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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00007-01

Fecha
20 de febrero de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00007-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 26 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante la cual se negó la solicitud de amparo. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2023-00007-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

20 de febrero de 2023

Radicado: 73001-23-33-000-2023-000 07-01
Accionante: Carlos Iván Tobar Fonque
Se confirma la sentencia de primera instancia

Se ampara parcialmente
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00007-01
Accionante: Carlos Iván Tobar Fonque
Accionados: Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué y otros

Temas: Acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública / Nombramiento en
propiedad / Estabilidad laboral reforzada del prepensionado / Se confirma la sentencia
de primera instancia que negó la solicitud de amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el accionante contra la
sentencia proferida el 26 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Tolima
mediante la cual negó la solicitud de amparo interpuesta por Carlos Iván Tobar Fonque
contra el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué, el Consejo Seccional de la
Judicatura del Tolima y la señora Jennifer Lorena Vargas Cárdenas.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y
en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo

1.- El 16 de enero de 2023 el señor Tobar Fonque presentó, en nombre propio, acción
de tutela contra el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué, el Consejo Seccional de
la Judicatura del Tolima y la señora Jennifer Lorena Vargas Cárdenas, por cuanto estimó
vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, dignidad

Radicado: 73001-23-33-000-2023-000 07-01
Accionante: Carlos Iván Tobar Fonque
Se confirma la sentencia de primera instancia

humana, estabilidad laboral reforzada y trabajo.
Se ampara parcialmente

2.- Como pretensiones, el accionante formuló las siguientes (se transcriben):

<<1. Se garanticen mis derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital,
estabilidad laboral reforzada, trabajo digno, dignidad humana, garantizando mi
continuidad en la Rama Judicial, ya sea en el cargo ocupado actualmente o uno de
similares condiciones.

2. En consecuencia, se garantice la condición de prepensionado conforme la Ley
790 de 2003, su Decreto reglamentario 190 de 2003, Decreto 1083 de 2015,
Decreto 648 de 2017, Ley 2040 de 2020 y Decreto 1415 de 2021>>.

B.- Hechos

3.- El accionante señaló que ha estado vinculado a la Rama Judicial en provisionalidad
desde septiembre de 1988 y que hace aproximadamente 12 años se desempeña como
asistente judicial de centros de servicios y juzgados – grado 6 del Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Ibagué.

3.1.- En mayo de 2022 envió solicitud al titular del despacho para que se le permitiera
continuar laborando en dicho puesto en razón a su estabilidad laboral reforzada por estar
en condición de prepensionado, conforme la Ley 790 de 2003, su Decreto reglamentario
190 de 2003, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Ley 2040 de 2020 y Decreto
1415 de 2021.

3.2.- Mediante Resolución No. 009 del 19 de mayo de 2022 el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Ibagué negó la solicitud del actor1. El accionante interpuso recurso de
reposición contra dicha decisión, que fue resuelto desfavorablemente mediante
Resolución No. 035 del 06 de diciembre de 20222.

3.3.- Mediante Resolución No. 001 del 11 de enero de 2023, el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Ibagué nombró en propiedad a Jennifer Lorena Vargas Cárdenas en el
cargo de asistente judicial de centros de servicios y juzgados grado 6.

1
En dicha resolución se afirmó que no había más vacantes para reubicar al accionante porque el juzgado cuenta con una
planta de personal cerrada. Además, se citó jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuanto a que el derecho del
prepensionado nombrado en provisionalidad está supeditado a quienes tienen el derecho de ocupar el mismo cargo en
virtud de un concurso de méritos.
2
En esa resolución se afirmó que el señor Tobar Fonque no reúne los requisitos para ser prepensionado porque cuenta
con la totalidad de semanas cotizadas para optar por la pensión, y solo está pendiente de cumplir con el requisito de la
edad.

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C.- Fundamentos de la vulneración

4.- El accionante afirma que su desvinculación del juzgado implicaría perder su único
ingreso económico con el que sustenta las necesidades básicas de su núcleo familiar.
Además, señala que tiene 59 años, lo cual dificulta encontrar un empleo nuevo.

