Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2021-00259-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2021-00259-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 73001-23-33-000-2021-00259-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
4 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 73001-23-33-000-2021-00259-01 (69815)
Actor: JAVIER DÍAZ MOLINA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: REPARACIÓN DIRECTA / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO / Daños derivados de acto administrativo de carácter particular que
anula la anotación 12 del folio de matrícula inmobiliaria, en virtud de la cual el
demandante fue inscrito como propietario del inmueble / Anulación que se considera
irregular, pues el actor indica que fue consecuencia de una “falla en el servicio” /
PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN DE LEGALIDAD / En lo relacionado con los
actos administrativos que se consideran contrarios al ordenamiento las
irregularidades en su contenido y expedición se analizan a la luz de las causales de
nulidad y no de la falla en el servicio / DEBER DEL JUEZ DE AJUSTAR LAS
PRETENSIONES AL MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE – Lo determinante es
la fuente del daño que se invoca / Término para demandar en nulidad y
restablecimiento del derecho – 4 meses.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 16 de febrero de 2023, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Tolima declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El demandante pretende que se le indemnicen los perjuicios causados con la
decisión de la demandada de anular la anotación en virtud de la cual, en 2012, fue
inscrito como propietario de un bien que para la época de la venta -2010- se
encontraba embargado.
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00259-01 (69815)
Actor: Javier Díaz Molina
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Referencia: Medio de control de reparación directa
II. ANTECEDENTES
1. Demanda1
El 16 de julio de 2021, el señor Javier Díaz Molina, en ejercicio del medio de control
de reparación directa, presentó demanda contra la Superintendencia de Notariado
y Registro, con el fin de que se le indemnicen los perjuicios causados por “la
anulación de la anotación número 12 de la matrícula 350-34841”, situación que, a
su juicio, constituyó una falla en el servicio registral y habría llevado a que el
accionante “dejara de ejercer el derecho de dominio sobre el inmueble (…) 10 años
después de haberlo adquirido en compraventa”2, de ahí que debiera reconocerse
como indemnización su valor comercial -$597´798.200- o, en su lugar, el precio
pagado por la compra -$180’000.000-, junto con los gastos asumidos por
formalización del negocio, impuestos, pintura y pólizas de hogar; además, 100
smlmv por perjuicios morales.
Como fundamento, en síntesis, se narraron los siguientes hechos:
A través de escritura pública del 6 de marzo de 2010, se formalizó la venta del
inmueble identificado con la matrícula 350-34841 a favor de Javier Díaz Molina, bien
que se encontraba embargado para ese momento.
Luego, mediante oficio del 9 de septiembre de 2011, el Juzgado 4° Civil del Circuito
de Ibagué le informó a la demandada el levantamiento de la medida cautelar y le
indicó que tal inmueble quedaba a disposición del Juzgado 1° Civil del mismo
circuito judicial. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué canceló
el embargo, pero no tomó nota de las restricciones que seguían vigentes en virtud
del proceso tramitado ante el segundo de los despachos citados.
Ante lo anterior, bajo la anotación 12 del respectivo folio de matrícula inmobiliaria,
el 16 de febrero de 2012 se inscribió la venta del predio enunciado en favor de
Javier Díaz Molina; sin embargo, mediante auto del 2 de octubre siguiente, la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué inició una actuación
administrativa tendiente a corregir las irregularidades presentadas frente al oficio del
1 Para consultar el expediente ingresar a: Samai /Actuaciones en otras Corporaciones / Tribunal
Administrativo del Tolima / Índice 56 / Expediente digital. Los folios citados en esta providencia
corresponden a las de los archivos cargados en tal aplicativo.
2 Folio 6 de la demanda.
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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00259-01 (69815)
Actor: Javier Díaz Molina
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Referencia: Medio de control de reparación directa
9 de septiembre de 2011, en cuanto a que el inmueble no quedaba libre, sino a
disposición de otro despacho judicial.
El auto del 2 octubre siguiente fue notificado al accionante Javier Díaz Molina el 28
de noviembre siguiente y, el 7 de noviembre de 2013, la actuación administrativa
fue definida mediante la Resolución 192, en la que se concluyó que se había
incurrido en error al no tomar en consideración que a partir del citado oficio el bien
quedaba afectado por cuenta de las medidas cautelares adoptadas en otro proceso
civil, de ahí que se hubiese ordenado la anulación de la anotación 12.
La Resolución 192 de 2013 fue confirmada por la Resolución 12345 del 2016, actos
administrativos que no fueron notificados al demandante.
Finalmente, la anulación de la anotación 12 se hizo efectiva el 11 de agosto de 2017
y hasta el 17 de junio de 2019 el demandante se enteró de lo ocurrido en la diligencia
de entrega practicada en el marco del proceso adelantado por el Juzgado 1° Civil
de Circuito de Ibagué. En todo caso, hasta el 17 de febrero de 2020, previa petición,
fue expedida copia del expediente administrativo al actor.
La parte actora aclaró que “[e]l daño que se alega (…) no fue causado por el error
en la calificación de los oficios judiciales, sino que este se configuró con la anulación
de la anotación 12 del folio de matrícula, la cual contenía la titularidad del dominio
en favor del demandante”3 y fue, precisamente, en virtud de esta situación que el
inmueble adquirido por el actor salió de su patrimonio.
