 y, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Subsección C, sentencias del 9 de diciembre de 2025, Rad.
67211 y del 23 de febrero de 2026, Rad. 69319.

14

Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

“[…] Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de
personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les
originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de
indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados
por la norma especial que regula la materia (...)”

Sobre la exigencia referente al número de integrantes del grupo, la Corte
Constitucional37 sostuvo que ello no puede entenderse como un obstáculo para
presentar la demanda, toda vez que no se requiere que las 20 personas acudan
ante el juez, sino que quien actúa señale la identidad de los demás integrantes o,
al menos, indique los criterios que permitan su identificación por parte del juez.

Ahora bien, en lo relativo a la exigencia de que existan condiciones uniformes
respecto de una causa común contenida en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de
1998 ya citados, la Corte Constitucional ha señalado que dicho requisito exige al
juez analizar dicha causa común desde una perspectiva jurídica más que fáctica y
verificar la existencia de una relación de identidad entre los diversos hechos
lesivos que pueden generar un daño común al interés del grupo 38. Así, para el
tribunal constitucional, "[…] una exigencia de uniformidad estricta desde el punto
de vista fáctico, que confundiera la idea de causa jurídica común con la existencia
de un solo hecho que ocasiona el perjuicio, haría fracasar la protección del interés
de grupo por la vía del resarcimiento de los perjuicios individuales sufridos por sus
miembros, pues una tal uniformidad es excepcional, desde una perspectiva
puramente fáctica".

Incluso, de tiempo atrás39, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado
que la noción de unidad de causa no hace alusión a la existencia de un solo hecho
a partir del cual se puede estructurar el daño, sino de la unidad que pueda
predicarse de la conducta o conductas imputables al extremo pasivo de la
pretensión resarcitoria al indicar que “[…] La unidad de causa tiene un
entendimiento distinto, pues la ley no la predica desde el punto de vista numérico
de los hechos constitutivos de la causa, sino de la unicidad de causa en la
37 Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2005.
38 Sentencia C-569 de 2004.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de

junio de 2004, exp. 23001-23-31-000-1999-00116-02.

15

Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

alegación del daño, así el hecho causal dañino sea uno o múltiple; lo que se exige
es que la causa dañina para todos los actores provenga de la misma conducta o
de las mismas conductas, de un demandado o de varios demandados,
concurrentemente o, independientemente en cuanto a la imputabilidad del daño.
Se reitera entonces que la causa puede provenir de una o varias conductas (de
acción o de omisión) y mantiene unicidad respecto de las personas afectadas
cuando ellas predican la ocurrencia del daño sufrido, y por igual, a esas causas
[…]”40.

En este orden de ideas, la Sección Tercera de la Corporación sostuvo que para
que el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – antes
acción de grupo - sea procedente, debe verificarse la posibilidad de que la misma
admita una decisión unitaria de la controversia, lo que exige la existencia de
aspectos de hecho o de derecho que sean comunes entre los miembros del
grupo41. Ello no significa que las situaciones particulares de los integrantes del
grupo sean idénticas, sino que exista un común denominador que se extienda a
todos ellos y que se derive del hecho lesivo del demandado.

Con todo, en una reciente decisión de la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación se concluyó que el grupo está debidamente constituido "si el
conjunto de personas que hacen parte del mismo tienen condiciones uniformes
respecto del hecho generador del daño y no de los demás elementos que
conforman la responsabilidad; por ende, si bien la causa generadora debe ser la
misma para todos los integrantes del grupo, el daño causado y las reparaciones
concretas a favor de cada uno de ellos pueden ser disímiles"42. De esta manera, le
corresponderá al juez en cada caso valorar la existencia de una causa común que,
al ser compartida por todos los miembros del grupo, permita su resolución en una

40 Ibidem.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2007, radicado: 25000-23-25-
000-2002-00025-02. Postura reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia del
10 de junio de 2021, exp. 76001-23-31-000-2002-04584-02(AG)REV-SU.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 12 de julio de 2019, radicación:
66001-23-31-000-2017-00654-01(AG).

16

Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

misma providencia43.

