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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00443-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2021-00443-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el Nueve (09) de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto negó las pretensiones de la demanda promovida por la señora Paula Andrea Valencia Gallego contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el Departamento del Tolima – Secretaría de Educación y Cultura, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia mediante el cual se condenó en costas a la parte demandante y, en su lugar, disponer que no hay lugar a condena en costas en esa instancia. 33 Número Interno: 4003-2024 Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro TERCERO: Sin condena en costas en esta segunda instancia. CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2021-00443-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Nueve (09) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 73001-23-33-000-2021-00443-01 (4003-2024)1
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag) y otro2
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sustitución pensional
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del Nueve (09) de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024),
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima3, que negó las pretensiones
de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda4.

1.1 Pretensiones.

1. La señora Paula Andrea Valencia Gallego, por conducto de apoderado
judicial, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de Educación
y Cultura del Departamento Tolima, con el propósito de obtener la nulidad de
la Resolución No. 3652 del Seis (06) de septiembre de Dos Mil Veintiuno

1
Expediente digital
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=730012333000202100443011100103
2
Departamento del Tolima.
3
Sala conformada por las Magistrados Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, José Andrés Rojas Villa y José Aleth Ruíz
Castro.
4
Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00007 – 73001 2333 000 2021 00443 00 –
005_ExpedienteProvenienteJuzgado – 01CuadernoPrincipal – 003DemandaAnexo.

2

Número Interno: 4003-2024
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro

(2021), «Por medio de la cual se niega temporalmente el reconocimiento y pago de una
sustitución de pensión», así como, del acto administrativo ficto o presunto derivado

del silencio administrativo negativo, frente a los recursos de reposición y
apelación interpuestos el Veinte (20) de septiembre de Dos Mil Veintiuno
(2021), relacionados con la solicitud de reconocimiento y pago de la sustitución
pensional y/o pensión de sobrevivientes (sic)5, en calidad de compañera
permanente del señor Humberto Rodríguez Montoya.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reconozca y ordene
el pago de la sustitución pensional y/o pensión de sobrevivientes (sic) a su
favor, en calidad de compañera permanente del señor Humberto Rodríguez
Montoya, desde el Doce (12) de abril de Dos Mil Veinte (2020), fecha en la que
considera se causó el derecho.

3. En consecuencia, pidió el reconocimiento y pago del retroactivo pensional
causado desde la fecha de exigibilidad del derecho, hasta cuando se haga
efectivo su pago, así como, los reajustes e indexación correspondientes, con
fundamento en la variación del índice de precios al consumidor (IPC).

1.2 Hechos

4. Manifestó que, el Primero (1º) de agosto de Dos Mil Diecisiete (2017),
formalizó la declaración de unión marital de hecho con el señor Humberto
Rodríguez Montoya, ante la Notaría Única del Círculo de Mariquita (Tolima),
acto que fue inscrito en los respectivos registros civiles de nacimiento.

5. Indicó que, el Cinco (05) de noviembre de Dos Mil Veinte (2020), presentó
ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima, solicitud de
reconocimiento y pago de la sustitución pensional y/o pensión de
sobrevivientes, en calidad de compañera permanente del causante.

5
Expresión utilizada por la parte demandante en el escrito de demanda, sin que ello implique un pronunciamiento
sobre la naturaleza jurídica de la prestación reclamada.

3

Número Interno: 4003-2024
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro

6. Señaló que, mediante la Resolución No. 3652 del Seis (06) de septiembre
de Dos Mil Veintiuno (2021), la entidad negó el reconocimiento de la prestación
reclamada.

7. Afirmó que, contra dicha decisión interpuso los recursos de reposición y
apelación el Veinte (20) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), los cuales
no fueron resueltos, configurándose el silencio administrativo negativo.

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

8. La parte demandante invocó como normas vulneradas los artículos 13 y 53
de la Constitución Política; el artículo 1º de la Ley 33 de 1985; el artículo 1º de
la Ley 62 de 1985; el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley
797 de 2003; así como jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y el
principio de favorabilidad.

9. Como concepto de violación, sostuvo que, las entidades demandadas
desconocieron las disposiciones que regulan el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes al negar dicha prestación, pese a que acreditó su condición
de compañera permanente del causante mediante la declaración de unión
marital de hecho, la convivencia por más de siete (7) años y su inscripción
como beneficiaria en los servicios de salud del magisterio.

10. Señaló que, cumple los requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley 100
de 1993, para acceder a la prestación reclamada, por cuanto convivió con el
causante durante más de cinco (5) años antes de su fallecimiento y dependía
económicamente de este, circunstancias que, a su juicio, fueron
indebidamente desconocidas por la administración.

11. Finalmente, manifestó que, la negativa de las entidades demandadas,
vulneró los principios de igualdad, favorabilidad y confianza legítima, por lo que
consideró procedente el reconocimiento y pago de la sustitución pensional y/o
pensión de sobrevivientes (sic) a su favor, en calidad de compañera
permanente del señor Humberto Rodríguez Montoya.

4

Número Interno: 4003-2024
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro

2. Contestación de la demanda.

2.1. Departamento del Tolima6.

12. El Departamento del Tolima, por conducto de apoderada judicial, manifestó
que corresponde al juez determinar, con fundamento en el material probatorio,
si la demandante reúne los requisitos para acceder al reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes.

13. Indicó que, el reconocimiento de la prestación debía analizarse conforme
a las normas que regulan la pensión de sobrevivientes, en particular la Ley 100
de 1993 y sus modificaciones, así como, la evolución normativa y
jurisprudencial sobre la materia, especialmente, en lo relativo a la acreditación
de la convivencia y la calidad de beneficiario.

14. Sostuvo que, el derecho a la pensión de sobrevivientes exige el
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de
1993, entre ellos, la convivencia durante los cinco (5) años anteriores al
fallecimiento del causante, de conformidad con la jurisprudencia unificada del
Consejo de Estado.

15. Finalmente, afirmó que, en el caso concreto, no se acreditaban los
presupuestos de convivencia y dependencia económica que fundamentan el
reconocimiento de la prestación reclamada, razón por la cual, solicitó declarar
las excepciones que resultaran probadas durante el trámite del proceso.

2.1. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio7.

16. La entidad demandada no contestó la demanda.

6
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00022.
7
. Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00023 – constancia secretarial del Doce (12) de
julio de Dos Mil Veintidós (2022).

5

Número Interno: 4003-2024
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro

3. La sentencia de primera instancia8.

17. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia proferida el
Nueve (09) de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024), resolvió negar las
pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante, al
considerar que no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados.

18. El Tribunal consideró que, si bien se acreditó la existencia de la declaración
de unión marital de hecho entre la demandante y el causante, no se demostró,
con el material probatorio obrante en el expediente, la convivencia efectiva,
permanente y con vocación de estabilidad en el tiempo, durante el período
exigido por la ley para acceder a la sustitución pensional.

19. Indicó que, las pruebas testimoniales y demás medios de convicción
allegados, no resultaban suficientes para acreditar una comunidad de vida
caracterizada por el apoyo mutuo, la convivencia permanente y la dependencia
económica de la demandante respecto del causante, requisitos indispensables
para el reconocimiento de la prestación reclamada.

20. Precisó que, la escritura pública mediante la cual, se declaró la unión
marital de hecho, constituía un elemento de prueba relevante, pero insuficiente
por sí solo para demostrar la convivencia «durante el año anterior» al
fallecimiento del docente, pues, esta debía acreditarse mediante un conjunto
de elementos probatorios que generaran certeza sobre la existencia de una
comunidad de vida permanente y singular.

