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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2022-00181-01

Fecha
14 de julio de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2022-00181-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECHAZAR las solicitudes de nulidad formuladas por el Juez Penal del Circuito del Guamo y de la señora Diana María Barrios Murillo, de acuerdo con lo señalado en precedencia. SEGUNDO: MODIFICAR el numeral primero del fallo proferido el 9 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima, el cual quedará así: 83 M.P.: Alexei Julio Estrada. 47 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 73001 2333 000 2022 00181 01 Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón “[…] PRIMERO: AMPARAR, el derecho fundamental de acceso a cargos públicos del señor Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón, por las razones expuestas en la parte motiva. TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de tutela proferido el 9 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima, acorde con lo explicado. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2022-00181-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

14 de julio de 2022

Radicación: 73001 2333 000 2022 00181 01
Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 73001-2333-000-2022-00181-01
Accionante: FERNANDO EDUARDO ANDRÉS ARMEL GAYÓN
Accionado: JUEZ PENAL DEL CIRCUITO DEL GUAMO – TOLIMA

Tesis: Hay lugar amparar el derecho fundamental de acceso a
cargos públicos cuando el nominador del despacho judicial
posterga el nombramiento en propiedad del ciudadano
que ocupa el primer lugar en la lista de elegibles hasta
que finalice la licencia de maternidad de la funcionaria que
se encuentra en provisionalidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones presentadas por el Juez Penal del
Circuito del Guamo – Tolima y la señora Diana María Barrios Murillo en
contra del fallo de tutela proferido el 9 de mayo de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Tolima.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón promovió acción de tutela
en contra del Juez Penal del Circuito del Guamo – Tolima, con el fin de
que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso al

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Radicación: 73001 2333 000 2022 00181 01
Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

desempeño de funciones y cargos públicos, trabajo y mínimo vital; para
ello formuló la siguiente pretensión1:

“[…] Tutelar los derechos de acceder a cargos públicos y al debido
proceso, ordenando al Juez Penal del Circuito del Guamo, dar
cumplimiento al acuerdo nro. CSJTOA21-124, nombrándome en el
cargo de oficial mayor […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que, mediante el acuerdo nro. CJSTOA – 457 del 4
de octubre de 2017, el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima
convocó al concurso de méritos para proveer cargos de empleados de
juzgados y tribunal.

Afirmó que se inscribió para el cargo de oficial mayor de juzgado del
circuito y aprobó el examen correspondiente, por lo que hace parte de la
lista de elegibles para ocupar el mencionado cargo.

Explicó que el 12 de noviembre de 2021, el Consejo Seccional de la
Judicatura del Tolima publicó la “lista de aspirantes por sede”. Precisó que
se postuló para el cargo de oficial mayor en el Juzgado Penal del Circuito
del Guamo, “ocupando el tercer lugar de la lista, luego de los doctores
Carlos Andrés Bocanegra y Annie Julieth Vega Molano, como se aprecia
en la lista de lista de aspirantes por sede del 12 de noviembre de 2021”2.

Sostuvo que el Juez Penal del Circuito del Guamo “profirió resolución nro.
004 del 22 (sic) de febrero de 2022, por medio de la cual se abstuvo de
nombrar en propiedad en el cargo de oficial mayor, conforme al acuerdo
citado, remitido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima,
aduciendo que la doctora Diana María Barrios Murillo, quien ocupa el cargo

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 01.
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Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

en provisionalidad, se encuentra en estado de embarazo, lo que crea en
su favor una estabilidad laboral reforzada, que debe prevalecer sobre el
derecho de acceder al cargo, de quienes superamos las etapas del
concurso de méritos”3.

Indicó que presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en
contra del precitado acto y a través de la Resolución nro. 006 del 25 de
marzo de 2022, el Juez Penal del Circuito del Guamo confirmó la decisión
y concedió el recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué.

Señaló que el 22 de febrero de 2022, el señor Carlos Andrés Bocanegra
Báez remitió al Juzgado Penal del Circuito del Guamo escrito en el que
renunció a su postulación al cargo de oficial mayor en ese despacho por
cuanto estaba laborando en calidad de Juez Promiscuo Municipal en Rio
Blanco – Tolima.

Agregó que el 28 de marzo de 2022, la señora Annie Julieth Vega Molano
informó al Juzgado Penal del Circuito del Guamo que desistía “de su lugar
en la lista de elegibles para ocupar el cargo de oficial mayor, por haberse
posesionado en el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral”4.

Por lo anterior, expuso que ocupa el primer puesto en la lista de elegibles
para optar por el cargo de oficial mayor del Juzgado Penal del Circuito del
Guamo – Tolima.

Adujo que “actualmente ocupa en provisionalidad el cargo de oficial mayor
en el Juzgado Promiscuo de Familia de El Espinal, en el que se efectuó el
nombramiento del señor Víctor Alfonso Cardozo, primero en la lista de

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 01.
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elegibles para ocupar ese cargo, mediante resolución nro. 011 del 22 de
diciembre de 2012”5.

Manifestó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación
en contra de este último acto administrativo; que, mediante la Resolución
nro. 001 del 19 de enero de 2022, se dispuso no reponer la decisión y no
se concedió el recurso de apelación por improcedente.

Anotó que, en contra de la decisión de no conceder la apelación, interpuso
recurso de queja, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el
31 de marzo de 2022, consideró que la apelación era improcedente.

Argumentó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, “las acciones ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, no resultan idóneas para proteger mis derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos; debiendo
señalar además, que de no ser nombrado en el cargo de oficial mayor del
Juzgado Penal del Circuito del Guamo se produciría en mi contra un
perjuicio irremediable, por cuanto, al salir del Juzgado en el que
actualmente ocupo un cargo en provisionalidad, en razón del
nombramiento en propiedad de quien aprobó el concurso de méritos, no
tendría los recursos necesarios para mi manutención y la de mi familia, ni
tampoco la atención en salud que requiero en razón de las patologías que
padezco, lo que llevaría a que no se me realizaran las intervenciones
quirúrgicas que me fueron ordenadas, poniendo en riesgo mi salud y
vida”6.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 01.
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Radicación: 73001 2333 000 2022 00181 01
Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

3.1. Por auto del 29 de abril de 20227, el Tribunal Administrativo del
Tolima admitió la tutela y dispuso notificar al Juez Penal del Circuito del
Guamo, así como vincular, por tener interés en el resultado del proceso,
a la señora Diana María Barrios y al Consejo Seccional de la Judicatura
del Tolima8.

Asimismo, decretó como pruebas las siguientes9:

“[…] 1. En vista que el actor informa que interpuso recurso de
apelación contra la Resolución 004 del 22 de febrero de 2022, por la
cual el funcionario se abstuvo de nombrarlo en propiedad, SE
ORDENARÁ que por Secretaría se solicite al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, informar en el término de la distancia
acerca del trámite surtido ante el recurso de apelación interpuesto
por el actor contra la Resolución 004 del 22 de febrero de 2022, por
la cual el Juez Penal del Circuito del Guamo, Tolima, se abstuvo de
nombrarlo en propiedad.
2. A fin de determinar el pleno derecho de la parte actora, SE
ORDENARÁ que, por Secretaría, se solicite al Consejo Seccional de
la Judicatura, remita en el término de la distancia la lista definitiva
de elegibles vigente para el Juzgado Penal del Circuito del Guamo,
Tolima […]”.

3.2. Por auto del 2 de mayo de 202210, el Tribunal Administrativo del
Tolima vinculó como parte accionada a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué11, con fundamento en que “en caso de
concederse el amparo constitucional, lo que implicaría la protección del
fuero de maternidad y por supuesto la erogación de prestaciones por
parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial, se hace
necesario vincularla a la presente acción constitucional”.

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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
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Esta orden se cumplió el 29 de abril de 2022. Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
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Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
11
Esta orden se cumplió el 2 de mayo de 2022. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
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Radicación: 73001 2333 000 2022 00181 01
Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

3.3. El Juez Penal del Circuito del Guamo – Tolima rindió informe en
oportunidad vía correo electrónico12, en el que resumió el trámite
administrativo de nombramiento de lista de elegibles para el cargo de
oficial mayor de juzgado de circuito, de lo cual se destaca:

Aseguró que en dicho despacho judicial se encuentra vacante en
propiedad el cargo de oficial mayor y/o sustanciador de juzgado de
circuito, el cual lo ocupa en provisionalidad la señora Diana María Barrio
Murillo, quien, por escrito del 20 de enero de 2022, informó que está en
estado de embarazo y solicitó la protección de los derechos
fundamentales, “dado que el cargo que desempeño se encuentra en
vacancia definitiva y próximo a ser nombrada la persona de lista de
elegibles de oficial mayor”13.

Expuso que de esa novedad se corrió traslado el 21 de enero de 2022 al
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima. El 26 del mismo mes y
año el Consejo Seccional le respondió al juzgado en el sentido que, bajo
los principios de autonomía e independencia judicial, debía tomar la
decisión que en derecho correspondiera.

Por lo anterior, mediante la Resolución nro. 004 del 8 de febrero de 2022,
el juzgado dispuso “abstenerse por ahora de nombrar en propiedad en el
cargo de oficial mayor o sustanciador de juzgado de circuito”14; decisión
contra la que, el aquí accionante, interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación.

Explicó que, a través de la Resolución nro. 006 del 25 de marzo de 2022,
el despacho resolvió no reponer la Resolución nro. 004 y concedió el

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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
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Radicación: 73001 2333 000 2022 00181 01
Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué y afirmó que todavía no ha sido resuelto.

3.4. La Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué15,
en atención al requerimiento hecho en el auto que admitió la tutela,
respondió que el recurso de apelación interpuesto por el accionante en
contra de la Resolución nro. 004 de 2022 le correspondió por reparto “al
H. magistrado doctor Manuel Antonio Medina Varón, quien lo recibió en
su despacho el día 18 de abril, donde se encuentra para su estudio”.

3.5. La señora Diana María Barrios Murillo remitió informe en oportunidad
vía correo electrónico16, en el que sostuvo que, mediante la Resolución
nro. 001 del 1 de marzo de 2021, fue nombrada en provisionalidad en el
cargo de oficial mayor en el Juzgado Penal del Circuito del Guamo -
Tolima.

Aseguró que el 20 de enero de 2022 comunicó al titular del despacho que
estaba en estado de embarazo, para esa época, tenía 14 semanas y 2
días de gestación, “dado que el cargo que desempeñaba se encuentra en
vacancia definitiva, y próximo a ser nombrada la persona de la lista de
elegibles de oficial mayor o sustanciador (…), esto con el fin, de que se
adoptara las medidas necesarias y oportunas para la protección de los
derechos fundamentales de mujer embarazada y del menor que está por
nacer (protección al principio de estabilidad reforzada)”17.