Pues bien, en el caso concreto, se plantea como causa común generadora del
daño la ausencia de una vivienda digna, vida digna y un ambiente sano derivado
de la carencia de condiciones de salubridad para los demandantes y demás
población desplazada residente en la finca “La Cabaña”, ubicada en la vereda La
Flor del corregimiento de San Bernardo del municipio de Ibagué, pues no cuentan
con agua potable, servicios sanitarios básicos ni un sistema de manejo de aguas
residuales. Además, han padecido una afectación económica derivada de la
omisión de las entidades demandadas en la entrega de la ayuda para la
implementación del proyecto productivo, por parte de las demandadas.

En cuanto a las condiciones uniformes, si bien la demanda no discrimina la
afectación individual de cada miembro del grupo ni las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que cada demandante vio afectados sus derechos a una vivienda
digna, a la vida digna y a un ambiente sano, ni la afectación económica sufrida, se
observa que la circunstancia uniforme, desde el punto de vista jurídico, consiste en
que, en su calidad de población desplazada estarían sometidos a condiciones de
insalubridad en la finca “La Cabaña”, ubicada en zona rural de Ibagué, y a una
afectación económica derivada de la omisión de las entidades demandadas en la
entrega de ayuda para la implementación del proyecto productivo.

En ese orden, para acreditar el requisito de condiciones uniformes frente a la
causa común del daño, obra en el proceso el oficio del 23 de junio de 202244
suscrito por el secretario municipal de Desarrollo Social Comunitario de Ibagué,

43 Sobre este punto, es pertinente señalar que la ley colombiana carece de cualquier dispositivo
que incorpore argumentos pragmáticos o casuísticos, como los que caracterizan las denominadas
class actions en el derecho norteamericano, reguladas por la Regla No. 23 - Rule 23 – de las
Federal Rules of Civil Procedure. A diferencia de ese sistema, en Colombia no existe referencia
alguna a lo que un sector de la doctrina ha denominado el litisconsorcio pragmático, criterio que en
el modelo estadounidense permite al juez evaluar con amplitud la procedencia de la acción grupal.
Por el contrario, la norma colombiana – Ley 472 de 1998 – define el contenido de la acción a partir
de su pretensión, que requiere una naturaleza indemnizatoria y, condiciona su procedencia a la
existencia de un daño sufrido por un grupo determinado de personas. No existe, pues, un catálogo
fáctico – casuístico en Colombia que permita al juez aplicar criterios amplios de calificación o
certificación de la acción. GUAYACÁN ORTÍZ, Juan Carlos. Las acciones populares y de grupo
frente a las acciones colectivas. Elementos para la integración del derecho latinoamericano.
Universidad Externado de Colombia 2015.
44 Índice 24 Samai Tribunal.

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Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

según el cual los demandantes Reinaldo Cortés Peña, Amparo Criollo Mosquera,
Hilda Jael Ospina Castillo, Alfonso Fernández, Gloria Lilia Bolaños Soler y María
Lindaria Peña de Cortés fueron inscritos en el Registro Único de Víctimas entre los
años 2005 y 2009 por hechos de desplazamiento forzado. Así mismo, se allegó
información del aplicativo “VIVANTO”, suministrada por la Unidad para las
Víctimas45 que corrobora lo anterior.

Igualmente, obra en el expediente que, en fecha indeterminada de enero de 2010,
los demandantes, junto con otras personas, manifestaron bajo la gravedad de
juramento que se encontraban en proceso de compra del predio conocido como
finca “La Cabaña” identificado con matrícula inmobiliaria No. 350-41177, ubicado
en la vereda La Flor del corregimiento de San Bernardo del municipio de Ibagué,
como consta en la copia del documento de la referida fecha suscrito por los
demandantes.46

