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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00186-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00186-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. - MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia apelada el cual quedará así: “CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, a que reconozca y pague a favor del señor Sandro Iván García Calderón, las correspondientes prestaciones sociales de orden legal devengadas por un instructor, vinculado laboralmente a la planta de la entidad, liquidadas sobre el salario de estos, por el lapso comprendido entre el 16 de febrero hasta el 31 de agosto de 2015. 43 Numero interno: 7454-2023 Demandante: Sandro Iván García Calderón Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Ordenar a SENA el reconocimiento y pago del reajuste salarial, es decir, entre lo percibido por concepto de honorarios y lo devengado por un empleado planta.” SEGUNDO. -MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia apelada el cual quedará así: “DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN sobre las prestaciones causadas con anterioridad al 15 de febrero de 2015, de conformidad con lo esgrimido en la parte motiva de esta providencia.” TERCERO. - REVOCAR el ordinal undécimo y en su lugar, no condenar en costas. CUARTO. - CONFIRMAR en lo demás la sentencia emitida el 18 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Tolima, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda. QUINTO. -Sin condena en costas en esta instancia. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2021-00186-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., Veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 73001-23-33-000-2021-00186-01 (7454-2023)
Demandante : Sandro Iván García Calderón
Demandado : Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Tema : Contrato realidad
Decisión : Resuelve apelación sentencia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del
18 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima1, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

El señor Sandro Iván García Calderón, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del acto administrativo ficto
negativo surgido de la no contestación de la solicitud encaminada al reconocimiento de
la relación laboral existente entre el actor y el SENA.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se: «declare y reconociera la relación
contractual desarrollada […]» y se condene al demandado a pagarle: (i) las prestaciones

sociales como el auxilio de cesantías e intereses, subsidio de alimentación, prima
semestral, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados,
vacaciones y bonificación por recreación; ii) los valores que por cotización debía pagar la
demandada por concepto de la seguridad social en salud, riesgos profesionales y

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Magistrados que conforman la Sala Belisario Beltrán Bastidas, Luis Eduardo Collazos Olaya Y Carlos Arturo Mendieta Rodríguez
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Expediente digital – archivo 004

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Numero interno: 7454-2023
Demandante: Sandro Iván García Calderón
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

pensiones, y que fue pagada por el accionante; iii) retención en la fuente; iv) condenar al
SENA al reconocimiento y pago de los perjuicios morales y costas procesales.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El señor Sandro Iván García Calderón prestó servicios al SENA – Regional Tolima, en el
Centro Agropecuario la Granja, desempeñando el cargo de Instructor, entre los años 2010
hasta el 2015.

Indicó que, suscribió 9 contratos, a través de una cooperativa de trabajo asociado y en
otros directamente con la entidad, para impartir formación titulada y complementaria,
técnica y empresarial en el programa de jóvenes rurales emprendedores en el área de
construcción de guadua y construcciones.

El 1° de junio de 2018, envió a través de la empresa de correspondencia
SERVIENTREGA, la reclamación administrativa al SENA Regional Tolima, sin obtener
respuesta por parte de la entidad de acuerdo con las formalidades de Ley. (Constancia
de entrega de la empresa, fue el 5 de junio de la misma anualidad)

A la fecha de presentación de la demanda, la entidad no había dado respuesta conforme
a la ley, configurándose un acto ficto como consecuencia del silencio administrativo
negativo.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Como normas violadas refiere la Constitución Política: artículos 1, 2, 13, 48, 53; Código
Contencioso Administrativo; Decreto 2400 de 1968; literal g del artículo 2 del Decreto
1426 de 1998; artículos 1 y 2 de la Resolución 1067 del 16 de junio de 2005; el artículo
19 de la Ley 909 de 2004; el artículo 17 de la Ley 790 de 2002; el numeral 29 del artículo
48 de la ley 734 de 2002, artículos 8 y 11 del Decreto Ley 3135 de 1968; artículos 8, 24,
y 25 del Decreto Ley 1045 de 1978; artículo 15 de la Ley 100 de 1993; artículos 1 y 2 de
la Ley 244 de 1995; artículo 4 de la Ley 119 de 1994; artículo 22 del Decreto 1424 de
1998; los artículos 1, 2, 36 y 37 de la Ley 115 de 1994, como el parágrafo del artículo 42
del decreto 2277 de 1979.

La parte demandante reprocha al SENA haber desconocido la verdadera naturaleza de
la relación jurídica existente, al calificarla como de prestación de servicios, pese a tratarse

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Numero interno: 7454-2023
Demandante: Sandro Iván García Calderón
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

de una labor que debía desarrollarse en el marco de una relación legal y reglamentaria
o, en su defecto, mediante un contrato de trabajo.

2. Contestación de la demanda3.

La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que no le
asiste al actor derecho alguno a la declaratoria de nulidad y al restablecimiento del
derecho respecto de un acto ficto, toda vez que la solicitud presentada fue respondida
oportunamente mediante los oficios Nos. 2-2018-004246 del 20 de junio de 2018 y 2-
2018-004558.

Sostuvo que, no hay lugar a acceder a la condena solicitada, por cuanto no existe ni
existió relación laboral alguna con el demandante y lo que realmente se presentó fue la
suscripción de varios contratos de prestación de servicios, celebrados conforme a los
parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, motivo por el cual, no
procede el reconocimiento de los emolumentos reclamados.

Agregó que, el demandante contrató directamente con la Cooperativa Laboorum, entidad
que actuaba como contratista del SENA, y que, en consecuencia, no existió vínculo
laboral entre el actor y la entidad en ese periodo.

Como excepciones propuso las que denominó: i) caducidad del medio de control ii) falta
de requisito de procedibilidad; iii) inexistencia de relación laboral; iv) inexistencia de
subordinación y relación contractual independiente entre las partes; v) buena fe exenta
de culpa; vi) falta de causa para pedir; vii) inexistencia de la obligación por parte del
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA; viii) temeridad y mala fe; y ix) prescripción.

En la audiencia inicial4, mediante providencia del 24 de agosto de 2022, el a-quo declaró
no probada la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, al
considerar que, conforme a lo dispuesto en la Ley 2080 de 2021, la conciliación prejudicial
dejó de ser obligatoria en los asuntos de carácter laboral, convirtiéndose en una exigencia
procesal de carácter facultativo.

3. La sentencia de primera instancia5

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Expediente digital – archivo 016
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Expediente digital - 034
5
Expediente digital – archivo 052

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Demandante: Sandro Iván García Calderón
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

En la sentencia proferida el 18 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (con condena en costas a la
entidad demandada).

En virtud de ello, declaró la relación laboral del periodo comprendido entre el 1 de marzo
y el 17 de diciembre de 2010, a través de tercerización, y por contratos de prestación de
servicios desde el 18 de marzo de 2011 al 31 de agosto de 2015. Reconoció las
prestaciones sociales legales y ordenó pagar: “…a la entidad demandada, a cubrir los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones a favor del señor SANDRO IVAN GARCÍA CALDERÓN, desde
el 01 de marzo de 2010 al 17 de diciembre de 2010 y del 18 de marzo de 2011 al 31 de agosto de 2015,
tomando para estos efectos como ingreso base de cotización (IBC) pensional del accionante los honorarios
pactados en cada uno de los contratos de prestación de servicios, debiéndose descontar los aportes que
hubieren realizado las cooperativas a favor de la demandante, en virtud de la tercerización. Reiterándose,
que de los valores que se pagarán a favor del demandante, deberá descontarse los dineros que hubiese
percibido a su favor, respecto a la seguridad social en pensión, que hubieren efectuado las cooperativas o
sociedades mediante las cuales estuvo vinculado durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de
2010 al 17 de diciembre de 2010. Así mismo, se dispondrá que la actora deberá acreditar que las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, y dado el caso que no
las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar completar, según el caso,
el porcentaje que le correspondía como trabajadora, tal y como se dejó señalado por el H. Consejo de
Estado, en su Sentencia de Unificación, siendo improcedente la devolución de los valores que el contratista
hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal” . Y computó

el tiempo laborado para efectos pensionales. Negó las pretensiones de devolución de los
dineros descontados por pólizas y de la sanción moratoria.

Previo al estudio de fondo del asunto, el a - quo analizó la configuración de la caducidad,
conforme a lo dispuesto en los artículos 138 y 164, numeral 2, literal d), del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Señaló el Tribunal que,
si bien en la contestación de la demanda se afirmó que, la reclamación fue respondida,
en el expediente no obra constancia de dicha actuación. En consecuencia, al no existir
prueba del oficio de respuesta, se entiende que, la entidad guardó silencio,
configurándose un acto ficto negativo, derivado de la petición radicada el 1 de junio de
2018, motivo por el cual no se estructura dicho fenómeno.

Luego de lo expuesto, se concluyó que las funciones desempeñadas por el demandante
no podían ejecutarse de manera autónoma, dado que, debían ajustarse al diseño
curricular previamente entregado por la Coordinación Académica, siguiendo los
parámetros allí establecidos para impartir la formación profesional. El actor cumplía con
una intensidad horaria determinada, impartía formación a un grupo asignado por la misma

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Demandante: Sandro Iván García Calderón
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

coordinación, debía desplazarse a distintos municipios según se le indicara, cargaba la
información correspondiente en el sistema Sofía Plus y utilizaba los recursos y materiales
proporcionados por el SENA. Estas funciones, además, eran realizadas de manera
similar por los instructores de planta, lo cual desvirtúa la naturaleza del contrato de
prestación de servicios, ya que este no puede ser utilizado para encubrir el desarrollo de
actividades misionales propias de la entidad.

Se acreditó, igualmente, que la labor desempeñada por el actor no obedecía a una
necesidad temporal o extraordinaria, sino que respondía a la insuficiencia de instructores
de planta frente al número de aprendices, lo que obligaba a la entidad a vincular nuevos
instructores mediante órdenes de prestación de servicios. Además, dicha vinculación se
mantuvo de manera continua entre los años 2010 y 2015. En consecuencia, se
configuraron los elementos propios de una relación laboral, razón por la cual, en
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, la situación del
demandante amerita especial protección por parte del Estado.

Respecto de la tercerización, se indicó que, el demandante inicialmente fue vinculado
mediante esa modalidad a través de una cooperativa que subcontrató los servicios del
señor Sandro Iván García Calderón. Este tipo de contratación resulta procedente
únicamente cuando no se trate de actividades misionales, permanentes o propias de la
entidad, y cuando las funciones no puedan ser asumidas por el personal de planta o
requieran conocimientos especializados.

Se señaló, además, que existió una interrupción superior a 30 días hábiles entre el 17 de
diciembre de 2010, fecha en que culminó su vinculación mediante la cooperativa, y el 18
de marzo de 2011, lapso que, genera una solución de continuidad de aproximadamente
tres meses, configurándose por ese período el fenómeno de la prescripción.

