Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2022-00486-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2022-00486-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2022-00486-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
2 de marzo de 2023
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00486-01
Demandante: Diego Fernando Chacua Cortés
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00486-01
Demandante: DIEGO FERNANDO CHACUA CORTÉS
Demandado: NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y
OTROS
Temas: Habeas data. Corrección información sistema información
centrales de riesgo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la providencia del 13
de enero de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima que negó la
solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Diego Fernando Chacua Cortés, en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra la Procuraduría General de la Nación, la Red Institucional de
Transparencia y Anticorrupción (RITA), la Superintendencia de Industria y
Comercio, la Superintendencia Financiera, Data crédito Experian, Transunion Cifin,
Sistecrédito, Credivalores Crediservicios S.A., AECSA S.A., BBVA Colombia,
Banco de Bogotá, Banco Popular y Claro Soluciones Móviles, por estimar
vulnerados los derechos fundamentales de habeas data, a la honra, al buen
nombre, a la dignidad humana, a la igualdad y al debido proceso. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
“Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones legales anteriormente
expuestas, respetuosamente le solicito al Señor Juez:
PRIMERO: TUTELAR, mis derechos AL HABEAS DATA, DERECHO A LA HONRA, AL BUEN
NOMBRE, A LA DIGNIDAD HUMANA Y LA IGUALDAD, en vista de que se agotó el principio
de procedibilidad tal como lo dice la ley de habeas data.
SEGUNDO: ORDENAR al representante legal de las centrales de riesgo DATACREDITO Y
CIFIN y de las entidades accionadas, a que gestionen lo pertinente, para que en el menor
tiempo posible, MODIFIQUEN Y ACTUALICEN los datos negativos que aparecen en sus
bases de datos y principalmente SE ME RETIRE DE LOS REPORTES NEGATIVOS, teniendo
en cuenta que nunca contaron con una debida autorización para hacer los reportes y a la
fecha de hoy no tengo ninguna obligación con tales entidades y esto me causa un perjuicio
irremediable.
TERCERO: Señor juez de manera que se aplique, las sanciones que estipula el Artículo 18
de la sentencia 282 de 2021. Sanciones. ...Multas de carácter personal e institucional hasta
por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento
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Demandante: Diego Fernando Chacua Cortés
de la imposición de la sanción, por violación a la presente ley, normas que la reglamenten,
así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha
Superintendencia. Las multas aquí previstas podrán ser sucesivas mientras subsista el
incumplimiento que las originó.
CUARTO: Se les solicita señor juez la copia auténtica a las entidades PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION, RED INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCION (RITA), SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA,DATACREDITO EXPERIAN, TRANSUNION CIFIN,
SISTECREDITO,CREDIVALORES CREDISERVICIOS S.A.,AECSA S.A. BBVA
COLOMBIA,BANCO DE BOGOTA,BANCO DE BOGOTA,BANCO POPULAR,CLARO
SOLUCIONES MOVILES, como no van a tener la copia tal como lo dice la norma se le ordene
a la superintendencia financiera y de industria y comercio, ejercer las funciones y sanciones
para las cuales fueron creadas y se siente un precedente para que estas entidades no vuelvan
a violarle los derechos fundamentales a ningún ciudadano.
QUINTO: Solicito señor juez que se vincule al ministerio público para que este sea garante
de mis derechos fundamentales.”
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El actor manifestó que el 18 de noviembre de 2022 radicó peticiones ante las
diferentes entidades demandadas con la finalidad de que fueran eliminados los
reportes negativos que aparecen a su nombre, dado que, afirma, no contaban con
la autorización para la realización de dichos reportes.
Indicó, además, que en la misma fecha también radicó petición ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, con la finalidad de que, conforme con
sus competencias impusiera sanción de 2000 SMLMV, a las entidades
demandadas, por el uso indebido de sus datos personales, el cual constituye abuso
tal y como lo establece el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora, de manera general, afirmó que los derechos fundamentales
invocados se encuentran vulnerados por las distintas entidades demandadas
porque, a la fecha de interposición de la presente solicitud, no ha recibido respuesta
a las peticiones.
