Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00234-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00234-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2023-00234-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
29 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 29 de agosto de 2023
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00234-01
Demandante: Aidy Lorena Basto Valencia
Demandado: Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Ibagué – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Derecho al
trabajo en condiciones dignas, descanso, igualdad, familia y salud | vacaciones
individuales | empleados judiciales
Síntesis del caso: La parte actora alegó la vulneración de su derecho al trabajo en
condiciones dignas, descanso, igualdad, familia y salud ante la falta de expedición del
CDP para el nombramiento de reemplazo de un empleado judicial que impidió el disfrute
de sus vacaciones.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial contra la Sentencia de 10 de julio de 2023, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Tolima amparó el derecho al trabajo en
condiciones dignas, descanso, salud, familia e igualdad de la señora Basto
Valencia2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO. AMPARAR el derecho al trabajo, descanso e igualdad de la señora AIDY LORENA BASTO VALENCIA
contra la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ, JUZGADO CUARTO DE EJECUCIÓN
DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE IBAGUÉ y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NIVEL
CENTRAL, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. // SEGUNDO.
ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Ibagué, que en un plazo máximo de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere
hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), los recursos necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las
vacaciones de la señora AIDY LORENA BASTO VALENCIA.// A su turno, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial Nivel Central, dispondrá de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el
Director Seccional, para proveer los mencionados recursos. // Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Ibagué, esta última entidad le deberá COMUNICARLO de manera inmediata al Juez Cuarto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué. // TERCERO. ORDENAR a la Juez Cuarta de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué, o quien haga sus veces, que una vez, se disponga del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal para nombrar en provisionalidad el reemplazo de la señora AIDY LORENA BASTO
VALENCIA, deberá PRONUNCIARSE, en un término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de dicha
comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones del tutelante.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00234-01
Demandante: Aidy Lorena Basto Valencia
Demandado: Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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1.1. Posición de la parte demandante
1. El 26 de junio de 2023, Aidy Lorena Basto Valencia presentó acción
de tutela contra el Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué, por la presunta vulneración de sus derechos al trabajo
en condiciones dignas, descanso, igualdad, familia y salud.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“A la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia Tolima, la
provisión de los recursos necesarios para que el titular del Juzgado Cuarto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, adopte las
medidas que sean necesarias para conceder las vacaciones equivalentes a
25 días continuos por cada año de servicio, solicitadas por esta servidora
Al Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué,
Tolima, para una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apropie
los recursos solicitados, me conceda el disfrute de las vacaciones solicitadas.”
3. Como hechos relevantes a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Aidy Lorena Basto Valencia trabaja como asistente administrativa
del Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué.
5. 2) El 31 de mayo de 2023, previa solicitud presentada por la señora
Basto Valencia, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Ibagué, mediante Oficio No. DESAJIBO23-977, negó la disponibilidad
presupuestal para el reemplazo de vacaciones. Sin embargo, señaló que si
se contaba con presupuesto disponible para concederle las vacaciones a
las que tiene derecho la parte actora.
6. 3) El 2 de junio de 2023, la señora Basto Valencia solicitó al titular del
mencionado despacho el disfrute de vacaciones remuneradas entre el 4
de julio y el 28 de julio de 2023, ello por haber trabajado de forma
ininterrumpida entre el 7 de julio de 2020 y el 6 de julio de 2021, (se
trascribe):
“Comedidamente, por medio del presente me permito solicitar las
vacaciones por el termino de veinticinco (25) días continues, a partir del 4 al
28 de julio de los corrientes, correspondientes por los servicios prestados a la
Rama Judicial del Tolima, entre el 7 de julio de 2020 al 6 de julio de 2021, en el
cargo de Asistente Administrativa de este despacho.”
7. 4) Mediante Resolución No. 9 de 2 de junio de 2023, el Juzgado 4 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué negó el disfrute de
las vacaciones de la señora Basto Valencia por necesidad del servicio,
dada la alta carga laboral de ese despacho, (se trascribe):
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Decisión: Modifica
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“6.- Que la planta de personal permanente de este Juzgado, se encuentra
conformada por un Asistente jurídico, un Oficial Mayor, un Asistente
Administrative y el suscrito, de los cuales el único cargo que tiene asignadas
las actividades administrativas es el que desempeña BASTO VALENCIA, pues
las funciones de proyección de providencias para resolver los asuntos
sometidos a competencia de este Juzgado, solicitudes de orden
constitucional denominados urgentes y demás aspectos jurídicos, son propias
de los cargos de Oficial Mayor y Asistente Jurídico, respectivamente, aunado
a ello la alta carga laboral y el poco personal impide que sus funciones
puedan ser asignadas y desempeñadas por otros servidores del Despacho,
como lo sugiere el Director Ejecutivo Seccional de la Administración Judicial
de Ibagué, en el oficio DESAJIB023-977 del 31 de mayo pasado, pues tal
situación equivaldría a un trato desigual y discriminatorio hacia ellos.