21. Finalmente, concluyó que, la demandante no acreditó los presupuestos
legales para acceder a la sustitución pensional, razón por la cual, mantuvo
incólume la presunción de legalidad de las Resoluciones Nos. 3652 del Seis
(06) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021) y 5213 del Dos (02) de
diciembre de Dos Mil Veintiuno (2021), y la condenó en costas.

8
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00049.

6

Número Interno: 4003-2024
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro

4. El recurso de apelación9.

22. La parte demandante, por conducto de apoderado judicial, interpuso
recurso de apelación contra la sentencia del Nueve (09) de mayo de Dos Mil
Veinticuatro (2024), al considerar que el Tribunal Administrativo del Tolima
incurrió en errores de valoración probatoria y desconoció la jurisprudencia
vigente sobre el reconocimiento de la sustitución pensional a favor del
compañero(a) permanente.

23. Sostuvo que, el A quo omitió valorar integralmente las pruebas que
acreditaban la convivencia efectiva entre la demandante y el causante, por
más de siete (7) años, particularmente, la afiliación de aquella como
beneficiaria al sistema de salud del magisterio, la inscripción de la unión marital
de hecho en los registros civiles y las pruebas testimoniales, que daban cuenta
del apoyo mutuo, la comunidad de vida y la vocación de permanencia de la
relación.

24. Indicó que, las ausencias temporales de la demandante obedecieron
exclusivamente al desarrollo de su actividad como futbolista profesional,
circunstancia que, no desvirtuaba la convivencia ni el proyecto de vida en
común, por lo que el Tribunal realizó una apreciación equivocada del material
probatorio.

25. Señaló que, la decisión impugnada desconoció el precedente
constitucional contenido en las sentencias SU-444 de 2023 y SU-169 de 2024,
conforme al cual, la compañera permanente tiene derecho a la pensión de
sobrevivientes, en igualdad de condiciones que el cónyuge, y el requisito de
convivencia puede acreditarse mediante una valoración material e integral de
las pruebas, incluso cuando existan interrupciones justificadas en la
cohabitación.

26. Finalmente, afirmó que, la demandante cumplía los requisitos previstos en
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para acceder a la sustitución pensional,

9
Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 00053.

7

Número Interno: 4003-2024
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro

razón por la cual, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, acceder a la totalidad de las pretensiones de la demanda.

5. Trámite de segunda instancia

27. Mediante auto del Veinticinco (25) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026),
el consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia de primera instancia; negó el decreto de
las pruebas documentales solicitadas por aquella en segunda instancia, al no
reunirse los requisitos previstos en el artículo 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; decretó de oficio las
certificaciones laborales aportadas con la alzada10 dispuso correr traslado de
estas a las partes y al Ministerio Público; y autorizó la presentación de alegatos
de conclusión por escrito dentro del término de diez (10) días, vencido el cual
el expediente ingresaría al despacho para fallo.

6. Concepto del Ministerio Público.

28. El representante del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

7. Alegatos en segunda instancia.

7.1. De la parte demandante.

29. La parte demandante, por conducto de apoderado judicial, reiteró los
argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación, al sostener
que, el material probatorio acreditaba la convivencia efectiva, permanente y el
apoyo mutuo entre la señora Paula Andrea Valencia Gallego y el señor
Humberto Rodríguez Montoya, por más de siete años, así como la
dependencia económica de aquella respecto del causante.

10
Las certificaciones laborales decretadas de oficio corresponden a: (i) una certificación expedida por el Club América
de Cali S.A., en la que consta que la señora Paula Andrea Valencia Gallego laboró como futbolista mediante contrato
de trabajo a término fijo entre el 16 de septiembre y el 15 de diciembre de 2020; y (ii) dos certificaciones relacionadas
con su vinculación mediante contratos de prestación de servicios con entidades deportivas, una expedida por el
Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), referente al Contrato No. 243 de 2019, y otra
por el Instituto Departamental de Deportes del Tolima (Indeportes Tolima), relativa al Contrato No. 563 de 2021.

8

Número Interno: 4003-2024
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro

30. Señaló que, el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria, al
no otorgar mérito a la declaración de unión marital de hecho, a las constancias
de afiliación de la demandante como beneficiaria del sistema de salud del
magisterio, a las certificaciones laborales allegadas y a las declaraciones de
terceros, las cuales, a su juicio, demostraban la existencia de una comunidad
de vida permanente y singular.

31. Asimismo, manifestó que la sentencia de primera instancia desconoció el
precedente constitucional fijado en las sentencias SU-444 de 2023, SU-169 de
2024 y SU-056 de 2025 de la Corte Constitucional, relativo al reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes a favor del compañero permanente y a la
acreditación del requisito de convivencia, razón por la cual, solicitó revocar la
providencia apelada y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

32. El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia
de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del
CPACA11.

2.2 Problema jurídico

33. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

33.1 ¿Debe revocarse la sentencia del Nueve (09) de mayo de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
al considerar que, la señora Paula Andrea Valencia Gallego acreditó los
requisitos previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para
acceder al reconocimiento de la sustitución pensional, en calidad de

11
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de
2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

9

Número Interno: 4003-2024
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro

compañera permanente del señor Humberto Rodríguez Montoya, o, por
el contrario, debe confirmarse la decisión apelada por no encontrarse
demostrada la convivencia efectiva, permanente y con vocación de
estabilidad exigida por el ordenamiento jurídico?

33.2. Asimismo, ocupará la atención del presente problema jurídico, ¿si
incurrió el Tribunal Administrativo del Tolima, en una indebida
valoración del material probatorio, al restar mérito a la declaración de
unión marital de hecho, a las constancias de afiliación de la demandante
como beneficiaria del sistema de salud del magisterio, a las
certificaciones laborales y a los testimonios, o dichas pruebas
resultaban insuficientes para acreditar la comunidad de vida
permanente y singular entre la demandante y el causante?

33.3. Finalmente, ¿la sentencia apelada desconoció el precedente
constitucional relativo al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
a favor del compañero permanente y a la acreditación del requisito de
convivencia, contenido, entre otras, en las sentencias SU-444 de 2023,
SU-169 de 2024 y SU-056 de 2025 de la Corte Constitucional?

33.4.¿Resulta procedente mantener la condena en costas impuesta por
el Tribunal Administrativo del Tolima en primera instancia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las
reglas jurisprudenciales que gobiernan la materia?

34. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos
probados; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre la sustitución pensional.

10

Número Interno: 4003-2024
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro

35. Como bien lo ha dicho esta subsección12, la muerte constituye una
contingencia del sistema de seguridad social, pues al desaparecer en forma
definitiva la persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre
el riesgo que sus integrantes queden desamparados y en peligro para poder
subsistir.

36. Por ello, se concibió la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes,
con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de vida
de los beneficiarios de esta prestación, la primera de ellas, concedida con
ocasión del fallecimiento de un pensionado o de una persona que ya había
adquirido legalmente el estatus, pero que no se le había reconocido
formalmente, y la segunda otorgada en virtud de un afiliado no pensionado,
cuyo deceso se presenta antes de cumplir las condiciones para acceder a la
pensión.

37. Ahora bien, aunque la normativa referente a la pensión gracia no regula lo
relacionado con la sustitución, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 de 2022 de 11 de agosto de 202213,
al analizar los requisitos que debe colmar el compañero o compañera
permanente o cónyuge supérstite que pretende que se sustituya en él o ella la
pensión gracia de su pareja, fijó la siguiente regla:

«La norma aplicable sobre el requisito de convivencia para el cónyuge
supérstite o el compañero permanente en materia de sustitución de pensión
gracia es la vigente para la fecha del deceso del causante, en armonía con lo
dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, que remite a las leyes del Sistema
General de Pensiones, sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas
anteriores. En el caso de estar vigente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al cónyuge o al
compañero acreditar no menos de 5 años de convivencia con el docente o el
pensionado».

