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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00436-02

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00436-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 18 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 81 Núm. único de radicación: 730012333000202100436-02 “[…] Quinto. DISPÓNGASE la integración de un comité de verificación, el cual estará conformado por el Magistrado Ponente de esta decisión, quien lo presidirá; el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Dindalito; el agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación; el Gerente de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana; el Director de la Corporación Autónoma Regional de Tolima – Cortolima o su delegado; el representante de la Agencia Nacional de Infraestructura; el representante de la Concesionaria San Rafael S.A; el representante de la APP Gica S.A; y el representante legal de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo del Tolima, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia […]”. TERCERO: MODIFICAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia de 18 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “[…] Sexto. Condenar en costas a la Asociación de Usuarios del Distrito de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2021-00436-02

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 730012333000202100436-02
Demandante: Junta de Acción Comunal de la Vereda Dindalito Centro del Municipio
de El Espinal – Tolima1
Demandados: Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Los
Ríos Coello y Cucuana – USOCOELLO; Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria – AGROSAVIA; Instituto Colombiano Agropecuario; Corporación
Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA; Agencia Nacional de Infraestructura
– ANI; Instituto Nacional De Vías – INVIAS y Concesionaria San Rafael S.A.
Vinculados: Universidad Del Tolima; Camilo Iván Reyes Amador; Rafael Francisco
Amador; Jorge Eduardo Reyes Amador; sucesión de Agustín Núñez Cárdenas; Ana
Rita García de Orjuela y Elizabeth Orjuela García

Tema: Derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano de conformidad
con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y la seguridad y
salubridad públicas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Asociación de Usuarios
del Distrito de Adecuación de Tierras de Los Ríos Coello y Cucuana, la Agencia
Nacional de Infraestructura y la Corporación Autónoma Regional del Tolima, contra
la sentencia de 18 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1
Con personería jurídica, Resolución núm. 0660 de 29 de junio de 2016.

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Núm. único de radicación: 730012333000202100436-02

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La parte actora presentó2 demanda en ejercicio del respectivo medio de
control, contra la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de
Los Ríos Coello y Cucuana – USOCOELLO; la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA; la Corporación Autónoma Regional Del
Tolima CORTOLIMA; la Agencia Nacional De Infraestructura – ANI; la
Concesionaria San Rafael S.A.; el Instituto Nacional De Vías – INVIAS y el Instituto
Colombiano Agropecuario - ICA con el objeto de lograr la protección de los derechos
e intereses colectivos al goce de un ambiente sano de conformidad con lo
establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y la seguridad y
salubridad públicas.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. Que se declare a la entidad demandada como responsable de la
falla en el servicio de riego, drenaje y control de inundaciones consagrado en la Ley
41 de 1993 y que como consecuencia ha vulnerado los derechos colectivos a la
MORALIDAD ADMINISTRATIVA – art. 4 numeral a) Ley 472 de 1998 – y a LA
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE
– art. 4 numeral I) Ley 472 de 1998.

SEGUNDA. Que se ordene a la entidad demandada realizar las obras, los planes
de contingencias y las demás acciones que técnicamente sean necesarias para
evitar la vulneración de los derechos colectivos invocados a presente y futuro.
[…]”3.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

2
La demanda fue presentada ante la jurisdicción ordinaria, admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué
mediante auto de 26 de abril de 2017, mediante auto de 8 de noviembre de 2017 se declaró la falta de competencia para
conocer del proceso y fue remitido a los juzgados administrativos del circuito de Ibagué, le correspondió el estudio al Juzgado
Sexto Administrativo de Ibagué quien propuso un conflicto negativo de jurisdicción, el Consejo Superior de la Judicatura
mediante providencia de 16 de octubre de 2018 dispuso continuar el trámite del proceso. Mediante auto del 28 de octubre de
2021, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué declaró la falta de competencia funcional para conocer del
presente asunto y fue remitido al Tribunal Administrativo del Tolima, mediante providencia del 24 de noviembre de 2021 avocó
su conocimiento y continuo con el trámite procesal.
3
Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo I página 10.
73001333300620170038500 - OneDrive (sharepoint.com), pág. 35. https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/audienciasj06admibe_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal
%2Faudienciasj06admibe_cendoj_ramajudicial_gov_co%2FDocuments%2FPROCESOS+ESCANEADOS%2F2017%2F730
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3

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3.1 Indicó que desde el año 2020 varios residentes de este sector se encontraban
afectados por el servicio de riego prestado por el canal lateral tres izquierdo del
Canal Tolima, a la altura de la vereda Dindalito centro de ese municipio, por la falla
en el servicio de riego y control de inundaciones, por la existencia de filtraciones
constantes de este canal, el inadecuado mantenimiento del mismo y la excesiva
carga hídrica, ya que sirve a la vez de canal de riego y de drenaje, al punto que,
para épocas de invierno las inundaciones producen graves perjuicios a los lotes
aledaños con daño en sus bienes, enseres, animales y riesgos para la vida de los
habitantes, sin contar con los daños a los cultivos, la fauna y flora silvestre.

3.2 Expresó que el 27 de mayo de 2020, el jefe de operación de la época
reconoció en un informe técnico que la capacidad del canal en general a la altura
de la ubicación descrita es insuficiente porque existen filtraciones que afectan las
viviendas vecinas y que existe una toma para riego predial a la altura de la
intersección del canal con la vía panamericana que del Espinal conduce a Ibagué,
que represa tanto las aguas de riego como las de lluvia, lo que hace que en esa
época se generen graves inundaciones.

3.3 Manifestó que el 22 de junio de 2010, el jefe del Departamento de
Conservación de USOCOELLO señaló que existen dos alternativas de solución, una
de ellas es la de rectificar el cauce de la quebrada, reconociendo que la situación
de inundación en el sector es grave.

3.4 Indicó que el día 10 de octubre de 2014 se realizó una visita por la
Corporación Autónoma Regional y la Procuraduría Judicial y Agraria, donde la
conclusión general fue que las obras que se encuentran ubicadas en el sitio hacen
que las aguas se estanquen considerablemente y produzcan inundaciones. Las
entidades recomendaron a la empresa USOCOELLO tomar las medidas necesarias
para identificar los impactos que genera la obra y una vez identificados se
implementaran las mejoras, arreglos, reubicaciones y demás para dar solución a la
problemática.

3.5 Adujo que en el mes de mayo de 2016 la Corporación Autónoma Regional
dio apertura al expediente bajo el número VITAL COR-01298-16 con la finalidad de
realizar una visita de inspección ocular.

3.6 Resaltó que desde la misma construcción del Distrito Coello, la quebrada
Guayabal, fue modificada en su cauce por la construcción del canal lateral 3
izquierdo del Canal – Tolima, circunstancia que sumada a la desmedida aprobación
de nuevas áreas para riego, especialmente el tema de CORPOICA hacen que en

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épocas de invierno la capacidad de conducción del canal sea superada por el
volumen desmedido de las aguas sobrantes de los lotes inscritos como usuarios del
Distrito, el agua de riego y la ineficiente operación de las compuertas radiales y
prediales4.

Contestaciones de la demanda

3. La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Los
Ríos Coello y Cucuana -USOCOELLO contestó la demanda y la reforma de la
demanda, se opuso a las pretensiones formuladas, así:

3.1. Señaló que la entidad no ha podido atender la problemática que afecta la
prestación del servicio de adecuación de tierras por cuanto los habitantes del sector
han impedido la construcción de obras tendientes al mejoramiento del canal, así
como la limpieza del canal tras las siembras de plantas de cachaco y plátano dentro
del talud del mismo. Con ocasión de lo anterior, indicó que le ha sido imposible
realizar el “desazolve” del canal y que no puede hacerse responsable a la asociación
ante la intervención de terceros “[…] en los postulados de la conservación y
mantenimiento de canales, vías, u obras de drenaje cuyo mantenimiento […]” tiene
el fin de “[…] mitigar los impactos reclamados por ellos mismos […]”.

3.2. Precisó que ha dado cumplimiento a sus funciones por cuanto lleva a cabo
la limpieza de los canales, obras y control operacional de los mismos. Afirmó que,
si bien tiene el deber de realizar control de inundaciones, le es imposible llevar a
cabo dicho control por la magnitud de las precipitaciones en la región.

3.3. Asimismo refirió que, aunado a los factores antrópicos relacionados supra, la
población agrava la problemática de inundaciones y filtraciones con ocasión de: i)
la invasión de los canales por donde pasa la maquinaria de limpieza; ii) las viviendas
no cuentan con sus respectivos drenajes o realizan la construcción de estos
inadecuadamente tapando el drenaje natural que conduce a la quebrada Guayabal;
y iii) las “invasiones” por parte de los habitantes del sector de las franjas de
protección a los costados de la quebrada.

3.4. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “Ausencia de violación
sobre derechos colectivos”, “Inexistencia de violación al derecho colectivo contenido
en el literal A y G) Artículo 4 de la Ley 472 de 1998”, “Ausencia de nexo causal frente

4 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo I página 10.

73001333300620170038500 - OneDrive (sharepoint.com), páginas 30 y 31.

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a la presunta violación de los derechos colectivos contenidos en los literales, G) H)
y L)” y “Ausencia del derecho colectivo reglado en el artículo 4 literal B)”5.

4. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -
AGROSAVIA contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

4.1. Resaltó que no le corresponde a la entidad cumplir con lo pretendido por la
parte demandante por cuanto carece de competencia para intervenir en la
administración y mantenimiento de los servicios de drenaje y control de
inundaciones, así como en la ejecución de obras para garantizar la prestación de
dichos servicios. A juicio de la Corporación, estas funciones le corresponden a
USOCOELLO.

4.2. Indicó que no ha vulnerado derecho colectivo alguno por cuanto la cantidad
de agua suministrada por la entidad no ha cambiado desde antes del año 2010 y el
caudal de la quebrada “ha sido el mismo”.

4.3. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “Falta de integración de
litisconsorcio necesario”, “Inexistencia de intereses amenazados por parte de
AGRASOVIA” y “Falta de legitimación en la causa por la pasiva”6.

5. La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA contestó
la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

5.1. Mencionó que la entidad ha actuado oportuna y eficazmente frente a sus
funciones y competencias por cuanto, una vez el Presidente de la Junta de Acción
Comunal de Dindalito centro del Espinal reiteró la problemática causada por el
lateral 3 izquierdo del Canal Tolima construido por USOCOELLO, la entidad informó
al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, a través de oficio núm. 11090 de 20 de mayo
de 2016, sobre la apertura de expediente núm. VITAL COR-01298-16 donde se
solicitó a la Subdirección de Calidad Ambiental realizar visita de inspección ocular.

5.2. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “Ausencia de
responsabilidad por parte de la Corporación Autónoma Regional Del Tolima
CORTOLIMA” y “Actuaciones adecuadas a las competencias de la Corporación
Autónoma Regional Del Tolima”; “Inexistencia de pruebas que sustente la
vulneración de los derechos colectivos alegados”; “Falta de cumplimiento requisitos

5 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivos denominados: 001Cuaderno Principal – Tomo I páginas 95

a 103 y 002Cuaderno Principal – Tomo II páginas 2 a 10. 73001333300620170038500 - OneDrive (sharepoint.com).
6 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 002Cuaderno Principal – Tomo II páginas 66 a

71. 73001333300620170038500 - OneDrive (sharepoint.com).

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para insturanse (sic) la acción popular” y la que denominó como “Excepción
genérica”7.

6. La Agencia Nacional De Infraestructura -ANI contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones formuladas, así:

6.1. Sostuvo que no se observa imputación a la entidad en la demanda, su
reforma, en los documentos anexos ni en el auto que ordena su vinculación al
proceso; asimismo, destacó que tampoco se indicaba en la demanda alguna
pretensión contra la entidad. Por lo anterior advirtió que le es imposible proponer
defensa alguna.

6.2. Propuso las excepciones que denominó: “Inexistencia de prueba técnica que
permita advertir que la amenaza o el daño sea imputable a la ANI” y “[…] [a] la ANI
no le es imputable, fáctica o jurídicamente, la situación hipotética que sustenta la
pretensión […]”8.

7. La Concesionaria San Rafael S.A. contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas, así:

7.1. Manifestó que la entidad no tiene a su cargo ninguna actividad relacionada
con la administración y operación de los sistemas de riego y que el objeto de la
sociedad consiste exclusivamente en la ejecución del Contrato de Concesión núm.
007 de 2007, objeto que aduce haber cumplido con observancia de las
disposiciones fijadas por la autoridad ambiental.

7.2. Estimó que el accionante se limitó a enunciar derechos colectivos sin exponer
las circunstancias por las que considera que fueron amenazados o vulnerados o
allegar las respectivas pruebas que así lo establezcan, por lo anterior, la entidad
sostuvo, por un lado, que el juez constitucional no puede pronunciarse o extender
amparos frente a “supuestas e indeterminadas amenazas o violaciones”, y, por el
otro, que la carga de la prueba recae en la parte demandante.

7.3. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación
en la causa por pasiva”, “Ausencia de responsabilidad de Concesionaria San Rafael
respecto de las afectaciones derivadas de los sistemas de riego de propiedad y/o

7 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivos denominados: 001Cuaderno Principal – Tomo I páginas 208

a 216 y 002Cuaderno Principal – Tomo II páginas 117 a 128. 73001333300620170038500 - OneDrive (sharepoint.com).
8 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 002Cuaderno Principal – Tomo II páginas 335

a 345. 73001333300620170038500 - OneDrive (sharepoint.com).

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bajo administración de USOCOELLO y demás accionados” e “Inexistencia de
vulneración o amenaza de derechos colectivos. Ausencia de prueba”9.

Vinculados

8. Las señoras Ana Rita García De Orjuela y Elizabeth Orjuela García
contestaron la demanda en los siguientes términos:

8.1. Indicaron que los predios se encuentran inscritos ante la Asociación de
Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana y son
beneficiarias del riego. Por ello, realizan un pago y reciben el agua de forma
dosificada, es decir, no sobra agua la cual termine en los predios aledaños.

8.2. Manifestaron que las inundaciones son ocasionales y se presentan cuando
hay lluvias fuertes.

8.3. Solicitaron que se verifique si los lotes en los que se manifiestan las
inundaciones efectivamente se encuentran habitados, están autorizados para el
riego de cultivos de arroz, o si por el contrario están destinados y determinados para
cultivos secaneros (maíz y/o frutales), entre otros aspectos10.

9. La Universidad del Tolima contestó la demanda en los siguientes términos:

9.1. Indicó que se evidencia una ausencia de responsabilidad máxime cuando
quien tiene la administración del canal de riego es USOCOELLO. Se evidencia que
el inmueble de la universidad es de los más alejados del canal de riego y de la
vereda presuntamente afectada. El inmueble se encuentra arrendado al señor
Milton Cárdenas Ramírez, el cual tiene dentro de sus obligaciones “[…] 2. Durante
el desarrollo del contrato mantener los bordes de los lotes limpios de malezas. 3.
Mantener en buen estado de limpieza los canales de riego y drenaje de las áreas
convenidas en el objeto del presente contrato. 4.Sujetarse a las normas,
procedimientos y funciones especiales del distrito de riego de USOCOELLO, en lo
relativo al agua utilizada para el riego, pagar el canon correspondiente al consumo
volumétrico del agua de riego utilizada para los cultivos. 5.Asumir la responsabilidad
por los daños que se llegaren a causar a otros cultivos en desarrollo del objeto del
presente contrato. 6.Responder por el completo aseo, limpieza de las instalaciones
agrícolas y la recolección diaria de basuras y desperdicios que resultaren de esta
actividad, al igual que realizar una adecuada destinación final de los mismos y de

9 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 002Cuaderno Principal – Tomo II páginas 305

a 321. 73001333300620170038500 - OneDrive (sharepoint.com).
10 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado:030ContestacionDemandaAnaRitaGarcia

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los residuos de cosechas, con el fin de evitar problemas sanitarios”. Por esa razón
consideró que no existe responsabilidad en la presunta vulneración de los derechos
colectivos.

10. La sucesión de Agustín Núñez Cárdenas contestó la demanda en los
siguientes términos:

10.1. Indicó que se le vinculó por el predio Tolú y por causar perjuicios, pero que
por el contrario, quien soporta los perjuicios con ocasión de las aguas lluvias no
canalizadas del ICA es el predio de su propiedad.

10.2. Propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación en la causa
pasiva”; “Ausencia de violación sobre derechos colectivos”; y “Excepción genérica”.

11. Los señores Jorge Eduardo Reyes Amador, Camilo Iván Reyes Amador
y Rafael Francisco Amador Campos11 contestaron la demanda en los siguientes
términos:

11.1. Indicó que en la actualidad las funciones de vigilancia y control sobre las
asociaciones de usuarios de distritos de riego, reposan en cabeza de la Agencia de
Desarrollo Rural y las mismas deben ser ejercidas respecto de los estudios, las
modelaciones, los cálculos, los diseños, las obras y los planes, que formule y
ejecute la Asociación de Usuarios de Aguas del Distrito de Riego del río Coello —
USOCOELLO.

11.2. Argumentó que con el ejercicio de la presente acción se pretende por parte
de la accionante, la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados
con la moralidad administrativa, la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente y el goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, los
cuales se estiman vulnerados como quiera que las accionadas no prestan
adecuadamente el servicio de riego y control de inundaciones, afectando la vereda
Dindalito — Centro, con inundaciones provocadas por el lateral 3 izquierdo del canal
Tolima, de propiedad de la accionada.

11.3. Manifestó que no han tenido afectación alguna por efecto del funcionamiento
de la adecuación pico de pato del canal lateral tres izquierdo del Canal Tolima; ello,
en razón de que son dueños de predios que se encuentran construidos de
conformidad con la regulación espacial que instituye la ley, lo que se traduce en que
se encuentran en plena armonía con la mencionada adecuación, esto implica que

11 Vinculados por medio de auto de 5 de mayo de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima.

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el servicio de riego se ha prestado de manera eficiente y satisfactoria, tal como se
tenía previsto desde su edificación.

11.4. Aclaró que el daño se ha evidenciado por efecto del servicio de riego prestado
por el canal lateral tres izquierdo del Cana Tolima, únicamente tiene como afectados
directos a quienes han invadido y/o sembrado cultivos y plantaciones con omisión
de la regulación especial que constituye la ley, lo que tiene como efecto la alteración
del debido funcionamiento del servicio de riego. Por lo tanto, adujo que no existe
transgresión de los derechos colectivos que se pretenden.

La audiencia de pacto de cumplimiento

12. El Tribunal, mediante audiencia de 9 de agosto de 2022, llevó a cabo la
diligencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes12.

Sentencia proferida, en primera instancia

13. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia el 18 de abril de 2024,
en la que resolvió lo siguiente:

“[…] Primero. LEVANTAR la medida cautelar decretada por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Ibagué mediante providencia del 10 de junio de 2021.

Segundo. DECLÁRESE probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva frente al Instituto Nacional de Vías, conforme lo indicado en (sic)
parte considerativa de esta providencia.

Tercero. AMPARAR los derechos colectivos al goce de un ambiente sano,
seguridad y salubridad públicas, seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente de los habitantes de la vereda Dindalito Centro del Municipio de El
Espinal, conforme lo indicado en (sic) parte considerativa de esta providencia.

Cuarto. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las siguientes órdenes
con miras a superar la afectación de los derechos colectivos declarados como
amenazados en esta sentencia, así:

4.1. Usocoello deberá presentar ante Cortolima en un plazo máximo de tres
(3) meses, siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la modelación
hidrológica e hidráulica que lleve a la estimación del caudal de las aguas
máximas que provienen tanto de las precipitaciones como de las aguas
captadas del Río Coello, así como los estudios y diseños de las obras que
garanticen la evacuación de las aguas máximas y eventos torrenciales, y por
ende una solución integral a la problemática de inundaciones. En el mismo
término deberá presentar el plan de contingencia en los eventos de
precipitaciones máximas y eventos torrenciales.

4.2. Cortolima deberá, en un plazo máximo de un (1) mes siguiente a la
presentación de los respectivos estudios y diseños de las obras por parte de
Usocoello, adelantar el estudio pertinente e impartir la aprobación o las

12
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00049 Acta audiencia del expediente
73001233300020210043600.

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10

Núm. único de radicación: 730012333000202100436-02

recomendaciones que sean del caso; proceso que no se podrá prolongar por
más de dos (2) meses.

4.3. Una vez se cuente con la aprobación de las obras por parte de la
autoridad ambiental, USOCOELLO deberá liderar su ejecución, que se deberá
materializar en un plazo no superior a ocho (8) meses siguientes, para lo cual
deberán participar en su financiación todos aquellos usuarios del Distrito que
aportan aguas al canal lateral 3 del Canal Tolima, en la proporción en la que lo
hagan.

4.4. Cortolima implementará un plan serio de seguimiento a USOCOELLO
para la presentación de los respectivos estudios y aprobación, así como la
finalización de las obras, y adicionalmente verificará las condiciones en las que
se encuentran construidas las viviendas que resultan afectadas por las
inundaciones, definiendo si lo fueron de manera irregular, sin respetar las
distancias mínimas con el canal o si se encuentran obstaculizando el drenaje
natural de la zona, así como lo relativo a la invasión del canal con cultivos de
pan coger por los habitantes del sector, y de encontrar probadas tales
situaciones, deberá iniciar y culminar las sanciones administrativas
ambientales que sean del caso contra los responsables.