2. Contestación de la demanda
A juicio de la Superintendencia de Notariado y Registro4, las pretensiones estaban
llamadas al fracaso, pues el daño no resultaba atribuible a falencia alguna ocurrida
en sede administrativa, sino a: i) la negligencia del actor, en cuanto celebró contrato
de compraventa sobre el inmueble pasando por alto las medidas cautelares que
sobre él recaían, y ii) al actuar desleal del señor Rodrigo Conde Aparicio, que, en
su calidad de vendedor, celebró el respectivo negocio jurídico sobre el bien, el cual
se encontraba embargado para ese momento.
3 Folio 6 de la demanda.
4 Según el archivo 51 del expediente digital.
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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00259-01 (69815)
Actor: Javier Díaz Molina
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Referencia: Medio de control de reparación directa
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de sentencia del 16 de febrero de
2023, declaró probada la excepción de caducidad, porque la demanda no se
presentó dentro de los 2 años siguientes al 28 de noviembre de 2012, fecha en la
que al demandante le fue notificado el auto de apertura de la actuación
administrativa que culminó con la anulación de la anotación 12 del folio de
matrícula inmobiliaria del bien objeto de controversia, con fundamento en la
omisión en el registro previo del embargo decretado por el Juzgado 1° Civil del
Circuito de Ibagué.
4. Recurso de apelación
La parte actora apeló, porque fue al finalizar el trámite que la entidad concluyó que
se debía anular el registro de propiedad efectuado a favor del señor Díaz Molina
y, por ende, a partir de allí el bien salió de su patrimonio, de ahí que la caducidad
debiera contarse desde la fecha en la que el señor Díaz Molina conoció tal
determinación, lo cual ocurrió el 17 de junio de 2019, razón por la cual la demanda
resulta oportuna, tanto que la entidad no se ocupó de plantear la excepción
pertinente.
La anterior argumentación, al igual que en el caso de la sentencia, será ampliada
por la Sala en el acápite de consideraciones, al resolver los cargos de apelación.
4.1. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
La Sala conocerá de este asunto en segunda instancia, dado que no se advierte la
configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y se evidencia el
cumplimiento de los presupuestos procesales de: competencia y legitimación en la
causa.
Lo relacionado con la oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará
a partir de los cargos del apelante, pues, precisamente, a través de la sentencia de
primera instancia el Tribunal Administrativo del Tolima declaró probada la excepción
de caducidad y tal determinación es la que se apela.
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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00259-01 (69815)
Actor: Javier Díaz Molina
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Referencia: Medio de control de reparación directa
1. Cargos de apelación
Como se explicó, el Tribunal a quo concluyó que la demanda era extemporánea por
no haberse radicado dentro de los 2 años siguientes a la notificación de la decisión
que inició la actuación en la que se decidió anular la anotación 12 objeto de la litis,
conclusión apelada por la parte actora bajo los siguientes cargos: i) el daño no
provino del acto administrativo que inició la actuación, sino del que le puso fin; ii) la
decisión que definió la actuación y las que resolvieron los recursos interpuestos en
su contra no fueron notificadas al señor Javier Díaz Molina; y iii) la oportunidad de
la demanda es tan clara que la demandada no formuló la excepción de caducidad.
2. Decisión de los cargos de apelación
2.1. El daño no proviene del acto administrativo que inició la actuación, sino
del que le puso fin.
2.1.1. El Tribunal a quo precisó que: i) el inmueble identificado como objeto de la
litis, de propiedad del señor Rodrigo Conde Aparicio, fue embargado en 2008, por
orden del Juzgado 4° Civil del Circuito de la misma ciudad; y ii) luego, a través de
la escritura pública del 6 de marzo de 2010, el inmueble fue vendido al demandante
Javier Díaz Molina; iii) durante 2010, el hoy actor intentó en 3 oportunidades
registrar la escritura, solicitud que fue rechazada, en virtud del embargo; iv) por
oficio del 9 de septiembre de 2011, el referido Juzgado 4° Civil le informó a la
demandada el levantamiento de la medida cautelar y le indicó que el inmueble
quedaba a disposición del Juzgado 1° Civil del mismo circuito judicial.
Al respecto, v) el 11 de noviembre de 2011, la entidad levantó el embargo decretado
por el primer despacho, pero no inscribió las otras medidas cautelares; vi) luego, en
virtud de la solicitud del demandante del 16 de febrero de 2012, en el folio de
matrícula inmobiliaria se inscribió el negocio jurídico de compraventa del 6 de marzo
de 2010, bajo la anotación 12.
Con posterioridad, a través de decisión del 2 de octubre de 2012, notificada al señor
Díaz Molina el 28 de noviembre siguiente, la accionada inició actuación
administrativa tendiente a la corrección del respectivo folio, el cual bloqueó, dadas
las eventuales irregularidades que implicaron las anotaciones efectuadas en
noviembre de 2011 y febrero de 2012.
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Actor: Javier Díaz Molina
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Referencia: Medio de control de reparación directa
Finalmente, mediante la Resolución 192 del 7 de noviembre de 2013, notificada por
aviso al actor, y confirmada por la Resolución 12345 del 9 de noviembre de 2016,
la Superintendencia de Notariado y Registro concluyó que la anotación 12 era
contraria al ordenamiento jurídico, de ahí que procediera su anulación.