En relación con el segundo período, comprendido entre el 18 de marzo de 2011 y el 31
de agosto de 2015, se advirtió una aparente interrupción entre el 31 de agosto de 2014 y
el 31 de enero de 2015, por ausencia del contrato correspondiente. No obstante, de las
pruebas allegadas se desprende el registro de actividades ejecutadas en el sistema Sofía
Plus durante el año 2014, observándose registros en los meses de octubre, noviembre y
diciembre en diferentes municipios. Por tanto, se concluye que, no existió solución de
continuidad en dicho periodo y que la relación laboral se mantuvo de manera
ininterrumpida.

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Numero interno: 7454-2023
Demandante: Sandro Iván García Calderón
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

En relación con la tacha formulada por el Ministerio Público y la parte demandante
respecto del testimonio del señor Nilson Andrés Sabogal, por haber estado
presuntamente presente durante la declaración rendida por la señora Myriam Posada
Prada, señaló el Tribunal que el testigo se ausentó de la diligencia con el fin de gestionar
la entrega de su documento de identidad. Por tal razón, en su ausencia, se procedió a
recibir la declaración de la mencionada testigo, presentada por el SENA. En
consecuencia, consideró que la tacha no era procedente, dado que el señor Sabogal
regresó a la diligencia cuando la declaración de la deponente de la parte demandada ya
estaba finalizando. Advierte: “que el testimonio rendido por la señora Posada Prada fue de manera
general, puesto que manifestó que no conocía al demandante y su testimonio se basó sobre el proceso de
contratación de los instructores de forma amplía, mientras que el testimonio del señor Nilson Andrés, fue
precisó como quiera que fue compañero de trabajo del actor, al haberse desempeñado como instructores
contratistas del SENA, en la época de los hechos del sub judice, por lo que su declaración versó
directamente en los hechos planteados en el libelo demandatorio”

4. Los recursos de apelación6.
4.1. Parte demandante

Interpuso recurso de apelación frente a la declaratoria de prescripción, bajo el argumento
que, existió una única relación laboral encubierta desde el año 2010 hasta el 2015.
Sostiene que, los criterios para determinar la existencia de una relación laboral son de
carácter interpretativo y corresponde al juez valorar si se trató de una relación única,
desarrollada a través de contratos sucesivos. En este sentido, considera irrazonable que
una posible irregularidad atribuible a la Administración, representada por el SENA, le
favorezca actualmente mediante la invocación de una supuesta solución de continuidad,
fundada en la interrupción del servicio entre los meses de diciembre y marzo. Afirma que,
dicho periodo corresponde al calendario habitual de la entidad para la planeación y
ejecución presupuestal, así como a los ciclos de formación del SENA y al receso colectivo
de aprendices e instructores.

Agrega que las interrupciones obedecen al calendario académico, al periodo de
vacaciones colectivas de los aprendices y al tiempo requerido por la administración para
adelantar los procesos de contratación estatal y formulación presupuestal. Por estas
razones, solicita que se acceda a las pretensiones formuladas en relación con el periodo

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Folios 285 a 298

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Demandante: Sandro Iván García Calderón
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

comprendido entre el 1.º de marzo y el 17 de diciembre de 2010, dejando sin efecto la
prescripción decretada.

4.2 La parte demandada

La parte demandada presentó recurso de apelación, insistiendo en lo siguiente:

Indicó que, según consta en el registro de entrega de la empresa de mensajería
Servientrega, la petición fue radicada el 5 de junio de 2018. Sin embargo, el Tribunal
erróneamente concluyó que el SENA no respondió dicha solicitud y, en consecuencia,
declaró la existencia de un acto administrativo ficto o presunto, sin tener en cuenta los
oficios radicados bajo los números 7310102-2018-004246 del 20 de junio de 2018
(devuelto) y 7310102-2018-004580 del 28 de junio de 2018 (recibido el 3 de julio de 2018,
guía No. YG196345255CO – Servientrega).

Agregó que, tampoco se agotó el requisito de procedibilidad consistente en la solicitud
de conciliación prejudicial. Si bien el Consejo de Estado ha excluido dicho requisito en
asuntos relacionados con derechos laborales irrenunciables, como las cotizaciones que
inciden directamente en el derecho a obtener una pensión, ello no se aplica a
pretensiones con carácter incierto o discutible, frente a las cuales sí es exigible el
agotamiento de la conciliación como condición previa para acudir a la jurisdicción.

De otro lado, la entidad recurrente afirmó que los actos administrativos proferidos por el
SENA se encuentran amparados por la presunción de legalidad, y que no se acreditaron
los tres elementos esenciales para la configuración de una relación laboral. En cuanto al
testimonio del señor Nilson Andrés Sabogal, recordó que, fue objeto de tacha por parte
del Ministerio Público, por considerar que contravenía lo dispuesto en el artículo 220 del
Código General del Proceso, advirtiendo, además su parcialidad a favor del demandante.
Alegó que dicho testigo no presenció de manera directa la forma, tiempo, lugar o
condiciones en que este último prestó sus servicios, ni compartió con él un espacio físico
donde se impartiera formación o se ejecutara el objeto contractual.

Luego, sostuvo que ninguna de las pruebas aportadas logró demostrar la existencia de
subordinación y dependencia continuada por parte del demandante, ni similitud funcional
entre sus actividades y las desempeñadas por los instructores de planta. Los elementos
probatorios tampoco evidencian su inserción en el círculo directivo o administrativo de la
entidad, y se constatan interrupciones entre los contratos celebrados.

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Demandante: Sandro Iván García Calderón
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Finalmente, apoya sus argumentos, en providencias de Tribunales y de la subsección A
del Consejo de Estado, que concluyen “que no existe una prueba de la que
fehacientemente se pueda inferir que la demandante no tenía la posibilidad de actuar con
independencia”.

Por lo anterior, solicita se revoque la sentencia y se condene en costas al demandado.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 22 de marzo de 20247, el consejero ponente admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo,
por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para
que las partes alegaran de conclusión.

Mediante providencia del veinte (20) de enero de 2025, se negó la solicitud probatoria
formulada por la parte demandada, consistente en las certificaciones de los correos y las
respuestas emitidas por la entidad.

La Sala el profirió el auto de mejor proveer el diecinueve (19) de junio de dos mil
veinticinco (2025), por cuanto, se determinó que es indispensable hacer uso de la facultad
oficiosa para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Por lo tanto, (i)
incorporó al expediente, para su posterior valoración, el oficio 73-1010 No. 2-2018-04246
del 20 de junio de 2018, que fue expedido por el Sena del Tolima y por el cual se resolvió,
supuestamente, la petición formulada por el accionante. Igualmente, y (ii) solicitó a la
empresa de Servicios Postales Nacionales S.A.S.,472, que certificara el estado de la
documentación enviada a través de las guías Nos. YG195783864CO y
YG196345255CO.

Con ocasión a la orden anterior, la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A.S. 4-
72, dio respuesta “en cumplimiento del Auto de fecha, diecinueve (19) de junio del 2025 y el Oficio número 2737
del cuatro (4) de septiembre del 2025, para los fines pertinentes, me permito darle respuesta a su solicitud, la cual reza:
“(…) por secretaría de la sección, a través de oficio, SOLICITAR a Servicios Postales Nacionales S.A.S.,472, que
certifique cual fue el estado de la documentación enviada a través de las guías Nos. YG195783864CO y
YG196345255CO…” Dando respuesta a su solicitud, me permito informar la siguiente numeración (Adjunto prueba de
entrega contenida en dos archivos de formato PDF):

7 SAMAI – índice 004

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Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

YG195783864CO – Devolución a remitente – Desconocido
YG196345255CO – Entregado guía cumplida

II. CONSIDERACIONES

2.2. Competencia.

De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 25 de
Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, es
competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Al haber formulado las
dos partes recurso de apelación la subsección no tiene límites para resolver el asunto

2.3. Problemas jurídicos.

De acuerdo a los argumentos expuestos por las partes, el problema jurídico se contrae
a determinar, lo siguiente:

1. Corresponde establecer si tras haber sido declarada en primera instancia la existencia
de la relación laboral entre las partes, hay lugar o no a declarar el fenómeno jurídico de
la caducidad del medio de control alegada por la entidad demandada como consecuencia
de la notificación acto administrativo expreso contenido en el oficio 73-1010 No. 2-2018-
04246 del 20 de junio de 2018.

2. De concluirse que, el acto no fue debidamente notificado y con ello, se configuró el
silencio administrativo negativo no sometido al término de caducidad acción, se debe
determinar si el A quo realizó una adecuada valoración de las pruebas de los elementos
propios de la relación laboral, en especial de la subordinación y los extremos temporales
de la misma y si acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción; o si, por el contrario no
tiene derecho al reconocimiento de la relación laboral.

2.3.1. Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El derecho constitucional de acceso a la administración de justicia se ha materializado
a través de diversos procesos y jurisdicciones; no obstante, aquel conlleva el deber de
una actuación pronta, razón por la que se han señalado legalmente términos de

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caducidad para racionalizar el ejercicio del derecho de acción, so pena de que las
situaciones adquieran firmeza y no puedan ser ventiladas en vía judicial8.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-832 de 2001, estableció que la
caducidad es:

«(…) una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de
configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la
jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la
necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la
paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino
que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio
de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso.

Esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.

La justificación de la aplicación de la figura de la caducidad en las acciones contencioso
administrativas, tiene como fundamento evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la
eventual anulación de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de
reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya. Así, en esta materia,
se han establecido plazos breves y perentorios para el ejercicio de estas acciones, transcurridos
los cuales el derecho del particular no podrá reclamarse en consideración del interés general.» (sic)

Ahora bien, de conformidad con el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA9, el
término de caducidad para el ejercicio del medio de control nulidad y restablecimiento del
derecho es de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.

La caducidad es pues el plazo perentorio para acudir a la jurisdicción y su incumplimiento
lo presume la ley como la falta de interés del demandante en el impulso del mismo; de
manera que su vencimiento hace que sea imposible intentar la acción.

2.3.2. Del fenómeno de la caducidad en relaciones laborales encubiertas.

Sobre el particular, es importante precisar que, la aplicación del término de caducidad (4
meses) ha sido modulada por la jurisprudencia de esta Sección, especialmente en los
casos en que el demandante alega que la relación contractual encubrió realmente una
relación laboral. En particular, la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-005-16 de 25 de
agosto de 2016 (Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01), proferida por la Sala Plena de

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 24 de marzo de 2011,
C.P., Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Radicado No. 68001-23-15-000-2001-01188-02(1389-10).
9
Art. 164.- La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) d) Cuando se
pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a
partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
disposiciones establecidas en otras disposiciones legales. (…)

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Demandante: Sandro Iván García Calderón
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la Sección Segunda, sentó una regla jurisprudencial fundamental: no todas las
pretensiones derivadas de un contrato realidad están sujetas a caducidad. En dicha
providencia, se reconoció que, si bien los actos administrativos que niegan el
reconocimiento de la relación laboral deben demandarse dentro del término legal, los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en especial los de pensión, no están
sujetos a caducidad, por tener el carácter de prestaciones periódicas e imprescriptibles,
conforme al bloque de constitucionalidad y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional
(especialmente, la Sentencia T-568 de 2011). Así lo indicó la referida providencia:

« Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social
derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están
exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de
acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y
demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de
los respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir
en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral,
prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo.
Consecuentemente, tampoco es exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos
laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a
su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables (condición que prevé el
numeral 1 del artículo 161 del CPACA para requerir tal trámite), en armonía con el principio
constitucional de prevalencia del derecho sustancial.»