4.5. En caso que de los estudios aprobados se desprenda la necesidad de
intervenir el Box Coulvert (sic) ubicado en las coordenadas No.
4º11´000´W:74º56´46¨ de la vía Girardot – Ibagué – Cajamarca, intersección
del canal lateral 3 izquierdo, perteneciente al tramo 4004 de la ruta 40 (vía de
primer orden), Agencia Nacional de Infraestructura y Concesionaria San Rafael
S.A. o quien haga sus veces, estarán llamadas a tramitar con prioridad los
permisos y/o autorizaciones que sean del caso para la ejecución de las obras.

4.6. Mientras se adelantan las obras que solucionarán de manera definitiva
las inundaciones, USOCOELLO, en asocio con sus usuarios, deberán realizar
labores periódicas de limpieza, remoción de escombros, material vegetal y
dragado en la zona objeto de afectación del canal lateral 3 izquierdo del Canal
Tolima, con el fin de evitar el represamiento de las aguas y consecuente
taponamiento del canal.

4.7. Usocoello y Cortolima, deberán remitir de manera trimestral a esta
Corporación, los informes contentivos de las labores ejecutadas, término que
empezará a contarse a partir de la ejecutoria de la presente decisión.

Quinto. DISPÓNGASE la integración de un comité de verificación, el cual estará
conformado por el Magistrado Ponente de esta decisión, el Presidente de la Junta
de Acción Comunal de la Vereda Dindalito, el agente del Ministerio Público delegado
ante esta Corporación, el Gerente de la Asociación de Usuarios del Distrito de
Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana, el Director de la Corporación
Autónoma Regional de Tolima – Cortolima o su delegado, el representante de la
Agencia Nacional de Infraestructura, el representante de la Concesionaria San
Rafael S.A, el representante de la APP Gica S.A, y el representante legal de la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.

Sexto. Condenar en costas a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación
de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana – Usocoello, y a favor de la demandante,
para lo cual se fija como agencias en derecho la suma equivalente a diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, y se ordena que por Secretaría se
realice la respectiva liquidación de los gastos procesales en los términos del artículo
366 del C.G.P.

Séptimo. Esta sentencia será publicada a cargo a la Asociación de Usuarios del
Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana – Usocoello, en un
diario de amplia circulación nacional.

Octavo. Para los efectos del Art. 80 de la ley 472 de 1998 remítase copia a la

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Defensoría del Pueblo, como Representante del Ministerio Público.

Noveno. Una vez en firme esta providencia, archívese el expediente […]”13.

Consideraciones del Tribunal

14. El Tribunal consideró que el problema jurídico a resolver es el siguiente: “[…]
si las entidades públicas y privadas demandadas vulneran los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad públicas, seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente de los habitantes de la vereda
Dindalito Centro del Municipio de El Espinal por la inundación que se causa en sus
predios en época de invierno, ante la presunta falla en el servicio de riego y control
de inundaciones en el canal lateral tres izquierdo del Canal Tolima […]”.

14.1. El Tribunal estableció el marco jurídico de las acciones populares, el marco
normativo y jurisprudencial de los derechos colectivos al medio ambiente sano, a la
seguridad y salubridad pública y a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente.

14.2. El Tribunal determinó como hechos probados que la Asociación de Usuarios
del Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana - USOCOELLO
es una persona jurídica de carácter privado, sin ánimo de lucro, que tiene por objeto
operar, conservar, rehabilitar y, en general, administrar las obras que conforman el
Distrito. Que existen propietarios aleñados al canal lateral 3 izquierdo. Que los
habitantes de la Vereda Dindalito Centro del Municipio de El Espinal han puesto de
presente a USOCOELLO de los perjuicios causados por la humedad y constante
inundación producida por el riego ubicado en el canal mencionado. Por lo anterior,
solicitan que se implementen los planes de contingencia y demás acciones que sean
necesarias para evitar la carga hídrica del canal lateral izquierdo del Canal Tolima
y evitar las inundaciones de los predios aledaños en épocas de invierno.

14.3. El Tribunal consideró que la génesis del asunto es que USOCOELLO y/o
algunos de sus usuarios utilizan el lateral 3 izquierdo del Cana Tolima no solo para
riego sino también como drenaje tanto de aguas sobrante de riego, como de aguas
lluvias, uso para el que no fue construido lo cual explica la razón por la que se rebasa
la capacidad de la infraestructura existente. Derivado de lo anterior, se reconoció
que USOCOELLO como administrador del distrito de adecuación de tierras si bien
ha adelantado algunas labores constructivas de mantenimiento y dragado, a la
fecha no ha elaborado un estudio concienzudo que permita definir cuáles son las

13
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00109 del expediente con radicación
73001233300020210043600.

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obras que se requieren para obtener una solución definitiva a la problemática de
inundación presentada en la vereda. Igualmente, tampoco se han adelantado los
procesos administrativos sancionatorios por otras entidades teniendo en cuenta que
la situación está afectando de tiempo atrás a la vereda.

14.4. El Tribunal determinó que para el año 2014 la Corporación Autónoma
Regional del Tolima realizó una visitar al sector y requirió a USOCOELLO para que
definiera las medidas necesarias para identificar los impactos que se estaban
generando y se implementara el plan de mejora, arreglo, reubicaciones o demás
que se requiera para evitar los represamientos en el canal y el posterior desborde y
tampoco ha sido presentado el plan de contingencia para aplicar en los casos de
precipitaciones máximas y eventos torrenciales.

14.5. El Tribunal decidió que es patente la vulneración de los derechos colectivos
invocados en la demanda por lo que revisó las responsabilidades de cada una de
las entidades demandadas y ordenó lo correspondiente.

Recurso de apelación presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura
– ANI

15. La Agencia Nacional de Infraestructura presentó escrito por medio del cual
interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia,
en los siguientes términos:

15.1. Argumentó la inexistencia de responsabilidad de la entidad por falta de nexo
causal entre la vía pública y el objeto de la litis. Al no existir prueba técnica que
acredite que las obras hidráulicas de la vía incumplan los requisitos.

15.2. Manifestó que suscribió el contrato de concesión núm. 002 de 2015 por lo
que es competencia del concesionario asumir bajo su costa y riesgo las deficiencias
que llegaran a surgir en el desarrollo del mismo por posibles faltas o insuficiencias
o faltas en la rigurosidad de los diseños. Resaltó que el concesionario se obligó a
mantener indemne a la ANI de cualquier reclamación proveniente de terceros y que
se deriven de sus actuaciones. En efecto, el interventor nunca comunicó a la ANI
de presuntas falencias o inconsistencias de las obras, especialmente las referidas
al box culvert ubicado en las coordenadas No. 4º11´000´W:74º56´46¨ de la vía
Girardot – Ibagué – Cajamarca. Por lo anterior, el diseño si cumplió con las
especificaciones técnicas no solo del contrato sino también de la normativa
aplicable; inclusive la Corporación no incluye ningún soporte técnico, pretendiendo
inducir un manto de duda sobre la capacidad hidráulica de dicha obra.

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15.3. Aclaró que en hidráulica una alcantarilla e incluso los boxes culvert tienen la
finalidad de funcionar como “vasos comunicantes” y no como canales de flujo libre
como lo presenten inferir los dos conceptos técnicos presentados en el fallo.
Teniendo en cuenta lo anterior, no le corresponde a la ANI realizar obras sobre los
cuerpos de agua del área de influencia del proyecto APP-GICA.

15.4. Mencionó que en el proceso se acreditó la falta de dragado adecuado de
estos canales, esto es, que las codemandadas no garantizaron la profundidad de
los canales. De modo que, en los testimonios, se dejó claro que esta actividad no
se hacía de forma frecuente y en las profundidades debidas. Esta problemática es
ajena al proyecto vial que concesionó la ANI a la sociedad San Rafael S.A. ahora
APP GICA, como quedó demostrado con los testimonios técnicos que presentó la
Concesionaria. Por lo anterior indicó que carece de legitimación en la causa por
pasiva para ser objeto de una declaración que le imponga cualquier obligación14.

Recurso de apelación de la Corporación Autónoma Regional del Tolima

16. La Corporación Autónoma Regional del Tolima presentó escrito por medio
del cual interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera
instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

16.1. Manifestó concretamente los siguientes reparos: i) las actuaciones se han
ajustado a las competencias y deberes misionales, sin que se encuentre probada la
vulneración de los derechos colectivos; ii) la obligación endilgada es del resorte y
competencia del alcalde municipal o por conducto de las inspecciones de policía y
curaduría; iii) la imposibilidad de cumplir las órdenes al encontrarse facultada otra
entidad para realizar la verificación de las condiciones en las que se encuentran
construidas las viviendas.

16.2. Argumentó que en el proceso no existe prueba de las acciones u omisiones
claras en cabeza de la Corporación Autónoma Regional que den cuenta de la
amenaza o vulneración de los derechos colectivos alegados.

16.3. Alegó que no es la entidad facultada para verificar las condiciones en las que
se encuentran construidas las viviendas que resulten afectadas por las
inundaciones, la cual recae en los municipios por medio de los inspectores de
policía, teniendo en cuenta sus competencias en el control urbanístico.

14
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00115. Archivo denominado:
136_730012333000202100436002MemorialWeb2024430144358.

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14

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16.4. Solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia15.

Recurso de apelación de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación
de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana – USOCOELLO

17. La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos
Coello y Cucuana – USOCOELLO presentó escrito por medio del cual interpuso
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con
fundamento en los siguientes argumentos:

17.1. Solicitó la modificación o revocatoria de los numerales segundo, cuarto, sexto
y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia. En relación con el segundo indicó
que las excepciones propuestas deben prosperar o en su defecto determinarse que
el daño no ha sido generado por la falla en la prestación del servicio de riego sino
por la omisión del ICA y/o AGROSAVIA en construir las obras necesarias y
adecuadas para recoger las aguas lluvias de las 230 Has junto con los propietarios
de los predios que tampoco tienen obras de evacuación de lluvias.

17.2. Resaltó que la Ley 41 de 1993 en su artículo 3 señala que la adecuación de
tierras es para el riego, drenaje o protección contra inundaciones para aumentar la
productividad del sector agropecuario. La adecuación de tierras es un servicio
público y en atención a esa literalidad se tiene que USOCOELLO atiende
únicamente el servicio de riego a través de su infraestructura de canales
conductores de agua para riego, su conservación y mantenimiento como lo ha
venido observando desde octubre de 1976, fecha en la que inició su administración.

17.3. Indicó que una cosa es el drenaje y otra el control de inundaciones; por
distrito de drenaje o avenamiento se entiende la unidad agropecuaria que cuenta
con las obras que le protegen contra las inundaciones y aseguran el drenaje de sus
tierras. Es decir, el drenaje es desecación y el control de inundaciones son las obras
que se realizan para proteger un predio contra inundaciones de río y quebradas.
Aclaró que las aguas del servicio de riesgo que presta son únicamente para riego
de 50 Has y que está probado que estos canales no están destinados a recoger
aguas de lluvias o de escorrentía, que es lo que sucede con los predios del ICA,
administrados por AGROSAVIA que en su totalidad son 230 o 250 Has, con un área
adicional de otros propietarios, que el canal no está en capacidad de recibir por lo
cual no fue diseñado para eso y es lo que genera las inundaciones que demanda el
actor popular.

13
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00116. Archivo denominado:
137_730012333000202100436002MemorialWeb202452205422.

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15

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17.4. Manifestó que siempre ha realizado los requerimientos a los diferentes
usuarios para que canalicen sus aguas lluvias a los drenajes naturales y que no
viertan las aguas lluvias a la red de canales ya que estos no están destinados para
ese uso. Adujo que el artículo 148 del Decreto 2811 de 1974, prescribe que el
dueño, poseedor o tenedor de un predio puede servirse de las aguas lluvias que
caigan o se recojan mientras por el discurran y podrán en consecuencia construir
dentro de su propiedad las obras adecuadas para almacenarlas y conservarlas. El
artículo 930 del Código Civil se refiere a la obstrucción de la comunicación entre
predios vecinos y el artículo 936 sobre la servidumbre de aguas lluvias, sobre este
último indica que los techos de todo edificio deben verter sus aguas lluvias sobre el
predio al que pertenecen, o sobre la calle o camino público o vecinal, y no sobre
otro predio, sino con voluntad de su dueño. Precisó que el inciso 5 del artículo 42
de la Resolución 1399 de 2005 proferida por el INCODER indica que el servicio de
riego el usuario será responsable por los perjuicios que el agua a él asignada cause
sobre cualquier obra del Distrito o cualquier propiedad privada o servicio común.

17.5. Por lo anterior precisó que USOCOELLO, ha requerido siempre a los
usuarios para que canalicen sus aguas lluvias y de escorrentía como los sobrantes
de riego a los drenajes naturales y la canalización es obligación del propietario,
poseedor o tenedor de cada predio y no de la asociación. Agregó que se probó en
el proceso que los demandados ICA y/o CORPOICA y/o AGROSAVIA fueron
vinculados al proceso como demandados y no se les está exigiendo o impartiendo
órdenes de manera directa cuando son los mayores aportantes de las aguas de
escorrentía. Está probado que USOCOELLO remitió a AGROSAVIA copia de los
diseños, planos, topografía y presupuesto para las obras de desviación del drenaje
ICA al canal Tolima, en respuesta al cumplimiento de la medida cautelar.

17.6. Manifestó que USOCOELLO ha venido realizando solicitudes para que los
predios construyan obras adecuadas de conducción de aguas lluvias o de
escorrentía al drenaje natural, al punto se suspender el servicio de riego hasta que
se construyan y que ha venido exigiendo la limpieza de las canaletas internas con
el fin de que reciban el servicio sin causar perjuicio al distrito o a terceros.

17.7. Solicitó la modificación del numera 4.1 del artículo 4 de la parte resolutiva de
la sentencia y dejar en cabeza de AGROSAVIA con la obligación de presentar ante
la Corporación Autónoma Regional la modelación hidrológica e hidráulica que lleve
a la estimación de caudales de aguas máximas que provienen de escorrentías, ya
que las aguas que conduce USOCOELLO por el canal lateral 3 izquierdo del canal

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Tolima es apenas la dotación de 2 litros por segundo por hectárea para atender 50
hectáreas con el servicio de riego, es decir se habla de 100 litros de agua por
segundo para riego y para atender el área inscrita en USOCOELLO en ese sector.
Los predios del ICA, y/o AGROSAVIA son atendidos en su riego por el canal Tolima
en forma directa de acuerdo con sus tomas, pero el problema es que las aguas
lluvias de esos predios van al canal lateral 3 izquierdo del canal Tolima que no está
diseñado para recoger aguas lluvias y deben ser dirigidas a un drenaje natural.
Indicó que el incumplimiento es de AGROSAVIA y no de USOCOELLO.

17.8. Solicitó la modificación de la orden impartida por el despacho el numeral 4.3
y sugirió que debe quedar: “una vez se cuente con la aprobación de las obras por
parte de la autoridad ambiental de acuerdo con los estudios presentados y
presupuesto de la obra por AGROSAVIA, y USOCOELLO deberá liderar su
ejecución, que se deberá materializar en un plazo no superior a ocho (8) meses
siguientes, para lo cual deberán participar en su financiación todos aquellos
usuarios del distrito que aportan aguas al canal lateral 3 del Canal Tolima, en la
proporción en la que lo hagan”, es decir USOCOELLO, servirá de mediador para la
coordinación del desarrollo de toda esta actividad tendiente a la solución definitiva
de la problemática en el sector Dindalito Centro en el Municipio de el Espinal.

17.9. Solicitó la modificación del numeral 4.4 del artículo cuarto, se solicita la
modificación o revocación y se sugiere “Modificarse en el sentido de que
CORTOLIMA implementar[á] un plan serio de seguimiento para ICA y/o
AGROSAVIA y demás usuarios portantes para la presentación de los respectivos
estudios y aprobación, así como la finalización de las obras, y adicionalmente
verificará las condiciones en las que se encuentran construidas las viviendas que
resultan afectadas por las inundaciones, definiendo si lo fueron de manera irregular,
sin respetar las distancias mínimas con el canal o si se encuentran obstaculizando
el drenaje natural de la zona, así como lo relativo a la invasión del canal con cultivos
de pan coger por los habitantes del sector, y de encontrar probadas tales
situaciones, deberá iniciar y culminar las sanciones administrativas ambientales que
sean del caso contra los responsables”.

17.10. Resaltó que el canal fue construido por entidades estatales como la Caja
Agraria, el INCORA, entre otras que construyeron obras de irrigación incluido el
canal, en ese sentido indicó que no es posible atribuirle que la asociación hubiera
modificado el curso de la quebrada Guayabal con el agravante que los mismos
vecinos rellenaron parte del cauce natural y construyeron viviendas sobre el mismo
y por eso se generan inundaciones.

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17.11. Manifestó que existe una corresponsabilidad de la misma comunidad en los
presuntos daños sufridos a la misma a través de las inundaciones y que por ello
existe una ausencia de violación de derechos colectivos y ausencia del nexo causal
frente a la presunta violación de los mismos. Adujo que los habitantes del sector
han auspiciado las invasiones taponando con sus casas y cultivos frutales el curso
normal de las aguas lluvias. Se ha acudido a los propietarios, usuarios o terceros
para que construyan las obras adecuadas para conducir las aguas de escorrentía
en aplicación de las normas del Código Civil y la Resolución 1399 de 2005 del
INCODER.

17.12. Argumentó que USOCOELLO con la visita de la Corporación Autónoma
Regional y la Procuraduría Agraria y ambiental del Tolima para el año 2017, se hizo
el recorrido a la zona y se detectó que era necesario derribar un “pico de pato” que
fue construido en el fondo del Canal lateral 3 izquierdo, lo mismo que un box culvert
que se encuentra debajo del paso del canal a la altura de la carretera panamericana
y se adquirió un predio para atender el servicio de riego por la canaleta RCN y se
hizo la prolongación de la misma y se liberó esa entrega por el canal lateral 3
izquierdo del canal Tolima, igualmente los mantenimientos con maquinaria de dicho
canal, las labores de rocería y recabas con personal contratado por la empresa con
el fin de mantener limpio el canal y que el servicio de agua riego fluya.

17.13. Solicitó la revocatoria de la condena en costas a favor del demandante con
fundamento en que no es procedente debido al actuar que ha tenido todo el tiempo
sobre la situación presentada en el sector Dindalito Centro en el Municipio de El
Espinal. Además de la revocatoria de la orden de publicar la sentencia en un diario
de amplia circulación nacional.

17.14. Se informó que se aportaría un dictamen pericial en el cual se evidencia la
realidad de los hechos objeto de litigio y en el cual quedará demostrado que no es
USOCOELLO la causante de los daños y perjuicios a los vecinos de la vereda
Dindalito y también se aportará la comunicación que expide la Agencia de Desarrollo
Rural en la que se evidencia que los distritos de riego no tienen la obligación de
servir de alcantarillado o desagües de las aguas veredales en el sector rural16.

16
Por medio de auto de 6 de agosto de 2024, se negó la solicitud probatoria presentada por la Asociación de Usuarios del
Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana - USOCOELLO el día 28 de junio de 2024, por no subsumirse
dentro de ninguno de los supuestos fácticos previstos en el artículo 327 de la Ley 1564.

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18

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Actuaciones en segunda instancia

18. El Despacho sustanciador, mediante auto de 24 de junio de 2024, admitió los
recursos de apelación presentados por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI,
la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y la Asociación de
Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana -
USOCOELLO 17.

19. Se pronunció en relación con las pruebas solicitadas en el recurso de
apelación presentado por la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de
Tierras de los Ríos Coello y Cucuana – USOCOELLO mediante auto de 6 de agosto
de 2024. El Ministerio Público no presentó concepto ni las partes se pronunciaron
en relación con los recursos de apelación.

20. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes 18
manifestó impedimento en los términos del numeral 4.° del artículo 130 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201119.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

21. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; i) los problemas jurídicos; ii) la manifestación de
impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes; iii) el marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el
principio de prevención en materia ambiental; v) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho e interés colectivo al goce a un ambiente sano; vi) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente; vii) marco normativo y
jurisprudencial del derecho e interés colectivo a la seguridad y salubridad públicas;
y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

22. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 20, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, sobre la distribución de

17
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00004. Archivo denominado:
15_AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION_ADMITEAPE_Indice_4.
18 Escrito de 25 de septiembre de 2024.
19 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
20
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
21 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.

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19

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asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15022 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201123, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

23. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por las partes demandadas en sus recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de 18 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima, de conformidad con los artículos 32024 y 32825 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 201226, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 472.

Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes

24. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 24 de septiembre de 202427, invocando para ello la causal prevista en el numeral
4.º del artículo 130 de la Ley 1437, que establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
[…]

4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de
las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición
de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades
contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados […]” (Destacado
fuera de texto).

25. El Consejero de Estado indicó que, en su concepto, se encuentra incurso en
la causal prevista en el numeral 4 porque “[…] el señor Jorge Enrique Osorio
Cifuentes, quien es pariente del suscrito en el segundo grado de consanguinidad

22 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
23
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
24
“[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme
la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
25
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones […]”
26
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
27 Cfr. índice 23 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.

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20

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(hermano), actualmente es contratista de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima, parte demandada en el proceso de la referencia […]”.

26. Vistos: i) los artículos 130, numeral 4.º; y 13128, numeral 3.°, de la Ley 1437,
sobre causales, el trámite de los impedimentos y causales para manifestar
impedimento; y ii) 44 de la Ley 472, sobre aspectos no regulados.

