Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2022-00226-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2022-00226-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2022-00226-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
5 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 73001-23-33-000-2022-00226-01 (3820-2024)
Demandante: Marco Tulio Velásquez Pulido
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Tema: Junta Médico Laboral, Porcentaje de pérdida de la capacidad
laboral, Naturaleza jurídica de los actos de calificación de
perdida de la capacidad laboral, Notificación resultados del
análisis de calificación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de
la sentencia proferida el 25 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. Marco Tulio Velásquez Pulido presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de los siguientes actos
administrativos: (i) la Resolución 555 del 14 de junio de 2018, mediante la cual se negó
el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez; (ii) la Resolución 1 del 7 de enero
de 2021, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución 555 de 2018; y (iii) la Resolución 78 del 13 de enero de 2021, mediante la
cual se decidió el recurso de apelación presentado contra dicha actuación administrativa.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se diera aplicación al dictamen
de la Junta Médico Laboral 8455 del 8 de septiembre de 2017, se ordenara el
reconocimiento y pago de los derechos prestacionales y pensionales derivados de dicha
valoración, conforme a lo previsto en el artículo 2 del Decreto 1157 de 2014, y se
reconociera y pagara la indemnización correspondiente por la disminución de la
capacidad laboral, de acuerdo con los índices y porcentajes establecidos en dicha norma.
3. También solicitó que se reconocieran y pagaran las mesadas pensionales, primas
dejadas de percibir, mesadas adicionales, prestaciones, subsidios y bonificaciones, con
Radicación: 73001-23-33-000-2022-00226-01 (3820-2024)
Demandante: Marco Tulio Velásquez Pulido
los incrementos legales correspondientes hasta que se produjera el efectivo
reconocimiento pensional, así como la indexación que en derecho correspondiera y
cualquier otro derecho causado con retroactividad desde el 12 de noviembre de 2014,
fecha de su retiro de la institución, hasta el momento en que se efectuara dicho
reconocimiento.
4. Según los hechos expuestos en la demanda, el actor se retiró del servicio por
solicitud propia el 12 de noviembre de 2014. La Junta Médico Laboral de retiro número
1124 se practicó el 14 de febrero de 2017, tres años después de su retiro, momento en
el cual los exámenes médicos, a su juicio, habían perdido vigencia. Dicho dictamen
determinó una pérdida de la capacidad laboral del 41,24 %.
5. El demandante interpuso acción de tutela contra esa valoración y mediante
sentencia del 6 de mayo de 2017 se ordenó la realización de una nueva con exámenes
médicos vigentes. En cumplimiento de esta orden, el 8 de septiembre de 2017 se practicó
la Junta Médico Laboral de retiro número 8455, que le calificó una incapacidad
permanente parcial equivalente al 67,88 %.
6. Con base en esta nueva calificación, el 26 de octubre de 2017 radicó ante la Policía
Nacional un derecho de petición solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez. El 8 de mayo de 2018 interpuso una nueva acción de tutela con el fin de obtener
respuesta a su solicitud. El 22 de mayo de 2018 se profirió sentencia de tutela que ordenó
a la Policía Nacional dar respuesta al derecho de petición, decisión que fue confirmada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 28 de junio de 2018.
7. El demandante expuso que el 14 de junio de 2018 la Policía Nacional expidió la
Resolución 555 de 2018, mediante la cual informó que la Dirección de Sanidad había
modificado el resultado de la Junta Médico Laboral de retiro número 8455 y que, a través
del Acta Adicional número 5522 del 31 de mayo de 2018, se redujo el porcentaje de
disminución de la capacidad laboral al 19 %, negándose el reconocimiento de la pensión
de invalidez con fundamento en dicho porcentaje.
8. Sostuvo que no fue notificado del contenido del Acta Adicional número 5522 del
31 de mayo de 2018 y que solo tuvo conocimiento de esta a partir de la negativa contenida
en la Resolución 555 de 2018.
9. El subteniente retirado manifestó que contra la Resolución 555 de 2018 interpuso
oportunamente recurso de reposición y, en subsidio, apelación, el 27 de junio de 2018.
Indicó que el 15 de enero de 2019 radicó un derecho de petición solicitando respuesta a
los recursos interpuestos. Agregó que el 21 de agosto de 2020 presentó un nuevo
derecho de petición insistiendo en su solicitud de respuesta.
