Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2022-00039-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2022-00039-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2022-00039-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1, municipio de Ibagué
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente.
Vinculación a través de contratos de prestación de servicios
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 27 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Astrid García Conde presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 1700-2390 del 14 de diciembre de 2021,
por medio de la cual el Fomag le negó el reconocimiento de una pensión de
jubilación.
1 En adelante Fomag.
2 Samai tribunales, índice 3, documento 4. La demanda fue presentada el 21 de enero de 2022.
3 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con
las leyes 91 de 1989, 33 y 62 de 1985, liquidada con el 75% del promedio de lo
devengado en el último año de servicio, anterior a la consolidación del estatus
pensional, con inclusión de todos los factores salariales, a partir de la fecha en que
acreditó 55 años de edad y 20 años de servicios; ii) la declaratoria de compatibilidad
entre la pensión y el salario docente; iii) el pago indexado de las mesadas dejadas
de percibir y de los ajustes correspondientes; iv) el cumplimiento de la sentencia en
los términos de los artículos 188, 189 y 192 del CPACA; y v) la condena en costas
a las entidades demandadas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Astrid García Conde nació el 14 de marzo de 1964.
3.2. Laboró como docente oficial en el municipio de Ibagué (Tolima) desde el 27 de
agosto hasta el 26 de octubre de 1998; y para el departamento del Tolima,
inicialmente, a través de órdenes de prestación de servicios del 1 de julio al 1 de
octubre de 1999, del 26 de mayo al 26 de agosto de 2000, del 19 de septiembre al
30 de noviembre de 2000, del 31 de diciembre de 2003 al 16 de agosto de 2005,
del 2 de mayo de 2007 al 2 de enero de 2008, del 2 de mayo al 26 de diciembre de
2009, y posteriormente, como docente en propiedad, desde el «6 de mayo de 2010»4.
3.3. El 2 de diciembre de 2021 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación;
sin embargo, a través del acto acusado, la entidad negó tal petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la
Constitución Política, y 279 de la Ley 100 de 1993; el Acto Legislativo 01 de 2005;
las leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989, 60 de 1993 y 812 de 2003; y los decretos
224 de 1972, 1042 y 1045 de 1978, 2277 de 1979, y 2285 de 1995.
5. En cuanto al concepto de violación sostuvo que su primera vinculación al servicio
docente determinaba el régimen pensional aplicable y que los tiempos laborados
mediante órdenes de prestación de servicios eran computables para efectos del
reconocimiento de la prestación. En consecuencia, como había iniciado labores con
4 Así se indicó en la demanda, pero en el trámite procesal se advirtió que su vinculación en propiedad
como docente oficial se dio el 17 de agosto de 2005.
2
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Demandante: Astrid García Conde
anterioridad a la Ley 812 de 2003, era beneficiaria de las prerrogativas de la Ley 33
de 1985 y comoquiera que acreditó los requisitos para la pensión que esta norma
establece al haber completado más de 20 años de servicio y contar con la edad de
55 años, tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación, así como a la
compatibilidad entre esta y el salario que percibía como docente.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente5:
6.1. De conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, a los docentes
vinculados al servicio público educativo oficial con posterioridad a su entrada en
vigencia les era aplicable el régimen pensional previsto en las leyes 100 de 1993 y
797 de 2003. En ese sentido, como la demandante se había afiliado al Fomag el 17
de agosto de 2005, no era beneficiaria del régimen previsto en las leyes 33 y 62 de
1985. Los tiempos laborados mediante contratos y órdenes de prestación de
servicios no podían computarse para efectos pensionales, porque la actora tenía la
condición de contratista y no existía decisión judicial que hubiera declarado la
existencia de una relación legal y reglamentaria como docente oficial.