Además, señaló que tampoco se han tramitado las solicitudes de eliminación de los
reportes negativos a su nombre, lo que afecta los derechos fundamentales
invocados.
4. Oposición
La Procuraduría General de la Nación informó que el señor Diego Fernando
Chacua Cortés presentó solicitud con la finalidad de que: “(...)se investigue penal y
disciplinariamente a la Superintendencia de Industria y Comercio por no cumplir las
funciones para la cual fue creada (...)”; señaló que una vez analizados los escritos
y conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 262 de 2000, la competencia
para investigar disciplinariamente a las entidades del orden nacional como la
Superintendencia está en cabeza de las Procuradurías Delegadas de instrucción.
Que, por tal razón, la solicitud del actor fue remitida a la Procuraduría Segunda
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Distrital, bajo el radicado núm. IUS: E-2022-673146 y E-2022-714943, y dicho
traslado se puso en conocimiento del quejoso.
El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que una vez consultó el sistema
interno de la entidad y encontró que, a la fecha, el actor no ha presentado petición
alguna ante esa cartera ministerial, por lo tanto, la supuesta violación de los
derechos fundamentales invocados no es atribuible a esa entidad, además, el
objeto de la petición referida en el escrito inicial no es de su competencia y, por tal
razón, solicitó negar la acción de tutela.
La Superintendencia de Industria y Comercio informó que el 21 de noviembre
de 2022, el actor presentó reclamación por la presunta vulneración del derecho
fundamental al habeas data financiero en contra de CLARO SOLUCIONES
MOVILES, SISTECREDITO, ORI BBVA ACR AECSA, CREDIVALORES
CREDISERVICIOS S.A., AECSA S.A.
Que, como consecuencia de lo anterior, la Dirección de Protección de Datos
Personales de esa entidad requirió a la sociedad SISTECREDITO S.A.S. a
Experian Colombia S.A. (Data crédito) y a Cifin S.A.S. para que informaran sobre
los hechos materia de la reclamación y está a la espera de respuesta.
Expresó que dicha entidad no vulneró los derechos invocados por el demandante,
pues en el escrito que radicó no elevó una consulta ante esa entidad en los términos
señalados en la Ley 1755 de 2015, por el contrario, tiene como finalidad corregir la
información financiera contenida en su registro individual en un banco de datos,
situación que da inicio a una actuación y comprende agotar diferentes etapas
administrativas establecidas al interior de la entidad, situación que fue informada al
actor.
La Superintendencia Financiera de Colombia remitió oficios mediante los cuales
los bancos Popular y de Bogotá́ , dieron respuesta a la petición del actor.
La sociedad CIFIN S.A.S. (TransUnion) precisó que la solicitud del actor fue
radicada, al parecer, en un canal no autorizado para atender PQR, toda vez que,
según el escrito de tutela, se dirigió́ al correo electrónico:
cifin_tutelas@transunion.com, por lo que el operador no ha recibido ninguna
solicitud por parte del actor, razón por la que manifestó que no existe vulneración
alguna.
De otra parte, señaló que en la base de datos de ese operador el actor no tiene
registrados reportes negativos relacionados con CREDIVALORES
CREDISERVICIOS S.A., BBVA COLOMBIA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO
POPULAR y CLARO SOLUCIONES MÓVILES, pero tiene información reportada
por las Entidades AECSA S.A. y SISTECREDITO S.A.S., que evidencia que la
obligación se encuentra en mora y aún no han transcurrido 8 años desde la fecha
en que la misma entró en mora para que opere la caducidad del dato negativo, por
lo tanto, manifestó estar impedida para eliminar dicho reporte, como quiera que no
está́ cumplido el requisito de ley.
