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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2021-00405-01

Fecha
19 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-000-2021-00405-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023), por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-33-000-2021-00405-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

19 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 730012333000-2021-00405-01 (70731)
Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado
Demandado: Municipio de Prado
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL - Reiteración de los
requisitos para su declaratoria de oficio / REGLA DE LA CONGRUENCIA – Las
partes no pueden modificar la causa petendi en el recurso de apelación.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La controversia se refiere al presunto incumplimiento de un contrato de obra por
parte de la entidad contratante, al no haber provisto las condiciones para su
reanudación y ejecución después de haber sido suspendido de mutuo acuerdo.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1.
Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 31 de agosto de 2023 1,
en la que el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió las pretensiones de la
demanda presentada el 27 de octubre de 2021 por la Unión Temporal Urbanismo
Prado, integrada por Arboleda Construcciones Ingeniería SAS (99%) y PRODIAC
LTDA. (1%) 2 (el contratista, la parte actora o demandante), en contra del municipio
de Prado, Tolima (la entidad demanda, contratante o el municipio), cuyos
fundamentos de hecho y pretensiones se describen a continuación.

1 Archivo PDF del expediente digital “050_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA_SENTENCIA.”
2 Archivo PDF del expediente digital “005_DemandayAnexos” Página 29.

Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)
Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado
Demandado: Municipio de Prado
Acción: Controversias contractuales

Hechos

2.
Como sustento de sus pretensiones, el demandante indicó que el 3 de abril
de 2019 se suscribió entre el municipio y la parte actora el contrato de obra 094 de
2019, con el objeto de realizar obras de urbanismo y redes de servicios públicos en
el predio identificado con matrícula inmobiliaria 368-7903, de propiedad de la
entidad contratante, por un valor de $1’932.683.280 conforme a la cláusula sexta
del contrato. El plazo inicial de ejecución fue de ocho (8) meses contabilizados
desde la suscripción del acta de inicio, instrumento que se formalizó el 5 de junio de
20193, por lo que su fecha de terminación era el 5 de febrero de 2020.

3.
El 22 de noviembre de 2019 el contratista presentó el acta parcial de obra 01
por un valor de $1’061.320.633, y el 24 de diciembre de 2019 presentó el acta parcial
02 por la suma de $288.698.341, las cuales fueron autorizadas para su pago por
parte de la entidad contratante.

4.
El 31 de enero de 2020, se suscribió acta de suspensión bilateral del
contrato4 con el fin de revisar y verificar los ítems, cantidades ejecutadas, las
pendientes por ejecutar, los pagos realizados y el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

5.
El 12 de marzo de 2020 el contratista presentó el acta parcial de obra 03 por
valor de $340’010.000, cuyo pago fue autorizado por el interventor de la obra,
quedando un saldo por ejecutar de $242’654.305.

6.
A pesar de que el contratista efectuó diversos requerimientos al municipio
para reanudar la ejecución de las obras, a la fecha de presentación de la demanda
el contrato seguía suspendido.

Fundamentos de derecho

7.
Explicó el demandante que la suspensión no tuvo origen en circunstancias
imputables a su responsabilidad y que el municipio no adoptó una decisión oportuna
frente al contrato para su continuación o liquidación. Señaló que cumplió sus
obligaciones hasta el momento en que fue suspendido. Agregó que si la entidad
estatal incumple el contrato está obligada a reparar los perjuicios causados.

Pretensiones

8.
Con fundamento en lo anterior, la parte actora solicitó que se declarara el
incumplimiento del contrato por parte del municipio y se le ordenara realizar el pago
de las actas parciales de obra 1, 2 y 3, cuya sumatoria arrojaba un valor de
$781’062.798 (al descontar del acta 1 el valor del anticipo y los pagos parciales

3 Archivo PDF del expediente digital “CONTRATO OBRA PUBLICA No. 094 - 2019 CARPETA 9” página 70-73.
4 Archivo PDF del expediente digital “CONTRATO OBRA PUBLICA No. 094 - 2019 CARPETA 11” página 210.

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Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)
Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado
Demandado: Municipio de Prado
Acción: Controversias contractuales

efectuados), junto con el monto de $13’157.722 por pérdida de oportunidad al no
haber podido ejecutar la totalidad del negocio jurídico, valores que debían ser
indexados. Asimismo, solicitó liquidar judicialmente el contrato incluyendo los
valores reconocidos a su favor y condenar en costas a la entidad demandada 5.

Contestación de la demanda

9.
El Municipio de Prado guardó silencio dentro del término de traslado de la
demanda.

Alegatos en primera instancia

10.
Agotado el periodo probatorio 6, la parte actora 7 reiteró los argumentos
expuestos en la demanda, mientras que la entidad demandada se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda alegando la nulidad absoluta del
contrato8.

11.
El Ministerio Público rindió concepto 9 indicando que debía declararse la
ineficacia del acta de suspensión del 31 de enero de 2020, que el contrato terminó
por la expiración del plazo y su incumplimiento por ambas partes, así como ordenar
la liquidación judicial del negocio jurídico con el reconocimiento del pago de las
obras ejecutadas y negar las demás pretensiones de la demanda.