6.2. Propuso las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva,
porque el municipio de Ibagué únicamente intervenía en el trámite administrativo en
representación del Fomag y no era el obligado al reconocimiento de la prestación;
ii) falta de integración del litisconsorcio necesario, al estimar que debía vincularse a
la Secretaría de Educación del municipio de Ibagué6; iii) ineptitud sustancial de la
demanda, por falta de agotamiento de la reclamación administrativa 7; iv) legalidad
de los actos administrativos demandados, al considerar que la negativa se ajustó al
régimen pensional aplicable; v) improcedencia de los intereses moratorios, al no
configurarse los presupuestos para su reconocimiento; vi) prescripción de las
mesadas pensionales, respecto de las prestaciones causadas por fuera del término
legal8; y vii) condena en costas, porque no había lugar a imponerlas.
7. El municipio de Ibagué (Tolima) se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
5 Sami tribunales, índice 18.
6 Samai tribunales índice 32. Las excepciones propuestas por el Fomag y el municipio de Ibagué
fueron despachadas desfavorablemente por el tribunal a través de auto del 14 de agosto de 2023.
Negó esta excepción porque el municipio había hecho parte y había ejercido su derecho de defensa.
7 El tribunal concluyó que esta excepción no estaba llamada a prosperar porque la demandante sí
había agotado dicho requisito al presentar la solicitud ante la Secretaría de Educación Municipal de
Ibagué, autoridad competente, y demandar el acto administrativo que negó el reconocimiento
pensional, lo que habilitaba el estudio de fondo de las pretensiones.
8 No especificó fechas.
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Demandante: Astrid García Conde
la demanda, con fundamento en las siguientes excepciones9:
7.1. Falta de legitimación en la causa por pasiva porque el reconocimiento de las
prestaciones del magisterio constituía un procedimiento en el que la Secretaría de
Educación únicamente elaboraba y suscribía, en representación del Fomag, el
proyecto del acto administrativo, mientras que el Fondo, a través de la fiduciaria
administradora de sus recursos, era el competente para aprobar el reconocimiento
y asumir el pago de las prestaciones. En consecuencia, no era el titular de la relación
jurídica sustancial ni el llamado a responder por las pretensiones de la demanda.
7.2. Falta de vicio en los actos administrativos porque habían sido expedidos con
fundamento en los requisitos legales.
7.3. Falta de prueba de la parte actora para desvirtuar la presunción de legalidad del
acto administrativo demandado, pues no logró demostrar la ilegalidad del acto.
7.4. Inexistencia de la obligación demandada a cargo del municipio en la medida en
que no fue la que expidió el acto acusado.
7.5. Falta de integración del litis consorte necesario del departamento del Tolima,
Secretaria de Educación Departamental porque sería la parte interesada en las
resultas del proceso10.
7.6. Cobro de lo no debido porque el derecho reclamado era inexistente.
7.7. Prescripción11.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo del Tolima, profirió sentencia el 27 de febrero de 202412,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda. En consecuencia,
declaró la nulidad de la Resolución 1700-2390 del 14 de diciembre de 2021,
reconoció a Astrid García Conde la pensión de jubilación prevista en las Leyes 33 y
62 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75 % y liquidada con el promedio de lo
devengado durante el último año de servicio, incluyendo como factores la
asignación básica, la bonificación mensual docente y una doceava parte de la
bonificación pedagógica, con efectos fiscales a partir del 17 de abril de 2022.
9 Sami tribunales, índice 20.
10 El tribunal negó esta excepción porque la competencia para suscribir el proyecto de la resolución
le correspondía a la Secretaría de Educación del municipio de Ibagué entonces como la parte pasiva
ya estaba conformada no prosperaba la excepción propuesta.
11 No especificó fechas.
12 Samai tribunales, índice 84.
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Demandante: Astrid García Conde
Asimismo, autorizó a la entidad demandada a recaudar las cotizaciones y cuotas
partes correspondientes a los períodos laborados mediante contratos de prestación
de servicios docentes y ordenó la actualización de las sumas reconocidas.