También se allegó la Resolución No. 01369 del 10 de junio de 2011 47, mediante la
cual el entonces INCODER adjudicó un subsidio integral para la compra en común
y proindiviso del predio conocido como finca “La Cabaña”, identificado con
matrícula inmobiliaria No. 350-41177, ubicado en la vereda La Flor del
corregimiento de San Bernardo del municipio de Ibagué, a favor de los
demandantes Reinaldo Cortés Peña, Amparo Criollo Mosquera, Hilda Jael Ospina
Castillo, Alfonso Fernández, Gloria Lilia Bolaños Soler, María Lindaria Peña de
Cortés con sus familias y otras personas más, como beneficiarios de reforma
agraria, para la implementación del proyecto productivo de “caña panelera –
guanábana asociado con maíz para siete familias en situación de
desplazamiento”. El valor del subsidio fue de $238’515.101, de los cuales
$190’000.000 correspondían al precio de adquisición de la finca “La Cabaña” y
$48’515.101 al apoyo para la implementación del referido proyecto productivo.

45 Índices 21 Samai Tribunal.
46 Páginas 40 a 43 del Archivo “005 Anexos 01”, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.
47 Archivo 014, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.

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Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

Asimismo, Consta que mediante escritura pública No. 2927 del 10 de octubre de
201148 otorgada ante la Notaría Tercera de Ibagué, los demandantes Reinaldo
Cortés Peña, Amparo Criollo Mosquera, Hilda Jael Ospina Castillo, Alfonso
Fernández, Gloria Lilia Bolaños Soler, María Lindaria Peña de Cortés y otras
personas adquirieron, a título de compraventa con subsidio integral otorgado por el
INCODER, la finca “La Cabaña” identificada con matrícula inmobiliaria No. 350-
41177, ubicada en la vereda La Flor del corregimiento de San Bernardo del
municipio de Ibagué.

A ello se suma que, mediante escritos del 2 de octubre de 2012 49, los
demandantes solicitaron al personero municipal, al secretario municipal de
Bienestar Social y al alcalde de Ibagué que practicaran una visita técnica a la finca
“La Cabaña” ubicada en la vereda La Flor del corregimiento de San Bernardo de
dicho municipio, por cuanto habitaban en una enramada dentro del predio que se
encontraba en mal estado y con amenaza de derrumbe. Igualmente, solicitaron
ayuda para desarrollar su proyecto productivo.

De este breve recuento se evidencia que, en efecto, los demandantes son
víctimas de desplazamiento forzado por causa de la violencia, que residen en la
finca “La Cabaña” ubicada en la vereda La Flor del corregimiento de San Bernardo
del municipio de Ibagué y que han puesto en conocimiento de las autoridades las
condiciones en las que viven en dicho lugar, solicitando la ayuda correspondiente
para el desarrollo de su proyecto productivo.

En ese contexto, y una vez valorados los documentos allegados al proceso, se
evidencia que en el presente asunto actúan como demandantes Reinaldo Cortés
Peña, Amparo Criollo Mosquera, Hilda Jael Ospina Castillo, Alfonso Fernández,
Gloria Lilia Bolaños Soler y María Lindaria Peña de Cortés, en su condición de
personas víctimas de desplazamiento forzado, propietarios y residentes de la finca
“La Cabaña”, ubicada en la vereda La Flor del corregimiento de San Bernardo del
municipio de Ibagué. Estas tienen vocación para integrar el grupo demandante, en

48 Páginas 16 a 18 y 21 a 42 del Archivo “006 Anexos 02”, expediente electrónico, índice 20 Samai

Tribunal.
49 Páginas 10 a 14 del Archivo “007 Anexos 03”, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.

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Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

la medida en que se acreditó la existencia de condiciones uniformes respecto de la
causa común generadora del daño, materializada en las condiciones de
insalubridad que impiden una vivienda digna, una vida digna y un ambiente sano
en la finca “La Cabaña”, y en la afectación económica derivada de la omisión de
las entidades demandadas en la entrega de la ayuda para la implementación del
proyecto productivo.

En consecuencia, el grupo está conformado por los demandantes en su condición
de personas víctimas de desplazamiento forzado, propietarios y residentes de la
finca “La Cabaña”, quienes aducen uniformemente haber sufrido perjuicios
derivados de las condiciones de insalubridad que impiden una vivienda digna, una
vida digna y un ambiente sano en dicho predio, y por la afectación económica
derivada de la omisión de las entidades demandadas en la entrega de la ayuda
para la implementación del proyecto productivo. Lo anterior satisface los requisitos
legales exigidos para la procedencia del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.

