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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2022-00214-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2022-00214-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas al demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima. Tercero. RECONOCER personería al abogado Carlos Yamid Mustafá Durán, identificado con cédula de ciudadanía nro. 13.511.867 y portador de la tarjeta profesional nro. 123.757 del C.S. de la J. para representar los intereses de la Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00019 de SAMAI. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2022-00214-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 73001-23-33-000-2022-00214-01 (4946-2023)
Demandantes: Diego Fernando Beltrán Guzmán
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Marco jurisprudencial aplicable al análisis de los actos
administrativos que imponen sanciones disciplinarias. Nulidad del
acto administrativo por desconocimiento del debido proceso.
Estructura de la responsabilidad disciplinaria. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Diego Fernando Beltrán Guzmán instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 13 de
agosto de 2020 por la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación y el 3 de
marzo de 2021 por la Viceprocuraduría General de la Nación, mediante las cuales
fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10)
años; y de la Resolución 116 del 7 de abril de 2021, que ejecutó la medida
disciplinaria.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene su reintegro al
cargo que desempeñaba, junto con el reconocimiento y pago, debidamente

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indexado, de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 7 de
abril de 2021 (fecha de ejecución de la sanción) hasta el momento en que se cumpla
la orden judicial.

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que fue investigado y sancionado por hechos que presuntamente ocurrieron
cuando se desempeñaba como sustanciador grado 11, código 4SU de la
Procuraduría 106 Judicial I Administrativa de Ibagué, porque según la autoridad
disciplinaria vulneró el numeral 45 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, a título de
dolo, por lo cual el 13 de agosto de 2020 se impuso como sanción la destitución e
inhabilidad general por el término de 10 años; medida que se confirmó el 3 de marzo
de 2021.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

6. Considera que los actos se expidieron con infracción de las normas en que
debían fundarse, de manera irregular, con falsa motivación y con desviación de las
atribuciones de quien los expidió. Que no se tuvo en cuenta que en el expediente
disciplinario se encontró acreditado que nunca solicitó dinero para representar
judicialmente a dos sindicados dentro de un proceso penal que se adelantaba en la
Fiscalía de El Espinal, por lo cual no se configuró la falta gravísima del artículo 48.45
de la Ley 734 de 2002.

7. Que no se valoraron de manera adecuada las pruebas, lo que implica la falsa
motivación de los actos, porque de otro modo se habría encontrado que su
actuación ocurrió en el periodo de vacaciones 2014-2015, que no guardaba relación
con sus funciones de sustanciador, que no se trataba de un trámite al interior de la
Procuraduría General de la Nación y que no ocurrió en horario laboral.

8. Agregó que, contrario a las afirmaciones de la autoridad disciplinaria, no
asumió una defensa jurídica penal por interpuesta persona, que, por el contrario,
siempre advirtió acerca de su imposibilidad para llevar procesos en razón del cargo
que ostentaba para la época de los hechos.

9. Considera que se desconoció el principio de congruencia, porque en la
decisión de primera instancia se aludió a la violación del artículo 86.5 del Decreto
262 de 2002 (sic), con lo cual la demandada dejó de lado que su cargo no era de
abogado y que tampoco fungió en tal calidad mientras fue funcionario de la
Procuraduría. Que en consecuencia, la autoridad se excedió al aplicar el régimen
de prohibiciones al ejercicio de actividades laborales y/o comerciales de un servidor
público por fuera de sus horarios de trabajo y de sus funciones legales y
reglamentarias.

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10. Que se desconoció el principio de taxatividad, porque no se puede entender
el ejercicio constitucional del trabajo y la libertad de empresa como una violación
del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, cuando la actividad no guarda
relación con sus funciones o se ejerce de manera liberal la profesión por fuera del
horario del trabajo y de la sede institucional.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

11. La demanda fue admitida el 28 de junio de 20221. La Procuraduría General
de la Nación se opuso a las pretensiones, por considerar que el procedimiento
sancionatorio y los actos demandados se ajustaron a derecho.

12. Expresó que en la demanda no se desarrollaron las razones por las cuales
se considera que los actos incurrieron en las causales de nulidad invocadas. Que el
trámite disciplinario tuvo por objeto investigar la presunta conducta en que incurrió,
pues según relato de la quejosa, al contactar al señor Beltrán Guzmán, este le
manifestó que no podía tomar su caso directamente porque era funcionario de la
Procuraduría, pero que hablaría con una colega suya para que asumiera la
representación; no obstante, él se encargaría de todo.

13. Que lo anterior dio lugar a que se formulara pliego de cargos y posteriormente
se sancionara por la incursión en la falta gravísima del artículo 48.45 de la Ley 734
de 2002, en concordancia con el artículo 86.5 del Decreto 262 de 2002 (sic), lo que
resultó debidamente acreditado con fundamento en las pruebas practicadas, en
particular con los testimonios de quienes requirieron los servicios del señor Beltrán
Guzmán.

