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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00266-01

Tutela contra providencias judiciales: se satisface parcialmente las causales

Fecha
4 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00266-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Modificar la sentencia proferida el 28 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Tolima, la cual quedará así: 17 Radicación: 73001-23-33-000-2023-00266-01 Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada Demandado: Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué Sentencia de tutela de segunda instancia PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de tutela respecto del defecto fáctico, por falta de relevancia constitucional, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia. SEGUNDO. Negar la solicitud de amparo respecto del defecto sustantivo alegado. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2023-00266-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00266-01
Demandante: HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA
Demandado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Se satisface parcialmente las causales
genéricas para el examen del defecto sustantivo alegado / NATURALEZA DEL RECURSO
DE INSISTENCIA - Por ser una decisión judicial definitiva que decide sobre las pretensiones
del peticionario es improcedente exigir el requisito de reposición como requisito de
subsidiariedad / ALCANCE DEL RECURSO DE INSISTENCIA - Es el mecanismo idóneo
para discutir la respuesta que niega el acceso a información por razones de reservas, y no
para reparos de otra naturaleza / DEFECTO SUSTANTIVO - No se configura porque, si
bien la autoridad judicial accionada hizo afirmaciones inexactas, en la decisión final no logró
estructurarse un defecto sustantivo.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia
del 28 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por
medio de la cual se negó la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 17 de julio de 2023, el señor Hermann Gustavo Garrido Prada interpuso acción
de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la información pública, de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, con ocasión de la
providencia dictada el 12 de julio de 2023, en la que se resolvió el recurso de
insistencia con radicado 73001-33-33-002-2023-00155-00. Formuló las siguientes
pretensiones (se transcriben textualmente):

PRIMERO: CONCEDER el amparo de mis derechos constitucionales
fundamentales DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y AL
DEBIDO PROCESO.

1 Se advierte que, el 11 de agosto de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 73001-23-33-000-2023-00266-01
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué
Sentencia de tutela de segunda instancia

SEGUNDO: Disponer que se deje sin efectos la sentencia del JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO IBAGUÉ emitida el doce (12)
de julio de dos mil veintitrés (2023), dentro del RECURSO DE INSISTENCIA
Exp. No. 73001-33-33-002-2023-00155-00 y en su lugar, ordenar que el plazo
de 10 días se profiriera la providencia de reemplazo, en la cual se ordene que
se adicione la entrega de la información referida a los contratos y las
hojas de vida del personal del contratista vinculado durante la ejecución
contractual con los soportes que demuestran su idoneidad, así como los
soportes de pago de la seguridad social y parafiscales del personal del
contratista vinculado durante la ejecución contractual, relación de
maquinaria, herramienta, equipos y demás dispuestos por el contratista
durante la ejecución contractual, etc.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

El 31 de julio de 2022, el señor Hermann Gustavo Garrido Prada solicitó al Instituto
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué (INFIBAGUÉ), entre otros
puntos, que respecto del contrato derivado de la licitación pública LP-003-2022 cuyo
objeto es la «modernización a todo costo en tecnología LED del sistema de
alumbrado público en la zona urbana del municipio de Ibagué» le suministraran los
siguientes documentos:

«[C]opia de los contratos y las hojas de vida del personal del contratista
vinculado durante la ejecución contractual con los soportes que demuestran su
idoneidad, así como los soportes de pago de la seguridad social y parafiscales
del personal del contratista vinculado durante la ejecución contractual, relación
de maquinaria, herramienta, equipos y demás dispuestos por el contratista
durante la ejecución contractual, etc.»

En respuesta a dicha petición, el INFIBAGUÉ señaló que «en la página previamente
citada encontrará públicos los datos de ese carácter; sin embargo, por efectos de la
ley 1581 de 2012 se mantiene reserva de datos privados y semiprivados».

Por lo anterior, el 30 de septiembre de 2022, el señor Garrido Prada interpuso
recurso de insistencia, y en oficio del 4 de octubre de 2022 INFIBAGUÉ reiteró su
posición anterior —sin embargo, según afirmación del demandante, la entidad no
remitió el expediente para el trámite del recurso de insistencia—.

Ante la falta de remisión del recurso de insistencia para su reparto entre las
autoridades judiciales, el demandante presentó acción de cumplimiento contra
INFIBAGUÉ, y el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, al que correspondió su
conocimiento, mediante sentencia del 8 de mayo de 2023, ordenó a la Oficina de
Apoyo Judicial de los Juzgados Administrativos de Ibagué repartir el recurso de
insistencia porque se acreditó que, desde el 20 de octubre de 2022, había sido
remitido por INFIBAGUÉ.