4. Vigencia del medio de control

Dado que las entidades demandadas alegaron la caducidad del medio de control y
que la sentencia de primera instancia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta
necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un
presupuesto procesal50.

50 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un
carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad
para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al
verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo
expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y
como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de
parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin
requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.:
51252.

20

Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general51, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción52, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

51 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
52 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos

21

Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto. Sin embargo, en el
anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, como especie de sanción ipso
iure53 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del
aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o
protección de la justicia54, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo
concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de
accionar.

El literal h) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que, el medio de
control de reparación de perjuicios causados a un grupo deberá presentarse
dentro del término de dos (2) años, contados a partir de “la fecha en que se causó
el daño”.

53 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
54 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.

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Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

Se observa que en la demanda se alegan dos daños: i) La carencia de agua
potable, servicios sanitarios básicos y un sistema de manejo de aguas residuales
que afectan los derechos a una vivienda digna, vida digna y un ambiente sano, de
los demandantes y demás residentes en la finca “La Cabaña” y; ii) la afectación
económica derivada de la omisión de las entidades demandadas en la entrega de
la ayuda para la implementación del proyecto productivo de los demandantes.

Siendo así, la Sala se ocupará de cada uno de ellos, a fin de verificar si se
configuró la caducidad del medio de control.

4.1. Sobre la caducidad respecto del daño consistente en las condiciones de
insalubridad que impiden una vivienda digna, una vida digna y un ambiente
sano en la finca “La Cabaña”

Sobre el particular, como antes se advirtió, consta que, en enero de 201055, los
hoy demandantes se encontraban en proceso de compra del predio conocido
como finca “La Cabaña”, identificado con matrícula inmobiliaria No. 350-41177,
ubicado en la vereda La Flor del corregimiento de San Bernardo del municipio de
Ibagué y que, mediante Resolución No. 01369 del 10 de junio de 2011 56, el
entonces INCODER adjudicó un subsidio integral para la compra en común y
proindiviso del referido predio a favor de los accionantes y de otras personas, de
ahí que, mediante escritura pública No. 2927 del 10 de octubre de 201157,
otorgada ante la Notaría Tercera de Ibagué, adquirieron, a título de compraventa
dicho predio, con el subsidio integral que el entonces INCODER les adjudicó, en
la citada Resolución.

Asimismo, se allegaron al proceso los escritos del 2 de octubre de 201258
suscritos por los hoy demandantes, en los que solicitaron al personero municipal,
al secretario municipal de Bienestar Social y al alcalde de Ibagué que practicaran
una visita técnica a la finca “La Cabaña” ubicada en la vereda La Flor del

55 Páginas 40 a 43 del Archivo “005 Anexos 01”, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.
56 Archivo 014, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.
57 Páginas 16 a 18 y 21 a 42 del Archivo “006 Anexos 02”, expediente electrónico, índice 20 Samai

Tribunal.
58 Páginas 10 a 14 del Archivo “007 Anexos 03”, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.

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Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

corregimiento de San Bernardo de dicho municipio, por cuanto habitaban en una
enramada dentro del predio que se encontraba en mal estado y con amenaza de
derrumbe.

Igualmente, en atención a dichas peticiones, obra el oficio del 19 de octubre de
201259, en el que la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué – Oficina de
Prevención y Atención de Desastres le informó a la demandante Hilda Jael
Ospina Castillo, que realizaría una visita técnica a la finca “La Cabaña” la última
semana de ese mes, a fin de verificar la situación y determinar las acciones
correspondientes.

También se allegó copia del escrito del 26 de noviembre de 2012 60, mediante el
cual los demandantes solicitaron a la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué, en
su condición de propietarios y residentes de la finca “La Cabaña”, el suministro de
mercados y tejas, dada su condición de población desplazada.

Asimismo, consta que el 20 de marzo de 201561, el secretario de planeación
municipal de Ibagué certificó que la finca “La Cabaña”, identificada con matrícula
inmobiliaria No. 350-41177, se encontraba ubicada en suelo rural y en zona de
amenaza media por remoción de masa, por lo tanto, las construcciones que se
realizaran en el predio debían mitigar la amenaza.