14. Que tan cierta resultó su participación en el comportamiento reprochado, que
fue el propio demandante quien propició el encuentro entre las quejosas y una
colega suya. Que la autoridad disciplinaria no desconoció que el entonces
investigado manifestó a las ciudadanas que laboraba para la Procuraduría; no
obstante, en lugar de apartarse de dichas actividades, recibió dinero para realizar
las gestiones, independientemente del monto que le hubiesen pagado.

15. Agregó que el hecho de que el comportamiento se hubiese ejecutado en el
periodo vacacional no lo excluye del reproche disciplinario, pues su vínculo laboral
permanecía intacto y que la causal de incompatibilidad a la que se refirieron los
actos demandados es de interpretación restrictiva y no exige que se ostente un
cargo en un determinado nivel. Sumado a ello, la autoridad no desarrolló el hilo del
proceso bajo el eje de haberse desempeñado como abogado en sentido estricto,
sino por realizar la gestión profesional de negocios ajenos.

16. Propuso como excepción la inexistencia del derecho pretendido2.

1 Véase índice 00004 del trámite ante el Tribunal Administrativo del Tolima. La demanda correspondió por

reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Ibagué, el cual, por auto del 8 de octubre de 2021 la
remitió por competencia al Tribunal Administrativo del Tolima (véase archivo
«4_EXPEDIENTEDIGITAL_20220214AUTO(.pdf) NroActua 3», disponible en el índice 00003 del trámite ante
el Tribunal Administrativo del Tolima).
2 Véase índice 00015 del trámite ante el Tribunal Administrativo del Tolima.

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17. Por auto del 24 de octubre de 2022 se adecuó el proceso al trámite de la
sentencia anticipada. En consecuencia, se fijó el litigio, se resolvió sobre el decreto
de pruebas y se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al
Ministerio Público para que presentara su concepto, luego de lo cual se dictó
sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante3.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

18. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del nueve (9) de
marzo de dos mil veintitrés (2023)4, negó las pretensiones, tras concluir que en la
expedición de los actos no se incurrió en ningún vicio de nulidad.

19. Se refirió a la tesis jurisprudencial vigente en materia de control integral de
las actuaciones de naturaleza sancionatoria disciplinaria y a los distintos hitos del
trámite adelantado en contra del demandante, luego de lo cual analizó la indebida
valoración probatoria, la atipicidad de la conducta y el efecto de la situación
administrativa de vacaciones sobre el comportamiento reprochado.

20. Respecto de la valoración probatoria, expresó que los medios analizados por
la autoridad disciplinaria permitieron acreditar la ocurrencia de la falta endilgada, en
especial, los testimonios de las quejosas y de sus compañeros permanentes y que
pese a que la señora Derly Patricia Valdés modificó su versión ante la demandada,
dichas manifestaciones no resultaban creíbles al contrastarlas con su declaración
ante el Consejo Superior de la Judicatura (pues la actuación inició allí en contra del
demandante en su condición de abogado) y con lo expuesto por su pareja, quien
requería la defensa judicial que la señora Valdés buscó en el demandante.

21. Que en la actuación disciplinaria el entonces investigado cuestionó la
ausencia de un contrato para la representación de los privados de la libertad; no
obstante, resultaba de lógica elemental que el servidor público que pretenda realizar
la gestión profesional en causa ajena, no suscribe ningún contrato ni poder en razón
de la incompatibilidad y, por tanto, resultaba absurdo exigir tal elemento como
prueba del cargo imputado.

22. Que en la adecuación típica del comportamiento no se incurrió en ninguna
irregularidad, pues la demandada encontró que la conducta del señor Beltrán
Guzmán correspondía a la señalada como falta gravísima por el artículo 48.45 de la
Ley 734 de 2002; texto respecto del cual se declaró inexequible la expresión «con
el buen nombre y prestigio» y se condicionó la constitucionalidad de los demás
apartes a la remisión normativa o complementación con las normas
constitucionales, legales o reglamentarias respectivas.

23. De manera que no resultaban ciertas las manifestaciones del demandante,
pues dicho tipo disciplinario no salió del ordenamiento jurídico y la Procuraduría
realizó la complementación exigida, para lo cual acudió al numeral 5 del artículo 86

3 Véase índice 00020 del trámite ante el Tribunal Administrativo del Tolima.
4 Véase índice 00030 del trámite ante el Tribunal Administrativo del Tolima.

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del Decreto 262 de 2000, que consagra como una incompatibilidad de los empleos
de la entidad «[l]a gestión profesional de negocios ajenos y el ejercicio de la
abogacía o cualquier otra profesión u oficio».

24. Agregó que el hecho de encontrarse disfrutando de su periodo vacacional no
lo eximía de responsabilidad, pues dicha situación administrativa no interrumpe ni
suspende la calidad de servidor público; de allí que el comportamiento reprochado
resultara igualmente sancionable, inclusive si se encontraba en un lugar distinto al
de la prestación de sus servicios y señaló que la configuración de la falta endilgada
no se restringe a determinados cargos o empleos y menos a funciones específicas.