38. Así las cosas, en cuanto a la ley aplicable para la sustitución pensional,
esta Subsección en diferentes oportunidades ha considerado que las
disposiciones aplicables son aquellas vigentes al momento del fallecimiento
del causante.

12
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de
octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
13
Expediente 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017), actora: Roby Rosy Ramos Reyes, accionada: UGPP.
Magistrado ponente César Palomino Cortes.

11

Número Interno: 4003-2024
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro

39. Como en el presente caso, el señor Humberto Rodríguez Montoya, falleció
el Doce (12) de abril de Dos Mil Veinte (2020), le resultan aplicables las
disposiciones consagradas en el régimen general de pensiones, esto es, la
Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003.

40. Pues bien, el artículo 46 Ibidem «[p]or la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones», estableció los «requisitos para obtener la pensión

de sobrevivientes», disposición normativa modificada por el artículo 12 de la Ley

797 de 2003 «[p]or la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales».

41. Por su parte, el artículo 47 de la legislación general, modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, consagró el orden de los «beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes», así:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento
del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con
anterioridad a su muerte.

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con
este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá
una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar
al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si
tiene hijos con el causante aplicará el literal a).”

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir
parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo,
dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente
será la esposa o el esposo14. Si no existe convivencia simultánea y se
mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la

14
La Corte Constitucional, por sentencia C-1035 de 2008 declaró exequible este apartado, en el entendido que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha
pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

12

Número Interno: 4003-2024
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro

compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de
lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos
cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente
[…]»

42. De acuerdo con la norma transcrita, respecto a la cónyuge y a la
compañera permanente, es necesario tener en cuenta que, si a la fecha del
fallecimiento del causante, la cónyuge o compañera permanente tiene más de
30 años de edad, la pensión se reconoce de manera vitalicia; si es menor de
dicha edad, sin hijos con aquel, la pensión será temporal, por 20 años.
Además, el cónyuge o compañero o compañera permanente debe acreditar
que hizo vida marital con el pensionado hasta su muerte, así como, la
convivencia con este no menos de cinco años continuos anteriores a su
deceso.

43. Ahora bien, el inciso final del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
dispuso que «[e]n caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo» . Este

aparte fue analizado por la Corte Constitucional, quien mediante sentencia C-
1035 de 2008 lo declaró condicionalmente exequible, «en el entendido de que
además de la esposa o el esposo serán también beneficiarios, la compañera o compañero
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido».

44. Entonces, en caso de convivencia simultanea entre cónyuge y compañera
permanente la pensión se otorgará a ambas, en proporción al tiempo de
aquella. En punto a la resolución del problema jurídico planteado, la Sala,
realizará el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la
solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

2.4 Hechos probados y valoración del material probatorio.

45. Con fundamento en el material probatorio que reposa en el expediente,
valorado en su integridad y conforme a las reglas de la sana crítica, la Sala
tiene por acreditados los siguientes hechos relevantes para resolver el caso
concreto:

13

Número Interno: 4003-2024
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro

46. Obra registro civil de nacimiento del señor Humberto Rodríguez Montoya,
del cual se desprende que nació el Primero (1º) de diciembre de Mil
Novecientos Cincuenta y Cuatro (1954)15.

47. Mediante la Resolución No. 0590 del Dos (02) de junio de Dos Mil Diez
(2010)16, expedida por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento
del Tolima, en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, le fue reconocida pensión de jubilación al señor Humberto
Rodríguez Montoya, con efectos fiscales a partir del Dos (02) de diciembre de
Dos Mil Nueve (2009).

48. Se encuentra acreditado que la señora Paula Andrea Valencia Gallego
nació el Treinta y Uno (31) de mayo de Mil Novecientos Noventa y Cuatro
(1994)17, en el municipio de Villahermosa (Tolima).

49. Mediante escritura pública No. 1142 del Primero (1º) de agosto de Dos Mil
Diecisiete (2017)18, otorgada ante la Notaría Única del Círculo de Mariquita
(Tolima), el señor Humberto Rodríguez Montoya y la señora Paula Andrea
Valencia Gallego, declararon la existencia de una unión marital de hecho,
manifestando que, convivían bajo un mismo techo desde hacía cinco (5) años
de manera ininterrumpida. Dicha circunstancia fue incorporada como
anotación en los respectivos registros civiles de nacimiento de ambos
declarantes.

50. Obra registro civil de defunción del señor Humberto Rodríguez Montoya,
del cual se desprende que falleció en la ciudad de Ibagué (Tolima) el Doce (12)
de abril de Dos Mil Veinte (2020)19.

15
Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00007 – 73001 2333 000 2021 00443 00 –
005_ExpedienteProvenienteJuzgado – 01CuadernoPrincipal – 004PoderAnexos- folio 6.
16
Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00007 – 73001 2333 000 2021 00443 00 –
005_ExpedienteProvenienteJuzgado – 01CuadernoPrincipal – 004PoderAnexos- folio 10 a 12.
17
Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00007 – 73001 2333 000 2021 00443 00 –
005_ExpedienteProvenienteJuzgado – 01CuadernoPrincipal – 004PoderAnexos- folio 2 y 3.
18
Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00007 – 73001 2333 000 2021 00443 00 –
005_ExpedienteProvenienteJuzgado – 01CuadernoPrincipal – 004PoderAnexos- folio 13 a 14.
19
Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00007 – 73001 2333 000 2021 00443 00 –
005_ExpedienteProvenienteJuzgado – 01CuadernoPrincipal – 004PoderAnexos- folio 8.

14

Número Interno: 4003-2024
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro

51. Mediante certificaciones expedidas por la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales (UGPP) y Colpensiones20, se hizo constar que la señora Paula
Andrea Valencia Gallego no registra reconocimiento de pensión a su favor en
dichas entidades.

52. Consta en el expediente que, mediante la Resolución No. 3652 del Seis
(06) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021)21, la Secretaría de Educación
y Cultura del Departamento del Tolima, negó el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional, solicitada por la demandante, al considerar que, los
documentos allegados no permitían establecer que hubiese existido
convivencia efectiva con el causante durante los cinco (5) años anteriores a su
fallecimiento, ni la dependencia económica exigida para acceder a la
prestación. Posteriormente, mediante la Resolución No. 5213 del Dos (02) de
diciembre de Dos Mil Veintiuno (2021)22, la citada entidad confirmó en todas
sus partes la decisión inicial.

53. Igualmente, reposan las declaraciones extraproceso rendidas por Clara
Edy Tello Vásquez, el Ocho (08) de julio de Dos Mil Veintiuno (2021) 23, y por
Jhon Agudelo Hernández, el Nueve (09) de julio de Dos Mil Veintiuno (2021)24,
ante la Notaría Quinta del Círculo de Ibagué, en las cuales, manifestaron
conocer a la demandante y al señor Humberto Rodríguez Montoya, afirmando
que convivieron como compañeros permanentes durante aproximadamente
siete (7) años, compartiendo techo, mesa y lecho, y que mantenían una
relación pública, permanente y estable hasta el fallecimiento del causante.

54. Finalmente, obran las declaraciones extraproceso rendidas por la propia
señora Paula Andrea Valencia Gallego los días Doce (12) de mayo de Dos Mil
Veinte (2020) y Veintiuno (21) de julio de Dos Mil Veintiuno (2021) 25, ante las
notarías Octava y Quinta del Círculo de Ibagué, respectivamente, en las que
afirmó haber convivido con el señor Humberto Rodríguez Montoya, desde el

20
Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00007 – 73001 2333 000 2021 00443 00 –
005_ExpedienteProvenienteJuzgado – 01CuadernoPrincipal – 004PoderAnexos- folio 21 a 22.
21
Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00035.
22
Ibidem.
23
Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00007 – 73001 2333 000 2021 00443 00 –
005_ExpedienteProvenienteJuzgado – 01CuadernoPrincipal – 004PoderAnexos- folio 27.
24
Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00007 – 73001 2333 000 2021 00443 00 –
005_ExpedienteProvenienteJuzgado – 01CuadernoPrincipal – 004PoderAnexos- folio 28.
25
Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00035.

