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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2022-00476-01

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2022-00476-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2022-00476-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

2 de febrero de 2023

Demandante: José Francisco Montufar Rodríguez
Demandado: Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00476-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 73001-23-33-000-2022-00476-01
Demandante: JOSÉ FRANCISCO MONTUFAR RODRÍGUEZ
Demandado: JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE IBAGUÉ

Temas: Mora judicial – confirma decisión de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor José Francisco
Montufar Rodríguez contra la sentencia de 12 de diciembre de 2022, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo del Tolima negó el amparo deprecado por el
actor.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor José Francisco Montufar Rodríguez, en nombre propio, presentó acción
de tutela el 5 de diciembre de 2022, con el fin de que se le amparen sus derechos
fundamentales de petición, de información y al debido proceso.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
a que a la fecha de presentación de esta acción constitucional, el Juzgado 12
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué no le ha dado respuesta a una
solicitud que radicó el 3 de noviembre de 2022 relacionada con la entrega de un
título de depósito judicial.

1.2. Pretensiones

Presentó las siguientes:

“[…] Solicito señor Juez ordenar al Juzgado 12 Administrativo oral de la ciudad de
Ibagué contestar mi petición radicado el 03 de noviembre del año 2022.

2- Con base en la contestación y si no hay justificación alguna para la retención del
depósito judicial o del título. Ordenar, La entrega del depósito judicial, hecha por el
abogado DAVID RODRIGUEZ (sic) por la suma de $90.006.808. pesos moneda
corriente colombiana a la cuenta de este Juzgado, a este proceso RAD- 2010-
00465-00 en el BANCO AGRARIO de esta Ciudad, a nombre de: ANANÍAS
AMORTEGUI LOMBO, a fin de que fuera el despacho, quien entregue el depósito al
demandante.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: José Francisco Montufar Rodríguez
Demandado: Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00476-01

Vale anotar que los dineros anteriormente relacionados, fueron consignados en la
cuenta de este juzgado en el Banco agrario, depósitos judiciales de la ciudad de
Ibagué según cheque de gerencia de Davivienda No 71668-9.

Por lo anteriormente expuesto y conforme al poder otorgado, para continuar con la
representación legal de MI PODERDANTE, incluida la facultad expresa, para recibir
que me fue otorgada.

3- Le solicito respetuosamente, ordenar a quien corresponda, entregarme el título
depósito judicial, relacionado anteriormente con base y según poder para recibir que
ostento […]”.

1.3. Hechos

La parte actora fundó su escrito de tutela en los siguientes:

1.3.1. El señor José Francisco Montufar Rodríguez, actuando en nombre y
representación del señor Ananías Amórtegui Lombo1, presentó una petición el 3
de noviembre de 2022 ante el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial, en
la que solicitó lo siguiente:

“[…] 1. La entrega del depósito judicial, hecha por el abogado DAVID RODRIGUEZ
(sic) por la suma de $90.006.808. pesos moneda corriente colombiana a la cuenta
de este Juzgado, a este proceso RAD- 2010-00465-00 en el BANCO AGRARIO de
esta Ciudad, a nombre de: ANANÍAS AMORTEGUI LOMBO, a fin de que fuera el
despacho, quien entregue el depósito al demandante.

2. Vale anotar que los dineros anteriormente relacionados, fueron consignados en la
cuenta de este juzgado en el Banco agrario, depósitos judiciales de la ciudad de
Ibagué según cheque de gerencia de Davivienda No 71668-9.

Por lo anteriormente expuesto y conforme al poder otorgado, para continuar con la
representación legal de MI PODERDANTE, incluida la facultad expresa, para recibir
que me fue otorgada.

Le solicito respetuosamente ordenar a quien corresponda la entrega del título
depósito judicial (sic) relacionado anteriormente con base y según poder para recibir
que ostento (sic) […]”.

1.3.2. Adujo que a la fecha de presentación de esta acción de tutela no había
recibido respuesta por parte del juzgado, donde le informara el motivo de la
tardanza en la entrega del título de depósito judicial.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El tutelante consideró que su derecho fundamental de petición se transgredió con
ocasión a que el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué no le ha
respondido la petición que radicó el 3 de noviembre de 2022.