9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:
9.1. La situación pensional de Astrid García Conde se regía por la Ley 33 de 1985,
porque acreditó su vinculación al servicio docente oficial desde el 27 de agosto de
1998, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Comoquiera que también demostró los requisitos de edad (55 años) y tiempo de
servicios (20 años) exigidos por esa normativa, al haber cumplido 55 años el 14 de
marzo de 2019; y consolidado el tiempo de servicios requerido (más de 22 años, 9
meses y 12 días) el 16 de abril de 2022, fecha en la que consolidó el estatus
pensional, tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación.
9.2. El tiempo laborado en detalle es el siguiente:
Modalidad de Institución
Entidad Desde Hasta Tiempo reconocido
vinculación educativa
Compromiso Cooperativa de Colegio San Pedro 27 de 25 de
contractual Trabajo Asociado Alejandrino agosto de noviembre de 2 meses 28 días
asociativo Coontratemos (Ibagué) 1998 1998
Escuela Urbana 17 de 17 de
Antonio Nariño agosto de noviembre de
(Ibagué) 1999 1999
11 de
10 de mayo
febrero
de 2000
Empleado Departamento 2000
11 meses 15 días
público sin AP del Tolima 31 de mayo 29 de agosto
IE Antonio Nariño,
zona rural (Ibagué) 2000 de 2000
21 de 05 de
septiembre diciembre de
de 2000 2000
Secretaría de 31 de
Docente Municipio de 16 de agosto 1 año 7 meses 16
Educación diciembre
provisional Ibagué de 2005 días
Municipal de 2003
Grupo SAT La
Tigrera del 02 de mayo 02 de enero No se computó de
Contrato de municipio de de 2007 de 2008 forma independiente
prestación de (Cajamarca) por encontrarse
Prohaciendo
servicios – Hora traslapado con
IE Técnica San 26 de
cátedra 02 de mayo vinculación con el
Lorenzo, zona rural diciembre de
de 2009 municipio de Ibagué
(Cajamarca) 2009
Municipio de IE Joaquín Flórez 17 de
Docente en 28 de enero 19 años 11 meses 13
Ibagué, Hernández y sede agosto de
propiedad de 202513 días
Secretaría de PAL San Isidro 2005
13 Por lo menos hasta esa fecha correspondiente a la expedición de la certificación.
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
Modalidad de Institución
Entidad Desde Hasta Tiempo reconocido
vinculación educativa
Educación
Municipal
22 años 9 meses 12
TOTAL (sin contar el lapso traslapado)
días
9.3. Para el cómputo del servicio docente oficial, se debían tener en cuenta los
tiempos laborados por la demandante mediante el compromiso contractual
asociativo con Coontratemos, las órdenes de trabajo y los contratos de hora cátedra
suscritos con Prohaciendo, porque las labores docentes habían sido desarrolladas
en instituciones educativas oficiales. Dichos períodos podían contabilizarse sin
necesidad de una declaración previa de una relación laboral porque la pretensión
se limitaba al reconocimiento de la pensión, sin perjuicio del derecho que tenía la
entidad de repetir por las cuotas partes a cargo de las entidades responsables.
9.4. El ingreso base de liquidación debía determinarse con el 75% de promedio de
los factores salariales sobre los cuales se hubieran efectuado los aportes previstos
en la Ley 62 de 1985, sobre el último año de servicio, que para el caso aplicaba
entre el 17 de abril de 2021 y el 16 de abril de 2022. De manera que tenía derecho
a la inclusión de la asignación básica, la bonificación mensual docente prevista en
el Decreto 1566 de 2014 y, en una doceava parte, la bonificación pedagógica creada
por el Decreto 2354 de 2018.