25. Condenó en costas al demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

26. El demandante5 interpuso recurso de apelación, en el cual insistió en que no
se analizó la ausencia de tipicidad de la conducta, porque se dejó de lado que la
denominada «quejosa» acudió a él en virtud de un trabajo jurídico que le había
realizado antes de ingresar a la nómina de la Procuraduría. Que, en ese sentido, a
lo largo de la actuación disciplinaria y del trámite jurisdiccional se refirió a la violación
del debido proceso por desconocimiento del principio de congruencia, pues la
autoridad disciplinaria determinó de manera errada las disposiciones que
supuestamente quebrantó con su comportamiento.

27. Señaló que, en ese punto, el Tribunal se limitó a resolver como si se tratara
de una tercera instancia, sin la profundidad y análisis jurídico que exige el medio de
control. Que ese análisis simple no tuvo en cuenta que la situación investigada no
guardaba ninguna relación con las funciones del cargo que desempeñaba y se
estructuró una infracción disciplinaria sobre una norma cuyo bien jurídico protegido
tiene que ver con la preservación de la moralidad administrativa y con que los
funcionarios en el ejercicio de sus cargos no tengan intereses contrapuestos a los
de la entidad para la cual laboran, lo que no ocurrió en su caso.

28. Que las decisiones demandadas y lo resuelto por el Tribunal resulta
peligroso, pues no analizar los componentes del tipo disciplinario puede llevar a que
se sancione a cualquier servidor de la Procuraduría solo por recomendar a alguien
o realizar cualquier actividad económica por fuera de la entidad, así no tenga
relación con su misión legal y constitucional.

29. Que tampoco se analizó la ausencia de lesividad del comportamiento, porque
su conducta no afectó negativamente el servicio público. En este punto, consideró
que la sentencia apelada se limitó a establecer si había recibido o no un beneficio o
si devolvió o no un dinero, pero el verdadero estudio acerca de la antijuridicidad es
inexistente.

30. Agregó que fue buscado por las «quejosas», no con ocasión de su cargo al
interior de la Procuraduría, sino por su buena gestión en un anterior proceso judicial

5 Véase índice 00034 del trámite ante el Tribunal Administrativo del Tolima.

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y que ni la autoridad disciplinaria ni el Tribunal tuvieron en cuenta que si existió
algún conflicto comercial entre las ciudadanas y él, no se debía resolver por
intermedio del derecho disciplinario. Que de esta manera, el comportamiento es
atípico y no es sustancialmente ilícito, en la medida en que para la ejecución de la
conducta en nada requería la condición de servidor público y que tampoco se podía
sancionar por un mero quebrantamiento formal del deber funcional.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

31. El 8 de septiembre de 20236 fue admitido el recurso de apelación. En dicha
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes
presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.

32. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

33. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

34. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima debe revocarse, porque el estudio de la actuación
sancionatoria fue meramente formal, en la medida en que no se detuvo en el estudio
de la tipicidad y la antijuridicidad como elementos de la estructura disciplinaria y, en
consecuencia, no se analizó la violación del debido proceso como causal de nulidad
de los actos.

35. Con este propósito, la providencia se referirá al marco jurisprudencial
aplicable al análisis de los actos administrativos que imponen sanciones
disciplinarias, a la nulidad de los actos administrativos por desconocimiento del
debido proceso, a la estructura de la responsabilidad disciplinaria y abordará el caso
concreto.

Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

36. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

37. De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido
pacífica la posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional

6 Véase índice 0004 de SAMAI.

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de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.

38. Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del
juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba
el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias7.

39. Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en
que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el
concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental
de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo
que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»8.

40. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»9, y se indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial»
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a
la de cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la
ley, de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.

7 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

Moreno.
8 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp. 2060-

2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia
del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

1210-11. C.P. William Hernández Gómez.

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Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso

41. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

42. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13710 y 13811 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

43. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.

44. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir
un límite al ejercicio del poder público, es un mecanismo para proteger los derechos
de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los agentes del
Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el curso de
cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan resultar
afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico12.

45. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad
por su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida

10 Del medio de control de nulidad.
11 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
12 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-

33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 13; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.

46. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del
derecho al debido proceso14 puede predicarse tanto de las providencias judiciales
como de los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución15.

Estructura de la responsabilidad disciplinaria

47. La Ley 734 de 2002, régimen disciplinario aplicable al demandante, señala
en el artículo 27, que «[l]as faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en
el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos,
o por extralimitación de sus funciones». La disposición también prevé que «[c]uando
se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo,
equivale a producirlo». De esta forma, el alcance disciplinario de un comportamiento
puede provenir, en términos amplios (i) de una conducta positiva, (ii) de una
abstención o (iii) de la extralimitación en el ejercicio de las funciones16.

48. Advertido pues, que, bajo alguna de las formas señaladas, se ha incurrido en
un comportamiento con incidencia disciplinaria, a continuación, la normativa exige
el examen de tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.