27. Asimismo, vistos: i) el artículo 35 del Código Civil29, sobre el parentesco por
consanguinidad; y ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad que
disponen lo siguiente:

“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre […]”.

“[…] Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre
dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en
segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto
grado de consanguinidad entre sí […]”.

28. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.

29. La Corte Constitucional30 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.

30. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 4.º del artículo 130 de la Ley 1437, la Sala considera que se
debe establecer el tipo y grado de parentesco que tenga alguna de las partes, su
representante o apoderado con el Juez o Magistrado que manifiesta su
impedimento.

28 Adicionado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
29 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
30 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.

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31. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, es contratista de la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA, entidad demandada dentro del proceso de la referencia, la Sala
considera que, en este caso, se configura la causal de impedimento invocada.

32. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la causal
de impedimento prevista en el numeral 4.° del artículo 130 de la Ley 1437, conforme
se indicó supra, se separará del conocimiento de este proceso al Consejero de
Estado impedido, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

Los problemas jurídicos

33. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar si la Corporación Autónoma Regional del Tolima -
Cortolima -en relación con la orden del numeral 4.4 del ordinal cuarto de la parte resolutiva
de la sentencia proferida, en primera instancia,- es competente para verificar las
condiciones en las que se encuentran construidas las viviendas que resultan
afectadas por las inundaciones, definiendo si lo fueron de manera irregular, sin
respetar las distancias mínimas con el canal o si se encuentran obstaculizando el
drenaje natural de la zona, así como lo relativo a la invasión del canal con cultivos
de pan coger por los habitantes del sector, y de encontrar probadas tales
situaciones, deberá iniciar y culminar las sanciones administrativas ambientales que
sean del caso contra los responsables.

33.1. Determinar si la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI en el marco de
sus competencias como administradora de la vía concesionada donde se ubica el
box culvert ubicado en las coordenadas No. 4°11´000´W:74°56´46 de la vía Girardot
– Ibagué – Cajamarca es competente para cumplir lo ordenado en el numeral 4.5.
del ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera
instancia, en caso de una posible intervención de esa estructura derivada del
análisis probatorio y de los estudios ordenados.

33.2. Determinar si la Asociación USOCOELLO como administradora del distrito
de riego es la competente para adelantar los estudios tendientes a determinar las
medidas a implementar para solucionar la problemática de inundaciones que se
presenta en el sector objeto de la acción popular.

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33.3. Determinar si la Asociación USOCOELLO debe liderar la ejecución de las
obras a implementar para solucionar la problemática de inundaciones que se
presenta en el sector objeto de la acción popular.

33.4. Determinar si la Asociación USOCOELLO debe ser sujeto de vigilancia y
control por parte de la autoridad ambiental en relación con la presentación de los
respectivos estudios y aprobación, así como la finalización de las obras.

33.5. Determinar si la comunidad es corresponsable en las inundaciones porque
han auspiciado con el taponamiento en sus casas y el cultivo de frutales lo que
obstruyen el curso normal de las aguas lluvias.

33.6. Determinar si es procedente la revocatoria de la condena en costas impuesta
a USOCOELLO.

33.7. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 18 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

34. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

34.1. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

34.2. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

34.3. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;

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ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.

34.4. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”31.

34.5. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
al goce a un ambiente sano

35. Vistos los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 de la Constitución Política,
relacionados con el derecho al goce de un ambiente sano. Considerando que la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica que cuenta con más de
treinta disposiciones constitucionales que desarrollan la materia, entre las cuales se

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de 2014; C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.

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destacan los artículos anteriormente citados que prevén: i) la obligación del Estado
y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función
ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las
áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de
estos fines; y, iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como, de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

35.1. El medio ambiente es entendido como un bien jurídico superior que se analiza
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) un servicio público
y, iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades, al igual que, a los
particulares, en aras de su protección; adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

35.2. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197332 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197433, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen –en su orden– que: i) el medio ambiente
es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al
Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al
Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y
restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos;
además, regula la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva, así
como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que
emanan del aprovechamiento y conservación del medio ambiente.

35.3. De forma más reciente, la Ley 99 prevé los principios que la política ambiental
debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, promueve la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con

32
“[…] Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos
Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
33
“[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente […]”.

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la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.

35.4. A su vez, la Corte Constitucional34 ha destacado la importancia del ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de prevención
en materia ambiental

36. El principio de prevención en materia ambiental tiene sustento en el Principio
17 de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo según el cual
“[…] deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente
haya de producir impacto negativo considerable en el medio, y que esté sujeta a la
decisión de una autoridad nacional competente […]”.

36.1. Es importante recordar que el artículo 80 de la Constitución Política le impone
al Estado la obligación de prevenir los factores de deterioro ambiental; así las cosas,
al igual que el principio de precaución, el principio de prevención está señalado en
la Ley 99, principalmente por la remisión que efectúa el numeral 1 del artículo 1.º,
norma según la cual “[…] el proceso de desarrollo económico y social del país se
orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en
la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo […]”, postulado que también se manifiesta en el numeral 7 ibidem cuando
se refiere al principio de “quien contamina paga” al prever que “[…] el Estado
fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y
para la conservación de los recursos naturales renovables […]”.

34
Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad
contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca”.
Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18 de octubre de 2017.

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36.2. La Corte Constitucional en sentencia C-499 de 201535 se refirió al principio
de prevención definiéndolo en los siguientes términos:

“[…] aquel que busca ‘que las acciones de los Estados se encarrilen a evitar o
minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con
independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de
otras naciones. Requiere por ello de acciones y medidas -regulatorias, administrativas
o de otro tipo- que se emprendan en una fase temprana, antes que el daño se
produzca o se agrave’. La doctrina ha expresado que ‘se ha producido, en nuestros
días, una toma de consciencia de que no basta con reparar (modelo curativo) sino
que se impone prevenir (modelo preventivo), y ello convierte al principio de prevención
en uno de los grandes principios estructurales de este sector del derecho internacional
público. La finalidad o el objeto último del principio de prevención es, por tanto, evitar
que el daño pueda llegar a producirse, para lo cual se deben adoptar medidas
preventivas’.

Ello encuentra fundamento en la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial
de la Naturaleza de 1982 y la Declaración de Río de 1992]. La eficacia práctica de la
acción preventiva requiere de una armonización con el principio de precaución, al
flexibilizar este último el rigor científico que se exige para que el Estado adopte una
determinación. El principio de prevención se aplica en los casos en que es posible
conocer las consecuencias sobre el medio ambiente que tiene la puesta en marcha
de determinado proyecto o actividad, de modo que la autoridad competente pueda
adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzca, mientras que el
principio de precaución opera en ausencia de certeza científica absoluta […]”.

36.3. El principio de prevención abarca los supuestos en los cuales el estado del
conocimiento revela con algún grado de precisión los efectos que sobre el medio
ambiente son provocados por determinada actividad, por lo que es necesario el
despliegue de las facultades de la Administración para evitar que se concrete el
riesgo o el daño previo a que ocurran.

36.4. En ese sentido la debida diligencia constituye un elemento fundamental del
principio de prevención en materia ambiental, teniendo en cuenta que ello implica la
aplicación en el proceder de la administración de los instrumentos legales para
controlar y eventualmente mitigar los posibles daños sobre el medio ambiente. Es
de suma importancia para garantizar la aplicabilidad del mencionado principio, el
proceder de acuerdo con el reglamento o instrumento autorizado. Así, la actuación
diligente implica acciones de preservación y otras de atención a obligaciones,
incluso de carácter internacional.

35
Corte Constitucional. Sentencia C-449/15. Referencia: Expediente D-3748. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en
contra de los artículos 1, numeral 6 (parcial); y, 85, numeral 2º y parágrafo 3 (parcial), de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.” Demandante: Ricardo Vanegas Sierra. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra, 23 de abril de 2002.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental como
garantía del derecho colectivo al goce al ambiente sano

37. En el orden internacional36 existen una serie de instrumentos normativos que
hacen parte del derecho ambiental, que tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales, del cual se destaca la Declaración de Río de Janeiro, adoptada
el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que en su preámbulo tiene como objetivo
establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y
las personas y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se
respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de
desarrollo mundial.

37.1. Estos principios se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, por un
lado, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la Constitución Política y, por el
otro, debido a que el Estado Colombiano los hizo vinculantes por virtud de lo
dispuesto en el numeral 1.º del artículo 1.º de la Ley 99 de 22 de diciembre de
1993.37

37.2. En efecto, el artículo 1.º Ibidem sobre los principios generales ambientales
dispone que:

“[…] La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios:

1. El proceso económico y social del país se orientará según los principios
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de
Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo […]”.

37.3. En sentido similar, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador"38, adoptado el 17 de noviembre de 1988, aprobado en
nuestro ordenamiento jurídico por virtud de la Ley 319 de 20 de septiembre de
199639 y promulgado mediante Decreto 429 de 14 de marzo de 200140, estableció:

36
Sobre este aspecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el
19 de julio de 2018, proceso identificado con número único de radicación 270012331000201100179-02(AP), C.P. Hernando
Sánchez Sánchez.
37
Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se
dictan otras disposiciones.
38
El citado instrumento internacional entró en vigor el 16 de noviembre de 1999 de acuerdo con lo previsto en su artículo 21,
numeral 3.
39
Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador', suscrito en San Salvador el 17de noviembre de
1988.
40
Por el cual se promulga el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de
1988.

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“[…] ARTICULO 11. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO.

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos.

2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente […]” (Destacado de la Sala).

37.4. Ahora bien, en el ordenamiento jurídico interno, el medio ambiente está
amparado por lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional41 ha denominado
la “Constitución Ecológica”, esto es, el conjunto de disposiciones contenidas en la
Carta Política que fijan los supuestos con fundamento en los cuales debe regularse
la interacción entre la sociedad y la naturaleza, con miras a proteger el medio
ambiente.

37.5. Sobre el particular hay más de 30 disposiciones Constitucionales que
desarrollan la materia, entre las cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95
que prevén: i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas
naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a
gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y
fomentando la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así como de
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.

37.6. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) como un servicio
público y, iii) como un principio que permea el ordenamiento jurídico en su
integridad, dado que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así
como a los particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un
carácter de objetivo social.

37.7. En relación con el medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional42 ha resaltado su importancia “[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados

41
Corte Constitucional: Sentencias T-411 de 17 de junio de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-523 de 22 de
noviembre de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-126 de 1 de abril de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-
431 de 12 de abril de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
42
Corte Constitucional, sentencia C-699 de 18 de noviembre de 2015, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer", toda vez que "la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.

37.8. Asimismo, sobre el medio ambiente y el equilibrio ecológico, la referida
Corporación en sentencia T-046 de 29 de enero de 199943 precisó lo siguiente:

“[…] cabe señalar que existen unos deberes estatales encaminados a la protección
de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial
importancia ecológica y el fomento de la educación para obtener esos fines, que
comportan igualmente una planificación del manejo y del aprovechamiento de los
recursos naturales de manera que se garantice su desarrollo sostenible,
conservación, restauración o sustitución, así como la prevención y control de los
factores de deterioro ambiental, que se traducen en las acciones más importantes
para que el Estado cumpla con los propósitos especialmente definidos respecto de
la existencia de un medio ambiente sano y equilibrado, las cuales vienen
acompañadas para su eficacia con la correlativa posibilidad de imponer sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados, junto con el deber de
cooperación con otras naciones para la protección de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas (C.P., arts. 8, 79 y 80) […]”.

37.9. El marco legal en materia ambiental encuentra sus mediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197344 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197445, cuyos artículos 1.° y 2.°, dictan que el medio ambiente es un patrimonio
común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los
particulares y precisan que el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio
Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del
ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la
explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y
regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

37.10. Más recientemente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, “Por medio del
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”, prevé los principios que la política ambiental debe seguir, haciendo
remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio

43
M.P. Hernando Herrera Vergara.
44
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos
Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
45
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

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30

Núm. único de radicación: 730012333000202100436-02

Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad y el derecho de
los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica, sin perjuicio de la aplicación del
principio de precaución.

37.11. Finalmente, el goce de un ambiente sano ha sido entendido, tanto por la
Corte Constitucional como por esta Corporación, como un derecho multidimensional
fundamental y colectivo. Al respecto, se considera pertinente citar la sentencia
proferida por esta Sección el 14 de marzo de 201946, en los siguientes términos:

“[…] Atendiendo a este marco constitucional, el goce de un ambiente sano ha sido
entendido por la Corte Constitucional y por esta Corporación judicial, como un
derecho multidimensional fundamental y colectivo47. Precisamente, en sentencia de
28 de marzo de 2014, esta Sección adujo lo siguiente:

“[…] Resulta lógico que dicho derecho cuente con varias dimensiones, toda
vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por encontrarse
estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud);
ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente
sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); iii)
de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente
para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras) y,
iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo
de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e
imposición las sanciones a que haya lugar). […]48

Ahora bien, acerca de la noción de medio ambiente y los alcances del derecho al
goce del ambiente sano y existencia del equilibrio ecológico, la Sección Primera del
Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

“[…] Así, se ha entendido y desarrollado la noción de medio ambiente como
todo lo que rodea a los seres vivos y comprende elementos biofísicos, los
recursos naturales como el suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna,
etc.; y los componentes sociales. Las distintas normativas buscan establecer
la correcta interrelación de los distintos elementos en aras de salvaguardarlo.

En ese orden de ideas, resulta lógico que dicho derecho cuente con varias
dimensiones, toda vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por
encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida
y a la salud); ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de
un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de
protegerlo); iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio
ambiente para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y
futuras), iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente
manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo
sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar) y v) de derecho
colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior.

46
Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 14 de marzo de 2019, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación: 17001-23-00-000-2011-00337-01 (AP).
47
Corte Constitucional. Sentencia C-632 del 24 de agosto de 2011. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Demanda de
inconstitucionalidad contra los articulas 31 y 40 (parcial) de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Actor: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Exp. 0-8379.
48
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 25000-23-
27-000-2001-90479-01 (AP)

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Es así como, en relación con la primera de las dimensiones reconocidas al
derecho al ambiente sano, como derecho fundamental por su inescindible
relación con los derechos a la vida y a la salud, la Corte Constitucional
determinó:

“El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y
a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio
ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así
habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para
la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta
Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los
hombres y por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que
el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental”49.

Por su parte, respecto de la connotación de derecho deber, se ha precisado:

“Bajo ese entendido, uno de los principios fundamentales del nuevo régimen
constitucional es la obligación estatal e individual de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación, en virtud de la cual, la Constitución
recoge en la forma de derechos colectivos y obligaciones específicas las
pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema.
Estas disposiciones establecen, por ejemplo, (i) el derecho colectivo a gozar
de un ambiente sano, (ii) la obligación estatal y de todas las personas de
proteger la diversidad e integridad del ambiente, (iii) la obligación del Estado
de prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar un desarrollo
sostenible y (iv) la función ecológica de la propiedad. (…)

De ahí que todos los habitantes del territorio colombiano tienen derecho a
gozar un entorno o hábitat sano y el deber de velar por la conservación de
éste […]” (Subraya inserta en el texto)

[…]

Por ello, el principio de desarrollo sostenible se convierte en el parámetro
que debe guiar las relaciones sociales, ambientales y económicas.

El mencionado principio facilita el proceso de armonización de las tensiones
existentes entre el uso y la explotación de los recursos naturales; con la
necesidad de conservar y proteger el ambiente50. En efecto, el artículo 80 de
la Carta Política consagra una garantía estatal de racionalización de los
recursos naturales, a través de la cual se establecen pautas de preservación
del ambiente al interior de la estrategia de crecimiento económico que
promueva el Estado.

A nivel normativo el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, define el desarrollo
sostenible como aquel que: “[…] conduzca al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades […]”. En igual sentido, la Ley 1523
de 201251, dispuso en su artículo 3° que: “[…] el desarrollo es sostenible
cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras
e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del
desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación
insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente constituyen características

49
Corte Constitucional, Sentencia C - 671 de 2001.
50
Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (E1), sentencia de 17 de agosto
de 2017. Radicación número: 20001-23-33-000-2016-00114-01 (AP).
51
"Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres".

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irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo
de desastres […]”.

Cabe precisar que este concepto también se nutre de diversos compromisos
multilaterales de los Estados. Particularmente, la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, el
informe Brundtland de 1987, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible Río + 20 de 22 de junio de 2012 y la XXI Conferencia
Internacional sobre Cambio Climático de 2015, entre otros.

Estos instrumentos internacionales ponen de presente la necesidad de
promover políticas que mantengan y expandan la base de los recursos
naturales desde una estrategia de equidad intergeneracional, la cual
reconoce que: i) es necesario preservar los recursos naturales para el
beneficio de las generaciones futuras; ii) la explotación de los recursos debe
ser sostenible, prudente y racional; y, iii) las consideraciones
medioambientales deben ser parte de los planes de desarrollo.

En efecto, recientemente el Estado Colombiano suscribió el Acuerdo de
París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y aprobado mediante Ley 1844
de 2017, en cuyo marco el gobierno nacional reitera el compromiso global de
armonizar el bienestar de las personas con el de la naturaleza, de manera
que el medio ambiente sea considerado como parte fundamental del proceso
de desarrollo.

Sin embargo, esta actividad de ponderación de ambos bienes jurídicos no
resulta sencilla. Por ello, esta Sección, en la sentencia de 21 de junio de
2001, recordó que el Estado que no puede frenar el desarrollo cuando este
sea sostenible. Es decir, aquel que “[…] lleve al crecimiento económico, al
mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar los
recursos, ni deteriorar el ambiente […]”52.

Sumado a ello, en la sentencia de 18 de marzo de 2010, la Sección Primera
de esta Corporación judicial, al reconocer el escenario complejo que afrontan
las autoridades públicas en la interpretación del principio de desarrollo
sostenible, puso de presente que: “[…] el medio ambiente involucra aspectos
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la
diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida
del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural […]”53.

De igual manera, conforme al criterio jurídico definido en la sentencia de 28
de marzo de 201454, el concepto de desarrollo sostenible posibilita el
desarrollo de actividades productivas que conduzcan al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin
agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.

Por lo anterior, es dable concluir que, a nivel normativo y jurisprudencial, la
protección del medio ambiente es un tema transversal que tiene como gran
garante al Estado, pero que, sin duda, termina involucrando a todas las
personas (naturales y jurídicas) que habitan y coexisten en el ecosistema
nacional y mundial […]” (Subrayado del texto).

52
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oiga Inés Navarrete Barrero.
53
Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas
Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-
01(AG). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
54
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 25000-23-
27-000-2001-90479-01(AP).

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente

38. Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su
fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política55.

38.1. La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene
sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de
conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos
superiores de las personas.

38.2. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes
de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser
controlados de manera eficiente y eficaz.

38.3. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida
en la Ley 1523 de 24 de abril de 201256, como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible […]”.

38.4. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación57, según la cual “[…]
este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de
vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y
adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no
solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de

55
“[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares […]”.
56
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
57
Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación número: 13001-
23-31-000-2011-00315-01(AP)

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policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan
su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien
por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las
ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.

38.5. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles
desastres naturales o antrópicos.

38.6. De los anteriores recuentos normativo y jurisprudencial se puede concluir,
por un lado, que el derecho e interés colectivo relativo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes, es transversal a otros derechos como los de seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, goce del espacio público,
utilización y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicos,
entre otros; y, por el otro, que se trata de un derecho e interés colectivo que se
sustenta en el principio de primacía del interés general.

Marco general de la competencia de los departamentos y de los municipios
en materia de prevención de desastres

39. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política,
el Estado colombiano se define como una República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, en
la cual las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades.

39.1. La Constitución a su vez en sus artículos 298 y 300 asignó a los
departamentos autonomía para la administración de los asuntos seccionales y
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio.
Asimismo, les encomendó funciones administrativas, de coordinación y
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los

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35

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Municipios y de prestación de los servicios determinados en la Constitución y en la
ley.

39.2. Con respecto a la función de complementariedad de la acción municipal,
establece el artículo 300 de la norma en cita:

“[…] Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de
ordenanzas:
[…]

2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo
económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el
turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y
el desarrollo de sus zonas de frontera […]” (Destacado fuera de texto).

39.3. En el mismo sentido la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001 58, estableció en
cuanto a la función de complementariedad:

“[…] ARTÍCULO 74. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN OTROS
SECTORES. Los Departamentos son promotores del desarrollo económico y social
dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y
los Municipios y de prestación de los servicios.

Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los
Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias:
[…]

74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los
Municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las
competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar. […]” (Destacado de
la Sala).

39.4. Ante las situaciones de vulnerabilidad por las condiciones del suelo o
amenazas similares, el Estado ha promovido un sistema, el cual tiene como objetivo
crear una política pública sólida para la identificación y evacuación de tales zonas,
con miras a garantizar los derechos y los bienes de sus habitantes.

39.5. El artículo 2 de la Ley 1523 de 24 de abril de 201259 establece que la gestión
del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del
territorio colombiano. La norma dispone en su tenor literal:

“[…] En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo,
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres,
en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

58
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación
de los servicios de educación y salud, entre otros”.
59
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

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36

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Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión
del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo
personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades
[…]”.

39.6. En virtud del principio de responsabilidad, la ley determinó como integrantes
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a: i) las entidades
públicas, ii) entidades privadas y iii) la comunidad, de allí que disponga que la
gestión del riesgo debe desarrollarse bajo los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad de todos los agentes que intervienen.