9.5. El reconocimiento de la pensión de jubilación debía efectuarse a partir del 17 de
abril de 2022, día siguiente a la consolidación del estatus pensional, y hasta el retiro
del servicio o el cumplimiento de la edad de retiro forzoso, comoquiera que la
pensión de jubilación era compatible con el salario que percibía la demandante
como docente, de conformidad con los artículos 5 del Decreto 224 de 1972 y 6 de
la Ley 60 de 1993, que permitían la compatibilidad entre la pensión de jubilación y
el ejercicio de la actividad docente, siempre que conservara la aptitud física y mental
para desempeñar el cargo, como excepción a la prohibición de percibir dos
asignaciones provenientes del tesoro público.
9.6. El fenómeno de la prescripción no operó porque entre la consolidación del
estatus pensional el 16 de abril de 2022 y la reclamación presentada el 2 de
diciembre de 2021, así como la demanda promovida el 20 de enero de 2022, no
había transcurrido término de 3 años previsto para la prescripción de las mesadas
pensionales.
1.4. El recurso de apelación
6
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
10. El Fomag presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente14:
10.1. No era viable computar los tiempos laborados por la demandante mediante
contratos y órdenes de prestación de servicios para establecer la fecha de su
vinculación al servicio docente oficial, pues solo la vinculación legal y reglamentaria,
derivada del nombramiento y la posesión en un cargo docente oficial, permitía
determinar el régimen pensional aplicable.
10.2. Como la afiliación al Fomag ocurrió el 17 de agosto de 2005, con posterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional aplicable era
el previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y, por lo tanto, los requisitos para
acceder a la prestación como su liquidación debían sujetarse a ese régimen y no
bajo las leyes 33 y 62 de 1985; pues sólo debía responder por las prestaciones
causadas con posterioridad a la afiliación y respecto de los períodos efectivamente
cotizados mientras que las causadas con anterioridad correspondían a la entidad
territorial.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar15.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia16.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia17, se circunscriben a
14 Samai tribunales, índice 89.
15 Tal y como se indicó en el auto del 3 de septiembre de 2025. Índice 4 de Samai.
16 Así se desprende del informe secretarial del 1 de octubre de 2025. Índice 8 de Samai.
17 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
7
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Demandante: Astrid García Conde
establecer lo siguiente: ¿si los tiempos laborados por Astrid García Conde como
docente mediante compromiso contractual asociativo, contratos y órdenes de
prestación de servicios podían computarse para establecer la fecha de su primera
vinculación al servicio docente oficial?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
14. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte18. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas19.
15. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción20. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»21. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
16. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
18 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
19 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
20 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
21 Preámbulo y artículo 6.
8
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Demandante: Astrid García Conde
expuesto en sus antecedentes legislativos22. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
17. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
18. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
19. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
22 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
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Demandante: Astrid García Conde
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200323.
20. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
21. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Vinculados por venía vinculado este personal
nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
antes y después del enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
1/1/1976 (Ley 43/75) diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
establecidos en el artículo 3 de
Nacionalizado la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
22. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
23 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
23. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
24. La Ley 60 de 199324 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
25. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
24 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»
26. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
27. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
28. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
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lo hasta ahora expuesto:
29. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»25 (se destaca).
30. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
31. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
25 Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la
República del 17 de octubre de 1989.
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modo desconoce su propio campo de reglamentación.
26
32. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
33. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
34. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»27 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados « del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
35. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador28. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
26 Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
27 El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
28 «[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre
cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
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de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
36. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
37. En este sentido, se debe destacar que la expresión « derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
38. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación29.
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.
29 En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan
normas sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la
enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo
104 los define como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de
formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales,
culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se
expide el Estatuto de Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
39. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
40. (i) desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
41. (ii) contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;
42. (iii) impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por
aportes que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
43. (iv) desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior30.
44. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
45. Si bien el numeral aludido indicó que « cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que « [e]stos pensionados
labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos
en su proceso enseñanza aprendizaje […]».
30 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor .
46. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.
47. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
48. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
49. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
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Demandante: Astrid García Conde
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.
50. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.
2.2.3. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
51. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).