Aclaró que no es responsable de los datos que le reportan y, por lo tanto, no puede
verificar la veracidad y calidad de los datos que le reportan, puesto que, al no tener
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una relación directa con el actor, tiene la imposibilidad fáctica de conocer el detalle
de la relación de crédito.
La sociedad DATACREDITO- EXPERIAN COLOMBIA S.A. manifestó que el señor
Chacua Cortés no registra ningún dato negativo con Credivalores Crediservicios
S.A. (Credivalores Crediuno), Banco de Bogotá́ , Banco Popular (banco popular
libranza) y Comcel S.A (Claro /claro servicio MOVIL).
Asimismo, indicó que las obligaciones identificadas con los números 37-001653 y
37-002013, adquiridas por el actor con SISTECREDITO, se encuentran reportadas
por esa entidad en estado vigente y en mora.
Aclaró que la información registrada en la base de datos corresponde a la
proporcionada por SISTECREDITO, por lo tanto, en caso de que exista alguna
imprecisión en el estado de la obligación es dicha entidad quien deberá informarla
para realizar la actualización.
Advirtió que esa sociedad no puede modificar autónomamente los datos que se
controvierten, pues fueron registrados con el lleno de requisitos previstos en la ley.
Informó que la prescripción de la obligación, para el presente caso, no aplica porque
según lo reportado por SISTECREDITO, no registra mora con continuidad, pues ha
reportado las obligaciones en cuestión sin contar con moras ininterrumpidas como
lo ordena la Ley 2157 de 2021, por lo que no es aplicable a la parte accionante la
eliminación del dato por caducidad.
Adicional a lo expuesto, informó que el pasado 21 de noviembre de 2022, respondió
la solicitud del actor y le indicó que no era posible responderla de fondo porque la
misma no cumplía con los requisitos establecidos por la entidad para poder verificar
plenamente la identidad del solicitante y la legitimidad de su solicitud, razón por la
que se precisó en qué sentido debería corregirla.
La sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. indicó que el actor
radicó petición el 18 de noviembre de 2022, el cual fue contestado de fondo y en
debida forma el 5 de diciembre de 2022, mediante correo certificado a la dirección
de notificación electrónica suministrada por este.
Asimismo, señaló́ que en el sistema de información se registran a nombre del actor
tres obligaciones, las cuales no presentan mora, por lo tanto, actualmente no cuenta
con ningún reporte negativo ante centrales de riesgo por parte de dicha entidad.
El Banco Popular solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la
referencia porque mediante oficios del 21 de noviembre y 9 de diciembre de 2022,
se respondió al actor lo solicitado en relación con la eliminación de reportes ante
las Centrales de Información sobre el crédito obtenido con el Banco Popular.
5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del 13 de enero de 2023, negó
el amparo solicitado, con fundamento en que, contrario a lo señalado por el actor y
conforme a lo expuesto en el trámite de tutela, las empresas CREDIVALORES,
CREDISERVICIOS S.A., BBVA COLOMBIA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO
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POPULAR y CLARO SOLUCIONES MÓVILES, no han realizado reporte negativo
de sus obligaciones a las centrales de riesgo.
Sin embargo, señaló que el actor tiene unas obligaciones contraídas con las
entidades AECSA S.A. y SISTECREDITO S.A.S., que actualmente presentan mora,
y no han transcurrido más de 8 años desde la fecha en que las mismas entraron en
incumplimiento para que opere la caducidad del dato negativo y proceda la
eliminación del reporte como lo pretende el actor, razón por la que no es posible
acceder a lo pretendido.
6. Impugnación
El actor impugnó la decisión de primera instancia, reiteró los argumentos del escrito
inicial e indicó que, en el caso objeto de estudio, es necesario declarar la nulidad
de todo lo actuado porque las entidades demandadas tenían que contar con su
autorización para realizar cualquier tipo de reporte ante las centrales de riesgo y a
las que llevan 12 años en el sistema se les debe aplicar la ley de borrón y cuenta
nueva.
