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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00397-01

Fecha
9 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00397-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 8 de noviembre de 2021, por el Tribunal Administrativo del Tolima, pero por las razones expuestas en esta providencia. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 73001-23-33-000-2021-00397-01 Demandante: Margarita Rosa Ramírez Castro 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2021-00397-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

9 de diciembre de 2021

Radicado: 73001-23-33-000-2021-00397-01
Demandante: Margarita Rosa Ramírez Castro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia Acción de tutela
Radicación 73001-23-33-000-2021-00397-01
Demandante MARGARITA ROSA RAMÍREZ CASTRO
Demandado JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ

Temas Acción de tutela contra providencia judicial proferida en el trámite de
un incidente de desacato. Causales de procedencia excepcional.
Solicitud de levantamiento de sanción por desacato por imposibilidad
de cumplimiento por muerte de la tutelante. Defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia del 8 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que resolvió:
“PRIMERO: DENIÉGUESE el amparo al derecho fundamental invocado por la señora
MARGARITA ROSA RAMÍREZ CASTRO, de conformidad con los planteamientos expuestos
en la parte motiva de la presente sentencia”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 22 de octubre de 20211, la señora Margarita Rosa Ramírez Castro, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Quinto Administrativo
de Ibagué, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental al debido proceso del que es titular la suscrita
MARGARITA ROSA RAMÍREZ CASTRO, por ser la providencia emitida por el Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Ibagué Tolima desconocedora del precedente judicial planteado por la
Corte Constitucional y desnaturalizarse la sanción por desacato convirtiéndola el operador
judicial en un acto de castigo cuando su objeto es meramente coaccionar al cumplimiento de
un fallo de tutela.
SEGUNDO: Se deje sin efecto la providencia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo
Oral de Ibagué Tolima del día 20 de octubre del 2021 y, en consecuencia, se ordene emitir
nueva providencia en la que se acaten los planteamientos efectuados por la Corte
Constitucional en la sentencia T-414A/2014 y demás jurisprudencia y normatividad vigente
aplicable.
TERCERO: Las demás que considere pertinentes el señor Juez para amparar los derechos
fundamentales de la aquí afectada”.

1 Fecha del correo electrónico enviado al buzón de tutelas y hábeas corpus en línea.

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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00397-01
Demandante: Margarita Rosa Ramírez Castro

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Hechos relativos a la acción de tutela N° 73001-33-33-005-2015-00235-00

2.1. La señora María Hilda Céspedes Lotero, era una persona de la tercera edad y
pertenecía al régimen subsidiado. La entidad encargada de prestarle los
servicios de salud en el Departamento del Tolima era la EPS Comparta.

2.2. El señor Isaac Vargas Morales, en su condición de Personero Municipal de
Ibagué, interpuso acción de tutela como agente oficioso de la señora María
Hilda Céspedes Lotero, en atención a su edad y a las precarias condiciones
de salud en las que se encontraba, ya que presentaba insuficiencia respiratoria
aguda, tenía ventilación mecánica asistida y tumefacción, y presentaba una
masa o prominencia localizada en el cuello.

El amparo constitucional que solicitó en favor de la señora Céspedes Lotero
estuvo orientado a la posibilidad de que fuera trasladada a un hospital de
mayor complejidad que contara con unidad de cuidados intensivos y, para que
se le practicara cirugía de cabeza y cuello y, fuera atendida por
otorrinolaringología para una traqueotomía guiada por broncoscopio, según
indicación del médico tratante.

2.3. De la acción de tutela con radicado Nro. 73001-33-33-005-2015-00235-00,
conoció el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué que, mediante sentencia
del 10 de junio de 2015 amparó los derechos fundamentales a la salud y a la
vida en condiciones dignas de la señora María Hilda Céspedes Lotero.

En consecuencia, ordenó a la EPS Comparta la remisión inmediata de la
señora Céspedes Lotero desde el Hospital San Rafael de Espinal hasta un
hospital de mayor nivel que contara con una Unidad de Cuidados Intensivos
UCI, donde se le pudieran realizar los procedimientos ordenados por el
médico. Se advirtió en la orden de amparo que, en caso de no contar con
convenio vigente con las IPS de su red, debía cancelar anticipadamente el
valor del servicio requerido por la accionante al centro hospitalario público o
privado que contara con ese servicio; además de la atención integral en salud
que debía prestársele según los requerimientos del caso.

Hechos relativos al incidente de desacato al fallo de tutela del 10 de junio de
2015.

2.4. Ante el incumplimiento de la orden de tutela, la parte tutelante presentó
incidente de desacato.

Por auto del 9 de abril de 2018, el Juez de tutela de primera instancia abrió
formalmente el trámite incidental en contra de Sandra Liliana Rodríguez
Gómez, en calidad de gestora de servicios de la EPS Comparta y, de Sandra
Liliana Torres Díaz, como secretaria de salud del Departamento del Tolima.