5.- Advierte que está próximo a cumplir con el total de las semanas mínimas cotizadas
para obtener la pensión de vejez, por lo que se encuentra en condición de prepensionado
de conformidad con la Ley 790 de 2003, su Decreto reglamentario 190 de 2003, Decreto
1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Ley 2040 de 2020 y Decreto 1415 de 2021.

D.- Oposiciones e intervenciones

6.- El Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima (accionado) señala que la solicitud
de amparo se debe rechazar por improcedente, por cuanto la desvinculación del
accionante se llevará a cabo en cumplimiento de un deber constitucional, legal y
reglamentario, como lo es proveer los cargos vacantes en la entidad con los integrantes
de la lista de elegibles conformada por las personas que superaron todas las etapas del
concurso de méritos convocado.

7.- El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ibagué (accionado) solicita que se niegue el
amparo, pues la decisión tomada por el despacho está ajustada a derecho. Sostiene que
el accionante no cumple con los requisitos que le den la calidad de prepensionado, pues
en el mismo escrito de tutela manifestó que ha laborado en la Rama Judicial desde el 1°
de septiembre de 1988 hasta la fecha de manera continua, es decir, por 35 años, por lo
que resulta evidente que actualmente cuenta con más de 1.300 semanas cotizadas y no
es merecedor de una estabilidad laboral reforzada.

8.- La señora Jennifer Lorena Vargas Cárdenas (accionada) guardó silencio.

E. Fallo impugnado

9.- En sentencia del 26 de enero de 2023 el Tribunal Administrativo del Tolima negó la
solicitud de amparo. Señaló que según los reportes expedidos por Colpensiones, a
diciembre de 2022 el actor cuenta con 1.207.43 semanas cotizadas de las 1.300 que
necesita para obtener la pensión de vejez, por lo que cuenta con la calidad de
prepensionado.

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Accionante: Carlos Iván Tobar Fonque
Se confirma la sentencia de primera instancia

9.1.- Indicó que si bien no se desconoce que los prepensionados gozan de un trato
Se ampara parcialmente
preferencial según la sentencia SU-446-11, en la misma sentencia la Corte Constitucional
afirmó que <<la terminación de una vinculación en provisionalidad porque la plaza
respectiva debe ser provista con una persona que ganó el concurso, no desconoce los
derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se
le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor
derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos>>.

9.2.- Advirtió que está probado que no existía la posibilidad de reubicar al accionante en
otro cargo de igual o mejores condiciones, por lo que le correspondía al actor acreditar la
existencia de cargos vacantes similares al que desempeñaba para que el juzgado pudiera
reubicarlo y brindarle un trato preferencial.

F. Impugnación

10.- La parte actora impugna la sentencia del 26 de enero de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima. Sostiene que si bien el Juzgado Séptimo Civil Municipal de
Ibagué cuenta con una planta de personal cerrada, sí existen vacantes en diferentes
juzgados a nivel seccional, hecho que se entiende por encontrarse vigentes las listas del
concurso inmediatamente anterior.

10.1.- Afirma que el soporte que se le solicita no puede ser suministrado, debido a que la
mayoría de los despachos no poseen la actualización de las vacantes a través del
aplicativo web, por lo que el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima es la
dependencia encargada de conocer y detallar el total de vacantes ofertadas para el cargo
de asistente judicial.

10.2.- Cita la sentencia T-096-2018 en la que se indica que, excepcionalmente, los
empleos de carrera pueden ser ocupados por servidores nombrados en provisionalidad
cuando se presenten vacancias definitivas o temporales, máxime cuando se trata de
sujetos de especial protección constitucional, a quienes se les debe otorgar un trato
preferencial como acción afirmativa.

II. CONSIDERACIONES

11.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó la solicitud de amparo.
Frente al requisito de subsidiariedad, esta Sala reitera la postura que ha sostenido en
casos de prepensionados, según la cual este requisito se tendrá por superado por no
existir un mecanismo más eficaz y/o idóneo que permita a la parte actora alegar los

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reparos planteados mediante la acción tutela y procurar la defensa de los derechos
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presuntamente vulnerados3.