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El abogado Montufar Rodríguez allegó a este trámite tutelar el poder que le otorgó el señor
Ananías Amórtegui Lombo para presentar la mencionada petición.
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Demandante: José Francisco Montufar Rodríguez
Demandado: Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
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1.5. Trámite de la acción de tutela

En auto de 5 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la judicatura demandada y al agente del
Ministerio Público, para que, si lo consideraban del caso, presentaran informe
sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción constitucional.

1.6. Intervención

Realizada la notificación ordenada, se presentó la siguiente:

1.6.1. Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué

Por medio de contestación de 7 de diciembre de 2022, el titular de dicha judicatura
rindió informe dentro de la presente acción constitucional donde expuso:

Mencionó que el 22 de septiembre de 2010 el señor Ananías Amórtegui Lombo,
junto con sus dos hijos, radicó el medio de control de reparación directa contra la
Nación - Ministerio de Protección Social y otros.

Precisó que el conocimiento de ese proceso le correspondió a ese Despacho, el
cual se identificó con el radicado N.º 73001-33-31-008-2010-00465-00 y que luego
de adelantar el trámite procesal respectivo, por medio de sentencia de 31 de enero
de 2018, dicha autoridad judicial accedió a las pretensiones de la demanda y
declaró administrativa y patrimonialmente responsable a La Previsora S.A. como
sucesor procesal de CAPRECOM E.I.C.E. en liquidación, de manera que, condenó
en abstracto a pagarle al señor Amórtegui Lombo e hijos “[…] los perjuicios morales
y por daño a la salud en la cuantía que se estableciera dentro del trámite incidental […]”,
a saber:

Perjuicios morales:

ANANÍAS AMÓRTEGUI VÍCTIMA 100 SMLMV
LOMBO
BEATRÍZ AMÓRTEGUI HIJA 100 SMLMV
VARGAS
CAMILO ANDRÉS HIJO 100 SMLMV
AMÓRTEGUI VARGAS

Perjuicios por daño a la salud:

ANANÍAS AMÓRTEGUI VÍCTIMA 100 SMLMV
LOMBO

Adujo que el Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia de 2 de agosto de
2018 confirmó la decisión del a quo.

Precisó que, a través de correo electrónico de 10 de diciembre de 2020, el
apoderado de ese momento de la parte demandante, el abogado Juan David
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Rodríguez Giraldo, presentó incidente de regulación de honorarios, para lo cual
remitió los anexos respectivos.

En consecuencia, el 30 de junio de 2021, el juzgado ordenó correr traslado del
incidente propuesto; y adicionalmente: (i) reconoció como nuevo apoderado de la
parte accionante al señor José Francisco Montufar Rodríguez y (ii) ordenó por
secretaria resolver la solicitud de copias presentada por el nuevo profesional del
derecho.

En cumplimiento de lo ordenado en la providencia del 30 de junio de 2021, a
través de la secretaria, se asignó cita para el día 23 de julio de 2021 a las 10:00
a.m. para la entrega de las copias auténticas solicitadas, actuación que se hizo
efectiva.

Refirió que, por medio de auto de 29 de octubre de 2021, se fijó fecha para
celebrar la audiencia de regulación de honorarios, la cual quedó programada para
el 23 de septiembre de 2022 a las 9:00 a.m; contra dicha providencia el togado
Montufar Rodríguez interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación el 10
de noviembre de 2021, los cuales fueron declarados improcedentes en
providencia de 19 de noviembre de 2021.

En consecuencia, el 22 de noviembre de 2021, el señor Montufar Rodríguez radicó
queja contra el auto de 19 de noviembre de 2021 y el 23 de noviembre de 2021, el
Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué ordenó a la Secretaría
remitir al superior jerárquico el cuaderno digital del incidente de regulación de
honorarios con el fin de que fuera resuelto el mencionado recurso.

Frente al punto, el juez afirmó que el incidente de regulación de honorarios se
encuentra desde el 16 de febrero de 2022 en el Tribunal Administrativo del Tolima,
específicamente en el Despacho del magistrado José Andrés Rojas Villa, ello, con
el objetivo de que resuelva el recurso de queja que propuso el hoy tutelante contra
el auto de 29 de octubre de 2021.