Posteriormente, mediante providencia del 23 de abril de 2018 el Juzgado
declaró que la gestora de servicios de la EPS Comparta y la secretaria de
salud del Departamento del Tolima habían incurrido en desacato y, en

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Demandante: Margarita Rosa Ramírez Castro

consecuencia, ordenó sancionarlas con multa de tres (3) salarios mínimos
legales mensuales vigentes y tres (3) días de arresto, a cada una de ellas.
Además, se dio la orden de dar cumplimiento al fallo de tutela.

2.5. Con ocasión de los informes allegados al trámite incidental, por quienes fueron
sancionados en el incidente de desacato, frente a la EPS Comparta el Juzgado
advirtió que el escrito con el que se buscaba acreditar el cumplimiento de la
orden de tutela, aparecía suscrito por la señora Margarita Rosa Ramírez
Castro. Por tal motivo, ordenó vincularla al trámite incidental mediante auto
del 25 de junio de 2018.

2.6. En providencia del 16 de julio de 2018 el juzgado concluyó que, a pesar de
haberse adelantado algunas gestiones en busca del cumplimiento de la orden
constitucional, éstas eran parciales ya que no se estaba prestando un servicio
integral a la paciente María Hilda Céspedes Lotero.

Por lo anterior, se dejó sin efectos la decisión del 23 de abril de 2018 en la que
había sancionado a la señora Sandra Liliana Rodríguez Gómez, como gestora
de servicios del Departamento del Tolima de la EPS Comparta y, de Sandra
Liliana Torres Díaz, secretaria de salud del Departamento del Tolima.

En su lugar, declaró que quienes incurrían en desacato eran las señoras
Margarita Rosa Ramírez Castro como gestora de servicios del Departamento
del Tolima de la EPS Comparta y Sandra Liliana Torres Díaz como secretaria
de salud del Departamento del Tolima (quien ya había sido sancionada), y les
impuso a cada una de ellas una sanción de multa de dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigentes y dos (2) días de arresto, sin perjuicio del
cumplimiento inmediato al fallo de tutela.

2.7. La decisión de sanción por desacato fue estudiada en grado de consulta por
el Tribunal Administrativo del Tolima que, en providencia del 10 de septiembre
de 2018 modificó la sanción impuesta a la hoy tutelante Margarita Rosa
Ramírez Castro, para lo cual, ordenó que la sanción fuera de multa equivalente
a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que de no cumplirse,
sería conmutable con un día de arresto por cada salario decretado, por
desacato al fallo de tutela proferido el 10 de junio de 2015.

El Tribunal revocó la sanción impuesta a la señora Sandra Liliana Torres Díaz,
secretaria de salud del Departamento del Tolima.

Hechos posteriores al incidente de desacato

2.8. Mediante escrito del 28 de noviembre de 2019, el gestor jurídico de tutelas de
Comparta EPS puso en conocimiento del juzgado que la paciente María Hilda
Céspedes Lotero había fallecido el 23 de octubre de 2019 y, en consecuencia,
solicitó el levantamiento de la sanción por desacato y la terminación del
incidente de desacato.

En auto del 11 de diciembre de 2019, el Juzgado declaró la configuración de
un daño consumado y, en consecuencia, ordenó el levantamiento de las
sanciones impuestas a la señora Yulli Catalina Galvis Roa, quien para esa
época era la gestora de servicios de la EPS Comparta.

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Demandante: Margarita Rosa Ramírez Castro

2.9. El 17 de septiembre de 2021, la hoy tutelante solicitó al Juzgado Quinto
Administrativo de Ibagué que se inaplicara la sanción por desacato impuesta
en su contra en el trámite incidental de la tutela Nro. 2015-00235-00, al
haberse dado cumplimiento a la orden y, pidió ser desvinculada de los
diferentes trámites incidentales, en la medida que laboró como gestora de
servicios de salud en Comparta EPS hasta el 31 de octubre de 2018.

2.10. La anterior solicitud fue negada mediante auto del 20 de octubre de 2021.

El juzgado explicó que, con ocasión del fallecimiento de la paciente
beneficiaria del amparo constitucional, por auto del 11 de diciembre de 2019
declaró el daño consumado y dejó sin efectos la sanción impuesta en auto del
2 de julio de 2019 (confirmada en consulta parcialmente por el Tribunal
Administrativo del Tolima el 31 de julio de 2019), por la que impuso sanción a
quien para la época fungía como gestora de servicios de Comparta EPS,
señora Yulli Catalina Galvis Roa, y a la señora Sandra Liliana Torres Díaz en
su calidad de secretaria de salud departamental, a quien se había vuelto a
sancionar por desacato.