Anotó que, en la actualidad, “me encuentro con 29 semanas de embarazo,
ad portas de dar a luz en menos de 2 meses a mi hija, y en la expectativa

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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
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Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
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Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
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Radicación: 73001 2333 000 2022 00181 01
Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

de lo que resuelva el Honorable Tribunal Superior de Ibagué Tolima, sobre
la Resolución nro. 006 de marzo 25 de 2022”18.

Precisó que en la Resolución nro. 004 se resaltó que una vez ocurra “el
alumbramiento y la licencia de maternidad, que será en menos de dos
meses, se procederá a nombrar el aspirante en lista al cargo de oficial
mayor”19.

Acotó que, “el año pasado quedé en estado de embarazo, situación que
fue difícil de aceptar al no contar con un empleo estable y sin la ayuda
económica del padre biológico, pero, que asumí con valor y decisión, es
decir, en este momento desafortunadamente soy madre soltera y cabeza
de familia, porque siempre he tenido a cargo a mi madre de 58 años y mi
padre, este último, falleció hace algunos meses, y mi madre no posee
pensión u otra entrada económica para su sustento, luego el cargo que
he desempeño hace más de un año como oficial mayor del despacho, me
ha ayudado para solventar muchos gastos familiares y personales”20.

3.6. El Vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima
allegó informe en oportunidad vía correo electrónico21, en el que
manifestó que no hace parte de las funciones de dicha autoridad judicial
expedir actos administrativos sobre nombramientos, permisos, licencias
no remuneradas, aceptación de renuncias, entre otros, pues ello le
corresponde a los respectivos nominadores de los funcionarios.

Adujo que el Consejo Seccional de la Judicatura no es competente para
decidir sobre la situación administrativa objeto de la presente tutela “pues
el bajo el principio de autonomía e independencia judicial, el Juez Director
del Despacho es quien debe tomar la decisión que en derecho corresponde

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Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
19
Ibídem.
20
Ibídem.
21
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
8

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Radicación: 73001 2333 000 2022 00181 01
Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

analizando y ponderando el caso puesto de presente, frente a la ley y la
jurisprudencia vigente, los acuerdos, la directrices y reglamentos frente
el procedimiento a seguir frente a nombramientos en propiedad por
concurso de méritos vs estabilidad laboral reforzada de servidoras
judiciales vinculadas en provisionalidad y que se encuentran en estado de
embarazo”22.

Informó, en cuanto a la situación laboral de la señora Diana María Barrios
Murillo, que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué
“es quien determina las acreencias laborales a que tiene derecho en caso
de que quede desvinculada de la Rama Judicial, pues el área de talento
humano es quien es exclusivamente competente para indicar lo anterior;
pues el Consejo Seccional de la Judicatura no tiene dicha función”.

3.7. El Director Seccional de Administración Judicial de Ibagué envió
informe en oportunidad vía correo electrónico23, en el que sostuvo que la
entidad no tiene legitimación en la causa por pasiva, dado que “frente a
las novedades del personal de cada despacho, tales como:
nombramientos, aceptación de renuncias, ordenes de reconocimiento y
pago de prestaciones sociales, la función de la Dirección Seccional de
Administración Judicial, se limita a recibir los actos administrativos
expedidos por los titulares de despacho, ingresarlos y gestionarlos dentro
del aplicativo EFINOMINA. // Por lo anterior, respecto a las pretensiones
que tiene el accionante con la presentación de la acción de tutela, esto
es, que el titular del Juzgado Penal del Circuito de Guamo lo nombre en
el cargo de oficial mayor, me permito informar que escapan a la funciones
y competencias de esta Dirección Seccional, ya que los jueces y
magistrados del Distrito Judicial de Ibagué cuentan con autonomía a la
hora de tomar decisiones como nominador del despacho”.

22
Ibídem.
23
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
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Radicación: 73001 2333 000 2022 00181 01
Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 9 de mayo
de 2022, dispuso lo siguiente24:

“[…] PRIMERO: AMPARAR, el derecho al debido proceso impetrado
por Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón, por las razones
expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: ORDENAR al titular del Juzgado Penal del Circuito del
Guamo (Tolima), en su condición de nominador, que dentro de los
dos días siguientes a la notificación de esta sentencia proceda a
efectuar el nombramiento del señor Fernando Eduardo Andrés Armel
Gayón, en el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado de
Circuito que se encuentra vacante en su juzgado. A su vez comunicar
tal determinación al interesado para que manifieste si lo acepta,
conforme lo estipulado en la Ley 270 de 1996.

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Seccional Tolima, que, una vez producida la desvinculación
del cargo, de la señora Diana María Barrios Murillo, reconozca y
pague a su favor, de manera ininterrumpida los aportes al Sistema
de Seguridad Social en Salud, correspondientes al período de
gestación posterior a la terminación de su vínculo laboral, y hasta
tres meses después del parto, con el fin de que el sistema le
garantice a futuro el reconocimiento y disfrute efectivo del derecho
a la licencia de maternidad, así como la prestación integral del
servicio de salud que requiera tanto ella como su hijo que está por
nacer […]”.

Para dilucidar el asunto, lo primero que advirtió sobre el requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela fue lo siguiente25:

“[…] Aunque se encuentra pendiente de resolver el recurso de
apelación interpuesto por el actor contra la Resolución nro. 004 del
8 de febrero de 2022, proferida por el Juez Penal del Circuito del
Guamo, “Por medio de la cual se abstiene de hacer nombramiento
de oficial mayor o sustanciador de juzgado de circuito y equivalente
en propiedad de lista de elegibles conformada mediante acuerdo
CSJTOA21-124” respecto de la cual según lo informó el Secretario
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, la actuación le
correspondió al magistrado Manuel Antonio Medina Varón, quien lo
recibió en su despacho el día 18 de abril, y se encuentra para su
estudio, debe tenerse en cuenta que esa misma corporación resolvió

24
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
25
Ibídem.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 73001 2333 000 2022 00181 01
Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

un recurso de queja interpuesto por el hoy actor contra el acto
administrativo nro. 011 del 22 de diciembre de 2021 por el cual el
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de El Espinal
(Tolima) nombró a Víctor Alfonso Cardozo Cortés en propiedad en el
cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de Circuito de esa sede judicial
al igual que dio por desvinculado del cargo al señor Fernando
Eduardo Andrés Armel Gayón quien ocupaba el cargo en
provisionalidad.

Frente a tal recurso el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Plena,
dispuso abstenerse de resolver el recurso de queja, por
improcedente, al considerar que:

“En efecto, tal y como lo comprendió el Juez nominador en la
Resolución nro. 001 del 19 de enero de 2022, de acuerdo con
lo dispuesto en el canon 131 de la Ley 270 de 1996, los jueces
en su condición de nominadores y autoridades
administrativas autónomas no cuentan con superior
jerárquico administrativo que pueda resolver el recurso de
apelación que pretendió formular el señor ARMEL GAYÓN en
contra de la Resolución nro. 011 de 2021, por medio de la
cual, huelga recordar, se efectuó un nombramiento en
propiedad del cargo de oficial mayor al interior del despacho
judicial ya referido. Caso distinto ocurre con respecto a los
actos administrativos proferidos en un trámite disciplinario o
de calificación de servicios, donde la interpretación de los
artículos 115 y 171 de la Ley 270 de 1996, permiten avizorar
la procedencia del recurso de apelación ante el superior
jerárquico de la autoridad nominadora”.

Por lo anterior, es conocido dentro del trámite, el criterio del Tribunal
Superior de Ibagué, Sala Plena, frente al caso en concreto.

Por otro lado, al tratarse de la impugnación de un acto
administrativo que resuelve respecto del nombramiento de un
empleado en propiedad, se trata de un asunto que limita el margen
de análisis del superior funcional al conocer el recurso y limitaría la
decisión frente a los derechos de la empleada gestante que ocupa el
cargo en provisionalidad, es decir, para decidir sobre la colisión de
derechos frente al derecho a ocupar el cargo de oficial mayor o
sustanciador de juzgado de circuito en el Juzgado Penal del Circuito
del Guamo (Tolima).

Por tales razones, la Sala considera viable, conocer el caso concreto
y resolver sobre el mismo por ser un asunto que atañe al juez
constitucional […]”.

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Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

Superado el requisito de subsidiariedad, examinó de fondo el asunto y
señaló que, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, está
acreditado que el señor Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón ocupa
actualmente el primer lugar en la lista de elegibles para proveer en
propiedad el cargo de oficial mayor o sustanciador del juzgado de circuito
grado nominado en el Juzgado Penal del Circuito del Guamo.

Agregó que también está probado que el Juez Penal del Circuito del
Guamo expidió la Resolución nro. 004 del 8 de febrero de 2022, por medio
de la cual se abstuvo de hacer el nombramiento de oficial mayor o
sustanciador de juzgado de circuito en propiedad, con fundamento en que
la señora Diana María Barrios Murillo, quien fue nombrada en
provisionalidad, comunicó el 20 de enero de 2022 que estaba en estado
de embarazo; precisó que “el nominador, en la resolución mencionada
aclaró que el nombramiento en propiedad se producirá una vez se
produzca el alumbramiento y finalice el período de licencia de maternidad
conforme a la Ley 2114 de 2021 y la Ley 270 de 1996”26.

Conforme con lo anterior, estimó que “se presenta una colisión de
derechos frente a la ocupación legítima del cargo de oficial mayor o
sustanciador de juzgado de circuito en el Juzgado Penal del Circuito del
Guamo (Tolima), pues, por un lado, se encuentran los derechos de la
señora Diana María Barrios Murillo, quien ocupa el cargo en
provisionalidad, a gozar de la estabilidad laboral reforzada en atención a
su estado de gravidez, además de los derechos del que está por nacer.
Por otro lado, los derechos del demandante a ocupar el cargo por haber
superado el concurso de méritos y ocupar el primer lugar en la lista de
elegibles”27.