Del anterior recuento se concluye que, para el año 2010 cuando los demandantes
se encontraban en proceso de compra de la finca “La Cabaña”, pudieron
percatarse de si esta cumplía con las condiciones de salubridad necesarias para
garantizar una vivienda digna, una vida digna y un ambiente sano; lo mismo
ocurrió en el año 2011, cuando adquirieron el predio a título de compraventa.

Con todo, el 2 de octubre de 2012 los actores manifestaron a varias autoridades
municipales que vivían bajo una enramada en la finca “La Cabaña”, la cual se
encontraba en mal estado y con amenaza de derrumbe, de ahí que solicitaron una

59 Página 9 del Archivo “007 Anexos 03”, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.
60 Página 8 del Archivo “007 Anexos 03”, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.
61 Página 44 del Archivo “007 Anexos 03”, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.

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Radicado: 73001233300020210015801 (70343)
Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

visita técnica a fin de que se verificara su situación.

Finalmente, consta que el 20 de marzo de 2015, el secretario de planeación
municipal de Ibagué certificó que la finca “La Cabaña” se encontraba en zona de
amenaza media por remoción de masa, razón por la cual las construcciones que
se realizaran en ella debían mitigar dicha amenaza.

Por tanto, se tiene que, al menos desde el año 2012, los demandantes tenían
conocimiento de las condiciones en que vivían en la finca “La Cabaña”,
circunstancia que manifestaron a las autoridades al solicitar su ayuda. Además, al
menos desde el año 2015, conocieron de una circunstancia específica que
condicionaba la construcción de vivienda en dicho lugar, cuando el secretario de
planeación municipal de Ibagué certificó que el predio se encontraba en zona de
amenaza media por remoción de masa.

No obstante, lo anterior, los demandantes incoaron el presente medio de control
el 22 de abril de 202162, esto es, cuando el término legal para ejercer el derecho
de acción había fenecido.

Como consecuencia, se confirmará la decisión del a quo en cuanto declaró la
caducidad del medio de control por la pretensión de los demandantes derivada de
la carencia de condiciones de salubridad necesarias para una vivienda digna, vida
digna y un ambiente sano en la finca “La Cabaña”.

A ello se suma que, en su recurso de apelación, la parte actora no manifestó
desacuerdo alguno con esta decisión, en cambio, insistió en que no se configuró
la caducidad al tratarse de un daño continuado, puesto que se alegaba la
negligencia de las entidades demandadas en la entrega de ayudas a las víctimas
del grupo accionante, aspecto que se analizará a continuación.

62 Archivos 003, 004 y 014, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.

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Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

4.2. Sobre la caducidad respecto del daño consistente en la afectación
económica derivada de la omisión en la entrega de la ayuda para la
implementación del proyecto productivo de los demandantes

Al respecto, se observa que mediante Resolución No. 01369 del 10 de junio de
2011, el entonces INCODER adjudicó un subsidio integral para la compra en
común y proindiviso del predio conocido como finca “La Cabaña”, identificado con
matrícula inmobiliaria No. 350-41177, a favor de los demandantes y otras
personas más. El valor del subsidio fue de $238’515.101, de los cuales
$190’000.000 correspondían al precio de adquisición de la finca “La Cabaña” y
$48’515.101 al apoyo para la implementación del proyecto productivo de “caña
panelera – guanábana asociado con maíz para siete familias en situación de
desplazamiento”, este último valor sería recibido por cada beneficiario como
recurso propio. De ello da cuenta copia de la referida resolución de la cual se
destaca lo siguiente:63

