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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00433-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00433-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que negó las pretensiones de la demanda, conforme la motivación de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 16 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 73001 23 33 000 2021 00433 01 Demandante: Luis Augusto Cubillos Reyes TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2021-00433-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001 23 33 000 2021 00433 01 (2330–2024)
Demandante: Luis Augusto Cubillos Reyes
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
– Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –
CASUR

Temas: Reajuste de la asignación básica y demás prestaciones sociales
de acuerdo al IPC. Reliquidación asignación de retiro de oficial
retirado. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Confirmar sentencia

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 23 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

El señor Luis Augusto Cubillos Reyes por intermedio de apoderado judicial,
demandó la nulidad de los Oficios S-2019-046985 / ANOPA-GRULI-1.10 de 13 de
agosto de 2019 y 445596 de 14 de junio de 2019, proferidos, el primero por la
Policía Nacional y el segundo por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
– CASUR; por medio de los cuales se le negó la reliquidación de la diferencia de
salarios de los decretos de oscilación y la variación porcentual del índice de precios
al consumidor entre 1992 y 2004, y la reliquidación de la asignación de retiro.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar la reliquidación y reajuste
de la asignación básica y demás prestaciones devengadas teniendo en cuenta el
índice de precios al consumidor y de acuerdo a la asignación básica de un oficial en
el grado de General de la República, así mismo que se reajuste la asignación de
retiro en atención a los nuevos valores a que tiene derecho en su base salarial.

1 Documentos del proceso disponibles en el expediente digital visible en la Sede Electrónica de la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=73001233300020210
0433011100103
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Radicado: 73001 23 33 000 2021 00433 01
Demandante: Luis Augusto Cubillos Reyes

Además, deprecó el reconocimiento y pago de una indemnización por perjuicios
patrimoniales y extrapatrimoniales, en la modalidad de lucro cesante,
correspondientes a los intereses legales contemplados en el artículo 1617 del
Código Civil, y también la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 y el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, esto último ante el pago injustificado y
desactualizado de las cesantías definitivas. Y a título de daño emergente, requirió
el pago del 30% sobre el valor total de la sentencia que ponga fin a la controversia,
dado que tuvo que contratar servicios profesionales para acudir a los estrados
judiciales, así como 100 SMLMV a razón de perjuicios morales.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

Se afirma que el señor Luis Augusto Cubillos Reyes ingresó a la Policía Nacional,
retirándose del servicio el 24 de abril de 2017 en el grado de Agente, tiempo durante
el cual le fue pagada la asignación básica con el incremento anual correspondiente
a los decretos del Gobierno nacional. El 16 de febrero de 2017 la Policía Nacional
expidió la “hoja de servicios” No. 93376715, en la que se le reconocen los
emolumentos salariales, la que sirvió de base para expedir la asignación de retiro
por parte de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.

Con peticiones de 4 y 6 de junio de 2019, solicitó, tanto a la Policía Nacional como
a CASUR, respectivamente, la reliquidación y pago de las diferencias prestacionales
y salariales por ajustes de actualización plena conforme a la inflación causada entre
1992 y 2004; las anteriores peticiones fueron negadas por las entidades
mencionadas a través de los actos administrativos hoy demandados.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Indicó que en el año de 1993 se expidió el Sistema General de Seguridad Social y
con posterioridad se profirió la Ley 238 de 1995, norma que adicionó el artículo 279
de la Ley 100 de 1993, que finalmente estableció que los beneficios allí
contemplados serían aplicables a los miembros de la Fuerza Pública, por lo que no
era aceptable que se le negara la solicitud de reajuste de la asignación de retiro con
fundamento en el IPC para los años 1997 a 2004 teniendo en cuenta la base
actualizada de mayor valor económico aplicable al grado de generales.

Explicó que, si bien el Gobierno nacional efectuó los aumentos anuales, que en
algunos casos se hizo muy por debajo del IPC y sin tener en cuenta la asignación
básica devengada por un general de la República, situación que afectó a los
pensionados, comoquiera que la prestación perdió su poder adquisitivo constante.