Indicó que pueda que exista una relación comercial que desconoce, pero nunca ha
autorizado la divulgación de sus datos personales que es lo que cuestiona en la
acción de tutela y, por lo tanto, lo procedente es ejecutar la presunta demora en sus
obligaciones, pero no “secuestrar su información” conforme la sentencia 282 de
2021.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
En los términos de la impugnación, a la Sala le corresponde determinar si procede
confirmar el fallo de tutela impugnado o si, por el contrario, se encuentra acreditada
la vulneración del derecho al habeas data del señor Chacua Cortés, por parte de
las centrales de riesgo, por mantener registradas en el sistema de información los
datos negativos en los que se evidencia el actor tiene obligaciones que actualmente
registran mora, porque, según afirma, tal actuación vulnera el derecho fundamental
invocado.
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Para resolver, la Sala precisa que, si bien el demandante alegó la presunta
vulneración de distintos derechos fundamentales tales como a la honra, el buen
nombre, a la dignidad humana, a la igualdad y al debido proceso, el estudio de la
discusión planteada se centrará en la posible vulneración del derecho fundamental
de habeas data conforme lo pretendido por el actor, toda vez que la reclamación va
dirigida a la eliminación de un reporte negativo en las centrales de riesgo.
Del derecho al habeas data
El artículo 15 de la Constitución Política dispone el derecho al habeas data como
aquel que tienen todas las personas para conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que existan sobre ellas en los bancos de datos y en los archivos de
las entidades públicas y privadas.
La Corte Constitucional en sentencia T – 729 de 2020 definió el derecho al hábeas
data como la facultad que tiene el titular de información personal de exigir a las
administradoras de bases de datos el acceso, la inclusión, la exclusión, la
corrección, la adición, la actualización, la certificación de la información y la
posibilidad de limitar su divulgación, publicación o cesión.
La Corte Constitucional estableció que el ámbito de aplicación del derecho
fundamental al hábeas data depende del entorno en el cual se desarrollan los
procesos de administración de bases de datos personales. En consecuencia, el
contexto material de dicho derecho está integrado por “el objeto o la actividad de
las entidades administradoras de bases de datos, las regulaciones internas, los
mecanismos técnicos para la recopilación, procesamiento, almacenamiento,
seguridad y divulgación de los datos personales y la reglamentación sobre usuarios
de los servicios de las administradoras de las bases de datos”.
En desarrollo del mandato constitucional, el Congreso de la República expidió la
Ley Estatutaria 1266 de 2008 , la cual, según lo precisó la Corte Constitucional en
sentencia C – 1011 de 2008, es una norma dirigida a la regulación de la
administración de datos personales de contenido comercial, financiero y crediticio,
en el que se estableció que las actividades de recolección, procesamiento y
circulación de datos personales contenidos en bases de datos de carácter
financiero, deben regirse por los siguientes principios: veracidad, temporalidad,
integridad, seguridad, confidencialidad, circulación restringida y finalidad.
Posteriormente, se expidió la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de la cual, en
sentencia C – 748 de 2011, la Corte Constitucional señaló que se trata de una ley
general que establece los principios a los que está sujeto cualquier tipo de
tratamiento de datos en Colombia, en los mismos términos que la Ley 1266 de
2008.
Las Leyes Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012 prevén diferentes tipos de
información con el fin de regular las limitaciones del derecho fundamental de acceso
a la información: (i) la información personal y la impersonal, de conformidad con el
literal c) del artículo 3º de la Ley 1581 de 2012, el dato personal es “cualquier
información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales
determinadas o determinables” y, (ii) la información pública o de dominio público;
semiprivada; privada y, reservada o secreta.