5 “PRIMERA: Que se declare judicialmente el incumplimiento por parte del MUNICIPIO DE PRADO - TOLIMA,

respecto al CONTRATO DE OBRA NO. 094 DE 2019, por negarse a cumplir con sus obligaciones contractuales
entre ellas y de manera especial la fijada en la Cláusula Cuarta: Obligaciones Del Municipio; del contrato de
obra en mención, toda vez que a la fecha la acá demandada ha incumplido por no permitir la ejecución del
objeto contractual e igualmente por la no cancelación y/o pago de sumas de dinero adeudadas a mi cliente, sin
existir causa o motivo legal para no cumplir con lo pactado en el contrato. Teniendo en cuenta que mi prohijado
cumplió con todas y cada una de las obligaciones y compromisos que se encontraban a su cargo hasta la fecha
y de la cuales se encontraban fijadas dentro del contrato objeto de la presente Litis. SEGUNDA: Que en virtud
a la declaratoria de incumplimiento se proceda a reconocer y ordenar el pago que el MUNICIPIO DE PRADO -
TOLIMA, adeuda a la fecha, a mi cliente, en una suma correspondiente a SETECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/C ($794.220.520.oo),
pago correspondiente a las actas parciales de obra presentadas por mi cliente - perdida de oportunidad
(conforme el informe pericial anexo) TERCERA: Que se condene a la entidad demandada a la indexación o
corrección monetaria o ajuste de valor de la anterior pretensión de conformidad con el artículo 187 del CPACA.
CUARTA: Como pretensión autónoma, se disponga a realizar la revisión del contrato de obra No 094 de 2019
y como consecuencia del mismo se proceda a efectuar la liquidación del citado contrato conforme a las pruebas
que se allegaron y practicaran dentro del proceso QUINTA: Que se condene a la entidad demandada al pago
de las costas conforme lo dispone el C.P.C.A. (sic) SEXTA: Que la entidad demandada, dará cumplimiento a la
sentencia que le ponga fin al proceso, en términos del art. 192 y s.s. del C.P.C.A (sic)”
6 Se decretaron como medios de prueba solicitados por la parte actora: (i) las documentales aportadas con la

demanda; (ii) testimoniales de Andrés Yepes Moncada y Franklin Ricardo Piragua; (iii) los dictámenes periciales
presentados con la demanda elaborados por la Sociedad Tolimense de Ingenieros a través del Ingeniero
Fernando Sánchez Cardozo, y el segundo, por el Economista Antonio Ramos Gaitán. Igualmente (iv) se ofició
al Municipio de Prado para que allegara los antecedentes administrativos del contrato.
7 La Unión Temporal presentó sus alegatos en dos escritos, el primero el 17 de agosto de 2022 obrante en el

expediente digital archivo “38_AGREGARMEMORIAL_ACTORA_ALEGATOS2” y el segundo el 26 de agosto
de 2022 archivo.
8 La entidad demandada presentó su escrito el 08 de septiembre de 2022, obrante en el expediente digital

archivo “46_AGREGARMEMORIAL_ALEGATOSDECONCLUSI”.
9 Bajo el no. 057 del 08 de septiembre de 2022.

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Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)
Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado
Demandado: Municipio de Prado
Acción: Controversias contractuales

Fundamentos de la sentencia de primera instancia

12.
El Tribunal declaró de oficio la ineficacia del acta de suspensión del 31 de
enero de 2020, el incumplimiento recíproco del contrato y procedió con su
liquidación, reconociendo a favor del demandante el pago del acta 1, previo
descuento del valor entregado en anticipo, de los pagos parciales, de la retención
en la fuente y de la estampilla procultura y adulto mayor; así como del valor acta 2,
descontando la retención en la fuente. Negó, por otro lado, el pago del acta parcial
3, de los valores por pérdida de oportunidad 10.

13.
Como sustento de la decisión, el a quo indicó que la suspensión del contrato
de obra no tenía la capacidad de generar los efectos jurídicos pretendidos, en la
medida que el acta suscrita para tal fin desconoció lo establecido en la cláusula 14
del aquel y los principios de la contratación estatal, toda vez que: (i) no se acreditó
una situación de fuerza mayor, caso fortuito o interés general, debidamente
sustentada, que hiciera viable suspender el negocio jurídico; y, (ii) en el acta suscrita
no se determinó el plazo o condición que daría lugar a la reanudación de las labores
contractuales, por lo que la suspensión quedó indefinida en el tiempo, trasgrediendo
el pacto contractual que expresamente exigía fijar en la suspensión acordada entre
las partes “la fecha en la cual se reiniciará la prestación del servicio”, desconociendo
así el inherente carácter transitorio o temporal de esa figura. En consecuencia,
concluyó que el plazo del contrato corrió ininterrumpidamente ante la ineficacia de
la suspensión, de manera que el periodo de ocho (8) meses pactado entre las partes
venció el 5 de febrero de 2020.

14.
Con base en lo anterior, encontró acreditado que el contrato terminó por
vencimiento del plazo, que las obras no se ejecutaron en su totalidad por culpa de
ambos contratantes, y que el contrato no fue liquidado por lo que procedía definir el
balance definitivo del negocio jurídico, reconociendo a favor del contratista
únicamente las obras ejecutadas que no fueron pagadas por la entidad.

10 Primero: DECLARAR la ineficacia del acta de suspensión No. 01 suscrita el 1 de enero de 2020 por las

partes del contrato de obra No. 094 de 2019 y en consecuencia declarar que tal vinculo contractual culminó el
5 de febrero de 2020 por finalización del plazo de ejecución pactado, conforme a los planteamientos esbozados
en
parte considerativa de esta providencia. Segundo: DECLARAR el incumplimiento bilateral del contrato de obra
pública No. 094 de 2019 suscrito entre el Municipio de Prado y la Unión Temporal Urbanismo Prado, de acuerdo
con lo expuesto en parte motiva de esta providencia. Tercero: DECLARAR judicialmente liquidado el contrato
de obra pública No. 094 de 2019 con un saldo a favor de la Unión Temporal Urbanismo Prado por valor de
ciento cincuenta y siete millones veintitrés mil ochocientos cincuenta y siete pesos ($157.023.857), el cual
deberá ser cancelado en su integridad por el Municipio de Prado debidamente actualizado desde el día
siguiente a la finalización del plazo contractual (6 de febrero de 2020) y hasta cuando quede ejecutoriada esta
providencia , tal y como se indicó en parte considerativa. Cuarto: DENEGAR las demás pretensiones de la
demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Quinto: Sin condena en
costas en la instancia. Sexto: A la presente sentencia se le dará cumplimiento en los términos de los artículos
192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Séptimo: En aras
del acatamiento de este fallo, expídase a la demandante copia con constancia de ser la primera, la cual prestará
mérito ejecutivo. Octavo: ORDENAR la devolución de los remanentes que por gastos del proceso consignó la
parte demandante, si los hubiere. Noveno: Ejecutoriado el presente fallo, archívese el expediente previas las
anotaciones de rigor.