Frente a la petición de Margarita Rosa Ramírez Castro, sostuvo que no allegó
prueba que demostrara que el motivo por el que fue sancionada hubiera
desaparecido, que por el contrario, durante el tiempo que la paciente María
Hilda Céspedes Lotero estuvo viva, Comparta EPS demostró su renuencia
frente al cumplimiento de las órdenes judiciales impartidas, lo que atentó de
manera directa contra los derechos fundamentales de la paciente, al punto de
haber fallecido sin recibir la atención vital de los servicios médicos que requería
para recuperar su salud.

Reprochó que justamente por ese actuar negligente, la paciente murió sin
recibir la atención ordenada en el fallo de tutela, sin importar a la EPS
Comparta el cumplimiento de la orden constitucional.

En consecuencia, (i) negó lo solicitado por la accionante; (ii) ordenó comunicar
la decisión a la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Ibagué para lo de su competencia; y (iii) dispuso compulsar copias a la
Superintendencia Nacional de Salud para que adelantara la correspondiente
indagación administrativa en contra de Comparta EPS y ante la Fiscalía
General de la Nación para que investigara la conducta de fraude a resolución
judicial o cualquier otra conducta punible en la que hubieran podido incurrir los
funcionarios de la mencionada EPS.

3. Fundamentos de la acción

La accionante considera que la providencia del 20 de octubre de 2021, proferida por
el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué dentro del proceso de tutela con
radicación Nro. 73001-33-33-005-2015-00235-00, desconoce su derecho
fundamental al debido proceso porque incurrió en defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente.

Sostuvo que la decisión cuestionada se emitió sin soporte normativo ni
jurisprudencial y, que ratifica la sanción por desacato impuesta en su contra, pese
a que se configuró la carencia de objeto con ocasión del fallecimiento de la usuaria
a quien se habían amparado sus derechos fundamentales.

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Demandante: Margarita Rosa Ramírez Castro

Precisó que la decisión reitera la sanción que le fue impuesta, desnaturalizando la
esencia que tiene la misma dentro de un incidente de desacato y que no es otro que
ser un medio de coacción y presión que se impone pero no un castigo punitivo que
deba imponerse contra quien desconoce el contenido de una decisión derivada de
un amparo constitucional a través de la acción de tutela, de manera que no existía
justificación para limitar el derecho a la libertad a través de la sanción de desacato
cuando lo cierto es que existe una carencia de objeto con ocasión del fallecimiento
del usuario.

Manifestó que laboró con la EPS Comparta desde el 1º de marzo de 2016 hasta el
31 de octubre de 2018, en el cargo de gestora de salud de dicha institución y que
una vez terminó su vínculo, perdió todo contacto con los usuarios y no tenía la
posibilidad de gestionar ningún tipo de trámite tendiente al cumplimiento de la orden
de tutela. Que, si bien por auto del 11 de diciembre de 2019 el juzgado declaró la
ocurrencia del daño consumado y levantó las sanciones impuestas contra las
funcionarias encargadas del cumplimiento, en el caso de la EPS Comparta quien
fungía para ese momento como gestora de servicios de salud era la señora Yulli
Catalina Galvis, a quien se le levantó la sanción, pero que nada se dijo en relación
con la sanción que tenía en su contra desde el 16 de julio de 2018.

Señaló que han pasado 3 años desde que se desvinculó de la EPS Comparta y que
pese a ello no ha logrado que se revoquen las sanciones impuestas en su contra y
que esto le ha generado problemas a nivel legal, embargos a sus cuentas y bienes,
aprehensiones por parte de la policía, sumado a que parte de su salario se
encuentra embargado, todo lo cual le ha generado una grave afectación emocional,
psicológica y física, diagnosticada hace un año con trastorno de ansiedad y
medicada con antidepresivos, además de estar recuperándose de una cirugía
realizada recientemente de un tumor en el ovario.

Invocó la sentencia SU-034 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, que
determinó la procedencia de la inejecución de la sanción impuesta por desacato y
que, conforme a lo planteado en el mencionado precedente, en su caso era evidente
que la decisión del 20 de octubre de 2021 desconocía pronunciamientos como el
citado.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 25 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima
admitió la acción de tutela y ordenó notificar las partes accionante y accionada.

4.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, relató que la
accionante presentó memorial el 16 de septiembre de 2021 a las 5:14 p.m. a
través de correo electrónico, en el que solicitó la inaplicación de la sanción que
le había sido impuesta en auto del 16 de julio de 2018 dentro de un trámite
incidental de desacato, de manera que, no se cumplía con el requisito de
inmediatez al pretender que no se aplicara una sanción impuesta 3 años atrás.