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Número Interno: 4003-2024
Demandante: Paula Andrea Valencia Gallego
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y otro

año Dos Mil Trece (2013) hasta la fecha de su fallecimiento; indicó que, la
relación fue pública, permanente y singular; que dependía económicamente
del causante y que no procrearon hijos.

55. En audiencia de pruebas celebrada el Primero (1º) de diciembre de Dos
Mil Veintitrés (2023)26, se practicó el interrogatorio de parte de la señora Paula
Andrea Valencia Gallego, quien manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente:

Paula Andrea Valencia Gallego
Audiencia de pruebas – Primero (1º) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023).

...

«Sírvase indicar al Despacho cómo conoció al señor Humberto Rodríguez Montoya.» — «Lo
conocí en el año 2008, cuando él era docente en el colegio donde yo estudiaba en
Villahermosa. Después, cuando me trasladé a Ibagué para jugar fútbol con la Selección
Tolima, retomamos contacto y comenzamos una relación sentimental en el año 2012 (...).»

(...)

«¿Cuándo iniciaron la convivencia?» — «Después de seis u ocho meses de noviazgo
decidimos vivir juntos, aproximadamente entre abril y mayo de 2012. Para ese entonces yo
estaba próxima a cumplir dieciocho años; antes vivía con el profesor Jhon Agudelo y la
señora Clara Tello(...).»

«¿Cómo era la relación que mantuvieron?» — «Él siempre me apoyó en mi carrera deportiva
y me impulsó para estudiar una carrera profesional (...) Era una persona muy tranquila, noble
y compartimos muchos proyectos de vida (...)»

«¿Qué ocurrió durante los períodos en que usted debía desplazarse por su actividad
deportiva?» — «Por el fútbol tenía que viajar constantemente, pero siempre manteníamos
comunicación telefónica y continuábamos nuestra relación (...)»

«¿Dónde se encontraba usted para la fecha del fallecimiento del señor Humberto Rodríguez
Montoya?» — «Me encontraba participando en un campeonato deportivo. Sin embargo,
hablábamos telefónicamente todos los días y él me comentaba que se sentía delicado de
salud y que debía asistir al médico para el control de la diabetes. Cuando su estado se agravó
en el año 2020 decidió permanecer hospitalizado y, durante el proceso de recuperación,
manifestó que quería compartir más tiempo con sus hijos, porque mientras estuvo trabajando
no había podido hacerlo(...).»

«¿Acompañó al señor Humberto durante sus enfermedades?» — «Sí. Lo acompañé cuando
estuvo hospitalizado en Neiva y también durante las recaídas que tuvo antes de fallecer (...)»

56. En la misma audiencia rindió testimonio la señora Clara Edy Tello Vásquez,
quien expuso:

Clara Edy Tello Vásquez
Audiencia de pruebas – Primero (1º) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023).

...

26
Expediente digital – Samai – - Gestión en otros despachos – índice 00042.

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«Sírvase indicar al Despacho qué conocimiento tiene sobre la relación entre la demandante
y el señor Humberto Rodríguez Montoya.» — «Conozco a Paula desde el año 2012 porque
mi esposo era entrenador de fútbol y la recibimos en nuestra casa. Ella y Humberto vivieron
juntos en una habitación que les arrendamos (...)»

(...)

«¿Cómo era la convivencia de la pareja?» — «Compartían la habitación, tenían su cama,
televisor y una nevera pequeña. Humberto trabajaba en Mariquita y regresaba los fines de
semana; Paula lo visitaba entre semana (...)»

«¿Por qué razón dejaron de vivir en su vivienda?» — «Porque nosotros27 cambiamos de
casa y en la nueva ya no teníamos una habitación para arrendarles (...).»

«¿Continuó teniendo contacto con ellos después?» — «Sí. Aunque dejaron de vivir con
nosotros porque nos cambiamos de casa, seguimos frecuentándolos y siempre los vimos
como una pareja estable (...)»

57. Igualmente, declaró el señor Jhon Agudelo Hernández, quien manifestó:

Jhon Agudelo Hernández
Audiencia de pruebas – Primero (1º) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023).

...

«Sírvase indicar al Despacho cómo conoció a la demandante y al señor Humberto Rodríguez
Montoya.» — «Conocí a Paula en un evento deportivo y cuando llegó a Ibagué le
arrendamos, junto con mi esposa, una habitación donde vivió con Humberto durante
aproximadamente ocho años (...)»

...

«¿Qué puede decir sobre la relación que mantenían?» — «Era una pareja normal, se
respetaban y se querían (...) Humberto padecía diabetes y, antes de fallecer, dejaron de vivir
con nosotros debido a su estado de salud (...)»

«¿Cómo era la dinámica en la vivienda?» — «Tenían su cama, televisor y nevera; podían
utilizar la cocina, aunque normalmente salían a comer cuando Humberto regresaba de
trabajar(...)»

«¿Recuerda quién asumía el pago del canon de arrendamiento?» — «No recuerdo cuál era
el valor del canon ni quién realizaba el pago (...).»

2.5. Caso concreto.

58. La Sala advierte que, en el sub examine, la parte demandante sostiene
que la sentencia apelada debe revocarse, por cuanto, en su criterio, el Tribunal
Administrativo del Tolima, realizó una indebida valoración del material

27
Según la declaración de Paula Andrea Valencia Gallego, antes de convivir con el señor Humberto Rodríguez
Montoya residía en la casa del señor Jhon Agudelo, su entrenador de fútbol, y de la señora Clara Tello, quienes la
acogieron durante el período en que se trasladó a Ibagué para desarrollar su carrera deportiva.

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probatorio, al concluir que no se acreditó la convivencia efectiva, permanente
y singular entre la señora Paula Andrea Valencia Gallego y el señor Humberto
Rodríguez Montoya, durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento de
este último, requisito previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para acceder al
reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de compañera
permanente.

59. En efecto, la parte apelante sostiene que, el A-quo restó mérito
demostrativo (i) a la escritura pública, mediante la cual, los integrantes de la
pareja declararon la existencia de la unión marital de hecho; (ii) a las
anotaciones incorporadas en los respectivos registros civiles de nacimiento;
(iii) a las certificaciones que acreditan la afiliación de la demandante como
beneficiaria del sistema de salud del magisterio; (iv), así como, a las
declaraciones extraproceso, (v) al interrogatorio de parte y (vi) a los
testimonios practicados en audiencia, los cuales, en su criterio, demostraban
la existencia de una comunidad de vida permanente, pública y estable durante
más de siete (7) años anteriores al fallecimiento del causante.

60. La Sala advierte que, el anterior planteamiento requiere una precisión. Si
bien la parte recurrente, al sustentar el recurso de apelación, allegó
documentos relacionados con la afiliación de la demandante al sistema de
salud del Magisterio y edificó parte de su inconformidad sobre tales elementos,
mediante auto de Veinticinco (25) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Despacho negó su decreto como pruebas de segunda instancia, por no
cumplirse los presupuestos del artículo 212 del CPACA. En esa misma
providencia, únicamente se decretaron de oficio las certificaciones laborales
expedidas por el Club América de Cali y por el IMDRI, razón por la cual, el
análisis de la Sala se circunscribirá al material probatorio que integra
válidamente el expediente.