12.- En cuanto a la calidad de prepensionado del accionante, se advierte que de acuerdo
al reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones, el actor cuenta con
1.207.43 semanas, es decir, le hacen falta poco menos de 93 semanas para completar las
requeridas para obtener la pensión de vejez, lo que equivale aproximadamente a 21
meses. Por su parte, se constata que el accionante cuenta con 59 años, de modo que
cumple con los requisitos para otorgarle tal condición. No obstante, la sentencia SU-691
de 2017 señaló que las personas nombradas en los cargos de libre nombramiento y
remoción, así como en los de provisionalidad, no gozan de estabilidad laboral reforzada
por la naturaleza del cargo y, por lo tanto, no les son aplicables las reglas de “retén social”
en la que se incluyen los prepensionados.

12.1.- A pesar de lo anterior, la Sala no desconoce la protección constitucional con la que
cuentan los prepensionados, por lo que en todo caso se les debe garantizar un tratamiento
preferente en el evento en que se nombre a personas que ocuparon los primeros puestos
en las listas de elegibles del respectivo concurso de méritos4, tratando de reubicarlos hasta
el último momento con el fin de evitar su desvinculación laboral.

12.2.- Si bien en la Resolución 009 del 19 de mayo de 2022 se le negó al actor la calidad
de prepensionado, en ella se hizo un recuento jurisprudencial de la figura y se indicó que,
en todo caso, el juzgado no pudo reubicar al señor Tobar Fonque porque contaban con
una planta de personal cerrada, por lo que no había vacantes disponibles en la misma
dependencia.

12.3.- Frente al argumento plasmado por el actor en la impugnación sobre que existían
otros cargos de igual o mayor jerarquía en diferentes juzgados a nivel seccional y que el
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima podría dar información de las vacantes para
nombrarlo en provisionalidad, la Sala destaca que dicho razonamiento no prospera por
cuanto el Consejo Seccional no es el nominador en este caso. Así, no se puede imponer
un nombramiento en provisionalidad en otro juzgado por parte del Consejo Seccional,
pues desborda la órbita de sus competencias.

12.4.- Ahora bien, la Sala no pasa por alto que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial le expidió al accionante una certificación de los tiempos laborados en la Rama

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Radicado No. 11001-03-15-
000-2022-01430-00. Sentencia del 26 de abril de 2022. M.P. Alberto Montaña Plata.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-446 de 2011.

Radicado: 73001-23-33-000-2023-000 07-01
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Judicial, donde se constata que ha estado vinculado desde septiembre de 1988 hasta la
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fecha, con algunos periodos cortos de interrupción. Sin embargo, en el reporte de
semanas cotizadas expedido por Colpensiones, si bien se advierte que cuenta con
1.207.43 semanas cotizadas a corte de diciembre de 2022, se tiene como fecha inicial de
cotización el 1º de septiembre de 1995, por lo que no se le han tenido en cuenta las demás
semanas anteriores a esa fecha.

12.5.- De hecho, según la misma certificación de tiempos laborados del accionante en la
Rama Judicial, se colige que este empezó a laborar en el cargo de citador III del Juzgado
001 Promiscuo Municipal de Coello - Tolima desde el 1º de septiembre de 1988 hasta el
2 de septiembre de 2001 de manera ininterrumpida; no obstante, su fecha de cotización,
según el reporte de Colpensiones inició en septiembre de 1995, de modo que el tiempo
de cotización correspondiente a los periodos de septiembre de 1988 hasta agosto de 1995
no fueron contabilizados. Si dicho transcurso de tiempo se tuviera en cuenta para efectos
de la cotización de pensión, se le aumentarían al actor aproximadamente 361 semanas,
con lo cual superaría las 1.300 semanas requeridas para obtener la pensión de vejez una
vez cumpla la edad requerida.

12.6.- Así las cosas, la Sala advierte que el accionante puede solicitar la actualización de
su historia laboral ante Colpensiones adjuntando la certificación de los tiempos laborados
en la Rama Judicial, a fin de que se esclarezca qué pasó con las semanas de cotización
previas a septiembre de 1995 en las que estuvo vinculado a la Rama Judicial y se defina
su situación pensional frente a ese aspecto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 26 de enero de
2023 por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante la cual se negó la solicitud de
amparo.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Radicado: 73001-23-33-000-2023-000 07-01
Accionante: Carlos Iván Tobar Fonque
Se confirma la sentencia de primera instancia

Se ampara parcialmente
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de esta Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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