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Demandante: Diego Fernando Chacua Cortés
La Ley Estatutaria 1266 de 2008 1, artículo 16, establece varias alternativas para
que los titulares de la información puedan efectuar consultas o reclamaciones sobre
la información que reposa en las bases de datos, entre las cuales se destacan las
siguientes:
«i) Formular derechos de petición al operador de la información o a la entidad fuente
de la misma, a fin de acceder a los datos que han sido consignados o de solicitar
que ellos sean corregidos o actualizados (artículo 16);
(ii) Presentar reclamaciones a la Superintendencia de Industria y Comercio o a la
Superintendencia Financiera –según la naturaleza de la entidad vigilada–, para que
se ordene la corrección, actualización o retiro de datos personales, o para que se
inicie una investigación administrativa por el incumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Ley 1266 de 2008 (artículo 17); y,
(iii) Acudir a los mecanismos judiciales que el ordenamiento jurídico establece para
efectos de debatir lo concerniente a la obligación reportada como incumplida, sin
perjuicio de que pueda ejercerse la acción de tutela para solicitar el amparo del
derecho fundamental al habeas data, en los términos del artículo 16 de la ley en
cuestión:
6. Sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para amparar el derecho
fundamental del hábeas data, en caso que el titular no se encuentre satisfecho con
la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial correspondiente dentro
de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación
reportada como incumplida. La demanda deberá ser interpuesta contra la fuente de la
información la cual, una vez notificada de la misma, procederá a informar al operador dentro
de los dos (2) días hábiles siguientes, de forma que se pueda dar cumplimiento a la
obligación de incluir la leyenda que diga “información en discusión judicial” y la naturaleza
de la misma dentro del registro individual, lo cual deberá hacer el operador dentro de los
dos (2) días hábiles siguientes a haber recibido la información de la fuente y por todo el
tiempo que tome obtener un fallo en firme. Igual procedimiento deberá seguirse en caso
que la fuente inicie un proceso judicial contra el titular de la información, referente a la
obligación reportada como incumplida, y este proponga excepciones de mérito» 2.
3
Adicionalmente, mediante la Ley 2157 de 2021 se modificó la Ley 1266 de 2008 y
se dictaron disposiciones generales del habeas data con relación a la información
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.
1 “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información
contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”
2 Sentencia T-883 del 3 de diciembre de 2013. Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez.
3 “ARTÍCULO 13. Permanencia de la información. La información de carácter positivo permanecerá de
manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información. Los datos cuyo contenido haga
referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general, aquellos datos referentes a una
situación de incumplimiento de obligaciones se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual
deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o
consultar dicha información. El término de permanencia de esta información será el doble del tiempo de la
mora, máximo cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea
extinguida la obligación.
PARÁGRAFO 1. El dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro,
estado de la cartera y, en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de las
obligaciones caducarán una vez cumplido el término de ocho (8) años, contados a partir del momento en que
entre en mora la obligación; cumplido este término deberán ser eliminados de la base de datos.
PARÁGRAFO 2. En las obligaciones inferiores o iguales al (15 %) ce un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, el dato negativo por obligaciones que se han constituido en mora solo será reportado después de
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Demandante: Diego Fernando Chacua Cortés
En dicha norma se estableció que la información de carácter positivo permanecerá
de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información. Los
datos cuyo contenido hagan referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de
la cartera y, en general, aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento
de obligaciones se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual
deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los
usuarios no puedan acceder o consultar dicha información.
El término de permanencia de esta información será el doble del tiempo de la mora,
máximo cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las
cuotas vencidas o sea extinguida la obligación.
No obstante, respecto al reporte de datos negativos y los datos cuyo contenido
haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general,
aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de las obligaciones se
estipuló que las mismas caducarán una vez cumplido el término de ocho (8) años,
contados a partir del momento en que entre en mora la obligación; cumplido este
término deberán ser eliminados de la base de datos.