Trajo a colación el régimen salarial y prestacional aplicable a los integrantes de la
Fuerza Pública, citando los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990, así como el 1091
de 1995. Expresó que el mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones
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de retiro están legalmente ligadas a las asignaciones en actividad para cada grado;
lo cual opera desde el 31 de diciembre de 2004, y que desconoce el precedente de
la Corte Constitucional –sentencia C-931 de 2004-; concluyendo que los porcentajes
de sueldos básicos para los integrantes de la Fuerza Pública están fijados en el
Decreto 4158 de 2004, encontrándose vigentes, por lo que no podría producirse
ningún ajuste que tuviese como finalidad un aumento de dichas remuneraciones o
aún el solo mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas.

1.4. Contestación de la demanda

Admitida la demanda el 2 de diciembre de 2021, las entidades demandadas
contestaron de la siguiente manera:

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, allegó escrito con el que
se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Señaló que al demandante le fueron
cancelados los salarios durante el tiempo en que estuvo activo en el servicio de
acuerdo a las normas aplicables, incrementando el mismo en atención a los
decretos expedidos por el Gobierno nacional. Precisó que, si bien el salario incide
en el monto de la asignación de retiro, esta le fue reconocida en el 2017 y con
efectos a futuro, por tanto, no resulta jurídicamente viable reconocer un reajuste
sobre una prestación que no devengaba para el 2004 y que fue modificada a través
del Decreto 4433 de 2004 cuando volvió a contemplarse la oscilación.

De igual manera, realizó un análisis legal y jurisprudencial de la escala salarial de
los miembros de la Fuerza Pública y de cómo se realiza el incremento anualmente
de las asignaciones básicas, llegando a concluir que no resulta válido acceder a las
pretensiones de la demanda.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional guardó silencio en esta etapa
procesal.

1.5. Sentencia de primera instancia

Con fallo de 23 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

Con el objeto de resolver el problema jurídico planteado, trajo a colación la sentencia
de 7 de abril de 2022 proferida por el Consejo de Estado2, por medio de la cual se
indicó que el IPC no constituye el único indicador o variable económica para realizar
el reajuste de los salarios de los miembros de la Fuerza Pública; como conclusión
de la jurisprudencia citada, el a quo consideró que resulta improcedente reajustar la
asignación básica en una proporción diferente a la ordenada por el Gobierno
nacional a través de los decretos con los que fija la escala gradual porcentual, y que

2 Consejo de Estado, Sección Segunda; Radicado 25000-23-42-000-2017-05923-01 (2594-2021).

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Demandante: Luis Augusto Cubillos Reyes

incluso el reconocimiento del reajuste por debajo de la inflación causada no
desconoce la Constitución y la ley, pues, con los incrementos anuales se mantuvo
el poder adquisitivo del salario.

Finalmente, en consideración al artículo 365 del CGP, condenó en costas a la parte
demandante, toda vez que no prosperaron las pretensiones de la demanda.

1.6. Recurso de apelación

El señor Luis Augusto Cubillos Reyes, por intermedio de apoderado, interpuso
recurso de apelación argumentando a manera de síntesis, que la sentencia de
primera instancia omitió aplicar la jurisprudencia existente sobre el asunto en
cuestión, principalmente la sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte
Constitucional con la cual se protege el poder adquisitivo de los salarios de todos
los servidores públicos, incluidos los miembros de la Fuerza Pública, por lo que
desconocer dicha decisión es discriminar a quienes prestaron servicio público en
las Fuerzas Armadas y de Policía entre 1992 a 2004, tiempo en el cual los ajustes
ordenados por el Gobierno nacional fueron inferiores a la inflación, lo que afectó el
valor de la asignación básica de un oficial en el grado de General, circunstancia que
sirve como referente frente a la escala gradual porcentual.

1.7. Trámite en segunda instancia

Con proveído de 5 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandante contra la sentencia.

Se deja constancia que no hubo intervención alguna en esta instancia.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo3, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, según el artículo 328
del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante, razón por la que la

3 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
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competencia de la Sala se limita a los del apelante único, en este caso el actor.