Esta línea ha sido reiterada y desarrollada por la Sección Segunda en diversos
pronunciamientos, entre los que se destaca el auto del 19 de julio de 2018 10, el Consejo
de Estado reiteró que la existencia de una relación laboral puede ser alegada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento, y que los aportes pensionales derivados
de dicho vínculo no pueden ser rechazados por caducidad, ya que son imprescriptibles y
de naturaleza periódica. A su vez, en el auto del 9 de julio de 2020 11, se reafirmó que el
cómputo de la caducidad debe hacerse desde la notificación del acto administrativo que
resuelve la reclamación laboral y no desde la terminación del contrato. Además, se
precisó que los aportes a pensiones generados en desarrollo del contrato realidad no
están sometidos a caducidad, dado que se trata de una obligación que compromete el
goce efectivo de un derecho fundamental.

Posteriormente, en el auto del 9 de febrero de 202312, analizó nuevamente el fenómeno
de la caducidad parcial, al señalar que en procesos derivados de la relación laboral
encubierta como consecuencia del vínculo que la realidad demuestra con la entidad

10
Proceso identificado con el rad. 25000-23-42-000-2017-01648-01 (4299-17) CP. Rafael Francisco Suárez Vargas
11
Proceso identificado con el rad. 41001-23-33-000-2017-00476-01 (3916-19) CP. Rafael Francisco Suárez Vargas
12
Proceso identificado con el rad. 66001-23-33-000-2015-00124-01 (4765-2017) CP. Gabriel Valbuena Hernández

12

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estatal, debe diferenciarse entre las pretensiones sujetas a caducidad (como el
reconocimiento de bonificaciones, primas o sanciones moratorias) y aquellas que no lo
están (como los aportes al sistema de seguridad social). En consecuencia, el rechazo
total de la demanda por extemporaneidad solo es procedente si todas las pretensiones
están afectadas por el vencimiento del término legal; de lo contrario, el juez debe
continuar con el estudio de fondo respecto de aquellas que, por su naturaleza, no se ven
afectadas por la caducidad.

De esta manera, la línea jurisprudencial consolidada sostiene que el término de
caducidad de cuatro meses del artículo 164 del CPACA no puede aplicarse a las
pretensiones relacionadas con aportes pensionales derivadas del contrato realidad, por
tratarse de obligaciones imprescriptibles e irrenunciables, protegidas por normas
constitucionales y supranacionales. A su vez, el juez debe aplicar el principio de
caducidad parcial y no rechazar integralmente las demandas que contengan este tipo de
reclamaciones, incluso cuando otras estén afectadas por el vencimiento del término.

Finalmente, ante la existencia de duda sobre el inicio del término de caducidad —por
ejemplo, por falta de claridad en la notificación del acto— debe aplicarse el principio pro
actione, en virtud del cual se favorece el acceso a la administración de justicia y se impide
que formalidades procesales restrinjan la protección de derechos fundamentales, en
particular aquellos derivados de la seguridad social.

2.3.4. Marco normativo y jurisprudencial de la relación laboral encubierta.

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación de
servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar
labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el
elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como
sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

13

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Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones
«no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general relación
laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato
de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de
servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de
la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración
como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la
actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no
existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de
impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de
servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera
que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles
tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia
del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe
entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma
acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso que se
acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por
parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con
respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para
la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de
servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al
contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago
de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino,
más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo ”.

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 13, «[p]or el cual se modifican las
normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:

“Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el
reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona
natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado
posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los
jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas

13
Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.

14

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por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración
Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus
cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos
correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios
para el desempeño de tales funciones”.

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte
Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros
criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente
al tema, expuso:

“La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de
prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la
Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no
sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se
desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una
modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento
para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores
encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados
de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los
principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el
Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración
pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que
ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos”.

De lo anterior se colige que, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo
que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes
y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto
de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación
propia de las relaciones laborales 14.

14
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011,
expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).

15

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De igual manera, la Subsección B de esta sección segunda15 recordó que (i)
la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el
cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii)
le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, esto es, prolongada en el
tiempo, y en algunos casos la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación
con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la
jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios
una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho que se declare la existencia de la
relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue
vinculada bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una
verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público.

En segundo lugar, en lo que respecta a las cooperativas de trabajo asociado, la Ley
79 de 1988, «[p]or la cual se actualiza la legislación cooperativa», en su artículo 80,
preceptúa que las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo
personal de sus socios para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación
de servicios, puesto que son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector
solidario de la economía; su objeto social es el de generar y mantener trabajo para los
asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y
autogobierno. En sus estatutos, según el artículo 5 del Decreto 4588 de 2006, «[p]or el
cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las cooperativas y pre
cooperativas de trabajo asociado», se debe precisar la actividad socioeconómica que
desarrollarán, encaminada al cumplimiento de su naturaleza, en cuanto a la generación
de un trabajo, en los términos que determinan los organismos nacionales e
internacionales sobre la materia.

Este mismo Decreto, en sus artículos 16 y 17, establece la prohibición, por una parte, que
el asociado que sea enviado por la cooperativa o precooperativa de trabajo asociado a
prestar servicios a una persona natural o jurídica, por lo que se considerará trabajador
dependiente de la que se beneficie con su trabajo; y, por la otra, que no podrán actuar
como empresas de intermediación laboral ni disponer del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a un usuario o a terceros beneficiarios, o remitirlos
como trabajadores en misión con el fin que atiendan labores de estos, o permitir que
respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con

16

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los contratantes, y en tal caso, sus directivos serán solidariamente responsables por las
obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.

En este sentido, se pronunció esta Corporación, en sentencia de 27 de abril de 2016 15,
así:

“En la práctica, el trabajo asociado en algunos casos se ha utilizado como instrumento para
escapar a la legislación laboral y así eludir las obligaciones para con los trabajadores
dependientes o subordinados. Por ello, el Legislador consagro la prohibición que las
Cooperativas de Trabajo Asociado actúen como empresas de intermediación laboral,
dispongan del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o
terceros beneficiarios, remitan a los asociados como trabajadores en misión con la finalidad
que atiendan labores propias de un usuario o tercero beneficiario del servicio, o permitan que
respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con
terceros contratantes; y como consecuencia, estableció que el asociado que acuda a estas
prácticas se considerara trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se
beneficie con su trabajo. De tal manera que el tercero contratante, la Cooperativa y sus
directivos serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas generadas a
favor del trabajador asociado16. Sin perjuicio que queden incursas en causal de disolución y
liquidación y que les sea cancelada la personería jurídica”17.

Por su parte, la Corte Constitucional, en fallo T-442 de 13 de julio 201718, reiteró:

“[…] si durante la ejecución del contrato de trabajo asociado, la cooperativa de trabajo
asociado infringe la prohibición consistente en que estas organizaciones solidarias no pueden
actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus asociados
para suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o admitir que respecto de sus
asociados se susciten relaciones de subordinación, se debe dar aplicación la legislación
laboral, y no la legislación civil o comercial porque bajo estas hipótesis confluyen elementos
esenciales que dan lugar a la existencia de un contrato de trabajo simulado por el contrato
cooperativo”19.

Así las cosas, se concluye que se defrauda la finalidad con la que se creó este tipo de
asociaciones cuando, a través del funcionamiento de una cooperativa de trabajo
asociado, se encubre el desarrollo de relaciones de labor dependiente, es decir, cuando
el cooperado presta sus servicios con el propósito de atender funciones propias de un
tercero beneficiario bajo los tres elementos del contrato de trabajo, cuales son: (i)
prestación de un trabajo o una labor en forma personal, (ii) subordinación y (iii)
contraprestación por la función desarrollada.

15
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, fallo de 27 de abril de 2016, expediente
66001-23-31-000-2012-00241-01 (2525-14).
16
«Artículos 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006, que reglamentan la organización y funcionamiento de las cooperativas y pre
cooperativas de trabajo asociado».
17
«Artículo 7° de la Ley 1233 de 2008. Ley por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las contribuciones a la
seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado, con
destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación
Familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones».
18
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
19
«Ver, entre otras, las sentencias: T-286 de 2003, T-445 de 2006, T-504 y 962 de 2008, T-484 de 2013 y T-531 de 2015».

17

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De acuerdo con lo expuesto, se procederá a resolver los problemas jurídicos planteados
por la Sala, así:

2.3.5. ¿Establecer si hay lugar o no a declarar el fenómeno jurídico de la caducidad
del medio de control alegada por la entidad demandada como consecuencia de la
notificación acto administrativo expreso?

Como se dejó establecido en el problema jurídico, en el presente asunto corresponde
determinar, en primer lugar, si se configuró el fenómeno de la caducidad frente al medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Sandro Iván
García Calderón, toda vez que, la entidad demandada expone en su defensa que, el actor
fue notificado del oficio 7310102-2018-004580 del 28 de junio de 2018 (recibido el 3 de
julio de 2018, guía No. YG196345255CO), mediante el cual, “aclara que en ningún momento
existió relación ni vínculo laboral alguno entre el señor Sandro Iván García Calderón y el SENA, puesto que
en ningún momento se configuraron los elementos básicos del contrato realidad.”

Se reitera que, para efectos de establecer si en el presente asunto, la entidad emitió el
acto administrativo expreso por el cual, debate la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala al establecer un punto oscuro de la
controversia, de una parte el demandante asegura la existencia de un acto ficto o
presunto y por su parte la entidad encartada asegura la notificación de un acto que niega
la existencia del contrato realidad y la configuración del fenómeno jurídico alegado.

Por los extremos en discusión, la Sala mediante auto del 19 de junio de 2025, decidió
incorporar al proceso de oficio el oficio 73-1010 No. 2-2018-04246 del 20 de junio de
2018, expedido por el SENA del Tolima y solicitó a la empresa de Servicios Postales
Nacionales S.A.S.,472, que certificara el estado de la documentación enviada a través
de las guías Nos. YG195783864CO y YG196345255CO.