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Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)
Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado
Demandado: Municipio de Prado
Acción: Controversias contractuales

15.
Previo a proceder con la liquidación del contrato, precisó el a quo que no
resultaba procedente el reconocimiento de los valores del acta parcial de obra 3 por
cuanto no se aportó al expediente, y aunque el dictamen pericial elaborado por la
Sociedad de Ingenieros del Tolima aportado por la demandante, hizo referencia a
las memorias de cantidades obra de esa acta, estas no fueron anexadas a la
experticia, lo que impedía determinar que efectivamente fueron ejecutadas.
Consideró que, tal y como lo indicó la Contraloría Departamental del Tolima 11, el
municipio no descontó al contratista el pago de la estampilla pro cultura y adulto
mayor consagrada en el Acuerdo 12 del 2014, omisión que no podía ser
desatendida en la sentencia, como tampoco los descuentos por concepto de
retención en la fuente, tal y como quedó consignado en la cláusula séptima del
contrato.

16.
Por tanto, determinó que del acta 1 ($1’061.307.002) debía descontarse el
valor del anticipo ($579’804.984), de los pagos parciales realizados ($395’000.000),
de la retención en la fuente ($74’291.490) y de la estampilla procultura y adulto
mayor ($115’962.617); mientras que del acta 2 ($280’404.243) procedía la
deducción de la suma correspondiente a la retención en la fuente ($19’628.297), lo
que arrojaba un valor final a favor del contratista de $157’023.857.

II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

El recurso de la entidad demandada

17.
El municipio solicitó revocar el fallo de primera instancia y en su lugar,
declarar la nulidad absoluta del contrato de obra, con fundamento en que a partir
del informe de auditoría realizado por la Contraloría Departamental, se encontró
acreditado que: (i) hubo una flagrante vulneración al principio de planeación; (ii) se
presentó una violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto
de intereses, puesto que el personal encargado de los estudios y diseños también
intervino en la ejecución del contrato de obra; y (ii) se presentaron modificaciones
irregulares en el negocio jurídico 12 al no contar con las firmas del ordenador del
gasto y del supervisor.

El recurso de la parte actora

18.
El demandante solicitó modificar o ajustar la sentencia recurrida, con
fundamento en que (i) debía reconocerse el pago del acta 3, (ii) no procedía el
descuento de la estampilla procultura y adulto mayor, (iii) como tampoco debía
asumir responsabilidad alguna con ocasión de la suspensión indefinida del contrato.
De esta forma, debían reconocerse a su favor las multas y la cláusula penal
pactadas en el negocio jurídico.

11 Informe Definitivo de Auditoria Modalidad Especial, Archivo PDF
“30_AGREGARMEMORIAL_INF_DEF_ESPECIAL_CRE” página 30, Expediente Digital, índice 30, SAMAI,
Tribunal.
12 Informe Secretario de Planeación para la vigencia 2020

5

Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)
Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado
Demandado: Municipio de Prado
Acción: Controversias contractuales

19.
Como sustento de los cargos de apelación, indicó que: (i) el acta parcial de
obra 3 sí fue allegada al proceso, la cual fue aprobada por la interventoría, y que la
veracidad de su contenido se encontraba acreditada a partir del dictamen pericial
allegado al expediente; (ii) el importe de la estampilla procultura y adulto mayor ya
había sido descontado por la entidad demandada del acta 1, por un valor de
$136’254.171; (iii) el contratista no aceptó una suspensión indefinida del negocio
jurídico, pues suscribió el acta de suspensión bajo las condiciones dictadas por la
entidad con ocasión de la presión ejercida por sus funcionarios, por lo que ante la
inexistencia de una responsabilidad compartida, tenía derecho al reconocimiento de
las multas y la cláusula penal pecuniaria.

III. CONSIDERACIONES

El objeto de la apelación

20.
Atendiendo a los motivos de inconformidad de los recurrentes frente a lo
decidido en la sentencia de primera instancia, la Sala debe determinar con base en
los hechos y pruebas practicadas en el proceso, si: (i) es procedente declarar la
nulidad absoluta del contrato de obra conforme a lo solicitado por la entidad
demandada; y, (ii) de conformidad con lo alegado por la demandante, se deben
reconocer, en la liquidación del contrato, los rubros solicitados, omitiendo descontar
el valor de la estampilla procultura y adulto mayor.

La nulidad del contrato de obra aducida por la entidad demandada

21.
La Sala anticipa que resolverá desfavorablemente la pretendida declaratoria
de nulidad absoluta del negocio jurídico, en tanto éste corresponde un argumento
nuevo que no fue allegado como pretensión ni alegado como medio exceptivo.
Tampoco se cumplen los requisitos para su declaratoria oficiosa.

22.
La Subsección ha reiterado 13 que si bien, en aras de proteger el orden
jurídico, la ley confiere al juez el poder inquisitivo de declarar de oficio la nulidad
absoluta de los contratos 14, en la medida que se activa aun sin petición de parte e
incluso en contra de los intereses de los contratantes, esa facultad, que a la vez es
un deber, debe ejercerse bajo los estrictos lineamientos que la misma ley impone -
y la jurisprudencia desarrolla- en garantía de la seguridad jurídica 15.