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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00266-01
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué
Sentencia de tutela de segunda instancia

Finalmente, correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué conocer
del recurso de insistencia, y mediante providencia del 12 de julio de 2023 resolvió
(se transcribe literalmente):

PRIMERO: DECLARAR, que fue indebidamente motivada la respuesta al
derecho de petición presentada por el señor HERMAN GUSTAVO GARRIDO
PRADA, radicado bajo Nº2022209 solicitó ante el gerente de INFIBAGUÉ, el
expediente contractual de la licitación pública LP-003-2022, por parte del
Secretario ( e ) del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE IBAGUÉ, por las razones expuestas en los considerandos.

SEGUNDO: ORDENAR Al Gerente del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE, se expida copia de los
documentos que obren en el expediente administrativo de la licitación pública
LP-003-2022, teniendo en cuenta lo dispuesto en los considerandos, con las
limitaciones que allí se establecieron.

1.3. Argumentos de la tutela

El señor Hermann Gustavo Garrido Prada sostuvo que la autoridad judicial incurrió
en defecto fáctico— sin especificar por qué— y defecto sustantivo, «por indebida
interpretación del artículo 26 de la Ley 1437 de 2011» y por inaplicación del artículo
9° de la Ley 1712 de 2014.

Explicó que el procedimiento previsto para el trámite del recurso de insistencia es
meramente objetivo, circunscrito a la naturaleza y el contenido de los documentos,
«y no a la percepción que tengan los interesados sobre los datos», por ende, la
decisión de «negar» la solicitud de las hoja de vida porque no se determinó quiénes
eran los contratistas constituye una limitación del derecho de acceso a la
administración de justicia pues, bajo esa lógica, la regla general sería que las hojas
de vida del personal vinculado en la ejecución de un contrato estatal es reservada,
circunstancia que desnaturaliza lo previsto en la Ley de transparencia y de acceso
a la información pública (Ley 1712 de 2014).

Señaló que si bien el juzgado ordenó que se expidiera copia de los documentos
alusivos a la licitación pública LP-003-2022, creo una limitación, al señalar que se
haría «“…teniendo en cuenta lo dispuesto en los considerandos, con las limitaciones
que allí se establecieron”» y en ellos se refirió a las hojas de vida. Por tanto, las
restricciones fueron impuestas sobre las hojas de vida del personal contratista, bajo
el entendido de que el interesado debía justificar «su capacidad y su interés real
sobre los documentos que según INFIBAGUÉ contienen información privada y
semiprivada», y desconoció que al elevar la solicitud se invocó la Ley de
Transparencia –Ley 1712 de 2014– que dispone que en ningún caso puede
rechazarse la petición por motivos de inadecuada fundamentación.

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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00266-01
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué
Sentencia de tutela de segunda instancia

En suma, el actor expuso que debió accederse a la solicitud, y de advertir que en
las hojas de vida existía información privada y semiprivada, debía disponerse la
entrega de una versión pública con supresión de dichos datos.

Adujo que la otra razón por la que se negó el acceso a la hojas de vida fue porque
faltó concreción y claridad en delimitar la información de los contratistas, a pesar de
las norma que limitan el acceso a la información pública son de interpretación
restrictiva, de modo que la interpretación del numeral 3 del artículo 24 de la Ley
1755 de 2015 no es que las hojas de vida en su integridad son reservadas, sino
que la reserva se predica de aquella información que dentro de la hoja de vida pueda
afectar los derechos a la privacidad e intimidad del titular de la información.

Insistió en que tampoco acertado negar la solicitud porque se dirigió respecto de un
personal incierto e indeterminado, dado que la petición fue clara en señalar que se
dirigía respecto de las hojas de vida del personal contratista vinculado durante la
ejecución contractual de la licitación pública LP-0003-2022 y se describió el
respectivo objeto de dicho contrato.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1 Mediante auto del 17 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima
admitió la demanda de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué,
como parte demandada, y ordenó vincular al Instituto de Financiamiento,
Promoción y Desarrollo de Ibagué –INFIBAGUÉ–, como tercero con interés.

2.2. Ni la autoridad judicial accionada, ni la entidad vinculada se pronunciaron sobre
los hechos de la tutela.

3. Fallo impugnado

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante fallo del 28 de julio de 2023, declaró
improcedente la solicitud de tutela.