10. Expuso que, ante la falta de pronunciamiento, el 27 de noviembre de 2020
interpuso acción de tutela solicitando el amparo de sus derechos de petición, habiendo
transcurrido más de dos años y cinco meses desde la interposición de los recursos contra
la Resolución 555 de 2018.
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Demandante: Marco Tulio Velásquez Pulido
11. Afirmó que con ocasión de esta acción de tutela, la Policía Nacional resolvió el
recurso de reposición mediante la Resolución 1 del 7 de enero de 2021 y confirmó la
decisión adoptada en la Resolución 555 de 2018. En consecuencia remitió el expediente
al Director General de la Policía Nacional para que resolviera en sede de apelación.
12. Señaló que, mediante la Resolución 78 del 13 de enero de 2021, el Director
General de la Policía Nacional confirmó las decisiones contenidas en las Resoluciones
555 del 14 de junio de 2018 y 1 del 7 de enero de 2021, negando el reconocimiento
prestacional solicitado.
13. Como concepto de violación, el actor alegó que la Resolución 555 de 2018
adolecía de falsa motivación y de desviación de poder. Argumentó que existió falsa
motivación porque la resolución demandada se fundamentó en una actuación irregular,
dado que la entidad no tenía competencia para modificar unilateralmente el dictamen de
la Junta Médico Laboral de retiro número 8455 del 8 de septiembre de 2017 —practicada
en cumplimiento de una orden de tutela— mediante el Acta Adicional número 5522 del
31 de mayo de 2018. Sostuvo también que se configuró desviación de poder, ya que
habían transcurrido más de cuatro meses desde la expedición del dictamen de la Junta
Médico Laboral número 8455, sin que la entidad tuviera facultad para modificarlo de
manera unilateral.
14. Finalmente, expuso que, aunque la Policía Nacional invocó la facultad prevista en
el artículo 33 del Decreto 94 de 1989 para corregir o aclarar dictámenes mediante actas
adicionales, dicha disposición había sido expresamente derogada por el artículo 50 del
Decreto 1796 de 2000.
Contestación de la demanda.
15. La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que el artículo
33 del Decreto 94 de 1989 consagra la facultad de corregir o aclarar la calificación emitida
por una Junta Médica o Tribunal Médico-Laboral. Explicó que, como resultado de una
serie de hallazgos realizados por la Jefatura del Área de Medicina Laboral del Nivel
Central, se ordenó la revisión de distintos dictámenes por parte de médicos auditores y
autoridades médico-laborales, entre los cuales se incluyó el expediente del subteniente
retirado Marco Tulio Velásquez Pulido.
16. Indicó que los resultados de dichas auditorías fueron puestos en conocimiento del
Jefe del Área de Pensionados y del Área de Prestaciones Sociales para lo de su
competencia, según consta en diversos comunicados oficiales emitidos entre el 2 de
marzo y el 13 de julio de 2018. Agregó que, con fundamento en las inconsistencias
detectadas, el Área de Medicina Laboral convocó al Comité de Medicina Laboral para la
revisión de casos especiales y la adopción de medidas correctivas.
17. Sostuvo que, en la mayoría de los casos revisados, dicho comité dispuso la
elaboración de actas aclaratorias con el fin de evitar el reconocimiento de prestaciones a
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quienes no cumplieran con los requisitos exigidos por la normatividad vigente. Precisó
que, en virtud de lo anterior, se expidió el Acta Aclaratoria No. 5522 del 31 de mayo de
2018, mediante la cual se corrigió la valoración contenida en la Junta Médico-Laboral No.
8455 del 8 de septiembre de 2017.
18. Afirmó que el acta aclaratoria no modificó las patologías diagnosticadas ni los
porcentajes de pérdida de capacidad laboral, sino que únicamente precisó cuáles de las
afecciones guardaban relación con el servicio, razón por la cual no puede afirmarse que
se hubiera revocado el dictamen emitido por la Junta Médico-Laboral. Añadió que la
facultad prevista en el artículo 33 del Decreto 94 de 1989 no establece un término
perentorio para su ejercicio, ni prevé una limitación temporal expresa.
19. Concluyó que no puede predicarse irregularidad alguna en la valoración médico-
laboral practicada, la cual determinó una pérdida de capacidad laboral del 19,01 % en
patologías relacionadas con el servicio, porcentaje que no da lugar al reconocimiento de
la pensión por invalidez solicitada.