Explicó que la tutelante presentó la solicitud de inaplicación de la sanción por
desacato invocando el derecho de petición, pese a tratarse de un trámite
judicial. Sin embargo, informó que por auto del 20 de octubre de 2021 resolvió
la solicitud presentada por la actora, la que se notificó por estado del 21 de

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octubre de 2021 y, le fue remitida a la dirección de correo electrónico reportada
para recibir notificaciones.

Puso de presente que la actora también presentó acción de tutela con la
radicación Nro. 73001-23-33-000-2021-00393-00, repartida al despacho del
magistrado Belisario Beltrán Bastidas, en la que se ventilan los mismos hechos
expuestos en el proceso de la referencia.

Por último, manifestó acogerse y acatar la decisión que se emitiera dentro del
presente trámite constitucional.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 8 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Tolima negó
el amparo constitucional solicitado por la parte actora.

Indicó la providencia de tutela de primera instancia, que tanto la Corte Constitucional
como el Honorable Consejo de Estado han establecido la procedencia del
levantamiento o cese de la sanción sólo cuando se evidencia el cumplimiento de la
orden a ejecutar y que en el presente caso, para el momento e incluso tiempo
después en que se impuso la sanción no se demostró el acatamiento de lo ordenado
en el fallo de tutela, de manera que para el tribunal la providencia no incurrió en
ningún defecto y que por el contrario, lo que pretendía la accionante era justificar su
petición en el hecho del fallecimiento de la usuaria y no en el cumplimiento que le
correspondía acreditar.

Ahora, en lo relacionado con la carencia actual de objeto ante el fallecimiento de la
usuaria que para la actora hacía improcedente mantener y ejecutar la sanción ante
la imposibilidad de acatar las órdenes de tutela, precisó que tal argumento no fue
expuesto al Juzgado de conocimiento y por tanto no fue objeto de pronunciamiento
dentro de la decisión cuestionada.

Explicó que el hecho superado suponía dentro del contexto respectivo, la
satisfacción de lo pedido en la tutela producto del obrar de la entidad y que, el daño
consumado, por su parte, tenía lugar cuando se perfeccionaba la afectación que
con la tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar
la vulneración o impedir que se concretara el peligro, no era factible que el juez de
tutela emitiera una orden para retrotraer la situación, pero que en el caso, contrario
a lo afirmado por la tutelante, el fallecimiento de la accionante a quien se habían
amparado los derechos fundamentales era un evento que se hacía más reprochable
ante la imposibilidad de restablecimiento del derecho alguno a la ya fallecida señora
Céspedes Lotero, más aún cuando el juzgado en la providencia del 20 de octubre
de 2021 indicó que falleció sin recibir la atención vital de los servicios médicos que
requería para recuperar su salud.

En este orden, consideró que el motivo para mantener la sanción que le fue
impuesta en el marco del incidente de desacato a la ex gestora departamental de
Comparta EPS se concretó en que no se logró demostrar que con anterioridad al
fallecimiento de la señora María Hilda Céspedes Lotero, titular del amparo
constitucional, se hubiese brindado el servicio requerido por parte de la EPS de
manera continua e integral, sino que por el contrario, persistió dicha conducta y la
violación a los derechos fundamentales de la tutelante, más aún cuando contó con
un tiempo más que prudencial para cumplir con la obligación que la ley le imponía.

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6. Impugnación

La accionante, señora Margarita Rosa Ramírez Castro, impugnó la decisión de
primera instancia.

Consideró equivocado que en la providencia cuestionada se negara la solicitud de
inaplicar la sanción en su contra por imposibilidad jurídica y material de poder dar
cumplimiento al fallo de tutela, ante el lamentable fallecimiento de la señora
Céspedes Lotero quien fue accionante en el asunto constitucional que fue génesis
del incidente de desacato, razón por la que estimó arbitraria la decisión del tribunal
en primera instancia pues en su criterio, el objetivo de la sanción consecuencia de
un desacato no es castigar, reprochar o dar una lección a la persona sancionada,
sino propender por el cumplimiento del fallo respectivo y precisó que si este ya no
existe no es posible cumplir y en ese sentido, no existe justificación para mantener
su imposición.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Aspecto previo: la posible actuación temeraria

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra lo que debe entenderse por una
actuación temeraria, al señalar que “Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes ”.

A partir de esa norma, la jurisprudencia constitucional3 ha considerado la
procedencia de la temeridad en dos dimensiones: una, cuando el accionante actúa
de mala fe; otra, cuando el demandante acude al recurso de amparo de manera
desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una justificación razonable que
justifique dicho actuar.