13 Al respecto pueden verse las sentencias del 6 de febrero de 2019 (Exp. 61270), del 21 de mayo de 2021

(Exp. 57822), del 30 de julio de 2021 (Exp. 48.957) y del 19 de abril de 2024 (Exp. 66616).
14 Artículos 1742 del Código Civil, 45 de la Ley 80 de 1993 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de mayo de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez,

Exp. 57822.

6

Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)
Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado
Demandado: Municipio de Prado
Acción: Controversias contractuales

23.
Concordante con lo anterior, son tres los requisitos 16 que deben reunirse para
declarar oficiosamente la nulidad absoluta de un negocio jurídico: (i) que el vicio que
estructura la causal de nulidad sea palmario o surja de bulto; (ii) que el contrato haya
sido invocado en el litigio como fuente de derechos u obligaciones; y, (iii) que al
proceso hayan concurrido las partes del contrato o sus causahabientes 17. En
relación con el primero de estos requisitos, la Sala ha indicado 18 que el vicio debe
ser apreciable a simple vista, es decir, debe ser tan palmario que no requiera de un
mayor esfuerzo para ser evidenciado, ni implique para ello realizar juicios de valor
sobre aspectos que no estén contenidos en el mismo acto o contrato viciado; sin
embargo, frente a esto último ha advertido también que la ley precisa que el juez
está facultado para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato “cuando esté
plenamente demostrada en el proceso” 19, asunto que resalta los componentes del
contrato estatal, y por ende, las particularidades del mismo a la luz de la valoración
de los elementos de su existencia y validez, porque aunque algunos rasgos son
similares a los del contrato civil o comercial, aquél tiene una dimensión igualmente
diversa debido a la funcionalidad de la herramienta convencional de cara al logro de
los fines y cometidos que con él se persiguen.

24.
Al abordar este análisis, se debe observar de manera reforzada el principio
de conservación de los contratos. Esto significa que el contrato está llamado a
ejecutarse pues por esa vía se cumplen los fines de la contratación estatal que se
confunden con los del Estado. Además, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia
de esta Corporación 20, la de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de

16 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1742 del Código Civil, conforme al cual: “La nulidad absoluta (…)

Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo
caso por prescripción extraordinaria.”.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 6 de febrero de 2019. Exp. 61.720. C.P. Marta Nubia

Velásquez. De conformidad con el artículo 1742 del Código Civil, “La nulidad absoluta puede y debe ser
declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato”
18 Ídem.
19 “La jurisprudencia del Consejo de Estado acerca de la declaración oficiosa de la nulidad absoluta del contrato

no puede ser entendida en el sentido de haber instalado una facultad omnímoda para fallar extra petita, en caso
de la evidencia de cualquier violación legal. Lo correcto es entender que la jurisdicción en materia de
controversias contractuales ha establecido la posibilidad de reubicar la pretensión dentro del contexto fáctico
que se evidenció en el plenario y de aplicar la ley pertinente, con independencia de la forma y el tenor literal en
que la causa haya sido expuesta por las partes. Es decir, se reconoce la potestad para decidir sobre la violación
de la ley imperativa y decretar la nulidad del contrato, aunque no haya sido invocada en el proceso, sin embargo,
en caso alguno puede desconocerse el derecho constitucional al debido proceso. De lo anterior se concluye
que le está vedado al Juez apartarse de lo que demuestren las pruebas expuestas en el plenario, esto es, que
sigue siendo un elemento ‘sine qua non’ que existan las pruebas de la causal de nulidad y que hayan estado
expuestas a la oportunidad de su contradicción, aunque las partes hayan guardado silencio sobre ello”. Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 6 de febrero de 2019. Exp. 61.270. C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico. La cita original es de la sentencia del 18 de abril de 2016, Exp. 30.682 dictada por la misma
Sala.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de octubre de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio

Gamboa, Exp. 24.809.

7

Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)
Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado
Demandado: Municipio de Prado
Acción: Controversias contractuales

Justicia21 y la doctrina22, las normas que regulan las causales de nulidad absoluta
son de interpretación restrictiva y deben estar consagradas expresamente en la ley
-se les atribuye un principio de tipicidad rígida- 23, dado que representan límites al
ejercicio de la autonomía de la voluntad.

25.
Con fundamento en lo acordado por las partes, los antecedentes
administrativos y las pruebas recaudadas, la Sala observa que el negocio jurídico
objeto de controversia corresponde a un contrato de obra pública 24, sin que se
advierta de forma palmaria un vicio que configure alguna de las causales de nulidad
absoluta previstas en las normas del derecho privado o en el artículo 44 la Ley 80
de 199325, conforme pasa a explicarse.

26.
El contrato 094 de 2019 fue el resultado de un proceso de selección
desarrollado bajo las normas de la contratación pública, precedido de una
consultoría y unos estudios previos que definieron su viabilidad técnica 26, donde
oportunamente fueron publicados en el portal electrónico de contratación pública