2.2. Problema jurídico

¿El señor Luis Augusto Cubillos Reyes, en su calidad de Agente ® de la Policía
Nacional, tiene derecho al reajuste de la asignación salarial y consecuentemente de
la asignación de retiro, teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al
Consumidor?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

2.3.1. Régimen salarial y prestacional del personal de la Fuerza Pública

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la
Constitución4 la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos, incluidos entre ellos los integrantes de la Fuerza Pública, no es asunto
privativo de la órbita de competencia del Congreso de la República, sino que esa
atribución hoy es compartida con el presidente de la República, al disponer que
corresponde al Congreso en ejercicio de la función legislativa « dictar las normas
generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios» a los cuales se sujetará el Gobierno
para «fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública».

En este sentido le corresponde al legislador establecer normas generales y señalar
objetivos y criterios en las materias a que se refiere el numeral 19 del artículo 150
de la Carta, con lo cual, precisa el marco dentro del cual deberá actuar el Gobierno
nacional para los efectos señalados entre los que se encuentra «la fijación del
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos».

En desarrollo de lo anterior el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 19925,
que en su artículo 1º determinó los servidores públicos que serían objeto de
regulación salarial y prestacional por parte del Gobierno, dentro de los cuales se
encuentran los miembros de la Fuerza Pública. Así mismo, en su artículo 13
estableció con respecto a la escala gradual porcentual, lo siguiente:

«Artículo 13. En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá
una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo
y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos
en el artículo 2º.
Parágrafo. La nivelación de que trata el presente artículo debe producirse en
las vigencias fiscales de 1993 a 1996. […]».

4 e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso

Nacional y de la Fuerza Pública
5 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política»

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Del contenido de la norma referida se colige que uno de los propósitos del legislador
de 1992 al expedir la Ley 4ª de ese mismo año y ordenar el establecimiento de una
escala gradual porcentual era el de nivelar la remuneración de los miembros activos
y retirados de la Fuerza Pública, razón por la que se creó de manera temporal la
prima de actualización, la que subsistiría mientras se cumpliera tal objetivo, lo que
se materializó en vigencia de los Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994 y
133 de 1995.

En efecto, el artículo 15 del Decreto 335 de 1992, expedido por el Presidente de la
República, en ejercicio de las facultades del artículo 215 de la Constitución Política
y en desarrollo del Decreto 333 de 1992, que declaró el estado de emergencia
social, creó para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional en servicio activo, una prima de actualización, en los porcentajes que allí
se indican para cada grado, liquidada sobre la asignación básica, la cual estaría
vigente hasta el establecimiento de una escala salarial porcentual única para las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional, cuyo objetivo fue el de nivelar la
remuneración de estos servidores en forma gradual hasta llegar a una escala
salarial única.

En este orden de ideas, la prima de actualización introdujo una modificación gradual
a las asignaciones de actividad que es computable para el reconocimiento de la
asignación de retiro y pensión, no solo para quienes la devenguen en servicio activo
como lo establece expresamente el parágrafo del artículo 15 ya citado, sino también
para el personal retirado, ya que por el sistema de oscilación de las asignaciones
de retiro y pensiones consagrado en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, las
variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad se
deben reflejar en las asignaciones y pensiones ya reconocidas. Adicionalmente, el
Decreto 107 de 19966 en sus artículos 1º y 2º prescribió lo siguiente:

«Artículo 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4ª de
1992, fijase la siguiente escala gradual porcentual para el personal de oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública.
Los sueldos básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo
corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la
asignación básica del grado de General.

Oficiales

General 100%
Mayor General 90%
Brigadier General 80%
Coronel 60%
Teniente Coronel 44.30%
Mayor 38.60%

6 «Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas

Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional»