Ahora bien, precisó que el 15 de julio de 2022, el señor Juan David Rodríguez
Giraldo solicitó que “[…] dentro del trámite de incidente de regulación de honorarios se
decretara la medida cautelar de embargo y retención de los dineros que se encuentran
depositados mediante título judicial en la cuenta del Juzgado 12 Administrativo del
Circuito de Ibagué dentro del proceso radicado 2010 – 465 y que equivalen a $90’006.808
[…]”.

Por su parte, el 12 de agosto de 2022, el juzgado negó la medida cautelar de
embargo y retención de los dineros y señaló como fecha para llevar a cabo la
audiencia especial para la regulación de honorarios del abogado Juan David
Rodríguez Giraldo, el 30 de agosto de 2022 a las 10:00 a.m.

Contra el auto de 12 de agosto de 2022, el señor Juan David Rodríguez Giraldo
interpuso recurso de reposición, el cual se decidió en providencia de 31 de octubre
de 2022, en la que se dispuso no reponer la decisión proferida el 12 de agosto de
2022.

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Adicionalmente, en providencia de 21 de noviembre de 2022, se fijó como fecha y
hora para llevar a cabo la audiencia especial para la regulación de honorarios del
abogado Juan David Rodríguez Giraldo, el 21 de febrero de 2023 a las 9:00 a.m.

No obstante lo anterior, indicó la judicatura demandada que a través de memorial
de 3 de noviembre de 2022, el apoderado del señor Ananías Amórtegui Lombo
presentó solicitud de entrega del título judicial, como una actuación dentro proceso
judicial que se adelanta; y que el 5 de diciembre de 2022, nuevamente el proceso
– cuaderno principal- ingresó al Despacho para resolver la solicitud del abogado
Montufar Rodríguez, el cual se encuentra pendiente de resolver.

Con fundamento en lo anterior, el juez adujo que la judicatura que tiene a su cargo
ha adelantado todas las actuaciones dentro del incidente de regulación de
honorarios y que si el tutelante pretende que a la solicitud que radicó el 3 de
noviembre de 2022:

“[…] se dé el trámite y se aplique los términos del derecho de petición que rigen las
actuaciones administrativas, tal solicitud no es procedente como quiera que, como lo
ha señalado la misma jurisprudencia constitucional, las normas del derecho de
petición no son aplicables cuando se le solicita a un servidor judicial que cumpla
funciones jurisdiccionales, ya que las peticiones sobre actuaciones judiciales se
encuentran reguladas en procedimientos propios.

Por tanto, los memoriales y los recursos se rigen por los términos y etapas
procesales previstos por el legislador, y en general, por las leyes procedimentales
propias de cada mecanismo judicial. Esto significa que las peticiones y escritos que
se interponen ante autoridades judiciales sobre aspectos relacionados con el litigio
se regulan por las reglas propias de cada juicio. Por ende, las disposiciones que
rigen el derecho de petición no son aplicables a las solicitudes que pretendan
obtener pronunciamientos relacionados con procesos judiciales […]”.

En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción
constitucional.

1.7. Sentencia de primera instancia

En providencia de 12 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Tolima,
negó el amparo deprecado por el señor José Francisco Montufar Rodríguez.

El a quo, después de hacer un recuento cronológico de las etapas procesales que
se han surtido al interior del incidente de regulación de honorarios, precisó que lo
que pretende el tutelante es que, a su solicitud de 3 de noviembre de 2022, se le
dé el trámite de petición, sin embargo, ello no es procedente, en el entendido que:

“[…] como lo ha señalado la misma jurisprudencia constitucional, las normas del
derecho de petición no son aplicables cuando se le solicita a un servidor judicial que
cumpla funciones jurisdiccionales, ya que las peticiones sobre actuaciones judiciales
se encuentran reguladas en procedimientos propios. Por tanto, los memoriales y los
recursos se rigen por los términos y etapas procesales previstos por el legislador, y
en general, por las leyes procedimentales propias de cada mecanismo judicial […]”.