61. La Sala no comparte el planteamiento expuesto por la parte apelante. Del
examen integral del acervo probatorio advierte que los distintos medios de
convicción incorporados al expediente acreditan la existencia de una relación
sentimental entre la señora Paula Andrea Valencia Gallego y el señor

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Humberto Rodríguez Montoya; sin embargo, apreciados de manera conjunta,
no generan el grado de convicción necesario para tener demostrada una
convivencia efectiva, permanente y singular durante los cinco (5) años
anteriores al fallecimiento del pensionado, presupuesto indispensable para
acceder al reconocimiento de la sustitución pensional prevista en el artículo 47
de la Ley 100 de 1993.

62. En primer lugar, la Sala observa que mediante la Escritura Pública No.
1142 del Primero (01) de agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), otorgada ante la
Notaría Única del Círculo de Mariquita (Tolima), la señora Paula Andrea
Valencia Gallego y el señor Humberto Rodríguez Montoya declararon la
existencia de una unión marital de hecho y manifestaron convivir bajo un
mismo techo desde hacía aproximadamente cinco (5) años. Esa circunstancia
fue igualmente incorporada mediante anotación en los registros civiles de
nacimiento de ambos comparecientes. Tales documentos constituyen medios
de convicción auténticos y permiten establecer que, para esa fecha, ambos
exteriorizaron voluntariamente la existencia de una relación de pareja con
vocación de permanencia.

63. No obstante, la Sala considera que, el alcance demostrativo de dichos
documentos debe analizarse dentro del contexto probatorio propio de este
proceso, integrado por los medios de convicción oportunamente allegados y
decretados conforme a las reglas procesales que rigen la segunda instancia.
En ese sentido, aunque la parte demandante, al sustentar el recurso de
apelación, hizo referencia a documentos relacionados con su afiliación al
sistema de salud en calidad de beneficiaria del causante, tales elementos no
serán objeto de valoración, toda vez que, fueron aportados con la alzada y su
decreto fue negado mediante el auto admisorio del recurso, providencia en la
que únicamente se decretaron de oficio las certificaciones laborales allegadas
con la impugnación.

64. Precisado lo anterior, la escritura pública acredita la declaración efectuada
por los comparecientes acerca de la existencia de una unión marital de hecho
y constituye un elemento relevante para demostrar la relación afectiva
existente entre ellos; sin embargo, no comporta prueba incontrovertible del

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cumplimiento del requisito previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado en lo pertinente por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues, el
reconocimiento de la sustitución pensional exige verificar materialmente que
la convivencia se mantuvo de manera efectiva, permanente y singular durante
el término legalmente exigido al momento del fallecimiento del causante.

65. La anterior conclusión se acompasa con la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación28, según la cual, la escritura pública mediante la cual se declara
una unión marital de hecho, constituye un medio de prueba importante sobre
la existencia de la relación de pareja; no obstante, cuando se debate el
reconocimiento de la sustitución pensional, el juez contencioso-administrativo
debe verificar, a partir del conjunto del material probatorio, si se encuentra
acreditada la convivencia material exigida por la ley, pues, el derecho
pensional no surge de la simple formalización de la unión, sino, de la
demostración de una auténtica comunidad de vida, caracterizada por el apoyo
mutuo, la solidaridad y la permanencia hasta el fallecimiento del causante.

66. En este punto resulta pertinente para la Sala, referirse a uno de los
aspectos destacados por el Tribunal Administrativo del Tolima. En efecto, el A
quo llamó la atención acerca de la ausencia de elementos objetivos que
ordinariamente permiten corroborar una convivencia prolongada, tales como
una certificación que acreditara la afiliación de la demandante como
beneficiaria del sistema de salud del causante, declaraciones de familiares de
cualquiera de los integrantes de la pareja —particularmente de los cuatro hijos
del pensionado—, documentos relacionados con los trámites funerarios,
registros fotográficos, constancias sobre el manejo de bienes personales o
cualquier otro elemento externo que permitiera verificar la existencia de una
comunidad de vida efectiva y permanente.

67. La Sala considera que, dicha calificación merece una precisión. Toda vez
que, la ausencia de tales medios de convicción, no constituye por sí sola,
prueba de la inexistencia de la convivencia ni permite desvirtuar
automáticamente la relación afirmada por la demandante. El ordenamiento

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación SUJ-029-
CE-S2, del Once (11) de agosto de Dos Mil Veintidós (2022), C.P. César Palomino Cortés, Rad. 08001-23-33-000-
2014-00578-01 (4638-2018)

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jurídico no exige un medio probatorio específico para acreditar la calidad de
compañero permanente y la convivencia puede demostrarse mediante
cualquier medio de prueba legalmente admisible, apreciado conforme a las
reglas de la sana crítica.

68. Sin embargo, también es cierto que, cuando la controversia gira alrededor
de un hecho complejo, prolongado en el tiempo y esencialmente fáctico, como
ocurre con la convivencia exigida para acceder a la sustitución pensional, la
existencia de elementos objetivos de corroboración adquiere especial
relevancia para fortalecer la credibilidad de los demás medios de prueba. En
ese contexto, la ausencia de documentos o testimonios provenientes del
entorno familiar más cercano no impide el reconocimiento de la prestación,
pero sí constituye una circunstancia que el juez puede ponderar al momento
de valorar integralmente el acervo probatorio.

69. Bajo ese entendido, la Sala comparte parcialmente el razonamiento
desarrollado por el Tribunal. No porque la demandante estuviera obligada a
demostrar su convivencia mediante una certificación de afiliación al sistema de
salud, registros fotográficos, documentos funerarios o declaraciones de
familiares, pues ninguno de esos medios constituye un requisito legal para el
reconocimiento de la sustitución pensional; sino porque, en las particulares
circunstancias de este proceso, la ausencia de elementos objetivos de esa
naturaleza reduce la posibilidad de corroborar los hechos narrados en las
declaraciones extraproceso, en el interrogatorio de parte y en los testimonios
practicados durante la audiencia, cuya eficacia demostrativa deberá
examinarse conjuntamente con el resto del material probatorio.

70. En ese mismo sentido, la Sala coincide con el Tribunal, en cuanto distinguió
entre la existencia de la unión marital de hecho, la declaración formal de esa
unión mediante escritura pública y la acreditación del requisito de convivencia
exigido para acceder a la sustitución pensional. Se trata de instituciones
jurídicas diferentes, que producen efectos distintos. Mientras la escritura
pública, constituye un medio idóneo para declarar la existencia de la unión
marital de hecho entre los comparecientes, el reconocimiento de la sustitución
pensional exige, además, que el juez alcance certeza acerca de la

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convivencia efectiva durante el período previsto en el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, circunstancia que, debe establecerse mediante la valoración
integral de todo el acervo probatorio y no únicamente a partir de la declaración
contenida en la escritura pública.

71. Corresponde ahora a la Sala, valorar las declaraciones extraproceso
aportadas por la demandante, con el propósito de acreditar la convivencia
sostenida con el señor Humberto Rodríguez Montoya. En dichas
manifestaciones, los declarantes afirmaron conocer a la pareja desde varios
años atrás y dieron cuenta de la existencia de una relación sentimental estable,
caracterizada, según su percepción, por la convivencia bajo un mismo techo,
el apoyo mutuo y el proyecto de vida que ambos compartían hasta el
fallecimiento del pensionado.

72. La Sala reconoce que, las declaraciones extraproceso constituyen un
medio de prueba admisible y, por consiguiente, no pueden ser desestimadas
por el solo hecho de haber sido rendidas fuera del proceso judicial. Su mérito
probatorio, debe apreciarse conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo
en consideración las circunstancias en que fueron producidas, la fuente del
conocimiento de los declarantes, la coherencia interna de sus relatos y,
especialmente, la correspondencia que guarden con los demás elementos de
convicción obrantes en el expediente.