Como sustento de la decisión, el a quo señaló que la tutela no satisfizo el requisito
de subsidiariedad dado que la providencia cuestionada en sede constitucional era
susceptible del recurso de reposición que no fue interpuesto por el demandante.

En tal sentido, explicó que la providencia que resuelve el recurso de insistencia no
tiene la calidad de sentencia sino de auto, dado que como se deduce del artículo
278 del Código General del Proceso, dicha decisión no es de aquellas que
«resuelve las pretensiones de una demanda, ni excepciones de mérito, ni tampoco

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Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
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un incidente de liquidación de perjuicios, y muchos menos un recurso de casación
y revisión», de manera que, por disposición del artículo 242 de la Ley 1437 de 2011,
es susceptible del recurso de reposición.

4. Impugnación

La parte actora impugnó el fallo de primer grado. Como sustento, afirmó que la
postura del Tribunal desconoce la tesis contenida en la sentencia dictada el 28 de
enero de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la que, al resolver
un recurso de insistencia sobre la solicitud de hojas de vida de unos contratistas,
concedió la solicitud de tutela, sin afirmar que era improcedente por falta de
agotamiento del recurso de reposición.

Asimismo, alegó que en la sentencia C-951 de 2014, la Corte Constitucional señaló
que el recurso de insistencia es un proceso judicial de única instancia.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 28 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Tolima, por
medio del cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

Para ello, en los términos de la impugnación presentada, se examinará si el a quo
acertó en su razonamiento al considerar que la tutela no cumple el requisito de
subsidiariedad. De ser así, o de advertirse el incumplimiento de otros requisitos
generales, se confirmará la decisión. En caso contrario, esto es, de cumplirse, se
analizará si se deben amparar o no los derechos fundamentales reclamados en la
tutela, con ocasión de la providencia dictada el 12 de julio de 2023 por el Juzgado
Segundo Administrativo de Ibagué, en el trámite del recurso de insistencia con
radicado 73001-33-33-002-2023-00155-00.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedencia de la tutela

Como se anticipó al delimitar el problema jurídico, esta Sala se ocupará
preliminarmente del análisis del requisito de subsidiariedad que sirvió de
fundamento para declarar improcedente la acción de tutela.

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2.1.1 De la subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la pretensión de amparo
constitucional procede ante la ausencia de otro mecanismo de defensa judicial para
la protección de los derechos fundamentales, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta condición se
encuentra reiterada en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y en la
jurisprudencia constitucional 2, los cuales, en general, insisten en la improcedencia
de la tutela para propiciar debates respecto de los cuales existen otros recursos o
instrumentos judiciales, salvo que se acredite la falta de eficacia de esos
mecanismos, previa ponderación y análisis de las condiciones de cada caso.

En este caso, la Sala se aparta del argumento del Tribunal de que el demandante
debía agotar el recurso de reposición contra la providencia que resolvió el de
insistencia por ser este un auto y no una sentencia. Todo lo contrario. En criterio de
esta Subsección, la decisión que pone fin al trámite judicial derivado del recurso de
insistencia sí tiene naturaleza de una sentencia, razón por la cual resulta
improcedente la exigencia del recurso de reposición para que se entienda agotado
el debate en la en la respectiva instancia.

Tal y como lo afirma el juez de primer grado, el recurso de insistencia es un trámite
de naturaleza judicial según lo reconoce el precedente constitucional,
particularmente, al examinar la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que
derivó en la Ley 1755 de 2015, la Corte Constitucional reiteró dicha naturaleza:

En tal virtud, la Corte encuentra que el establecimiento de un procedimiento
sumario para hacer efectivo el derecho de acceso a la información, cuando los
administrados consideren que este no ha sido satisfecho por parte de la
administración, es idóneo en la medida en que se trata de un proceso judicial
de única instancia a través del cual se decide de manera definitiva sobre
la validez de la restricción al acceso de los documentos públicos, cuyas
características procedimentales en nada riñen con el Estatuto Superior y, por
el contrario, su estipulación legal es desarrollo de los artículos 15, 23, 74 y 209
de la Constitución Política, pero, además, se ajusta a los cánones del debido
proceso previsto en el artículo 29 Constitucional 3. (Resalta la Sala)

Luego, por tratarse de un proceso judicial, la providencia que le pone fin debe tener
la naturaleza de sentencia, al margen de que se trate de un procedimiento sui
generis o especial, salvo que por expresa disposición del legislador deba
considerarse de otro tipo. De ahí que cuando el artículo 278 del Código General del
Proceso define la sentencia como aquella providencia que «decide sobre las

2 Al
respecto, existen numerosos pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre los que se
destacan las sentencias T-222 de 2017, T-317 de 2017, T-372 de 2017, T-048 de 2018, T-464 de
2019 y T-451 de 2022.
3 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez

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pretensiones de la demanda», la conclusión no puede ser que el trámite judicial de
insistencia culmina con un auto, pues ello reñiría con lo preceptuado en el CGP.