39.7. Particularmente en materia de prevención de desastres, la Ley 1523 asigna
a las autoridades departamentales las siguientes funciones:

“[…] Artículo 13. Los Gobernadores en el Sistema Nacional. Los gobernadores
son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y
desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En
consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional
y deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento
y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su
competencia territorial.

Parágrafo 1°. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional
respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los
procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en
la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en
materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad.

Parágrafo 2°. Los gobernadores y la administración departamental son la
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En
consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento […]”
(Destacado fuera de texto).

39.8. De conformidad con esta norma, a los departamentos les corresponde: i)
proyectar la política del Gobierno Nacional en materia de gestión del riesgo; ii)
responder por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del
riesgo y de manejo de desastres; iii) poner en marcha y mantener la continuidad de
los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio; iv) integrar en la
planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en
materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad; y v)
coordinar los municipios de su territorio de manera concurrente y con subsidiariedad
positiva.

39.9. Por su parte, los municipios fueron instituidos en los artículos 311 y 313 de
la Constitución Política como la entidad fundamental de la división político-

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37

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administrativa del Estado, a la cual corresponde ordenar el desarrollo de su
jurisdicción, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes, y a los concejos municipales como los encargados de
reglamentar el uso del suelo.

39.10. Un primer referente en materia de gestión del riesgo es la Ley 9 de 11 de
enero de 198931 que establece, dentro de los planes de desarrollo municipal, la
reserva de tierras para la reubicación de asentamientos humanos ubicados en
sectores de alto riesgo y la posibilidad de expropiación de tierras con esa finalidad,
para lo cual, los alcaldes deben levantar un inventario sobre los asentamientos que
se encuentren en alto riesgo, y tomar las medidas de precaución y de reubicación.

39.11. La Ley 388 complementó el anterior mandato y dentro de sus objetivos
señaló: “[…] establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en
ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico
y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas
eficientes […]” y “[…] [g]arantizar que la utilización del suelo por parte de sus
propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos
los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios,
y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección
del medio ambiente y la prevención de desastres […]”.

39.12. A su vez, el literal “d” del artículo 10 de la Ley 388 prevé la necesidad de que
los municipios establezcan dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial
políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos
naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos
humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y
riesgos naturales, en especial en lo que a la zona urbana y su expansión se refiere.

39.13. Más recientemente, la Ley 715 reiteró la responsabilidad de los municipios
conrespecto a la prevención y atención de desastres dentro de su jurisdicción, así:

“[…] Artículo 76. Competencias del Municipio en otros sectores. Además de
las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: […]

76.9. En prevención y atención de desastres

Los Municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán:

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76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción.

76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación
de asentamientos […]”.

39.14. La Ley 1523 asigna a la administración distrital y municipal, dentro del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la directa e inmediata
responsabilidad de la implementación de los procesos de gestión del riesgo y el
manejo de los desastres, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes
de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el
distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo
yel manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar
en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en
materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes
de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás
instrumentos de gestión pública […]” (Destacado fuera de texto).

39.15. Esta Sección60, con ocasión de una acción popular interpuesta por hechos
similares que se verificaron en el Municipio de Dosquebradas, abordó ampliamente
el análisis de las competencias de los municipios en lo que tiene que ver con la
atención y prevención de desastres, en los siguientes términos:

“[…] Como bien lo expresa la jurisprudencia constitucional, ese deber genérico ha
sido concretado en distintos preceptos de carácter legal, de manera específica y
en relación con la materia que nos ocupa, la Ley 715 de 2001
[…]

Las anteriores normas se complementan con los diferentes mandatos contenidos
en la Ley 388 de 1997 los cuales destacan la importancia de la prevención de
desastres dentro de la planeación del ordenamiento territorial municipal.

El artículo 1º señala entre los objetivos de la Ley el establecimiento de los
mecanismos que permitan al Municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el
ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación
y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la
ejecución de acciones urbanísticas eficientes; garantizar que la utilización del
suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y
permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los
servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del
espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la
prevención de desastres; promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las
entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades
administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones
constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio,
para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Por su parte, el artículo 8º establece que la función pública del ordenamiento del

60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 13 de noviembre de
2014; proceso identificado con número único de radicación 17001-23-33-000-2012-00286-01, C.P. María Elizabeth García
González.

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39

Núm. único de radicación: 730012333000202100436-02

territorio municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las
entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las
actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento
del territorio y la intervención en los usos del suelo y menciona entre las
acciones urbanísticas “localizar las áreas críticas de recuperación y control
para la prevención de desastres, así como las áreas con fines de
conservación y recuperación paisajística”.

En el mismo sentido el artículo 10º supra prescribe que “en la elaboración y
adopción de sus planes de ordenamiento territorial los Municipios y distritos
deberán tener en cuenta como determinantes, que constituyen normas de
superior jerarquía las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de
amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de
riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de
zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales”.

Así pues, los entes Municipales cuentan con sendas competencias específicas en
la prevención y atención de desastres, las cuales pueden ser financiadas con
recursos propios, del Sistema General de Participaciones o de otros recursos.
Estas competencias no se limitan a las zonas de alto riesgo ni se agotan con la
reubicación de asentamientos […]”.

39.16. Administrativamente, son los municipios las entidades territoriales que
ostentan la responsabilidad principal y directa en la prevención y en la atención de
desastres, de allí que los alcaldes como máximas autoridades son los encargados
de la implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo su
conocimiento y reducción y, el manejo de los desastres en el área de su jurisdicción,
en la forma señalada por el artículo 14 de la Ley 1523.

Aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad en
las funciones municipales y departamentales

40. La Constitución Política establece que las competencias de los diferentes
niveles de la administración se ejercerán conforme a los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiaridad, así:

“[…] Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la
distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los
términos que establezca la ley […]”.

40.1. El concepto de estos principios fue establecido por la Ley 136 de 2 de junio
de 199461, en el siguiente tenor:

“[…] a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de
otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los Municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles
tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer

61
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios.

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en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del
orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y
hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los Municipios de
categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la
capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las
entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de
inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente […]”.

40.2. En unos términos más específicos, la Ley 1523 describe de manera especial
estos principios, orientadores en materia de gestión del riesgo, de la siguiente
manera:

“[…] 12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la
actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios
especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para
garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o
cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre
entidadesnacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario
que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar
cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión
de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades
involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de
algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el
respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo
expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para
alcanzarlas.

Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía delas
entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser
de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango
superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las
autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La
subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el
deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas
últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización
en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico
protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad
afectada […]”.

40.3. La Corte Constitucional ha destacado la importancia de estos principios como
un medio a través del cual se cumplen de una forma más eficiente los fines,
cometidos y metas estatales, de manera que los diferentes niveles de la
administración deben mantener una comunicación constante y una planificación

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conjunta en el ejercicio de sus funciones; en síntesis, esa Corporación estableció lo
siguiente34:

“[…] En este orden de ideas, juega un papel importante el principio de
coordinación. Este principio se relaciona de manera estrecha con el principio de
subsidiariedad y podría considerarse como una derivación del mismo. Implica,
entre otras cosas, una comunicación constante entre los distintos niveles
para armonizar aquellos aspectos relacionados, por ejemplo, con la garantía
de protección de los derechos constitucionales fundamentales así como aquellos
asuntos vinculados con el efectivo cumplimiento de las metas sociales del Estado.
La Corte Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones que:
[…]

En este respecto, el principio de concurrencia desempeña un papel fundamental.
La Nación no puede dejar de estar pendiente de la suerte de las Entidades
Territoriales y de apoyar a aquellas que lo necesitan más.
[…]

El principio de concurrencia – conectado estrechamente con el principio de
subsidiariedad - no solo invoca la atención de la Nación sino que apela también a
la solidaridad entre los distintos niveles territoriales bajo el motor de que quienes
pueden ir a una mayor velocidad ayuden a impulsar a las entidades rezagadas. Al
respecto de los principios contenidos en el artículo 288 de la Constitución Nacional
ha dicho la Corte Constitucional:

“El artículo 288 de la Constitución establece que las competencias atribuidas a los
distintos niveles territoriales deben ser ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, atendiendo a los lineamientos
constitucionales y legales. El primer principio, indica que las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado, coordinación que debe darse, tanto entre las entidades
territoriales, como entre éstas y la Nación. El principio de concurrencia implica
un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de
modo que ellas intervengan en el "diseño y desarrollo de programas y
proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización efectiva
de principios también de rango constitucional, como por ejemplo el de
descentralización y autonomía territorial."

Así las cosas, los tres principios contenidos en el artículo 288 no pueden verse de
manera aislada. Los tres deben ser aplicados de consuno. Colombia es un Estado
social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales. Esto implica la necesidad de
concurrencia de l[o]s distintos niveles para la solución de ciertos problemas que
vanmás allá de las fronteras de las Entidades Territoriales o que ellas mismas no
están en posibilidad de solucionar y, en especial, para la realización de los
cometidos sociales del Estado. La Ley establece los criterios o elementos para
que las diferentes dependencias gubernamentales tanto a nivel nacional como a
nivel territorial trabajen de manera coordinada. Este exigente trabajo en
conjunto no puede soslayarse porque la Constitución radique en cabeza de
una entidad territorial determinada – por ejemplo en cabeza de los municipios
la prestación de los servicios básicos y en especial el cubrimiento del servicio
públicode educación y salud […]” (Destacado fuera de texto).

40.4. De esta providencia se extrae: i) la importancia de que exista una
comunicación constante entre los departamentos y los municipios; ii) los
departamentos como entes territoriales de nivel superior deben hacer seguimiento
y estar pendientes del estado y de la gestión de los municipios, respetando

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naturalmente el principio de autonomía; iii) deben haber procesos de participación
de modo que los departamentos apoyen e intervengan en la planeación de los
programas y proyectos, sin que ello implique que necesariamente deban participar
en la ejecución; y iv) el hecho de que la ley radique en cabeza de los municipios
determinada función, no puede soslayar el trabajo conjunto que deben desarrollar
con los departamentos.

40.5. En suma, el ordenamiento jurídico propende porque las actuaciones de las
autoridades departamentales y municipales referentes a la planificación y ejecución
de obras de prevención y atención de desastres se desplieguen de manera
articulada, en el marco de las competencias administrativas que la ley le asigna a
cada uno de estos entes territoriales, puesto que, por una parte, es a los municipios
a los que en primera instancia y de manera directa les corresponde adelantar todos
los planes y programas, así como la ejecución de las obras y, por la otra, a los
departamentos les corresponde responder por la implementación de los procesos
de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres y coordinar y
complementar la gestión que desarrollan los municipios que hacen parte de su
territorio.

40.6. De manera concreta, las funciones concatenadas y coordinadas de los entes
territoriales están previstas en la Ley 1523, entre otras normas, de la siguiente
manera:

“[…] Artículo 32. Planes de Gestión del Riesgo. Los tres niveles de gobierno
formularán e implementarán planes de gestión del riesgo para priorizar, programar
y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema nacional, en el marco
de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo del
desastre, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para
realizar su seguimiento y evaluación […]”.

40.7. Corolario de lo anterior, los municipios son los responsables directos de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo el conocimiento,
la planeación, la ejecución de obras de reducción del riesgo y el manejo de
desastres y, en concordancia, a los departamentos les corresponde desarrollar
funciones especiales de planeación, conocimiento, seguimiento, asesoría,
orientación, acompañamiento y asistencia técnica, administrativa y financiera a los
municipios.

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Sobre las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales
Ambientales y su obligación de asesoramiento y acompañamiento en materia
ambiental

41. La Constitución de 1991 atribuye al legislador la función de reglamentar la
creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un
régimen de autonomía62 con identidad propia e independencia.

41.1. Así, la Ley 99 reordenó el sector público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y definió a
dichas corporaciones autónomas regionales en el artículo 23, como:

"[…] entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por
las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio
propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente […]”.

41.2. En lo concerniente a su objeto, la Ley establece que éste se circunscribe a la
“[…] ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración,
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente […]”63.

41.3. Finalmente, en cuanto a sus funciones de asesoramiento y acompañamiento,
el artículo 31 de la Ley 99, establece:

“[…] 1) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia
ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del
Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los
del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del
ámbito de su jurisdicción;

2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;

3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los
recursos naturales renovables;

62
El artículo 150, numeral 7 de la Constitución señala: “[…] ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por
medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […] 7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir
o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del
orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones
Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas
industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta […]”.
63
Cfr. artículo 30.

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4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes
organismos y entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el
área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, distritos y
Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de
desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera
que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por
las distintas entidades territoriales;

5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el
ámbito desu jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento
territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones
que se adopten;

6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras
entidadespúblicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto
sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus
funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas;

7) Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales
adscritos y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de
apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e
investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables;

8) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de
educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no
formal, conforme a las directrices de la política nacional;
[…]

11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y
depósitode los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así
como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán
ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley.

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
locual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
[…]

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes,la reparación de daños causados;

18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las
cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme
a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales;

19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las

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inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación
de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado
manejo de cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en
coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de
Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones
técnicas correspondientes;

Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con las normas
y reglamentos requieran de Licencia Ambiental, ésta deberá ser expedida por el
Ministerio del Medio Ambiente.

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables;
[…]

26) Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional
de Regalías o con otros de destinación semejante;
[…]

29) Apoyar a los concejos municipales, a las asambleas departamentales
y a los concejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de
planificación que les otorga la Constitución Nacional;

30) Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en
materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus
respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por
la Constitución Nacional a las entidades territoriales, o sean contrarias a la
presente ley o a las facultades de que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente.

Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la
zonificación y el uso del suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 313
numeral séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas
Regionales establecerán las normas generales y las densidades máximas a
las que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas suburbanas y en
cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos
naturales. No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará
a la conservación de la vegetación nativa existente. […]” (Destacado fuera de texto).

41.4. Esta Corporación ha considerado que, de acuerdo con las disposiciones de
la ley 99, las corporaciones autónomas regionales son “entes corporativos de
carácter público”, sometidas al derecho público y, por tanto, a los principios de
legalidad y de la improrrogabilidad de la competencia, según los cuales ésta sólo
puede ejercer las funciones públicas que la Constitución o el legislador le autorizan.
Así las cosas, al ser autoridades ambientales, definen las políticas del medio
ambiente, lo planifican y ejercen poder de policía en los casos de permisos,
concesiones o por incumplimiento de normas ambientales.

41.5. Como se observa, las corporaciones autónomas regionales están facultadas
para, entre otras: i) ejecutar las políticas, planes y programas en materia ambiental
del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el área de su
jurisdicción; ii) ejercer las funciones de máxima autoridad ambiental de acuerdo con

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los criterios y directrices del ministerio; y iii) labores de inspección, vigilancia,
seguimiento y control de los recursos renovables y no renovables.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho e interés colectivo a la
seguridad y salubridad públicas

42. La Constitución de 1991 consignó en su artículo 366 el mejoramiento de la
calidad de vida, como una de las finalidades sociales del Estado, para lo cual fija
como un objetivo prioritario para las entidades del estado la solución de las
necesidades insatisfechas en materia de salud.

42.1. La importancia del derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas, ha
sido abordada por esta Sección entre otras en la sentencia de 15 de mayo de 2014,
la cual determinó:

“[…] La importancia del cuidado de las salud de las personas y de una adecuada
gestión de su entorno, son aspectos esenciales para la efectividad del derecho a la vida
y de otros postulados cardinales del Estado social de derecho como la dignidad humana
o la libertad, ello se evidencia en lo previsto por el artículo 366 de la Carta, que además
de señalar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida como fines
sociales del Estado, define como objetivo fundamental de su actividad la solución de
necesidades básicas insatisfechas en materia de salud, educación, saneamiento
ambiental y agua potable. Su carácter primordial se plasma también en el artículo 49
Constitucional, que encomienda al Estado la responsabilidad de asegurar a todas las
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud,
al tiempo que impone a todos el deber de “procurar el cuidado integral de su salud y de
su comunidad”. Reflejo de esta última previsión es lo dispuesto por el numeral 2º del
artículo 95 de la Ley Fundamental, que erige en deber ciudadano, expresión del
principio de solidaridad, responder con acciones humanitarias “ante situaciones que
pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. Finalmente, debe también
resaltarse el hecho que el artículo 78 de la Constitución haga reconocimiento expreso
de la responsabilidad que deben afrontar los productores de bienes y servicios que,
entre otras, atenten contra la salud y la seguridad de los consumidores o usuarios; la
cual, por virtud de lo previsto en la parte final del artículo 88, podrá ser objetiva.

La trascendencia social de los conceptos de seguridad y salubridad pública y del
derecho colectivo que fundamentan ha llevado a esta Sala de Decisión a sostener que:
“(…) constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones
mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido general
implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones,
los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la
garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al
control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud
y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de
sanidad comunitaria.”64

Por ende, dada la amplitud de su radio de acción, como ha sido subrayado por esta
Corporación, el derecho colectivo a la salubridad pública “se puede garantizar desde
una perspectiva de abstención (negativa o de impedir una conducta) o de promoción
(activa o de realización de un comportamiento) en aras de asegurar las condiciones

64Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de octubre de 2009, Rad. No. 19001-23-31-000-
200500067-01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

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esenciales de salud pública”65. En consecuencia, es claro para la Sala que su
vulneración también puede desprenderse tanto de una actitud activa (actuaciones,
reglamentos, contratos, etc.), como pasiva (omisión administrativa) de parte de las
autoridades responsables de su guarda y realización efectiva […]66”

Análisis del caso concreto

43. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
referidos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.

43.1. El Tribunal determinó que desde el año 2020 la comunidad de la vereda
Dindalito Centro de El Espinal ha venido siendo víctima de constantes inundaciones
en época de lluvias, como consecuencia de la imposibilidad del canal lateral 3
izquierdo del Canal Tolima de drenar las aguas que por allí discurren. Lo anterior
tiene como origen el hecho que USOCOELLO y algunos de sus usuarios utilizan
ese canal no solo para riego sino también como drenaje tanto de aguas sobrantes
de riego como de aguas lluvias uso para el que no fue construido.

43.2. El Tribunal consideró que esta problemática ha sido puesta en conocimiento
a USOCOELLO como administrador del distrito de adecuación de tierras de los ríos
Coello y Cucuana, quien, si bien ha adelantado algunas labores constructivas, de
mantenimiento y dragado, a la fecha no ha elaborado un estudio concienzudo que
permita definir cuáles son las obras que realmente se requieren para lograr una
solución definitiva a la problemática de inundación que presenta la vereda Dindalito
Centro del Municipio de El Espinal y mucho menos las ha ejecutado, prolongándose
tal omisión durante más de una década, a pesar de existir requerimientos en tal
sentido desde varias entidades públicas.

43.3. En efecto, en el año 2014, la autoridad ambiental visitó el sector del Canal
Tolima 3 izquierdo y requirió a USOCOELLO para que definiera las medidas
necesarias para identificar los impactos que se estaban generando y una vez
definido implementara el plan de mejora, arreglos, reubicaciones o demás que se
requiriera para evitar los represamiento en el canal y el posterior desborde, lo cual
fue reiterado en el año 2017, momento en el que la autoridad ambiental advirtió que
antes de proponer cualquier tipo de adecuación, mejora o construcción, las
empresas USOCOELLO y CORPOICA debían realizar la modelación hidrológica e

65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26

de noviembre de 2013, Rad. No. 25000-23-24-000-2011-00227-01(AP). C.P.: Enrique Gil Botero.
66 Consejo de Estado Sala de o Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente: Guillermo

Vargas Ayala, quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación Número: 25000 23 24 000 2010 00609
01(Ap)

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hidráulica que llevara a la estimación del caudal de las aguas máximas que
provienen tanto de las precipitaciones como de las aguas captadas del Río Coello,
lo cual no se ha realizado.

43.4. El Tribunal determinó que tampoco se ha presentado el plan de contingencia
para aplicar en los casos de precipitaciones máximas y eventos torrenciales, lo que
evidencia la falta de gestión de las autoridades involucradas siendo un asunto de
gran impacto para la comunidad de la vereda.

43.5. El Tribunal en consecuencia determinó la responsabilidad de cada una de las
entidades demandadas.

44. Por su parte, el recurso de apelación la Agencia Nacional de Infraestructura
se sustenta en: i) la inexistencia de responsabilidad por la falta de nexo causal entre
la vía pública y el objeto de la litis, porque no hay prueba técnica que acredite que
las obras hidráulicas de la vía incumplan los requisitos técnicos; y ii) la valoración
indebida de la prueba, porque la falta de dragado del canal era la causa probada de
la supuesta vulneración, teniendo en cuenta que su falta impide garantizar la
profundidad del canal y causa el desborde de las aguas.

44.1. La Corporación Autónoma Regional del Tolima en su recurso de apelación
indicó que: i) sus actuaciones se encuentran ajustadas a las competencias y
deberes misionales, sin que se encuentre probada la vulneración de los derechos
colectivos por su parte; ii) la orden endilgada es del resorte y competencia en
cabeza del Alcalde Municipal directamente o por conducto de las inspecciones de
policía; iii) la imposibilidad de cumplir la orden de verificación de las condiciones de
las viviendas afectadas por las inundaciones -orden 4.4- por encontrarse facultada
otra entidad.