Ha dicho la Corte Constitucional que la temeridad se configura cuando se presentan
los siguientes elementos: (i) identidad de partes, (ii) identidad de hechos y
fundamentos, (iii) identidad de pretensiones y (iv) la ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda. Evento en que procede la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela. Este último elemento -ausencia de

2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017.

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justificación-, en voces de la Corte, tiene lugar cuando la actuación del actor denota
el propósito desleal de satisfacer un interés subjetivo a como dé lugar, aspecto que
“deja al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón,
de mala fe se instaura la acción”4.

Finalmente, la Corte Constitucional ha explicado que incluso existiendo multiplicidad
de tutelas es posible que la acción no sea temeraria. Este evento se presenta
cuando la acción de tutela se funda en: “(i) la ignorancia del accionante; (ii) el asesoramiento
errado de profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un estado de indefensión,
propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad
extrema de defender un derecho”5. En este supuesto, aunque la tutela debe ser declarada
improcedente, la actuación no se considera temeraria.

En el presente asunto, si bien en el informe rendido el juzgado accionado manifestó
que se adelantaba una acción de tutela por los mismos hechos ante el Tribunal
Administrativo del Tolima (Radicación Nro. 73001-23-33-000-2021-00393-00), una
vez consultado el aplicativo de consulta de procesos en la página de la Rama
Judicial, se encuentra que, en efecto, la actora presentó tutela contra el juzgado
accionado, la cual se admitió por auto del 20 de octubre de 2021. Sin embargo, la
accionante presentó desistimiento el 21 de octubre de 2021 e indicó que el juzgado
ya había dado respuesta a la petición, lo que sugiere que el amparo solicitado en
esa oportunidad era por la falta de respuesta a su solicitud, pretensión que difiere
de la propuesta en la presente acción, en la que justamente cuestiona la decisión
del 20 de octubre de 2021 por la que el juzgado dio respuesta negativa a su solicitud.
El desistimiento en ese caso fue aceptado por auto del 28 de octubre de 2021.

3. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro
de un incidente de desacato

A pesar de que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han admitido la
procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones judiciales, se ha
reiterado insistentemente que esta es excepcional. Por ende, para que la acción de
tutela contra una providencia judicial proceda se requiere que se cumplan
estrictamente una serie de requisitos generales y especiales, que deben analizarse
con sumo rigor.

Uno de esos requisitos consiste en que la providencia que se reprocha no sea una
decisión de tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra
vez se interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un
asunto, en detrimento de la seguridad jurídica. No obstante, la Corte Constitucional
ha señalado que esta regla no es absoluta. En la sentencia SU–627 de 2015 esa
alta corte unificó su jurisprudencia señalando cuándo es procedente la acción de
tutela contra sentencias de tutela. Uno de los supuestos que analizó es la posibilidad
de que mediante una tutela se cuestionen decisiones proferidas dentro de un
incidente de desacato.

Sobre este evento señaló que la acción es procedente “si se trata de obtener la protección
de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se

4 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997.
5 Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017.

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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00397-01
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cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional” 6.

En la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional ahondó sobre las
condiciones de procedencia de la tutela contra el incidente de desacato. Aseguró
que debían cumplirse los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial y exigió que la parte actora alegara la configuración de, por lo
menos, uno de los defectos especiales.

A su vez, precisó que a fin de cumplir con el requisito de subsidiariedad la tutela
solo podrá interponerse contra la decisión que pone fin al trámite una vez esté
debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar otra decisión
diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no procedería, ya que el
ordenamiento jurídico consagra el grado jurisdiccional de consulta como “la instancia
obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza”7.

Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende, indicó
que no se admite invocar nuevas razones no expuestas en el trámite incidental y
que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas en el curso del
desacato.

En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de tutela está
restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial vulneró el
derecho al debido proceso.

Posteriormente, en la sentencia T-233 de 2018 se indicó que las anteriores
condiciones son aplicables tanto para providencias que ponen fin al incidente de
desacato como para aquella que resuelve la solicitud de cumplimiento de fallo, tal
como se expresó años atrás en la sentencia T-325 de 2015. En suma, la
procedencia de la acción de tutela contra providencias proferidas en incidentes de
desacato o cumplimiento de fallo está sujeta a que se controvierta la decisión que
finaliza el trámite, que no se invoquen nuevos argumentos o pruebas que no
alegadas previamente, que además de comprobarse el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales se
sustente la configuración de un defecto especial, que se busque la protección del
debido proceso y que su trasgresión se haya originado en el curso del desacato o
cumplimiento de fallo.

4. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

Precisado lo anterior y de acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a
la Sala determinar si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, especialmente aquellas proferidas en
el marco de un incidente de desacato.

De superar dicho estudio, se establecerá si al proferir el auto de 20 de octubre de
2021 por el que se negó la solicitud de inaplicación de la sanción por desacato
impuesta a la accionante Margarita Rosa Ramírez Castro, el Juzgado Quinto
Administrativo de Ibagué incurrió en defecto por desconocimiento del precedente.

6 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.

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5. Requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales y su análisis en el caso

Se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción:

Primero, se expusieron los hechos por los que se considera que el juzgado
accionado incurrió en el defecto alegado, y se indicaron las razones por las que, en
criterio de la accionante, no hay lugar a continuar con la sanción por desacato al
haber sido gestora de la EPS Comparta hasta el mes de octubre de 2018 y ante el
fallecimiento de la tutelante en cabeza de quien se había concedido el amparo
constitucional que finalmente no se materializó.

Segundo, la acción de tutela se presentó dentro del término que se ha entendido
como razonable por la jurisprudencia, pues el auto que se cuestiona es del 20 de
octubre de 2021, notificado por correo electrónico a la accionante ese mismo día y
la acción de tutela se presentó el 22 de octubre de 2021, de manera que se advierte
cumplido el requisito de inmediatez.

Tercero, está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción, dado que se
cuestiona una decisión que, si bien resuelve una solicitud de levantamiento de la
sanción impuesta en su momento por desacato pese a que el trámite incidental
terminó por daño consumado, se acudió previamente al juez que en su momento
impuso la sanción dentro del proceso de tutela Nro. 73001-33-33-005-2015-00235-
00, de manera que se entiende cumplido este requisito.

Cuarto, se trata de un asunto de relevancia constitucional, puesto que involucra la
posible vulneración de derechos fundamentales que invocó la accionante dentro del
trámite de incidente de desacato que se adelantó en su contra.

Al encontrar satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción, la
Sala proseguirá a estudiar si el Juzgado accionado incurrió en un defecto por
desconocimiento del precedente dentro del trámite incidental de desacato.

6. Alcance del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial

6.1. El precedente judicial busca armonizar y salvaguardar los principios de
igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la
misma forma y, consecuentemente, se garantice el debido proceso del
ciudadano.

Para la Sala8, puede plantearse la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación; (ii) que
tales decisiones eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto
por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente;
(iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al
precedente vinculante, (iv) y que el juez de instancia no presentó una
justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.

8 CONSEJO DE ESTADO. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001-03-15-
000-2013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez.

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El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través
de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata
de sentencias de unificación.

6.2. De acuerdo con los antecedentes del caso, encuentra la Sala que la
accionante pretende que se deje sin efectos la providencia por la que se negó
la solicitud de inaplicación de la sanción por desacato al fallo de tutela del 10
de junio de 2015, que le fue impuesta por el Juzgado Quinto Administrativo de
Ibagué, en su calidad de gestora de servicios de la EPS Comparta.

A fin de resolver el problema jurídico propuesto, la Sala considera pertinente
transcribir la orden de tutela cuyo cumplimiento se buscó a través del trámite
incidental. Se trata de la sentencia emitida el 10 de junio de 2015 por el
Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué en el proceso de tutela con
radicación Nro. 73001-33-33-005-2015-00235-00, que dispuso:
“PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la salud y la vida en condiciones
dignas de la señora MARÍA HILDA CÉSPEDES LOTERO, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR, como consecuencia de lo anterior a COMPARTA EPS-S
REMITIR DE MANERA INMEDIATA a la señora MARÍA HILDA CÉSPEDES LOTERO
desde el Hospital San Rafael de Espinal hasta un hospital de mayor nivel que cuente
con UCI, cirugía de cabeza y cuello y/o otorrinolaringología, a fin de que le sea realizado
el procedimiento de traqueotomía guiada por broncoscopio, y en caso de no tener
contrato o convenio vigente con las IPS pertenecientes a su red, proceda a
cancelar anticipadamente el valor del servicio requerido por la accionante, al
centro hospitalario que cuente con este servicio ya sea público o privado.

Así mismo si una IPS de su red contratada le presta el servicio, se ordena a
COMPARTA EPS-S pagar anticipadamente el 50% del valor del servicio.

TERCERO: Prestar de manera integral el servicio de salud a la señora MARÍA HILDA
CÉSPEDES LOTERO, entendiendo por este, los exámenes, controles, seguimientos y
demás que requiere siempre y cuando sean considerados como necesarios por su
médico tratante, al margen de la enfermedad que padezca.

Los gastos que dichos servicios generen, estarán a cargo de COMPARTA EPS-S
cuando hagan parte del POS, y serán de cargo de la SECRETARÍA DE SALUD DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, con las previsiones del caso, cuando no sean POS.”