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Capitán 30.50%
Teniente 26.70%
Subteniente 23.70%
Suboficiales
Sargento Mayor 26.40%
Sargento Primero 22.60%
Sargento Viceprimero 19.50%
Sargento Segundo 17.40%
Cabo Primero 16.40%
Cabo Segundo 17.90%
Nivel Ejecutivo
Comisario 45.50%
Subcomisario 38.30%
Intendente 33.90%
Subintendente 26.40%
Patrullero 20.30%
[…]
Artículo 2°. Los Oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en
los grados de General y Almirante, percibirán por todo concepto una asignación
mensual igual a la que devenguen los Ministros del Despacho como asignación
básica y gastos de representación, en todo tiempo, distribuida así: el cuarenta
y cinco por ciento (45%) como sueldo básico y el cincuenta y cinco por ciento
(55%) como prima de alto mando. Esta última no tendrá carácter salarial para
ningún efecto legal.
Parágrafo. Los Oficiales Generales y Almirantes a que se refiere este artículo,
tendrán derecho a la Prima de Dirección y demás primas que devenguen los
Ministros del Despacho. La Prima de Dirección no será factor salarial para
ningún efecto legal, se pagará mensualmente y es compatible con la Prima de
Alto Mando a que tienen derecho los Oficiales en estos grados.
En ningún caso, los Oficiales Generales y Almirantes podrán percibir una
remuneración superior a la prevista para los Ministros del Despacho.»

Así entonces, a partir de la expedición del anterior decreto, el Gobierno nacional
cada año profiere los decretos de reajuste salarial con sujeción a la escala salarial
(122 de 1997; 058 de 1998; 62 de 1999; 2724 de 2000; 2737 de 2001; 745 de 2002;
3552 de 2003; 4158 de 2004; 923 de 2005; 407 de 2006; 1515 de 2007; 673 de
2008; 737 de 2009; 1530 de 2010; 1050 de 2011; 0842 del 2012; 1017 de 2013; 187
de 2014 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018, 1002
de 2019 y 318 de 2020), es decir, que ha tomado como base el porcentaje de la
asignación básica del grado de General.

Conforme con lo señalado se colige que la asignación básica del personal de la
Fuerza Pública está sujeta a los decretos que anualmente expide el Gobierno
nacional, en los que se fijan las pautas para determinar el monto que devengarán
sus miembros anualmente, impidiendo recurrir a una fuente distinta para realizar el
correspondiente incremento salarial, puesto que, a partir del Decreto 107 de 1996,
quedaron debidamente nivelados los salarios de dicho personal.

2.3.2. La asignación de retiro de las Fuerzas Armadas y su reajuste

En lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica de la asignación de retiro, la Sala
de Subsección precisa que tanto esta Corporación como la Corte Constitucional, en
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su jurisprudencia, han reconocido a las asignaciones de retiro el carácter de una
pensión como la de vejez o de jubilación.

Así, en sentencia C-432 de 2004, la Corte Constitucional analizó la
constitucionalidad de algunas normas consagradas en el Decreto 2070 de 2003, el
cual introdujo reformas al régimen pensional de la Fuerza Pública, concretamente
en cuanto al porcentaje que se aplicaría a la asignación de retiro. En dicha
oportunidad, la Corte precisó que la asignación de retiro es una modalidad de
prestación social que se asimila a la pensión de vejez y que goza de un cierto grado
de especialidad (en requisitos), atendiendo la naturaleza especial del servicio y las
funciones que cumplen los servidores públicos a quienes se les reconoce. Se trata,
como bien lo afirman los intervinientes, de establecer con la denominación de
“asignación de retiro”, una pensión de vejez o de jubilación para los miembros de la
fuerza pública, en la medida que el resto del ordenamiento especial de dichos
servidores públicos, se limita a regular las pensiones de invalidez y sobrevivientes.

Esta prestación periódica para el personal militar y policial comprende algunas
diferencias muy relevantes debido a la situación especial de dichos servidores
públicos, como es la dedicación exclusiva al servicio, las jornadas especiales de
trabajo, los lugares donde se debe trabajar, la continua reubicación de lugares de
servicio y, en fin, el peligro para su vida y familia dadas las circunstancias de nuestro
medio, por ello el legislador consagró un régimen salarial y prestacional especial.

A su vez, el Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que la asignación de
retiro es el término del legislador utilizado para referirse a la pensión de vejez de los
miembros de la Fuerza Pública, prestación esta que se encuentra consagrada en
un régimen especial, cuyos destinatarios son el personal que ella determina de
manera clara.