Para resolver, el a quo refirió a la sentencia SU – 070 del 13 de febrero
de 2013, de la Corte Constitucional, y al fallo de tutela proferido por la

26
Ibídem.
27
Ibídem.
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Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

Sección Quinta del Consejo de Estado el 1 de junio de 201728; respecto
de esta última providencia transcribió lo siguiente:

“[…] La Sala se ha pronunciado sobre el particular en el sentido de
efectuar un juicio de ponderación, dada la colisión de derechos
susceptibles de amparo29:

“En este orden de ideas, se advierten dos situaciones, por una
parte el derecho que ostenta el señor (…) de posesionarse en
el cargo para el cual fue nombrado en propiedad, en virtud de
haber superado en forma exitosa todas las etapas del
concurso y que aceptó el cargo para el cual fue nombrado y,
por la otra, la estabilidad laboral reforzada de la actora quien
se encuentra en estado de embarazo, posiciones susceptibles
de amparo, por lo que deberá realizarse un ejercicio de
ponderación entre los derechos fundamentales involucrados”.

Dada la circunstancia descrita, en el pronunciamiento bajo análisis
se llegó a la conclusión de que la desvinculación de la mujer en
estado de embarazo resulta legítima, en razón de la provisión del
cargo con la persona que superó el concurso de méritos, cuyos
derechos tampoco pueden ser desconocidos:

“Por consiguiente, no hay lugar a la reubicación y al pago de
los salarios dejados de percibir, toda vez que las causas de
desvinculación de la accionante no obedecen a su estado y,
por ende, son legítimas, esto es, la provisión del cargo se dio
por concurso de méritos, y en la medida que la misma tenía
conocimiento de que la posición que ocupaba en el Juzgado
(…), como secretaria, era transitoria, y que por lo tanto, la
permanencia de la mismo estaba supeditada a un límite de
tiempo, el cual en el caso objeto de estudio, será cuando el
señor (…) se posesione en el cargo de Secretario Nominado
ocupado por la actora, en tanto los derechos de nombrado
tampoco pueden ser conculcados”.

Sin embargo, en el referido pronunciamiento no se pasó por alto que
la mujer en estado de embarazo merece la especial protección del
Estado, la cual se puede lograr sin afectar los derechos de quien
superó el concurso de méritos, razón por la que se optó por
reconocer una medida especial de protección:

28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia
del 1 de junio de 2017. C.P.: Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicación nro. 05001 2333
000 2017 00849 01 (AC).
29
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1 de septiembre de 2016. Radicación
54001 – 2333- 000- 2016 – 00289-01. Consejera Ponente: Rocío Araújo Oñate.
13

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“No obstante lo anterior, resulta evidente que la situación en
la que se encuentra merece la especial protección del Estado,
la cual sin lugar a dudas se logra, sin afectar los derechos del
tercero nombrado en propiedad, disponiendo que tan pronto
se haga efectiva su posesión, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Seccional Norte de Santander
adelante las gestiones pertinentes para reconocer a la
peticionaria, de manera retroactiva e ininterrumpida, los
aportes al sistema de salud correspondientes al periodo de
gestación posterior a la terminación de su vínculo laboral y
hasta tres meses después del parto, con el fin de que se le
garantice a futuro el reconocimiento y disfrute efectivo del
derecho a la licencia de maternidad que le asiste y de los
servicios de salud que requiera ella y su nasciturus, como lo
ha indicado esta Sección en oportunidades anteriores. Lo
anterior permite concluir que dicho fuero debe aplicarse desde
que se le comunicó al empleador el estado de embarazo y
hasta la finalización de la licencia de maternidad, es decir tres
meses después del parto, sin que esto implique que sus
efectos puedan extenderse luego de finalizada esta condición,
de conformidad con la sentencia de unificación de la Corte
Constitucional SU-070 del 13 de febrero de 2013.”

Se tiene entonces, que la estabilidad laboral de la mujer gestante
que ocupa un cargo en provisionalidad, debe ceder ante el mejor
derecho en cabeza de quien superó el concurso de méritos para ser
nombrado en propiedad, razón por la que no es de recibo que el
Juzgado (…) haya postergado el nombramiento de que se trata, toda
vez que debe proveer el cargo bien sea con la señora (…), por haber
superado el concurso de méritos, o con del señor (…), quien cuenta
con un concepto favorable de traslado para el mismo cargo […]”.

A partir de allí concluyó30:

“[…] Con base en los precedentes jurisprudenciales transcritos es
evidente que tanto el actor, como la mujer en estado de embarazo
que ocupa el cargo en provisionalidad cuentan con derechos que
deben ser protegidos. El señor Fernando Eduardo Andrés Armel
Gayón quien superó el concurso de méritos para el cargo al que
aspira y que ocupa el primer lugar de la lista de elegibles, quien
cuenta con el derecho de estabilidad en el empleo con la
preponderancia del mérito y de los concursos como ingredientes
principales del régimen de carrera que como lo ha reconocido la
Corte Constitucional, pertenecen al sistema de promoción de
personal característico de un Estado Social de Derecho.

Por otra parte, la señora Diana María Barrios Murillo goza del
derecho a que se le garantice a futuro, el reconocimiento y disfrute

30
Ibídem.
14

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efectivo del derecho a la licencia de maternidad que le asiste y de
los servicios de salud que requiere ella y su nasciturus.

Sin embargo, la estabilidad laboral de la mujer gestante que ocupa
un cargo en provisionalidad debe ceder ante el mejor derecho de
quien superó el concurso de méritos para ser nombrado en
propiedad.

Es por ello que es deber de la Sala amparar el derecho fundamental
al debido proceso del actor, en el sentido de ordenar al Juez Penal
del Circuito del Guamo (Tolima), nominador demandado, que
proceda a efectuar el nombramiento, luego de notificada esta
sentencia, del señor Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón, en el
cargo de oficial mayor o sustanciador de juzgado de circuito que se
encuentra vacante en su juzgado. A su vez comunicar tal
determinación al interesado para que manifieste si lo acepta,
conforme lo estipulado en la Ley 270 de 1996.

En lo relativo a los derechos que ostenta la mujer en estado de
embarazo a la dignidad humana, a la estabilidad laboral reforzada y
a la protección de la maternidad junto con la vida del que está por
nacer, la Sala dispondrá, como medida especial de protección y con
el fin de garantizar de manera plena tales derechos, ordenar a la
Dirección Ejecutiva Administración Judicial, Seccional Tolima, que,
una vez producida la desvinculación del cargo, de la señora Diana
María Barrios Murillo, reconozca y pague a su favor, de manera
ininterrumpida los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud,
correspondientes al período de gestación posterior a la terminación
de su vínculo laboral, y hasta tres meses después del parto, con el
fin de que el sistema le garantice a futuro el reconocimiento y
disfrute efectivo del derecho a la licencia de maternidad, así como
la prestación integral del servicio de salud que requiera tanto ella
como su hijo que está por nacer. Lo anterior con base en lo normado
en la Ley 1822 de 2017 y la Ley 2114 de 2021.

Debe aclararse que no hay lugar a la reubicación de la gestante, por
cuanto las causas de desvinculación no obedecen a su estado y, por
ende, son legítimas, por tratarse de la provisión del cargo a través
de un concurso de méritos; además, tenía conocimiento de que su
posición en el cargo era transitoria en razón de la provisionalidad.
Además, el conocimiento del estado de embarazo ocurrió con
posterioridad al proceso administrativo de nombramiento derivado
de un concurso de méritos iniciado desde el año 2017 […]”.

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5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el Juez Penal del Circuito del
Guamo y la señora Diana María Barrios Murillo lo impugnaron con
fundamento en lo siguiente:

5.1. Juez Penal del Circuito del Guamo31

Solicitó la nulidad del fallo de tutela con fundamento en que, si bien fue
notificado del auto que admitió la solicitud de amparo, “no se adjuntó
copia de la demanda instaurada por el señor Fernando Eduardo Andrés
Armel Gayón, como así fue ordenado en el auto admisorio, dándose
respuesta por este despacho solamente frente a lo expuesto en los
argumentos del auto admisorio y con el conocimiento interno de este
funcionario sobre el caso debatido, dada la premura del tiempo para dar
respuesta”32. Anotó que, por tal razón, se vulneró el derecho al debido
proceso ante la indebida vinculación, de manera que hay lugar a decretar
la nulidad de lo actuado.

De otro lado, adujo que, de acuerdo con el artículo 86 Superior, la tutela
solo procede cuando el afectado no cuente con otro medio de defensa
judicial idóneo y eficaz para la protección de sus derechos, pero en este
caso está pendiente resolverse el recurso de apelación que el actor
interpuso contra la Resolución nro. 004 de 2022.

Argumentó que no está acreditado la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, toda vez que en la Resolución nro. 004 de 2022 no le fue
negado al actor el derecho a vincularse en carrera al cargo de oficial
mayor, “solo se ha suspendido dada la protección reforzada que tiene la

31
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
32
Ibídem.
16

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madre gestante y el hijo que espera, lo que en criterio de este Despacho
tiene mayor preponderancia”33.

Acotó que la señora Diana María Barrios Murillo “tiene la calidad de madre
gestante, que es cabeza de familia que si es desvinculada en este
momento, su mínimo vital se le afectaría, aparte del perjuicio sicológico
que iría en contra de la salud de ella misma y de su bebé, dado que tiene
un embarazo de alto riesgo, que de quedar cesante no tendría siquiera
como atender los gastos que naturalmente se avecinan con el nacimiento
de su hijo, siendo esté el razonamiento que en justicia se debe dar en
estos casos, porque al desvincularla en este preciso momento, sí habría
un perjuicio irremediable para ella, el choque psicológico incluso podría
afectar gravemente a la criatura”34.

5.2. La señora Diana María Barrios Murillo35

Alegó que la tutela es improcedente dado que existe otro medio de
defensa judicial y no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.

Afirmó que, para la fecha en la que presentó el escrito de impugnación,
tenía 31 semanas de gestación y, por ello, no podrá emplearse
inmediatamente. En ese contexto, sostuvo que la decisión del a quo
vulnera el derecho a la estabilidad laboral reforzada de una mujer
embarazada, pues no ponderó ninguno de los argumentos expuestos en
la contestación.

Reprochó que, “si bien el accionante posee un derecho adquirido a los
empleos de carrera, mi situación es transitoria y temporal, siendo
totalmente desconocida por el fallador de primera instancia, quien no

33
Ibídem.
34
Ibídem.
35
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
17

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ponderó en debida forma las consecuencias de su determinación, sino que
deliberadamente amparó el debido proceso al actor, cuando nunca se ha
incurrido en una vulneración a ese derecho fundamental, a su vez, en el
presente caso no se ha presentado un perjuicio irremediable demostrable
para que la tutela procediera como mecanismo transitorio, siendo que el
mismo actor, mediante los recursos ordinarios de Ley, instauro recurso
de reposición en subsidio el de apelación contra la Resolución nro. 004
del 08 de febrero de 2022, proferida por el Juez Penal del Circuito del
Guamo (…) concediéndose dicho recurso mediante la Resolución nro. 006
del 25 de marzo de 2022, proferida por el Juez Penal del Circuito del
Guamo (…) , asunto que en la actualidad se encuentra en estudio”36.