Caso concreto
En lo que aquí interesa, se observa que, a juicio del a quo no se encontró vulnerado
el derecho de hábeas data porque de los documentos que reposan en el expediente
se determinó que, si bien el actor actualmente cuenta con un reporte negativo, el
mismo se soporta en el hecho de que tiene una obligación en mora.
Entonces, le corresponde a la Sala establecer si, en efecto, se encuentra vulnerado
el derecho fundamental invocado por el actor por el reporte negativo en centrales
de riesgo porque, como lo afirma el demandante, las empresas no cuentan con la
autorización para el manejo de datos personales y porque cumple los requisitos
establecidos en la Ley 2157 de 2021 para ser excluido o si, por el contrario, como
lo precisó el a quo, no se acredita la alegada vulneración.
De la lectura del expediente, se observa que el actor acudió a las entidades
demandadas con la finalidad de que le informaran la razón por la que lo reportaron
en centrales de riesgo y para que procedieran a eliminar dicho reporte negativo con
fundamento, en que, afirma, no cuentan con la autorización para hacerlo.
Frente a dichas peticiones, encuentra la Sala que, contrario a lo señalado por el
señor Chacua Cortés, las empresas CREDIVALORES, CREDISERVICIOS S.A.,
BBVA COLOMBIA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO POPULAR y CLARO
SOLUCIONES MÓVILES, consideradas con las fuentes de información, no han
hecho reportes negativos de sus obligaciones en las centrales de riesgo por
encontrarse al día en los pagos. De esa determinación, las empresas le informaron
al actor en las respuestas ofrecidas a las diferentes peticiones.
cumplirse con al menos dos comunicaciones, ambas en días diferentes. Y debe mediar entre la última
comunicación y reporte, 20 días calendario.
PARÁGRAFO 3. Toda información negativa o desfavorable que se encuentre en bases de datos y se relacione
con calificaciones, récord (scorings-score), o cualquier tipo de medición financiera, comercial o crediticia,
deberá ser actualizada de manera simultánea con el retiro del dato negativo o con la cesación del hecho que
generó la disminución de la medición.”
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Demandante: Diego Fernando Chacua Cortés
No obstante, conforme a la respuesta brindada por la sociedad DATACRÉDITO, el
actor está reportado con datos negativos dado que tiene dos obligaciones
diferentes contraídas con las entidades AECSA S.A. la cual reporta 730 días de
mora y con SISTECREDITO S.A.S. la cual tiene como fecha inicial de mora del 21
de agosto de 2019.
Es decir, el reporte en centrales de riesgo obedece a la mora en las obligaciones,
sin embargo, el actor alega que no autorizó el tratamiento de sus datos personales
y que cumple los requisitos estipulados en la Ley 2157 de 2021 conocida como la
Ley “borrón y cuenta nueva”.
Frente a lo anterior, la Sala encuentra que la presunta vulneración que el actor
alega proviene del acuerdo contractual que suscribió con las empresas con las que
tiene vínculos comerciales. Al respecto, afirma que no autorizó el tratamiento de
datos personales ni la facultad de reportar a centrales de riesgo obligaciones en
mora, sin embargo, no aporta ninguna prueba en ese sentido. Por el contrario, como
se precisará más adelante, las empresas demandadas aportaron documento que
dan cuenta de que sí están autorizadas, por ende, la Sala no encuentra acreditada
la supuesta vulneración.
Adicionalmente, la permanencia de los reportes en las centrales de riesgo se
encuentra regulada en el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 2157 de 2021 que
establece:
“ARTÍCULO 13. Permanencia de la información. La información de carácter
positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores
de información. Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de
cobro, estado de la cartera y, en general, aquellos datos referentes a una situación
de incumplimiento de obligaciones se regirán por un término máximo de permanencia,
vencido el cual deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma
que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha información. El término de
permanencia de esta información será el doble del tiempo de la mora, máximo cuatro
(4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea
extinguida la obligación.