31
52. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones».
53. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
31 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201932, precisó:
«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los
regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».
54. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
32 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». [Se resalta]
55. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años33. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones».
56. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección34, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
33 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:
56.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad35
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y
56.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
1158 de 199436.
57. En suma, es procedente la aplicación de la Ley 71 de 1988, disposición que
también regla a los servidores públicos que tengan tiempos privados para alcanzar
una pensión de jubilación, sin que la Ley 91 de 1989 haya restringido la aplicación
del régimen general de pensiones de los empleados oficiales únicamente a la Ley
33 de 1985.
58. En ese sentido, los docentes que acumulen aportes por servicios prestados en
los sectores oficial y privado e ingresaron al servicio docente estatal con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, también les son aplicables las
disposiciones de la Ley 71 de 1988, norma que regula la pensión por aportes de los
servidores públicos inmersos en esa situación.
35 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
36 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
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2.2.4. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional
59. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores37. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.
60. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.
61. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 38, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación39 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.
62. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1640 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
37 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
38 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
39 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.
63. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199441 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.
64. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley
solo se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.
65. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y
reglamentaria, pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los
derechos laborales de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de
vinculación que no tiene justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo
expuesto en la sentencia citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la
Ley 60 de 199342 y luego en el artículo 105 de la Ley 115 de 199443; y el hecho de
que los docentes contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los
empleados públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los
derechos laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales
41 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
42 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
43 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
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que históricamente se han pretendido eliminar44. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.
66. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:
«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.
Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»
67. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un
obstáculo para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las
normas prevén. Una interpretación contraria conllevaría a mantener las
condiciones de desigualdad e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como
principio fundante del Estado social de derecho, de un grupo importante de la
población, que desarrolla una labor trascendental para la sociedad.
68. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado45, sino lo que se evidencia de esa relación, en
44 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
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armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».
69. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»46. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»47.
70. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.
71. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
46 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
47 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:
05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.
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con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.
72. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.
73. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación48, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.
74. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200349 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.
75. En efecto, el artículo 2350 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
49 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
50 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.
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no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2451 y 5752 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
76. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
77. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
77.1. Astrid García Conde nació el 14 de marzo de 1964, según la copia de su cédula
de ciudadanía53.
77.2. Celebró un compromiso contractual asociativo el 27 de agosto de 1998, con la
cooperativa de trabajo asociado Coontratemos, para prestar sus servicios como
docente en preescolar, en el colegio San Pedro Alejandrino, del 27 de agosto al 26
de octubre de 199854.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
51 «Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
52 «Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
53 Índice 3 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«4_ALDESPACHO_004_DEMANDA(.PDF) NroActua 3», página 15.
54 Índice 3 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«4_ALDESPACHO_004_DEMANDA(.PDF) NroActua 3», páginas 24 y 25.
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77.3. A través de la Resolución 633 del 9 julio de 1999, expedida por la Gobernación
del Tolima, fue autorizada para prestar sus servicios como docente de manera
temporal para el municipio de San Antonio, en la Escuela Rural Mixta Graciela
Ramírez, desde el 12 de julio de 1999 y hasta por el término de 3 meses 55. Sin
embargo, el secretario encargado de educación y de la juventud de la Gobernación
del Tolima emitió la Resolución 682 del 23 julio de 1999, por la cual revocó la
decisión anterior, con fundamento en que Astrid García Conde no aceptó la
designación por inconvenientes familiares56.
77.4. Mediante la Resolución 745 del 17 de agosto de 1999, el secretario de
educación y de la juventud del departamento del Tolima, la autorizó para prestar el
servicio docente por 3 meses, en la escuela urbana Antonio Nariño del municipio de
Ibagué57.