Por otra parte, sostuvo que, aunque le fue notificado el auto que admitió
la tutela, no se le remitió el escrito de amparo presentado por el actor y
“los probables anexos que pudo tener”. Sobre este punto, adujo que, si
bien rindió informe, lo hizo “con total desconocimiento sobre los hechos o
pruebas relevantes que el aspirante Fernando Eduardo Andrés Armel
Gayón haya presentado en el escrito de tutela, pues a pesar de la
notificación y el envío del auto, nunca se me dio traslado efectivo de la
demanda y sus anexos para que ejerciera mi derecho de contradicción”37.

Reiteró que es “madre cabeza de familia en mi hogar que está conformado
por mi madre de 58 años y mi hija que está por nacer, que no cuento con
ninguna otra entrada económica para el sustento de alimentos y un techo
digno, mientras llega el alumbramiento y la licencia de maternidad,
debido a que mi avanzado estado embarazo (31 semanas actualmente)
de alto riesgo, no me permite acceder a la vida laboral inmediatamente
una vez me desvinculen de la Rama Judicial”38.

Indicó que “si bien, se ha dicho que se me debe garantizar la cotización
al sistema de salud para tener derecho a la licencia de maternidad, no se

36
Ibídem.
37
Ibídem.
38
Ibídem.
18

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tuvo en cuenta que faltan dos meses para el alumbramiento, y en ese
tiempo no tengo manera de sostenerme económicamente, mucho menos
solventar mis gastos médicos, comprar medicamentos no post, cancelar
los copagos que oscila entre los $38.000 mil pesos para acceder a los
servicios médicos, sufragar los gastos de mi transporte, porque en estado
de alto riesgo no me es conveniente abordar bus”.

5.3. Por auto del 20 de mayo de 2022 se concedió la impugnación39 y la
misma fue asignada por acta de reparto el 25 de mayo de 202240.

5.4. Por memorial enviado vía correo electrónico el 20 de mayo de 202241,
la señora Diana María Barrios Murillo presentó “adición al recurso de
impugnación” en el que solicitó “se ordene a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Seccional del Tolima, me reconozcan los salarios
y las prestaciones sociales (Sentencia T-245/07, Sentencia T-885/03
entre otras) que serán dejados de percibir desde el momento de mi
desvinculación del cargo de oficial mayor del despacho judicial accionado,
y tres meses más; porque al producirse el nombramiento del accionando,
quedará totalmente desprotegida mi hija que esta por nacer de alimento,
vestido y un techo digno”.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199142, en concordancia con el numeral 5 del artículo

39
Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
40
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 01.
41
Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
42
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
19

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2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201543, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202144, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201945 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente46:

6.2.1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante el
acuerdo nro. CSJTOA21 – 124 del 18 de noviembre de 2021, “por el cual
se formula ante el Juzgado Penal del Circuito del Guamo, lista de elegibles
para proveer en propiedad el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador del
Circuito Grado Nominado”, dispuso47:

“[…] ARTÍCULO 1: FORMULAR ante el Juzgado Penal del Circuito del
Guamo Tolima, lista de elegibles para proveer en propiedad el cargo
de Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado de Circuito del Juzgado
Penal del Circuito del Guamo – Tolima.

siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
43
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
44
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
45
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
46
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes.
47
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 01.
20

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ARTÍCULO 2.- SOLICITAR al funcionario (a) titular del Juzgado Penal
del Circuito del Guamo – Tolima, en su calidad de autoridad
nominadora, remitir al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima,
copia de los actos administrativos de nombramiento y acta de
posesión del empleado (a) respectivo (a); con el fin de dar
cumplimiento al artículo noveno del Acuerdo nro. PSAA08-4856 del
10 de junio de 2008 […]”.

6.2.2. El 20 de enero de 2022, la señora Diana María Barrios Murillo,
oficial mayor en provisionalidad en el Juzgado Penal del Circuito del
Guamo, comunicó al titular del despacho lo siguiente48:

“[…] El día 14 de enero de 2022, me realice prueba de gravidez,
ante la ausencia del periodo menstrual del mes de diciembre sin
ningún tipo de alarma o síntoma, por ser de ciclo irregular, dicho
examen tuvo de resultado positivo; situación que da paso a acudir
a mi EPS (FAMISANAR), siendo valorada el día 17 y 18 de enero de
2022, por Ginecología y toma de ecografía abdominal, siendo
confirmado un embarazo de 14 semanas y 2 días, y como fecha de
posible parto el 20 de julio de 2022.

Ahora bien, pongo en conocimiento de mi estado avanzado de
gestación, dado que el cargo que desempeño se encuentra en
vacancia definitiva y próximo a ser nombrada la persona de la lista
de elegibles de Oficial Mayor o Sustanciador, conforme al Acuerdo
CSJTOA21 – 124, lo anterior con el fin, de proteger los derechos

48
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 01.
21

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fundamentales de mujer embarazada y del meno que está por nacer
[…]”.

6.2.3. Mediante la Resolución nro. 004 del 8 de febrero de 2022, el Juez
Penal del Circuito del Guamo – Tolima dispuso49:

“[…] PRIMERO: ABSTENERSE por ahora de nombrar en propiedad
en el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador del Juzgado de Circuito,
vacante en este Despacho, de la lista de elegibles remitida para el
efecto por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, Acuerdo
nro. CSJTOA21 – 124, conforme quedó dicho en la parte motiva de
esta resolución.

SEGUNDO: ORDENAR que la doctora DIANA MARÍA BARRIOS
MURILLO, continúe en el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador en
provisionalidad en el Juzgado Penal del Circuito del Guamo, hasta
nueva orden […]”.

En la parte considerativa del acto administrativo, se precisó que;

“[…] De lo anterior, resulta claro que una vez, se produzca el
alumbramiento y pase el período de licencia de maternidad conforme
a la reciente Ley 2114 del 29 de julio de 2021, se nombrará en
propiedad conforme a los parámetros establecidos en la Ley 270 de
1996, sin embargo, advirtiendo que se deben garantizar si (sic) los
derechos del menor por nacer y la futura madre cabeza de familia
[…]”.

6.2.4. En contra de la precitada decisión, el señor Fernando Eduardo
Andrés Armel Gayón presentó recurso de reposición y en subsidio de
apelación.

6.2.5. A través de la Resolución nro. 006 del 25 de marzo de 2022, el
Juez Penal del Circuito del Guamo, resolvió50:

“[…] PRIMERO: NO REPONER la Resolución nro. 004 del 8 de
febrero de 2022 y concede el recurso de apelación peticionado

49
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 01.
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subsidiariamente ante el Tribunal Superior de Ibagué – Sala Penal,
por las razones expuestas en esta Resolución […]”.

6.2.6. Por escrito del 22 de marzo de 2022, el señor Carlos Andrés
Bocanegra Báez presentó “renuncia irrevocable a mi postulación al cargo
de carrera de oficial mayor del Juzgado Penal del Circuito del Guamo –
Tolima; por lo anterior declino de mi aspiración al cargo siendo yo el
primero en la lista”51.

6.2.7. En escrito del 28 de marzo de 2022, la señora Annie Julieth Vega
Molano manifestó su “decisión libre y espontánea de declinar y desistir de
mi lugar en la lista de elegibles conformada para el Juzgado Penal del
Circuito del Guamo, toda vez que ya me encuentro posesionada en el
cargo de Oficial Mayor del Juzgado Penal del Circuito de Chaparral”52.

6.2.8. El 2 de junio de 2022, la Sala Plena del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Ibagué, resolvió53:

“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de apelación
incoado por el señor FERNANDO EDUARDO ANDRÉS ARMEL GAYÓN,
contra la resolución número 004 del 8 de febrero de 2022, proferida
por el señor Juez Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
del Guamo, conforme a las consideraciones dadas en precedencia
[…]”.

6.2.9. De otro lado, a través de la Resolución nro. 011 del 22 de diciembre
de 2021, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de El
Espinal – Tolima, dispuso54:

51
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 01.
52
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 01.
53
Según se desprende de la información compartida vía correo electrónico por la
Secretaría General del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, enviada el 11 de
julio de 2022.
54
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 01.
23

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Radicación: 73001 2333 000 2022 00181 01
Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

“[…] PRIMERO: Nombrar en propiedad a VICTOR ALFONSO
CARDOZO CORTES (…) como oficial mayor o sustanciador de
juzgado de circuito de esta sede judicial.

(…)

TERCERO: A partir de la fecha de posesión dese por desvinculado
del cargo que desempeñaba en provisionalidad al señor FERNANDO
EDUARDO ANDRÉS ARMEL GAYÓN […]”.

6.2.10. En contra del precitado acto, el accionante, señor Fernando
Eduardo Andrés Armel Gayón, interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación y, mediante la Resolución nro. 001 del 19 de enero
de 2022, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de El
Espinal – Tolima resolvió55:

“[…] PRIMERO: No reponer la Resolución 011 del 22 de diciembre de
2021, por las razones expresadas.

SEGUNDO: Negar por improcedente el recurso de apelación
solicitado en subsidio […]”.

6.2.11. El accionante presentó recurso de queja en contra de la decisión
que denegó la apelación y el 31 de marzo de 2022, la Sala Plena del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué dispuso56:

“[…] PRIMERO: ABSTENERSE de resolver el recurso de queja, por
improcedente […]”.

6.2.12. Por último, está acreditado que el aquí accionante promovió un
incidente de desacato con el fin de que se cumpla el fallo de tutela
proferido en primera instancia el 9 de mayo de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Tolima; por auto del 7 de junio de 2022 el mencionado
tribunal sancionó por desacato al señor Melquisedec Villareal Rosas en

55
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 01.
56
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Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

calidad de Juez Penal del Circuito del Guamo – Tolima con multa de tres
salarios mínimos legales mensuales vigentes57.

6.2.13. Por memorial enviado vía correo electrónico el 7 de junio de 2022
con destino al trámite incidental, el Juez Penal del Circuito del Guamo –
Tolima allegó copia de la Resolución nro. 013 del 6 de junio de 2022 en
la que dispuso58:

“[…] PRIMERO: NOMBRAR en propiedad en este juzgado a
FERNANDO EDUARDO ANDRÉS ARMEL GAYÓN (…) incluido en la lista
de candidatos elegibles en tercer (3) lugar como Escribiente de
Juzgado de Circuito y Equivalentes Grado Nominado, en acatamiento
al fallo de tutela emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima el
9 de mayo de 2022; nombramiento que en caso de ser decretada la
nulidad y/o revocada la decisión dentro de la acción de tutela
instaurada por el señor Armel Gayón, quedará sin ningún efecto
[…]”.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el Juez Penal del Circuito del Guamo y la señora
Diana María Barrios Murillo impugnaron el fallo de primera instancia y
para ello solicitaron la nulidad de lo actuado por cuanto, si bien fueron
notificados del auto que admitió la tutela, no se adjuntó el escrito de
amparo presentado por el actor.