Para la Sala, el entendimiento del citado fragmento del artículo 278 del CGP de cara
al recurso de insistencia, es que la solicitud es la demanda que contiene las
pretensiones del peticionario: que se acceda a lo pedido, porque fue negado por
razones de reserva; por ende, la decisión del juez sí decide sobre esas pretensiones
en la medida que contiene los elementos propios de esta: sujeto, objeto y causa.

Así, en los recursos de insistencia se advierte que existe un sujeto activo
—peticionario— que acciona el aparato judicial frente a quien negó el acceso a la
información o documentos —sujeto pasivo— y presenta ante el juez una solicitud
con la finalidad de que se ordene la entrega de lo que le fue negado —objeto—, por
considerar inválidas las razones de la respuesta —causa—. Con otras palabras, en
la solicitud de insistencia el peticionario reclama ante el juez el derecho que estima
le asiste, que considera fue negado y vulnerado por la autoridad, de acceder a
información que sin ser reservada le habría dado el carácter de tal, y la discusión
sobre si es fundada o no de la pretensión del peticionario es otro debate que no
elimina los elementos para su configuración.

En esa línea de pensamiento, cuando la autoridad jurisdiccional en el marco de un
proceso judicial decide ese litigio, salvo disposición legal expresa o que la
naturaleza del trámite permita llegar a una conclusión indudable en contrario, la
providencia que contiene la definición de esta controversia es una sentencia judicial,
pese al carácter sui generis del trámite en el que se procesa dicha pretensión.

Aún más, en varias sentencias en las que se han decidido acciones de tutela
promovidas contra providencias que definen el recurso de insistencia, en manera
alguna se ha señalado que existan recursos o mecanismos ordinarios o
extraordinarios para discutir el contenido de esa decisión que se dicta en única
instancia. Al contrario, en reciente sentencia (T-273 de 2023), la Corte
Constitucional señaló:

La Sala precisa que, a través de la acción de tutela, las farmacéuticas
pretenden cuestionar las actuaciones de la autoridad judicial que ordenó la
entrega del acuerdo de confidencialidad y del contrato de compra suscrito entre
las compañías y el Estado colombiano; más no discutir si el Gobierno Nacional
cumplió o no con las cláusulas de los acuerdos referidos. En esa medida, el
análisis de subsidiariedad debe enfocarse en determinar si las demandantes
contaban o no con recursos ordinarios o extraordinarios idóneos para
cuestionar la providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

Bajo ese contexto, esta Corporación advierte que las farmacéuticas no
contaban con recursos ordinarios, ni extraordinarios para cuestionar la
decisión. En efecto, las providencias cuestionadas fueron emitidas dentro del

7

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trámite de insistencia previsto en el artículo 27 de la Ley 1712 de 2014, el cual
no prevé la posibilidad de interponer recursos ordinarios para discutir la
decisión. Por tanto, las demandantes no podían presentar ese tipo de
actuaciones judiciales para discutir la providencia judicial. Adicionalmente, las
accionantes tampoco podían interponer el recurso extraordinario de revisión,
porque en este caso no se configuraron las causales previstas en la legislación.
Ciertamente, los artículos 248 y 250 de la Ley 1437 de 2011 establecen que el
recurso extraordinario de revisión procede en contra de las sentencias
proferidas por los Tribunales Administrativos que estén ejecutoriadas 4. Lo
anterior, siempre que se configure alguna de las causales previstas en dicha
normativa. Puntualmente, el numeral 5° del artículo 250 de la ley aludida
dispone como causal de revisión que exista una nulidad originada en la
sentencia, contra la que no proceda apelación. Sin embargo, para la Sala, la
providencia cuestionada no puede enmarcarse en el evento señalado, porque
la nulidad alegada por las accionantes no tuvo origen en la providencia
cuestionada, sino en el auto que dispuso iniciar el trámite judicial y vincular a
los terceros con interés al proceso. Además, tampoco encaja en las demás
causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión en materia
contenciosa administrativa56