44.2. La Asociación USOCOELLO manifestó en su recurso de apelación que: i) se
declaren las excepciones propuestas por la asociación porque el daño generado en
los predios no ha sido por la falla en la prestación del servicio de riego sino por la
omisión de AGROSAVIA en construir las obras necesarias y adecuadas para
recoger las aguas lluvias de las 230 hectáreas, junto con otros propietarios de
predios que tampoco tienen obras para evacuar las aguas lluvias.

44.3. Indicó que USOCOELLO atiende únicamente el servicio de riego, no para
recoger aguas lluvias o de escorrentía porque no están construidos para eso, por
esa razón se generan las inundaciones, mas no por el servicio de riego; ii) ha
realizado los requerimientos a los usuarios pero no ha tenido efecto, ha realizado

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las exigencias a los propietarios de los predios para que reciban el servicio de riego
de manera adecuada; y iii) solicitó la modificación de los numerales 4.1, 4.3, 4.4 y
la revocatoria de la condena en costas.

45. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes
para resolver el caso sub examine son las siguientes:

45.1. Copia del oficio núm. 001413 de 22 de junio de 2010, suscrito por el Jefe del
Departamento de Conservación de USOCOELLO en el que se indica que se radicó
en la oficina del departamento de operación dos alternativas de solución a la
problemática de inundaciones, con el objetivo de socializarlas en conjunto con el
departamento de conservación y la oficina jurídica; por un lado, la ampliación de
todas las obras aguas abajo del cruce hasta su descarga en la quebrada Guayabal
y la rectificación del cauce original de la quebrada a través de los predios requeridos,
con la adquisición de los permisos respectivos67.

45.2. Copia del oficio núm. 0821 de 15 de mayo de 2017, suscrito por el Gerente
General de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los
Ríos Coello y Cucuana, que da respuesta al oficio núm. 8551 de la Corporación
Autónoma Regional de Tolima, el cual determinó el tiempo de las labores de rocería
y dragado sobre el Canal Lateral tres izquierdo Tolima, así:

“[…]

67
Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo I página 10.
73001333300620170038500 - OneDrive (sharepoint.com)

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Con relación a lo referente a la construcción de una obra denominada pico de pato,
si bien es cierto que el Distrito construyó el pico de pato del cual hace referencia, para
el servicio de riego a diferentes usuarios es de aclarar que este fue construido en el
año 2004 y no en el 2010 y que para la época no hubo objeción alguna al proceso
constructivo y que solo años después con el cambio climático y el aumento de las
lluvias de forma súbita ha generado dificultades de evacuación en el sector.

Es de aclarar que desde la construcción del Canal este sector ya presentaba
inundaciones en época de lluvias y de este tipo de hechos dan fe los mismos
habitantes.

Otro aspecto que afecta el libre encausamiento de las aguas por el canal, es la
invasión de la zona con cultivos de pan-coger por los habitantes del sector (incluido
al sefor Mendoza) sobre el canal y que con amenazas y agresiones no permiten
realizar el retiro de estas plantas, afectando e invadiendo hasta el interior del mismo
talud del canal, con matas de plátano y cachaco.

Es de aclarar que desde su construcción el canal Lateral 3 Izquierdo Tolima fue
diseñado para el transporte y entrega de aguas no tratadas de forma controlada a los
predios de cultivo cercanos al canal y que este no fue diseñado como drenaje de
escorrentía para lluvias.

Muchas de las casas que hoy se encuentran en el sector han sido construidas mucho
después de la construcción del canal y de ello dan fe los mismos habitantes quienes
manifiestan que algunas de estas casas existentes, fueron construidas sobre rellenos
posteriores que hicieron los mismos habitantes, tapando el drenaje natural de la zona
y que hacía escorrentía natural hasta el nacimiento de la quebrada guayabal a
escasos 270 metros del canal.

En el sector existe la entrega de aguas por el drenaje de lotes de CORPOICA y otros
usuarios, (denominado en el oficio como quebrada Guayabal) el cual está diseñado
para el drenaje promedio de 150 ha. Pero la zona maneja más de 340 ha. siendo
CORPOICA el terreno que más aporta aguas al canal lateral 3 izquierdo Tolima en
época de lluvias, al saturar y desbordar las aguas en la zona, generando inundaciones
desde el mismo drenaje y no desde el canal. Dicha situación se hace más frecuente

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cuando el Distrito no puede realizar de manera eficiente el dragado del mismo canal
por oposición de los mismos habitantes y del drenaje por ser privado.

Para finales del año 2014 el Distrito proyecta obras que permitirían mejorar la
conducción de aguas sobre el canal, se realiza la proyección de tres (3) obras y se
inicia la ejecución de ellas en el año 2016.

Con el contrato 042 de 2016, se proyecta la demolición de una alcantarilla de 36* y
sustituirla por un Box Coulvert (sic) 1,50 X 1,50 X 6,0 pero es la misma comunidad y
en especial los señores CÁRDENAS quienes en el momento de iniciar obras, se el
pico de pato que sin duda mejorara la conducción de agua del Canal Lateral Tres (3)
Izquierdo Tolima y mitigar los problemas presentados por acumulación de aguas en
época de lluvias.

El Departamento de Conservación sigue adelantando los trabajos de topografía del
canal desde su inicio y de los posibles puntos o alternativas presentadas en sus
informes, junto con las alternativas propuestas por el Director de CORPOICA Dr.
Peláez, para establecer las obras pertinentes a realizar [...]”68.

45.3. Copia del contrato civil de obra núm. 042/2016, suscrito por el representante
legal de USOCOELLO y el contratista Jaime Augusto Cardozo Pérez, el cual tuvo
como objeto: “Construcción de box-culvert de 1.50x1.50x6 mts en el K0+644 del
lateral 3 izquierdo Canal Tolima por control de inundaciones, el cual consta de:
excavaciones secas en tierra y conglomerado sin entibar 20.00 M3, acero de
refuerzo 60.000 PSI 680.00 KG, concreto simple para cimentación de 2.500 PSI
dosificación 1:3:3 1.25 M3, concreto simple […] jornales por manejo de agua,
perfilamiento y sobre acarreo de materiales 300.00 hora […]” 69.

45.4. Copia del acta de liquidación bilateral núm. 01 del contrato civil de obra núm.
042 de 2016, celebrado entre la USOCOELLO y el contratista Jaime Augusto
Cardozo Pérez, porque en el momento de la ejecución de la obra la comunidad del
sector se opuso argumentando que no se requería por no ser necesaria70.

45.5. Copia del contrato civil de obra núm. 055 de 2016, que tuvo como objeto la
construcción de box-culvert de 1.50x1.50x5 mts y compuerta control en el k0+374
del Lat. 3 izq. Canal Tolima por control de inundaciones, el cual consta de:
excavaciones secas en tierra y conglomerado sin entibar 10 m371.

45.6. Copia del memorando interno núm. 107 de 30 de marzo de 2017 suscrito por
el jefe de conservación y mantenimiento al gerente general de la Asociación de
Usuario del Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana, el cual
indicó:

68
Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo I páginas 47 a
51.
69
Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo I página 52.
70
Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo I página 56.
71
Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo I página 57.

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“[…] A continuación me permito presentar Informe de Visita realizada al sector del
canal lateral 3 izquierdo Tolima donde se presentaron inundaciones por las lluvias
presentadas en las últimas horas.

Como es de su conocimiento en el Canal Lat. 3 Izq. Tol. Existe el proyecto para el
cambio de toma del predio del señor Ciro Quintana con la intención de demoler el
pico de pato existente el cual para algunos de los habitantes del sector, es el
culpable de las inundaciones de los predios y que hasta la fecha se evidencia que
las escorrentías de aguas lluvias del drenaje ICA son en gran parte las que
ocasionan las inundaciones en el sector.

En la visita realizada hoy al Lat. 3 Izq. Tol. En compañía del Doctor Marcos Leyva
Revisor fiscal; Neison Sánchez coordinador de Maquinaria; Orlando Duran afectado
y otros se identifica que la necesidad de replantear esta estructura es de imperiosa
necesidad.

En el recorrido dentro del sector se establece que el canal es de poca profundidad
y que requiere de obras que contengan el caudal del mismo drenaje ICA y se
identifican tres (3) sitios de los cuales es necesario realizar obras de contención y/o
jarillones para que contengan el canal en puntos críticos los cuales desbordan a
predios que colindan con el Canal Lat. 3 Izq. Tol.; Drenaje ICA y vía nacional
panamericana por ser de baja altura siendo las primeras en ser afectadas.

[…]

En la imagen se aprecia la zona afectada por las lluvias que inundaron los predios
colindantes con el drenaje ICA y con el Canal Lat. 3 Izq. Tol.; también se evidencio
puntos de quiebre o roturas sobre la acequia desbordando sus aguas a las zonas
prediales; situación que nos obliga a la construcción de jarillones que contengan el
drenaje Ica y reparaciones sobre el canal del distrito.

En el predio del Señor Orlando Duran se evidencia la existencia de dos alcantarillas
que desembocan a la estructura después del pico de pato a más de un (1,0) metro
por debajo del borde de la estructura; las cuales en reuniones anteriores el mismo
señor Duran solicito que se limpiaran, porque estas presentaban un alto grado de
colmatación y no le permitian desaguar su predio con normalidad "petición hecha a
usted señor Gerente en el sitio y ordenada a realizar con la retroexcavadora del
distrito en su momento dando cumplimento a la petición del señor Duran".

Estas dos (2) alcantarillas trabajaron en sentido contrario con el incremento de las
aguas, provocando que el predio también se inundara por esta parte si poder
evacuar sus aguas de forma normal.

[…]

También se realiza visita al drenaje de CorpolCA el cual evidencio desbordamientos
en varios puntos del mismo inundando predios cercanos a los del señor Duran y se
muestran en la primera imagen

Muchos de los habitantes afectados del sector argumentan que este problema esta
desde que taparon la escorrentía natural de la quebrada Guayabal y la construcción
del canal cortando el flujo normal de las aguas de escorrentía hacia la quebrada y
que desde esa época se vienen presentando este tipo de problemas cada vez que
llueve en la zona sin importar que tanto llueva este sector siempre se inunda.

También muchos de los habitantes argumentan que el señor Duran es conocedor
de este problema y que en varias ocasiones el atendió a los afectados en su época
de alcalde, lo cual evidencia que el problema se viene presentando desde hace
mucho tiempo. *testimonios escuchados por el Revisor Fiscal quien acompaño todo
el recorrido de la visita a los predios afectados por el desbordamiento de las aguas
lluvias del drenaje CorpolCA.

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Por lo expuesto en este informe es de imperiosa necesidad realizar trabajos y obras
en el canal y sus alrededores que permitan mitigar los problemas de inundación de
la zona y mejorar la calidad de vida de los habitantes y es por ello que se están
realizando limpiezas periódicas con maquinaria del distrito la cual se encuentra
haciendo movimientos en estos momentos en la parte final del canal mejorando su
sección y amplitud.

Posibles Alternativas De Solución

Está planteada la construcción de la toma del predio del señor Ciro Quintana
después de la vía Nacional sin embargo esta alternativa también generaría
represamiento al igual que el pico de pato existente a pesar de la eliminación de la
canaleta tipo box coulvert (sic) que alimenta al predio del Sr. Quintana y otros más.

Alternativa #1 la colocación de suelo con cargo a CorpoICA para elevar un Jarillón
a lo largo del drenaje en ambos costados y por una distancia aproximada de 800
metros

Alternativa #2 la proyección de obra de drenaje que evacue las aguas por rebose
hasta el nacimiento de la quebrada Guayabal la cual tendría en su parte inicial la
construcción de un vertedero, compuerta de control, box coulvert (sic) y enrocado
inicial y final de la obra; en su parte final enrocado, box coulvert (sic) doble y
enrocado para adecuación de la entrega a la quebrada con una longitud aproximada
de 270 metros lineales y garantizando un caudal promedio de 2,3 m3/s.

[…]

Alternativa #3 la proyección de obra en box coulvert (sic) que permita minimizar el
volumen del agua en el inicio del Canal Lat. 3 Izq. Tolima y permita descargar sus
aguas al canal Tolima el cual presenta una caída considerable y permitiría que
evacue las aguas por gravedad.

[…]

El departamento de conservación requiere de topografía del canal desde su inicio y
de los posibles puntos o alternativas presentadas en este informe para establecer
cantidades y tiempos de obra necesarios para realizar las obras pertinentes a la
zona y mitigar el impacto generado por las lluvias al señor Duran y a los demás
habitantes afectados del sector […]72.

45.7. Copia del acta de reunión de 27 de abril de 2017, entre CORPOICA y
USOCOELLO, en relación con los acontecimientos presentados por la temporada
invernal en el sector y teniendo en cuenta las áreas afectadas, en concreto los
problemas generados sobre el drenaje de CORPOICA, de su entrega al Canal
Lateral 3 Izquierdo Tolima y de las inundaciones que este presenta por ser el único
Drenaje que maneja CORPOICA y otros usuarios en el sector. En el desarrollo de
la reunión se indicó:

“[…] se presenta el informe técnico del Depto. de Conservación a la Gerencia de
USOCOELLO mediante memorando interno N° 107 de marzo 30 de 2017, donde se
hace un análisis, no solo del lateral 3 izquierdo Tolima sino del Drenaje de
CORPOICA el cual recibe aguas sobrantes de predios en épocas de lluvias de
aproximadas 341 hectáreas; Afectando a más de cuarenta (40) hectáreas en su
parte final dejándolas anegadas con hasta un (1) metro de altura, convirtiendo al
Canal Lateral 3 Izquierdo Tolima insuficiente en su capacidad, pues su diseño inicial

72 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo I páginas 73 a

78.

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era de transporte y entrega de aguas no tratadas a cultivos y nunca fue diseñado
para el manejo y la captación de aguas lluvias.

En el respectivo informe se plantean y se dan a conocer tres (3) posibles o
alternativas para mitigar los problemas de inundación del sector, sin embargo en la
reunión se plantea la necesidad de mitigar el problema de la mejor manera posible
y se esboza el estudio de otras posibilidades.

El señor Gerente de USOCOELLO presenta los argumentos necesarios para buscar
soluciones que mitiguen el difícil problema que se genera en época de lluvias.

El Doctor Peláez director de CORPOICA, manifiesta que es una necesidad atender
la problemática que en este Drenaje se presenta y expondrá ante las directivas de
CORPOICA en Bogotá la necesidad y prioridad para atender dicha emergencia y
autoriza adelantar trabajos de dragado y realce con material sobre el canal de
Drenaje como medida preventiva que mitigue la inundación del sector

[…]

4. Compromisos de las partes

4.1 USOCOELLO

Facilitará el personal adecuado para la identificación de los terrenos a intervenir con
el ánimo de construir canales de Drenaje, ya sean dirigidos hacia el inicio de la
quebrada Guayabal, y/o al canal Tolima y de esta manera facilite de forma eficiente
la evacuación de las aguas lluvias sin saturar al Canal Lateral 3 Izquierdo,
detectados en el recorrido del informe primario.

USOCOELLO facilitara el material necesario "suelo y/o Recebo" para el realce del
borde del Drenaje propiedad de CORPOICA.

USOCOELLO entregará a CORPOICA los resultados de los trabajos de topografía
para establecer cual deberá ser la mejor alternativa que mitigue los problemas de
inundación del sector.

USOCOELLO prestará el servicio de transporte y maquinaria cuyo costo será
asumido por CORPOICA para el desarrollo de la actividad primaria de dragado y
realce de los bordes del Drenaje existente y la construcción de un Drenaje nuevo.

USOCOELLO solicita que la proyección de nuevos canales de Drenaje, sean
atendidos, administrados y periódicamente rozados y dragados por CORPOICA, o
en su defecto dichos trabajos los realizaría USOCOELLO con requerimiento a
CORPOICA.

4.2 Centro de Investigación Nataima CORPOICA

CORPOICA facilitara el acceso del personal y de los equipos necesarios para
realizar los trabajos pertinentes a Topografía, Dragado y traslado de material
necesario para mitigar los problemas de inundación en el sector.

CORPOICA coordinara los traslados de maquinaria a utilizar en la recuperación del
Drenaje existente y la construcción del nuevo Drenaje [...]73.

45.8. Copia del memorando interno núm. 150 de 10 de mayo de 2017, con
referencia: informe técnico lateral 3 izquierdo Tolima, en el que se consignó:

73 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo I páginas 79 a

82.

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“[…] A continuación me permito presentar Informe de técnico del canal Lateral 3
Izquierdo Tolima, donde se presentan inundaciones en los momentos de lluvias
fuertes y que afectan a los habitantes del sector.

Con relación al oficio de CORTOLIMA; si bien es cierto que el distrito construyó el
pico de pato del cual hace referencia, para el servicio de riego a diferentes usuarios
es de aclarar que este fue construido en el año 2004 y que para la época no hubo
objeción alguna al proceso constructivo y que solo años después con el cambio
climático y el aumento de las lluvias este ha hecho estragos en el sector.

Otro aspecto que afecta el libre encausamiento de las aguas por el canal es la
invasión de la zona con cultivos de pan-coger por los habitantes del sector (incluido
el señor Mendoza) sobre el canal y que con amenazas y agresiones no permiten
realizar el retiro de estas plantas, afectando he invadiendo hasta el interior del
mismo canal.

Es de aclarar que desde su construcción el canal Lateral 3 Izquierdo Tolima fue
diseñado para el transporte y entrega de aguas no tratadas de forma controlada a
los predios de cultivo cercanos al canal y que este no fue diseñado como drenaje de
escorrentía para lluvias

Muchas de las casas que hoy se encuentran en el sector han sido construidas
mucho después de la construcción del canal y de ello dan fe los mismos habitantes
quienes manifiestan que algunas de estas casas existentes, fueron construidas
sobre rellenos posteriores que hicieron los mismos habitantes, tapando el drenaje
natural de la zona y que hacia escorrentía natural hasta el nacimiento de la quebrada
guayabal a escasos 270 metros del canal.

En el sector existe la entrega de aguas por el drenaje de lotes de CORPOICA y otros
usuarios, (denominado en el oficio como quebrada Guayabal) el cual está diseñado
para el drenaje promedio de 150 ha. Pero la zona maneja más de 340 ha. siendo
CORPOICA el terreno que más aporta aguas al canal lateral 3 izquierdo Tolima en
época de lluvias, al saturar y desbordar las aguas en la zona, generando
inundaciones desde el mismo drenaje y no desde el canal. Dicha situación se hace
más frecuente cuando el distrito no puede realizar de manera eficiente el dragado
del mismo canal por oposición de los mismos habitantes y del drenaje por ser
privado.

Para finales del año 2014 el Distrito proyecta obras que permitirían mejorar la
conducción de aguas sobre el canal, se realiza la proyección de tres (3) obras y se
inicia la ejecución de ellas en el año 2016.

Con el contrato 042 se proyecta la demolición de una alcantarilla de 36° y sustituirla
por un Box Coulvert (sic) 1,50 X 1,50 X 6,0 pero es la misma comunidad y en
especial los señores CÁRDENAS quienes en el momento de iniciar obras, se
oponen, impidiendo que esta obra se pudiera realizar y de la cual se ordena la
suspensión.
Con el contrato 055 se logra la construcción de un Box Coulvert (sic) y puerta
control, el cual se logra terminar sin contratiempos y como último proyecto se
presenta la demolición del pico de pato y la construcción de una nueva estructura
para alimentar los predios aguas abajo pasando la vía panamericana; pero
analizados los diseños de la nueva construcción, se evidencia que es trasladar el
problema del punto actual a 35 metros aguas abajo pasando la vía; dicha situación
nos obligó a buscar otras alternativas para el riego de los predios afectados, dando
como única solución la ampliación del drenaje RCN, el cual atravesaría predios de
personas que no están vinculadas con el Distrito.

En el memorando interno 107 se evidencia y se presenta el origen del problema de
inundación y no lo es el Canal Lateral 3 Izquierdo Tolima sino el Drenaje de
CORPOICA quien desborda sus aguas por detrás de los predios afectados y que en
los momentos que el canal se satura por lluvias hace que la cantidad de agua se
acumule en el punto de entrega, afectando a los predios de los señores Melo,
Sandoval, Mendoza, Marroquín, Duran y Salaz.

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También hay evidencia de entrega de aguas residuales al canal por parte de algunos
de los habitantes que han invadido la zona del canal

Dentro del mismo memorando se plantean tres (3) posibles opciones y/o soluciones

Alternativa #1 la colocación de suelo con cargo a CORPOICA para elevar un
jarillón a lo largo del drenaje en ambos costados y por una distancia aproximada de
800 metros; dicho trabajo se viene realizando con maquinaria del distrito el cual lleva
realizado aproximados 320 metros lineales con dragado del drenaje y colocando el
material de la excavación y los sobrantes en el costado más afectado del mismo
drenaje.

Alternativa #2 la proyección de obra de drenaje que evacue las aguas por rebose
hasta el nacimiento de la quebrada Guayabal la cual tendría en su parte inicial la
construcción de un vertedero, compuerta de control, box coulvert (sic) y enrocado
inicial y final; en su parte final enrocado, box coulvert (sic) doble y enrocado para
adecuación de la entrega a la quebrada con una longitud aproximada de 270 metros
lineales y garantizando un caudal promedio de 2,3 m%/s.

Esta alternativa fue descartada porque aguas abajo del nacimiento de la quebrada
Guayabal y a menos de cien (100) metros de donde se proyecta la entrega, hay
casas dentro de la zona del cauce de la quebrada las cuales se verían afectadas.