II. SENTENCIA APELADA.
20. El 25 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones
de la demanda. Para fundamentar su decisión, sostuvo que la Junta Médico-Laboral tiene
competencia para efectuar la revisión y corrección de la calificación inicialmente
adoptada, al ser esta una atribución propia del Tribunal Médico-Laboral de Revisión
Militar y de Policía.
21. En ese sentido, precisó que corresponde al Tribunal Médico-Laboral de Revisión
Militar y de Policía conocer, en última instancia, de las reclamaciones que surjan contra
las decisiones de las Juntas Médico-Laborales, con la facultad de ratificar, modificar o
revocar tales decisiones, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1796 de
2000.
22. Señaló que, si bien el artículo 29 del Decreto 94 de 1989 establece que el
interesado puede solicitar la convocatoria del Tribunal Médico-Laboral dentro de los
cuatro meses siguientes a la notificación de la decisión de la Junta Médico-Laboral, en el
presente caso existía una omisión en el Acta 8455 del 8 de septiembre de 2017,
consistente en la falta de indicación sobre la relación de causalidad de las patologías con
el servicio.
23. Con fundamento en dicha omisión, consideró procedente adicionar la decisión a
través del Acta Médica 5522 del 31 de mayo de 2018, en aplicación de la facultad prevista
en el artículo 33 del Decreto 94 de 1989.
24. El Tribunal descartó el argumento del demandante relativo a la derogatoria del
artículo 33 del Decreto 94 de 1989 por el artículo 50 del Decreto 1796 de 2000, al
considerar que dicha disposición continuaba vigente.
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Demandante: Marco Tulio Velásquez Pulido
25. Adicionalmente, observó que, según la documentación obrante en el expediente
prestacional, el señor Marco Tulio Velásquez fue citado para notificación personal del
contenido del Acta Médico-Laboral 5522, y que, ante su inasistencia, la notificación se
realizó mediante aviso.
26. El a quo citó la sentencia del 27 de noviembre de 2020, expediente 3775-18, del
Consejo de Estado, para concluir que el dictamen de la Junta Médico-Laboral esclareció
la existencia de patologías sufridas por el accionante con posterioridad a la prestación
del servicio, las cuales no debían ser tenidas en cuenta para efectos del reconocimiento
de la pensión de invalidez.
27. Con base en lo anterior, concluyó que el Ministerio de Defensa actuó conforme a
la normatividad aplicable, que no se demostró la comisión de irregularidades que
afectaran la legalidad de las resoluciones demandadas, ni se acreditó que la decisión
estuviera basada en hechos no probados o que se hubieran omitido hechos relevantes.
Asimismo, descartó la existencia de móviles arbitrarios o caprichosos que permitieran
demostrar una desviación de poder, y, en consecuencia, consideró que no se había
desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados1.
III. RECURSO DE APELACIÓN.
28. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Alegó que el Tribunal Administrativo del Tolima realizó una valoración
equivocada de las pruebas y no analizó correctamente el Acta Adicional Médico-Laboral
5522 del 31 de mayo de 2018 conforme al ordenamiento jurídico, acto que, a su juicio, es
ilegal e irregular.
29. Argumentó que el Acta Adicional Médico-Laboral 5522, que estableció la pérdida
de capacidad laboral del demandante en un 19,01 % en relación con el servicio, y que
sirvió de fundamento para negar la pensión de invalidez, fue expedida siete meses y
veintitrés días después del acta principal, sin que dicho lapso hubiera generado reparo
alguno por parte del Tribunal.
30. Sostuvo que el Acta de Junta Médico-Laboral 8455 del 8 de septiembre de 2017,
que calificó al demandante con una pérdida de capacidad laboral del 67,88 %, se
encontraba en firme, y que la entidad no tenía competencia para modificarla.
31. Agregó que una junta adicional no debería tener la vocación de modificar la
valoración de la disminución de la capacidad laboral de una persona sin citarla para la
práctica de nuevos exámenes médicos.
32. Señaló, además, que la actuación de la entidad en la modificación del porcentaje
de pérdida de capacidad laboral del 67,88 % al 19,01 % debía analizarse teniendo en
cuenta el incumplimiento sistemático de los términos legales. Destacó que, en su caso,
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 9 de julio de 2020, rad. núm. 66001-23-33-000-2014-00137-01, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
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Demandante: Marco Tulio Velásquez Pulido
fue necesaria la interposición de acciones de tutela para lograr una valoración médica
adecuada y oportuna, y resaltó el tiempo que tomó la entidad para decidir los recursos
de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 555 del 14 de junio de 2018,
mediante la cual se negó el reconocimiento de la pensión solicitada.