77.5. La profesional especializada del macroproceso de gestión de talento humano
de la Gobernación del Tolima certificó que Astrid García Conde se desempeñó como
docente de la Institución Educativa Antonio Nariño «con tipo de nombramiento Emp
Público Sin A.P.» entre el 11 de febrero y el 10 de mayo de 2000; además advirtió que
«[e]sta prestación de servicio solo da[ba] lugar al pago de honorarios»58.
77.6. Con la Resolución 0802 del 26 de mayo del 2000, la Gobernación del Tolima la
autorizó para prestar sus servicios como docente de manera temporal para el
municipio de Ibagué, en la Escuela Urbana Mixta Antonio Nariño, por el término de
3 meses desde la fecha de posesión59. De acuerdo con lo certificado por la
Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación del Tolima la prestación del
servicio se extendió del 31 de mayo al 29 de agosto de 200060.
77.7. Por Resolución 1472 del 21 de septiembre del 2000, expedida por la Secretaría
de Educación y de la Juventud de la Gobernación del Tolima, fue autorizada para
prestar sus servicios como docente de manera temporal, en la Escuela Urbana
55 Índice 3 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«4_ALDESPACHO_004_DEMANDA(.PDF) NroActua 3», páginas 26 a 28.
56 Índice 3 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«4_ALDESPACHO_004_DEMANDA(.PDF) NroActua 3», páginas 29 y 30.
57 Índice 50 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«43_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 50», página 35 y 36.
58 Índice 50 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«43_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 50», página 23.
59 Índice 3 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«4_ALDESPACHO_004_DEMANDA(.PDF) NroActua 3», páginas 31 y 32.
60 Índice 50 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«43_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 50», página 16.
28
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
Mixta Antonio Nariño del municipio de Ibagué61. De acuerdo con lo certificado por la
Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación del Tolima la prestación del
servicio se extendió del 21 de septiembre al 5 de diciembre de 200062.
77.8. En virtud del nombramiento en provisionalidad dispuesto en el Decreto 0919 del
30 de diciembre de 2003, prestó sus servicios como docente de primaria, entre el
31 de ese mes y año y el 16 de agosto de 200563. El 17 de agosto de 2005 tomó
posesión del empleo en propiedad, y para el 28 de enero de 202564, continuaba
activa en el servicio65.
77.9. El 2 de mayo de 2007, suscribió el contrato hora catedra PE-03128, con la
Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial Prohaciendo,
con fundamento en el cual prestó sus servicios como docente catedrático en el
Grupo SAT La Tigrera en los niveles de básica secundaria y media en el municipio
de Cajamarca, del 2 de mayo de 2007 al 2 de enero de 2008, por el término de 8
meses66.
77.10. El 30 de abril de 2009 celebró el contrato hora cátedra 3160973, con la
Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial Prohaciendo,
en virtud del cual se comprometió a prestar y desarrollar asesoría pedagógica en
las materias ciencias naturales, educación física, español e inglés a los diferentes
ciclos integrantes del programa APT y responder por la dirección del grupo 4A, de
la Institución Educativa Técnica Cajamarca Sede San Lorenzo zona rural del
municipio de Cajamarca, del 2 de mayo al 26 de diciembre de 2009, hasta acreditar
la duración máxima de 400 horas67.
77.11. Efectuó las siguientes cotizaciones a Colpensiones68:
Entidad Desde Hasta
Cooperativa de Maestros EE SRI 27/09/88 14/11/88
61 Índice 3 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«4_ALDESPACHO_004_DEMANDA(.PDF) NroActua 3», página 33.
62 Índice 50 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«43_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 50», página 21.
63 Índice 3 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«4_ALDESPACHO_004_DEMANDA(.PDF) NroActua 3», páginas 46 y 47.
64 Por ser la fecha de expedición del certificado.
65 Índice 77 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«127_MemorialWeb_Anexos-CERTIFICADOHISTORIA(.pdf) NroActua 77».
66 Índice 3 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«4_ALDESPACHO_004_DEMANDA(.PDF) NroActua 3», páginas 39 a 41.