Alternativa #3 la proyección de obra en box coulvert (sic) que permita minimizar
el volumen del agua en el inicio del Canal Lat. 3 Izq. Tolima y permita descargar sus
aguas al canal Tolima el cual presenta una caída considerable y permitiría que
evacue las aguas por gravedad.

Esta alternativa esta es estudio por topografía

De acuerdo a las necesidades presentadas y desde mucho antes del requerimiento
de CORTOLIMA, el Distrito ha venido adelantando acercamientos y proyectando
obras que permitan mitigar el problema que se presenta con los habitantes aledaños
al Canal Lateral Tres (3) Izquierdo Tolima

El pasado 27 de Abril se realiza una reunión con el Director de CORPOICA Dr.
Lorenzo Peláez a quien se le plantea el problema del cual también es conocedor
manifiesta que pueden haber otras alternativas de drenaje para lo que autoriza
realizar una topografía dentro de las instalaciones y determinar otra posible solución
que también permita mitigar el problema de inundación del sector dichos trabajos de
topografía ya iniciaron con verificación de CORPOICA y USOCOELLO.

En conclusión (sic) el Distrito si ha venido adelantando gestión y proyección de obras
para mitigar el problema que se presenta en el canal lateral tres (3) Izquierdo Tolima
a raíz de la entrega de aguas sobrantes del Drenaje de CORPOICA y como es de
su conocimiento en el Canal Lat. 3 Izq. Tol. Existe el proyecto para el cambio de
toma del predio del señor Ciro Quintana con la intención de demoler el pico de pato
existente el cual para algunos de los habitantes del sector,

El departamento de conservación sigue adelantando los trabajos de topografía del
canal desde su inicio y de los posibles puntos o alternativas presentadas en este
informe junto con los propuestos por CORPOICA para establecer cantidades y
tiempos necesarios para realizar las obras pertinentes a la zona y mitigar el impacto
generado por las lluvias a los habitantes afectados del sector.

Las actuaciones a seguir, están sujetas a la presentación del actual informe
[…]”74.

74 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo I páginas 83 a

86.

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45.9. Copia de la comunicación núm. 100.4.1.2.1 dirigida al gerente de CORPOICA
suscrito por el profesional especializado de gestión judicial y jurisdicción coactiva de
la Corporación Autónoma Regional del Tolima en el que se determinó:

“[…] Me permito comunicarle que la Oficina Asesora Jurídica de la Corporación
Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA-, recibió queja radicada por el Señor
Humberto Mendoza Vargas, en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal
Dindalito Centro, bajo el No. 6994 del 03 de. Mayo de 2016, correspondiente al COR-
01298-16, solicitando tomar las medidas pertinentes, por presuntas afectaciones
ambientales provocadas por el represamiento en el lateral 3 Izquierdo del Canal
Tolima propiedad de Uso Coello, ubicado en la Vereda Dindalito Centro del municipio
del Espinal, departamento del Tolima.

Que, la Oficina Asesora Jurídica con mensaje interno No. 3154 de fecha 11 de mayo
de 2016 solicitó a la Subdirección de Calidad Ambiental, que se realice visita de
inspección ocular emitiéndose informe el día 30 de Enero de 2017.

Que, según lo evidenciado en el informe técnico, mediante oficio con radicado No.
8551 del 20 de abril de 2017, requirió y solicito a USOCOELLO para que, en el término
de 30 días, allegara las acciones tomadas respecto de las medidas necesarias en la
mitigación de la problemática en el lateral 3 izquierdo del Canal Tolima,
comprometidas en el Oficio No. 001413 del 22 de junio de 2010, en el Acta N°. 001
del 9 de diciembre de 2014 y en el Oficio No. 2583 del 2 de diciembre de 2015.

[…]

Por lo anterior, de acuerdo al informe de visita técnica, emitido por la Subdirección de
Calidad Ambiental, se logra evidencias las empresas USOCOELLO y CORPOICA no
han establecido las medidas necesarias para identificar los impactos que están
generando, ni las obras de derivación interna al interior del canal lateral 3 izquierdo
que agudizaron las situaciones de inundación de los habitantes de la vereda Dindalito
Central del Espinal.

Por ello, es pertinente requerir y solicitarle señor Lorenzo Peláez Suarez en calidad
de Gerente de CORPOICA y/o quien haga sus veces, identificado con NIT.
890.702.731-8, para que un termino de treinta (30) presentando ante Cortolima:

1. La aprobación todos los estudios y diseños de las obras que garanticen la
evacuación de las aguas máximas de eventos torrenciales, para que no se cause
inundaciones a los predios colindantes al canal lateral 3 izquierdo.

2. y el plan de Contingencia para aplicar en los eventos de precipitaciones máximas
y eventos torrenciales, para su conocimiento y aprobación.

No obstante, es pertinente reiterar que antes de cualquier tipo de adecuación,
mejora o construcción de obras tendientes a mitigar los problemas de inundación y
represamiento del canal lateral 3 izquierdo, las empresas USOCOELLO y
CORPOICA deben realizar la modelación hidrológica e hidráulica que lleven a la
estación del caudal de las aguas máximas que proviene tanto de las precipitaciones
como de las aguas captadas del Río Coello, para conocer que obras son las óptimas
que garanticen la evacuación de las aguas máximas de eventos torrenciales, para
que no se cause inundaciones a los predios colindantes al canal lateral 3 izquierdo.

De no dar cumplimiento a lo expuesto y de esta forma erradicar la problemática
ambiental, se dará inicio proceso administrativo sancionatorio correspondiente, que
lo haría merecedor a las sanciones contempladas en la Ley 1333 del 2009 que
pueden ser de multas hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes y las medidas compensatorias ambientales conforme a los
conceptos técnicos.

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Una vez usted atienda esta recomendación, deberá informar a esta oficina, para
efectos de proceder a constatar las acciones realizadas y determinar si hay lugar o
no al inicio del trámite sancionatorio […]”75.

45.10. Copia del oficio núm. 0010 de 4 de enero de 2018 suscrito por el Gerente
General de USOCOELLO, en el que se indicaron soluciones consistentes en

“[…] [l]a primera solución sobre el canal 3 izquierdo consiste en la demolición de la
estructura conocida como PICOPATO y a su vez el retiro de una tubería existente y
la demolición de su revestimiento, motivo por el cual en este momento disminuye la
sección hidráulica del VOX COULVERT (sic) de 1x1 que atraviesa la vía
Panamericana. Para realizar las anteriores demoliciones y retiro de tubería […].

En cuanto a la mitigación o evacuación de las aguas máximas de eventos
torrenciales para evitar las inundaciones en el sector mencionado, se proyectó y
aprobó el estudio DESVIACION DRENAJE ICA AL CANAL TOLIMA, con el objeto
de desviar y drenar las aguas del drenaje ICA al canal Tolima. Las obras a realizar
allí corresponden a los diseños y levantamiento topográfico que se evidencian en
los planos adjuntos al siguiente oficio.

Con relación al plan de contingencia para aplicar en los eventos de precipitaciones
máximas y eventos torrenciales, el departamento de operación en los diferentes
eventos de precipitaciones en la región tiene identificados cada uno de los puntos o
sectores en donde ocurren las inundaciones, como plan de contingencia el distrito
realiza la manipulación de las diferentes compuertas para evacuar, igualmente el
departamento de conservación y mantenimiento en su programación anual realiza
rocerías y dragados sobre el canal lateral 3 izquierdo canal Tolima y como plan de
contingencia se incluye el dragado sobre el mismo […]”76

45.11. Copia del oficio núm. 0385 del 4 de marzo de 2019 suscrito por el Jefe del
Departamento de Conservación de USOCOELLO, en el que se determinó: “[…]
[d]ando cumplimiento a los compromisos adquiridos en la visita en sitio realizada el
pasado 6 de noviembre del año 2.018, la cual se desarrolló en el cruce de la vía
Espinal – Chicoral con el canal lateral 3 izquierdo del cana Tolima, me permito
informarle que USOCOELLO, realizó la demolición total de la estructura de control
sobre el Canal descrito en el Asunto denominado “Pico de Pato” […]” 77.

45.12. Copia del certificado suscrito por el Vicepresidente de Integración Productiva
de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR en el que se indicó:

“[…] Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 41 de 1993 "Por la cual
se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus funciones,
los usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras estarán organizados, para
efectos de la representación, manejo y administración del Distrito, bajo la
denominación de asociación de usuarios. Así mismo, las asociaciones de usuarios
de los Distritos de Adecuación de Tierras tienen, entre otras, la función de promover
la ejecución de los proyectos de Adecuación de Tierras dentro de su comunidad.

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 2.14.1.9.1 y 2.14.1.9.3 del Decreto
1071 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural", son funciones

75
Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo II páginas 150
y ss.
76 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo II página 164.
77
Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo II páginas 184
a 186.

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del organismo ejecutor de la política de adecuación de tierras, entre otras, dar la
viabilidad para el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones de
usuarios de los Distritos de Riego o de los Distritos de Adecuación de Tierras, su
correspondiente inscripción y ejercer la inspección, control y vigilancia de las
asociaciones de usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras.

Que según lo establecido en el artículo 4° numeral 18 del Decreto 2364 de 2015,
"Por el cual se crea la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, se determinan su objeto
y su estructura orgánica", dentro de las funciones de la Agencia de Desarrollo Rural
-ADR, está la de "apoyar el proceso de formalización de organizaciones sociales,
comunitarias y productivas rurales, entre otras, para facilitar su participación en los
procesos de planeación y ejecución de planes de desarrollo rural
con enfoque territorial".

Que por consiguiente, se procede a certificar que el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, en ejercicio de la competencia otorgada en virtud del artículo
2.14.1.9,2. Decreto 1071 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural", reconoció personería jurídica a la Asociación de Usuarios de Aguas del
Distrito de Riego del Río Coello "USOCOELLO" con domicilio en el Municipio de
Espinal, Departamento del Tolima, mediante Resolución No. 199 del 21 de junio de
1976.

Que de conformidad con los estatutos vigentes de la Asociación, la misma es una
persona de derecho privado, de carácter gremial, de objeto especial y sin ánimo de
lucro, creada con fundamento en el Artículo 38 del Código Civil y demás normas
legales y administrativas aplicables y concordantes con su naturaleza.

La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos
Coello y Cucuana USOCOELLO tiene por objeto asumir el manejo, operación,
conservación, mantenimiento y mejoramiento del Distrito; propender por la
protección al medio ambiente, en especial el cuidado y conservación de las cuencas
hidrográficas que surte el Distrito, con la autonomía que el derecho positivo tiene
reservado para los propietarios de las cosas con valor jurídico; con las limitaciones
propias de los actos que sean contra derecho y contra la moral pública […]78”.

45.13. Copia del oficio núm. 20192102752 de 3 de julio de 2019, suscrito por el
Representante Legal Suplente de AGROSAVIA, que indicó:

“[…] La Ley 1731 de 2014, a través del inciso 2ª de su Artículo 20, reiteró el marco
legal bajo el cual fue creada AGROSAVIA al señalar que: "(...) es una Entidad
Pública Descentralizada Indirecta, de carácter científico y técnico, de participación
mixta, sin ánimo de lucro, regida por las normas del derecho privado previstas para
las Corporaciones en el Código Civil, de acuerdo con el Decreto-ley 393 de 1991, el
artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los leyes que los modifiquen o sustituyan. (.)*
(resaltado fuera de texto).

En adición a lo anterior, con el fin de que AGROSAVIA desarrolle su objeto misional
tomó en arriendo los predios de propiedad del INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO -ICA, dentro de los cuales se encuentra el del CENTRO DE
INVESTIGACIÓN NATAIMA, ubicado en Kilómetro 9, Vía Espinal-Chicoral, Tolima,
a través de Contrato de Arrendamiento suscrito el 28 de diciembre de 2012 y
Certificado de Tradición y Libertad, de los cuales adjunto copia, y del que se
pretende se realicen unas adecuaciones para la desviación del drenaje al canal del
Tolima. Obra que tiene un costo de $407.399.086.89.

De conformidad con las consideraciones anotadas anteriormente, procedo a dar
respuesta a sus oficios en los siguientes términos:

78 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo II páginas 192

a 194.

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Según se pudo constatar, a raíz de una reunión celebrada por la Procuraduría
Ambiental y Agraria para el Tolima de fecha seis (6) de noviembre de 2018, debido
a la queja presentada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Dindalito Centro
del Espinal Tolima en contra de USOCOELLO; el nueve (9) de noviembre de esa
misma anualidad, la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras
de los Ríos Coello y Cucuana - USOCOELLO, mediante oficio No. 2270 del ocho (8)
de noviembre de 2018 envía un presupuesto de obra que ellos estiman valen las
obras de deviación del drenaje ICA al Canal Tolima, obras que por demás, ni el
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA como propietario, ni
AGROSAVIA como tenedor legitimo del predio, se comprometieron a realizar y
menos a comprometer recursos sin haberse realizado exjudios previos o siquiera
determinar que, es por culpa de la cantidad de agua que aporta AGROSAVIA al
drenaje que se generan las inundaciones de la queja referida, puesto que siempre
ha tenido la misma cantidad de agua recibida y ha descargado la misma cantidad y
no se ha presentado inconveniente alguno.

De otra parte, respecto de los trámites administrativos y financieros efectuados con
ocasión de la presentación del presupuesto de obra allegado por el Representante
de USOCOELLO es preciso indicarle que una vez recibido el oficio 2270 con fecha
de 8 de noviembre de 2018 con radicado AGROSAVIA 30181143538 del 09/11/2018
de 2018, por parte de dicha entidad, el Director del Centro de Investigación de
Nataima procedió a solicitar aclaraciones mediante comunicación del treinta (30( de
noviembre de 2018, con radicado AGROSAVIA 30182105550 y recibido en
USOCOELLO el 30 de noviembre de 2018 con radicado No. 1567, de la cual no
obtuvimos respuesta dentro del término legal previsto en la Ley 1755 de 2015, de
cuya solicitud y respuesta adjunto copia, así:

1. Cuáles fueron los estudios previos, con los cuales se determinó la realización de
la obra del desvío del drenaje ICA al canal Tolima.
2. Aclaración sobre porque AGROSAVIA asumirá el costo total de las obras,
teniendo en cuenta que el CI. Nataima no es el único predio que aporta agua a
dicho canal.
3. Para que fecha se estima ejecutar esta obra.
4. Con base en el presupuesto presentado por ustedes en dicho oficio, quien debe
ejecutar la obra.
5. Copia del documento de acción popular, sobre la cual se expresa el problema
que vamos a solucionar con esta obra”.

“Por lo anterior, me dirijo a usted con el fin de solicitar una cita en la fecha y hora
que usted estime conveniente para reunirnos y poder dar claridad a los
interrogantes anteriormente expuestos”

Con sorpresa hasta el ocho (8) de mayo de 1019 con radicado AGROSAVIA No.
30191118106, USOCOELLO mediante oficio con número 0872 del 7 de mayo de
2019, días antes a que se llevara a cabo la audiencia programada de pacto de
cumplimiento lo siguiente:

“Respecto a la aclaración solicitada del oficio No. 2270, me permito resolver una a
una las inquietudes planteadas:

En cuanto al numeral 1, corresponde a los diseños y presupuesto enviados con el
oficio No. 2270 de noviembre de 2.018.

En cuanto al punto No. 2, se le recuerde que en la mesa técnica realizada el día 06
de noviembre de 2.018 con presencia del señor Procurador Agrario y Ambiental del
Tolima, se determinó que se les enviaría en forma oportuna los diseños y
presupuestos de la obra de desviación y evacuación de aguas lluvias al canal Tolima
y que ustedes asumirían los costos de su ejecución, para lo cual no hubo ninguna
oposición por parte de los asistentes de dicha firma, no obstante teniendo en cuenta
nuestros registros se obtiene que el drenaje aportan sus aguas un área de 316.55
has de los cuales 190.8 Has corresponde a Agrosavia.

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En cuanto al punto No. 3, en la reunión antes mencionada nunca se determinó para
que fecha debería ejecutarse, pero consideramos que debe realizar en época de
verano, porque los problemas históricamente verificados surgen en época invernal
por el aporte de aguas lluvias provenientes del drenaje al canal lateral 3 izquierdo
del canal Tolima.

En cuanto al punto No. 4, tal y como se estableció en la ya citada reunión de 06 de
noviembre de 2.018, son ustedes los responsables de la ejecución al igual que los
otros usuarios que están inscritos en el Registro General de Usuarios.

En cuanto al punto No. 5, copia de ese documento fue notificado a Agrosavia una
vez hecha la vinculación por sucesión procesal de Corpoica, el cual fue contestado
por ustedes el día 18 de diciembre de 2018 y de 22 de febrero de 2019, según
radicado del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué que corresponde
al Número 73001-3333-006-2017-00385-00 y consideramos que para la respuesta
debieron tener de base tanto la demanda como la reforma que hizo el actor popular
a través de su apoderado”.

Por todo lo anteriormente expuesto, es preciso expresarle que hasta la fecha Señor
Juez, no se ha determinado ni establecido, la pertinencia de las obras; tampoco que
la desviación del drenaje en la forma en que lo ha establecido USOCOELLO sea la
solución al problema que se presenta de inundaciones, más aun cuándo, si se tiene
en cuenta que con la demolición que hizo esa Asociación de la obra de redistribución
(Pico de pato), pese a las constantes lluvias, no se presentaron inundaciones, lo que
nos lleva a concluir que la obra que se pretende que AGROSAVIA realice, sin
incluso ser el administrador o dueño de los canales, sin ser el propietario del predio
y sin ser el único aportante de agua al drenaje, carecería de fundamento fáctico y
jurídico.

No obstante, lo anterior, en la mesa de trabajo realizada el pasado veinticuatro (24)
de mayo de 2019, conforme a los compromisos adquiridos en la audiencia celebrada
el nueve (9) de mayo de 2019 en el juzgado; se acordó, que AGROSAVIA
adelantaría los estudios correspondientes para medir el caudal que aporta al drenaje
para poder determinar la pertinencia o no de la ejecución de la obra propuesta por
USOCOELLO. Sin embargo, vale la pena aclarar al Despacho, que los predios son
del ICA y no se AGROSAVIA, por lo que se considera pertinente vincular al si se
busca la realización de las obras, las cuales deben contar con la autorización del
propietario del predio en cuestión […]”79.

45.14. Copia del contrato de arrendamiento celebrado entre el Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria –
CORPOICA80.

45.15. Copia del oficio núm. 1515 suscrito por el Gerente General de USOCOELLO
con asunto: respuesta al oficio J6AI 2539 del 1 de agosto de 2019 Recibido el 02 de
agosto de 2019, en el que indicó:

“[…] 1. El canal Lateral 3 izquierdo del Canal Tolima, posee una hidráulica la cual se
ve reducida por la obra de arte vial (box Coulvert) (sic), la cual pertenece al tramo
4004 de la Ruta 40 (vía de primer orden Nacional), la cual se describe a
continuación.

• TRAMO 4004: Ibagué (Puente Blanco) – Cruce Ruta 45 (Espinal): Tramo
que atraviesa lugares como Ibagué (Cruce 40TLC), Buenos Aires (Ibagué,
Cruce 40TLC), Gualanday (Coello), Portillo (Coello, Cruce 40TLD), Chicoral

79 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo II páginas 224

a 227.
80 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo II páginas 233

a 238.

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(Espinal), Dindalito (Cruce 45TLB y 40TL0) y el cruce con el tramo 4507
cerca a Espinal Tolima.

• Las Coordenadas 4.183402,-74.946061 (obtenidas Google Maps, se anexa
imagen) son la ubicación del Box coulvert (sic) sobre la vía.

• El tramo de vía descrito y sus obras de arte pertenece a la red vial
concesionada, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura “ANI”, tal
como se pudo evidenciar en la página web del Sistema Integral Nacional de
información Carreteras – SINC, del Ministerio de Transporte […] quien
entregó su manteamiento y operación a la Concesionaria San Rafael […].

3. La ampliación del box coulvert (sic) que está en discusión debe estar soportada,
con base a estudios técnicos que determinen su dimensionamiento, resistencia
y operatividad; estos estudios y la ejecución de la posible obra, deberá ser
ejecutados por la entidad responsable de su mantenimiento y operación,
considerando que en el momento de su construcción por parte de la Nación no
se consideraron los factores relacionados con el transporte de aguas lluvias por
el canal citado, lo que llevo a construir un elemento que está causando
actualmente afectaciones a la comunidad circundante a este sitio.

Por último, nos permitimos reiterar el cumplimiento de nuestros compromisos
adquiridos, relacionados con la entrega de diseños y presupuestos de las obras a
construir por parte de Agrosavia, relacionadas con la desviación del drenaje que
aporta sus aguas al Canal Lateral 3 Izquierdo del canal Tolima y que actualmente
son motivo de controversia por parte de Agrosavia (anexo Oficio No. 2270 de
noviembre 08 de 2.018) [...]”81.

45.16. Copia del oficio núm. 2270 del 8 de noviembre de 2018, con referencia:
entrega de diseños y presupuesto obras desviación del drenaje ICA al Canal Tolima,
con destino al Coordinador Administrativo y Financiero AGROSAVIA82.