73. Para esta Sala adquiere particular relevancia, el hecho que dichas
declaraciones fueron otorgadas con posterioridad al fallecimiento del señor
Humberto Rodríguez Montoya y en el contexto de la reclamación
administrativa dirigida al reconocimiento de la sustitución pensional. Esa
circunstancia, no las priva de eficacia probatoria, ni permite presumir que
carecen de veracidad; sin embargo, sí exige al juez examinar con mayor rigor
su contenido, en la medida en que fueron elaboradas para respaldar una
pretensión prestacional ya surgida. En consecuencia, su fuerza demostrativa
depende de la corroboración que encuentren en otros medios de prueba
objetivos incorporados al proceso.

74. En esas condiciones, la eficacia demostrativa de las declaraciones

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extraproceso, no depende exclusivamente de la credibilidad de quienes las
rindieron, sino de la correspondencia que exista entre su contenido y los
restantes medios de convicción incorporados al proceso. Por ello, corresponde
a la Sala establecer si los demás elementos probatorios corroboran los hechos
allí afirmados y permiten alcanzar certeza acerca de la existencia de una
comunidad de vida efectiva, permanente y singular entre la demandante y el
señor Humberto Rodríguez Montoya, durante el período legalmente exigido
para acceder a la sustitución pensional.

75. Desde esa perspectiva, la Sala observa que, las declaraciones
extraproceso guardan coherencia con la tesis sostenida por la demandante,
en cuanto describen la existencia de una relación afectiva; sin embargo, tales
manifestaciones presentan una limitación propia de su naturaleza, pues se
circunscriben a afirmar la existencia de la convivencia, sin ofrecer mayores
elementos de contexto acerca de la forma concreta como se desarrollaba esa
comunidad de vida durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores al
fallecimiento del pensionado, aspecto que, constituye precisamente el
presupuesto material cuyo cumplimiento debe verificarse en este proceso.

76. Bajo ese entendido, la Sala estima que, las declaraciones extraproceso
constituyen un elemento corroborador de la existencia de la relación
sentimental alegada por la demandante, pero no alcanzan, por sí solas, la
fuerza demostrativa necesaria para acreditar el requisito de convivencia
previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Su verdadero alcance
probatorio, depende de la consistencia que presenten frente a los demás
medios de convicción y, particularmente, frente a las declaraciones rendidas
bajo juramento durante la audiencia de pruebas, cuya inmediación y
posibilidad de contradicción les otorgan una especial relevancia para la
formación del convencimiento judicial.

77. En ese orden de ideas, la Sala no comparte el planteamiento de la
apelante, según el cual, el Tribunal desconoció el mérito probatorio de las
declaraciones extraproceso. Lo que evidencia la providencia recurrida, es que
el A quo, las examinó dentro del contexto general del acervo probatorio y
concluyó que, requerían corroboración mediante otros elementos objetivos

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que permitieran demostrar la convivencia material alegada. Esa metodología
resulta acorde con las reglas de la sana crítica y con la jurisprudencia de esta
Corporación29, según la cual ningún medio de prueba posee valor demostrativo
absoluto cuando el hecho objeto de acreditación exige una valoración integral
y sistemática del conjunto de las pruebas.

78. Corresponde entonces a la Sala establecer, si el interrogatorio de parte
rendido por la señora Paula Andrea Valencia Gallego y los testimonios
practicados en audiencia de pruebas del Primero (1°) de diciembre de Dos Mil
Veintitrés (2023), suministran los elementos de corroboración que la apelante
echa de menos en la sentencia recurrida o si, por el contrario, confirman la
conclusión alcanzada por el Tribunal Administrativo del Tolima, aspecto que
será objeto de análisis a continuación.

79. En cuanto al interrogatorio de parte, rendido por la señora Paula Andrea
Valencia Gallego, durante la audiencia de pruebas celebrada el Primero (01)
de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023), la Sala observa que, su relato resulta
consistente en aspectos relacionados con la forma como conoció al señor
Humberto Rodríguez Montoya, el inicio de la relación sentimental y el apoyo
que este le brindó tanto en su formación académica, como en el desarrollo de
su carrera deportiva. Asimismo, manifestó que, comenzaron a convivir
aproximadamente entre los meses de abril y mayo de Dos Mil Doce (2012),
convivencia que, según afirmó, se prolongó hasta el fallecimiento del causante,
pese a las ausencias derivadas de los compromisos deportivos que debía
atender como futbolista profesional.

80. La Sala no encuentra razones para cuestionar la credibilidad subjetiva de
dicho relato; sin embargo, advierte que, tratándose del interrogatorio rendido
por quien pretende el reconocimiento de la prestación, sus manifestaciones
deben apreciarse con especial prudencia y confrontarse con los restantes
elementos de convicción, pues aun cuando constituyen un medio de prueba

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación SUJ-029-
CE-S2, del Once (11) de agosto de Dos Mil Veintidós (2022), C.P. César Palomino Cortés, Rad. 08001-23-33-000-
2014-00578-01 (4638-2018), en la que se reiteró que la convivencia para efectos de la sustitución pensional debe
acreditarse mediante la valoración integral del material probatorio. En igual sentido, véase Sentencia SU-056 de 2025,
que recopiló la jurisprudencia sobre la materia y destacó que las declaraciones extrajuicio, por sí solas, no resultan
suficientes para acreditar el cumplimiento del requisito legal de convivencia.

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válido, provienen de quien tiene un interés directo en el resultado del proceso.
En consecuencia, su eficacia demostrativa depende de la medida en que
encuentre respaldo en otras pruebas objetivas e independientes que
corroboren los hechos afirmados.

81. En ese contexto, adquieren especial importancia los testimonios rendidos
por la señora Clara Edy Tello Vásquez y el señor Jhon Agudelo Hernández,
quienes afirmaron conocer a la pareja desde el inicio de la relación y haber
tenido contacto directo con su convivencia, debido a que, ambos residieron
durante varios años en una habitación arrendada dentro del inmueble de
propiedad de los declarantes. Desde esa perspectiva, la Sala reconoce que,
tales testimonios provienen de personas que tuvieron percepción directa de
algunos de los hechos objeto de discusión, circunstancia que, en principio, les
otorga un valor probatorio relevante.

82. En efecto, ambos testigos coincidieron en afirmar que, la demandante y el
señor Humberto Rodríguez Montoya, conformaban una pareja estable,
compartían la misma habitación y mantenían una relación caracterizada por el
afecto y el respeto mutuo. Asimismo, señalaron que, el causante
desempeñaba sus funciones docentes en el municipio de Mariquita (Tolima),
razón por la cual, permanecía allí durante la semana y regresaba a Ibagué los
fines de semana, mientras la demandante desarrollaba su actividad deportiva,
circunstancias que, según su percepción, no afectaban la continuidad de la
relación sentimental. Tales coincidencias permiten inferir que, los declarantes
conocieron efectivamente la existencia del vínculo afectivo entre la
demandante y el causante.

83. No obstante, un examen conjunto de las declaraciones, también permite
advertir diferencias relevantes respecto de circunstancias que inciden
directamente en la acreditación de la convivencia material. Mientras la señora
Clara Edy Tello Vásquez afirmó que, la pareja dejó de residir en su inmueble
porque ella y su esposo cambiaron de vivienda y ya no contaban con una
habitación para arrendarles, el señor Jhon Agudelo Hernández sostuvo que,
dicho cambio obedeció al deterioro del estado de salud del señor Humberto
Rodríguez Montoya. Aunque ambas explicaciones no son necesariamente

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incompatibles, reflejan distintas versiones acerca de un hecho relevante para
reconstruir la forma como evolucionó la convivencia durante los últimos años
de la relación.