En concordancia con lo mencionado, expresó que la solicitud de entrega del título
judicial radicada por el señor José Francisco Montufar Rodríguez hace parte del

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trámite propio del proceso, en razón a que la misma se encuentra ligada a la
resolución del trámite incidental de regulación de honorarios dentro del medio de
control de reparación directa, puesto que, del pago de la condena a la parte
vencedora dentro del proceso, también deviene el pago de honorarios de los
abogados (y este último punto es el que se encuentra en disputa con el abogado
Juan David Rodríguez Giraldo).

Además, mencionó que “[…] una vez sea culminado el trámite incidental, se requiere
de un pronunciamiento del operador judicial, en el cual se analice la procedencia y los
términos en que se hará la entrega del título judicial […]”.

De modo que, no es procedente usar el derecho de petición cuando lo que se
busca es que el juez ponga en marcha o funcionamiento la administración de
justicia, teniendo en cuenta que, los funcionarios actúan dentro de un
procedimiento previamente reglado por la ley y que no puede ser desconocido.

1.8. Impugnación

Inconforme con la sentencia de 12 de diciembre de 20222, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, por medio de escrito allegado al trámite tutelar el 19 de
diciembre de 2022 indicó lo siguiente:

“[…] SEÑOR/@
JUEZ
MAGISTRADO/@
Reciba un cordial saludo.
Solicito a usted lo siguiente:

• Solicito conceder recurso de IMPUGNACIÓN.
Motivos:
• No he recibido contestación a mi solicitud de fondo y completo por parte del
juzgado 12 Administrativo a mi correo electrónico.
• El actual proceso de mi cliente ya salió del despacho, me reconoció personería
jurídica y ya aparece orden de entrega de título pero aún no han entregado título y
valor, teniendo yo la facultad para recibir con poder .
Anexo:
• Captura , pantallazo de estado del proceso orden de entrega de título.
Atentamente,
José Francisco Montufar Rodríguez […]”.

A continuación, se adjunta la imagen que el tutelante allegó con el escrito de
impugnación:

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La providencia se notificó por medio de correo electrónico el 13 de diciembre de 2022.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
José Francisco Montufar Rodríguez contra la sentencia de 12 de diciembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con los
artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 12 de diciembre de 2022, por medio de la cual el a quo
constitucional negó el amparo deprecado por el actor.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) del derecho de petición en actuaciones
judiciales; (iii) mora judicial justificada y (iv) análisis del caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción

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u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable3.

2.4. Del derecho de petición en actuaciones judiciales

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido pacífica al señalar que existen
dos clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de justicia:

I. Aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de conformidad con el
procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley.

II. Las generales que no tienen incidencia en el proceso judicial y que están
reguladas en el Título 2º de la Ley 1437 de 2011.

Esta Sección, en sentencia del 25 de enero de 20184, señaló que tanto la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado han
reiterado que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales
tienen un alcance diferenciado que implica limitaciones. Por tanto, resaltó esta
Sala que es necesario diferenciar las siguientes dos clases de solicitudes que se
eleven ante los jueces:

“(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces
la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto; y

(ii) Aquellas que, por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas generales
del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”

Por tanto, en la providencia en cita se indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia
referenciada, el derecho de petición no procede para solicitar a un funcionario
judicial que cumpla con sus funciones jurisdiccionales, debido a que esta es una
actuación que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora
judicial, puede existir una vulneración a los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia; sin embargo, en estas situaciones no existe
una transgresión del derecho de petición5.

2.5. Mora judicial justificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial se

3
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
4
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 25.01.18., M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad.
No. 11001-03-15-000-2017-02981-00.
5
Ibidem.
8

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encuentra justificado en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una
actuación tiene lugar debido a la complejidad particular del asunto o a la existencia
de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios
judiciales6.

Por su parte, el Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, existe una
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, en aquellos casos en los que dicho retardo se deba a la
falta de diligencia y la omisión sistemática en el cumplimiento de los deberes de
tales servidores públicos7.

De igual forma, dicha Corte ha considerado que “atendiendo la realidad del país, en la
gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al
actuar de los funcionarios judiciales”8.