45.17. Copia del concepto técnico de evaluación y/o seguimiento núm. 4294 por
parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima. En el que se llegó a las
siguientes conclusiones:

“[…] En los planos que se adjuntaron no se encontró valores de los caudales que
las obras conducirán, únicamente se observa una serie de obras hidráulicas con sus
respectivos cortes pero no se detalla que caudales se tuvieron en cuenta para su
diseño hidráulico, no se encontró memorias de cálculo de ninguna obra hidráulica
por lo que no hay soporte técnico de ninguna obra hidráulica, teniendo en cuenta lo
anterior no se puede determinar si las obras tienen la capacidad de conducir los
caudales concesionados y por ende no se garantiza que no se vuelvan a presentar
inundaciones en las zona.

De acuerdo a lo anterior, la información de estudios y diseños presentada, no
cumple con lo requerido en el primer punto del radicado de salida 28364 de 20 de
noviembre de 2017, realizado por CORTOLIMA a USOCOELLO - y CORPOICA
(ahora AGROSAVIA).

En cuanto al segundo requerimiento que consiste en presentar el plan de
contingencia para aplicar en los eventos de precipitaciones máximas y eventos
torrenciales, USOCOELLO manifiesta en su oficio "el departamento de operación en
los diferentes eventos de precipitaciones en la región tiene identificados cada uno
de los puntos o sectores en donde ocurre las inundaciones, como plan de

81
Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo II páginas 267
a 268.
82
Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo II página 271.

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contingencia el distrito realiza la manipulación de las diferentes compuertas para
evacuar. Igualmente el departamento de conservación y mantenimiento en su
programación anual realiza rocerías y dragados sobre el canal lateral 3 izquierdo
canal Tolima y como pían de contingencia se incluye el dragado del mismo".

La información suministrada por Uso Coello como Plan de Contingencia es un
esbozo general de las acciones tendientes a mitigar las inundaciones en la zona de
canal lateral 3 izquierdo pero NO constituyen en si un Plan de Contingencia que
fue lo solicitado.

2. Recopilación de Información para dar respuesta a Mensaje Interno No 414
de 22 de enero de 2018.

La información planos de diseño para solucionar la problemática allegada por
USOCOELLO a CORTOLIMA no está soportada por estudio hidrológico ni memorias
de diseño hidráulico, por tanto no se puede verificar el funcionamiento hidráulico de
las mismas y aunque podrían generar una mitigación de la problemática de
inundación en las áreas aledañas al canal lateral 3 del distrito de riego
USOCOELLO, no hay garantías de que sean una solución definitiva y tampoco
cuentan con visto bueno por parte de CORTOLIMA.

En cuanto a su solicitud de identificar el tramo vial que se podría ver afectado, la
entidad que instalo o que realiza, mantenimientos al BOX CULVERT y la clase de
carretera sobre la que se ubica, se realizó consulta en la página del INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS, como consta en la imagen 1, y respecto a lo cual le informo:

El Box Culvert se ubica sobre la vía espinal - Ibagué a 2.34 kilómetros del SENA -
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA, medidos en dirección espinal - Ibagué,
esta vía de primer orden y la entidad encargada de la administración y
mantenimiento de la vía es la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, esto
de acuerdo a lo consultado en la página del INVIAS
https://hermes.invias.gov.co/carreteras/ (INVIAS, 21 de agosto de 2019).

[…]
IV SE CONCEPTUA:

Una vez realizada la evaluación de la documentación presente en el expediente
y evaluado el radicado Nº192 de enero 1 de 2018, se conceptúa:

1. La documentación entregada por medio del radicado N°192 de enero 1 del 2018
corresponde a planos de diseño correspondientes a las obras planteadas para
mitigar la problemática de inundaciones que se presenta en el sector aledaño al
canal lateral 3 izquierdo. Esta propuesta de diseños no fue soporta con los
correspondientes estudios técnicos tales como la hidrología de la zona y memorias
de cálculo hidráulico, que permitan determinar si la construcción de las obras
propuestas solucionar por completa la problemática de inundaciones. De acuerdo a
lo anterior la información entregada por USOCUELLO no cumple con el primer
requerimiento realizado mediante radicado de salida 28364 de 20 de noviembre de
2017, toda vez que no se realizó estudio hidrológico, no se hizo estimación de los
caudales de aguas lluvias que deberá transportar e canal, no se analizaron posibles
eventos torrenciales, tampoco se modelo el funcionamiento hidráulico de las
estructuras propuestas.

2. No se dio cumplimiento al segundo requerimiento realizado mediante radicado de
salida 28364 de 20 de noviembre de 2017, el cual consistía en presentar el plan de
contingencia para aplicar en los eventos de precipitaciones máximas y eventos
torrenciales.

4. Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda a la Oficina Jurídica de
CORTOLIMO, requerir nuevamente a USOCOELLO Y AGROSAVIA, para dar
cumplimiento a los requerimientos realizados mediante radicado No. 192 de
enero 1 de 2018.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Respecto a la información solicitada por la Oficina Asesora Jurídica mediante
mensaje Interno No 3737 de 12 de agosto de 2019 se debe informar:

Me permito dar respuesta a mensaje interno No. 3737 de 12 de agosto de 2019, a
través del cual solicita informe detallado de las obras que se deben realizar en la
estructura, debido a que no se aclara a que estructura se refiere ni la ubicación de
la misma, de acuerdo a la información consignada en el proceso de acción popular
(2017-385) se entenderá que hace referencia al canal lateral 3 izquierdo el cual es
parte del distrito de riego de USOCOELLO y al BOX CULVERT ubicado en las
Coordenadas 4°10'59.64"N 74°56'45.71"O, respecto a lo cual me permito informar
que la Subdirección de Calidad Ambiental ha realizado visitas de seguimiento a la
problemática de inundaciones denunciadas por la comunidad en el sector, informes
que reposan en el expediente COR-01298-16; en informe de visita realizada el 07
de julio de 2017 se recomienda requerir a USOCOELLO y CORPOICA (ahora
AGROSAVIA), *presentar a CORTOLIMA para su aprobación todos los estudios y
diseños de las obras que garanticen la evacuación de las aguas máximas de
eventos torrenciales para que no se cauce inundaciones a los predios colindantes
al canal lateral 3 izquierdo, así mismo debe presentar a CORTOLIMA el PLAN DE
CONTINGENCIA para aplicar en los eventos de precipitaciones máximas y eventos
torrenciales, para su conocimiento y aprobación" requerimiento que CORTOLIMA
realiza a CORPOICA Y USOCOELLO, a través de oficio con radicado de salida No
28364 de 20 de noviembre de 2017.

USOCOELLO a través de radicado No 192 de 05 de enero de 2018, presenta
diseños de las obras propuesta para mitigar los problemas de inundación en las
zonas aledaña al canal lateral 3 del distrito de riego USOCOELLO, la solución
planteada consiste en el desarrollo de las siguientes actividades:

• La demolición de la estructura PICOPATO ubicada en las coordenadas […].
• Continuación y rehabilitación de la acequia denominada como RCN.
• Desviación del drenaje proveniente de AGROSAVIA (antes CORPOICA), hacia
el canal Tolima.

Los diseños correspondientes a las obras planteadas por USOCOELLO, no fueron
aprobados por CORTOLIMA debido a que no se realizó estudio hidrológico, no se
hizo estimación de los caudales de aguas lluvias que deberá transportar el canal, no
se analizaron posibles eventos torrenciales, tampoco se modelo el funcionamiento
hidráulico de las estructuras propuestas, razón por la cual no es posible determinar
que con la construcción de estas obras se dé solución a la problemática.

Así las cosas actualmente no es posible allegar el informe detallado de las obras
que se deben construir tal como lo solicita el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO
ORAL DEL DISTRITO, debido a que CORTOLIMA no tiene la información técnica
necesaria para determinar las obras requeridas para mitigar la problemática
existente, adicionalmente estos diseños deberán ser adelantados por el distrito de
riego USOCOELLO y AGROSAVIA (antes CORPOICA) quienes son propietarios de
los canales que presentan desbordamiento y NO por la autoridad ambiental.

En cuanto a su solicitud de identificar el tramo vial que se podría ver afectado, la
entidad que instalo o que realiza, mantenimientos al BOX CULVERT y la clase de
carretera sobre la que se ubica, le informo: El Box Culvert se ubica sobre la vía
espinal - Ibagué a 2.34 kilómetros del SENA - CENTRO AGROPECUARIO LA
GRANJA, esta via es de primer orden, se denomina como Tramo Transversal
Buenaventura - Villavicencio - Puerto Carreño, sector Ibague (Puente Blanco) -
Cruce Ruta 45 (Espinal) y la entidad encargada de la administración y
mantenimiento de la via es la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, esto
de acuerdo a lo consultado en la página del INVIAS
https://hermes.invias.gov.co/carreteras/ (INVIAS, 21 de agosto de 2019) [...]”83

83 Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo II páginas 279

a 285.

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45.18. Copia del oficio núm. 2019-701-039365-1 del 14 de noviembre de 2019,
suscrita por el apoderado especial de la ANI en el que indicó: “[…] El punto en
mención se encuentra en la vía de primer orden Nacional con código 4004, hace
parte del tramo 4 del proyecto Girardot – Ibagué – Cajamarca a cargo de la
Concesionaria San Rafael S.A. en el marco de la ejecución del contrato de
Concesión 007 de 2007”84.

45.19. Copia del contrato de concesión núm. 007 de 13 de agosto de 2007 que tiene
como objeto: “Estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión ambiental,
gestión social, financiación, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación y
mantenimiento del proyecto de concesión vial Girardot – Ibagué, Cajamarca”.

45.20. Copia de la Resolución núm. 122i del 11 de julio de 2008 “Por la cual se
otorga una licencia ambiental y se toman otras determinaciones” para el proyecto
Segunda Calzada Girardot – Ibagué – Calarcá.

45.21. Interrogatorio de parte del señor Humberto Mendoza Vargas, actor popular,
de profesión agricultor. Indicó que desde el año 2007 se han presentado
inundaciones en la Vereda Dindalito Centro por cuanto el canal lateral izquierdo del
Canal Tolima resulta insuficiente para recoger las aguas cuando se presentan
precipitaciones en el sector, subiendo su nivel hasta en un (1) metro. Indicó que la
estructura de pico de pato que existía impedía que las aguas discurrieran
correctamente por el canal, generando represamiento, con el agravante que no se
le hacían mantenimientos periódicos, y causaba inundación a los predios. Aclaró
que con el retiro de la estructura del pico de pato mejoró la circulación del agua,
pero no es suficiente para controlar todo el tránsito en época de lluvia. Expuso que
el Box Culvert existente en la vía panamericana se constituye en un cuello de botella
para el tránsito de las aguas y no ha sido objeto de ninguna intervención, como
mecanismo de solución a la problemática presentada. Agregó en el 2021
presentaron 5 inundaciones, en el año 2022 aproximadamente 4 inundaciones y a
inicios del año 2023 se presentó una inundación; después de la medida cautelar
estos efectos se han morigerado ya que se están haciendo los mantenimientos y
dragado con una periodicidad más corta. Aclaró que no se ha solicitado
directamente a la Concesionaria San Rafael la intervención del Box Culvert que
atraviesa la vía panamericana y que los eventos de inundaciones se presentaron
con posterioridad al año 2007.

84
Cfr. Link de SharePoint expediente digital del juzgado. Archivo denominado: 001Cuaderno Principal – Tomo II página 294.

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45.22. Testimonio del señor Diego Vargas Pacheco, de profesión ingeniero civil.
En términos generales indicó: i) fungió como líder del Departamento de
Conservación de USOCOELLO desde mayo de 2018 hasta febrero de 2023, y
conoció de primera mano la situación vivida en la vereda Dindalito de El Espinal –
Tolima cuando se presentan lluvias fuertes, que hacen que las aguas que llegan al
canal lateral izquierdo del Canal Tolima no cuenten con capacidad para la
evacuación, generando represamiento e inundaciones a las viviendas de los
alrededores; ii) precisó que la USOCOELLO cumplía con las labores de
mantenimiento, rocería del exceso de material vegetal, dragado del canal y todo lo
que se requería cada tres meses o antes si las condiciones lo exigían; igualmente
que se adelantaban labores de dragado al predio de Agrosavia con cargo a aquella;
iii) indicó que los canales del distrito no están adecuados para evacuar aguas lluvias,
solo para la conducción de las aguas de las que se sirve el distrito para los diferentes
riegos; iv) aclaró que Agrosavia es el que más agua drena al canal lateral izquierdo
del Canal Tolima, y que pese a que desde 2017 se le hicieron varios requerimientos
por parte de USOCOELLO para que adelantaran obras en procura de solucionar la
problemática presentada, clarificando que a la fecha en que se retiró de la entidad
aún no había actuado de conformidad; v) precisó que las obras sugeridas fueron
planteadas por un Ingeniero Civil contratado para el efecto; vi) expuso que existen
viviendas muy cerca al drenaje que viene de Agrosavia y al canal, y son las que
resultan directamente afectadas por las inundaciones; vii) señaló que, si bien no
tiene conocimiento que se hubiera solicitado a la Concesionaria San Rafael la
intervención del box culvert que atraviesa la vía nacional para ampliar el caudal de
las aguas del canal, si es necesaria su intervención; viii) expuso que USOCOELLO
dispuso el canal Tolima para garantizar la evacuación de las aguas provenientes de
las precipitaciones; ix) aclaró que el canal lateral izquierdo irriga aproximadamente
50 hectáreas, pero allí llegan las aguas de escorrentía de aproximadamente 250
hectáreas que no está en capacidad de recibir porque no fue diseñado para eso, lo
que genera las inundaciones; y x) expuso que no solo el ICA sino varios de los
predios aledaños entregan las aguas lluvias a un drenaje que está en el ICA y luego
desembocan en el canal lateral izquierdo.

45.23. Testimonio de Nelson Enrique Sánchez Rojas, de profesión Ingeniero Civil,
y ocupación Coordinador de maquinarias y obras en USOCOELLO, en términos
generales indicó que: i) conoce directamente la problemática, y en su rol le
corresponde estar pendiente y tomar acciones cuando se presentan inundaciones
en la vereda Dindalito; ii) aclaró que las inundaciones se presentan cuando hay
precipitaciones muy altas porque de los predios de CORPOICA se drenan bastantes
aguas al canal, ya que en tiempo seco no presenta ningún problema, porque irriga

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poca agua; iii) precisó que se han adelantado varias reuniones con la comunidad y
CORPOICA para evaluar soluciones, y de igual manera se ha realizado
mantenimiento y dragado en el sector; iv) expuso que el canal fue diseñado
únicamente para conducir agua, pero no para dragar aguas lluvias; v) indicó que el
box culvert que soporta la vía nacional Espinal-Ibagué genera dificultades para el
paso de las aguas lluvias, porque es insuficiente, frena su tránsito; vi) aclaró que
dentro del canal hay gente que acostumbra invadir los bordes con cultivos y ello
debe ser retirado cuando se realizan los mantenimientos, igualmente arrojan basura
y realizan construcciones cerca al drenaje y al canal, viéndose afectados
directamente por las inundaciones; y vii) agregó que las aguas lluvias del predio
Corpoica discurren por el dragado y caen al canal lateral 3 del Canal Tolima.

46. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en el caso sub examine.

46.1. La Sala considera que, teniendo en cuenta el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, y conforme con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…]
[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo
30 de la Ley 472, “[…] [l]a carga de la prueba corresponderá al demandante […]”,
sin perjuicio de la posibilidad para el juez de impartir órdenes para suplir las
deficiencias probatorias y, de ser el caso, obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir sentencia de mérito.

46.2. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado85, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en
las acciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en sentencia proferida por esta
Sección Primera, consideró lo siguiente:

“[…] Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:

“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por
razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el

85
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010, NUR
150012331000200501867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010,
NUR 250002325000200501345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Sección Primera, sentencia de 22 de enero
de 2009, NUR 680012315000200300521-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de
abril de 2010, NUR 680012315000200301472-01(AP), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de
julio de 2008, NUR 250002326000200500240-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.

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juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los
elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando
dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema
materia de debate y con cargo a ella.

En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de
lo establecido en el inciso anterior, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el
juez podrá ordenar su práctica con cargo al fondo para la defensa de los derechos e
intereses colectivos.”

En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos
que expone en la demanda con el fin de que prosperen las pretensiones. Por lo
anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se vulneró el derecho
colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, como lo estima la actora, como quiera que no probó dicha
vulneración […] Es así, que la Sala confirmará la sentencia impugnada […]”86
(Destacado fuera de texto).

46.3. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y
30 de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista en el artículo 167
de la Ley 1564, anteriormente indicada. En este mismo sentido, se pronunció esta
Sala de Decisión en sentencia de 23 de enero de 202087.

47. Del recuento probatorio desglosado se tiene que los apelantes no discuten
en esta instancia, sobre la vulneración de los derechos colectivos invocados en la
demanda; en efecto, consideró el Tribunal en la sentencia proferida en primera
instancia, que la comunidad de la vereda Dindalito centro del Municipio de El Espinal
desde el año 2010 ha sufrido de constantes inundaciones en época de lluvias, como
consecuencia de la imposibilidad del canal lateral 3 izquierdo del Canal Tolima de
drenar las aguas que por allí discurren.

47.1. Se probó que la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras
de los Ríos Coello y Cucuana – USOCOELLO es una persona jurídica de carácter
privado, sin ánimo de lucro, que tiene por objeto “[…] asumir el manejo, operación,
conservación, mantenimiento y mejoramiento del Distrito; propender por la
protección al medio ambiente, en especial el cuidado y conservación de las cuencas
hidrográficas que surte el Distrito, con la autonomía que el derecho positivo tiene
reservado para los propietarios de las cosas con valor jurídico […]”.

86
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de 2010, NUR
410012333000200401275-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
87
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2020 NUR
150012333000201500316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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47.2. Que la Corporación Autónoma Regional ha recomendado a la asociación la
determinación de medidas para identificar las circunstancias que están generando
la agudización de la situación de inundación en el sector aledaño a la adecuación
de tierras.

47.3. En ese entendido, esta Sala delimitará su pronunciamiento a los precisos
argumentos planteados en los recursos de apelación.

En relación con el recurso de apelación presentado por la Corporación
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA

48. En consecuencia, la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA en su recurso de apelación indicó que, su actuación se encuentra
ajustada a las competencias y deberes misionales y que por esa razón no está
probada la vulneración de los derechos colectivos, además que no es de su
competencia la verificación de las condiciones en las que se encuentran construidas
las viviendas que resultan afectadas por las inundaciones, lo cual fue ordenado en
el numeral 4.4 del ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en
primera instancia.

48.1. En relación con sus competencias y el caso concreto, la Ley 99 en el numeral
19 del artículo 31 establece como función “[…] [p]romover y ejecutar obras de
irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y
corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la
defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio
de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del
Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y
a las previsiones técnicas correspondientes […]”.

48.2. Las normas indicadas anteriormente establecen la importancia de la
autoridad ambiental en el tratamiento de las cuencas hidrográficas de su
jurisdicción, la defensa contra las inundaciones y su participación en coordinación
con el Sistema Nacional de Adecuación de Tierras.

48.3. En el caso concreto de los documentos analizados se destaca que para la
asociación no es un hecho aislado que en relación con el canal lateral 3 izquierdo
Tolima se presentan inundaciones en los momentos de lluvias lo cual afecta a los
habitantes de la vereda, además que ha tomado algunas medidas para mitigar esa
situación. En ese sentido USOCOELLO argumenta que el canal no fue construido

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como drenaje de escorrentía para lluvias y que su única función es el drenaje de
aguas de riego.

48.4. En consecuencia el objeto principal del proceso radica en el control de las
inundaciones que se presentan en el sector por las razones expuestas y que la
Corporación Autónoma Regional en el área de su jurisdicción desempeña labores
de gestión del riesgo orientadas a la sostenibilidad ambiental del territorio,
prevención del daño ecológico, y adaptabilidad al cambio climático -artículo 31 de
la Ley 1523 - y que en complemento a la Ley 99, contempla la ejecución de obras
de irrigación, drenaje y defensa contra las inundaciones.

48.5. En efecto como lo establece el artículo 2.2.3.2.7.1. del Decreto 1076 de 26
de mayo de 201588, toda persona privada requiere de una concesión para obtener
el derecho al aprovechamiento de las aguas para “[…] Riego […]”. La solicitud de
concesión de acuerdo con lo indicado en el artículo 2.2.3.2.9.1. de la norma
mencionada, establecen que se deberá dirigir una solicitud a la autoridad ambiental
competente en la que se indique entre otros la cantidad de agua que se desea
utilizar en litros por segundo y la información sobre los sistemas que se adoptarán
para la captación, derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y
drenaje. En el artículo 2.2.3.2.10.2. se establece que para uso de riego también se
debe incluir la obligación del usuario de construir y mantener los sistemas de drenaje
y desagüe adecuados para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los
suelos.

48.6. El anterior recuento normativo evidencia la competencia de la Corporación
Autónoma Regional en relación con el uso de aguas superficiales y los permisos
respectivos.

48.7. En relación con la orden contenida en la segunda parte del numeral 4.4 del
ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia,
en cuanto se ordenó que CORTOLIMA “[…] adicionalmente verificará las
condiciones en las que se encuentran construidas las viviendas que resultan
afectadas por las inundaciones, definiendo si lo fueron de manera irregular, sin
respetar las distancias mínimas con el canal o si se encuentran obstaculizando el
drenaje natural de la zona, así como lo relativo a la invasión del canal con cultivos
de pan coger por los habitantes del sector, y de encontrar probadas tales
situaciones, deberá iniciar y culminar las sanciones administrativas ambientales que
sean del caso contra los responsables [...]”, la Sala considera que esta se enmarca

88 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

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en las funciones de vigilancia y control que corresponde a la autoridad ambiental en
relación con USOCOELLO y los usuarios particulares con el propósito de determinar
la responsabilidad de cada particular en la obstaculización del drenaje natural y el
respeto por las distancias mínimas con el canal, lo cual, según lo probado, podría
ser un factor relevante en la situación de inundación que se produce en el sector.