Este régimen se encuentra contenido en el Decreto 1211 de 1990, «Por el cual se
reforma el estatuto del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares»
que en sus artículos 163 y 169, señaló no solo el concepto de asignación de retiro
y sus variaciones sino que también tuvo en cuenta el aumento salarial decretado
para el personal de las fuerzas militares en actividad, vale decir, mediante la
aplicación del principio de oscilación así:

«Artículo 163. Asignación de Retiro. Durante la vigencia del presente
estatuto, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que sean retirados
del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar
servicios o por voluntad del Gobierno o de los de Comandos de Fuerza, según
el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por
disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por
inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada, o
por conducta deficiente, y los que se retiren a solicitud propia después de veinte
(20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los
tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se
les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 158 de este Estatuto,
por los quince (15) primeros años servicio y un cuatro por ciento (4%) más por

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cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta
y cinco por ciento (85%) del mismo monto.
Artículo 169. Oscilación de asignación de retiro y pensión. Las
asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente Decreto se
liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan
en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 158 de este Decreto. En ningún caso aquellas serán
inferiores al salario mínimo legal.
Los Oficiales y Suboficiales o sus beneficiarios, no podrán acogerse a normas
que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la administración
pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley.
Parágrafo. Para la oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones de
Oficiales Generales y de Insignia, Coroneles y Capitanes de Navío, se tendrá
en cuenta como sueldo básico, el porcentaje que como tal determinen las
disposiciones legales vigentes que regulen esta materia, más las partidas
señaladas en el artículo 158 de este Decreto.»

Acorde con tales disposiciones, cada vez que existiera una variación en los salarios
del personal en servicio activo, esta se extendería para el personal en uso de buen
retiro.

De igual manera lo consagró el artículo 151 del Decreto 1212 de 1990, por el cual
se reforma el estatuto del personal y suboficiales de la Policía Nacional, de tal forma
que a la luz de estas disposiciones, quedó establecido el sistema de reajuste y la
prohibición expresa de utilizar otro régimen, «salvo autorización expresa» lo cual
significa que solo es factible la aplicación de normas generales de la administración
a los casos sometidos a un régimen especial militar cuando la ley expresamente lo
autorice.

Ahora bien, la Ley 100 de 1993, «Por la cual se creó el sistema de seguridad social
integral», en el artículo 14, previó el reajuste de las pensiones teniendo en cuenta
la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

«Artículo. 14. Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de
vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera
de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder
adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero
de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor,
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las
pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual
vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que
se incremente dicho salario por el gobierno».

Sin embargo, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, determinó que a los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional no se les aplicaría el sistema
integral de seguridad social, así:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214
de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la

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presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones
Públicas.»

Si bien es cierto, en principio, dicha norma excluyó entre otros servidores, a los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de su aplicación, no es
menos cierto que posteriormente tal disposición fue adicionada en el parágrafo 4.º
por disposición expresa del artículo 1.º de la Ley 238 de 1995, así:

«Artículo 1º: Adiciónese el Artículo 279 de la Ley 100 de 1993, con el siguiente
parágrafo:
Parágrafo 4. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican
negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142
de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados»

Con fundamento en lo anterior, a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, los
pensionados del régimen de excepción de la Ley 100 de 1993 tuvieron derecho a
que sus mesadas se reajustaran teniendo en cuenta la variación porcentual del IPC
certificado por el DANE, como lo dispuso el artículo 14 de esta última citada, y a la
mesada 14, conforme el artículo 142 ibidem.

No obstante, el sistema de liquidación de las asignaciones de retiro y
pensiones de los miembros de la Fuerza Pública con base en el IPC tan solo
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, toda vez que el propio legislador
volvió a establecer el incremento pensional con base en el principio de oscilación,
mediante el artículo 3 de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, así:

«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que
sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos: […]
3.13. El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del
personal de la Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se
aumenten las asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo.»

En el mismo sentido, el artículo 42 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004,
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de
los miembros de la Fuerza Pública” determinó lo siguiente:

«Artículo 42. Oscilación de la asignación de retiro y de la pensión. Las
asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto, se
incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en
actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o
pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente.
El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a
normas que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a
menos que así lo disponga expresamente la ley.»