7.- Por lo anterior, es evidente que concederle las vacaciones solicitadas a la
servidora judicial BASTO VALENCIA, significa indudablemente un traumatismo
en la prestación en el servicio de la Administración de Justicia, pues aun
cuando el Consejo Superior de la Judicatura de mediante Acuerdo PCSJA23-
12053 de fecha 17 de marzo pasado, crearon para este y todos los Juzgados
de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad del Tolima, un cargo de
Oficial Mayor en descongestión, este se instituyo precisamente por la
innegable necesidad de disminuir la carga laboral que afrontan estos
juzgados y para funciones específicas, luego, asignarle las labores propias del
cargo de Asistente Administrative a este último daría al traste con la finalidad
de la creación de dicho cargo en descongestión y, desde luego, desdibuja y
desborda las competencias funcionales del mismo, pues cada cargo y
empleado tiene unas competencias diferentes, específicas y claramente
delimitadas que no pueden desconocerse, incluso una meta estadística de
150 autos que de por si es difícil de cumplir, como seria asignándole funciones
adicionales.
8.- Que, dadas las circunstancias, resulta necesario negar las vacaciones
solicitadas por AIDY LORENA BASTO VALENCIA, en tanto que no fue aprobada
la disponibilidad presupuestal para asignarle reemplazo y, como se dijo y se
recalca, sus funciones no pueden ser asignadas a otros empleados del
Despacho dada la histórica alta carga laboral y la escasez de personal para
ese propósito.”
8. Como fundamento de la vulneración la parte actora consideró que
las autoridades accionadas vulneraron sus derechos al trabajo, descanso,
salud, familia e igualdad, pues al no expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal (CDP) para disponer del reemplazo durante el
periodo de vacaciones, a su regreso, se vería sobrecargada en sus
actividades del despacho.
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
9. Mediante Sentencia de 10 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo
de Tolima amparó los derechos al trabajo en condiciones dignas,
descanso e igualdad de la señora Basto Valencia y, en consecuencia,
ordenó, de un lado, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué que realizara todas las gestiones administrativas necesarias para la
expedición de un CDP que garantice el reemplazo de la parte actora
durante el periodo de vacaciones y, por el otro, al Juez 4 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué que, una vez reciba el
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mencionado CDP, se pronuncie sobre la concesión del disfrute de las
vacaciones de la accionante.
10. Para ello, concluyó que la negativa de conceder el disfrute de las
vacaciones se dio ante la imposibilidad de nombrar un reemplazo de la
señora Basto Valencia, razón que no resulta admisible, comoquiera que
constituye una restricción de índole administrativo que no puede ser
soportada por la empleada toda vez que la administración no puede
trasladar a los trabajadores el ejercicio de su propia función, más cuando
el único requisito para disfrutar de las vacaciones es que estas se hubieran
causado, tal como ocurrió en este caso.
11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3 presentó escrito de
impugnación en el que señaló que, por su parte, no se vulneraron los
derechos de la parte actora porque la negativa en la concesión de las
vacaciones fue dada por su nominador y la negativa en la expedición del
CDP correspondió a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué quien no puede expedir CDP para las vacaciones de la
accionante, toda vez que no se ajusta a la reglamentación y las
condiciones establecidas en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011 del Consejo Superior de la Judicatura.
12. En ese orden, indicó que la negativa al disfrute de las vacaciones de
la parte actora fue consecuencia de una “posición caprichosa” del
nominador, por lo que, de llegar a existir vulneración alguna, sería
imputable a dicha autoridad. Por lo anterior, solicitó que se declarara su
falta de legitimación pasiva en la causa.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Verificación de la afectación de derechos alegada. 2.4. Conclusión.
2.1. Solicitud de desvinculación
13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en el escrito de
impugnación, solicitó su desvinculación del proceso de la referencia por
carecer de legitimación pasiva en la causa. La Sala negará dicha solicitud
porque (1) la vinculación de la referida autoridad se hizo en calidad de
tercero interesado en el proceso y (2) la eventual decisión de amparo de
los derechos fundamentales que reclama la parte actora podría llegar a
tener incidencia en el proceso en el que fue demandada.