21 “De suyo esta categoría atañe a materias del ius cogens, orden público social, económico o político,
moralidad, ética colectiva o buenas costumbres, restringen o cercenan la libertad en atención a la importancia
de la materia e intereses regulados, son taxativas, de aplicación e interpretación restrictiva y excluyen analogía
legis o iuris. Dicha nomenclatura, se remite en cierta medida a los elementos del negocio jurídico, o sea, lo de
su estructura existencial (esentialia negotia), o perteneciente por ley, uso, costumbre o equidad sin necesidad
de estipulación a propósito (naturalia negotia) y lo estipulado expressis verbis en concreto (accidentalia negotia),
que “se expresa en los contratos” (artículo 1603 C.C.) o “pactado expresamente en ellos” (art. 861 C.Co.), y
debe confrontarse con la disciplina jurídica del acto y las normas legales cogentes, dispositivas o supletorias, a
punto que la contrariedad del ius cogens, el derecho imperativo y el orden público, entraña la invalidez absoluta”.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de marzo de 2012, M.P. William Namén
Vargas, Exp. 2001-0026.
22 “Prácticamente, solo el siguiente criterio nos permite distinguir la nulidad absoluta de la relativa: las nulidades

absolutas son de interpretación restrictiva; la regla general es la nulidad relativa. Por lo tanto, debemos precisar
las fuentes de la nulidad absoluta, y después podremos decir que las nulidades que no sean absolutas son
relativas” Arturo Valencia Zea, Álvaro Ortiz Monsalve, Tomo I, Parte General y Personas, 17 edición, Bogotá,
Editorial Temis S.A. 2011, p. 637.
23 “La invalidez del negocio jurídico proyectada en la nulidad absoluta y relativa, rectius, anulabilidad, ostenta

tipicidad legal rígida (pas de nullité sans texte), presupone texto, norma o precepto legal previo y expreso, al
corresponder exclusivamente a la ley establecer su disciplina, causas y efectos […]” Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de noviembre de 2011, 8 de noviembre Exp. E-2009-00219-00. Ver
también sentencia del 6 de marzo de 2012, M.P. William Namén Vargas, Exp. 2001-0026.
24 El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 dispone que “Son contratos de obra los que celebren las entidades

estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”.
25 En el cual se establecieron como causales de nulidad de los contratos estatales, además de las establecidas

por el derecho común , cuando éstos: (i) se celebren con personas incursas en las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; (ii) se celebren contra expresa prohibición constitucional o
legal; (iii) se celebren con abuso o desviación de poder; (iv) se declaren nulos los actos administrativos en que
se fundamenten; y, (v) se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21
sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras, o con violación de la reciprocidad de que trata el EGCAP.
26 El municipio adelantó un concurso de méritos para contratar los estudios y diseños técnicos para la

construcción del programa de vivienda, por lo que se suscribió el contrato de consultoría 097 de 2018 que tuvo
como resultado los planos y memorias de cálculo concernientes a los estudios y diseños del proyecto con los
que se adelantó el proceso de contratación (Licitación Pública MPT-LP-002-2019) para seleccionar al contratista
que realizaría las obras publicas de urbanismo y redes de servicios públicos para el programa de vivienda, en
el cual, se determinó que la Unión Temporal Urbanismo Prado cumplía con los requisitos habilitantes de
capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad organizacional, capacidad residual y experiencia general y
específica, y, además, que la propuesta presentada cumplía con los factores económico, de apoyo a la industria
nacional, de calidad y técnico, aspectos que no fueron objeto de discusión o controversia en este proceso.

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Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)
Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado
Demandado: Municipio de Prado
Acción: Controversias contractuales

SECOP 1 los estudios previos 27, el aviso de convocatoria 28, el pliego de condiciones
definitivo29 , respuesta las observaciones al pliego 30, estudios y diseños 31.

27.
No se observa que el contrato celebrado tuviese causa u objeto ilícitos, en
tanto la primera correspondió al desarrollo de un programa de construcción de
vivienda nueva de interés social con el fin de contribuir a disminuir el déficit
cuantitativo de vivienda en el municipio, conforme a sus competencias y en
cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo vigente y el Acuerdo 006 de 2017,
mientras que el segundo, consistió en la ejecución material de las obras de
urbanismo y redes de servicios públicos necesarias para ello. En esos términos, no
se observa que las motivaciones, finalidades y prestaciones del contrato celebrado
fueren prohibidas, contrarias a la ley, a las buenas costumbres o al orden público.
Tampoco hay indicio de una desviación de poder, por cuanto ninguna de las pruebas
obrantes en el expediente da cuenta de que el contrato se hubiese celebrado para
favorecer intereses o propósitos distintos a la finalidad pública legítima antes
indicada.

28.
Así mismo, por su naturaleza, las inhabilidades e incompatibilidades son
taxativas, expresas y de interpretación restrictiva, por lo que no pueden ser
aplicadas por analogía o hacerse extensivas a casos no comprendidos por el
legislador, sin que se advierta de las pruebas allegadas que los integrantes de la
Unión Temporal estuviesen incursos en alguna de ellas. Aunque en el informe final
de auditoría de la Contraloría Departamental del Tolima 32 publicado en el mes de
febrero de 2020, se determinó un hallazgo con incidencia disciplinaria y penal
porque se generó un posible conflicto de intereses, lo cierto es que no se indicó en
el proceso la causal de inhabilidad o incompatibilidad que conllevaría a la nulidad
del negocio jurídico, como tampoco las razones por las cuales ésta se hubiese
podido configurar. El municipio se limitó a indicar de forma abstracta que en dicho
informe se determinó que “presuntamente” parte del personal que estuvo a cargo
de los estudios y diseños fue posteriormente utilizado por el contratista de obra,
circunstancia que por sí sola no determina la configuración de la causal de nulidad
aludida.