Y, en los artículos 13 y 14 ibídem se estableció lo siguiente:
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«Artículo 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas
Militares. La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se
liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:
13.1 Oficiales y Suboficiales:
13.1.1 Sueldo básico.
13.1.2 Prima de actividad.
13.1.3 Prima de antigüedad.
13.1.4 Prima de estado mayor.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6o del
presente Decreto.
13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha
de retiro.
13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos
haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.
[…]
PARÁGRAFO: - En adición a las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y
compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro,
pensiones y sustituciones pensionales.

Artículo 14. Asignación de retiro para el personal de Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares en actividad. Los Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia del presente Decreto, que sean retirados con dieciocho (18) o más
años de servicio, por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional,
según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o
por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional, y los
que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta
después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en
que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, así:
14.1 Sesenta y dos por ciento (62%) del monto de las partidas computables a
que se refiere el artículo 13 del presente Decreto, por los dieciocho (18)
primeros años de servicio.
14.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuatro
por ciento (4%) por cada año que exceda de los dieciocho (18) hasta los
veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%).
14.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral
anterior se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional a los
primeros veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el noventa y cinco
por ciento (95%) de las partidas computables.

Parágrafo 1o. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, que a la
fecha de entrada en vigencia del presente decreto, tuvieren quince (15) o más
años de servicio que sean retirados del servicio activo por llamamiento a calificar
servicios o por retiro discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad
psicofísica, o por incapacidad profesional, tendrán derecho a partir de la fecha
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en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, así: El
cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas computables a que se
refiere el artículo 13 del presente Decreto, por los quince (15) primeros años de
servicio, y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince
(15) hasta los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por
ciento (85%). A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el inciso
anterior se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional a los
primeros veinticuatro (24) años, sin que el total sobrepase el noventa y cinco
por ciento (95%) de las partidas computables.

Parágrafo 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre
de 1968, con treinta (30) años o más de servicio, continuarán percibiendo la
asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las
partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación.»

Por su parte, el Decreto 407 de 2006, “por el cual se fijan los sueldos básicos para
el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”, en desarrollo de lo
establecido en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, determinó el sueldo básico
mensual para el personal, en porcentaje que se indica para cada grado, y con
respecto a la asignación básica del grado de general que fijó al rango de mayor el
45.5288%.

Acorde con lo expuesto, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995,
se hicieron extensivos para los pensionados pertenecientes a los regímenes
excluidos por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, como es el caso del personal
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, los beneficios contemplados por los
artículos 14 y 142 ibídem, es decir, el reajuste de las mesadas pensionales de
conformidad con la variación porcentual del índice de precios al consumidor
certificado por el DANE.

El reajuste con la variación del IPC para los miembros de la Fuerza Pública tuvo
como límite la entrada en vigor del Decreto 4433 de 2004, que restableció
nuevamente el principio de oscilación, posición que ha sido reiterada de manera
consistente y uniforme por esta Sección, a partir de la sentencia de 17 de mayo de
20077 al precisar lo siguiente:

«7. Límite del derecho. El reajuste pensional aquí reconocido, debe liquidarse
hasta el reajuste dispuesto por el artículo 42 del decreto 4433 de 2004, debido
a que esta norma volvió a establecer el mismo sistema que existió bajo la
vigencia del decreto 1212 de 1990, o sea decir, teniendo en cuenta la oscilación
de las asignaciones del personal en actividad.»

Y en la sentencia del 21 de agosto de 20088, que sostuvo:

«En tales circunstancias, el ajuste de pensiones y asignaciones de retiro de los

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, Expediente 8464-2005.

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 21 de agosto de 2008, expediente 0663-2008.