De acuerdo a lo anterior, los medios de prueba anteriormente enunciados, se puede
determinar que, la entidad demandada expidió el oficio 73-1010 No. 2-2018-04246 del 20
de junio de 2018, que dispone:

Doctor
JUAN DIEGO MONDRAGON
Carrera 4 No. 12 - 41 Oficina 901
Edificio Seguros Bolívar
Teléfono 317 7003771

Cali – Valle

Asunto: Su petición, radicado SENA No: 1-

18

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2018-002953 de 05/06/2018

Respetado doctor Mondragón:

Por medio del presente escrito, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política y la
Ley 1755 de 2015, atentamente doy respuesta a su petición de la referencia, atendiendo cada
uno de los puntos solicitados, en el mismo orden que fueron por Usted presentados; conforme a
la información que fuera suministrada por el Centro Agropecuario La Granja de esta Regional:

De los hechos narrados en la petición, se evidencia que el señor Sandro Iván García Calderón
prestó sus servicios en el Centro Agropecuario La Granja de esta Regional a través de la
celebración de contratos estatales regulados por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus
normas reglamentarias, según consta en los expedientes de los contratos de prestación de
servicios y apoyo a la gestión No. 200 y 283 de 2011, 76, 599 y 716 de 2012, 656 y 1215 de
2013, 578 de 2014 y 7238 de 2015.

Por lo anterior se aclara que, en ningún momento existió relación ní vinculó laboral alguno entre
el señor Sandro Iván García Calderón y el SENA, puesto que en ningún momento se configuraron
los elementos básicos del contrato realidad y evidentemente, en este caso concrote, se reitera
al realizar la verificación en los archivos y bases de la entidad, se constató que no se realizó
vinculación contractual distinta a la suscripción de contratos de prestación de servicios.

(…)

Del anterior análisis, se puede concluir que los contratos administrativos de prestación de
servicios suscritos con el señor Sandro Iván García Calderón, no reúnen las condiciones para
considerarse como un empleo público, porque las actividades por él desarrolladas nacen de un
acuerdo de voluntades y no de la Constitución, la Ley o un reglamento. El contratista no es un
empleado público,porque no hay nombramiento previo ni posesión para el establecimiento del
vínculo con la entidad contratante.

En consecuencia, no es viable ni fáctica ni jurídicamente atender favorablemente la petición de
reconocimiento de las prestaciones sociales y demás emolumentos solicitados el señor Sandro
Iván García Calderón, ni al pago de indemnización alguna, puesto que los contratos de prestación
de servicios, tampoco constituyen un contrato de trabajo, por no reunir los elementos esenciales,
especialmente el de la continua dependencia o subordinación, ya que la entidad no está facultada
para exigir obediencia sino únicamente el cumplimiento del objeto contractual, y la remuneración
que recibe el contratista no tiene la calidad de salario, sino es el valor del contrato establecido,
por concepto de honorarios o servicios según sea el caso.

(…)”

En virtud de lo anterior, para la Sala se lográ establecer la existencia de un acto
administrativo expreso, no obstante, la discusión ahora gira si el demandante a través
de su apoderado judicial Juan Diego Mondragon, fue debidamente notificado de este
acto jurídico como manifestación de la voluntad proferido por el SENA de acuerdo a
lo solicitado por el demandante, mediante el cual, niega tanto reconocimiento de la
existencia del contrato realidad y las prestaciones sociales reclamadas o si por el
contrario se configuró el acto ficto o presunto demandado.

19

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Para esta Subsección la notificación de los actos administrativos es un elemento
esencial del derecho fundamental al debido proceso, toda vez que, cuando son
debidamente exteriorizadas al administrado al cual se le puede afectar un derecho
subjetivo, pueda conocerlo y con ello, si lo considera acudir a la jurisdicción para pedir
la nulidad de este y a su vez el restablecimiento de sus derechos, en cual debe de
realizarse en plazos establecidos en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, porque
es lo que hace oponible el acto administrativo.

Ahora bien, en cuanto a las notificaciones de los actos administrativos de carácter
particular y concreto, el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, dispone:

“Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán
personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente
autorizada por el interesado para notificarse.

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del
acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden,
las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.(destaca la
Sala)

En consideración a la norma que precede, se estudiará si el acto administrativo indicado
por la demandada fue debidamente notificado en la dirección señalada por el apoderado
del demandante, quien, al momento de la presentación de la reclamación administrativa
el 1 de junio de 2018, señaló que, recibiría su correspondencia en la calle 11 No. 1-07
oficina 217 Edificio Jorge Garces Borrero de la ciudad de Cali, como se desprenden
de la siguientes medios de prueba documentales que militan en el expediente, así:

Reclamación administrativa presentada por el abogado Juan Diego Mondragón.

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La anterior dirección se corrobora con la constancia de entrega de comunicado judicial,
de la empresa de envíos Servientrega.

21

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Con el anterior análisis, la Sala realizará la confrontación de las direcciones de la
reclamación administrativa y el oficio de la empresa de Servicios Postales Nacionales
S.A.S. 4-72, en esta última que, con oficio del 8 de septiembre de 2025, certificó:

“en cumplimiento del Auto de fecha, diecinueve (19) de junio del 2025 y el Oficio número 2737
del cuatro (4) de septiembre del 2025, para los fines pertinentes, me permito darle respuesta a
su solicitud, la cual reza: “(…) por secretaría de la sección, a través de oficio, SOLICITAR a
Servicios Postales Nacionales S.A.S.,472, que certifique cual fue el estado de la documentación
enviada a través de las guías Nos. YG195783864CO y YG196345255CO…” Dando respuesta a
su solicitud, me permito informar la siguiente numeración (Adjunto prueba de entrega contenida
en dos archivos de formato PDF):

YG195783864CO – Devolución a remitente – Desconocido
YG196345255CO – Entregado guía cumplida

En ese sentido, se tiene que, la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A.S. 4-72,
certifica dos guías de envío en el cual, se determina como remitente el SENA de Ibagué
y destinatario Juan Diego Mondragón, apoderado del señor García Calderón,
registrando la siguiente dirección Carrera 4 No. 12-41 oficina 901 Edificio Seguros
Bolívar.

22

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La anterior guía demuestra que, este envío fue devuelto por remitente desconocido y que
demuestra, que la entidad remitió el oficio a otra dirección diferente a la dispuesta en la
reclamación administrativa, puesto que, el apoderado judicial del demandante, indicó
que recibiría la correspondencia en la calle 11 No. 1-07 oficina 217 Edificio Jorge
Garces Borrero de la ciudad de Cali y la demandada por el contrario la remitió a otra
dirección diferente carrera 4 No. 12-41 oficina 901 Edificio Seguros Bolívar.

Sin constatar la dirección presentada en la reclamación administrativa, la entidad
nuevamente realizó una segunda notificación como respuesta al apoderado judicial del
actor repitiendo la dirección errada carrera 4 No. 12-41 oficina 901 Edificio Seguros
Bolívar, y con esta se acompañó del oficio 73-1010 No. 2-2018-04246 del 20 de junio de
2018, la cual fue debidamente entregada por la oficina postal, como se puede establecer
de los siguientes medios de prueba documental.

23

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La anterior guía de envío fue recibida edificio centro seguros Bolívar el día 3 de julio de
2018 con un respectivo sello, sin firma del responsable a quien se le entregó.

Todo lo anterior, demuestra que, la entidad envió una segunda notificación a otra
dirección dispuesta en la reclamación administrativa y si bien, esta última notificación fue
recibida el 3 de julio de 2018, en el edificio centro de seguros Bolívar, no es de menos
que, la información que se logra extraer de dicha documentación no da certeza que haya
sido recibido efectivamente. En vista de esta situación, la Subsección se remite a lo que
resolvió en un pronunciamiento20 en donde analizó unos hechos similares a los aquí
estudiados, esto con fin de aplicar por esta Sala la protección al derecho fundamental de
la igualdad y la seguridad jurídica de las decisiones proferidas con anterioridad por esta
Corporación, que se destaca:

20
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024), radicado: 18001-23-40-004-2017-
00277-02 4875-2023), demandante: Blanca Nubia Cunacue Noreña, demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

24

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“La anterior decisión fue apelada por el apoderado de la parte actora. El 20 de septiembre
de 2019, con ponencia del consejero conductor de entonces21, resolvió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante, así:

“Así las cosas, revisada la actuación administrativa, encuentra la Sala que las respuestas
contenidas en los oficios 2-2015- 001636 y 2-2016-004307 fueron entregadas en la
recepción del Edificio Seguros Bolívar de Cali, el 22 de mayo de 2015 y 14 de junio de
2016, respectivamente, sin que de ello se pueda inferir que fueron encaminadas a la oficina
del apoderado de la actora y notificadas en debida forma (…)

DISPONE

1. Revocar el auto de 24 de julio de 2018, proferido en audiencia inicial por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, que decretó de oficio la excepción de inepta demanda; en su
lugar declarar no probado dicho medio exceptivo conforme a la parte motiva.”
Por lo que, se sostiene que no se acreditó que la entidad accionada SENA hubiese dado
respuesta en debida forma a las peticiones incoadas por la demandante, y debido a ello,
se debe partir de la estructuración de los actos fictos presuntos, como se verá a
continuación.”

En ese sentido, para la Sala se entiende configurado el silencio administrativo negativo
sobre la petición relevante enviada del 1 de junio de 2018 y por tal razón no hay lugar a
dar por acreditada la caducidad pedida.

Además, destaca la Sala que está demostrado un desorden administrativo de la entidad
demandada por realizar la notificación a una dirección diferente a la indicada en la
reclamación administrativa, y el total desconocimiento de los procedimientos
administrativos de las notificaciones subsidiarias, cuando, no es efectiva la notificación
personal, como lo prevé el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, que regula notificación por
aviso e incluso, la publicación en la página electrónica de la entidad.

Todo lo anterior, conllevó a que, el actor presentara el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandado un acto administrativo ficto sin ser oponible el
acto administrativo que la entidad trae en su defensa con la excepción de caducidad,
cuando, se encuentra debidamente acreditado en el expediente el silencio administrativo
demandado, por lo expuesto, la alegada excepción no tiene vocación de prosperidad.

2.3.6. Determinar si el A quo realizó una adecuada valoración de las pruebas de los
elementos propios de la relación laboral, en especial de la subordinación y los
extremos temporales de la misma y si acaeció el fenómeno jurídico de la
prescripción; o si, por el contrario, no tiene derecho al reconocimiento de la
relación laboral.

21
Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.