3 Al consultar en SAMAI, se constató que a través de Auto de 27 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Tolima resolvió vincular a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central “como quiera que el
objeto de las pretensiones de la acción constitucional va dirigida a otorgar la disponibilidad presupuestal para
nombrar el reemplazo de un empleado, mientras el mismo disfruta de sus vacaciones, siendo pertinente efectuar
dicho requerimiento, razón por la cual se le otorgará a las entidades accionadas y vinculadas un plazo no
superior a dos (2) días para que presente el respectivo informe y allegue todas las pruebas necesarias y
relacionadas con el asunto objeto de controversia.”
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2.2. Procedencia de la acción de tutela
14. En el presente caso, se cumplieron los requisitos de procedencia de
la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la protección de los
derechos fundamentales4 al trabajo en condiciones dignas, descanso,
igualdad, familia y salud.
15. Aidy Lorena Basto Valencia es la titular de los derechos invocados
como violados, por lo cual, se tiene por acreditada la legitimación activa
en la causa5.
16. De igual manera, el Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Ibagué y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, tienen
legitimación pasiva en la causa6, porque de estas autoridades se predica
la vulneración y de sus competencias se advierte relación con el presente
asunto.
17. Frente al requisito de subsidiariedad7, la Sala lo tendrá por superado
por no existir recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora
alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los
derechos presuntamente vulnerados, pues, dado el objeto de la solicitud
de amparo (obtener el disfrute de vacaciones), los medios de control
previstos en el CPACA no resultaban eficaces dado el tiempo que implica
el desarrollo y trámite de un proceso judicial, de cara a la presunta
afectación de las garantías constitucionales al trabajo en condiciones
dignas, descanso y salud de la parte actora. Asimismo, no sobra aclarar
que no se advierte que se hagan reparos contra la Circular PSAC11-44 del
23 de noviembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura que
podrían ventilarse a través de un juicio de legalidad contra ese acto
administrativo.
18. En relación con el requisito de inmediatez8, este se satisface,
comoquiera que entre la expedición de las decisiones por las cuales se
negó la solicitud de vacaciones de la señora Basto Valencia (2/6/23) y la
presentación de la acción de tutela (26/6/23), hubo un plazo razonable.
2.3. Verificación de la afectación de derechos alegada
19. La Sala modificará la decisión de primer grado, en el sentido de
confirmar el amparo de los derechos de Aidy Lorena Basto Valencia y
4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibídem.
5 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibídem.
6 Ídem
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).
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ordenar a la titular del despacho donde trabaja la parte actora
(nominador) que conceda las vacaciones solicitadas, pero revocará lo
relativo a la orden de expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para garantizar el reemplazo de aquella durante dicho
periodo, por las razones que pasan a explicarse.
20. En primer lugar, debe señalarse que, de conformidad con los
documentos que reposan en el expediente, está demostrado que la
señora Basto Valencia trabaja como asistente administrativa del Juzgado 4
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué; pertenece al
régimen de vacaciones individuales; y tiene causado, a su favor, un
periodo de vacaciones por haber trabajado de forma ininterrumpida entre
el 7 de julio de 2020 y el 6 de julio de 2021, las cuales fueron solicitadas ante
la titular del despacho donde presta sus servicios.
21. Igualmente, logró advertirse, tal como lo hizo en su momento el juez
de tutela de primera instancia, que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué, mediante Oficio No. DESAJIBO23-977 de
31 de mayo de 2023, indicó que no era posible expedir un CDP para
autorizar el reemplazo de las vacaciones de la mencionada empleada,
comoquiera que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, previó esa figura
para el caso de los funcionarios judiciales, no para los empleados.
22. Finalmente, a través de la Resolución No. 9 de 2 de junio de 2023, el
titular del Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas Ibagué negó el
disfrute de las vacaciones de la señora Basto Valencia, por necesidad del
servicio.
23. En ese orden, debe precisarse que la causación del derecho al
descanso (vacaciones) de Aidy Lorena Basto Valencia no fue objeto de
discusión, ni en el trámite administrativo, ni en la primera instancia de la
presente acción de tutela.