13 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-

01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
14 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la

sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076

de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16 Al respecto, cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 28 de septiembre de

2006. Radicado 11001-03-06-000-2006-00105-00 (C). Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo: «El
legislador identificó los tipos de conducta que pueden llevar a un servidor público a incurrir en faltas
disciplinarias, al señalar en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que éstas se presentan por acción u omisión
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de
sus funciones».

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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00214-01 (4946-2023)

49. El primero se refiere a que el comportamiento efectivamente se consagre en
las disposiciones aplicables como una falta disciplinaria, en virtud del principio de
legalidad del artículo 4 del Código Disciplinario Único17; el segundo exige que se
evalúe si la conducta afecta el deber funcional sin justificación alguna, lo que para
el caso concreto corresponde al alcance del artículo 5 de la Ley 734 de 2002 18; el
tercero tiene que ver con la proscripción de responsabilidad objetiva en materia
disciplinaria19 y se concreta en la exigencia de analizar si ese comportamiento que
la norma aplicable consagra como falta disciplinaria, con el cual se lesionó un deber
funcional sin justificación alguna, se ejecutó de manera dolosa o culposa.

50. Si bien las disposiciones disciplinarias del régimen aplicable al demandante
no contienen una noción de dolo, en virtud del principio de integración normativa de
que trata el artículo 21 del Código Disciplinario Único20, es posible acudir al sentido
de dolo consagrado en el artículo 22 de la Ley 599 de 2000, según el cual «[l]a
conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la
infracción penal [entiéndase disciplinaria] y quiere su realización. También será
dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal [entiéndase
disciplinaria] ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al
azar» (corchetes fuera del texto original).

51. Por su parte, el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 contiene un
sentido para la culpa en sus formas gravísima y grave. Según esta disposición, la
culpa es gravísima cuando «(…) se incurra en falta disciplinaria por ignorancia
supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento» y es grave «(…) cuando se incurra en falta disciplinaria por
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a
sus actuaciones».

52. En términos generales, ambas formas de culpabilidad requieren, para su
configuración, del conocimiento que el servidor público tiene acerca de cumplir
adecuadamente sus funciones y de aquellas actuaciones que le están proscritas;
sumado a ello, el dolo exige un elemento volitivo, que tiene que ver con un
direccionamiento consciente a la obtención de un resultado que contraríe los
deberes o configure una prohibición o, con la decisión de dejar librado al azar la
producción de un resultado contrario a derecho; mientras que la culpa exige validar
que con la actuación se desatendió el deber objetivo de cuidado, esto es, que,
estando un servidor público en posibilidad de conocer los deberes y prohibiciones
propios de su cargo o función, actuó de manera negligente y, en consecuencia, se

17 Ley 734 de 2002. «Artículo 4. Legalidad. El servidor público y el particular en los casos previstos en este

código solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos
como falta en la ley vigente al momento de su realización».
18 Ley 734 de 2002. «Artículo 5. Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin

justificación alguna».
19 Ley 734 de 2002. «Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplina queda proscrita toda forma de

responsabilidad objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa».
20 Ley 734 de 2002. «Artículo 21. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen

disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no
previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios
internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo
[hoy CPACA], Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil [hoy General del Proceso] en lo que no
contravengan la naturaleza del derecho disciplinario».

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configuró la conducta disciplinable21.

Caso concreto

53. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria 22, la Sala destaca
que:

• Por auto del 27 de octubre de 2015 la Veeduría de la Procuraduría General de
la Nación ordenó la apertura de una indagación preliminar en contra del señor
Diego Francisco Beltrán Guzmán23, con fundamento en la remisión por
competencia que hiciera la Procuraduría Regional del Tolima24, contentiva de
una compulsa de copias que se ordenó en audiencia del 9 de julio de 2015,
celebrada ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura del Tolima, en la que se investigaban las presuntas irregularidades
en que habría incurrido el referido funcionario al intervenir en el negocio de unos
honorarios para la representación de dos sindicados en una actuación penal25.

• Por auto del 11 de noviembre de 2016 se ordenó la apertura de una
investigación disciplinaria, tras encontrar acreditados los presupuestos del
artículo 152 de la Ley 734 de 200226.

• El 12 de septiembre de 2019 se formuló al demandante el siguiente cargo:

«(…) en calidad de sustanciador grado 11 de la Procuraduría 106 Judicial I
Administrativa de Ibagué, de la Procuraduría General de la Nación,
presuntamente incurrió en la falta disciplinaria gravísima tipificada en el numeral
45 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que reza “Ejercer actividades o recibir
beneficios de negocios incompatibles con la institución a la que pertenece”.

Usted, pudo incurrir en la falta disciplinaria cuando, en el municipio de
Purificación, para el mes de enero de 2015, solicitó a las señoras YULI PAOLA
SUAREZ BARRERA y DERLY PATRICIA VALDES VARGAS la suma de
$400.000,oo, negocio, (sic) de la cual recibió 200.000,oo de manos de la señora
Yuli Suárez, por mirar un proceso penal adelantado en contra de los señores
Marco Tulio Saenz (sic) y Humberto Cardoza, procesados por el delito de hurto
y quienes eran los esposos de las señoras antes citadas, habiéndole devuelto
la suma de $350.000, a la señora Suarez Barrera, el día 9 de febrero de 2015 a
través de la Empresa Matrix Giros y Servicios SAS.