25

Numero interno: 7454-2023
Demandante: Sandro Iván García Calderón
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Para efectos de introducirnos al segundo problema jurídico sobre la valoración de los
medios de prueba, la Sala encuentra los siguientes hechos probados:

i) El señor Sandro Iván García Calderón y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios:

CONTRATO N° FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN OBJETOS
COOPERATIVA DE 1 de marzo al 17 de diciembre de 2010 Instructor
TRABAJO ASOCIADO
LABOORUM TALENTO
HUMANO INTEGRAL
Interrupción 63 días hábiles
N° 200 del 18 de marzo 18 de marzo al 30 de junio de 2011 “Prestar los servicios personales profesionales
de 2011 (3 meses y 14 días) de carácter temporal para apoyar el desarrollo
de actividades de formación profesional
integral formulación de proyectos, elaboración
de programas de formación, diseño de
actividades de aprendizaje y participación en el
proceso de ejecución de la formulación en el
área de construcciones rurales, en el marco de
los programas de formación titulada y
complementaria del centro agropecuario “la
granja” SENA- Espinal”.”
Interrupción 12 días hábiles
N° 283 del 18 de julio de 18 de julio al 16 de diciembre de 2011 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2011 (4 meses y 28 días) PERSONALES DE CARÁCTER
TEMPORAL PARA APOYAR EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL,
FORMULACIÓN DE PROYECTOS,
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE
FORMACIÓN.
DISEÑO DE ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE Y PARTICIPACIÓN EN EL
PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA
FORMACIÓN EN EL ÁREA DE
CONSTRUCCIONES EN GUADUA. EN EL
MARCO DE LOS PROGRAMAS DE
FORMACIÓN TITULADA Y
COMPLEMENTARIA DEL CENTRO
AGROPECUARIO "LA GRANJA" SENA -
ESPINAL, DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL SECTOR
PRODUCTIVO, SUS CADENAS Y LA
PROYECCIÓN SOCIAL DE LAS
COMUNIDADES”
Interrupción 28 días hábiles
N°076 del 27 de enero de 27 de enero al 29 de junio de 2012 “Prestar los servicios profesionales de carácter
2012 (5 meses y 6 días) temporal, para apoyar el desarrollo de las
actividades de formación profesional integral,
formulación de proyectos, elaboración de
programas de formación, diseño de
actividades de aprendizaje y participación en el
proceso de ejecución de la formación en el
área”
Interrupción 9 días hábiles
N° 599 del 11 de julio de 16 de julio hasta el 15 de noviembre de “Prestar los servicios profesionales de carácter
2012 2012 (4 meses) temporal, para desarrollar el componente
técnico y empresarial para el montaje de dos
(2) unidades productivas en el área

26

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Demandante: Sandro Iván García Calderón
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

CONSTRUCCIONES, mediante actividades
de formación profesional integral, formulación
de proyectos, elaboración de programas de
formación, diseño de actividades de
aprendizaje y participación en el proceso de
ejecución de la formación en el marco del
programa jóvenes rurales emprendedores del
Centro Agropecuario "La Granja" Sena-
Espinal, en el departamento del Tolima. “
N°716 del 14 de 16 de noviembre al 15 de diciembre de “Prestar los servicios profesionales de carácter
noviembre de 2013 2012 (1 mes) temporal, para apoyar el desarrollo de las
actividades de formación profesional integral,
formulación de proyectos, elaboración de
programas de formación, diseño de
actividades de aprendizaje y participación en el
proceso de ejecución de la formación en el
área de CONSTRUCCIONES, en el marco de
los programas de formación titulada y
complementaria del Centro Agropecuario "La
Granja" SENA – Espinal, de acuerdo a los
requerimientos del sector productivo, sus
cadenas y la proyección social de las
comunidades.”
Interrupción 42 días hábiles
N°656 del 08 de febrero 16 de febrero al 16 de octubre de 2013 “Prestación de servicios profesionales para
de 2013 (7 meses y 29 días) desarrollar la formación y el proyecto
productivo, para el montaje de dos (2)
unidades productivas, en el área de
CONSTRUCCIONES, en el marco del
Programa Jóvenes Rurales Emprendedores,
en el área de cubrimiento del Centro
Agropecuario "La Granja" Sena Espinal, en el
departamento del Tolima.”
N°1215 del 17 de octubre 17 de octubre hasta el 13 de diciembre “Prestación de servicios personales de
de 2013 de 2013 carácter temporal para apoyar el desarrollo de
las actividades de formación profesional
integral, formulación de proyectos, elaboración
de programas de formación, diseño de
actividades de aprendizaje y participación en el
proceso de ejecución de la formación en el
área de CONSTRUCCIONES, en el marco de
los programas de formación titulada y
complementaria del Centro Agropecuario "La
Granja" SENA - Espinal, de acuerdo a los
requerimientos del sector productivo, sus
cadenas y la proyección social de las
comunidades.”
Interrupción 32 días hábiles
N°578 del 22 de enero de 3 de febrero hasta el 31 de agosto de “Prestar servicios profesionales de carácter
2014 2014 temporal como instructor técnico para crear y
fortalecer unidades productivas rurales
sostenibles en el área de
CONSTRUCCIONES, y demás áreas de su
competencia, mediante acciones de formación
y de fortalecimiento en el marco del Programa
Jóvenes Rurales Emprendedores.”
Interrupción 112 días hábiles22
N°738 del 30 de enero de 16 de febrero hasta el 31 de agosto de “Prestación de servicios profesionales de
2015 2015 carácter temporal como instructor técnico para
crear y fortalecer unidades productivas rurales
sostenibles en el área CONSTRUCCIONES,
mediante acciones de formación y de
fortalecimiento en el marco del Programa

22
Obra registro de actividades del año 2014 de Sofia plus

27

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Jóvenes Rurales Emprendedores del Centro
Agropecuario "La Granja Sena - Espinal.”

Precisamente de los contratos23 076 de 2012, 599 de 2012, 716 de 2012, 656 de 2013,
1215 de 2013, 578 de 2014 y 738 de 2015, podemos destacar la cláusula cuarta donde
se definen las obligaciones de las partes. En líneas generales, dicha cláusula, se
transcribe la del contrato No. 738 de 2015, indica lo siguiente:

“CLÁUSULA CUARTA. - Obligaciones de las partes: A) OBLIGACIONES DEL O DE LA
CONTRATISTA: El (la) CONTRATISTA, además de las obligaciones que por su índole y la
naturaleza del contrato de prestación de servicios le son propias, se obliga para con EL SENA:
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1). Programar las actividades de formación que den respuesta a la creación de una unidad
productiva rural sostenible de carácter asociativo por proyecto formativo. 2). Realizar
actividades de formación para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y empresariales
de los aprendices del proyecto formativo y para la ejecución y consolidación de los proyectos
productivos. 3). Elaborar y aplicar el proyecto de formación, guías de aprendizaje, e
instrumentos de evaluación con técnicas didácticas activas para garantizar el cumplimiento
de los resultados de aprendizaje, según formatos establecidos. 4). Realizar el diagnóstico de
las unidades productivas de su área en articulación con el instructor de comercialización, el
gestor de fortalecimiento y el líder del programa. 5). Orientar y acompañar al emprendedor en
la elaboración del plan de negocios de la unidad productiva resultado del proyecto formativo,
en el componente técnico y financiero del modelo mercadeo, en articulación con el instructor
de comercialización y durante el proceso de formación. 6). Entregar el plan de ejecución
mensual y avances de los proyectos. 7). Realizar el registro de las acciones formativas en
Sofía. 8). Gestionar fuentes de recursos en especie o financieras para el desarrollo de los
proyectos y el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes rurales y población objeto
del programa. 9). Presentar plan de estrategias de fortalecimiento técnico que permitan la
sostenibilidad de las unidades productivas rurales conformadas. 10). Apoyar las ferias,
eventos y las convocatorias y giras técnicas en las que participen las unidades productivas,
los jóvenes rurales y población objeto del programa. 11). Realizar acciones de fortalecimiento
técnico a las unidades productivas que el líder del programa JRE le asigne, previa
programación y concertación con el coordinador académico. Estas actividades en ningún caso
debe superar el 30% de la capacidad mensual del instructor. 12). Apoyar la conformación de
redes de proveeduría, agronegocios y encadenamientos productivos con las unidades
productivas resultado de las acciones de formación y de fortalecimiento.

13). Apoyar la implementación de las iniciativas estratégicas del programa como los proyectos
de impacto regional, territorios de aprendizaje, y otras iniciativas establecidas por la dirección
general, mediante acciones de formación y acciones de fortalecimiento a unidades
productivas rurales sostenibles. 14). Hacer uso e implementación de las diferentes
metodologías y programas que ha adoptado el programa de jóvenes rurales emprendedores
tales como Mycoop, Tropenbos, Laso y demás metodologías que sean viabilizadas por la
dirección general para su implementación en territorio y con enfoque diferencial. 15).
Promover la ideación y desarrollo de nuevas ideas o modelos de base tecnológica en el marco
de la estrategia innova en tu campo con el SENA o consistente entre los aprendices y
emprendedores del programa el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y empresariales.
16). Apoyar la participación de las unidades productivas y de los jóvenes rurales y
emprendedores en convocatorias con organizaciones regionales y nacionales internas, y ante
las diferentes fuentes de financiación como el Ministerio de Agricultura, DPS, Asnec, Finagro,
programas de cooperación internacional, programas de fomento del ahorro y otras fuentes de

23
El archivo contentivo de los contratos está en el expediente que se encuentra en el registro 00071 de Samai de otras
corporaciones. Se compararon en los contratos mencionados la clausula cuarta y en todos corresponde a las obligaciones del
contratista

28

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financiación que fortalezcan la capitalización, objeto del programa de jóvenes rurales. 17). Apoyar la convocatoria de la población objeto del programa para conformar los grupos de
formación y unidades productivas rurales sostenibles, propendiendo por la vinculación de los
jóvenes rurales entre 16 y 28 años. 18). Apoyar el registro de las acciones e indicadores en
los sistemas de información del programa como la creación de unidades productivas en Sofía
Plus, el Sistema de información georreferenciado, formatos en Excel y demás sistemas de
información que indique la dirección general. 19). Apoyar la identificación y sistematización
de los casos exitosos de unidades productivas y empresas rurales. 20). Realizar los informes
requeridos del programa con la oportunidad, calidad y pertinencia al líder de centro, líder
regional y/o Subdirector de Centro, y en los instrumentos establecidos. 21). Participar en las
actividades de transferencia de metodologías a las que le convoque el Centro de formación,
la dirección Regional o la Dirección General, en aras de implementarlas en la formación del
Programa JRE. 22). Guardar absoluta reserva sobre los documentos, información, programas
y material que llegue a su conocimiento en desarrollo de su quehacer contractual. 23). Participar como miembro y evaluador en los distintos comités de evaluación y verificación de
propuestas en los procesos contractuales que desarrolle el Centro, según la designación
hecha por el Sub-director del Centro. 24). Participar como apoyo técnico en la supervisión de
contratos, durante la ejecución de los mismos. 25). El contratista se compromete a que
durante el período de duración del contrato aplicará al proceso de certificación de
competencias según normas de competencias que aplican a la función de instructor, así como
a los procesos que el SENA adelante para certificar habilidades pedagógicas. 26). El
contratista se compromete a certificar el dominio de inglés a través de prueba o aplicar a la
certificación como mínimo nivel A2. 27). El contratista se compromete a no estar vinculado de
manera simultánea con otro Centro de Formación o Dependencia de La Entidad. 28) Las
demás obligaciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. OBLIGACIONES GENERALES. 1. En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y del artículo 6 de la ley 1562 de 2012, el (la)
CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual de los aportes
al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y para la
realización de cada pago derivado del mismo; estos pagos se acreditan únicamente por el
sistema PILA o de Planilla Asistida o el que determine el Ministerio de Trabajo. Cuando
corresponda, el (la) contratista también debe acreditar el pago oportuno de los aportes al
SENA, ICBF y cajas de Compensación Familiar (cuando corresponda). 2. El contratista debe
cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las
siguientes: a. Procurar el cuidado integral de su salud. b. El contratista informará al SENA la
ARL a la cual desea afiliarse, para lo cual cada Centro de Formación, Dirección Regional y
Dirección General (según corresponda) establecerán los procedimientos para afiliación a la
ARL seleccionada por el contratista e informará por escrito la fecha a partir de la cual quedó
afiliado al sistema de riesgos laborales. (Art. 4 Decreto 723 de 2013). c. El pago de los aportes
al sistema de riesgos laborales se realizará de acuerdo a la clase de actividad establecida en
el objeto y funciones del contrato y a los términos establecidos en el Decreto 1607 de 2002.
(Ley 1562 de 2012 y Decreto 1530 de 1996). d.