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miembros de la Fuerza Pública debe hacerse conforme al I.P.C. de que trata el
Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, por remisión expresa
que hiciera el propio Legislador en la Ley 238 de 1995.
A lo anterior se agrega, que además de la aplicación del ajuste del I.P.C. por
remisión expresa del Legislador, la Sala también llegó a tal conclusión en razón
del principio constitucional de favorabilidad que, por lo general, gobierna a los
regímenes especiales, como es el caso de los miembros de la Fuerza Pública.
[…]
En ese orden, el ajuste de las asignaciones de retiro a partir del año de 1995
deberá hacerse con fundamento en el I.P.C. que certifique el DANE; fórmula
aplicable hasta el año de 2004, en razón de que el propio Legislador volvió a
consagrar el sistema de oscilación como la forma de incrementar las
asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, a través del
artículo 3 [3.13] de la Ley 923 de 2004, el cual fue reglamentado por el artículo
42 del Decreto 4433 del mismo año […]». (negrilla y subraya fuera de texto)

De acuerdo con tales planteamientos, el reajuste ordenado sobre la base de la
asignación de retiro, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios
al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y
2004, contaba con un límite temporal, esto es, el 31 de diciembre de 2004, fecha de
entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, mediante el cual se volvía a adoptar
como método de reajuste de la citada prestación, el principio de oscilación.

Dicha tesis jurisprudencial fue reiterada y concretada en la sentencia de 15 de
noviembre de 20129:

«Que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 31 de diciembre de
2004, el reajuste ya no se haría más de conformidad con el índice de precios al
consumidor, IPC, sino con aplicación del principio de oscilación, previsto en el
artículo 42 del citado Decreto, pero que en todo caso, la base de la asignación
de retiro a 31 de diciembre de 2004 debe contemplar el reajuste que en el
pasado se ordenó con fundamento en fundamento la variación porcentual del
índice de precios al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003 y 2004.

En otras palabras, los incrementos que se efectúen sobre la asignación de retiro
de un oficial o suboficial de la Fuerza Pública en retiro a partir de la entrada en
vigencia el Decreto 4433 de 2004, esto es el 31 de diciembre de 2004, no
pueden desconocer que dicha asignación de retiro, en su base, experimentó un
incremento en virtud del reajuste que en sede judicial se ordenó, con
fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC,
sobre el cual en todo caso deberá incrementarse a futuro, en virtud del principio
de oscilación».

Con fundamento en las anteriores consideraciones, se concluyó que el reajuste
efectuado sobre las asignaciones de retiro de los oficiales y suboficiales de la
Fuerza Pública obedece a uno solo, el cual se ha realizado en el tiempo con
fundamento en dos criterios distintos, a saber, el primero con observancia del índice

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 15 de noviembre de 2012, expediente 0907-

2011.

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de precios al consumidor, IPC, esto, hasta el 31 de diciembre de 2004, fecha en la
que se retoma el principio de oscilación, siendo este el segundo criterio, el cual, en
todo caso, incrementará anualmente y a futuro las mesadas de las asignaciones del
personal en retiro, partiendo siempre de la última mesada pensional del año 2004.

Ahora bien, es preciso reiterar que no es posible aplicar lo dispuesto en las Leyes
100 de 1993 y 238 de 1995, normas que regulan el Sistema General de Pensiones
a las asignaciones percibidas en actividad, al tratarse de dos condiciones muy
diferentes jurídica y fácticamente, como son gozar de asignación de retiro y otra,
devengar la asignación básica en servicio activo, cuyo sistema de reajuste se
encuentra regulado por pautas normativas diversas que no se pueden pasar por alto
desconociendo el querer del constituyente.

2.4. Caso concreto

De conformidad con el plenario, el señor Luis Augusto Cubillos Reyes estuvo
vinculado a la Policía Nacional por un lapso de 26 años, 2 meses y 29 días y se
retiró por solicitud propia el 24 de enero de 2017, tal como consta en su hoja de
servicios, en el momento en el que ocupó el cargo de Agente.

Por medio de la Resolución 1825 de 31 de marzo de 2017, el director general de la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR le reconoció la
asignación de retiro a partir del 24 de abril de 2017, en cuantía del 89% del sueldo
básico para el grado que ocupaba.

Los días 4 y 6 de junio de 2019, el señor Cubillos Reyes radicó solicitudes ante
CASUR y la Dirección General de la Policía Nacional para obtener la reliquidación
y reajuste del sueldo básico con base en el IPC y la consecuente reliquidación de la
asignación de retiro.

Dichas peticiones fueron negadas a través de los Oficios 2019-046985 de 13 de
agosto de 2019 y 445596 de 14 de junio de 2019, proferidos por la Policía Nacional
y por CASUR, respectivamente.