Así mismo les solicitó la suma de 3.000.000,oo por llevar en compañía de un
abogado, el mismo proceso penal que se adelantaba en contra de los señores
Marco Tulio Saenz (sic) y Humberto Cardozo, procesados por el delito de hurto»
(mayúsculas en el texto original).

La autoridad disciplinaria determinó que el comportamiento enunciado en este

21 Sobre el análisis del dolo y la culpa disciplinarias, cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.

Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicado 11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012). Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
22 Disponible en el archivo «21RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20260113zip(.zip)», visible en el índice 00018

de SAMAI. En adelante, en las referencias a los cuadernos que componen dicho expediente, se entenderá que
corresponden a esta ruta de acceso.
23 Véanse páginas 22 a 25 del archivo «IUS-2015-261096 Cuaderno principal No. 1 folios 1 al 205».
24 Véase página 20 del archivo «IUS-2015-261096 Cuaderno principal No. 1 folios 1 al 205».
25 Véanse páginas 17 a 21 del archivo «IUS-2015-261096 Cuaderno principal No. 1 folios 1 al 205».
26 Véanse páginas 70 a 75 del archivo «IUS-2015-261096 Cuaderno principal No. 1 folios 1 al 205».

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cargo desconoció el numeral 5 del artículo 86 del Decreto Ley 262 de 2002 (sic),
según el cual los empleos de la Procuraduría General son incompatibles con «5.
La gestión profesional de negocios ajenos y el ejercicio de la abogacía o
cualquier otra profesión u oficio», lo que implicaba la incursión en el tipo
disciplinario del artículo 48.45 de la Ley 734 de 2002.

De manera provisional, la falta disciplinaria se calificó como gravísima, a título
de dolo27.

• El 13 de agosto de 2020 fue declarado disciplinariamente responsable y
sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10)
años, tras ratificar la calificación gravísima de la falta y el dolo como elemento
subjetivo de la responsabilidad.

En esta decisión se analizaron las declaraciones que la señora Derly Patricia
Valdés Vargas y los señores Humberto Cardozo Pérez y Marco Tulio Sáenz
(estos últimos, procesados en una actuación penal) rindieron ante la Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima y las que las
señoras Yuli Paola Suárez Barrera, María del Carmen Torres (pariente de la
señora Valdés Vargas) y la ampliación del testimonio de la quejosa Derly
Patricia, a partir de las cuales se encontró que existió un acuerdo de voluntades
entre el investigado y las señoras Derly Patricia Valdés y Yuli Paola Suárez para
que el primero llevara la representación de los señores Cardozo Pérez y Marco
Sáenz en la actuación penal que se desarrollaba en su contra, lo que, se acordó,
se realizaría con la intermediación de la abogada Yuli Andrea Valdés Castro.

Que, ante la falta de actuación de la abogada intermediaria, las cónyuges de los
procesados requirieron al investigado para que les devolviera el dinero que
habían entregado, pues según lo acordado, por la representación cobrarían tres
millones de pesos, de los cuales debieron cancelar la mitad para empezar y el
resto lo pagarían al finalizar el proceso. Inclusive, en días posteriores la abogada
intermediaria contactó a la señora Suáerez Barrera para que pagara la suma
restante, pero esta se negó por considerar que los abogados no habían actuado.

Esta situación se ratificó por las parejas de las señoras Valdés Vargas y Suárez
Barrera, quienes ante el Consejo Seccional de la Judicatura manifestaron
conocer al entonces investigado desde el año 2013 y que este se había
entrevistado con sus respectivas compañeras. En particular, el señor Humberto
Cardozo Pérez narró que el abogado Diego Francisco Beltrán Guzmán le había
dicho a su esposa que le devolvería $350.000, lo que en efecto hizo, pues tenían
el respectivo recibo, situación que no se desvirtuaba con la variación en la
declaración de la señora Derly Patricia Valdés.

Que si bien el investigado disfrutaba de sus vacaciones para la fecha de los
hechos, dicha situación administrativa no lo apartaba del servicio, sino que
suspendía temporalmente el ejercicio de las funciones propias del cargo.

27 Véanse páginas 111 a 126 del archivo «IUS-2015-261096 Cuaderno principal No. 1 folios 1 al 205».

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Además, el comportamiento resultó sustancialmente ilícito en la medida en que
quebrantó el principio de moralidad, pues si bien puso de presente su condición
de servidor público, a continuación ofreció la representación de los sindicados a
través de interpuesta persona.

También se dijo que el comportamiento fue doloso en la medida en que el
investigado tenía pleno conocimiento de que celebrar un negocio litigioso como
el descrito resultaba incompatible con el cargo que ejercía en la Procuraduría
General de la Nación28.