En similar sentido expuso en sentencia T-257 de 2023:

En el asunto sub examine, es claro que los actores no disponen de otro medio
de defensa judicial para cuestionar la decisión que declaró improcedente el
recurso de insistencia. En efecto, en el trámite del recurso de insistencia ya se
pronunció el tribunal declarándolo improcedente y, con posterioridad a ello, el
ordenamiento jurídico no prevé ningún medio de impugnación ordinario o
extraordinario.7 Al no haber ningún recurso al que se pueda acudir, por
sustracción de materia, se tiene que no es viable analizar lo concerniente a su
idoneidad.8

Así pues, se insiste en que no fue acertado que el Tribunal otorgara la condición de
auto a una providencia que resolvió sobre las pretensiones del litigio para declarar
improcedente la tutela por un recurso que no existe en contra de las sentencias,
razón por la cual la Sala encuentra superado el requisito de subsidiariedad ante la
inexistencia de mecanismos ordinarios y extraordinarios para discutir la providencia

4
Cita original de la providencia: Ley 1437 de 2011. Artículo 248. “El recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los
jueces administrativos”.
5 Cita original de la providencia: Ley 1437 de 2011. Artículo 250. “Sin perjuicio de lo previsto en el

artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: // 1. Haberse encontrado o recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria. // 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en
documentos falsos o adulterados. // 3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos
condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 4. Haberse dictado sentencia
penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 5. Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación. // 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar. // 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica,
al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 8. Ser la sentencia contraria
a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa
juzgada y fue rechazada.”.
6 Corte Constitucional, sentencia T-273 de 2023, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar
7 Cfr. Ley 1437 de 2011, artículo 26, modificado por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, en

concordancia con el artículo 151.5 (antiguo numeral 7) de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 27 de la Ley 2080 de 2021.
8 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

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que «decide de manera definitiva sobre la validez de la restricción al acceso de los
documentos públicos 9».

2.1.2. De la relevancia constitucional

Respecto del defecto sustantivo alegado, la Sala encuentra satisfecha esta
exigencia, dado que el cargo se encuentra suficientemente argumentado, que no se
trata de un debate de carácter exclusivamente legal, ni se pretende convertir la
tutela en una instancia adicional del recurso de insistencia. La solicitud de amparo
contiene argumentos de orden constitucional para cuestionar la razonabilidad de la
providencia dictada por la autoridad judicial accionada por la posible vulneración de
garantías constitucionales como el derecho de acceso a la información y
documentos públicos.

En contraste, el defecto fáctico alegado carece de relevancia constitucional por falta
de carga argumentativa, toda vez que fue invocado sin explicar las razones por los
cuales se habría configurado, y los argumentos mencionados en la demanda están
enrutados de manera exclusiva a la indebida interpretación e inaplicación de las
disposiciones normativas sobre la información pública, elementos propios del
defecto sustantivo y no del fáctico enunciado.

Consecuente con ello, se declarará improcedente la solicitud de tutela en lo atinente
al defecto fáctico.

2.2.3. Por lo demás, se cumplió el requisito de inmediatez, dado que la providencia
cuestionada data del 12 de julio de 2023, mientras que la tutela fue radicada el 17
de julio siguiente. Finalmente, no se cuestiona una sentencia de tutela.

2.3 Del acceso a la información pública y sus limitaciones

El acceso a la información pública es un derecho fundamental consagrado en el
artículo 74 de la Constitución Política, que permite a todas las personas solicitar,
obtener o acceder a información, documentos y, en general, a todo tipo de datos
que reposen en las autoridades, a menos que el legislador consagre sobre alguno
de ellos una restricción o prohibición expresa que limite el ejercicio de este
derecho10.

9 Sentencia C-951 de 2014.
10 En la sentencia C-951 de 2014, la Corte Constitucional señaló que «ningún derecho fundamental

es absoluto y, en tal sentido se encuentra limitado por otros, lo que comporta un desarrollo específico
de lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución, en la medida en que establece que el derecho
de acceso a la información sólo puede ser restringido en unas hipótesis taxativamente señaladas en
la Constitución y en la ley».

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Esta prerrogativa se encuentra íntimamente relacionada con el derecho a la
información (artículo 2011 constitucional) y es una especie dentro del género del
derecho de petición (artículo 2312 superior), amén de su vinculación con el ejercicio
de los derechos civiles y políticos que suponen la garantía de «participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político» (artículo 40 de la Constitución
Política).