67 Índice 3 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«4_ALDESPACHO_004_DEMANDA(.PDF) NroActua 3», páginas 35 a 38.
68 Índice 50 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«43_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 50», páginas 56 a 60.
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
Entidad Desde Hasta
Tolibol S.A 20/10/89 01/12/89
Col Cap Seg Vida Pat 11/12/90 25/02/91
Gómez Pedro Julio 16/01/92 30/09/92
Gómez Pedro Julio 21/01/93 31/01/93
Servientrega LTDA 6/04/93 30/04/94
Servientrega S.A. 1/01/95 31/03/95
Aerofast INC 1/11/95 31/12/95
Aerofast INC 1/01/96 31/01/96
Postal Agrofast Colo 1/02/96 31/08/96
Postal Aerofast de C 1/11/96 31/12/96
Postal Aerofast de C 1/01/97 28/02/97
García 1/04/98 31/05/98
Coontratemos Cooperativa 1/07/98 31/07/98
García – Coontratemos Coopera* 1/08/98 31/08/98
García – Coontratemos Coopera* 1/09/98 31/10/98
Ortiz Moreno Luz 1/09/03 30/11/03
Corp para la promoción 1/05/08 31/12/08
Prohaciendo 1/07/09 31/12/09
• Periodos en los que se superponen tiempos. Se consignó un solo dato sin traslapos.
77.12. Mediante Resolución 1700-02390 del 14 de diciembre de 2021, la Secretaría
de Educación del municipio de Ibagué le negó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, con fundamento en que se vinculó al Fomag el 31 de
diciembre de 2003, esto es con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003 (27 de junio de 2003) y, por lo tanto, la normatividad con la cual debía
estudiarse la prestación reclamada era la de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003;
sin embargo no completó los requisitos allí previstos, pues aunque cumplió con el
de la edad, apenas alcanzó 1140 semanas, de las 1300 requeridas69.
2.3.2. Análisis sustancial
78. Tal y como se advirtió en el planteamiento del problema jurídico, el
pronunciamiento de esta Sala se limitará a los argumentos expuestos en el recurso
de apelación. En virtud de lo anterior la Subsección encuentra necesario precisar si
la demandante tenía o no derecho al reconocimiento pensional pretendido, como
beneficiaria de las prerrogativas de la Ley 812 de 2003 para los docentes que se
69 Índice 3 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«4_ALDESPACHO_004_DEMANDA(.PDF) NroActua 3», páginas 16 a 19.
30
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
vincularon con anterioridad a su vigencia y, en particular, si los tiempos laborados
mediante compromiso contractual asociativo, contratos y órdenes de prestación de
servicios podían computarse para establecer la fecha de su primera vinculación al
servicio docente oficial.
79. Así, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, Astrid García Conde
prestó sus servicios como docente así:
Modalidad de
Entidad Institución educativa Desde Hasta
vinculación
27 de
Compromiso contractual Cooperativa de Trabajo Colegio San Pedro 26 de octubre
agosto de
asociativo Asociado Coontratemos Alejandrino (Ibagué) de 1998
1998
17 de 17 de
Escuela Urbana
agosto de noviembre de
Antonio Nariño (Ibagué)
1999 1999
11 de
10 de mayo
febrero
de 2000
Departamento del 2000
Empleado público sin AP
Tolima 31 de mayo 29 de agosto
IE Antonio Nariño, zona
rural (Ibagué) 2000 de 2000
21 de 5 de
septiembre diciembre de
de 2000 2000
31 de
Secretaría de 16 de agosto
Docente provisional Municipio de Ibagué diciembre
Educación Municipal de 2005
de 2003
Grupo SAT La Tigrera
2 de mayo 2 de enero de
del municipio de
de 2007 2008
(Cajamarca)
Contrato de prestación de
Prohaciendo *
servicios – Hora cátedra IE Técnica San 26 de
2 de mayo
Lorenzo, zona rural diciembre de
de 2009
(Cajamarca) 2009
Municipio de Ibagué, IE Joaquín Flórez 17 de
28 de enero
Docente en propiedad Secretaría de Educación Hernández y sede PAL agosto de
de 202570
Municipal San Isidro 2005
• Esta experiencia docente se superpone con la que prestó al servicio del municipio de Ibagué. No obstante, no
resulta relevante su contabilización, para resolver la controversia planteada
80. De acuerdo con lo anterior, cumplió con los requisitos enunciados en el artículo
81 de la Ley 812 de 2003, por cuanto estuvo vinculada al servicio público educativo
oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, de manera que tal y
como lo dispuso el a quo resulta beneficiaria del régimen de transición fijado en ese
aparte normativo.