33. Enfatizó que las actuaciones administrativas deben sujetarse a los términos
establecidos en la normatividad vigente, y que el Acta de Junta Médico-Laboral 8455, que
determinó una pérdida de capacidad del 67,88 %, no fue controvertida oportunamente a
través de los mecanismos legales previstos para tal fin, por lo que, estando en firme, la
entidad no podía modificarla válidamente.
34. Finalmente, adujo que el Tribunal valoró de manera inadecuada las pruebas al
concluir que el Acta Adicional Médico-Laboral 5522 fue debidamente notificada. Señaló
que, si bien la entidad demostró contar con los datos de contacto actualizados del
demandante, no se allegó constancia de envío de correo electrónico o de citación física
que acreditara la intención previa de realizar la notificación personal antes de acudir a la
notificación por aviso.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
35. Mediante auto proferido el 7 de octubre de 2024, notificado por estado del 17 de
octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación2. La parte demandada guardó silencio
frente al recurso3.
V. CONSIDERACIONES.
Competencia.
36. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, esta Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.
Problema jurídico.
37. En el presente caso, corresponde determinar si el Tribunal Administrativo del
Tolima incurrió en un yerro al considerar ajustada a derecho la negativa de
reconocimiento de la pensión por invalidez contenida en la Resolución 555 del 14 de junio
de 2018. En particular, debe establecerse si, conforme a los elementos probatorios
obrantes en el expediente, se encuentra acreditada la notificación válida del Acta
Adicional de Junta Médico-Laboral No. 5522 del 31 de mayo de 2018, a efectos de
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Índice 8 de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado
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Índice 10 de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado
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Demandante: Marco Tulio Velásquez Pulido
establecer si el demandante tuvo oportunidad real y efectiva de ejercer su derecho de
contradicción en sede administrativa y en consecuencia, verificar si los actos
administrativos que se fundaron en dicho dictamen se expidieron con observancia del
debido proceso y del principio de legalidad.
38. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se centrará en examinar el
marco normativo aplicable a la notificación de los dictámenes médico-laborales, con
especial referencia a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 94 de 1989 y su
armonización con los artículos 67, 68 y 69 del CPACA. El objetivo es verificar cuáles son
las exigencias legales actualmente vigentes para que una notificación de esta naturaleza
se entienda surtida válidamente. Con base en dicho marco, se procederá a constatar si,
en el caso concreto, el Acta Adicional No. 5522 del 31 de mayo de 2018 fue efectivamente
notificada al actor en los términos exigidos por la ley.
Análisis.
39. En el presente asunto, la Sala revocará la decisión de primera instancia, al
encontrar que la negativa frente a la solicitud de pensión por invalidez contenida en la
Resolución 555 del 14 de junio de 2018 y los actos confirmados, fueron expedidos de
manera irregular y con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa del
demandante en la medida que el dictamen médico incorporado en el Acta Adicional No.
5522 del 31 de mayo de 2018, no fue debidamente notificado al actor, lo que le impidió
ejercer oportunamente su derecho de defensa. En consecuencia, no puede predicarse
que dicho acto cuente con presunción de legalidad en firme, ni que haya sido válidamente
incorporado como fundamento de los actos administrativos posteriores, como pasa a
demostrarse.
40. El artículo 30 del Decreto 94 de 1989 establece que las actas de Junta Médico-
Laboral y del Tribunal Médico-Laboral de Revisión deben notificarse personalmente al
interesado dentro de los quince (15) días siguientes a su expedición, o, en su defecto,
mediante el envío de copia por conducto del Comando de Unidad o a la dirección
registrada por el interesado. Como mecanismo supletorio, dicha norma preveía
originalmente la fijación de un edicto por treinta (30) días en lugar público de la Sanidad
correspondiente. No obstante, esa disposición debe armonizarse con el régimen general
vigente previsto en el CPACA, particularmente con los artículos 67, 68 y 69.