A juicio del Tribunal a quo, la decisión que puso fin a la actuación no resulta
relevante para efectos de la caducidad, porque desde el auto del 2 de octubre de
2012 el actor estuvo al tanto de las irregularidades que llevaron al bloqueo del folio
y a la posterior anulación de la referida anotación 12, de ahí que desde esa fecha
hubiese sufrido y conocido el daño, en cuanto, en su criterio, desde ese momento
surgió la afectación del derecho de propiedad por el que ahora demanda.
El demandante manifestó su desacuerdo con lo anterior, porque, al margen de que
desde el inicio de la actuación se hubiese bloqueado el folio de matrícula inmobiliaria,
lo cierto es que para ese momento “no existía manifestación de la entidad pública
que determinara que no era el propietario del inmueble”, dado que para tal fin se
requería agotar “la actuación administrativa que debía surtirse con el respeto del
principio de legalidad y debido proceso hasta su culminación”5.
Así las cosas, explicó que la decisión de fondo que anuló el registro de propiedad
del actor corresponde a la Resolución 192 del 7 de noviembre de 2013, confirmada
por la Resolución 12345 del 9 de noviembre de 2016, que fue la que “en definitiva
[sacó] de su patrimonio el inmueble”6.
2.1.2. La Sala advierte que le asiste razón a la parte apelante al sostener que el
daño por el que reclama no proviene del acto administrativo de trámite que dio
apertura a la actuación administrativa, sino a la decisión de fondo adoptada en tal
escenario, pues fue en ella en la que se adoptó la determinación de dejar sin efecto
la anotación que daba cuenta de la calidad de propietario del señor Javier Díaz
Molina, como se explicará.
La Sala precisa que7 el señor Rodrigo Conde Aparicio adquirió el 14 de noviembre
de 1985 el bien identificado con la matrícula inmobiliaria 350-34841 de la Oficina de
5 Folio 1 del recurso de apelación.
6 Folio 3 del recurso de apelación.
7 Para lo cual se toma como fundamento la información reportada en el folio de matrícula inmobiliaria
objeto de discusión aportado por la Superintendencia de Notariado y Registro con la contestación de
la demanda, documento que obra en el archivo 2 del expediente digital. Además, las documentales
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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00259-01 (69815)
Actor: Javier Díaz Molina
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Referencia: Medio de control de reparación directa
Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, el cual fue embargado el 29 de agosto
de 2008, en virtud de las medidas cautelares decretadas por el Juzgado 4° Civil del
Circuito de Ibagué, en el proceso ejecutivo con acción real promovido por Syngenta
S.A. contra el señor Conde Aparicio –“proceso 2008-225-00”8.
Luego, a pesar del embargo, ante la Notaría Tercera del Círculo de Ibagué, los
señores Rodrigo Conde Aparicio y Javier Díaz Molina suscribieron la escritura
pública 471 del 6 de marzo de 2010, por medio de la cual el primero manifestó
venderle al segundo el inmueble antes citado.
A través de oficio del 9 de septiembre de 2011, el Juzgado 4° Civil del Circuito de
Ibagué le comunicó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa misma
ciudad: i) el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el proceso
ejecutivo promovido por Syngenta S.A., y ii) la procedencia del registro de las
decretadas por el Juzgado 4° Civil del mismo circuito, en el marco del proceso
promovido por Bancolombia S.A. contra el señor Conde Aparicio, despacho que
había decretado el embargo de los remanentes del primer proceso; sin embargo, la
entidad solo dio cumplimiento a la primera parte de la orden, es decir, levantó el
embargo de 2008, pero no registró lo segundo, proceder del cual se dejó constancia
bajo la anotación 11 del respectivo folio de matrícula inmobiliaria.
En virtud de la solicitud formulada en la misma fecha, el 16 de febrero de 2012, bajo
la anotación 12 del referido folio de matrícula inmobiliaria, fue registrado como
propietario el señor Javier Díaz Molina.
Luego, a través de auto del 2 de octubre siguiente, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Ibagué inició actuación administrativa para establecer si
se presentaron falencias en el registro de: i) las órdenes comunicadas por el
Juzgado 4° Civil del Circuito de Ibagué, mediante el oficio del 9 de septiembre de
2011, que implicaban que el bien siguiera embargado, pero por cuenta de un
despacho distinto -Juzgado 4° Civil del Circuito de Ibagué-; y ii) de la escritura
pública de compraventa 471 del 6 de marzo de 2010 de la Notaría Tercera del
Círculo de Ibagué, otorgada en favor del demandante Javier Díaz Molina.
del expediente administrativo que fueron allegadas con la demanda y que obran en el archivo 1 del
expediente digital.
8 Radicado tomado de la anotación 8 del folio de matrícula inmobiliaria.
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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00259-01 (69815)
Actor: Javier Díaz Molina
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Referencia: Medio de control de reparación directa
En el citado auto del 2 de octubre de 2012, como medida provisional, se ordenó el
“bloqueo” del respectivo folio9.
La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué, mediante la Resolución
192 de 201310, ordenó excluir del folio: i) la anotación 11, que versaba sobre la
ausencia de medidas cautelares vigentes; y ii) la anotación 12, en la que se registró
como propietario al señor Javier Díaz Molina.