A su vez, frente al particular, la Corte Constitucional afirmó que:

“(…) por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al
actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la
misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones” (Negrilla y
subrayado fuera del texto)

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial9, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez.

6
Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-1019 del 06.11.10., M.P. Nilson Pinilla
Pinilla.
7
Ibidem.
8
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-230 del 18.04.13., M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
9
Al respecto, consultar: Sentencia del 31.10.18., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 54001-23-33-
0002018-00276-01; Sentencia del 14.11.19., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04391-00; Sentencia del 10.09.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
03562-00; Sentencia del 10.09.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 76001-23-33-000-2020-
00925-01; Sentencia del 17.09.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-02484-
01; Sentencia del 24.09.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-03578-00; Sentencia del 08.10.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-
03-15-000-2020-03907-00; Sentencia del 15.10.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad.
11001-03-15-000-2020-04098-00; Sentencia del 05.11.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad.
11001-03-15-000-2020-04370-00 y Sentencia del 26.11.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-
03-15-000-2020-04518-00.
9

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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00476-01

De acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de las partes en un proceso.

En este sentido, esta Corporación ha señalado que, en caso de comprobarse una
dilación injustificada del proceso, la acción de tutela resulta procedente con el fin
de amparar los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia10.

Al respecto, se ha precisado que:

“la mora judicial o administrativa que configura vulneración del derecho fundamental
al debido proceso se caracteriza por: (i) el incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii)
que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra: análisis sobre
la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la
autoridad competente y el análisis global de procedimiento y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable en la demora.”11

2.6. Caso concreto

En la presente solicitud de amparo, el señor José Francisco Montufar Rodríguez
alegó que el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué transgredió
sus derechos fundamentales de petición, de información y al debido proceso.

El Tribunal Administrativo del Tolima, como a quo constitucional negó el amparo
por medio de sentencia de 12 de diciembre de 2022, por dos razones:

La primera, con ocasión a que las normas del derecho de petición no son
aplicables a este caso particular, dado que, el actor lo que pretende es que el
titular de la judicatura demandada cumpla sus funciones como juez dentro de un
proceso, por lo que, los memoriales y recursos se rigen es por los términos y
etapas procesales previstos por el legislador en cada mecanismo judicial.

Y la segunda, con fundamento en que la solicitud de entrega del título judicial
radicada por el actor hace parte del trámite propio del proceso, en razón a que la
misma se encuentra ligada a la resolución del trámite incidental de regulación de
honorarios que inició el primer apoderado del señor señor Ananías Amórtegui
Lombo y sus hijos, y dicho proceso aún no ha culminado.

Inconforme con la anterior decisión, el accionante radicó escrito de impugnación
en el que solicitó que se ordenara al Juzgado 12 Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué que hiciera la entrega del respectivo título, puesto que, por
medio de auto de 12 de diciembre de 2022, la judicatura demandada así lo había
dispuesto.

Ahora bien, es importante precisar que respecto de la vulneración del derecho
fundamental de petición alegada por el señor Montufar Rodríguez, esta Sala de

10
Al respecto ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 30 de
enero de 2003 con Radicación N° 2002-1267-01(AC-309). M.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, sentencia del 26 de
enero de 2012. M.P. Susana Buitrago Valencia, Radicado No. 5001-23-31-000-2011-00480-01.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Francisco Montufar Rodríguez
Demandado: Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00476-01

Decisión advierte que la solicitud que radicó al interior del proceso objeto de
estudio no se elevó en ejercicio de dicha garantía constitucional consagrada en el
artículo 23 de la Constitución. De conformidad con lo expuesto en el numeral 2.4.
de esta sentencia, tal memorial corresponde a una actuación procesal - entrega de
un depósito judicial- es decir, a una petición relativa al proceso judicial que debe
ser tramitada de conformidad con lo previsto por la ley al respecto.

En este sentido, de acuerdo con la situación fáctica expuesta por la parte actora,
el presente caso deberá estudiarse desde la óptica de una presunta vulneración a
los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por la
presunta mora judicial en la que ha incurrido el Juzgado 12 Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué para la entrega del título.