84. De igual manera, las declaraciones tampoco permiten establecer con
suficiente precisión, cómo se desarrollaba la dinámica cotidiana de la pareja
durante el período legalmente exigido. En efecto, la señora Clara Edy Tello
manifestó que, el causante laboraba en Mariquita (Tolima), durante la semana
y que la demandante era quien se desplazaba para visitarlo; por su parte, el
señor Jhon Agudelo Hernández indicó que, lo habitual era que ambos salieran
a comer cuando aquel regresaba de trabajar, sin ofrecer mayores precisiones
acerca de la frecuencia de esos encuentros, ni sobre la forma en que se
mantenía la convivencia durante los períodos en que cada uno desarrollaba
sus respectivas actividades laborales y deportivas en diferentes ciudades a en
la que convivían como pareja. Tales circunstancias impiden reconstruir con
suficiente certeza la comunidad de vida cuya acreditación exige la ley.

85. A ello se suma que el señor Jhon Agudelo Hernández, manifestó no
recordar aspectos elementales de la convivencia que dijo haber presenciado
durante aproximadamente ocho (8) años, tales como, quién asumía el pago
del canon de arrendamiento o la forma en que la pareja distribuía los gastos
del hogar. Si bien ese olvido no desvirtúa por sí mismo la veracidad de su
declaración, sí limita su capacidad para corroborar aspectos concretos de la
convivencia alegada por la demandante.

86. La Sala estima que, tales inconsistencias y vacíos no autorizan a concluir
que los testigos hubiesen faltado a la verdad ni restan completamente eficacia
a sus declaraciones. Sin embargo, sí inciden en su fuerza demostrativa
respecto del hecho jurídicamente relevante objeto del litigio, esto es, la
existencia de una convivencia efectiva, permanente y singular durante
los cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento del
causante. En consecuencia, apreciados conjuntamente con la escritura
pública de declaración de unión marital de hecho, las declaraciones
extraproceso y el interrogatorio de parte, dichos testimonios permiten
corroborar la existencia de una relación afectiva entre la demandante y el señor

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Humberto Rodríguez Montoya, pero no suministran elementos suficientemente
precisos y concordantes para generar el grado de convicción necesario acerca
del cumplimiento del requisito material previsto en el artículo 47 de la Ley 100
de 1993.

87. Efectuada la valoración individual de los distintos medios de convicción
incorporados al expediente, corresponde a la Sala apreciarlos de manera
conjunta, conforme a las reglas de la sana crítica, a fin de establecer si,
considerados en su integridad, permiten alcanzar certeza acerca de la
existencia de una convivencia efectiva, permanente y singular entre la señora
Paula Andrea Valencia Gallego y el señor Humberto Rodríguez Montoya,
durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento de este último.

88. Desde esa perspectiva, el acervo probatorio demuestra que, entre la
demandante y el causante existió una relación sentimental. La escritura
pública mediante la cual, declararon la existencia de la unión marital de hecho,
las anotaciones incorporadas en sus registros civiles de nacimiento, las
declaraciones extraproceso, el interrogatorio de parte y los testimonios
practicados en audiencia, constituyen elementos convergentes que permiten
inferir la existencia de un proyecto afectivo común entre ambos. Ninguno de
esos medios de convicción fue desconocido por la Sala, ni por el Tribunal
Administrativo del Tolima, pues, todos fueron apreciados dentro del análisis
probatorio desarrollado en el presente proceso.

89. Sin embargo, el objeto de la controversia, no consiste en determinar si
existió una relación sentimental o si en algún momento los interesados
conformaron una unión marital de hecho, sino en establecer si quedó
acreditado el presupuesto específico previsto en el literal a) del artículo
47 de la Ley 100 de 1993, consistente en haber mantenido una
convivencia efectiva, permanente y singular durante los cinco (5) años
continuos anteriores al fallecimiento del pensionado. Se trata de un hecho
material, cuya demostración exige que el juez alcance un grado suficiente de
convicción a partir de la valoración integral del acervo probatorio y no
únicamente de la existencia de determinados documentos o declaraciones.

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90. En ese contexto, la Sala observa que, los elementos de convicción
allegados, permiten reconstruir parcialmente la relación sostenida por la
demandante y el causante; no obstante, presentan limitaciones para acreditar
cómo se desarrolló materialmente esa comunidad de vida durante el período
legalmente exigido. En efecto, aunque los declarantes coincidieron en afirmar
que ambos mantenían una relación estable, sus versiones no ofrecen un relato
uniforme acerca de aspectos relevantes de la convivencia cotidiana, tales
como (i) la forma en que organizaban su vida en común mientras el señor
Humberto Rodríguez Montoya, laboraba en el municipio de Mariquita (Tolima),
y la demandante desarrollaba su actividad deportiva en distintos lugares, (ii)
las razones por las cuales, dejaron de residir en el inmueble donde inicialmente
convivieron o (iii) la dinámica que mantuvieron durante los últimos años
anteriores al fallecimiento del pensionado.

91. A ello se suma que, el expediente carece de otros elementos objetivos que
permitan corroborar esas afirmaciones y disipar las incertidumbres que surgen
del propio material testimonial. En ese sentido, resulta pertinente recordar,
como lo puso de presente el Tribunal Administrativo del Tolima, que no fueron
allegadas certificaciones que acreditaran la afiliación de la demandante como
beneficiaria del sistema de salud del causante, declaraciones de integrantes
del núcleo familiar de cualquiera de los compañeros, documentos relacionados
con los trámites funerarios o con el manejo de los asuntos personales del
pensionado, ni otros elementos externos que, sin constituir requisitos legales
para acceder a la prestación, hubieran permitido corroborar de manera objetiva
la permanencia de la comunidad de vida alegada.

92. La Sala estima que, la ausencia de tales medios, no determina por sí sola
el fracaso de las pretensiones; sin embargo, sí constituye una circunstancia
que razonablemente puede ponderarse al apreciar la suficiencia del conjunto
probatorio, particularmente, cuando los restantes medios de convicción, no
ofrecen un panorama plenamente consistente acerca de la convivencia cuya
acreditación se pretende.

93. En esas condiciones, la Sala considera que, el análisis efectuado por el
Tribunal Administrativo del Tolima, no desconoció el mérito demostrativo de las

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pruebas aportadas por la demandante. Lo que evidencia la providencia
apelada, es que el A quo, reconoció la existencia de la escritura pública de
declaración de unión marital de hecho y de las declaraciones rendidas dentro
y fuera del proceso; sin embargo, concluyó que, apreciadas conjuntamente, no
resultaban suficientes para generar certeza acerca del cumplimiento del
requisito de convivencia exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Esa
conclusión no obedeció a una descalificación individual de los medios de
prueba, sino, a la insuficiencia de estos para acreditar el hecho jurídicamente
relevante objeto del litigio.

94. Comparte esta Sala dicha conclusión, aunque por las razones expuestas
en esta providencia. En efecto, el análisis integral del acervo probatorio,
permite afirmar que, la demandante acreditó la existencia de una relación
afectiva con el señor Humberto Rodríguez Montoya e, incluso, la formalización
de esa relación mediante la declaración de unión marital de hecho. No
obstante, esos elementos, apreciados conjuntamente con las declaraciones
extraproceso, el interrogatorio de parte y los testimonios practicados en
audiencia, no alcanzan el grado de convicción requerido para tener
demostrada una convivencia efectiva, permanente y singular durante los cinco
(5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante, requisito
cuya acreditación resulta indispensable para el reconocimiento de la
sustitución pensional.

95. En consecuencia, la Sala concluye que, la parte demandante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos
demandados, ni demostrar que el Tribunal Administrativo del Tolima, hubiera
incurrido en un error de valoración probatoria que conduzca a revocar la
sentencia apelada. Por el contrario, la apreciación conjunta del material
probatorio, confirma que, no existe certeza suficiente acerca del
cumplimiento del requisito material de convivencia previsto por el
legislador para acceder a la prestación reclamada.