29.
Respecto de la afirmación según la cual se presentaron modificaciones
irregulares al contrato de obra, al no contar con las firmas del ordenador del gasto
y del supervisor, debe indicarse que el vicio de nulidad es por definición originario

27 Archivo PDF del expediente digital “CONTRATO OBRA PUBLICA No. 094 - 2019 CARPETA 1” páginas 11-

72.
28 Archivo PDF del expediente digital. “CONTRATO OBRA PUBLICA No. 094 - 2019 CARPETA 1” páginas 73-

79
29 Archivo PDF del expediente digital. “CONTRATO OBRA PUBLICA No. 094 - 2019 CARPETA 1” páginas 85 -

175
30 Archivo PDF del expediente digital. “CONTRATO OBRA PUBLICA No. 094 - 2019 CARPETA 1” páginas 178-

182.
31 Expediente digital, índice 29, SAMAI, Tribunal

32 Archivo PDF del expediente digital, índice 30, SAMAI, Tribunal
“30_AGREGARMEMORIAL_INF_DEF_ESPECIAL_CRE”.

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Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)
Demandante: Unión Temporal Urbanismo Prado
Demandado: Municipio de Prado
Acción: Controversias contractuales

del acuerdo de voluntades, producto de una trasgresión o en desconocimiento de
las normas que regularon su formación y sus requisitos esenciales, de manera que
una circunstancia posterior a su celebración y propia de su ejecución, como la
descrita, no tiene la entidad para determinar la ilicitud del negocio jurídico.

30.
Finalmente, se descarta que el contrato pudiere estar viciado de nulidad
absoluta por desconocimiento del principio de planeación, pues, además de no estar
probado el incumplimiento de ese deber por cuanto el contrato estuvo precedido de
una consultoría y de unos estudios previos que definieron su viabilidad técnica, sin
que se hubiesen expuesto reproches respecto de ellos por las partes, lo cierto es
que la falta al deber de planeación no es causal autónoma de nulidad de los
contratos estatales, por cuanto la ley no lo establece como tal; asunto distinto es
que la Entidad contratante hubiese vulnerado normas imperativas del proceso
precontractual ligadas a ese principio, lo cual no fue alegado ni se observa
configurado bajo las pruebas allegadas.

31.
Con base en lo expuesto, la Sala concluye que en este caso no están dados
los elementos de juicio necesarios para declarar de oficio la nulidad absoluta del
contrato, toda vez que no obran en el expediente elementos que permitan advertir
palmariamente o de bulto a partir de los documentos contractuales, que se configura
alguna de las causales definidas por el legislador.

La liquidación del contrato de obra 094 de 2019 y los conceptos reclamados
por la parte actora

32.
La demandante señaló que la liquidación del contrato efectuada por el a quo
incurrió en errores, con fundamento en que: (i) debía reconocerse el valor del acta
parcial de obra 3; (ii) no procedía descontar los valores de las estampillas del acta 1;
y, (iii) debió incluirse el valor de las multas y de la cláusula penal del contrato, al no
existir una responsabilidad compartida por la suscripción del acta de suspensión. A
continuación, la Sala abordará cada una de las razones expuestas.

El acta parcial de obra 3

33.
Para la demandante, el Tribunal no tuvo en cuenta que el acta 3 sí fue
aportada al proceso y desconoció que las pruebas allegadas dan cuenta de la
ejecución de las obras que ésta contiene, por lo que debían ser reconocidas.

34.
Frente a lo anterior, debe indicarse que si bien se aportó al proceso el acta
parcial de obra 3 suscrita por la interventoría, se echan de menos los documentos
que la soportan y que resultan exigibles en virtud de la cláusula séptima del contrato
para su pago, previsión contractual conforme a la cual todos los pagos distintos al
anticipo se harían “(…) mediante la presentación de actas parciales de avance de
ejecución de obra, de la certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita
por el supervisor del contrato, de la presentación de la factura o documento
similar expedida con el cumplimiento de los requisitos legales, de la suscripción del

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Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)
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Demandado: Municipio de Prado
Acción: Controversias contractuales

Acta de recibo final y del acta de liquidación del contrato para efectos del último
pago y del pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud,
pensiones, administradora de riesgos laborales y aportes parafiscales durante
el plazo de ejecución del contrato (…).

35.
De ese modo, para que resultara procedente el pago del acta parcial 3
aportada, debía estar acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción
suscrita por el supervisor del contrato, la factura correspondiente y el certificado de
pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales en los términos
pactados en el contrato, aspecto que como advirtió el Tribunal en primera instancia,
solo se acreditó respecto de las actas parciales 1 y 2. En ese orden, respecto del
acta parcial 1 se encuentra dentro del expediente la certificación de interventoría de
cantidades de obra para su correspondiente autorización de pago, la certificación
de cumplimiento del acta emitida por el supervisor, el informe 1 de actividades y los
pagos seguridad social y parafiscales33. Así mismo, en lo que concierne al acta
parcial 2, se aportó la certificación de cumplimiento del supervisor, la autorización
de la interventoría para proceder con el pago, el informe 2 de actividades y los pagos
seguridad social y parafiscales 34, todo lo cual, contrario a lo que ocurre con el acta
3, se ajusta a lo exigido en el contrato.

36.
Adicionalmente, no hay otros elementos de prueba en el expediente que
permitan a la Sala establecer que las actividades relacionadas en el acta 3
efectivamente fueron ejecutadas. El dictamen elaborado por la Sociedad Tolimense
de Ingenieros allegado por la parte actora no tuvo por objeto ni finalidad establecer
la ejecución de esas obras, y aunque en éste se da como cierto el contenido del
acta 3, en la experticia se indicó que ello era así por cuanto esa acta fue “aprobada
y firmada por la interventoría, la supervisión, el contratista de obra y el alcalde
municipal en su condición de ordenador del gasto, con sus respectivos soportes
como factura e informe de actividades ejecutadas, informe de topografía con sus
respectivas carteras como soporte, pre-acta y memoria de cantidades de obra
aprobadas y firmadas por la interventoría, la supervisión y el contratista”; sin
embargo, lo cierto es que: (i) no hay constancia alguna en las pruebas allegadas de
la aprobación por parte de la supervisión o del alcalde municipal del acta 3, o de
algún documento que la soporte; y, (ii) al proceso no fueron aportadas las presuntas
memorias de cantidades de obra, el informe de ejecución, la pre-acta o la factura a
las que alude el perito en su informe.