Con ocasión del incidente de desacato iniciado ante el incumplimiento de la
orden de tutela citada, de las piezas procesales allegadas al presente asunto,
encuentra la Sala que quienes desempeñaron el cargo de Gestor de Servicios
de la EPS Comparta, fueron las siguientes personas:

(i) Sandra Liliana Rodríguez Gómez, quien fue sancionada por desacato
mediante la providencia del 23 de abril de 2018.

(ii) Margarita Rosa Ramírez Castro, a quien posteriormente se resolvió
imponer la sanción mediante providencia del 16 de julio de 2018, al
encontrar el juez de tutela que era la persona que para ese momento
ostentaba el cargo en la entidad prestadora de salud.

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(ii) Yulli Catalina Galvis Roa, quien para el momento del fallecimiento de la
señora Céspedes Lotero en el año 2019 era quien ocupaba esa posición
en Comparta EPS.

De lo anterior se advierte que, una vez abierto el incidente de desacato, en un
inicio se sancionó a la señora Sandra Liliana Rodríguez Gómez; luego, al
presentarse el informe requerido para verificar el cumplimiento del fallo de
tutela en el año 2018, el juez del desacato encontró que para esa fecha quien
ocupaba el cargo de Gestor de Servicios de la EPS Comparta era Margarita
Rosa Ramírez Castro, por lo que resolvió vincularla formalmente al trámite
incidental9.

Luego de analizado el informe rendido en el trámite incidental de desacato, el
juez de tutela evidenció que no había un cumplimiento en los términos
ordenados en el fallo, por lo que sancionó a la señora Ramírez Castro con dos
(2) días de arresto y dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Dicha orden fue modificada por el Tribunal Administrativo del Tolima en
providencia del 10 de septiembre de 2018 que le impuso sanción de dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, correctivo pecuniario que, de no
cumplirse, sería conmutable con un (1) día de arresto por cada salario
decretado.

Entonces, si bien la actora manifestó al juzgado accionado (y lo reitera y
acredita en el presente trámite constitucional) que laboró en la EPS Comparta
hasta el día 31 de octubre de 2018, lo cierto es, que el incumplimiento del fallo
que dio origen a la imposición de la sanción por desacato y que se definió en
el auto del 10 de septiembre de 2018 citado, persistió durante el tiempo que la
hoy tutelante laboró en la entidad.

Se concluye entonces que la gestora de servicios de Comparta EPS, no dio
cabal cumplimiento a la orden de amparo constitucional librada en favor de la
señora María Hilda Céspedes Lotero y, el paso del tiempo no es suficiente
justificación para solicitar el levantamiento de la sanción impuesta por un Juez
de la República.

Por tanto, a juicio de la Sala, no le asiste razón a la tutelante en solicitar la
intervención del juez constitucional, pretendiendo que se revoque una sanción
bajo el argumento de que han transcurrido tres (3) años después de la fecha
de su retiro de la entidad, pues lo acreditado en el expediente de tutela con
radicado Nro. 73001-33-33-005-2015-00235-00 y su cuaderno de desacato,
es que la orden de tutela no se cumplió, que incluso el incumplimiento
evidenciado en el desacato continuó con sus predecesores, y que el trámite
incidental terminó con la declaratoria de daño consumado ante el fallecimiento
de la paciente en el año 2019 sin recibir la atención en salud digna, oportuna
e integral.

Se resalta que mediante auto del 11 de diciembre de 2019 el juzgado
accionado levantó la sanción impuesta a la señora Yulli Catalina Galvis Roa,
quien asumió el cargo de gestora de servicios luego del retiro de la hoy

9 Vinculada mediante auto del 25 de junio de 2018.

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tutelante, por considerar que la citada, ya no podría adelantar ninguna otra
actuación con ocasión de la muerte de la paciente.

6.3. De manera que, la omisión en las actuaciones que antecedieron este hecho sí
tuvieron la virtualidad de atentar de manera directa contra los derechos
fundamentales de la paciente y usuaria del servicio de salud, y en esta medida,
el incumplimiento por quien en ese momento era la gestora de servicios de la
EPS Comparta, Margarita Rosa Ramírez Castro, en efecto, fue objeto de
sanción por el juez de tutela.

En este punto, vale recordar que las decisiones de tutela propenden por la
protección de derechos fundamentales que deben garantizarse a los
ciudadanos en claro respeto por la Carta Política, y que la sanción que se
impone es producto del análisis de los elementos objetivo y subjetivo, este
último respecto de la conducta asumida por la autoridad encargada de cumplir
la orden de amparo, sin que sea dable alegar, como en este caso, que por la
ocurrencia del daño que se buscó evitar con la tutela, haya lugar a relevar de
la sanción al sujeto que no se allanó a cumplir la orden del juez de amparo.