Al respecto, la entidad concluyó que el citado oficio presentaba falencias, en cuanto
no contenía toda la información que se requería para su registro, de ahí que no fuera
posible la inscripción del desembargo ni de una nueva medida cautelar, sino que se
debía solicitar la corrección de la situación, y hasta que ello no ocurriera el bien
debía continuar afectado por cuenta del proceso tramitado ante el Juzgado 1° Civil
del Circuito de Ibagué; sin embargo, no se procedió de conformidad, pues se
registró el levantamiento de la medida inicial -anotación 11- y, luego, el negocio
jurídico de compraventa, que estaba viciado por objeto ilícito, por versar sobre bien
afectado con medidas cautelares -anotación 12-.
Con fundamento en las anteriores razones, concluyó que debían dejarse sin efecto
tales anotaciones y corregir la actuación, para que las órdenes de los Juzgados 1°
y 4° del Circuito Judicial de Ibagué fueran formuladas en debida forma e inscritas
en los términos legales, y mientras ello no ocurriera el bien continuaría
automáticamente embargado, en virtud de la medida vigente desde el 29 de agosto
de 2008.
La Resolución 192 de 2013 fue modificada en sede de apelación por el Subdirector
de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y Registro,
mediante la Resolución 12345 del 9 de noviembre de 2016, en la que se concluyó
que no se debía excluir la anotación 11, sino que lo que correspondía era proceder
al registro del segundo embargo, con la consecuente exclusión de la anotación 12,
dada la improcedencia de la venta de un bien afectado con medidas cautelares.
Finalmente, el inmueble fue adjudicado en remate el 7 de febrero de 2019, mediante
la sentencia dictada por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Ibagué en el proceso
promovido por Bancolombia S.A. contra el señor Conde Aparicio, en el cual se
9 De conformidad con la documentación allegada por la Superintendencia de Notariado y Registro,
en virtud de lo ordenado en la audiencia de pruebas.
10 Folios 4 a 14 de la respuesta dada por la accionada al requerimiento formulado por el Tribunal a
quo en la audiencia de pruebas.
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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00259-01 (69815)
Actor: Javier Díaz Molina
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Referencia: Medio de control de reparación directa
habían decretado las medidas cautelares que llevaron a la actuación administrativa
que la parte actora invoca en el presente asunto.
2.1.2.1. En este orden de ideas, la Sala considera que la fuente del daño no es el
acto administrativo del 2 de octubre de 2012, pues a través de este solo se dio inicio
a la actuación, la cual debía agotarse en su integridad para efectos de que, al
finalizar, se determinara si procedía o no la decisión de dejar sin efectos la anotación
12, que es, precisamente, el fundamento de lo pedido por el actor, quien considera
que dicha anulación en la vía administrativa fue resultado de una falla en el servicio
registral.
Si bien en el citado auto de apertura, como medida provisional, se ordenó el bloqueo
del respectivo folio de matrícula inmobiliaria, lo cierto es que en el sub lite no se
demanda por perjuicios derivados de tal bloqueo, sino porque el actor hubiese sido
excluido como propietario del bien, lo que ocurrió en virtud de lo ordenado por la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué en la Resolución 192 de
2013, decisión modificada por el Subdirector de Apoyo Jurídico Registral de la
Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la Resolución 12345 del 9 de
noviembre de 2016.
2.1.3. Así las cosas, por tratarse de perjuicios derivados de un acto administrativo
particular, que se considera contrario al ordenamiento jurídico, la pretensión idónea
no es la reparación directa, al margen de que no se hubiesen invocado las causales
de nulidad establecidas para tal fin -falta de competencia, falsa motivación,
desviación de poder, violación de la norma jurídica superior, expedición irregular11,
etc.-, sino que se hubiese hecho alusión a una “falla en el servicio”.
Lo relevante no son los términos formales en los que se planteó la pretensión, sino
la finalidad material de la demanda de la referencia, que no es otra cosa que se
concluya que fue ilegal la anulación de la anotación 12 del folio de matrícula
inmobiliaria, en virtud de la cual el señor Díaz Molina fue inscrito como propietario
del bien objeto de controversia.
11 Al respecto, el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, que versa sobre la nulidad simple, establece
que la declaratoria de nulidad “[p]rocederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las
normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió”, en concordancia el artículo 138 ejusdem, referente a la
nulidad y restablecimiento del derecho, señala que “[l]a nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior”.
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Actor: Javier Díaz Molina
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Referencia: Medio de control de reparación directa
Lo anterior implica establecer si la decisión adoptada en el caso particular por la
Superintendencia de Notariado y Registro se encuentra o no ajustada a la normativa
que regula sus funciones en materia del servicio público registral inmobiliario,
análisis que solo es procedente en los términos propios de la nulidad y
restablecimiento del derecho, pues el proceder de la demandada se debe analizar
en el marco del procedimiento administrativo que adelantó para tal propósito y de la
decisión definitiva que se adoptó al respecto, en concordancia con las disposiciones
que regulan ese tipo de trámites.
La Subsección considera que no es procedente la reparación directa, pues las
pretensiones no son propias de esta vía, sino de la de nulidad y restablecimiento
del derecho, que es la idónea cuando, en virtud de un procedimiento previamente
establecido, la Administración crea, modifica o extingue el derecho debatido,
mediante una decisión de carácter particular, susceptible de ser cuestionada en
sede judicial, con la consecuente solicitud de indemnización de los perjuicios
causados.