Ahora bien, revisados los decretos expedidos por el Gobierno nacional, se observa
que desde el año 1992 en adelante, los miembros de la Fuerza Pública han tenido
un aumento porcentual de sus salarios así:

AÑO AUMENTO % DECRETO AÑO
1992 27,90 335 24/01/92
1993 35,51 25 07/01/93
1994 51,23 52 10/01/94
1995 43,50 133 13/01/95
1996 45,52 107 15/01/96

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1997 13,40 122 16/02/97
1998 24,20 58 10/01/98
1999 14,91 62 08/01/99
200 9,23 2754 27/12/00
2001 5,14 2737 17/02/01
2002 4,93 745 17/04/02
2003 5,61 3552 10/12/03
2004 5,07 4158 10/12/04
2005 5,50 923 30/03/05
2006 5,00 407 08/02/06
2007 4,50 1737 18/05/07
2008 5,69 674 04/03/08
2009 7,67 708 06/03/09
2010 2,00 1374 26/04/10
2011 3,17 1031 04/04/11
2012 5,00 853 25/04/12
2013 3,44 1029 21/05/13
2014 2,94 199 07/02/14
2015 4,66 1101 26/05/15
2016 2,77 238 12/01/16

De acuerdo con lo anterior, se observa que desde el año 1992, como Oficial de la
Policía Nacional, el señor Luis Augusto Cubillos Reyes tuvo derecho al incremento
porcentual decretado año a año por el Gobierno nacional en aplicación a la Ley 4
de 1992, por lo tanto, la pretensión de reliquidación teniendo en cuenta el Índice de
Precios al Consumidor es improcedente, pues no resulta pertinente acudir a una
fuente distinta para realizar el correspondiente incremento salarial, en la medida en
que existe prohibición expresa consagrada en el artículo 10 de la citada ley e
implicaría la modificación de la escala gradual porcentual, con base en la cual el
Gobierno nacional fija anualmente los sueldos básicos del personal de las fuerzas
militares en actividad; decretos que valga resaltar, no fueron cuestionados con la
presente demanda.

Ahora bien, en cuanto a la reliquidación de la asignación de retiro, se debe
mencionar que el reajuste del IPC en estas prestaciones solo se aplica para las
reconocidas y devengadas en el periodo comprendido entre 1997 y 2004, por tanto,
no tiene derecho a ella, ya que dicha prestación le fue reconocida con la Resolución
1825 de 31 de marzo de 2017.

Cabe destacar que, con el recurso se invoca la aplicación de la sentencia C-931 de
2004 proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se desató la demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 848 de 2003 “por la cual se
decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones
para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004”. Oportunidad en
la que dicha Corporación se refirió al “derecho del servidor público a mantener el

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poder adquisitivo real del salario”, el cual solo puede ser limitado, en palabras de la
Corte, para promover el fin constitucionalmente imperioso de preservar la
estabilidad macroeconómica reduciendo el gasto en circunstancias de déficit fiscal
y elevado endeudamiento para no afectar el gasto social, asegurando de esta forma
la efectividad de la solidaridad como principio fundante del Estado Social de
Derecho, en el marco de un contexto económico que justifique la necesidad de la
limitación. Sin embargo, para el asunto que convoca, es menester reiterar que el
reajuste salarial pretendido con fundamento en el IPC, no tiene vocación de
prosperidad, dado que como se expuso, para las anualidades de 1992 a 2004, el
Gobierno nacional no se encontraba jurídicamente obligado a incrementar en ese
porcentaje las asignaciones salariales, a lo que se suma, que los decretos mediante
los cuales se fijaron los incrementos salariales no fueron cuestionados por la parte
actora a través del presente medio de control.

Todo lo anterior, lleva a confirmar en su integridad la sentencia de primera instancia
dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima el 23 de noviembre de 2023,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2.6. De la condena en costas en segunda instancia

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados no puede observarse dicha situación, contrario a ello,
sustentó las razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se
condenará en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 23 de noviembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima que negó las pretensiones de la demanda,
conforme la motivación de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.

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TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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