PARÁGRAFO 1. El dato negativo y los datos cuyo contenido haga referencia al
tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en general aquellos datos
referentes a una situación de incumplimiento de las obligaciones caducarán una vez
cumplido el término de ocho (8) años, contados a partir del momento en que entre en
mora la obligación; cumplido este término deberán ser eliminados de la base de datos.
PARÁGRAFO 2. En las obligaciones inferiores o iguales al (15 %) ce un (1) salario
mínimo legal mensual vigente, el dato negativo por obligaciones que se han
constituido en mora solo será reportado después de cumplirse con al menos dos
comunicaciones, ambas en días diferentes. Y debe mediar entre la última
comunicación y reporte, 20 días calendario.
PARÁGRAFO 3. Toda información negativa o desfavorable que se encuentre en
bases de datos y se relacione con calificaciones, récord (scorings-score), o cualquier
tipo de medición financiera, comercial o crediticia, deberá ser actualizada de manera
simultánea con el retiro del dato negativo o con la cesación del hecho que generó la
disminución de la medición.”
(subrayado fuera de texto).
De acuerdo con lo anterior, el reporte de las anotaciones negativas caducará
después de haber transcurrido 8 años desde el inicio del periodo de mora y solo
luego de esto será posible que proceda la eliminación de dicho reporte en las
centrales de riesgo.
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Radicado: 73001-23-33-000-2022-00486-01
Demandante: Diego Fernando Chacua Cortés
En tal sentido, no es posible ordenar, como lo pretende el actor, que se retire el
reporte negativo en centrales de riesgo de las obligaciones vigentes porque, como
quedó demostrado, las mismas se encuentran aún en mora y no han transcurrido
más de 8 años desde la fecha en que la misma inició, pues la obligación adquirida
con AECSA S.A. reporta 2 años de mora y con SISTECREDITO S.A.S 3 años y 6
meses. Por ende, ninguna de las dos cumple los requisitos de caducidad de la
obligación y, en consecuencia, la eliminación de dicha información del sistema
conforme al parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 2157 de 2021 es improcedente.
Si bien el actor alega que no hay lugar a mantener el reporte, lo cierto es que en el
expediente no obra prueba que acredite que el actor ya pagó la totalidad de las
obligaciones o que exista alguna inconsistencia sobre estas.
Adicional a lo anterior, la sociedad CIFIN S.A.S. (TransUnion) como administradora
de información, aportó certificaciones semestrales de las distintas entidades
demandadas entre las que se encuentran las de AECSA S.A. y SISTECREDITO
S.A.S. quienes manifestaron que cuentan con la autorización del titular para el
tratamiento y administración de datos personales, de conformidad con el artículo 8
4
de la Ley 1266 de 2008 .
En tal sentido, la información que tiene CIFIN en las bases de datos se registró
luego de que las empresas AECSA S.A. y SISTECREDITO S.A.S. certificaran que
contaban con la autorización del actor, documentos que fueron aportados por esa
central de riesgo en primera instancia sin que el demandante las refutara.
Ahora, el demandante alega que el reporte de información desconoce lo establecido
por la Corte Constitucional en sentencia 282 de 2021.
4 ARTÍCULO 8°. Deberes de las fuentes de la información. Las fuentes de la información deberán cumplir
las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente
ley y en otras que rijan su actividad:
1. Garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a los usuarios
sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable.
2. Reportar, de forma periódica y oportuna al operador, todas las novedades respecto de los datos que
previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información
suministrada a este se mantenga actualizada.
3. Rectificar la información cuando sea incorrecta e informar lo pertinente a los operadores.
4. Diseñar e implementar mecanismos eficaces para reportar oportunamente la información al operador.
5. Solicitar, cuando sea del caso, y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización otorgada por los
titulares de la información, y asegurarse de no suministrar a los operadores ningún dato cuyo suministro no
esté previamente autorizado, cuando dicha autorización sea necesaria, de conformidad con lo previsto en la
presente ley.