24. Al respecto, la Sala estima necesario indicar, tal como lo ha hecho
en decisiones anteriores9, que el derecho al descanso es una garantía
fundamental reconocida expresamente en el artículo 53 de la Constitución
Política y está relacionada con la dignidad humana y el derecho al trabajo
en condiciones dignas que se manifiesta, por ejemplo, en las vacaciones
del trabajador, las cuales son irrenunciables. En palabras de la Corte
Constitucional, (se trascribe):
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencias de 4 de octubre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-
2021-05802-00; 8 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-04360-00; 8 de noviembre de 2021, Rad.
11001-03-15-2021-04569-00; 29 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-05027-01; 28 de abril de 2022,
Rad. 11001-03-15-000-2021-11326-01; 4 de mayo de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2021-11201-00; 15 de junio de 2022,
Rad. 11001-15-03-000-2022-00816-01, entre otras.
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“[…] el derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que
se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales,
para proteger su salud física y mental,10 para compartir con su familia mayores
y mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas
al solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a
manera de posibilidad estética, para acercarse paulatinamente al hacer
artístico en sus múltiples manifestaciones. Sin desconocer que tales propósitos
requieren para su materialización de apoyos institucionales que envuelven lo
económico, al igual que el aporte personal que cada cual pueda y quiera
hacer en pro de sus intereses y de la familia de la cual forme parte. En todo
caso, dado que el derecho al descanso es un derecho fundamental, se
impone en cabeza del Estado proveer a su realización práctica a través de
sus políticas, de su legislación, de la ejecución de ésta, y por supuesto, al tenor
de la función controladora”11
“Frente al contenido del derecho al descanso, la jurisprudencia de esta
corporación también se ha pronunciado en distintas ocasiones y ha
destacado que constituye un derecho fundamental del trabajador12,
irrenunciable13 y que es susceptible de protección mediante la acción de
tutela14: Asimismo, en la sentencia C-171 de 2020, la Corte precisó que el
derecho al descanso (i) tiene como propósito que durante un tiempo
determinado el trabajador cese sus actividades laborales y se recupere del
desgaste que genera la prestación del servicio, lo cual no solo redunda en el
necesario equilibrio de su calidad de vida, sino que, además, le permite
concretar y avanzar en su proyecto vital. Por lo demás, se especificó que este
derecho (ii) se materializa a través de la limitación de la jornada máxima de
trabajo, el otorgamiento del descanso semanal y la consagración de un
período de vacaciones anuales. Finalmente, (iii) se resaltó que, una vez
causado el período de vacaciones, «el trabajador puede entonces disfrutar
del descanso remunerado y, de esta forma, materializar los postulados
contenidos en los artículos 1 y 25 de la Constitución [,] en lo referente a la
dignidad humana y al trabajo en condiciones dignas y justa».”15
25. En ese orden de ideas, se respalda la postura adoptada por el
Tribunal Administrativo de Tolima de amparar los derechos de Aidy Lorena
Basto Valencia.
26. Sin embargo, en lo que respecta a las órdenes a impartir derivadas
de dicho amparo, la Sala (1) confirmará la orden dada al nominador que
conceda las vacaciones solicitadas, sin que ello quede supeditado a la
expedición de un CDP y (2) revocará la dirigida a las Direcciones Seccional
– Ibagué y Ejecutiva de Administración Judicial, relacionada con la
expedición de dicho certificado, comoquiera que:
27. En primer lugar, no resulta constitucionalmente admisible que la
concesión de las vacaciones, así como el respectivo disfrute, se supedite a
cargas administrativas (aspectos presupuestales para garantizar el
nombramiento de un reemplazo) que no está llamado a soportar el
10 Sobre el carácter vital de las vacaciones dijo la Corte en sentencia T-229 de 1997: “Esta Corporación considera
que el carácter de las vacaciones, y del descanso en sí, es de vital importancia para la existencia y la salud de
los trabajadores, y desde tiempos inmemoriales el hombre ha luchado por obtener el reconocimiento legal y la
protección del derecho al descanso. Tan importante es el mencionado derecho, que científicamente se ha
demostrado que cuando un hombre trabaja de manera continua, sin descanso alguno, su salud física y mental
puede afectarse”.