De la revisión del expediente y teniendo en cuenta el informe que presentó la
autoridad judicial demandada, se tiene que el actor el 3 de noviembre de 2022
radicó ante el juzgado la solicitud del título judicial con el respectivo poder que lo
autorizaba para ello:

Según la constancia secretarial, el 5 de diciembre de 2022, el expediente ingresó
al Despacho con la solicitud de entrega del título; y el 12 del mismo mes y año, tal
como lo mencionó en la impugnación el tutelante, el Juzgado 12 Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué, reconoció personería jurídica al señor Montufar
Rodríguez y ordenó la entrega del título N.º 466010001443383 por valor de
$90.006.808 al señor Ananías Amórtegui Lombo con cédula de ciudadanía
14.199.843.

No obstante lo anterior, una vez notificado el auto de 12 de diciembre de 2022, el
señor David Rodríguez Giraldo interpuso recurso de reposición contra dicha
providencia, el 16 de diciembre de 2022, en los siguientes términos:

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Francisco Montufar Rodríguez
Demandado: Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00476-01

“[….] En el mismo tramite (sic) del proceso cursa un Incidente de Regulación de
Honorarios para determinar con base en el Contrato de Prestación de Servicios y los
servicios jurídicos prestados a la parte demandante, el monto o cuantía de los
honorarios que le corresponden al suscrito Abogado por haber representado sus
intereses en el trámite de todo el proceso judicial, en ese sentido su S.S., si se
ordena la entrega de títulos al demandante no se podrá garantizar el pago de los
Honorarios causados en favor del Suscrito que fueron pactados desde la misma
firma del Contrato de Prestación de Servicio suscrito por el señor Ananías
Amórtegui Lombo en representación de sus hijos quienes para ese momento eran
menores de edad, y quienes como se ha explicado en los escritos presentados con
anterioridad de mala fe y con la complicidad del abogado José Montufar, hasta la
fecha han omitido el reconocimiento de honorarios en el porcentaje que legalmente
le corresponden a este profesional del derecho.

En los anteriores términos, le solicito muy respetuosamente al despacho se
REPONGA el auto de fecha 12 de Diciembre del 2022, y en consecuencia se
suspenda la entrega de títulos judiciales en favor de la parte demandante, hasta
tanto NO se resuelva de fondo el Incidente de Regulación de Honorarios que a
propósito tiene audiencia fijada para el día 21 de Febrero del año 2023 […]”

De modo que, el 19 de enero de 2023 el juzgado accionado expidió una
constancia secretarial en la que dispuso: “[…] se fija en lista por un (1) día (Art.110 del
C.G.P.) y se corre traslado por tres (3) días del recurso de reposición presentado por el
Dr. David Rodríguez Giraldo contra el auto del 12 de diciembre de 2022. ESCRITO EN
TRASLADOS ESPECIALES Y ORDINARIOS DE LA PAGINA DE LA RAMA JUDICIAL
[…]”.

En ese sentido, la Sala encuentra que el Juzgado 12 Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué ha actuado con diligencia y celeridad ante el memorial que
radicó el tutelante el 3 de noviembre de 2022, diferente, es que uno de los
intervinientes del proceso haya ejercido su legítimo derecho a la defensa y hubiere
interpuesto reposición contra el auto de 12 de diciembre de 2022, por medio del
cual la autoridad judicial demandada accedió a lo solicitado y en ese entendido el
señor José Francisco Montufar Rodríguez debe esperar a que se resuelva el
recurso.

En consecuencia, para esta Sección es claro que no existe una transgresión de
los derechos fundamentales del señor José Francisco Montufar Rodríguez, puesto
que el juzgado ha dado cumplimiento al trámite estipulado en la ley, no ha omitido
sus obligaciones en el asunto objeto de debate, ha notificado en tiempo y en
debida forma a las partes e intervinientes sobre las decisiones que se han emitido
al interior del proceso ordinario y del incidente de regulación de honorarios.

Por consiguiente, esta Sala de Decisión encuentra que el Jugado 12
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué no ha incurrido en una mora o
tardanza, razón la cual se confirmará la sentencia de 12 de diciembre de 2022, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo del Tolima negó el amparo solicitado.

12

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Demandante: José Francisco Montufar Rodríguez
Demandado: Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00476-01

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de diciembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

13

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