37.
Por ende, la Sala no evidencia que el Tribunal incurriera en error al valorar
las pruebas por no haber incluido dentro de la liquidación el valor correspondiente
al acta parcial 3, puesto que la parte actora no acreditó el cumplimiento de los
requisitos expresamente contenidos en el negocio jurídico para que resultara

33 Archivo PDF “CONTRATO OBRA PUBLICA No. 094 - 2019 CARPETA 9” página 47-52,82-86 y Archivo PDF

“CONTRATO OBRA PUBLICA No. 094 - 2019 CARPETA 10” página 115-149, 323-356, Archivo PDF
“CONTRATO OBRA PUBLICA No. 094 - 2019 CARPETA 11” páginas 1-35,
34 Archivo PDF “CONTRATO OBRA PUBLICA No. 094 - 2019 CARPETA 11” páginas 38-40, 41, 110-185, 186-

199.

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Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)
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procedente su pago, como tampoco allegó elementos de prueba que permitieran
verificar que las actividades contenidas en ella se hubiesen ejecutado.

Descuentos por concepto de estampillas

38.
En las cláusulas tercera, cuarta y séptima del contrato de obra, se consignó
que estarían a cargo del contratista la totalidad de impuestos, tributos y
contribuciones derivadas del contrato y su ejecución.

39.
El Acuerdo Municipal 12 del 7 de octubre de 2014, “por medio del cual se
adoptó el código de rentas, la normatividad sustantiva tributaria, el procedimiento
tributario y el régimen sancionatorio tributario para el municipio de prado Tolima” 35,
reguló lo concerniente a la estampilla pro cultura y para el bienestar del adulto mayor
en sus capítulos 234 y 241 respectivamente. El artículo 234 definió los elementos
de la estampilla procultura y dispuso que la causación surgía en el momento de la
suscripción del contrato y que la tarifa aplicable era el dos por ciento (2%) sobre los
contratos cuya cuantía fuese mayor a un millón de pesos ($1.000.000), por su parte,
el artículo 241 con relación a la estampilla de adulto mayor dispuso que la obligación
de pagar el valor de esta surgía también con la suscripción del contrato y la tarifa
era el cuatro por ciento (4%) del valor del contrato.

40.
Los artículos 238 y 246 de la misma norma establecen que el recaudo de las
estampillas procultura y pro adulto mayor está a cargo de los funcionarios que
intervengan en los actos o hechos sujetos al gravamen, en este caso, bajo el
contrato celebrado.

41.
Se tiene que la entidad contratante debía descontar al contratista un seis por
ciento (6%) del valor del contrato por concepto de las mencionadas estampillas
municipales, no obstante, el Tribunal al no evidenciar tal circunstancia, incluyó
dentro de la liquidación el valor correspondiente. Para la demandante, este
descuento no debió realizarse, puesto que ello derivó en un doble cobro
considerando que la entidad ya había efectuado ese descuento del pago del acta 1.
Indicó que ello está acreditado a partir de la nota de contabilidad CC1 212583 del
30 de julio de 2020 donde se acreditó dicho descuento por un valor de
$136.254.171.

42.
No obstante, una vez revisado el expediente, no se encuentra que la nota de
contabilidad referida se haya aportado con la demanda o solicitado como prueba en
segunda instancia, tampoco se encuentra dentro de los antecedentes
administrativos aportados por la entidad, siendo necesario precisar que aunque se
incluyó una captura de ese documento en el recurso de apelación, al no haberse
decretado como prueba, no fue objeto de contradicción y no puede ser tenido en
cuenta como medio de prueba en esta instancia. Adicionalmente, aun cuando fuese

35Consultado en: http://www.prado-tolima.gov.co/tema/estatuto-de-rentas.

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Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)
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factible darle un valor probatorio a esa captura de pantalla 36, lo cierto es que este
documento solo evidencia una imputación contable identificando el código, detalle,
débito y crédito y que fue elaborado por “CONTADOR”, por lo que por sí sola no
acredita el cumplimento o el pago de esa obligación tributaria, pues no se puede
extraer la información suficiente que dé cuenta de las condiciones de tiempo, modo
y lugar en la cual se realizó el pago y que éste hubiese sido recibido por el municipio.

43.
Debe indicarse también que, aunque en el expediente se encuentran las
consignaciones realizadas al contratista por el acta parcial 1 por un valor de
$395.000.000, éstas no dan cuenta de algún tipo de descuento o retención por
concepto de estampillas, en tanto sólo acreditan la realización de una transferencia
de una cuenta bancaria a otra, y a pesar de que en la parte final se encuentra el
recibo de pago número 5682 37, éste resulta ser ilegible por lo que tampoco es
posible acreditar a partir de él los descuentos y retenciones que alega la
demandante.

44.
Finalmente, a partir de la operación aritmética efectuada por el a quo
respecto de las actas 1 y 2 reconocidas y los descuentos aplicados, la Sala observa
que no existe el doble cobro aducido por la parte actora. En este sentido, se tiene
que las actas 1 ($1’061.307.002) y 2 ($280’404.243) tenían un valor total de
$1’341.711.245, los cuales, al descontarse la suma entregada en anticipo
($579’804.984), los pagos parciales realizados ($395’000.000), la retención en la
fuente ($93’919.787) 38 y la estampilla procultura y adulto mayor ($115’962.617),
determinaban un saldo de $157’023.857, que fue el valor reconocido por el a quo a
favor del contratista en la liquidación.

45.
Por tanto, la Sala encuentra que el cargo de la parte actora carece de
sustento, y, en consecuencia, resulta insuficiente para modificar lo determinado en
la sentencia de primera instancia.