De otro lado, reprocharon que en este caso no está superado el requisito
de subsidiariedad, dado que está pendiente de resolver el recurso de
apelación que el accionante interpuso contra la Resolución nro. 004 del 8
de febrero de 2022, y alegaron que la desvinculación de la señora Barrios
Murillo desconoce la estabilidad reforzada de una mujer embarazada;
además, que afecta su mínimo vital porque no tendría manera de sufragar
los gastos que supone el nacimiento de una hija.

57
Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
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Visto en el índice 44 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

La Sala, de manera previa a estudiar los reparos formulados contra el
fallo de primera instancia, se pronunciará respecto de las solicitudes de
nulidad que elevaron el Juez Penal del Circuito del Guamo y la señora
Diana María Barrios Murillo, que las fundamentaron en que, cuando les
fue notificado el auto que admitió la tutela, no se anexó el escrito de
amparo, por lo que estiman fueron notificados de forma irregular.

Para resolver, la Sala observa que el artículo 16 del Decreto Ley 2591 de
199159 dispone que “las providencias que se dicten se notificarán a las
partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito
y eficaz”. Adicionalmente, para la fecha en la que fue notificado el acto
que admitió la tutela, esto es, el 29 de abril de 2022, estaba vigente el
Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, que en el artículo 8 preveía
que “las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán
efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de
datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que
se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso
físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se
enviarán por el mismo medio”.

Por su parte, el artículo 4 del Decreto 306 de 199260 prevé que en el
trámite tutelar es posible aplicar los principios generales del Código General
del Proceso61, siempre que no sean contrarios al Decreto Ley 2591 de
199162.

59
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
60
“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.
61
ARTÍCULO 4º- De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto
por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite
de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios
generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios
a dicho decreto.”
62
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
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Comoquiera que el Decreto 2591 de 1991 no regula el régimen de
nulidades, se tiene que el Código General del Proceso estableció en el
artículo 133, de forma taxativa, las causales de nulidad que se pueden
presentar en el trámite de un proceso judicial. Al efecto, el numeral
octavo dispuso:

“[…] ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(…)

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto
admisorio de la demanda a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demás personas, aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando
la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público
o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió
ser citado […] ”.

A su vez, el numeral primero del artículo 136 ibídem estableció:

“[…] ARTÍCULO 136. SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. La nulidad se
considerará saneada en los siguientes casos:

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o
actuó sin proponerla […]”.

En este caso, está acreditado que, por auto del 29 de abril de 202263, el
Tribunal Administrativo del Tolima admitió la tutela y ordenó vincular a la
señora Diana María Barrios Murillo y al Consejo Seccional de la Judicatura
del Tolima; asimismo, dispuso que, “por Secretaría, notifíquese de la
presente acción de tutela a las accionadas, conforme el artículo 16 del
Decreto Ley 2591 de 1991 (la notificación es por el medio más expedito
y eficaz, la Secretaría confrontará la manera más expedita de notificar
conforme el Decreto Ley 2591 de 1991 y la Ley 2080 de 2021)”64.

63
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 01.
64
Ibídem.
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La notificación del auto que admitió la tutela se surtió el 29 de abril de
202265, sin que esté acreditado que la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Tolima haya enviado vía correo electrónico el escrito
de tutela interpuesto por el señor Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón.
Al respecto, se observa lo siguiente66:

Pese a lo anterior, el Juez Penal del Circuito del Guamo – Tolima rindió
informe el 2 de mayo de 2022 vía correo electrónico67 y, en dicha
oportunidad, no manifestó la inconformidad que ahora invoca en el escrito
de impugnación, esto es, que se había notificado indebidamente el auto
que admitió la tutela. Lo mismo ocurre en relación con la señora Diana

65
Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
66
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
67
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 73001 2333 000 2022 00181 00.
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María Barrios Murillo, dado que, en la misma fecha, allegó informe a este
proceso de tutela y no expuso lo que ahora alega en sede de impugnación.
Cabe agregar que, en los informes rendidos, tampoco se puso de presente
la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción por no
conocer el escrito de amparo, tal como se manifestó en las
correspondientes impugnaciones.

Así las cosas, la Sala rechazará la nulidad formulada por el Juez Penal del
Circuito del Guamo – Tolima y la señora Diana María Barrios Murillo, en
la medida en que, aunque no se anexó en la notificación del auto que
admitió la tutela el escrito de amparo presentado por el actor, se tiene
que los interesados rindieron informe en oportunidad, sin manifestar la
irregularidad que en sede de impugnación alegan, por lo que la pretendida
nulidad quedó saneada, de acuerdo con lo establecido por el numeral 1
del artículo 136 del Código General del Proceso.

Superado lo anterior, la Sala analizará los reparos formulados contra el
fallo de primera instancia, consistentes en que no está cumplido el
requisito de subsidiariedad y que la desvinculación de la señora Barrios
Murillo supone el desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de
la mujer embarazada.

Para resolver los reparos de los impugnantes, la Sala estima pertinente
pronunciarse sobre: (i) el requisito de subsidiariedad respecto de los actos
administrativos proferidos en el marco de un concurso de méritos; (ii) el
derecho fundamental de acceso a cargos públicos y el derecho al trabajo;
(iii) la protección constitucional a la mujer embarazada que ocupa en
provisionalidad un cargo de carrera en el que debe ser designado el
primero de la lista de elegibles, y (iv) las conclusiones del caso concreto.

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(i) El requisito de subsidiariedad respecto de los actos
administrativos proferidos en el marco de un concurso de méritos

En este caso, uno de los reparos formulados por los impugnantes consiste
en que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad por cuanto
el actor interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución nro.
004 del 8 de febrero de 2022 expedida por el Juez Penal del Circuito del
Guamo – Tolima, el cual fue concedido ante el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Ibagué – Sala Penal, y afirmaron que aún no ha sido
resuelto.

Para determinar si está cumplido el requisito de subsidiariedad, la Sala
advierte lo siguiente:

(i) El hecho que el actor estima le está vulnerando sus derechos
fundamentales se concreta en la expedición de la Resolución nro. 004 del
8 de febrero de 2022, mediante la cual el Juez Penal del Circuito del
Guamo – Tolima se abstuvo de nombrar en propiedad en el cargo de oficial
mayor o sustanciador de juzgado de circuito en la vacante existente en
dicho despacho.

Está acreditado que el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación en contra del mencionado acto.

(ii) A través de la Resolución nro. 006 del 25 de marzo de 2022, el Juez
Penal del Circuito del Guamo – Tolima dispuso no reponer la decisión y
concedió el recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué – Sala Penal.

(iii) Aunque para la fecha en la que se presentaron los escritos de
impugnación, no había sido resuelto el citado recurso de apelación, se
tiene que, éste no era procedente y, además, se observa que fue resuelto

30

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el 2 de junio de 2022 por la Sala Plena del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Ibagué, así68:

“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de
apelación incoado por el señor FERNANDO EDUARDO ANDRÉS
ARMEL GAYÓN, contra la resolución número 004 del 8 de febrero de
2022, proferida por el señor Juez Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento del Guamo, conforme a las consideraciones dadas
en precedencia.

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno […]”.

El Tribunal manifestó que el recurso de apelación no era procedente con
fundamento en lo siguiente:

“[…] 1.- Sea lo primero poner de presente que, de conformidad con
lo preceptuado en los artículos 20 numeral 5º, 171, 173 y numeral
2º del 175 de la Ley 270 de 1996, y artículos 4 y 29 del Acuerdo
nro. PCSJA17- 10715 del 25 de julio de 201 expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Sala Plena de esta Corporación Judicial
es competente por los factores funcional, objetivo y territorial, para
conocer del recurso de alzada, respecto a los actos administrativos
proferidos en un trámite disciplinario o de calificación de servicios.

2.- Visto lo anterior, y como lo que se cuestiona es la resolución
número 004 del 8 de febrero de 2022 por medio de la cual el señor
Juez Penal del Circuito Con Funciones de Conocimiento del Guamo
Tolima, se abstuvo de nombrar en propiedad en el cargo de Oficial
Mayor o Sustanciador de ese Despacho al señor FERNANDO
EDUARDO ANDRÉS ARMEL GAYÓN; decisión emanada del
funcionario nominador en su condición de autoridad administrativa
autónoma, que, legalmente carece de superior jerárquico
administrativo que revise aquella determinación. Así las cosas, el
recurso de opugnación no ha debido otorgarse.

3.- Corolario de lo argumentado, se declarará improcedente el
recurso de apelación concedido, por cuanto no se está en presencia
de un acto administrativo proferido en un trámite disciplinario o de
calificación de servicios […]”.

68
Acorde con la información enviada por correo electrónico por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Ibagué, después de consulta que hizo el despacho del magistrado
ponente de la presente decisión.
31

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En consecuencia, no le asiste razón a los impugnantes cuando
argumentan que la tutela es improcedente por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, dado que el recurso de apelación interpuesto por el actor
contra la Resolución nro. 004 del 8 de febrero de 2022 no era procedente
tal como lo sostuvo la sala plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Ibagué; por lo que, dicho recurso no constituía un medio de defensa
judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales.

De otro lado, aunque no fue alegado por los impugnantes, la Sala reitera
que el hecho que presuntamente le está vulnerando los derechos
fundamentales al actor se circunscribe a la expedición de la Resolución
nro. 004 del 8 de febrero de 2022, mediante la cual el Juez Penal del
Circuito del Guamo – Tolima se abstuvo de nombrarlo en propiedad en el
cargo de oficial mayor o sustanciador de juzgado de circuito en la vacante
existente en dicho despacho, por lo que, en principio, el accionante podría
controvertir la legalidad del acto a través de los medios de control
previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo e incluso solicitar el decreto de las medidas
cautelares que considere pertinentes.