Sobre este particular, la jurisprudencia constitucional ha señalado que «[n]o
obstante esa conexión axiológica entre los derechos de petición, de información y
de acceso a los documentos públicos, cada derecho tiene una entidad propia y un
contenido autónomo discernible»13. Particularmente, en cuanto al derecho de
acceso a la información pública ha destacado tres funciones:

(i) «[G]arantiza la participación democrática y el ejercicio de los derechos
políticos»14, toda vez que fortalece la formación ciudadana y contribuye a
formar un ciudadano «activo, deliberante, autónomo y crítico” 15 que pueda
ejercer un debido control de la actividad del Estado.” 16»17.
(ii) Sirve de instrumento para ejercer otros derechos constitucionales, en la
medida que «que permite conocer las condiciones necesarias para su
realización»18, de esta forma el interesado puede exigir y asegurarse de que
«que las autoridades y agencias estatales expliquen públicamente las
decisiones adoptadas y el uso que le han dado a poder que han delegado en
ellos los ciudadanos»19.
(iii) Garantiza la transparencia de la gestión pública y se constituye en un
mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal.

En suma, el derecho de acceso a la información pública es una importante
herramienta y garantía de los asociados para informarse, participar en el control del
poder público y servir de instrumento para el ejercicio de otros derechos. Dicho de
otra forma: este derecho es «un mecanismo esencial para la satisfacción de los

11 «ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento

y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos
de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura».
12 «ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades

por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales».
13 Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
14 Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
15 Cita original de la providencia: C-053 de 1995, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
16 Cita original de la providencia: C-957 de 1999, (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
17 Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
18 Ibidem.
19 Ibidem.

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principios de publicidad y transparencia de la función pública e instrumento esencial
para salvaguardar a las personas de la arbitrariedad estatal»20.

Entre otras disposiciones, las Leyes 1712 de 2014 y 1437 de 2011 —sustituida en
lo pertinente por la Ley 1755 de 2015— consagran unas excepciones al derecho de
acceso a la información pública, precisamente porque al tratarse de un derecho
fundamental relacionado con diferentes principios constitucionales, las restricciones
para su ejercicio deben estar previstas expresamente en la ley. Por tanto, no es
casualidad que la jurisprudencia constitucional sostenga que «las limitaciones que
se le impongan se encuentran sometidas a exigentes condiciones constitucionales
y el juicio de constitucionalidad de cualquier norma que los restrinja debe ser en
extremo riguroso»21.

La Corte Constitucional, refiriéndose al acceso a la información pública en materia
de concursos de mérito, señaló que «la Ley 1755 de 2015, determinó que, por regla
general, toda información es pública y de libre acceso para los ciudadanos.
Asimismo, previó que, excepcionalmente y por motivos de reserva, se puede limitar
―e incluso negar― el acceso a cierto tipo de información»22.

Así pues, la reserva es una limitación constitucionalmente razonable al derecho de
acceso a la información pública; sin embargo, no es un fin en sí mismo, sino un
medio para alcanzar otros principios constitucionales superiores a los del derecho
limitado. Por esta razón, la restricción debe tener una consagración normativa
expresa, por lo cual corresponde al legislador ponderar los intereses
constitucionales en pugna y determinar los eventos en los cuales este derecho debe
ceder ante otros fines constitucionales. De allí que, «donde quiera que no exista
reserva legal expresa debe imperar el derecho fundamental de acceso a la
información» y «las normas que limitan el derecho de acceso a la información
deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda limitación debe estar
adecuadamente motivada 23»24.

En resumen, las limitaciones al derecho de acceso a la información pública gozan
de reserva legal, por ende, (i) el legislador debe señalar expresamente las
restricciones, y (ii) la autoridad tiene la carga de motivar la decisión que niega una

20 Ibidem.
21 Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
23 Cita original de la providencia: A este respecto la Corte ha señalado que existe una clara obligación

del servidor público de motivar la decisión que niega el acceso a un documento público y tal
motivación debe reunir los requisitos establecidos por la Constitución y la ley que se explican en la
presente sentencia. En particular debe indicar expresamente la norma en la cual se funda la reserva.
Por esta vía el asunto puede ser sometido a controles disciplinarios, administrativos e incluso
judiciales. Cfr. Sentencia T-074 de 1997. La exigencia de motivación se encuentra adicionalmente
en las normas legales sobre la materia.
24 Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.