El valor de la multa y la cláusula penal

46.
La parte actora afirmó en el recurso de alzada que no debía asumir
responsabilidad alguna por la interrupción indefinida del contrato, por cuanto
suscribió el acta de suspensión bajo las condiciones dictadas por la entidad con
ocasión de la presión ejercida por sus funcionarios, y, en consecuencia, tenía

36 Al respecto se indica que, aunque el desarrollo jurisprudencial que se ha hecho respecto del valor probatorio

de las capturas de pantallas se ha centrado respecto de los mensajes de datos, lo cierto es que en esencia en
ante la existencia de una captura de pantalla, deberá garantizarse por quien aporta el documento y al momento
de su valoración el principio de mismidad, la inalterabilidad, confiabilidad que permita evidenciar de quien
proviene, la forma como generó o archivó, la integridad de la información y demás factores que resulten
relevantes según su naturaleza. En relación con el alcance probatorio de los pantallazos o copias de los
mensajes de datos, ver: C.E., Secc. Tercera, Sub. B, rad. 36.321, dic. 13/2017, C.P. Stella Conto Diaz del
Castillo y Corte Constitucional, sentencia T-467 de 2022, M.P. Jorge E. Ibáñez Najar.
37 Archivo PDF “PAGO PARCIAL ACTA N° 001 UNIÓN TEMPORAL URBANISMO PRADO” contenido en la

carpeta “INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CRÉDITO.” del expediente digital.
38 La suma de $74.291.490 correspondientes al acta 1 y $19’628.297 del acta 2.

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Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)
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derecho al reconocimiento de las multas y la cláusula penal pecuniaria pactadas en
el negocio jurídico.

47.
En primera medida, debe indicarse que en la demanda la parte actora no
afirmó la existencia de algún vicio del consentimiento que perjudicara su voluntad al
acceder a la suspensión del contrato en los términos dispuestos en el acta
correspondiente, sin que exista alguna prueba en el proceso sobre el particular,
como tampoco solicitó el reconocimiento a su favor de las multas y la cláusula penal
acordadas bajo el negocio jurídico. En consecuencia, lo indicado por el demandante
corresponde a un argumento nuevo introducido en el recurso de alzada, y que, por
ende, no fue alegado en las etapas procesales previstas legalmente para precisar
la extensión, contenido y alcance de la controversia que se propone y frente a los
cuales se garantiza la oportunidad de la contraparte para pronunciarse39, esto es,
la demanda, su corrección o adición, de manera que se trata de un aspecto que no
fue sometido oportunamente a consideración de la contraparte ni del a quo, por lo
que al no haber sido objeto del proceso, un pronunciamiento sobre el particular
conllevaría el desconocimiento del principio de congruencia.

48.
En todo caso, como elemento adicional que impide acceder a los nuevos
conceptos pretendidos por el demandante en el recurso de apelación, la Sala
advierte su manifiesta improcedencia, toda vez que tanto las multas como la pena
pecuniaria previstas en las cláusulas vigésima primera y vigésima segunda del
contrato, como sanciones convencionales, fueron pactadas única y exclusivamente
a favor de la entidad contratante 40, por lo que su reconocimiento a favor del
contratista carece de sustento jurídico alguno.

49.
Por las razones expuestas, ante la improcedencia de la totalidad de los
cargos de apelación, la Sala confirmará la decisión proferida en primera instancia.

Costas

50.
De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la
liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas
en el procedimiento civil, sin perjuicio de que, en lo no contemplado en las acciones

39 “[L]os elementos referidos a los hechos y las pretensiones de la demanda permiten delimitar el objeto
alrededor del cual debe girar el debate del proceso y, por tanto, los aspectos sobre los cuales ha de recaer el
pronunciamiento judicial final, es decir, constituyen pilares fundamentales que garantizan el ejercicio, entre
otros, del derecho de acción y, correlativamente, de contradicción y, a su vez, imponen al juez el deber de fallar
de manera congruente con lo pretendido en la demanda y su fundamento y, por eso, no pueden ser modificados
o adicionados por fuera de las oportunidades legalmente previstas para ese propósito”. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 14 de octubre de 2015, Exp.
48502, C.P. Hernán Andrade Rincón.
40 Las partes estipularon que las multas se harían efectivas en los siguientes términos: “En caso de

incumplimiento a las obligaciones de EL CONTRATISTA derivadas del presente contrato, EL MUNICIPIO puede
adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas sucesivas equivalentes al uno
por ciento (1%) del valor del contrato, sin exceder en conjunto del diez por ciento (10%) del mismo.”. De manera
similar se estableció la cláusula penal pecuniaria “En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento
total o parcial de obligaciones del presente contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a EL MUNICIPIO, a título
de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.”. Por tanto, era la
entidad contratante quien se encontraba habilitada para solicitar un reconocimiento en ese sentido.

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de grupo habrán de aplicarse las disposiciones del Código General del Proceso. En
este orden de ideas, el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, en el numeral 1º dispone
que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja o súplica que haya
propuesto41.

51.
Como en este caso ninguno de los cargos expuestos por cada una de las
partes recurrentes, la demandante y la demandada, tuvo vocación de prosperidad,
no habrá lugar a condenar en costas a favor ni en contra de ninguno de los extremos
procesales42.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023), por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
(aclaración de voto)

VF

41 “En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia la condena en costas

se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…)”.
42 Así lo ha dispuesto con anterioridad esta Subsección. Al respecto, ver la sentencia del 21 de mayo de 2021,

radicación 250002336000 201501315 01 (57822).

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Expediente: 73001-23-33-000-2021-00405-01 (70731)
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Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se
recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema SAMAI.

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