No obstante, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en asuntos
similares al aquí examinado, ha señalado que la tutela es procedente
como mecanismo definitivo de protección de los derechos fundamentales,
así69:

“[…] 3.3.4. Finalmente, el artículo 86 de la Constitución Política
señala que la acción de amparo solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Esto significa que la acción de tutela tiene un carácter residual o
subsidiario, por virtud del cual “procede de manera excepcional para
el amparo de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se
parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen
mecanismos judiciales ordinarios para asegurar su protección”. El
carácter residual obedece a la necesidad de preservar el reparto de
competencias atribuido por la Constitución Política y la ley a las

69
Corte Constitucional. Sentencia T – 340 del 21 de agosto de 2020. M.P.: Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
32

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diferentes autoridades judiciales, lo cual se sustenta en los principios
de independencia y autonomía de la actividad jurisdiccional.

Dentro de este contexto, por regla general, la acción de tutela no
procede contra los actos administrativos dictados dentro de un
concurso de méritos, por cuanto el afectado puede acudir a los
medios de defensa disponibles en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo para el efecto. Incluso, con la expedición de la Ley
1437 de 2011, los demandantes pueden solicitar la adopción de
medidas cautelares de todo tipo (preventivas, conservativas,
anticipadas o de suspensión) cuyo contenido de protección es amplio
y admiten su concurrencia dependiendo del caso (según la ley: “el
juez o magistrado ponente podrá decretar una o varias” al mismo
tiempo), con lo cual se pretende garantizar el acceso material y
efectivo a la administración de justicia. Esta circunstancia debe ser
objeto de análisis en el estudio de procedencia de la acción de tutela.

Ahora bien, desde una perspectiva general, la Corte ha sostenido
que, pese a la existencia de las vías de reclamación en lo contencioso
administrativo, existen dos hipótesis que permiten la procedencia
excepcional de la acción de tutela. La primera, se presenta cuando
existe el riesgo de ocurrencia de un perjuicio irremediable, causal
que tiene plena legitimación a partir del contenido mismo del artículo
86 del Texto Superior y, por virtud de la cual, se le ha reconocido su
carácter de mecanismo subsidiario de defensa judicial. Y, la
segunda, cuando el medio existente no brinda los elementos
pertinentes de idoneidad y eficacia para resolver la controversia, a
partir de la naturaleza de la disputa, de los hechos del caso y de su
impacto respecto de derechos o garantías constitucionales.

Sobre esta última, en la Sentencia T-059 de 2019, en el marco de
un concurso de méritos, la Corte manifestó que:

“Las acciones de tutelas que se interponen en contra de los
actos administrativos que se profieren en el marco de
concursos de méritos, por regla general, son improcedentes,
en tanto que existe la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y, en el marco de ésta, la posibilidad de
solicitar medidas cautelares. Sin embargo, al juez
constitucional le corresponde, establecer si esas medidas de
defensa existentes en el ordenamiento jurídico son ineficaces,
atendiendo a las particularidades del caso en concreto puesto
en su conocimiento (…)”.

“Particularmente, cuando se trata de concursos de méritos, la
jurisprudencia ha sido consistente en afirmar que los medios
de defensa existentes ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo no siempre son eficaces, en concreto, para
resolver el problema jurídico planteado, pues generalmente
implica someter a ciudadanos que se presentaron a un
sistema de selección que se basa en el mérito a
eventualidades, tales como que (i) la lista de elegibles en la
que ocuparon el primer lugar pierda vigencia de manera

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pronta o, (ii) se termine el período del cargo para el cual
concursaron, cuando éste tiene un periodo fijo determinado
en la Constitución o en la ley. En ese sentido, la orden del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no estaría
relacionada con la efectividad del derecho al acceso de cargos
públicos, sino que implicaría una compensación económica,
situación que [,] a todas luces, no implica el ejercicio de la
labor que se buscaba desempeñar y significa consolidar el
derecho de otra persona que, de acuerdo con el mérito, no es
quien debería estar desempeñando ese cargo en
específico (…)”.

“Por último, es importante poner de presente que, pese a que
se podría sostener que la pretensión de la acción de tutela, se
podría satisfacer mediante la solicitud de medidas cautelares,
lo cierto es que en el fondo se plantea una tensión que
involucra el principio de mérito como garantía de acceso a la
función pública y ello, a todas luces, trasciende de un
ámbito administrativo y se convierte en un asunto de
carácter constitucional, que torna necesaria una decisión
pronta, eficaz y que garantice la protección de los derechos
fundamentales. // Lo anterior, en la medida en que tal y como
se estableció en las Sentencias C-645 de 2017, C-588 de
2009, C-553 de 2010, C-249 de 2012 y SU-539 de 2012, el
mérito es un principio fundante del Estado colombiano y del
actual modelo democrático, en la medida en que tiene un
triple fundamento histórico, conceptual y teleológico. En
efecto, el principio del mérito se estableció en el
ordenamiento jurídico con la finalidad de proscribir las
prácticas clientelistas, para garantizar un medio objetivo de
acceso, permanencia y retiro del servicio público y, por
último, para hacer efectivos otros derechos que encuentran
garantía plena a través de éste, al tiempo que se materializan
los principios de la función administrativa, previstos en el
artículo 209 de la Constitución (…)”.

(…)

En este orden de ideas, se concluye que la acción de tutela es
procedente por vía de excepción para cuestionar actos
administrativos dictados en desarrollo de un concurso de méritos, y
que, más allá de la causal del perjuicio irremediable, cabe examinar
la eficacia en concreto del medio existente y de la viabilidad sumaria
de las medidas cautelares, teniendo en cuenta, como ya se dijo, la
naturaleza de la disputa, los hechos del caso y su impacto respecto
de derechos, principios o garantías constitucionales, siendo,
prevalente, en este escenario, la protección del mérito como
principio fundante del Estado colombiano y del actual modelo
democrático, como lo señaló expresamente Sentencia T-059 de
2019.

Para la Sala, en este caso, la acción de tutela procede como
mecanismo principal de protección de los derechos al trabajo y al
acceso a cargos públicos, en un contexto indefectible de amparo al

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mérito como principio fundante del orden constitucional. Por las
razones que a continuación se exponen:

[…]”.

En otra oportunidad, la Corte Constitucional examinó el caso de un
ciudadano que, aunque ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, no
fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia; al respecto analizó lo
siguiente que, por su importancia, se transcribe in extenso70:

“[…] Procedencia de la acción. Reiteración de jurisprudencia

3.- Uno de los argumentos para denegar el amparo consiste en que
el actor puede controvertir la decisión de la Corte Suprema de
Justicia ante la jurisdicción contencioso administrativa, es decir,
cuenta con otros mecanismos judiciales de defensa. Y esta facultad,
según el ad-quem, torna improcedente el amparo.

Pues bien, aún cuando esa apreciación parece acertada, lo cierto es
que esta Corporación ha señalado en forma reiterada que la acción
de tutela constituye el mecanismo idóneo para exigir que quienes
ocupan los primeros lugares en los concursos de méritos accedan a
los cargos que aspiraron, todo ello en defensa del derecho a la
igualdad. Así, en la sentencia T-624 de 2000 la Corte debió revisar
el fallo proferido dentro de una acción de tutela interpuesta contra
el Consejo Superior de la Judicatura y sobre este punto específico
señaló:

“El apoderado de la coadyuvante manifiesta que la acción es
improcedente, por cuanto los derechos reclamados por la
actora son de carácter legal y pueden ser reivindicados a
través de recursos ordinarios. Sin embargo, en repetidas
providencias, la Corte Constitucional ha expresado que el
recurso de amparo es procedente - e incluso constituye la vía
judicial principal - cuando se trata de exigir que en los
nombramientos que realicen las entidades estatales para
cargos de carrera administrativa se respeten los resultados
de las oposiciones, de manera tal que las personas que
ocupen los primeros lugares en los mencionados concursos de
méritos sean las que reciban las designaciones, todo ello en
desarrollo del principio de igualdad que debe regir estas
materias”.

Así mismo la Sentencia SU-086 de 1999, en cuya oportunidad la
Corte analizó varias solicitudes de tutela presentadas con
fundamento en hechos similares a los que ahora ocupan la atención

70
Corte Constitucional. Sentencia SU – 613 del 6 de agosto de 2002. M.P.:
Eduardo Montealegre Lynett.
35

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de la Sala, precisó que ni la acción electoral ni la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho son las herramientas adecuadas para
garantizar la plena aplicación del artículo 125 de la Carta, ni la
protección de los derechos al trabajo, la igualdad, el debido proceso
y la posibilidad de acceder a cargos y funciones públicas. Dijo
entonces la Corte:

(…)

Esta posición fue también reiterada en la sentencia T-451 de 2001,
donde la Corte explicó que el perjuicio irremediable está dado por la
imposibilidad permanente en que se mantiene la persona para
decidir qué cargo prefiere y a cual puede vincularse.

4.- Por todo lo anterior, la Corte considera que existe una clara línea
jurisprudencial según la cual la acción de tutela es el mecanismo
idóneo para controvertir la negativa a proveer cargos de carrera en
la administración judicial de conformidad con los resultados de los
concursos de méritos, pues con ello se garantizan no sólo los
derechos a la igualdad, al debido proceso y al trabajo, sino también
el acceso a los cargos públicos, y se asegura la correcta aplicación
del artículo 125 de la Constitución. Por lo mismo, al no existir
motivos fundados para variar esa línea, la Sala considera que debe
mantener su posición y proceder al análisis material del caso. Obrar
en sentido contrario podría significar la violación a la igualdad del
actor, quien a pesar de haber actuado de buena fe y según la
jurisprudencia constitucional, ante un cambio repentino de ella se
vería incluso imposibilitado para acudir a los mecanismos ordinarios
en defensa de sus derechos […]”.

Sobre este punto, cabe recordar que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha explicado que en los casos en que existen otros medios
de defensa judicial se presentan dos excepciones que hace procedente la
acción de tutela71:

“[…] 13. No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia
constitucional, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción
de tutela debe analizarse en cada caso concreto. Por ende, en
aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial,
esta Corporación ha determinado que existen dos excepciones que
justifican su procedibilidad:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para
resolver las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las
especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo
como mecanismo definitivo; y,

71
Corte Constitucional. Sentencia T – 375 del 17 de septiembre de 2018. M.P.:
Gloria Stella Ortiz Delgado.
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(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste
no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el
cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.

14. En cuanto a la primera hipótesis, que se refiere a la idoneidad
del medio de defensa judicial al alcance del afectado, se tiene que
ésta no puede determinarse en abstracto, sino que, por el contrario,
la aptitud para la efectiva protección del derecho debe evaluarse en
el contexto concreto. El análisis particular resulta necesario, pues en
éste podría advertirse que la acción ordinaria no permite resolver la
cuestión en una dimensión constitucional o no permite tomar las
medidas necesarias para la protección o restablecimiento de los
derechos fundamentales afectados.