81. Al respecto, es necesario precisar que contrario a lo señalado por la entidad
70 Por ser la fecha de expedición del certificado.
31
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
recurrente, es irrelevante que el periodo anterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 hubiera sido en virtud de órdenes o contratos de prestación de
servicios, o cualquier otra modalidad de vinculación al servicio educativo oficial y no
a través de una relación legal y reglamentaria, porque el beneficio del régimen de
transición de la norma antes mencionada no establece alguna condición adicional
al de haber tenido un vínculo al servicio público educativo oficial, bien sea como
docente nacional, nacionalizada o territorial71.
82. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario»72.
83. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma
de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde
el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal
de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,
parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.
84. De esta manera, aun cuando con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, Astrid García Conde estuviera vinculada a través de una relación
contractual, esa situación desconocía las disposiciones del legislador y desatendía
las interpretaciones judiciales según las cuales la diferenciación entre los docentes
de planta y los contratistas no tenía justificación constitucional en la medida en que
realizaban igual actividad y, en contraste vulneraba los derechos laborales
irrenunciables de aquellos quienes tenían previsto un régimen o unas prerrogativas
particulares, esto es aquellas contenidas en la ley y no en el contrato.
85. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide hallar la razón a la entidad
recurrente al considerar que la única experiencia docente útil para obtener la
prestación es aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria.
71 En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-
000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B.
72 Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
32
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
86. Ahora bien, de acuerdo con el material probatorio allegado al expediente se tiene
que si bien la vinculación inicial de la demandante como docente oficial ocurrió con
anterioridad a la Ley 812 de 2003, el régimen prestacional aplicable a su caso es el
de la Ley 71 de 1988 y no el de la Ley 33 de 1985, debido a la acumulación de
tiempos públicos y privados [como se advierte del reporte de semanas cotizadas
allegado por Colpensiones].
87. Al efecto, según el artículo 7 de la citada ley, por ser mujer debía acreditar 55
años de edad y 20 años de cotización continuas o discontinuas. En ambos casos,
correspondía aplicar una tasa de reemplazo del 75% sobre lo aportado durante el
último año de servicio.
88. Sin embargo, comoquiera que este aspecto no fue objeto de reproche en sede
de apelación y por virtud del principio de non reformatio in pejus, no se modificará
la decisión en ese sentido, a efectos de no perjudicar al apelante único, que en este
caso es el Fomag.
2.4. Costas
89. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
90. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
91. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma73.
73En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
92. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
93. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
94. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Astrid García Conde era
beneficiaria de las prerrogativas de la Ley 812 de 2003, que le permitían acudir a
los regímenes pensionales que existían con anterioridad a la entrada en vigencia de
esa norma, toda vez que los periodos en los que se vinculó contractualmente como
docente oficial sí son útiles para acreditar el requisito previsto en el artículo 81 de la
referida norma; razón suficiente para confirmar la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de febrero de 2024, por el Tribunal
Administrativo del Tolima que accedió a las pretensiones de la demanda presentada
por Astrid García Conde en contra de la nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas
en esta decisión.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00039-01 (1593-2025)
Demandante: Astrid García Conde
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
(FNM/SLVA)
35
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