41. En efecto, los artículos 67 y 68 del CPACA regulan de manera expresa la
notificación personal y la citación para su práctica, y el artículo 69 reemplazó el uso del
edicto como medio supletorio por la notificación por aviso, la cual procede cuando no ha
sido posible realizar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes al
envío de la citación. Esta modalidad exige el cumplimiento de requisitos estrictos: el aviso
debe enviarse a la dirección física, correo electrónico o número de fax que conste en el
expediente o en los registros disponibles, e ir acompañado de copia íntegra del acto
administrativo, además de contener la información sobre los recursos procedentes,
autoridad competente para conocerlos y los plazos respectivos. Si se desconoce la
información del destinatario, el aviso debe publicarse tanto en la página electrónica como
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Demandante: Marco Tulio Velásquez Pulido
en un lugar de acceso público por cinco (5) días. En todos los casos, debe dejarse
constancia en el expediente de la remisión o publicación y del momento en que se surte
la notificación.
42. Así las cosas, aunque el artículo 30 del Decreto 94 de 1989 contemplaba el uso
del edicto como forma supletoria, la regulación posterior del CPACA (como norma
procedimental general y prevalente) debe entenderse aplicable en lo pertinente. Por
tanto, la notificación por aviso prevista en el artículo 69 del CPACA sustituye válidamente
al mecanismo del edicto previsto en el régimen especial, siempre que se cumplan los
requisitos allí establecidos. De no acreditarse su cumplimiento, no puede considerarse
surtida válidamente la notificación del acto, lo cual tiene implicaciones directas en el
análisis de legalidad de las actuaciones subsiguientes.
43. En el presente asunto, el dictamen contenido en el Acta Adicional de Junta Médico-
Laboral No. 5522 del 31 de mayo de 2018 modificó de manera sustancial el porcentaje
de pérdida de capacidad laboral reconocido previamente al demandante, reduciéndolo
del 67,88 % al 19,01 %.
44. Pese a su relevancia, no se encuentra en el expediente constancia de que dicho
acto haya sido debidamente notificado al demandante. En efecto, si bien la entidad afirma
haber intentado su notificación, no obra prueba de que se haya realizado notificación
personal dentro del término previsto, ni que se haya enviado citación para comparecer,
tal como lo exige el artículo 68 del CPACA.
45. La entidad acudió a la notificación por aviso, según lo afirmó en sede judicial. No
obstante, la Sala encuentra no acreditado que dicho aviso haya sido enviado a la
dirección física o electrónica del demandante, ni que haya sido publicado en la página
web o en lugar de acceso público durante el término exigido por el artículo 69 del CPACA.
Tampoco se allegó constancia de remisión, entrega o publicación, ni de la fecha en que
dicha notificación habría surtido efectos jurídicos.
46. En consecuencia, al no haberse cumplido con ninguna de las formas de
notificación establecidas por el ordenamiento jurídico, debe concluirse que el Acta
Adicional No. 5522 nunca fue válidamente notificada. Esta omisión tuvo efectos
sustanciales: impidió que el actor conociera el contenido del dictamen adverso, ejerciera
su derecho de contradicción y en su caso, solicitara la revisión de este ante el Tribunal
Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, dentro del término de cuatro (4) meses
previstos en el artículo 29 del Decreto 94 de 1989.
47. El Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en un error al considerar válidamente
notificada el Acta Adicional de Junta Médico-Laboral No. 5522 del 31 de mayo de 2018,
con base en una constancia secretarial en la que se afirma que el actor fue citado para
notificarse personalmente, sin que este hubiera acudido a la diligencia. Si bien esa
constancia fue mencionada por el a quo como respaldo de su conclusión, lo cierto es que
no obra en el expediente prueba documental que permita verificar la fecha, el medio
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Demandante: Marco Tulio Velásquez Pulido
ni el contenido de dicha citación, ni tampoco evidencia de su remisión efectiva al actor,
como lo exige el artículo 68 del CPACA.
48. Tampoco se acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos para la
notificación por aviso conforme al artículo 69 del CPACA. Aunque en el expediente
aparece un documento que menciona una dirección de correo electrónico del interesado,
no se allegó prueba alguna de que el aviso haya sido efectivamente enviado a ese correo,
ni que se hubiera publicado en la página electrónica o en un lugar de acceso público de
la entidad por el término de cinco (5) días, como exige la norma. Menos aún se encuentra
constancia de la remisión o publicación del aviso ni de la fecha en que la notificación se
habría surtido por ese medio.