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Adjudicar el Subsidio Integral para la Compra de
Tierras, a favor del (los) beneficiario (s) y su (s) cónyuge (s) o compañero (s)
permanente (s) relacionados a continuación, como familia (s) beneficiaria (s) de
reforma agraria, para la adquisición del derecho de dominio, en común y pro
indiviso, sobre el (los) predio (s) rural (es) descrito (s) a continuación, y para apoyar
el proyecto productivo denominado ‘Adquisición del predio la cabaña localizado en
la vereda la flor del municipio de Ibagué para la implementación del proyecto
productivo caña panelera- guanábana asociado con maíz para siete familias en
situación de desplazamiento’. […] ARTÍCULO SEGUNDO. El valor total del subsidio
otorgado corresponde la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO UN PESOS M/CTE ($238.515.101), de los
cuales CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (S190.000.000)
corresponden al valor destinado para comprar el predio identificado en el artículo
anterior y CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO
UN PESOS M/CTE (48’515.101) para apoyar el proyecto productivo denominado
‘Adquisición del predio la cabaña localizado en la vereda La Flor del corregimiento
de San Bernardo del municipio de Ibagué para la implementación del proyecto
productivo caña panelera guanábana asociado con maíz para siete familias en
situación de desplazamiento’. Dicha suma será entregada por el INCODER al (os)
beneficiario (s) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2000 de 2009 y en el
contrato de operación y funcionamiento que las partes suscribirán. […] ARTICULO
CUARTO. Los recursos correspondientes al subsidio para el proyecto
productivo serán recibidos por cada beneficiario como propios, sin embargo,
tendrán la obligación de destinarlos exclusivamente a la ejecución del
proyecto que hubiere sido declarado elegible en desarrollo de la Convocatoria
Pública SIT-01-2010. Por virtud de la firma del contrato de operación y

63 Archivo 014, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.

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Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

funcionamiento con el INCODER, el (os) beneficiario (s) acepta (n) las condiciones
de utilización de los recursos del subsidio, según la oportunidad, cuantía y
condiciones que en él se señalen y con sujeción a lo dispuesto en la Ley 160 de
1994, el Decreto 2000 de 2009 y en el presente acto administrativo. […]”. (Se
destaca).

Consta en este proceso que, el 11 de mayo de 201264, la demandante Hilda Jael
Ospina Castillo solicitó al director territorial Tolima del entonces INCODER la
entrega efectiva del subsidio integral para el proyecto productivo, reconocido en la
Resolución No. 01369 del 10 de junio de 2011, por la suma de $48.515.101.

Asimismo, obra la respuesta a dicha solicitud, mediante la cual el director territorial
Tolima del entonces INCODER, por oficio del 24 de mayo de 201265, le informó a
la señora Ospina Castillo que la Subgerencia de Gestión y Desarrollo Productivo
de esa entidad adelantaba las actividades necesarias para preparar y formalizar el
contrato de operación y funcionamiento derivado de la Resolución No. 01369 del
10 de junio de 2011 y que, una vez suscrita la minuta por el secretario general de
esa entidad, “nos comunicaremos con ustedes para proceder a recoger sus firmas
y continuar con el trámite de desembolso de dicho subsidio”.

Ante la ausencia de respuesta, el 2 de octubre de 201266, la demandante Hilda
Jael Ospina Castillo reiteró su solicitud, en esta ocasión a la directora nacional del
INCODER, para que se le entregaran los $48.515.101 reconocidos en la
Resolución No. 01369 del 10 de junio de 2011, a fin de implementar el proyecto
productivo aprobado en dicha Resolución.

No obstante, no obra prueba alguna en el expediente de que se hubiera efectuado
el desembolso reconocido a favor de los demandantes en la Resolución No. 01369
del 10 de junio de 2011 para la implementación del proyecto productivo de “caña
panelera – guanábana asociado con maíz para siete familias en situación de
desplazamiento”, ni de que mediante decisión posterior el subsidio hubiera sido
modificado o revocado, pues lo último que consta es que en el año 2012 el director

64 Página 3 a 5 del Archivo “006 Anexos 02”, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.
65 Página 3 a 5 del Archivo “006 Anexos 02”, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.
66 Página 15 del Archivo “007 Anexos 03”, expediente electrónico, índice 20 Samai Tribunal.

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Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

territorial Tolima del entonces INCODER informó a una de las demandantes que el
desembolso se encontraba en trámite.