Y si bien para la fecha, la orden de tutela es de imposible cumplimiento por
haberse materializado un daño consumado que dio lugar a la terminación del
trámite incidental, lo cierto es que, el actuar poco diligente y omisivo del
obligado a cumplir la orden y que llevó a la imposición de una sanción por
desacato, constituye la razón misma por la cual no es procedente su
levantamiento.

6.4. La actora alega como desconocido el precedente de la Corte Constitucional
contenido en sentencia SU-034 de 2014, y destaca el siguiente aparte:
“Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento de las sanciones con
argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el desacato es un
dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina desarrollada de
forma pacífica por esta Corte en cuanto a que el propósito perseguido por la sanción es
conminar al obligado como medio para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado
mediante sentencia, mas no sancionar por sancionar.

Bajo esa óptica, ante las solicitudes de inaplicación de las sanciones, el Juzgado Civil
del Circuito de Los Patios estaba llamado a incorporar en su razonamiento la
jurisprudencia consolidada por esta Corte y aplicar el mandato constitucional de
prevalencia de lo sustancial (que en este caso sería la constatación de las acciones
positivas orientadas al cumplimiento), para con base en ello reconsiderar si se
justificaba mantener las medidas coercitivas impuestas.”

Como se advierte, para la Corte la sanción es un medio para conminar al
obligado a cumplir y a que se garantice el goce efectivo del derecho tutelado,
y también explica que la reconsideración de sanción ya impuesta, parte de la
constatación de las acciones positivas orientadas al cumplimiento, aspecto
que difiere del caso de la actora quien de acuerdo con la valoración que hizo
el juez de tutela, no desplegó las acciones que verdaderamente permitieran
dar por cumplida la orden y materializada la protección de los derechos
fundamentales de la usuaria del servicio de salud, prueba de ello el
fallecimiento de la señora cuyos derechos se habían amparado.

Al respecto debe recordarse que la Corte Constitucional y esta Corporación
han indicado que la sanción por desacato tiene como finalidad última ser una

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medida de coacción para el cumplimiento de la orden de tutela que es lo que
se persigue en últimas y que, ante el cumplimiento así sea posterior a la
imposición de la sanción e incluso de haber sido consultada la misma ante el
superior, puede ser revocada siempre que se acredite el cumplimiento de
la orden respectiva, pero en momento alguno puede entenderse como lo
pretende hacer ver la actora que, por la conducta subjetiva y omisiva que
existió se releve de cualquier responsabilidad.

6.5. Las razones expuestas a juicio de la Sala explican de manera suficiente que
el precedente invocado no se desconoció y que, es claro que la sanción no
tiene un carácter punitivo pero sí en el marco de un incidente de desacato,
tiene la función de censurar la conducta subjetiva de quien es el encargado de
dar cumplimiento a la orden del juez constitucional y, de no existir conductas
positivas tendientes al cumplimiento de la orden no puede implicar como
quedó dicho, el levantamiento de la sanción.

Precisamente la sentencia SU-034 de 2018 citada por la actora, señala una
serie de aspectos de orden tanto objetivos como subjetivos a tener en cuenta
al momento de verificar el cumplimiento de la orden de tutela y el posible
levantamiento de la sanción, en este caso, ninguna de las dos situaciones,
objetivas ni subjetivas, fueron acreditadas ni las encontró configuradas el juez
de tutela para contemplar el levantamiento de la sanción, de manera que el
juzgado accionado no desconoció el precedente judicial que acepta la
inaplicación de la sanción, sino que evidenció que la actora no acató el fallo y
aún más, tampoco acató la sanción impuesta por su conducta en ese momento
de imposición de la misma (año 2018).

6.6. Finalmente, frente a los argumentos que expone la tutelante con el fin de
justificar un perjuicio irremediable, relacionados con su actual situación de
salud y de desmejora en las posibilidades de trabajo, así como de sus finanzas
por la sanción impuesta en su contra en el trámite del incidente de desacato,
son manifestaciones sin soporte probatorio alguno, de manera que no se
acredita la especial situación que invoca.

7. Conclusión.

Por las razones expuestas, concluye la Sala que en el presente asunto no se
acreditó la configuración del defecto por desconocimiento del precedente alegado
por la señora Margarita Rosa Martínez Castro y, en consecuencia, se confirmará la
decisión impugnada, proferida el 8 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Tolima.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 8 de noviembre de 2021, por el
Tribunal Administrativo del Tolima, pero por las razones expuestas en esta
providencia.

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2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

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