• Esta decisión fue confirmada el 3 de marzo de 2021 por la Viceprocuraduría
General de la Nación, tras señalar que si el disciplinado hubiese tenido la
intención de separarse del negocio con las señoras Valdés Vargas y Beltrán
Guzmán, así lo habría manifestado desde el momento en que lo llamaron para
concertar el encuentro. Por el contrario, fue él quien llamó a la abogada Yuli
Andrea Valdés y le propuso adelantar la gestión en conjunto; inclusive,
acordaron los honorarios, la forma de pago y quién recibiría el dinero; y fue al
entonces funcionario Beltrán Guzmán a quien Derly Patricia Valdés le reclamó
por el incumplimiento de lo acordado.

Que ninguna de las ciudadanas se retractó en las declaraciones que rindieron
ante la autoridad disciplinaria, pues sus manifestaciones partieron de los
interrogantes que realizó el disciplinado y este no las indagó respecto de la
persona que habría realizado las gestiones para que aceptaran la intermediación
de la abogada Yuli Andrea Valdés. De manera que las declaraciones de las
quejosas no resultaron contradictorias con sus dichos ante el Consejo Seccional
de la Judicatura y, valoradas en conjunto con las de los demás testigos,
resultaban coherentes y creíbles respecto de las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que se produjo el acuerdo de negocio que les propuso el disciplinado
y que luego incumplió.

En relación con las vacaciones del investigado, reiteró que dicha situación no
hacía desaparecer su condición de servidor de la entidad ni conllevaba la
desvinculación del cargo, sino que se trataba de un periodo de descanso
remunerado, por lo cual era sujeto disciplinable, máxime que la conducta
reprochada tenía que ver con la moralidad de la función administrativa y del
servicio público29.

54. Para el demandante, la sentencia apelada se debe revocar, porque el
Tribunal no analizó el fondo de la violación al debido proceso y, en esa medida,
omitió el estudio de la tipicidad y la antijuridicidad, como elementos estructurales de
la responsabilidad disciplinaria.

55. La Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Tolima aplicó la tesis
jurisprudencial vigente en materia de control de los actos administrativos que
imponen sanciones disciplinarias y, en esa medida, analizada la actuación que

28 Véanse páginas 267 a 292 del archivo «IUS-2015-261096 Cuaderno principal No. 2 folios 206 al 452».
29 Véanse páginas 319 a 344 del archivo «IUS-2015-261096 Cuaderno principal No. 2 folios 206 al 452».

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culminó con las decisiones cuestionadas, no encontró vicios formales ni
sustanciales que llevara a declarar su nulidad. Otra cosa es que el demandante no
comparta las razones por las cuales el juez de primera instancia no accedió a sus
pretensiones; pero ello, lejos de constituir una irregularidad de la providencia, es
precisamente lo que implica la interposición del recurso de apelación.

56. Ahora bien, los reproches del apelante, que se pueden analizar a partir del
defecto fáctico como forma de desconocimiento del debido proceso, están
relacionados con dos elementos de la estructura de la responsabilidad disciplinaria:
la tipicidad y la antijuridicidad, pues considera que su comportamiento no
correspondía a una falta disciplinaria y que la autoridad le imputó la afectación
meramente formal de los deberes funcionales.

57. Respecto de la primera cuestión, cabe recordar que la tipicidad, primer
elemento en la estructura de la responsabilidad disciplinaria, exige que la conducta
que se reprocha a un servidor público esté prevista en el ordenamiento como una
falta disciplinaria, bien sea de aquellas que de manera taxativa señala el artículo 48
de la Ley 734 de 2002, o que se trate de las que, bajo la categoría de los tipos
abiertos o en blanco, se deban complementar por remisión a otras disposiciones
legales o reglamentarias.

58. Al demandante se le sancionó porque, en su condición de sustanciador grado
11, código 4SU de la Procuraduría106 Judicial I Administrativa de Ibagué, incurrió
en la falta gravísima del artículo 48, numeral 45, de la Ley 734 de 2002, que se
complementó con el numeral 5 del artículo 86 del Decreto Ley 262 de 2000. Para
mayor ilustración, se citan ambas disposiciones:

• Ley 734 de 2002. «Artículo 48. Son faltas gravísimas las siguientes: (…) 45.
Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con el buen
nombre y prestigio de la institución a la que pertenece» (la expresión tachada se
declaró inconstitucional en la Sentencia C-030 de 2012. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva).

• Decreto Ley 262 de 200030. «Artículo 86. Incompatibilidades. Los empleos de la
Procuraduría General son incompatibles con: (…) 5. La gestión profesional de
negocios ajenos y el ejercicio de la abogacía o cualquier otra profesión u oficio».

59. Según se extrae de la actuación disciplinaria, la situación fáctica que dio lugar
a la estructuración del elemento objetivo de la responsabilidad ocurrió cuando, en
enero de 2015, el señor Beltrán Guzmán fue contactado por la señora Derly Patricia
Valdés Vargas, pareja de Marco Tulio Sáenz para que representara los intereses
del último en un trámite penal, ante lo cual el primero manifestó que no podía hacerlo
porque trabajaba con la Procuraduría en Ibagué, pero que hablaría con una
abogada conocida suya «y la ponía a ella en representación pero el (sic) era el que

30 «Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto

de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan
normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el
de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a
las que se encuentren sujetos».