2.1.4. La escogencia de las acciones o medios de control, en ejercicio de las cuales
se deben tramitar los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, no depende de
la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin
pretendido.
Al margen del tipo de pretensión invocada en la demanda, al operador judicial le
corresponde determinar si el petitum es susceptible o no de ser tramitado en los
términos planteados por la parte accionante, por tal razón, en los casos en los que
se ejerce formalmente un medio de control, pero se invoca como fuente del daño
un supuesto propio de otro, el juez debe encaminar las pretensiones con
observancia del segundo evento.
De este modo, cuando se pide una indemnización por la vía de la reparación directa,
pero el sustento del petitum es la ilegalidad de un acto administrativo que afectó
intereses subjetivos, al margen de lo dicho por el actor, el asunto se debe analizar
en los términos propios de la nulidad y restablecimiento del derecho.
Frente a una misma situación -acto administrativo particular ilegal- no proceden dos
pretensiones distintas a elección de quien demanda, dado que las vías procesales
en nuestro ordenamiento han sido definidas con finalidades autónomas e
independientes, de ahí que no sea aceptable que quien omitió pedir la
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Referencia: Medio de control de reparación directa
indemnización del daño causado por un acto administrativo que se estima contrario
al ordenamiento jurídico en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, luego
la reclame de manera independiente y a través de la reparación directa, porque, se
reitera, la pretensión idónea en esos casos es la de legalidad subjetiva, por cuyo
intermedio se deben formular las súplicas que resulten necesarias para restablecer
y/o reparar los derechos particulares vulnerados.
2.1.5. De otro lado, la Sala precisa que la indemnización por los perjuicios
generados por la eventual afectación del derecho de propiedad como consecuencia
de una decisión administrativa que anuló una inscripción en el folio de matrícula
inmobiliaria no es un aspecto ajeno a la pretensión de legalidad subjetiva, porque
por su intermedio, además del cuestionamiento del acto administrativo, se puede
solicitar: i) el restablecimiento del derecho -salvo que sea automático, evento en el
que no es necesario pedirlo-, y/o ii) la indemnización de los perjuicios causados, tal
como lo ha precisado la Corte Constitucional, que ha señalado que en sede de
nulidad y restablecimiento del derecho proceden 2 tipos de súplicas, “la que busca
retirar del ordenamiento jurídico el acto administrativo ilegal o inconstitucional
y (…) la que, como consecuencia directa e inmediata de la anterior, busca
restablecer el derecho afectado al demandante y reparar el daño causado
(…)”12.
En concordancia con lo anterior, el Consejo de Estado ha establecido que los daños
causados a los ciudadanos no solo son reparables por medio de la pretensión de
reparación directa, sino que, para tal fin, en aplicación del inciso primero del artículo
90 de la Constitución Política, también resulta idónea la de nulidad y
restablecimiento del derecho13.
2.1.5. Lo que en el sub lite pretende la parte actora, bajo una pretensión formal de
reparación directa, es que materialmente se acceda a la indemnización que debió
solicitar en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que no es posible,
toda vez que el daño que reclama surgió una vez agotada la respectiva actuación
administrativa y como consecuencia de la decisión de fondo que allí se adoptó, la
cual fue desfavorable a los intereses del demandante Javier Díaz Molina, en cuanto
se concluyó que debía anularse su inscripción como propietario del inmueble.
12 Corte Constitucional, sentencia T 945 del 2 de octubre de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020, expediente 51.534.
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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00259-01 (69815)
Actor: Javier Díaz Molina
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Referencia: Medio de control de reparación directa
El demandante incurrió en una indebida escogencia de la acción, porque lo que le
correspondía era demandar en el término de ley la nulidad de la decisión
administrativa que lo afectó y allí formular el reclamo indemnizatorio por la eventual
pérdida de la propiedad del inmueble, sin que la omisión en ese sentido, se reitera,
sea susceptible de ser subsanada a través de la reparación directa.
2.2. La decisión definitiva y las que resolvieron los recursos interpuestos en
su contra no fueron notificadas a la parte actora.
En criterio del Tribunal Administrativo del Tolima, en este asunto resulta irrelevante
que al actor se le hubiese notificado o no los actos administrativos que definieron
de fondo la actuación, por cuanto no se trata de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino de reparación directa, que no tiene como
finalidad atacar decisión administrativa alguna.
En todo caso, si bien existieron inconsistencias en el envío de los diferentes oficios
remitidos para efectos de notificación al señor Javier Diaz Molina, lo cierto es que,
finalmente, el aviso posterior frente a la decisión de fondo fue entregado el 25 de
enero de 2014 en la dirección de destino informada por la parte actora, sin que se
reportara novedad alguna.
Lo anterior fue cuestionado por la parte actora, bajo el argumento de que la
Resolución 192 de 2013, que ordenó la anulación de la anotación 12 objeto de
análisis no fue notificada, porque el aviso pertinente fue enviado a una dirección
distinta a la de notificaciones del señor Díaz Molina.
El demandante señaló que tampoco fue notificada la Resolución 12345 del 09 de
noviembre de 2016, que resolvió en segunda instancia el caso, a pesar de que fue
el acto administrativo que puso fin a la actuación y en definitiva sacó el inmueble del
patrimonio del demandante.