15. Ahora bien, en cuanto a la segunda hipótesis, cabe anotar que
su propósito no es otro que el de conjurar o evitar una afectación
inminente y grave a un derecho fundamental. De este modo, la
protección que puede ordenarse en este evento es temporal, tal y
como lo dispone el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, el cual
indica: “[e]n el caso del inciso anterior, el juez señalará
expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente
sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice
para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado”.

Así mismo, dicha excepción al requisito de subsidiariedad exige que
se verifique: (i) una afectación inminente del derecho -elemento
temporal respecto del daño-; (ii) la urgencia de las medidas para
remediar o prevenir el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del
perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el
carácter impostergable de las medidas para la efectiva protección de
las garantías fundamentales en riesgo.

16. Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia
de otros medios judiciales, siempre se debe realizar una evaluación
de la idoneidad de los mismos en el caso concreto, para determinar
si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma efectiva e
integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y
no simplemente formal, y reconocer que el juez de tutela no puede
suplantar al juez ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta
de idoneidad del otro mecanismo, la acción puede proceder de forma
definitiva.

De este modo, cuando el amparo es promovido por personas que
requieren especial protección constitucional, como niños, niñas y
adolescentes, personas cabeza de familia, en situación de
discapacidad, de la tercera edad o población desplazada, entre otros,
el examen de procedencia de la tutela se hace menos estricto, a
través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos
[…]”. [Negrillas en la providencia]

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De acuerdo con la jurisprudencia citada, la Sala concluye que, en este
caso, la acción de tutela es procedente como mecanismo definitivo de
protección de los derechos fundamentales.

Lo anterior, debido a que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para este asunto, no resulta ser idóneo y
eficaz para garantizar el derecho de acceso al desempeño de funciones y
cargos públicos; en primer lugar, porque el señor Armel Gayón está de
primero en la lista de elegibles para proveer en propiedad el cargo de
oficial mayor o sustanciador en el Juzgado Penal del Circuito del Guamo,
luego del desistimiento hecho por los ciudadanos que ocupaban el primer
y segundo lugar, a lo que se acota que en la tutela ninguna de las partes
o vinculados controvirtió el derecho del accionante a ocupar el cargo; lo
que se discute es si el actor debe esperar a que la señora Barrios Murillo
finalice la licencia de maternidad para ser nombrado en propiedad, asunto
que, sin lugar a duda, no da espera.

Adicionalmente y en concordancia con lo dicho, la inconformidad del
accionante, que estima vulnera los derechos fundamentales, radica en
que no será nombrado hasta que finalice el período de licencia de
maternidad de la señora Diana María Barrios Murillo, por lo que, una vez
cumplida la licencia, no sería necesaria la protección que reclama por vía
de tutela. En otras palabras, cuando se resuelva la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, la licencia de maternidad ya se habría
cumplido.

Por último, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la controversia aquí planteada es de naturaleza
constitucional, comoquiera que involucra el principio de mérito como
garantía de acceso a la función pública, razón por la que se requiere una
decisión pronta y eficaz que garantice no solo los derechos fundamentales
del actor, sino también de la señora Diana María Barrios Murillo, quien

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ocupa el cargo de oficial mayor en el Juzgado Penal del Circuito del Guamo
en provisionalidad y se encuentra en embarazo.

No sobra advertir que, los impugnantes alegan que el actor no demostró
la ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción
de tutela; sin embargo, la Sala considera que no les asiste razón, por
cuanto como quedó visto, en este caso, la tutela procede como un
mecanismo definitivo para la protección de los derechos fundamentales al
constatar que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho no es idóneo ni eficaz. Además, se recuerda que acorde con la
jurisprudencia constitucional citada en precedencia, el perjuicio
irremediable debe acreditarse en los eventos en los que el amparo
procede de manera transitoria, lo que no ocurre en esta acción.

Examinado el requisito de subsidiariedad, la Sala estudiará de fondo el
reparo de los impugnantes consistente en que la desvinculación de la
señora Barrios Murillo desconoce la estabilidad laboral reforzada de la
mujer embarazada y para ello se detendrá, como se anunció, en el
derecho fundamental de acceso a cargos públicos y el derecho al trabajo;
luego, en la protección constitucional a la mujer embarazada que ocupa
en provisionalidad un cargo de carrera en el que debe ser designado el
primero de la lista de elegibles, para finalmente abordar las conclusiones
del caso concreto.

(ii) El derecho fundamental de acceso a cargos públicos y el
derecho al trabajo

El artículo 125 de la Constitución Política establece el régimen de carrera
administrativa para la provisión de los empleos en los órganos y entidades
del Estado, salvo algunas excepciones como los cargos de elección

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popular, de libre nombramiento y remoción, de trabajos oficiales, y los
demás que determine la ley72.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que el propósito
de esta norma “es crear un mecanismo objetivo de acceso a los cargos
públicos, en el cual las condiciones de ingreso, ascenso, permanencia y
retiro respondan al mérito, conforme a criterios reglados y no a la
discrecionalidad del nominador. De acuerdo con esta disposición, la Corte
ha sostenido que la carrera administrativa es el mecanismo preferente
para el acceso y la gestión de los empleos públicos, en donde quien supere
satisfactoriamente las etapas del concurso de méritos, adquiere un
derecho subjetivo de ingreso al empleo público, el cual puede ser exigible
frente a la Administración como a los funcionarios públicos que se
encuentran desempeñando el cargo ofertado en provisionalidad”73.

A su turno, el derecho de acceso a cargos públicos está previsto en el
numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política y desde sus inicios la
jurisprudencia constitucional le reconoció el carácter de fundamental74.
Asimismo, ha explicado que el alcance de este derecho “debe entenderse
en el sentido de inmunizar a la persona contra las decisiones estatales
que de manera arbitraria le impida acceder a un cargo público, a no ser
desvinculado de manera arbitraria del mismo y, ocupando uno, que no se
le impida arbitrariamente el ejercicio de sus funciones”75.

Sobre el ámbito de protección del derecho fundamental de acceso a
cargos públicos, en la sentencia SU – 339 de 2019, la Corte Constitucional
señaló76:

72
Corte Constitucional. Sentencia T-464 del 8 de octubre de 2019. M.P.: Antonio José
Lizarazo Ocampo.
73
Corte Constitucional. Sentencia T-464 del 8 de octubre de 2019. M.P.: Antonio José
Lizarazo Ocampo.
74
Corte Constitucional. Sentencia T – 003 del 11 de mayo de 1992. M.P.: José Gregorio
Hernández Galindo.
75
Corte Constitucional. Sentencia SU – 544 del 24 de mayo de 2001. M.P.: Eduardo
Montealegre Lynett.
76
M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
40

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“[…] La Corte Constitucional ha hecho referencia a sus distintas
dimensiones, así ha señalado que frente al nivel abstracto -propio
de los juicios de control de constitucionalidad-, interesa determinar
si las restricciones, limitaciones o condiciones de acceso a los cargos
públicos son proporcionados. Por su parte, en sede de tutela
corresponde en principio, establecer si en el caso concreto, a una
persona le ha sido desconocido un derecho subjetivo de acceso a un
cargo público determinado. En tales juicios, prima facie no resulta
suficiente la norma constitucional, sino que ésta ha de ser
completada por disposiciones legales relativas al cumplimiento de
condiciones para el acceso al cargo y su permanencia.

Igualmente la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que
entran dentro del ámbito de protección de este derecho (i) la
posesión de las personas que han cumplido con los requisitos para
acceder a un cargo, (ii) la prohibición de establecer requisitos
adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando el
ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas
en el concurso de méritos, (iii) la facultad de elegir de entre las
opciones disponibles aquella que más se acomoda a las preferencias
de quien ha participado y ha sido seleccionado en dos o más
concursos, (iv) la prohibición de remover de manera ilegítima
(ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una
persona que ocupen un cargo público […]”.

A partir de lo anterior, la Corte Constitucional ha sostenido que “cuando
no está en discusión la titularidad del derecho subjetivo a ocupar el cargo
público, se puede considerar la existencia de una amenaza o violación del
derecho fundamental. No obstante, en casos en los que está en discusión
el hecho de si el actor cumple o no con los requisitos para acceder al
cargo, es posible proteger otra faceta de dicho derecho: la garantía de
que los cuestionamientos en torno al nombramiento y a la posesión se
hagan respetando plenamente los procedimientos previstos para ello en
la ley”77.

También ha sostenido que, para el ejercicio efectivo del derecho de acceso
a cargos públicos, es necesario “la concurrencia del acto de
nombramiento, en virtud del cual el Estado designa en cabeza de una
persona, las funciones, deberes y responsabilidades propias del cargo, y

77
Corte Constitucional. Sentencia T – 257 del 29 de marzo de 2012. M.P.: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
41

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la posesión, que es el hecho por el cual la persona asume esas funciones,
deberes y responsabilidades”78.

Por último, frente a la relación que existe entre el derecho al trabajo y el
acceso a los cargos públicos, la Corte Constitucional ha señalado79:

“[…] 2.3.2. Respecto del derecho al trabajo en relación con el
acceso a los cargos públicos, ha indicado la jurisprudencia de esta
Corporación que dicha garantía se materializa en cabeza del ganador
del concurso, a quien le asiste el derecho de ser nombrado; en este
sentido, a la posibilidad de acceder a un empleo se suma la garantía
del deber estatal de impedir que terceros restrinjan dicha opción. Al
tratar esta materia en sentencia T-625 de 2000, el Tribunal
Constitucional indicó:

“La vulneración del derecho al trabajo se produce cuando una
acción u omisión arbitraria de las autoridades limita
injustificadamente el ejercicio de una actividad laboral
legítima”.

De lo anterior se vislumbra que la persona que supera las pruebas
del concurso público de méritos se convierte en el titular del derecho
al trabajo, y, por ende, tiene derecho a ser nombrado en el cargo
para el cual concursó, pues sólo en este momento el carácter
subjetivo del derecho al trabajo logra concretarse con certeza a
favor del ganador.

En síntesis, el derecho de acceder a cargos públicos está ligado a la
posibilidad que tiene cualquier ciudadano de presentarse a concursar
una vez haya cumplido los requisitos previstos en la respectiva
convocatoria. Por su parte, el derecho al trabajo, en las situaciones
de acceso a cargos públicos se materializa cuando se crea en el
titular el nacimiento del derecho subjetivo, es decir, cuando en
virtud del mérito y la capacidad del aspirante obtiene el mejor
puntaje, de lo cual se sigue o deviene su nombramiento y posesión
[…]”.