49. En estas condiciones, la sentencia de primera instancia presumió indebidamente
la eficacia de una notificación sin soporte probatorio, trasladando al demandante las
consecuencias jurídicas de una actuación que no cumplió los estándares legales
mínimos. Esta deficiencia constituye un yerro material de valoración, que compromete el
juicio de legalidad del dictamen base y de los actos que de él se derivan, y justifica la
revocatoria de la decisión apelada.
50. Dado que el Acta Adicional No. 5522 de 2018 (que formaba parte del trámite
administrativo que culminó con la expedición de la Resolución 555 del 14 de junio de
2018 y sus actos confirmatorios) no fue debidamente notificada al actor, y que, además,
modificó unilateralmente su situación jurídica sin permitirle ejercer mecanismos efectivos
de contradicción, se configura una vulneración sustancial del debido proceso, del derecho
de defensa y del principio de legalidad administrativa. La omisión de los requisitos
formales de notificación previstos en el artículo 30 del Decreto 94 de 1989 y en el artículo
69 del CPACA privó al demandante del conocimiento de una actuación determinante
dentro del procedimiento y de la posibilidad de controvertirla oportunamente en sede
administrativa.
51. En mérito de lo expuesto, la Sala procederá a revocar la sentencia apelada,
mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, por cuanto parte de una
valoración errónea sobre la existencia de una notificación válida del dictamen técnico
contenido en el Acta Adicional No. 5522 del 31 de mayo de 2018. En su lugar, se declarará
la nulidad de los actos administrativos demandados, al haberse configurado la causal
prevista en el artículo 137 del CPACA, comoquiera que fueron expedidos de manera
irregular y con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa del demandante.
52. Ahora bien, aunque se acreditó la nulidad de los actos demandados por
desconocimiento del derecho de defensa y audiencia del actor, el restablecimiento del
derecho no puede consistir, como lo pretende el demandante, en ordenar directamente
el reconocimiento de la pensión de invalidez, dado que ello presupone una calificación
técnico-médica que debe ser emitida conforme a los procedimientos legales vigentes,
con plena garantía de participación. En consecuencia, se ordenará a la Policía Nacional
reconducir el trámite de evaluación médico-laboral, con citación y notificación personal
del procedimiento al actor, para que pueda ejercer su derecho de defensa.
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Radicación: 73001-23-33-000-2022-00226-01 (3820-2024)
Demandante: Marco Tulio Velásquez Pulido
Condena en costas.
53. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso). Además, dispone que, en todo
caso, se condenará en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal, de conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley
2080 de 2021. De lo anterior se colige que, para la imposición de costas, se deben
emplear las reglas establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, determinar si la
demanda carecía de fundamento legal o no.
54. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la condena en costas,
la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio objetivo-valorativo, según
el cual deben encontrarse probados ambos elementos para que la condena resulte
procedente:
“b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.”4
55. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio únicamente se tenían en cuenta
las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su análisis exige
también el estudio de la regla introducida por la Ley 2080 de 2021 en el artículo 188 del
CPACA, relativa a si la demanda carecía o no de fundamento legal.
56. En el caso concreto, se considera que no se encuentra configurado el elemento
objetivo, pues no se advierte que la demanda haya carecido de manera manifiesta de
fundamento legal. Lo anterior es particularmente relevante, si se tiene en cuenta que el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante prosperó.
57. Al no encontrarse configurado el elemento objetivo, se prescindirá del estudio del
elemento valorativo y, en consecuencia, se abstendrá de imponer condena en costas en
ambas instancias.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
de 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
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Radicación: 73001-23-33-000-2022-00226-01 (3820-2024)
Demandante: Marco Tulio Velásquez Pulido
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida del 25 de abril de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar,
declarar la nulidad de la Resolución No. 00078 del 13 de enero de 2021 por la cual se
resolvió el recurso de apelación dentro del expediente prestacional N° 1.120.355.894
Subteniente (R) MARCO TULIO VELÁSQUEZ PULIDO, de la Resolución 001 del 7 de
enero de 2021 por la cual se resuelve el recurso de reposición y de la Resolución 0555
del 14 de junio de 2018, que negó el reconocimiento y pago de pensión de invalidez del
señor MARCO TULIO VELÁSQUEZ PULIDO.
SEGUNDO. A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ORDENAR a la
Policía Nacional reconducir el trámite de evaluación médico-laboral del actor, así las
cosas, deberá notificar personalmente al actor el Acta Adicional N° 5522 del 31 de mayo
de 2018, omitida en el trámite de evaluación médico-laboral.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado conductor del
proceso en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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