En el recurso de apelación se indicó que, solo hasta el 17 de junio de 2019, el señor
Díaz Molina tuvo conocimiento de lo que había ocurrido con su derecho de dominio,
en una diligencia de entrega adelantada en el marco del proceso de ejecución en
virtud del cual el bien se encontraba embargado; además, hasta el 17 de febrero de
2020 se tuvo acceso al respectivo expediente administrativo, mediante la copia
expedida por la demandada. Luego de lo cual, en virtud de la conciliación
extrajudicial, el término para demandar se suspendió entre el 21 de enero y el 2 de
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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00259-01 (69815)
Actor: Javier Díaz Molina
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Referencia: Medio de control de reparación directa
marzo de 2021, de ahí que la demanda radicada el 16 de julio siguiente sea
oportuna.
Previo a resolver sobre la oportunidad de la demanda, la Sala precisa que tanto los
argumentos del Tribunal a quo como de la parte apelante se sustentaron en el
cómputo de la caducidad bajo los términos propios de la reparación directa, pese a
que el análisis pertinente se debía adelantar de conformidad con las reglas que rigen
en materia de nulidad y restablecimiento del derecho, escenario en el que la
demanda también resulta extemporánea, pero por unas razones distintas.
En efecto, como se explicó en el acápite precedente, lo que correspondía al
accionante era cuestionar la Resolución 192 de 2013, confirmada, en sede de
reposición 14 , por la Resolución 035 del 14 de febrero de 2014 y modificada en
apelación por la Resolución 12345 del 9 de noviembre de 2016, en el término de 4
meses establecido en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011, que prevé que la nulidad y restablecimiento del derecho debe ejercerse dentro
de los 4 meses siguientes a “la comunicación, notificación, ejecución o publicación
del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales”.
La Sala encuentra probado que la Resolución 192 de 2013 fue notificada por aviso
al demandante, previa citación para notificación personal enviada a la dirección
indicada para tales efectos15 por su entonces apoderado -Jaime Salazar Grisales-,
quien no compareció ante la demandada, de ahí que se hubiese procedido en los
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 201116.
14 Contra la Resolución 192 de 2013 el vendedor interpuso recurso de reposición, resuelto de manera
desfavorable a través de la Resolución 035 del 14 de febrero de 2014, dado que no era posible
mantener los efectos de la inscripción de la compraventa en la anotación 12, por objeto ilícito, en
cuanto versó sobre un inmueble embargado (folios 257 a 262 del archivo 1 del expediente digital).
En el expediente no obra constancia de notificación de tal decisión a la parte actora.
15 Folio 181 del archivo 1 del expediente digital.
16 “Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los
cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección,
al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la
del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de
destino (…)”.En el sub lite la citación para notificación personal se envió el 18 de noviembre de 2013
y fue recibida en el destino el 26 de noviembre. Ante la falta de comparecencia del citado, se procedió
a agotar el trámite de la notificación por aviso, el cual fue entregado el 23 de enero de 2014, en la
dirección indicada por el entonces apoderado del accionante (folios 189, 195, 237 y 238 del archivo
1 del expediente digital).
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Radicación: 73001-23-33-000-2021-00259-01 (69815)
Actor: Javier Díaz Molina
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Referencia: Medio de control de reparación directa
En cuanto a las resoluciones que resolvieron los recursos de la vía administrativa 17
-Resoluciones 035 del 14 de febrero de 2014 y 12345 del 9 de noviembre de 2016-,
en este asunto no obran las constancias de notificación pertinentes al señor Javier
Díaz Molina.
La Sala precisa que con la demanda se allegaron unas piezas del cuaderno de
antecedentes administrativos, pero no hay certeza de que contengan la totalidad de
la actuación, lo que impide establecer si las notificaciones invocadas por la parte
actora no fueron practicadas o si su ausencia obedece a que los antecedentes no
se encuentran completos.
La ausencia de las constancias de notificación personal enunciadas, en concreto, la
referente al acto administrativo que puso fin a la vía administrativa -Resolución
12345 del 9 de noviembre de 2016- no impide que se efectúe el cómputo de la
oportunidad del derecho de acción, porque, según las pruebas obrantes en el
expediente, en concordancia con lo señalado por la parte actora como fecha de
conocimiento de lo decidido en la vía administrativa, dan cuenta de la notificación
por conducta concluyente y, de manera consecuente, de la caducidad de la
pretensión de legalidad.
En efecto, el artículo 72 de la Ley 1437 de 2011 establece que sin el lleno de los
requisitos legales no se considera realizada la notificación, ni producirá efectos
legales la decisión, a menos que la parte interesada “revele que conoce el acto,
consienta la decisión o interponga los recursos legales”.
Al respecto, el 7 de febrero de 2020, a través de apoderado -Juan David Díaz
Valencia 18 -, en relación con el inmueble objeto de discusión, solicitó que se
expidiera “copia de toda actuación administrativa que se relacione con la inscripción
y anulación de la anotación de la propiedad de mi mandante”, incluidos, los actos
administrativos proferidos para tal fin, con las consecuentes constancias de
notificación19.
En relación con lo anterior, mediante oficio del 10 de febrero siguiente 20, la entidad
le indicó que serían expedidas previo pago de los gastos pertinentes.