11 Corte Constitucional, Sentencia C-19 de 2004.
12 Corte Constitucional, sentencias C-710 de 1996, T-837 de 2000, C-019 de 2004, C-035 de 2005 y C-1005 de 2007.
13 Corte Constitucional, sentencia T-837 de 2000.
14 Corte Constitucional, sentencias T-837 de 2000 y C-1005 de 2007.
15 Corte Constitucional, Sentencia C-103 de 2021.
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trabajador. Por lo tanto, dejar la orden dirigida al nominador en suspenso
hasta que obtenga el CDP para designar un reemplazo, igualmente resulta
vulneratorio de las garantías laborales de orden constitucional. En
consecuencia, la Sala ordenará que, sin dilación alguna, luego de
verificados los requisitos que exige la ley para ello, se concedan las
vacaciones.
28. En otras palabras, supeditar la orden judicial de concesión de
vacaciones a la expedición del CDP, como venía haciéndose, resulta ser
un contrasentido, pues el disfrute del aludido derecho seguiría igualmente
atado a la suerte y retardo de la gestión administrativa que deba
adelantarse ante las direcciones seccionales y Ejecutiva de Administración
Judicial para obtener dicho certificado.
29. En lo que respecta a la orden de expedición de CDP, la Sala
revocará la misma, dada por el juez de primera instancia y negará dicha
pretensión por cuanto (1) la acción de tutela no es el medio idóneo para
dictar órdenes que impliquen erogaciones y/o apropiaciones
presupuestales y (2) la falta de nombramiento de un reemplazo en el
cargo que desempeña la parte actora y la eventual congestión a la que
se vería enfrentado el respectivo despacho judicial durante el periodo de
vacaciones son problemáticas propias del mismo aparato judicial, que
necesariamente deberá superarse para lograr una eficiente y adecuada
prestación del servicio de justicia, sin que ello no pueda perjudicar al
trabajador que ha prestado sus servicios, de forma interrumpida, durante
un año de servicio.
30. Es decir, las problemáticas derivadas de la situación administrativa
que se produce por la salida a vacaciones de un empleado o funcionario,
de cara a la prestación del servicio, son aspectos que se salen de la órbita
de amparo de la acción de tutela presentada por quien vio vulnerados sus
derechos al trabajo en condiciones dignas, descanso, igualdad, familia y
salud.
31. Aunado a ello, debe aclarase que nada impide que eventualmente
los demás empleados y funcionarios que deban permanecer en el
despacho judicial, durante el periodo de vacaciones, inicien las acciones
o mecanismos que estimen pertinentes para obtener la protección de sus
derechos laborales y constitucionales.
32. Debido a que se trata de una problemática reiterada y extendida
que afecta a todos los servidores judiciales que se encuentran en tales
situaciones, a tal punto que por ese motivo se han presentado una gran
cantidad de acciones de tutela por hechos similares sin que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura,
como representantes de la Rama Judicial para tales efectos, hayan
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dictado medidas suficientes para conjurar dicha situación, se les exhortará
para que adopten las decisiones necesarias y expidan los actos
correspondientes con el fin de solucionar de una vez por todas las
situaciones administrativas y el derecho al descanso de todos los servidores
de la Rama Judicial a quienes dicha garantía se les ha negado, sin que
con las nuevas medidas a adoptar se afecte la debida, oportuna y
adecuada prestación del servicio de administración de justicia en los
despachos o dependencias de los que hacen parte.
2.4. Conclusión
33. Por las consideraciones expuestas, esta Sala modificará la decisión
de primer grado proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, en el
sentido de confirmar el amparo de los derechos de la parte actora,
ordenar al nominador que conceda, sin mayor dilación, las vacaciones
solicitadas y revocar la orden de expedición del CDP.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la Sentencia de 10 de julio
de 2023, por las razones antes anotadas
TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero de la Sentencia de 10 de julio
de 2023 del Tribunal Administrativo de Tolima, para que en su lugar
disponga:
TERCERO. ORDENAR al Juez 4 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas,
a partir de la notificación de esta providencia, conceda las
vacaciones solicitadas por Aidy Lorena Basto Valencia.
CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia objeto de
impugnación.
QUINTO: EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial para que adopten las decisiones
necesarias y expidan los actos administrativos correspondientes con el fin
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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00234-01
Demandante: Aidy Lorena Basto Valencia
Demandado: Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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de solucionar de una vez por todas las situaciones administrativas y el
derecho al descanso de todos los servidores de la Rama Judicial a quienes
dicha garantía se les ha negado, sin que con las nuevas medidas a
adoptar se afecte la debida, oportuna y adecuada prestación del servicio
de administración de justicia en los despachos o dependencias de los que
hacen parte.
SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.
SÉPTIMO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
OCTAVO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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