En ese orden, le asiste razón a la parte apelante al afirmar que el daño es
continuo, pues no existe evidencia de que el desembolso del subsidio reconocido
a los demandantes hubiera sido entregado ni negado; por ende, el daño persiste y,
en consecuencia, no es posible computar el término de caducidad.

Se advierte que, si bien con la Resolución No. 01369 del 10 de junio de 2011 el
Estado adquirió la obligación de subsidiar la implementación del proyecto
productivo de “caña panelera – guanábana asociado con maíz para siete familias
en situación de desplazamiento” en favor de los demandantes, no se probó que
esta se hubiera cumplido ni negado a los beneficiarios, como tampoco existe
prueba en el proceso de que dicha obligación cesó, más cuando la última
respuesta del entonces INCODER es que el desembolso del subsidio se
encontraba en trámite.

En consecuencia, dado que no existe certeza de que el daño haya cesado y de
que tampoco sea posible establecer un punto de partida cierto para el cómputo del
término de caducidad, la Sala considera que, como lo ha hecho en asuntos
similares67, en aplicación de los principios pro actione y pro damnato68, y para
garantizar el acceso a la administración de justicia, procede el estudio de fondo del
asunto.

Cabe agregar que, si bien en el recurso de apelación la parte demandante hace
referencia al estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte
Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 -para sustentar que la ayuda
humanitaria constituye el mínimo prestacional que el Estado debe garantizar y que
la población en situación de desplazamiento forzado tiene derecho a su
reconocimiento-, es importante precisar que la ayuda humanitaria consagrada en

67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 68949.
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de

octubre de 2016. exp. 39133; Subsección C, sentencia del 23 de septiembre de 2024, exp. 56541.

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la Ley 1448 de 2011 para las víctimas del conflicto armado no es materia u objeto
de este proceso, sino el subsidio integral de tierras reconocido por el INCODER a
los demandantes mediante la Resolución No. 01369 del 10 de junio de 2011, en
el componente de apoyo al proyecto productivo de “caña panelera – guanábana
asociado con maíz para siete familias en situación de desplazamiento”, Por tanto,
la referencia a la ayuda humanitaria contenida en el recurso de apelación excede
la causa petendi y, en consecuencia, no puede ser atendida.

5. Efectos de la revocatoria de la sentencia anticipada

Como antes se anotó, el Tribunal Administrativo del Tolima dictó de forma
anticipada la sentencia del 15 de junio de 2023, con fundamento en el artículo
182A numeral 3º del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de
2021, según el cual se podrá dictar sentencia anticipada “en cualquier estado del
proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la
transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la
prescripción extintiva” (Se destaca).

No obstante, como ya lo ha hecho esta Sala en asuntos similares69 toda vez que
no se confirmará la decisión de caducidad respecto del daño consistente en la
afectación económica derivada de la omisión de entrega de ayuda a los
demandantes para la implementación de su proyecto productivo, en garantía del
derecho al debido proceso y del acceso a la administración de justicia, el
expediente se remitirá al tribunal de primera instancia para que continúe con las
etapas procesales pertinentes, que al momento de dictar el fallo impugnado aún
no se habían surtido.

Se insiste en ello dado que, en términos generales, cuando se ha proferido una
sentencia anticipada porque se configuró alguna de las causales previstas en el

69Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 18 de junio de 2025, exp. 71158 y sentencia del 17 de septiembre de 2025, exp.
67966.

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Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

numeral 3º del artículo 182A del CPACA70, y posteriormente, el juez de segunda
instancia estableció que ello no fue así, procede la devolución al tribunal de origen
siempre y cuando no se haya surtido la etapa probatoria pues, de lo contrario, el
fallador de segunda instancia tiene la obligación de adoptar una decisión de fondo.

Resulta pertinente señalar que aunque el artículo 182A del CPACA71 prevé que el
juez podrá dictar sentencia en cualquier momento cuando se encuentren probadas
alguna de las excepciones antes señaladas, lo cierto es que para el funcionario
judicial que conoce la apelación resulta determinante establecer en cuál de las
etapas procesales se adoptó la decisión anticipada72, pues, a partir de esa
conclusión, es que este puede prever si, en efecto, el debate probatorio fue
zanjado y por ello se le faculta para fallar de fondo.