6. Certificar, semestralmente al operador, que la información suministrada cuenta con la autorización de
conformidad con lo previsto en la presente ley.
7. Resolver los reclamos y peticiones del titular en la forma en que se regula en la presente ley.
8. Informar al operador que determinada información se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando
se haya presentado la solicitud de rectificación o actualización de la misma, con el fin de que el operador incluya
en el banco de datos una mención en ese sentido hasta que se haya finalizado dicho trámite.
9. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control en relación con el cumplimiento de la
presente ley.
10. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley.
11. Reportar la información negativa de los titulares, máximo (18) meses después de la constitución en mora
del titular.” (Numeral 11, Adicionado por el Art. 4 de la Ley 2157 de 2021)
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Demandante: Diego Fernando Chacua Cortés
Al respecto, se precisa que la Corte Constitucional en la sentencia C-282-21 llevó
a cabo el control de constitucionalidad del «Proyecto de Ley Estatutaria No. 062 de
2019 – Senado, y 314 de 2019 – Cámara “Por medio de la cual se modifica y
adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008, y se dictan disposiciones generales de
hábeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial de
servicios y la proveniente de terceros países, y se dictan otras disposiciones”», hoy
Ley 2157 de 2021.
En dicha sentencia, en lo que interesa al presente asunto, al analizar el artículo
sexto, la Corte Constitucional determinó que «Las consecuencias jurídicas
previstas ante el incumplimiento del deber de remitir la comunicación previa al titular
de la información, encuentra pleno sustento y garantiza los principios de finalidad,
veracidad y calidad. Teniendo presente, también que, ante todo, el titular de la
información debe dar una autorización previa y libre (principio de libertad y
autodeterminación informativa), la cual le da la validez a la fuente para que pueda
compartir la información con el operador.»
En tal sentido, la Corte puso de presente que el reporte que se haga en centrales
de riesgo siempre debe contar con la autorización previa y libre del titular de la
información para considerarla válida, no obstante, en el presente asunto, como se
precisó previamente, se allegaron documentos que certificaban sobre la
autorización del señor Chacua Cortés para el reporte de la información que no
fueron cuestionados por el actor y, por ende, se descarta el desconocimiento de
dicha sentencia.
Por lo expuesto, queda descartada la presunta vulneración del derecho de habeas
data invocada por el señor Diego Fernando Chacua Cortés, tal como se indicó en
la providencia impugnada y, en consecuencia, se impone confirmar la decisión de
primera instancia.
Finalmente, sin perjuicio de lo anterior y conforme con lo previsto en el artículo 16.6
de la Ley 1266 de 2008 5, el actor tiene a su alcance la demanda ordinaria para, si
lo considera, debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida .
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
5
Trámite de consultas. Los titulares de la información o sus causahabientes podrán consultar la
información personal del titular, que repose en cualquier banco de datos, sea este del sector público
o privado. El operador deberá suministrar a estos, debidamente identificados, toda la información
contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del titular.
(…)
Sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental del hábeas
data, en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir
al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo
relacionado con la obligación reportada como incumplida. La demanda deberá ser interpuesta contra
la fuente de la información la cual, una vez notificada de la misma, procederá a informar al operador
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, de forma que se pueda dar cumplimiento a la obligación
de incluir la leyenda que diga “información en discusión judicial” y la naturaleza de la misma dentro
del registro individual, lo cual deberá hacer el operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes
a haber recibido la información de la fuente y por todo el tiempo que tome obtener un fallo en firme.
Igual procedimiento deberá seguirse en caso que la fuente inicie un proceso judicial contra el titular
de la información, referente a la obligación reportada como incumplida, y este proponga excepciones
de mérito.
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Demandante: Diego Fernando Chacua Cortés
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 13 de enero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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