Los Elementos de Protección Personal que
requiera el contratista para la ejecución del objeto del mismo correrán por su cuenta y antes
de iniciar la ejecución el Supervisor verificará que cuente con los elementos necesarios, los
que se requieren y verificará sus condiciones de acuerdo con el tipo de riesgo a que esté
expuesto. (Decreto 723 de 2013, art. 16 numeral 2). e. Exámenes médicos preocupacionales. El contratista deberá hacer entrega del examen médico preocupacional al Grupo de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General y/o sus homólogos en los Centros
de Formación y Direcciones Regionales de acuerdo con el profesiograma y el objeto a
desarrollar y dentro de los plazos establecidos legalmente. (Decreto 723 de 2013 art. 18) f. El
contratista se compromete a cumplir a cabalidad con las normas, reglamentos y la política de
seguridad y salud en el trabajo establecida por la entidad al igual que suministrar información
clara, veraz y completa sobre su estado de salud e informar oportunamente al SENA acerca
de los peligros y riesgos latentes en la ejecución contractual. (Decreto 1443 de 2014 arts. 5 y
10). g. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. h. Participar en las actividades de Prevención y Promoción
organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo
o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. i. Informar oportunamente

29

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a los contratantes toda novedad derivada del contrato. 3. vigilar y salvaguardar los bienes que
hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio
de la entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo
que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia deberán dar cuenta sobre la entrega
de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control
fiscal y disciplinario, de ser procedente. 4. El contratista deberá ejecutar su contrato conforme
al Sistema Integrado de Gestión “SIG” del SENA el cual se encuentra documentado en la
plataforma compromiso. 5. Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto
contractual. PARAGRAFO PRIMERO: Con la suscripción de este contrato, el SENA queda
autorizado expresamente por el (la) Contratista para verificar sus antecedentes judiciales y la
información que considere necesaria en los Sistemas de Información correspondientes, con
el uso y las condiciones señaladas en las normas vigentes. PARAGRAFO SEGUNDO: Los
derechos patrimoniales de autor de todos los documentos y desarrollos que produzca o
realice el (la) CONTRATISTA en virtud de la ejecución del presente contrato, serán de
propiedad del SENA; Si hay lugar a publicaciones se dará el respectivo reconocimiento de los
derechos morales de autor. PARAGRAFO TERCERO: En caso de requerirse el
desplazamiento del contratista para desarrollar actividades directamente relacionadas con el
objeto del contrato, este será informado por parte del supervisor a fin que se adelanten las
gestiones necesarias para facilitar su desplazamiento, bien sea dentro del territorio nacional
o fuera de este, de conformidad con lo establecido en la resolución que para el efecto se
encuentre vigente. B) OBLIGACIONES DEL SENA: Además de las obligaciones y
estipulaciones señaladas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como las que se
deriven del Decreto 1510 de 2013, el SENA se obliga a: 1. Verificar previo a la suscripción del
presente contrato los documentos requeridos para la contratación.2. Pagar al (la)
CONTRATISTA los honorarios, en la forma estipulada en este contrato.3. Prestar la mayor
colaboración requerida al (la) CONTRATISTA para la eficiente ejecución del objeto
contratado. 4. Poner a disposición del (la) CONTRATISTA la información y/o documentación
que requiera para la ejecución del contrato.”

ii) Carpetas de contratos, ejecución de contratos, etapa preparatoria de contratos y
antecedentes administrativos24.

iii) Dentro de este proceso judicial se recaudaron los siguientes testimonios de los
señores Miriam Posada Prada y Nilson Andrés Sabogal (audiencia de pruebas).

Nilson Andrés Sabogal:

Manifestó haber conocido al demandante en el programa Jóvenes Rurales
Emprendedores del SENA, sede La Granja, con quien compartió labores por
aproximadamente cinco años. Indicó que ambos estaban vinculados a través de una
cooperativa. Actualmente, el programa se denomina SENA Emprende Rural. Señaló que
no se reconocían viáticos y que los contratistas debían asumir el pago de su propia
seguridad social. Los contratos tenían una duración aproximada de seis u ocho meses.

Explicó que existía una coordinación académica que estructuraba la oferta de formación
de acuerdo con las necesidades de la población. Se exigía el cumplimiento de 340 o 280

24
Como se dijo antes reposa en el registro 00071 de otras corporaciones de Samai.

30

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horas de formación, correspondientes a dos cursos trimestrales. Todo el proceso se
gestionaba mediante la plataforma Sofía Plus, estableciéndose una jornada de 40 horas
semanales, distribuidas en dos grupos de 20 horas cada uno, lo que equivalía a 160 horas
mensuales y 8 horas diarias.

En cuanto al suministro de materiales, afirmó que estos eran entregados directamente
por el SENA, sin que se asignara dinero al contratista; se levantaban actas
correspondientes. Indicó que en la plataforma Sofía Plus debía reposar la programación
de dicha época. Tiene conocimiento directo de los hechos ocurridos entre 2010 y 2015,
conforme a la oferta contractual y la suscripción de otrosíes.

Precisó que los honorarios durante ese período ascendían a aproximadamente
$3.100.000, de los cuales cada contratista debía asumir el pago de seguridad social y el
rubro correspondiente al rodamiento. Mencionó como supervisores de contrato a Daniel
Viña, Óscar Totica (fallecido) y Pablo, e indicó que el apoyo a la supervisión también
estaba a cargo de otro contratista. Aseguró que las personas eran contratadas mediante
órdenes de prestación de servicios (OPS) y, aunque no conocía la cifra exacta, estimó
que eran entre 35 y 40 instructores en el programa Jóvenes Rurales, y alrededor de 15
contratistas en otro programa.

Afirmó que, las funciones entre contratistas e instructores de planta eran esencialmente
las mismas, con idénticos diseños curriculares, aunque los funcionarios de planta recibían
viáticos, beneficios y prestaciones sociales, a diferencia de los contratistas. Sostuvo que
no existía diferencia en el pensum ni en el contenido del diseño curricular.

Expuso que, las fechas de visita, los temas a desarrollar y las jornadas de trabajo (8 horas
diarias) eran concertadas con la coordinación académica, que también se encargaba del
envío de los materiales. Declaró haber coincidido con el demandante en al menos un
municipio, aunque no podían compartir aprendices debido a las metas institucionales
asignadas. Señaló que ambos impartían formación para el trabajo en temas como la
construcción en guadua, en el marco del programa Jóvenes Rurales.

Indicó inicialmente que, tanto personal de planta como contratistas impartían formación
en dicho programa, pero luego aclaró que quienes lo hacían eran únicamente
contratistas, ya que los funcionarios de planta, en su opinión, no solían desplazarse a los
municipios. Reiteró que los diseños curriculares eran los mismos, aunque la formación

31

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podía variar. Las labores se orientaban a promover el empleo en zonas rurales,
incluyendo actividades como la inmunización de guadua.

Finalmente, el testimonio fue objeto de tacha por parte del Ministerio Público, con apoyo
del apoderado de la entidad, la cual fue refutada por el abogado del demandante.

Miriam Posada Prada: Indicó que trabaja en el SENA desde hace aproximadamente 30
años, adscrita al Centro Agropecuario La Granja en El Espinal, Tolima. Aclaró que no es
testigo directo de los hechos objeto del proceso, ya que en el período correspondiente no
ocupaba el cargo de coordinación académica ni era supervisora de contratos, funciones
que desempeñó entre 2017 y 2021, en el marco de otro proceso administrativo general.

Expresó que, no le consta directamente el trabajo desarrollado en el programa Jóvenes
Rurales Emprendedores, aunque señaló que a algunos instructores se les asignaban
funciones de coordinación por áreas específicas. Mencionó que el demandante tenía
como coordinadores a Édgar Castellano, Daniel Viña y Óscar, este último fallecido
durante la pandemia. Aunque no conoce personalmente al señor en cuestión al
demandante, manifestó estar familiarizada con el procedimiento institucional.

Sobre las funciones del instructor, explicó que los contratistas eran necesarios debido a
que el centro contaba únicamente con 50 instructores de planta, quienes debían atender
la demanda de todos los municipios del departamento, además de los estudiantes que
asistían directamente al centro. Afirmó que, por esta razón, la planta no era suficiente y
debía complementarse mediante contratación externa.

Señaló que, los instructores de planta se encargan de impartir formación profesional,
evaluar, hacer seguimiento a los procesos de formación y participar en la elaboración del
diseño curricular. Indicó que, según su entendimiento, incluso se asignaban recursos
económicos para el desarrollo de unidades productivas. La función de supervisión
implicaba vigilar el cumplimiento cabal de las obligaciones contractuales y realizar
seguimiento permanente.

Respecto a las diferencias entre instructores de planta y contratistas, explicó que, los
primeros tienen un horario fijo, especialmente en zonas como El Espinal, y suelen ser
tecnólogos. Por su parte, los contratistas atienden otro tipo de población, generalmente
en municipios, con horarios concertados con la comunidad. No obstante, afirmó que las
funciones en términos prácticos son similares.

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Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

En cuanto a la remuneración, manifestó que los instructores de planta reciben salario y
prestaciones sociales, mientras que los contratistas devengan honorarios, los cuales en
algunos casos pueden ser incluso superiores. En su momento, la contratación mediante
cooperativas era permitida.

Señaló que, la asignación de municipios y tipos de formación generalmente se realiza por
convocatoria pública, y que el contratista elige a cuál se inscribe. Posteriormente, el
coordinador determina el municipio al que será asignado. En el caso de los contratistas
que trabajan fuera del centro, deben coordinar con la comunidad, la cual previamente ha
solicitado la formación. Indicó que, por la dinámica de la población atendida, algunas
actividades se desescolarizan, es decir, los aprendices trabajan parte del tiempo fuera
del aula.

Agregó que, el SENA establece un número de horas por competencia, por ejemplo, 100
horas, y que el instructor define cómo distribuirlas y qué estrategias pedagógicas emplear.
Muchas veces los aprendices deben continuar actividades en casa, y esas horas son
válidas, aunque el instructor no esté presencialmente.