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iba a hacer todo la abogada solo era para la representación (…)»31.

60. Dicha situación, que fue conocida porque la señora Valdés Vargas formuló
una queja ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fue
ratificada por la vía de: (i) la ampliación de la queja, (ii) la declaración juramentada
de la referida ciudadana, (iii) los testimonios de Maria del Carmen Torres Castro
(pariente de la quejosa), Marco Tulio Sáenz Torres (cónyuge de la quejosa), Yuli
Paola Suárez Barrera y Humberto Cardozo Pérez, quienes de manera coincidente32
manifestaron:

• Que quien conocía al investigado de antes era la señora Yuli Paola Suárez
Barrera, porque en alguna oportunidad había representado a su cónyuge
Humberto Cardozo Pérez en una actuación penal. De allí que, cuando este
último fue capturado nuevamente en compañía de la pareja de Derly Patricia
Valdés y procesado en El Espinal (Tolima), ambas ciudadanas lo contactaron
para que ejerciera la representación judicial de los dos capturados.

• Que en la reunión que las ciudadanas sostuvieron con el señor Beltrán Guzmán,
este les manifestó que no podía representar a sus esposos porque trabajaba
para la Procuraduría, pero que por intermedio de una abogada conocida podía
gestionar el caso. Fue así como llegó la profesional Yuli Andrea Valdés.
Acordaron entonces la suma que se cobraría por llevar los casos y la forma de
pago, que se debía realizar por intermedio de la abogada Valdés.

• Que la inconformidad de las señoras Derly Patricia y Yuli Paola residió en la
deficiente gestión de la abogada, por lo cual llamaron al profesional Beltrán
Guzmán para que les devolvieran el dinero que habían pagado, ante lo cual este
le manifestó al Yuli Paola Suárez que solo le podía devolver una parte, cosa que
en efecto hizo. En ese sentido, le reintegró la suma de $350.000 que, como
quedó acreditado en la actuación, se pagaron a través de una empresa conocida
como «Gana-Gana»33.

61. ¿Ejerció el demandante, con el comportamiento descrito, una actividad o
recibió un beneficio de un negocio incompatible con la institución a la que
pertenecía? La autoridad disciplinaria consideró que sí, al contrastar la conducta
con el régimen de incompatibilidades aplicable a los funcionarios de la Procuraduría

31 Véase página 3 del archivo «IUS-2015-261096 Cuaderno principal No. 1 folios 1 al 205». Corresponde a la

queja que la señora Derly Patricia Valdés Vargas formuló ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Tolima.
32
Véanse páginas 10-11 del archivo «IUS-2015-261096 Cuaderno principal No. 1 folios 1 al 205» (ampliación
de queja de la señora Derly Patricia Valdés Vargas), página 17 del archivo «IUS-2015-261096 Cuaderno
principal No. 1 folios 1 al 205» (extracto de las declaraciones de los señores Cardozo Pérez y Marco Tulio
Sáenz), minutos 16 a 22 del vídeo « AUDIENCIAS 0133-15», visible en la carpeta « IUS-2015-261096 C P No.
1 CD folio 30» (de la declaración del señor Marco Tulio Sáenz); minutos 5 a 9 del vídeo « AUDIENCIAS 0133-
15», visible en la carpeta « IUS-2015-261096 C P No. 1 CD folio 30» (de la declaración del señor Humberto
Cardozo Pérez); páginas 98-99 del archivo «IUS-2015-261096 Cuaderno principal No. 2 folios 206 al 452»
(declaración juramentada de la señora Yuli Paola Suárez Barrera); páginas 100-101 del archivo « IUS-2015-
261096 Cuaderno principal No. 2 folios 206 al 452» (declaración de la señora Derly Patricia Valdés Vargas)
33 Véanse folios 82-83 del archivo «IUS-2015-261096 Cuaderno principal No. 1 folios 1 al 205». En el oficio que

reposa en esta ubicación, la coordinadora de servicio al Cliente de Matrix giros y servicios S.A.S. indicó que
adjuntaba «(…) UN (1) folio que contiene historial del giro realizado por el señor DIEGO FRANCISCO BELTRÁN
GUZMÁN, a nombre de la señora YULI PAOLA SUÁREZ BARRERA, cuyo calor es de ($350.000), cobrado el
día 09 de febrero de 2015 (…)».

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General de la Nación, en especial, de la consagrada en el artículo 86.5 del Decreto
Ley 262 de 2000.

62. Para la Sala dicha conclusión es acertada y no se trató, como lo afirma el
apelante, de una actividad comercial privada, por fuera de sus funciones, pues
inclusive en el trámite disciplinario nunca fue objeto de discusión que, al reunirse
con las señoras Suárez Barrera y Valdés Vargas, les puso en conocimiento su
situación laboral, justamente para excusarse de llevar la representación de sus
cónyuges.