17 Que fueron interpuestos por el entonces vendedor y propietario Rodrigo Conde Aparicio.
18 De conformidad con el poder otorgado por el actor el 22 de enero de 2020 ante la Notaría 38 del
Círculo de Bogotá D.C. (folios 20 y 21 del archivo 1 del expediente digital).
19 Folio 17 del archivo 1 del expediente digital.
20 Folio 218 del archivo 1 del expediente digital.
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Actor: Javier Díaz Molina
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Referencia: Medio de control de reparación directa
En concordancia, en la demanda se agregó que “hasta el 17 de febrero de 2020 se
entregaron las copias y se tuvo conocimiento del contenido de las Resoluciones 192
de 2013 y 12345 del 09 de noviembre de 2016, así como de las demás actuaciones
contenidas en el expediente administrativo”.
Así las cosas, como se explicó con antelación, al demandante sí le fue notificada la
decisión administrativa inicial de fondo- Resolución 192 de 2013-, al punto de que
acudió en 2016 ante esta jurisdicción en sede de reparación directa, demanda que
fue rechazada el 2 de febrero de 2017, porque, según la información allegada a ese
asunto, en virtud del auto del 14 de abril de 2016, no se habían resuelto los recursos
de la vía administrativa y, una vez ello ocurrió, el actor pidió que se expidiera copia
de las resoluciones que anularon su inscripción como propietario.
Lo anterior permite concluir que con la petición del 7 de febrero de 2020 el actor
reveló el conocimiento de las decisiones que dejaron sin efecto la anotación
en la que fue registrado como dueño, pues con antelación sabía que estaba en
curso el agotamiento de la vía administrativa y, decididos los recursos, compareció
ante la demandada e indicó de manera expresa el sentido en el que terminó la
actuación -con decisión de anulación-, lo que permite inferir el conocimiento al que
se refiere el artículo 72 de la Ley 1437 de 2011.
De este modo, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en principio,
debía radicarse dentro de los 4 meses siguientes al 7 de febrero de 2020; sin
embargo, tal término fue suspendido desde el 16 de marzo siguiente hasta el 30 de
junio de la misma anualidad, en virtud de lo dispuesto por el Consejo Superior de la
Judicatura a través de los acuerdos PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 202021 y
PCSJA20-11567 del 5 de junio siguiente22, en concordancia con el Decreto 56423
de la misma anualidad.
21 A través del cual, con ocasión de la pandemia originada por la propagación del Covid-19, fueron suspendidos
los términos judiciales a partir del 16 de ese mismo mes y año, medida que fue prorrogada en varias
oportunidades, con el propósito de garantizar la salud de los servidores y usuarios de la administración de
justicia.
22 Que levantó la suspensión de los términos judiciales a partir del 1º de julio de 2020.
23 Normativa a través de la cual se dispuso:
“Artículo 1. Los términos (…) se encuentran suspendidos desde el 16 marzo 2020 hasta el día que el Consejo
Superior de la Judicatura disponga la reanudación (…).
El conteo (…) se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión (…). No obstante,
cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba (…) era inferior a
treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la
suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente”.
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Así las cosas, en el sub lite el plazo para demandar corrió en 2020, con las
siguientes particularidades: i) un lapso inicial -un mes y 7 días- entre el 8 de febrero
y el 15 de marzo posterior; ii) estuvo suspendido entre el 16 de marzo y el 30 de
junio de la misma anualidad; iii) se reanudó el 1º de julio de 2020, sin que resultara
aplicable el mes adicional que contempló el artículo 1° del Decreto 564 de 2020,
dado que para el momento en que se decretó la suspensión de términos faltaban
más de 30 días para que operara la caducidad -2 meses y 23 días- y, finalmente,
iv) se extinguió el 23 de septiembre siguiente, sin que la demanda fuera radicada
en el lapso pertinente, pues se procedió de conformidad hasta el 16 de julio de 2021.
En todo caso, aunque se tomara como referencia la fecha que el demandante
señaló de manera expresa como aquella en la que tuvo acceso a las resoluciones
administrativas pertinentes, incluida la que puso fin a la actuación administrativa -
17 de febrero de 202024-, lo cierto es que la demanda también sería extemporánea,
porque en ese evento el plazo habría empezado a correr el 18 de febrero siguiente
y se suspendió el 16 de marzo de la misma anualidad, cuando faltaban más de 30
días para que operara la caducidad, de ahí que se reanudó el 1° de julio de 2020 y
se habría extendido hasta el 3 de octubre de 202025, pero la demanda se radicó
hasta el año siguiente -16 de julio de 2021-.
La solicitud de conciliación fue posterior al vencimiento del término de 4 meses,
pues el 21 de enero de 2021 fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación
y el 2 de marzo de 2021 se expidió la constancia de no acuerdo26.
El hecho de que el demandante no ejerciera la pretensión de nulidad y
restablecimiento del derecho una vez conoció la decisión administrativa
desfavorable que lo afectó, sino que, en su lugar, optara por demandar a través de
la pretensión de reparación directa, no releva a la Sala de advertir la improcedencia
del medio de control y adoptar las determinaciones que resultaban consecuentes
24 Manifestación que se valora en virtud de las normas que regulan la confesión por medio de apoderado judicial,
la cual se encuentra enlistada como un medio probatorio en los artículos 165, 191 y 193 del CGP. La segunda
de las normas citadas establece los requisitos para su configuración (en general, capacidad de disposición, que
sea favorable a la contraparte, no exista tarifa legal, hechos personales del confesante) y la última prevé que
“valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la
demanda”, entre otros.