Afirmó que, actualmente los contratistas no trabajan en las instalaciones del centro, salvo
en áreas transversales como inglés o ética, cuya intensidad horaria es menor y depende
de las necesidades del servicio. En el programa Jóvenes Rurales, según su conocimiento,
solo participan contratistas; en formación complementaria, en cambio, también hay
instructores de planta. Puso como ejemplo su propia experiencia, donde debía
desplazarse a los municipios y concertar horarios con la comunidad.

Respecto a la planeación institucional, explicó que el SENA inicia su programación anual
en febrero o marzo, mientras que en diciembre no se ejecutan actividades significativas
y en enero se dedica a planeación. Indicó que todos los años se abre una convocatoria
general, pero en los casos similares al presente, el 100 % del personal vinculado lo estaba
mediante contrato.

Finalmente, señaló que actualmente la planta de personal asciende a 120 servidores,
aunque en la época de los hechos eran aproximadamente 50, por lo que la carga
operativa era asumida mayoritariamente por contratistas.

2.3.7. Actuación administrativa

33

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La parte demandante, solicitó al SENA el reconocimiento y pago de los emolumentos
salariales, prestacionales y de seguridad social causados durante el tiempo que prestó
servicios a la entidad. Considera que no le dieron respuesta.

La entidad manifiesta que dio respuesta a través de los siguientes actos administrativos
con radicados 73101022018004246 de 20 de junio de 2018 y 7310102-2018-004580 de
28 de junio de 2018.

3. Caso en concreto

El señor Sandro Iván García Calderón estuvo vinculado al Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) a través de contratos de prestación de servicios, cuyo objeto fue el
de impartir formación como instructor. Acude en sede de nulidad y restablecimiento del
derecho para solicitar la anulación del acto administrativo por medio del cual el ente
accionado le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral y el pago de
las acreencias laborales y prestaciones sociales entre el 1 de marzo de 2010 al 31 de
agosto de 2015.

En cuanto a la prestación personal del servicio, el demandante prestó sus servicios en
calidad de instructor en el Centro Agropecuario “La Granja” en la Regional SENA Espinal,
en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2010 hasta el 31 de agosto de 2015,
vinculado a través de la cooperativa de trabajo asociado Laboorum Talento Humano
Integral y contratos de prestación de servicios, ejecutando funciones relacionadas con el
área de construcción de guadua en razón de la experiencia, capacitación y formación
profesional que tenía de acuerdo a la programación de los cursos de formación.

En relación con la contraprestación económica está acreditada con la remuneración
pactada en los contratos de prestación de servicios allegados, en virtud de la labor
ejecutada como instructor en los diferentes municipios donde lo enviaron a prestar los
servicios o en las instalaciones del SENA, siendo de forma mensual de acuerdo con las
horas de formación.

Respecto de la subordinación y dependencia, resulta procedente examinar la
naturaleza de las funciones desempeñadas por el actor y su verdadero alcance, con el
fin de establecer si existió o no.

34

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Demandante: Sandro Iván García Calderón
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

El Sena fue creado mediante Decreto ley 118 de 1957 y sus funciones iniciales consistían
en brindar formación profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la
agricultura, la minería y la ganadería, según el Decreto 164 de 6 de agosto de 1957.

Posteriormente, la Ley 119 de 199425 dispone que el Sena es un establecimiento público
del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y
autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo, cuya misión, según su
artículo 2, consiste en «[…] cumplir la función que le corresponde al Estado de intervenir
en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando
la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del
país».

Así las cosas, la misión especial encomendada a esa entidad consiste en formar y
capacitar a los trabajadores, funciones de carácter permanente que cumple en desarrollo
de su actividad, de lo que se colige que las labores desempeñadas por el accionante
como instructor son inherentes a su materialización, en tanto que no fueron temporales y
están directamente relacionadas con ella.

En el mismo sentido, se tiene que, según el manual específico de funciones, requisitos
mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Sena,
contenido en el Decreto 986 de 27 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y 2015), el cargo
de instructor hace parte de dicha planta, con la descripción de las siguientes funciones:

“(…)
II. PROPOSITO [sic] PRINCIPAL

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

INSTRUCTOR:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza - aprendizaje - evaluación según el programa de
Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos
de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.

25 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se

dictan otras disposiciones».

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Numero interno: 7454-2023
Demandante: Sandro Iván García Calderón
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

4. Programar las actividades de enseñanza - aprendizaje - evaluación de conformidad con
los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos para la
ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con le
[sic] Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel,
la naturaleza y el área del desempeño del empleo.
[…]26.

Las anteriores atribuciones guardan similitud con las desempeñadas por el demandante,
puesto que denotan una sujeción y dependencia de quien ejerce ese empleo, al mismo
tiempo corroboran que no puede existir coordinación para el desarrollo de una presunta
relación contractual para desempeñar esa labor, toda vez que se trata de funciones que
atañen a la esencia de la entidad demandada, las cuales desempeñó en forma
interrumpida por más de 5 años.

Con todo, esta Corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de determinarla
existencia de una relación laboral encubierta en los casos en los que los instructores se
vincularon al Sena a través de contratos de prestación de servicios. En efecto, a través
de sus diferentes subsecciones ha exigido la comprobación de todos los elementos que
sirven para determinar sobre la existencia de dicha relación a efectos de declararla27. En
específico, sobre la subordinación ha exigido que obren «elementos de convicción, acerca de
las actividades ejecutadas»28, pues, aunque se haya señalado que estas hacen parte las

funciones propias de la entidad, «tal situación no evidencia una relación de sujeción directa frente a
la prestación del servicio», puesto que puede coincidir con el estricto cumplimiento del objeto

contractual. De esta manera, ha privilegiado un análisis del material probatorio «bajo las
reglas de la sana crítica»29 a fin de establecer la configuración o no del elemento de la
subordinación continuada.

En ese sentido, de los contratos que suscribió las siguientes funciones fueron las
asignadas a Sandro Iván:

“OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Programar las actividades de formación que den respuesta a la
creación de una unidad productiva rural sostenible de carácter asociativo por proyecto formativo. 2. Realizar

26 Información consultada en la página electrónica: http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-31-000-2012-00241-01(2525-
14); ii) 15 de mayo de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018, radicado 1700123-
33-000-2014-00282-01 (2093-16); iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01 (3928-15); v) 25 de noviembre
de 2021, radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado 18001-23-33-000-2016-
00214-01(0008-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-23-42-000-2016-02481-
01(5519-18), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez

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actividades de formación para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y empresariales de los
aprendices del proyecto formativo y para la ejecución y consolidación de los proyectos productivas. 3.
Elaborar y aplicar el proyecto de formación, guías de aprendizaje, e Instrumentos de evaluación con
técnicas didácticas activas para garantizar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje, según
formatos establecidos. 4. Realizar el diagnóstico de las unidades productivas de su área en articulación
con el Instructor de comercialización, el gestor de fortalecimiento y el líder del programa. 5. Orientar y
acompañar al emprendedor en la elaboración del plan de negocios de la unidad productiva resultado del
proyecto formativo, en el componente técnico y financiero de acuerdo a la proyección del mercado, en
articulación con el Instructor de comercialización y durante el proceso de formación. 6. Entregar el plan de
ejecución mensual y avances de los proyectos. 7. Realizar el registro de las acciones formativas en Sofia.
[…] 18. Apoyar el registro de las acciones e indicadores en los sistemas de Información del programa como
la creación de unidades productivas en Sofia Plus, al Sistema de Información 19. Apoyar la identificación y
sistematización los casos exitosos de unidades productivas y empresas rurales. 20. Realizar los Informes
requeridos del programa con la oportunidad, calidad y pertinencia al líder de centro, líder regional y/o
subdirector de Centro, y en los Instrumentos establecidos. 21. Participar en las actividades de transferencia
de metodologías a las que le convoque el Centro de formación, la dirección Regional o la Dirección General,
en aras de Implementarlas en la formación del Programa JRE. 22. Guardar absoluta reserva sobre los
documentos, Información, programas y material que llegue a su conocimiento con desarrollo de su objeto
contractual. 23. Participar como miembro y evaluador en los distintos comités de evaluación y verificación
de propuestas en los procesos contractuales que desarrolle al Centro, según la designación hecha por el
subdirector del Centro, etc.”

Dirección en la cual, emerge de las propias actividades asignadas una subordinación
entre la entidad demandante y Sandro Iván García Calderón al darle directrices de la
forma como debía ejecutarlas.

Y no puede ser otra la conclusión cuando se establece del análisis conjunto de las
pruebas, testimonios y contratos, que existía un control de las actividades que realizaba
el señor García Calderón, donde se le imponía un horario para el cumplimiento de los
cursos que le programaban en la entidad. Es decir, la enseñanza que brindaba a los
aprendices estaba supeditada a la agenda que programaba la entidad.

Además, debía reportar las actividades realizadas dentro del aplicativo de la entidad.

Igualmente, el cumplimiento de esas labores de aprendizaje que impartía debían ser
ejecutadas bien sea en las instalaciones de la entidad o en los lugares que la entidad
señalaba.

Asimismo, no puede obviarse que las labores realizadas por el accionante tenían la
particularidad que se realizaron de forma continua.

Así las cosas, la Sala encuentra probado la prestación de los servicios profesionales por
parte del accionante en el ente demandado y de los elementos de subordinación y
dependencia, lo cual desvanece el argumento sostenido por la defensa de la entidad.

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En este orden, desvirtuadas tanto la autonomía e independencia en la prestación del
servicio, como la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de
servicios, y probados los elementos de la relación laboral en el asunto sub examine, esto
es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración y la
subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad, concluye la Sala que, el
ente demandado utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza
real de la labor desempeñada, por lo que se configura en este caso el contrato realidad,
en aplicación de los principios constitucionales consagrados en los artículos 13 y 53
superiores, pues, el accionante atendió funciones inherentes a la misión del Sena, en
iguales condiciones a las de otros instructores de la planta de personal.

En cuanto al carácter temporal o excepcional de la labor contratada, debe precisarse
como se dijo en líneas anteriores que, este requisito también se encuentra desvirtuado,
pues, en el presente caso las labores desempeñadas por el demandante lo fueron por
más de 5 años, en forma interrumpida, como instructor las cuales están referidas a las
que de manera sucesiva e interrumpida debía adelantar el Sena como propias u
ordinarias.

Por lo anterior, pese a realizar tareas que hacen parte de la naturaleza de la entidad como
es la de brindar capacitación y estudio a los aprendices del Sena, se le vinculó mediante
contrato de prestación de servicios de forma permanente y eludiendo así el pago de los
emolumentos salariales y prestacionales que devendrían si hubiera sido vinculado
laboralmente, por lo que se acoge la conclusión a la que arribó el Tribunal de instancia al
considerar que se presentaron los elementos propios de una relación laboral.

En lo relacionado con la extinción de los derechos que se derivan de la declaratoria de
existencia de la relación laboral, en la misma sentencia de unificación, la Sala manifestó
que:

“quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de
la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual (…) Sin embargo, no
aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio
pro operario, no regresividad y progresividad”.