En el sub judice, dado que el a quo dictó sentencia anticipada sin realizar
audiencia inicial ni pronunciarse respecto de las pruebas aportadas y solicitadas
por las partes, resulta imperativa la devolución del expediente al Tribunal
Administrativo del Tolima, dado que el agotamiento de todas las etapas del
proceso no constituye una mera formalidad pues, aunque la sentencia anticipada
es una herramienta legítima y útil, no puede ser utilizada para pretermitir etapas
fundamentales del proceso. Ello por cuanto el derecho a aportar y pedir pruebas y
el derecho a contradecir las decisiones judiciales son pilares del debido proceso,
de ahí que esta figura procesal no puede convertirse en un atajo para resolver sin
pruebas, ni una excusa para desconocer la función activa del juez en la etapa
inicial.

70 Cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y

prescripción adquisitiva.
71 Al presente negocio le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 472 de 1992 y

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya vigente para la
fecha de la radicación de la demanda – 22 de abril de 2021-, teniendo en cuenta que dicho Código
modificó la Ley 472 en lo atinente a las normas que disciplinaban la pretensión, caducidad y
competencia. Además, en consonancia con lo resuelto el 6 de agosto de 2020 por la Sección
Tercera de la Corporación, “aun cuando el artículo 68 de la Ley 472 de 1998 disponía la aplicación
del CPC – hoy CGP – en lo no regulado, lo cierto era que el CPACA contenía normas que
resultaban directamente aplicables a algunos aspectos referentes a estos medios de control”.
72 1. Antes de la audiencia inicial; 2. Dentro de la audiencia inicial; 3. Previo al traslado para alegar

de conclusión; y 4. Agotadas la totalidad de fases procesales.

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Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

Como antes se indicó, esta decisión no es ajena al criterio de la Subsección, pues
en un asunto reciente se indicó que “en tanto no operó la caducidad de la
pretensión de reparación de perjuicios causados a un grupo y por ello se satisfizo
el presupuesto procesal de vigencia de dicho medio de control, en garantía de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, el expediente debe retornar al tribunal de primera instancia, en orden a
surtir las etapas procesales pertinentes, que al momento de dictar el fallo
impugnado estaban pendientes de tramitarse”.73

Como consecuencia de todo lo antes expuesto, se modificará la decisión de
primera instancia para, en su lugar, declarar la caducidad de las pretensiones
respecto de las condiciones de insalubridad que impiden una vivienda digna, una
vida digna y un ambiente sano en la finca “La Cabaña” y; devolver el expediente al
Tribunal Administrativo del Tolima, para que continúe con el trámite del proceso en
la etapa que corresponda y resuelva de fondo respecto del daño alegado por la
afectación económica derivada de la omisión de las entidades demandadas en la
entrega de la ayuda para la implementación del proyecto productivo.

6. Condena en costas

Se advierte que no se impondrá condena en costas a la parte actora según lo
previsto en el artículo 154 del CGP, dado que a los demandantes se les reconoció
amparo de pobreza, mediante auto del 25 de mayo de 202274.

Asimismo, cabe precisar que se resolvió desfavorablemente el recurso solo de
forma parcial, que no se hizo una confirmación ni revocatoria total de la sentencia
impugnada, como tampoco hubo una prosperidad parcial de la demanda, en los
términos de los numerales 1, 3, 4 y 5 del artículo 365 del CGP, dado que el libelo
aún no se ha resuelto de fondo definitivamente, de ahí que no existe criterio para
emitir condena en costas.

73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 18 de junio de 2025, exp. 71158.
74 Índice 13 Samai Tribunal.

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Demandante: Reinaldo Cortés Peña y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 15 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control para, en su lugar:

SEGUNDO: DECLARAR la caducidad de las pretensiones respecto de las
condiciones de insalubridad que impiden una vivienda digna, una vida digna y un
ambiente sano en la finca “La Cabaña”, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: SIN COSTAS.

CUARTO: En firme esta providencia DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo del Tolima, para que continúe con el trámite del proceso en la etapa
que corresponda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

VF

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