(iii) Protección constitucional a la mujer embarazada que ocupa
en provisionalidad un cargo de carrera en el que debe ser
designado el primero de la lista de elegibles

78
Corte Constitucional. Sentencia T – 257 del 29 de marzo de 2012. M.P.: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
79
Corte Constitucional. Sentencia T – 257 del 29 de marzo de 2012. M.P.: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
42

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Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

En la sentencia SU – 070 del 13 de febrero de 201380, la Corte
Constitucional explicó el alcance de la protección reforzada a la
maternidad en los eventos en los que la mujer embarazada ocupa en
provisionalidad un cargo de carrera en el que debe ser designado el
primero de la lista de elegibles, tal como ocurre en este caso, así:

“[…] 7. Cuando se trata de una trabajadora que ocupaba en
provisionalidad un cargo de carrera y el cargo sale a concurso o es
suprimido, se aplicarán las siguientes reglas: (i) Si el cargo sale a
concurso, el último cargo a proveerse por quienes lo hayan ganado,
deberá ser el de la mujer embarazada. Lo anterior, teniendo en
cuenta que el cargo a ser proveído y la plaza en la que se
desempeñará quien ganó el concurso, debe ser el mismo para el que
aplicó. Cuando deba surtirse el cargo de la mujer embarazada o
lactante por quién ganó el concurso de méritos, se deberá pagar a
la mujer embarazada la protección consistente en el pago de
prestaciones que garanticen la licencia de maternidad; (ii) si hubo
supresión del cargo o liquidación de la entidad, se le debe garantizar
a la trabajadora en provisionalidad, la permanencia en el cargo hasta
que se configure la licencia de maternidad o de ser ello imposible, el
pago de salarios y prestaciones, hasta que la trabajadora adquiera
el derecho a gozar de la licencia […]”. [Se destaca]

Lo anterior, debido a que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
reconocido que, frente a los ciudadanos nombrados en provisionalidad en
cargos de carrera, prevalece los derechos de quienes ganan el concurso
público de méritos81:

“[…] Los nombramientos en provisionalidad, así sea por un periodo
largo de tiempo, no pueden generar expectativas de estabilidad
laboral, puesto que de acuerdo con su naturaleza, son
nombramientos transitorios, circunstancia que es conocida por quien
es nombrado en esas condiciones desde el inicio de su vinculación,
sin que sea válido posteriormente aducir por ello la vulneración de
algún derecho.

Sin embargo, en relación con las madres y padres cabeza de familia,
las personas que estén próximas a pensionarse (a las que les faltan
tres años o menos para cumplir los requisitos), y las personas en
situación de discapacidad, nombrados provisionalmente en cargos
de carrera administrativa cuya vacancia es definitiva, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que tienen derecho a
recibir un tratamiento preferencial. Este, consiste en prever
mecanismos para garantizar que los servidores públicos en las

80
M.P.: Alexei Julio Estrada.
81
Corte Constitucional. Sentencia C – 640 de 2012. M.P.: María Victoria Calle Correa.
43

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condiciones antedichas, sean los últimos en ser desvinculados
cuando existan otros cargos de igual naturaleza del que ocupan
vacantes. En cualquiera de las condiciones descritas no se otorga un
derecho indefinido a permanecer en un empleo de carrera, toda vez
que prevalecen los derechos de quienes ganan el concurso público
de méritos, pero su condición de debilidad manifiesta hace que la
administración deba otorgarles un trato especial.

No es posible entonces, por la sola circunstancia de haber
desempeñado en provisionalidad un cargo de carrera administrativa,
crear un privilegio que le permite a los empleados públicos
nombrados en provisionalidad permanecer en sus empleos de
manera indefinida, disfrutando de las prerrogativas de los
funcionarios de carrera que no le son reconocidas a otros empleados
y ciudadanos que aspiran a vincularse con la administración pública.
Mientras éstos deben someterse a un proceso de selección público y
abierto, aquellos gozan indefinidamente de estabilidad en el cargo
sustraídos de la obligación de demostrar su mérito […]”.

En ese sentido, se tiene que, frente a este tipo de asuntos, debe
nombrarse en propiedad a los ciudadanos que hayan superado
satisfactoriamente un concurso de méritos, pero no puede pasarse por
alto que la mujer embarazada que ocupa el cargo en provisionalidad es
sujeto de especial protección y, por tanto, para garantizar los derechos
de la mujer, la Corte Constitucional, en la referida sentencia SU – 070 de
2013, indicó que era procedente “pagar a la mujer embarazada la
protección consistente en el pago de prestaciones que garanticen la
licencia de maternidad”.

Por último, cabe anotar que en la sentencia T – 353 de 201682 se indicó
en qué eventos no es procedente ordenar el reintegro de la mujer
embarazada:

“[…] 3.9. Así que una de las medidas de protección del fuero de
maternidad es el reintegro o renovación del contrato. No obstante,
en el evento de que dichas medidas se tornen imposibles desde el
punto de vista fáctico, es procedente la medida de protección
sustitutiva, es decir, “el reconocimiento de las prestaciones en
materia de seguridad social en salud, hasta el momento en que la
mujer adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica de
la licencia de maternidad”. Por esto la Corte ha establecido ciertos
casos en que la medida de reintegro no procede:

82
M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
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1) Cuando la empresa se ha liquidado o está en proceso de extinción
la persona jurídica que la sustenta.

2) Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer
embarazada ocupaba, ha sido provisto por concurso de méritos.

3) Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer
embarazada ocupaba fue creado por la administración pública, para
el desempeño puntual de funciones transitorias relativas a la
eficacia, celeridad y mejoramiento de la función pública, como por
ejemplo los cargos denominados de descongestión y,

4) Cuando la existencia de la relación laboral entre la mujer gestante
y empleador dependía íntimamente de la subsistencia de un contrato
previo celebrado por el empleador” […]”. [Se destaca]

(iv) Conclusiones del caso concreto

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional señalada en precedencia,
cuando no está en discusión la titularidad del derecho subjetivo a ocupar
un cargo público, es posible considerar que existe una amenaza al derecho
fundamental de acceso a cargos públicos. Lo anterior, si se tiene en
cuenta que quien supera satisfactoriamente las etapas de un concurso de
méritos adquiere el derecho subjetivo de ser nombrado en el cargo para
el cual participó; además, como quedó visto, el ámbito de protección del
derecho fundamental de acceso a cargos públicos comprende la posesión
de las personas que han cumplido los requisitos para acceder al empleo
público y también se indicó que la Corte Constitucional ha reconocido que
el ejercicio efectivo de este derecho supone la concurrencia del acto de
nombramiento y posesión.

Bajo dicho contexto, se advierte que, en este caso, no se debate si al
señor Armel Gayón le asiste o no el derecho a ser nombrado en propiedad
en el cargo de oficial mayor o sustanciador en el Juzgado Penal del Circuito
del Guamo, sino si su nombramiento se debe o no postergar hasta que se
cumpla la licencia de maternidad de la señora Barrios Murillo.

45

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Frente a este tipo de asuntos, la jurisprudencia constitucional ha sido clara
en indicar que, cuando una mujer embarazada ocupa un cargo en
provisionalidad, debe efectuarse el nombramiento en propiedad con la
persona que ocupa el primer puesto en la lista de elegibles y, como
medida de protección a la maternidad, es procedente ordenar el pago de
las prestaciones que garanticen la licencia de maternidad.

Por lo expuesto, la Sala modificará el numeral primero del fallo de tutela
proferido el 9 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
en el que dispuso el amparo del derecho fundamental al debido proceso
del actor, para, en su lugar, amparar el derecho fundamental de acceso
a cargos públicos, dado que fue éste el derecho que resultó comprometido
con la decisión del Juez Penal del Circuito del Guamo de postergar el
nombramiento en propiedad hasta que finalice la licencia de maternidad
de la señora Barrios Murillo.

En consecuencia de lo anterior, la Sala confirmará el numeral segundo del
fallo de tutela, en el que se ordenó al “titular del Juzgado Penal del Circuito
del Guamo (Tolima), en su condición de nominador, que dentro de los dos
días siguientes a la notificación de esta sentencia proceda a efectuar el
nombramiento del señor Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón, en el
cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado de Circuito que se
encuentra vacante en su juzgado”, puesto que se trata de la medida de
protección que garantiza y protege el derecho fundamental de acceso a
cargos públicos.

Por último, la Sala confirmará el numeral tercero del fallo de tutela, que
ordenó “a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional
Tolima, que, una vez producida la desvinculación del cargo, de la señora
Diana María Barrios Murillo, reconozca y pague a su favor, de manera
ininterrumpida los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud,
correspondientes al período de gestación posterior a la terminación de su
vínculo laboral, y hasta tres meses después del parto, con el fin de que el

46

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sistema le garantice a futuro el reconocimiento y disfrute efectivo del
derecho a la licencia de maternidad, así como la prestación integral del
servicio de salud que requiera tanto ella como su hijo que está por nacer”,
toda vez que le garantiza a la señora Barrios Murillo el pago de la licencia
de maternidad, lo que se acompasa con la regla fijada en la sentencia SU
– 070 del 13 de febrero de 201383 de la Corte Constitucional y se observa
que el a quo fundamentó esta orden en el fallo de tutela proferido el 1 de
junio de 2017 por la Sección Quinta de Consejo de Estado, por lo demás,
se advierte que esta orden no fue impugnada por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, Seccional Tolima.

De otro lado, se advierte que no es procedente acceder a la solicitud de
la señora Barrios Murillo consistente en que se le reconozcan los salarios
y las prestaciones sociales “dejados de percibir desde el momento de la
desvinculación del cargo de oficial mayor del despacho judicial accionado,
y tres meses más”, por cuanto la regla jurisprudencial fijada para estos
casos por la Corte Constitucional es que se ordene el pago de las
prestaciones que garanticen la licencia de maternidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: RECHAZAR las solicitudes de nulidad formuladas por el Juez
Penal del Circuito del Guamo y de la señora Diana María Barrios Murillo,
de acuerdo con lo señalado en precedencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral primero del fallo proferido el 9 de
mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima, el cual quedará
así:

83
M.P.: Alexei Julio Estrada.
47

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Radicación: 73001 2333 000 2022 00181 01
Accionante: Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón

“[…] PRIMERO: AMPARAR, el derecho fundamental de acceso a
cargos públicos del señor Fernando Eduardo Andrés Armel Gayón,
por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de tutela proferido el
9 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima, acorde con
lo explicado.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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