48.8. Además, se debe tener en cuenta, como lo que indicó el Tribunal, por un lado,
que “[…] si bien el Distrito de riego fue financiado con recursos públicos,
actualmente es de propiedad exclusiva de Usocoello, y que aquella, frente a la
afectación de los derechos colectivos ha propuesto e implementado diferentes
acciones tendientes a remediar las inundaciones, no obstante las mismas han sido
insuficientes; es decir, es consiente que es su responsabilidad el adelantamiento de
las obras y planes de contingencia y demás acciones que resulten necesarias, lo
que permite concluir que no resultaba necesaria la vinculación de las entidades
públicas del orden departamental y municipal para la cofinanciación o ejecución de
las obras de drenaje, recuperación de tierras, defensa contra inundaciones o
regulación de cauces; pero sí de la autoridad ambiental para la verificación del
cumplimiento de todas la normas de carácter ambiental […]”.

48.9. Por el otro, que en este caso quien tiene el manejo del distrito de riego,
conforme con las pruebas, es USOCOELLO, por lo cual deberá adecuar las obras
civiles para evitar las inundaciones en viviendas, carreteras y poblados; sin perjuicio
de la posibilidad que tiene dicha asociación de realizar los cobros específicos a los
usuarios, en el marco del contrato de prestación de servicios y de la responsabilidad
específica probada de cada uno.

48.10. De acuerdo con lo expuesto y alineado con el objeto del caso concreto, para
la Sala, la orden se orienta al ejercicio de un control ambiental teniendo en cuenta
la concesión de los recursos naturales otorgada y en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias adelantar las sanciones administrativas
ambientales a que haya lugar89.

48.11. Por lo anterior, para el caso concreto la Corporación Autónoma Regional del
Tolima es la autoridad ambiental facultada para cumplir la orden establecida en el
numeral 4.4 de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en los
términos anteriormente indicados.

89
Ley 1333 de 21 de julio de 2009, modificada por la Ley 2387 de 25 de julio de 2024 ““[…] POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, LEY 1333 DE 2009, CON EL PROPÓSITO DE
OTORGAR HERRAMIENTAS EFECTIVAS PARA PREVENIR Y SANCIONAR A LOS INFRACTORES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES […]”. Publicada en el Diario oficial núm. 52.828 de 25 de julio de 2024.
https://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/index.xhtml

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En relación con el recurso de apelación presentado por la Agencia Nacional
de Infraestructura - ANI

49. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI alegó como argumento de
apelación que no le compete desarrollar ni adelantar actividades sobre los cuerpos
de agua del área de influencia del proyecto IP-GICA debido a la cláusula de
indemnidad y que la construcción del box culvert cumplió con las especificaciones
técnicas y se realizó conforme los mandatos de la normatividad ambiental.

49.1. Se tiene en el caso concreto que el canal lateral 3 izquierdo del Canal Tolima,
posee una sección hidráulica la cual según USOCOELLO se ve reducida por el
elemento de la vía box culvert que pertenece al tramo 4004 de la Ruta 40 ubicado
en las coordenadas No. 4º11´000´W:74º56´46¨ de la vía Girardot – Ibagué –
Cajamarca, intersección del canal lateral 3 izquierdo la cual es una vía
concesionada del orden nacional, es decir es administrada por la Agencia Nacional
de Infraestructura y quien tiene su mantenimiento y operación es la Concesionaria
San Rafael.

49.2. En relación con la Agencia Nacional de Infraestructura, esta tiene funciones
de supervisión, evaluación y control del cumplimiento de la normativa técnica en los
proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada, de acuerdo
con las condiciones contractuales.

49.3. Se debe aclarar que, en relación con la cláusula de indemnidad pactada en
el contrato, esta solo surte efectos entre las partes del convenio y, por lo tanto, es
inoponible a terceros.

49.4. El carácter público de la actividad no se diluye por el hecho de que la
administración deba acudir a la colaboración de los particulares para su ejecución.
Por consiguiente, la cláusula de indemnidad no puede en principio interpretarse
como causal de eximente de responsabilidad para las autoridades públicas, en tanto
estas son las principales garantes de los derechos.

49.5. En el caso concreto como hasta el momento se debe determinar de los
estudios que se realicen si hay necesidad de intervenir el box culvert mencionado y
teniendo en cuenta las funciones que tiene la ANI, la Sala considera que es
procedente la orden impartida en el numeral 4.5 de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, en cuanto dispuso que en caso que de los estudios
realizados en cumplimiento de ordinales anteriores se desprenda la necesidad de
intervenir el Box Culvert ubicado en las coordenadas No. 4º11´000´W:74º56´46¨ de

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la vía Girardot – Ibagué – Cajamarca, intersección del canal lateral 3 izquierdo,
perteneciente al tramo 4004 de la ruta 40 (vía de primer orden), la Agencia Nacional
de Infraestructura y la Concesionaria San Rafael S.A., o quien haga sus veces,
estarán llamadas a tramitar con prioridad los permisos y/o autorizaciones que sean
del caso para la ejecución de las obras necesarias.

49.6. En ese orden, la Sala confirmará la orden impartida, en relación con la
Agencia Nacional de Infraestructura.

En relación con el recurso de apelación presentado por la Asociación de
usuarios del distrito de riego y adecuación de tierras de los ríos Coello y
Cucuana – USOCOELLO

50. La Asociación de usuarios del distrito de riego y adecuación de tierras de los
ríos Coello y Cucuana – USOCOELLO, esbozó como argumentos de apelación que
se declare la prosperidad de las excepciones propuestas y se modifique la
declaratoria en la falla en el servicio de riego por la omisión del ICA y AGROSAVIA
en la construcción de las obras necesarias para la recolección de las aguas lluvias,
junto con otros propietarios que tampoco tienen obras para evacuación.

50.1. En primer lugar, es pertinente señalar que el Decreto 1678 de 17 de
diciembre de 202090 definió la adecuación de tierras como: “[…] la construcción,
rehabilitación, complementación, modernización y conservación o mantenimiento
de infraestructura destinada a dotar un área determinada con riego, drenaje y/o
protección contra inundaciones, así como las actividades complementarias con el
propósito de aumentar la productividad agropecuaria en dicha área […]”.

50.2. Se reconoció personería jurídica a la Asociación de usuarios del distrito de
adecuación de tierras de los ríos Coello y Cucuana – USOCOELLO mediante
Resolución núm. 199 de 21 de junio de 1976 y se determinó como objeto el manejo,
operación, conservación, mantenimiento y mejoramiento del distrito; la protección al
medio ambiente, en especial el cuidado y conservación de las cuencas hidrográficas
que surte el Distrito, con la autonomía que el derecho positivo tiene reservado para
los propietarios de las cosas con valor jurídico; con las limitaciones propias de los
actos que sean contra derecho y contra la moral pública.

50.3. En relación con los usuarios del distrito de adecuación de tierras, estos deben
someterse a las normas legales o reglamentarias que regulan la utilización de los

90 Por el cual se adiciona la Parte 19 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, para reglamentar el ejercicio de las funciones de inspección,
vigilancia y control del servicio público de adecuación de tierras, y se dictan otras disposiciones.

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servicios, el manejo y conservación de las obras y la protección y defensa de los
recursos naturales.

50.4. En consecuencia, no se deriva de la literalidad de la norma y de su
reconocimiento, que únicamente USOCOELLO atienda el servicio de riego
concebido como tal, porque la actividad de riego implica también el drenaje de las
aguas sobrantes y respecto de las cuales la asociación debe realizar su monitoreo.
La norma menciona que se deben realizar las obras o actividades complementarias
parar la aumentar la productividad agropecuaria.

50.5. Es de resaltar que de lo probado en el proceso se evidenció que desde el
año 2010 USOCOELLO planteó dos alternativas de solución a la problemática de
inundaciones; para el año 2017 se realizaron labores de rocería y dragado del canal
lateral 3 izquierdo Tolima; y se retiró un pico de pato; sin embargo, es reiterativo en
indicar que el canal no funciona como drenaje de escorrentía para lluvias; además
de mencionar que en el sector existe la entrega de aguas por el drenaje de los lotes
de CORPOICA y otros usuarios el cual no soporta la entrega y termina aportando
agua al canal lateral 3 lo que genera el desbordamiento.

50.6. Por lo anterior, es claro que existen varios factores que contribuyen a que en
épocas de lluvias se produzcan las inundaciones en el sector, lo que implica que se
deben realizar estudios para estimar el caudal de las aguas y la capacidad del canal
para determinar una solución integral a la problemática y establecer un plan de
contingencia para las temporadas de precipitaciones máximas.

50.7. También como la naturaleza de USOCOELLO es ser una asociación, implica
obligaciones por parte del operador y de los usuarios, porque se reitera, algunos
predios no cuentan con un adecuado sistema de drenaje de aguas lluvias; por lo
tanto, teniendo en cuenta la mencionada sujeción, es procedente la exigencia por
parte de la asociación para coordinar y establecer obligaciones para la superación
de la situación de inundación que se presenta en el sector.

50.8. En consecuencia, no es procedente la solicitud de la asociación tendiente a
ordenar a AGROSAVIA la obligación de presentar ante la autoridad ambiental la
modelación hidrológica e hidráulica para la estimación de los causales de aguas -
numeral 4.3-, por cuanto es deber el operador del distrito coordinar y organizar a
sus usuarios para determinar las estrategias y obras adecuadas para garantizar el
servicio y mitigar las consecuencias en materia ambiental y de prevención de
riesgos que se puedan estar presentado.

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50.9. En esa línea, el artículo 2.14.1.3.2. del capítulo 3 del Decreto 107191 de 26
de mayo de 2015 indica que los usuarios están obligados a cumplir el reglamento
de su distrito de adecuación de tierras, las disposiciones de la Ley 41 de 1993 y lo
dispuesto en el titulo 1 del decreto.

50.10. Además, en el parágrafo 1 del mismo artículo se indica que en el reglamento
de administración de los distritos de adecuación de tierras se regula todo lo
relacionado con asignación de aguas, su uso parcial o total, tarifas básicas y de
aprovechamiento y sanciones por contravención a los reglamentos, también en el
parágrafo 2 se establece que las asociaciones se apoyarán en las autoridades de
policía para hacer cumplir las sanciones que haya impuesto en los casos de
infracciones o incumplimientos

50.11. Esta Sección en cuanto a la corresponsabilidad de la comunidad en la
causación del riesgo, ha determinado que cuando se demuestre que los riesgos a
la seguridad y a la prevención de desastres han sido causados por acciones
atribuibles a los ciudadanos, resulta procedente que el juez popular ordene que los
sujetos corresponsables concurran con las entidades gubernamentales para
adoptar las medidas que resulten necesarias para hacer cesar la amenaza o
vulneración de los derechos colectivos, en aras de hacer efectivos los deberes de
precaución, solidaridad y autoprotección que tanto en lo personal como en sus
bienes les impone el artículo 2 de la Ley 1523, concretamente, en materia de
prevención del riesgo92. Por esa razón se instará a la comunidad aledaña al sector
del distrito de adecuación de tierras objeto del caso concreto para que evite
obstaculizar los canales con cultivos y así evitar que no haya un efectivo
desplazamiento de las corrientes de agua para riego o drenaje.

51. El Tribunal en la sentencia proferida en primera instancia indicó que “[…] al
resultar prosperas las pretensiones demandatorias, es claro que la entidad
demandada y principal responsable Usocoello ha sido vencida en el proceso, y por
ende corresponderá a la Sala hacer la correspondiente condena en costas a favor de
la demandante, para lo cual se fija por concepto de agencias en derecho la suma
equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”.

51.1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 38 de la Ley 472, 365 y 366
de la Ley 156493, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta

91
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural”.
92 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de marzo de

2018; NUR 19001333100520110029401, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
93 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, de 12 de

julio de 2012 […]”.

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Corporación profirió sentencia de 6 de agosto de 201994, en la que unificó lo
relacionado con el reconocimiento, la condena y la liquidación de costas en el
trámite del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos,
de la siguiente manera:

“[…] [U]nificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar el
alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su armonización
con las disposiciones que regulan el reconocimiento, la condena y la liquidación de
las costas, así:

2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que
la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de las
agencias en derecho.

2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho, cuando
haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también habrá lugar a
condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38 ibidem.

2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor
popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual
también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de
1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En
este evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los honorarios y
de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código General del Proceso, es
claro que las agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los que se
refiere la norma, pues ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.

2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con el
artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la condena
en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en
derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al
proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.

2.5 En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias
en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena
se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del
Proceso, de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren
causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme con lo
previsto en el artículo 366 del Código general del Proceso.

Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o
este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada por el actor popular, con independencia de si actuó
directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas […]”. (Resaltado fuera del texto).

51.2. De acuerdo con lo anterior, se entiende que las costas procesales son una
“erogación económica que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso

94 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, C.P.

Rocío Araújo Oñate, sentencia de 6 de agosto de 2019, núm. único de radicación 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.

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judicial” y se componen de dos elementos: i) las expensas y/o gastos procesales; y
ii) las agencias en derecho.

51.3. Las expensas corresponden a aquellos gastos en que se incurre para tramitar
el proceso, como, por ejemplo: el valor de copias, publicaciones, impuestos de
timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la justicia, gastos de
desplazamiento por diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de
testigos, entre otros.

51.4. Las agencias en derecho son entendidas como la suma de dinero que se
reconoce por los costos asumidos con ocasión de la representación de un abogado,
o en caso de actuar en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la causa.

51.5. La sentencia de unificación previamente citada, definió que, como regla
general, en lo que atañe al demandado, trátese de una autoridad pública o de un
particular, hay lugar a condenarlo en costas cuando resulte vencido en el litigio. No
obstante, precisó que la aplicación de esta regla, está acompañada de los siguientes
supuestos:

51.6. Las expensas y/o gastos procesales se reconocen a favor del actor popular
que resulta victorioso cuando estas estén causadas en el proceso y se liquidan en
la medida de su comprobación. Al respecto, la Sala Plena de la Corporación,
destacó que “[…] [e]llo quiere decir que sólo será posible tasar la suma de las
expensas conforme a lo que se acredite y verifique conforme con el expediente,
teniendo en cuenta que sólo es posible reconocer aquellas expensas necesarias
para el desarrollo del proceso […]”.

51.7. En términos similares, definió que las agencias en derecho se reconocen en
favor del actor popular que resulte victorioso cuando estén causadas en el proceso
y se liquidan en la medida de su comprobación. Para argumentar la regla, la Sala
Plena señaló “[…] aun cuando se verifique en forma objetiva su victoria procesal, la
tasación de la suma a reconocer por la actividad procesal del actor popular, requiere
la valoración del juez respecto de la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada, o de otras circunstancias especiales, a partir de la cual, debe fijar la suma
que por razón de agencias en derecho se estimó razonable y acorde […]”.

51.8. Adicionalmente, en la sentencia de unificación se indicó que, para la tasación
de las agencias en derecho se aplicarán las tarifas establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura. Que, en caso de precisar un mínimo y un máximo, el juez

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debe tener en cuenta al momento de fijar el monto a reconocer “[…] la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, [entre] otras circunstancias especiales […]”.

51.9. Sobre el particular, el Acuerdo núm. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
“por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” del Consejo Superior
de la Judicatura, vigente a partir de su publicación y aplicable a los procesos
iniciados a partir de dicha fecha, establece en su artículo 2.° los criterios para la
fijación de las agencias en derecho, para lo cual, prevé que el juez determinará la
tarifa a reconocer, entre el rango mínimo y máximo, de conformidad con la
valoración de “[…] la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por
el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad […]”.

51.10. Asimismo, en el artículo 3.° se establece que cuando la demanda no
contenga pretensiones de índole pecuniario, o cuando se trate de la segunda
instancia, de recursos, de incidentes o asuntos similares, las tarifas se establecen
en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Según lo dispuesto por el
parágrafo 1.° de esta norma, son pretensiones de dicha índole aquellas en las que
se pide la simple declaración o ejecución de obligaciones de hacer o no hacer, entre
otras.

51.11. El artículo 5.° del mismo Acuerdo, fija las tarifas de las agencias en derecho
de conformidad con la instancia, en tal sentido, prevé que en los procesos sin
cuantía o sin pretensiones pecuniarias de primera instancia el reconocimiento de
las agencias en derecho oscila entre 1 y 10 salarios mínimos mensuales legales
vigentes. Y, en los de segunda instancia de idénticas características, entre 1 y 6
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

51.12. De acuerdo con lo anterior, la Sala resolverá la solicitud de USOCOELLO en
relación con la condena en agencias en derecho a favor del actor popular. Se
anticipa que el literal sexto de la sentencia proferida en primera instancia será
modificado por las siguientes razones.

51.13. La Sala observa que, en relación con la tasación de las agencias en derecho,
se establece un límite máximo de salarios mínimos legales mensuales vigentes, y
su fijación debe sujetarse a los criterios establecidos en el Acuerdo núm. PSAA16-
10554 de 5 de agosto de 2016, “por el cual se establecen las tarifas de agencias en
derecho” del Consejo Superior de la Judicatura, el cual indica que la valoración se
realizará por calidad de la gestión realizada.

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51.14. En este caso, la Sala evidencia que el Tribunal no presentó una
consideración que sustentara el otorgamiento de la tarifa fijada en materia de
agencias en derecho. ni esta Sala encuentra configurada alguna situación que
permita su otorgamiento en el monto determinado en la sentencia proferida, en
primera instancia: Por ello, si bien, esta Sala accederá a las agencias en derecho,
atendiendo a que la parte actora no presentó una pretensión en torno a su
reconocimiento, teniendo en consideración la duración de la gestión y la
participación de la parte actora en el trámite, se modificará la tasación de las mismas
fijándola en suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a favor
del actor popular.

52. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales 1.° y 8.º del
artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia, en atención a que no está probada su causación.

53. Por último, en relación con el planteamiento del recurso de apelación en el
que solicita la revocatoria del literal séptimo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida en primera instancia en el que se ordena la publicación de la sentencia en
un diario de amplia circulación nacional, se indica que el apelante no cumplió con la
carga argumentativa y por lo tanto no es procedente su análisis.

Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto

54. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal quinto, lo siguiente:

“[…] Quinto. DISPÓNGASE la integración de un comité de verificación, el cual
estará conformado por el Magistrado Ponente de esta decisión, el Presidente de la
Junta de Acción Comunal de la Vereda Dindalito, el agente del Ministerio Público
delegado ante esta Corporación, el Gerente de la Asociación de Usuarios del Distrito
de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana, el Director de la
Corporación Autónoma Regional de Tolima – Cortolima o su delegado, el
representante de la Agencia Nacional de Infraestructura, el representante de la
Concesionaria San Rafael S.A, el representante de la APP Gica S.A, y el
representante legal de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
[…]”.

55. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 18 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en lo
relacionado con la conformación del Comité de Verificación de Cumplimiento, en el
sentido de precisar, por un lado, que será presidido por el magistrado ponente del
respectivo Tribunal y, por el otro, que en el evento de que durante la ejecución de
la sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional

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a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo del Tolima, en el marco del
Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Conclusiones

56. La Sala considera que, en este caso concreto, se encuentra probada la
amenaza de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano,
seguridad y salubridad pública, y seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente por cuanto en el servicio de riego y drenaje administrado por la
Asociación de usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los ríos Coello y
Cucuana – Usocoello no se han tomado medidas para estimar el caudal de las
aguas máximas que provienen de las precipitaciones como de las aguas captadas
y proceder a la determinación de las obras adecuadas para mitigar las inundaciones
que se presentan en los predios colindantes al canal lateral 3 y el plan de
contingencia para las época de mayor precipitación. Lo anterior teniendo en cuenta
las obligaciones de los usuarios de la asociación y las consecuencias que ha traído
esa situación para la comunidad.

57. En consecuencia, se modificarán los ordinales quinto y sexto de la parte
resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia, y se confirmará, en lo
demás, la sentencia de 18 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de
18 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

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“[…] Quinto. DISPÓNGASE la integración de un comité de verificación, el
cual estará conformado por el Magistrado Ponente de esta decisión, quien lo
presidirá; el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Dindalito;
el agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación; el Gerente
de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos
Coello y Cucuana; el Director de la Corporación Autónoma Regional de
Tolima – Cortolima o su delegado; el representante de la Agencia Nacional
de Infraestructura; el representante de la Concesionaria San Rafael S.A; el
representante de la APP Gica S.A; y el representante legal de la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Tolima, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia
[…]”.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia de
18 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“[…] Sexto. Condenar en costas a la Asociación de Usuarios del Distrito de
Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana – Usocoello, y a favor de
la demandante, para lo cual se fija como agencias en derecho la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, y se ordena que por
Secretaría se realice la respectiva liquidación de los gastos procesales en los
términos del artículo 366 del C.G.P, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia […]”.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 18 de abril de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

QUINTO: INSTAR a la comunidad aledaña al sector del distrito de adecuación de
tierras objeto del caso concreto para que evite obstaculizar los canales con cultivos
y así impedir que no haya un efectivo desplazamiento de las corrientes de agua
para riego o drenaje, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEXTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

OCTAVO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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