96. Resta por examinar a la Sala, el argumento de la parte apelante, según el
cual, la sentencia recurrida desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional, particularmente en las sentencias SU-444 de Dos Mil Veintitrés

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(2023), SU-169 de Dos Mil Veinticuatro (2024) y SU-056 de Dos Mil Veinticinco
(2025), en las cuales, se desarrolló el alcance del requisito de convivencia para
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor del compañero o
compañera permanente.

97. La Sala no comparte dicha afirmación. En efecto, las providencias
invocadas reiteran que la convivencia exigida por el artículo 47 de la Ley 100
de 1993, no puede analizarse desde una concepción exclusivamente formal o
restringida a la cohabitación permanente bajo un mismo techo, sino a partir de
una valoración material de la comunidad de vida, teniendo en cuenta las
particularidades propias de cada relación y las circunstancias que,
razonablemente puedan justificar interrupciones temporales en la convivencia
física.

98. Esa orientación jurisprudencial, ha sido acogida por esta Sala en múltiples
oportunidades30 y también constituye el criterio de decisión aplicado en el
presente asunto. En consecuencia, la Sala no parte de la premisa según la
cual, cualquier separación física o desplazamiento temporal desvirtúa
automáticamente la convivencia exigida por la ley. Por el contrario, reconoce
que circunstancias laborales, académicas, de salud o familiares pueden
explicar períodos de separación sin que ello implique necesariamente la
ruptura del proyecto común de vida.

99. Sin embargo, de esa línea jurisprudencial no puede inferirse que, toda
relación sentimental, aun demostrada mediante escritura pública de
declaración de unión marital de hecho, testimonios o declaraciones
extraproceso, conduzca automáticamente al reconocimiento de la sustitución
pensional. Las decisiones de unificación citadas, tampoco relevaron al
interesado, de acreditar el presupuesto material previsto por el
legislador, consistente en demostrar que la comunidad de vida subsistía

30
En ese sentido, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha precisado que la convivencia exigida por el artículo
47 de la Ley 100 de 1993 no se circunscribe exclusivamente a la cohabitación bajo un mismo techo, sino que
comprende el acompañamiento espiritual, moral y económico, así como el apoyo y auxilio mutuos propios de una
comunidad de vida. Por ello, la separación física no desvirtúa, por sí sola, la convivencia, siempre que obedezca a
circunstancias razonables y permanezca incólume la voluntad de conformar un hogar común, aspecto que debe
establecerse a partir de la valoración integral de las pruebas allegadas al proceso. Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del Dos (02) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), rad. 25000-23-42-000-
2013-00547-01 (0683-2018), C. P. César Palomino Cortés.

30

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de manera efectiva durante el período legalmente exigido. Antes bien,
reiteraron que, esa verificación corresponde al juez, quien debe apreciar
integralmente el acervo probatorio conforme a las reglas de la sana crítica.

100. Precisamente, ese fue el ejercicio desarrollado por la Sala, en esta
providencia. Como quedó expuesto, ninguno de los medios de convicción
aportados por la demandante, fue desestimado, ni privado de eficacia
probatoria. Todos fueron objeto de valoración individual y conjunta; sin
embargo, apreciados en su integridad, no permiten alcanzar el grado de
convicción necesario para tener acreditada la convivencia efectiva,
permanente y singular durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores
al fallecimiento del señor Humberto Rodríguez Montoya.

101. Así las cosas, la Sala concluye que, la sentencia apelada no desconoció
el precedente constitucional invocado por la parte recurrente. La discrepancia
entre esta y el Tribunal Administrativo del Tolima, no radica en la interpretación
del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, ni en el alcance jurídico del requisito de
convivencia, sino en la apreciación del material probatorio allegado al proceso.
Sobre ese particular, la Sala, mediante una valoración autónoma e integral de
las pruebas, arriba a la misma conclusión alcanzada por el A quo, en el sentido
que, no existe certeza suficiente para reconocer la sustitución pensional
reclamada.

102. Bajo ese entendido, la Sala considera que, el recurso de apelación
confunde dos aspectos distintos. Una cosa es afirmar —como lo ha hecho la
Corte Constitucional— que31, la convivencia puede acreditarse mediante
diversos medios de prueba, y que, las separaciones temporales no extinguen
necesariamente la comunidad de vida; y otra muy diferente sostener que la
simple existencia de alguno de esos medios probatorios conduce, de manera
automática, al reconocimiento de la sustitución pensional. Lo primero
constituye una regla jurisprudencial consolidada; lo segundo no encuentra
respaldo ni en la Constitución, ni en la ley, ni en la jurisprudencia constitucional
o contencioso-administrativa.

31
Corte Constitucional, sentencias SU-444 de 2023, SU-169 de 2024 y SU-056 de 2025.

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103. Siendo así las cosas, la Sala confirmará parcialmente la sentencia del
Nueve (09) de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

2.6 Condena en costas

104. En cuanto a la condena en costas impuesta por el Tribunal Administrativo
del Tolima, observa la Sala que la misma hace parte de la sentencia objeto de
apelación, razón por la cual corresponde verificar si existe mérito para
mantenerla o modificarla.

105. Sobre el particular, el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que las sentencias
decidirán sobre las costas, cuya imposición y liquidación se rige por las reglas
previstas en el Código General del Proceso. De igual manera, la jurisprudencia
de esta Corporación ha precisado que la condena en costas no opera de
manera automática por el solo hecho de resultar vencida una de las partes,
sino que exige verificar las circunstancias particulares del caso y la actuación
procesal desplegada durante el trámite del proceso.

106. En el presente asunto, la Sala advierte que la parte demandante acudió
al medio de control en ejercicio legítimo del derecho de acceso a la
administración de justicia y sustentó el recurso de apelación con argumentos
jurídicos encaminados a controvertir la valoración probatoria efectuada por el
Tribunal, sin que se evidencien actuaciones temerarias, dilatorias o de mala fe
que justifiquen la imposición de costas.

107. En esas condiciones, si bien se confirmará la decisión que negó las
pretensiones de la demanda, no se encuentran acreditados los presupuestos
que hagan procedente mantener la condena en costas impuesta en primera
instancia. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia apelada
únicamente en este aspecto, para dejar sin efectos dicha condena. Asimismo,
tampoco habrá lugar a imponer costas en esta segunda instancia.

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2.7. Conclusiones

108. La Sala concluye que la parte demandante no logró demostrar que el
Tribunal Administrativo del Tolima hubiese incurrido en un error de valoración
probatoria o desconocido los precedentes constitucionales invocados en el
recurso de apelación, toda vez que la decisión de negar el reconocimiento de
la sustitución pensional se fundamentó en una apreciación integral del acervo
probatorio y en la aplicación de las reglas jurisprudenciales que gobiernan la
acreditación del requisito de convivencia previsto en el artículo 47 de la Ley
100 de 1993. En consecuencia, se confirmará parcialmente la sentencia
apelada, en cuanto negó las pretensiones de la demanda; no obstante, se
revocará el ordinal mediante el cual el Tribunal Administrativo del Tolima
condenó en costas a la parte demandante en primera instancia, por las
razones expuestas en esta providencia. Así mismo, no se impondrá condena
en costas en esta segunda instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el Nueve
(09) de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024), por el Tribunal Administrativo del
Tolima, en cuanto negó las pretensiones de la demanda promovida por la
señora Paula Andrea Valencia Gallego contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el Departamento del Tolima – Secretaría de Educación y Cultura,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia de primera
instancia mediante el cual se condenó en costas a la parte demandante y, en
su lugar, disponer que no hay lugar a condena en costas en esa instancia.

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TERCERO: Sin condena en costas en esta segunda instancia.

CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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