Ahora bien, de acuerdo a la sentencia del 9 de septiembre de 2021 de la Sección

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Numero interno: 7454-2023
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Segunda de esta Corporación30, se indicó sobre el término y el momento a partir del cual
debe computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer si
se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de

juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del
vínculo que se reputa laboral.

Por otra parte, en lo que respecta al fenómeno prescriptivo, se advierte que existieron
interrupciones significativas entre los períodos laborados mediante contratos de
prestación de servicios, toda vez que, los lapsos de suspensión superaron los 30 días,
configurándose así una solución de continuidad. A diferencia de lo decidido por el A quo,
la Sala considera que la prescripción se cuenta desde el 31 de agosto de 2014 hacia
atrás, dado que, aunque se pretendió acreditar la realización de unas actividades durante
los meses de octubre, noviembre y diciembre de ese año, no hay forma de establecer su
origen a efectos de encontrar acreditada la prestación de servicios por esos lapsos. En
consecuencia, no es posible reconocer ese periodo. Además, como la reclamación
administrativa fue presentada el 1 de junio de 2018, se superó el término de tres años, lo
que conlleva a la configuración de la prescripción respecto de las prestaciones
económicas. No obstante, procede el reconocimiento de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones, por tratarse de un derecho imprescriptible.

Respecto del otro periodo, del 16 de febrero hasta el 31 de agosto de 2015, no se
configuró la prescripción y por consiguiente si tiene derecho al reconocimiento de las
prestaciones sociales correspondientes.

En lo que se refiere a la tacha del testimonio, la Subsección se remite a lo indicado por
Hernán Fabio López Blanco31 sobre ella:

“La norma determina que basta que la parte alerte al Juez acerca de algunos de los
aspectos trascritos para que al ser estudiado el testimonio respectivo tenga un especial
cuidado al analizar la declaración, dado que al presentarse circunstancias como las
advertidas cabe dentro de las posibilidades que el testigo, movido por sentimientos de
interés, amor o animadversión, pudiera alterar el contenido de su versión con los que

30
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
31
Código General del Proceso, Pruebas Dupre Editores 2017, pág. 288

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realmente sucedió u omitir aspectos que estima pudiesen perjudicar o favorecer a una de
las partes, para lo cual es suficiente la somera referencia en el expediente acerca de esas
vinculaciones que, adicionalmente se establecen en lo que se denomina generales de ley
del interrogatorio.”

El A-quo la resolvió así:

“Ante esta situación, advierte la Sala que la presente tacha no procede en virtud a que de
la grabación de la audiencia de pruebas, se desprende que el Despacho en principio iba a
recibir, en primer lugar, la declaración del señor Nilson Andrés Sabogal, como testigo de
la parte actora, y en segundo lugar, la testigo del SENA; sin embargo, en virtud a que no
portaba su documento de identidad se retiró de la diligencia, razón por la que se procedió
a recibir el testimonio de la señora Myriam Posada Prada (testigo del SENA),
observándose que cuando el señor Sabogal regresó a la diligencia ya se terminaba la
declaración de la testigo de la demandada.

Así mismo, se advierte que el testimonio rendido por la señora Posada Prada fue de
manera general, puesto que manifestó que no conocía al demandante y su testimonio se
basó sobre el proceso de contratación de los instructores de forma amplía, mientras que
el testimonio del señor Nilson Andrés, fue precisó como quiera que fue compañero de
trabajo del actor, al haberse desempeñado como instructores contratistas del SENA, en la
época de los hechos del sub judice, por lo que su declaración versó directamente en los
hechos planteados en el libelo demandatorio.

Lo anterior, permite dilucidar que esta duda no genera de entrada la necesidad de enjuiciar
la admisibilidad o no de la prueba, sino que obliga a examinar con mayor rigor la
declaración para verificar que sea consistente y objetiva, y que los criterios de valoración
deban ser más exigentes y rigurosos en esta providencia.

Por esta razón, la Sala tendrá en cuenta los testimonios rendidos en la diligencia de
pruebas, siendo necesario analizarlos de forma rigurosa, escudriñando sus afirmaciones
de manera estricta y confrontándolos con el material probatorio restante, para verificar si
el motivo que generaba la duda respecto de su imparcialidad había afectado efectivamente
la objetividad de la declaración, y en tal sentido, se considera que la tacha propuesta no
tendría vocación de prosperidad atendiendo las razones esbozadas anteriormente.”

La Sala comparte el criterio expuesto por el Tribunal de instancia luego que el testimonio
de Nilson Andrés Sabogal no podía ser desacreditado solo porque fue compañero del
accionante en vista que, es quien puede dar una visión de lo denunciado con la demanda.

Ahora bien, dado que se trata de una persona vinculada en condiciones similares a las
del señor García Calderón, podría advertirse algún grado de animosidad en su
declaración, lo que exige del juez un mayor rigor en su valoración, así como su necesaria
confrontación con los demás elementos probatorios que obran en el expediente.

Precisamente, tanto el A-quo como esta Sala efectuaron el correspondiente ejercicio
valorativo, concluyendo que existía una relación de subordinación y no una simple
vinculación contractual, a partir de una apreciación conjunta del acervo probatorio, el cual

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evidenció que la labor desempeñada no era de carácter transitorio, sino que correspondía
a funciones propias del objeto misional del SENA.

Adicionalmente, lo manifestado por el testigo se presentó como un relato coherente sobre
las circunstancias que rodearon la relación entre el accionante y la entidad demandada,
en particular, respecto del cumplimiento de funciones similares a las que desempeña un
instructor.

Dicha versión fue contrastada con los demás medios de prueba que obran en el plenario.

Así, pese a que, el testigo se encontraba en condiciones contractuales similares a las del
demandante, su testimonio no puede desestimarse únicamente por esta razón, toda vez
que, existen otras pruebas que, valoradas en conjunto, permiten inferir indicios de una
relación laboral subordinada, tales como los contratos suscritos, de los que, se
desprenden elementos como la continuidad en la prestación del servicio, el cumplimiento
de un horario y la ejecución de las labores en sitios determinados por el SENA.

En consecuencia, el reconocimiento de la relación laboral solicitado en el escrito de
demanda no se sustentó exclusivamente en el testimonio de Nilson Andrés Sabogal, sino
que, obedeció a una valoración integral del acervo probatorio que reposa en el
expediente.

Por lo tanto, no resulta atendible el reproche formulado en el recurso de apelación.

3.1. Restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de la relación
laboral con fundamento en el principio de la primacía de la realidad.

Referente al pago de prestaciones sociales a que tiene derecho el accionante este es
consecuencia de la nulidad del acto acusado, como se determinó en la referida sentencia
de unificación de 25 de agosto de 2016, de la sección segunda de esta Corporación, la
clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe
asumirlas.

Para que ello ocurra, se requiere la existencia jurídica del cargo, que se haya ejercido en
la misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona designada
regularmente, a través del acto administrativo de nombramiento y la correspondiente acta
de posesión.

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En lo referente al pago de las prestaciones sociales, esta Sala, en sentencia de 4 de
febrero de 2016, precisó que «con el fin de determinar cuáles son las prestaciones sociales que se
deberán reconocer […] al declararse una relación de carácter laboral, […] acude a la clasificación que se
ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas. En ese orden de ideas, se
encuentran las que son asumidas por el empleador directamente y las que se prestan o se reconocen de
forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral. Dentro de las prestaciones sociales que están
a cargo directamente del empleador se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las
primas, las cesantías; y las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema Integral de
Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para
ser asumidas o reconocidas por cada sistema debe mediar una cotización» [negrillas para resaltar].
Asimismo, en providencia de 6 de octubre siguiente, aclaró que «el reconocimiento de la primacía de la
realidad sobre las formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral
subyacente de un contrato de prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado
público, por lo que no es posible reconocer prestaciones sociales de carácter extralegal que devenguen
otros funcionarios de la planta de personal del ente territorial demandado, máxime cuando el accionante
no acreditó dentro del proceso cuales son las prestaciones a las que considera tener derecho ni el origen
de las mismas» [negrillas de la Sala].

Asimismo, en la controversia sub judice, el pago de los derechos económicos laborales
reconocidos al actor durante el período del 16 de febrero hasta el 31 de agosto de 2015
(salvo sus interrupciones) procede a título de restablecimiento del derecho y, en tal
sentido, de acuerdo con las sentencias de unificación, SUJ2-005-16 de 25 de agosto de
2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 de esta sección y la
jurisprudencia imperante en esta Sala, se deben tener en cuenta las prestaciones
sociales de orden legal percibidas por los servidores públicos de planta de la entidad de
igual categoría vinculado laboralmente a dicha planta, que cumplan las mismas funciones
que ejercía el demandante, esto es, las de instructor, liquidadas sobre el salario de estos,
por lo que se modificará la sentencia sobre este particular.

Precisamente en igual sentido, debe decirse que, en este caso se debe condenar a la
entidad al pago del reajuste salarial, es decir, la diferencia entre lo percibido por concepto
de honorarios y lo devengado por un empleado de planta en el cargo de instructor.

En efecto, la Subsección es del criterio que el reconocimiento de una relación laboral
encubierta apareja también el de la diferencia entre lo que devenga un empleado de la
entidad y los honorarios pagados a los contratistas.

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Esta Sala ha discurrido que pese a ejecutar las mismas funciones de los empleados de
planta, los contratistas solo reciben los honorarios, por lo que resulta una consecuencia
propia de la declaración de contrato realidad la de equipararlos.

Por consiguiente, se reconocerá oficiosamente el reajuste salarial para de esta forma
materializar los mandatos constitucionales de dar prevalencia al derecho sustancial.

Las razones que anteceden imponen modificar el fallo apelado.

3.2 Sobre la condena en costas

No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos
por el artículo 188 del CPACA, pues, esta Sala ha sostenido que dichas normas otorgan
al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica examinar la
actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar que
la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado
adverso del proceso.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de la demandada a lo
largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se revoca la condena
impuesta en primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta sede.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia apelada el cual quedará así:

“CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, a que reconozca y pague a favor del señor Sandro Iván García
Calderón, las correspondientes prestaciones sociales de orden legal devengadas por un
instructor, vinculado laboralmente a la planta de la entidad, liquidadas sobre el salario
de estos, por el lapso comprendido entre el 16 de febrero hasta el 31 de agosto de
2015.

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Ordenar a SENA el reconocimiento y pago del reajuste salarial, es decir, entre lo
percibido por concepto de honorarios y lo devengado por un empleado planta.”

SEGUNDO. -MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia apelada el cual quedará así:

“DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN sobre las prestaciones
causadas con anterioridad al 15 de febrero de 2015, de conformidad con lo esgrimido en
la parte motiva de esta providencia.”

TERCERO. - REVOCAR el ordinal undécimo y en su lugar, no condenar en costas.

CUARTO. - CONFIRMAR en lo demás la sentencia emitida el 18 de mayo de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Tolima, que accedió de manera parcial a las pretensiones
de la demanda.

QUINTO. -Sin condena en costas en esta instancia.

Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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