63. La tipicidad del comportamiento devino, entonces, de incurrir en la causal de
incompatibilidad, pues, a renglón seguido, acordó con las referidas que la
representación de sus parejas se llevaría a través de otra profesional, únicamente
para efectos nominales, pues él se encargaría de las actuaciones, lo que significa
que ejerció la gestión profesional de negocios ajenos, conducta proscrita y que por
lo tanto se adecuó a la recepción de beneficios incompatibles con la entidad para la
cual laboraba, que corresponde a lo que reprocha la normativa disciplinaria.

64. Precisado lo anterior, es necesario determinar si esa conducta típica resultó
además antijurídica, es decir, si se satisfizo el segundo elemento estructural de la
responsabilidad disciplinaria, para lo cual cabe precisar en este punto se exige, en
los términos del artículo 5 de la Ley 734 de 2002, la concreción de dos elementos:
un deber funcional afectado y la ausencia de una justificación para ello.

65. A su vez, la jurisprudencia de esta Corporación ha destacado que el deber
funcional se compone de tres elementos: (i) las funciones propias del cargo, (ii) la
obligación de actuar acorde con la Constitución y la ley; y (iii) la garantía de una
adecuada representación del Estado, por lo cual la infracción que demanda la
normativa disciplinaria solo tiene lugar cuando se ejecuta un comportamiento capaz
de menoscabar cualquiera de esas dimensiones34, sumado a que no se cuente con
una justificación para ello.

66. Para la Sala, con la incursión en la referida causal de incompatibilidad –
presupuesto de la antijuridicidad formal– se quebrantaron las obligaciones que tenía
el demandante de obrar conforme a la Constitución y la ley, lo que representa la
segunda dimensión del deber funcional a la que se refiere la jurisprudencia e implica
la configuración de la antijuridicidad material, lo que quiere decir que en nada varía
el juicio de ilicitud sustancial realizado en los actos demandados y recogido en la
sentencia apelada.

67. Satisfechos ambos juicios –tipicidad y antijuridicidad– en el análisis del
elemento subjetivo –culpabilidad– se enfatizó en que el entonces investigado sabía
que el ejercicio del empleo al interior de la Procuraduría General de la Nación
resultaba incompatible con la ejecución de actividades como las que originaron la
actuación disciplinaria. Sobre este punto no se expondrán mayores

34 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31 de enero de 2018. Exp. 11001-03-25-

000-2012-00679-00 (2360-2012). C.P. Cesar Palomino Cortés. En similar sentido: Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2014. Exp. 11001-03-25-000-2011-00268-00 (0947-
2011). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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consideraciones, en la medida en que, primero, no fue cuestionado por el
demandante; y, segundo, de manera motivada la demandada encontró que se
cumplía con los elementos cognoscitivo y volitivo, propios del dolo.

68. Al respecto, tal era su conocimiento de la ilicitud que tanto las ciudadanas
como sus cónyuges y el mismo investigado enfatizaron en que, una vez contactado,
les manifestó que por ser funcionario de la Procuraduría no podía representar los
intereses de los sindicados. Y, en cuanto a la dimensión volitiva, lo que quedó claro
es que, a sabiendas de lo anterior, de manera deliberada y consciente, contactó a
la profesional previamente identificada para que, por intermedio de ella, se ejerciera
la representación de los señores Sáenz Torres y Cardozo Pérez.

69. No se trata de aplicar el derecho disciplinario a «un conflicto comercial»,
calificativo que el apelante le dio a lo ocurrido con las ciudadanas que buscaron sus
servicios, y tampoco resulta ajustado a la realidad que el Tribunal se hubiese
limitado a «verificar si recibió o no dinero», pues es el análisis integral de los medios
de prueba recaudados, lo que dio cuenta de que, lejos de ser una simple actuación
privada, el señor Beltrán Guzmán desplegó, de manera inequívoca,
comportamientos contrarios al régimen de incompatibilidades que le era aplicable;
en especial, aquel que resultó constitutivo de una falta disciplinaria gravísima.

70. En síntesis, la Sala no encuentra que en la expedición de los actos
demandados se hubiese lesionado el debido proceso, en la forma del defecto
fáctico, puesto que la configuración de los elementos estructurales de la
responsabilidad disciplinaria se motivó en debida forma por parte de la demandada.
En ese orden, lo procedente es confirmar la sentencia apelada.

De la condena en costas en esta instancia

71. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

72. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

73. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00214-01 (4946-2023)

74. En consecuencia, se impondrán costas, en esta instancia, en contra del
demandante, por cuanto no prosperan las pretensiones del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el nueve (9) de marzo de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se
negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas al demandante. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría
del Tribunal Administrativo del Tolima.

Tercero. RECONOCER personería al abogado Carlos Yamid Mustafá Durán,
identificado con cédula de ciudadanía nro. 13.511.867 y portador de la tarjeta
profesional nro. 123.757 del C.S. de la J. para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00019
de SAMAI.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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