Así las cosas, las manifestaciones sobre la fecha de conocimiento de los respectivos actos administrativos son
susceptibles de valoración, en cuanto cumplen con los supuestos requeridos para tal fin, pues provienen de la
parte actora, que goza de la facultad de disponer del derecho debatido, Las afirmaciones pertinentes permiten
establecer que, aunque no obre prueba de la notificación, el actor conoció las resoluciones en las que edifica
sus pretensiones con una antelación suficiente como para concluir que operó la caducidad de la nulidad y
restablecimiento del derecho, situación favorable a su contraparte.
25 Por tratarse de un día sábado, la demanda podía radicarse hasta el 5 de octubre siguiente.
26 Folios 13 a 16 del archivo digital 1 del expediente.
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con ello, que implican: i) analizar el asunto en los términos del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, y ii) verificar si se encuentran acreditados
los presupuestos procesales de tal pretensión, lo que no se advierte, dada la
configuración de la caducidad, la cual se declarará en la presente providencia.
2.3. La oportunidad de la demanda es tan clara que la demandada no formuló
la excepción de caducidad.
El Tribunal Administrativo del Tolima indicó que, si bien la caducidad no fue
planteada por la demandada ni debatida en las etapas anteriores del proceso, lo
cierto era que se trataba de una excepción susceptible de ser declarada de oficio.
La parte actora indicó que en este caso era tan evidente la oportunidad de la
demanda, que la demandada ni siquiera alegó la caducidad.
La Sala precisa que, al margen de que durante el trámite del proceso se hubiese
advertido o no que la demanda era extemporánea y que, en concreto, la accionada
no hubiese puesto de presente tal situación, lo cierto es que el silencio al respecto
no desvirtúa la falta de oportunidad, ni era un impedimento para que en la primera
instancia, como también se hará ahora, pero por unas razones distintas-, se
concluyera que operó la caducidad, excepción susceptible de ser declarada de
17
Radicación: 73001-23-33-000-2021-00259-01 (69815)
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Referencia: Medio de control de reparación directa
oficio, en virtud del artículo 187 de la Ley 1437 de 201127, en concordancia con la
jurisprudencia de esta Sección28.
La Subsección, de conformidad con las anteriores consideraciones, en cuanto el
medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho y frente
a este también operó la caducidad, la sentencia de primera instancia se modificará
en ese sentido.
3. Costas
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 201129, en concordancia con
el artículo 365 del CGP, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera
desfavorable la apelación y, en todo caso, “[s]olo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
27 En virtud del cual, “[e]n la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio
in pejus”.
A juicio de esta Subsección, la garantía citada se desconoce solo cuando se despoja un derecho
que fue concedido en primera instancia y que no fue aceptado por la parte que no impugnó, pero no
cuando se varían las razones para confirmar la decisión del juez a quo (Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, expediente
66.582).
En palabras de esta Corporación, “las autoridades accionadas no hicieron más grave la situación del
actor en segunda instancia, al deducir que en los hechos de la mencionada demanda de reparación
directa no se observaba un agravio, (…) aserción que no tiene la virtud de modificar el sentido de la
decisión, pues al no concurrir el nexo causal, de igual modo, no era dable acceder a las pretensiones
ordinarias”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2020, C. P: Carmelo Darío Perdomo Cuéter, exp: 2020-
01529-00 (AC). También se puede ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 18 de noviembre de 2021, C.P: Rocío Araújo Oñate, exp: 2021-06707-
00(AC).
La Corte Suprema de Justicia también ha sostenido: “No es verdad entonces que el Tribunal
desmejore la posición del apelante único cuando el fracaso de las pretensiones tal como venía de
primera instancia se mantuvo en segunda, aunque por motivos diferentes”. Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2016, M.P: Edgardo Villamil
Portilla, exp: 2000-00194-01.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación del 6 de abril de 2018, expediente 46.005.
29 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el siguiente sentido: “[e]n todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal”, regla que, por ser de orden público, de aplicación
inmediata y no estar sujeta a régimen de transición, rige en todos los procesos en curso para la fecha
de su entrada en vigor.
El aspecto subjetivo citado no es aplicable a los procesos ordinarios, sino a aquellos en los que se
ventila un interés público, en los cuales proceden las costas, ante la “manifiesta carencia de
fundamento legal” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 63.217, CP: Fredy Ibarra Martínez;
Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2022, expediente 67.700; sentencia del 10 de octubre
de 2022, expediente 67.965).
18
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Referencia: Medio de control de reparación directa
A su vez, el artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por la
las expensas y los gastos, así como por las agencias en derecho, erogaciones que
la Sala no encuentra causadas en esta instancia, pues no se advierte ninguna
actuación en el trámite de la apelación que hubiese generado cargas económicas a
las partes; además, el apoderado de la demandada renunció en la primera instancia,
sin que se hubiese constituido uno nuevo.
En las condiciones analizadas la Sala no condenará en costas a la parte apelante y
no fijará suma alguna a su cargo por concepto de agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 16 de febrero de 2023, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la caducidad del medio de control
de reparación directa, para, en su lugar, declarar tal excepción en relación con el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER las
diligencias al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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