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solicitud sobre la información reservada. Dicha decisión debe contener el
fundamento legal de la reserva y, de ser necesario, un riguroso examen de que lo
pretendido por el interesado se ajusta al supuesto de hecho previsto en la norma.
De esta manera se garantiza que no extiendan los límites a campos no
contemplados en la ley, al tiempo que se evita que la autoridad determine
discrecionalmente qué información tiene el carácter reservado o no.

De allí la importancia del recurso de insistencia 25 como un instrumento de control
judicial para que el juez examine si la negativa de la autoridad se ajusta a las
previsiones del legislador y a la doctrina constitucional sobre el acceso y los límites
a la información pública.

Por último, conviene señalar que la Corte Constitucional ha sintetizado los principios
rectores del derecho de acceso a la información pública y algunas de sus
limitaciones, así:

m. En síntesis, los principios rectores de acceso a la información, como fueron
sistematizados en la sentencia C-274 de 2013 son:

• Máxima divulgación, lo cual implica que el derecho de acceso a la información
debe ser sometido a un régimen limitado de excepciones.

• Acceso a la información es la regla y el secreto la excepción, toda vez que
como todo derecho no es absoluto, pero sus limitaciones deben ser
excepcionales, previstas por la ley, tener objetivos legítimos, ser necesarias,
con estricta proporcionalidad y de interpretación restrictiva.

• Carga probatoria a cargo del Estado respecto de la compatibilidad de las
limitaciones con las condiciones y requisitos que debe cumplir la reserva.

• Preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos
de normas o de falta de regulación.

• Buena fe en la actuación de las autoridades obligadas por este derecho, de
tal manera que contribuya a lograr los fines que persigue, su estricto
cumplimiento, promuevan una cultura de transparencia de la gestión pública y
actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional.

n. De acuerdo con el Principio 8 de los denominados Principios de Lima
(noviembre 16 de 2000) formulados en una declaración conjunta de los
Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y la OEA y presidentes de
las sociedades de prensa de varios países europeas y americanas, acogidos
por la jurisprudencia constitucional26, las restricciones al derecho de acceso a
la información que establezca la ley deben perseguir (i) un fin legítimo a la luz
de la Convención Americana de Derechos Humanos, tales como los señalados
en el artículo 13 de la CADH; (ii) la negativa del Estado de suministrar
información que le es solicitada debe ser proporcional para la protección de ese
fin legítimo y debe ser necesaria en una sociedad democrática; (iii) la negativa

25 El artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 1755 de 2015, dispone:

«ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. Si la persona
interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la
reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren
los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de
Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única
instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada».
26 Cita original de la providencia: Sentencias T-511 de 2010 y C-540 de 2012.

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a suministrar información debe darse por escrito y ser motivada y (iv) la
limitación del derecho debe ser temporal y o condicionada a la desaparición de
su causal27.

3. Caso concreto y solución del problema jurídico

Conforme se desprende del contenido normativo de las Leyes 1712 y 1755 de 2015,
el recurso de insistencia únicamente protege el derecho de acceso a la información
o documentos públicos que han sido negados al peticionario por razones de reserva,
de suerte que los debates sobre la falta, la incongruencia y otros elementos de la
respuesta distintos a la discusión sobre si la información es reservada no se
cuestionan por esta vía, sino por otros mecanismos que protegen en sentido amplio
el núcleo esencial del derecho de petición, como es la acción de tutela 28, excepto si
el que niega la información no es una autoridad. Así lo ha dicho insistentemente la
Corte Constitucional:

[L]a acción de tutela es el único mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz
para la protección del derecho fundamental invocado29. Tal y como
insistentemente lo ha señalado esta Corporación, en el ordenamiento
colombiano no existe otra alternativa judicial para garantizar la protección del
derecho fundamental de petición30, salvo cuando se trate de solicitudes
encaminadas a obtener el acceso a información reservada en poder de

27 Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
28 En tal sentido, señala la sentencia C-951 de 2014:

«En cuanto a la idoneidad de este mecanismo [del recurso de insistencia], la Corte advierte que en
la Sentencia T-466 de 2010, se pronunció en los siguientes términos:

“La jurisprudencia constitucional ha distinguido dos hipótesis de desconocimiento del
derecho fundamental de acceso a los documentos públicos que cuentan con dos
mecanismos de defensa judicial diferentes. En efecto, la primera consiste en que la
administración emita una respuesta negativa a la solicitud, aduciendo su carácter reservado
e invocando las disposiciones constitucionales o legales pertinentes. En este evento, la Corte no
ha dudado en afirmar que el recurso de insistencia es el mecanismo judicial de defensa procedente,
en tanto aquel constituye un instrumento específico, breve y eficaz para determinar la validez de la
restricción a los derechos fundamentales en cuestión. La segunda hipótesis consiste en la
vulneración por falta de respuesta material o respuesta diversa al carácter reservado de la
información. En este supuesto, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que es la acción de
tutela el mecanismo idóneo para obtener la protección de tal derecho fundamental.”» (Resaltos de
la Sala)
29 Cita original de la providencia: Sobre el particular ver las sentencias T-084 de 2015, M.P. María

Victoria Calle Correa; y T-206 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
30 Sentencia T-077 de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo: “(…) esta Corte ha estimado que el

ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz
diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración de este
derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita
efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho de
petición no ocurrió, esto es, que se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente
a la acción de amparo constitucional. // En la Sentencia C- 951 de 2014, mediante la cual la Sala
Plena de esta Corporación estudió la constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria No. 65 del
2012 Senado, – 227 de 2013 Cámara “Por medio del cual se regula el derecho fundamental de
petición y se sustituye el título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”, señaló que el derecho de petición se aplica a todo el procedimiento administrativo,
trámite que incluye los recursos ordinarios y extraordinarios, de manera que su no resolución
oportuna o adecuada también es susceptible de corregirse a través de la acción de tutela. De esta
manera, la acción de tutela es el único mecanismo idóneo y eficaz para garantizar la protección del
derecho fundamental de petición, del cual hacen parte los recursos administrativos ante las
autoridades.” Véanse, entre otras, las sentencias T-149 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez; T-084 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa; T-138 de 2017, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; y T-206 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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autoridades públicas, para lo cual el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015
contempla el recurso de insistencia31.

Cabe recalcar que la Arquidiócesis de Medellín no es una autoridad pública
sino una organización privada y, por ello, no procedería contra ella el recurso
de insistencia del que trata la Ley 1755 de 201532, contrario a lo sostenido por
la Arquidiócesis demandada en el escrito de contestación al traslado de las
pruebas en sede de revisión33. Adicionalmente, ni la Constitución ni ninguna
otra normativa prevén otro mecanismo judicial principal para que el accionante
pueda obtener la protección de su derecho fundamental de petición de
información, presuntamente vulnerado por la autoridad eclesiástica
accionada.34

De esta forma, la Sala encuentra que el origen de la discusión proviene de que,
mediante petición del 31 de julio de 2022, el señor Garrido Prada solicitó a
INFIBAGUÉ, entre otros asuntos, «copia de los contratos y las hojas de vida del
personal del contratista vinculado durante la ejecución contractual con los soportes que
demuestran su idoneidad, así como los soportes de pago de la seguridad social y
parafiscales del personal del contratista vinculado durante la ejecución contractual…».
En respuesta a dicha solicitud, la entidad le informó que «en la página previamente
citada35 encontrará públicos los datos de ese carácter; sin embargo, por efectos de
la ley 1581 de 2012 se mantiene reserva de datos privados y semiprivados».

Por consiguiente, la Sala no encuentra la razón por la cual tuvo lugar el recurso de
insistencia, como quiera que la respuesta de la entidad no corresponde a aquellas
susceptibles de dicho mecanismo, en tanto que en manera alguna se advierte en su
contenido que se hubiese negado el acceso a la solicitud por razones de reserva.
Al contrario, claramente se señaló que tendría acceso a ella en un enlace
electrónico.

31 La norma en cita dispone lo siguiente: “(…)Si la persona interesada insistiere en su petición de

información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal
Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si
se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta,
total o parcialmente la petición formulada. (…) Para ello, el funcionario respectivo enviará la
documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez
(10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos: (…) 1. Cuando el tribunal
o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba
decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.
(…) 2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga,
asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar
criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar
conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo (…).
PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la diligencia
de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella”.
32 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. El artículo 26 de esta
ley consagra la posibilidad de que un particular pueda exigir judicialmente el acceso a información
que le fue denegada por una autoridad bajo el amparo de la existencia de una reserva legal.
33 Expediente electrónico T-8.412.216. Carpeta 7 Respuesta a traslado - respuesta a OPT-A-172-

2022.zip. Subcarpeta Rta. Arquidiócesis de Medellín (después del traslado).zip. Archivo “Descorre
traslado informe Auto del 17 de marzo de 2022.pdf”.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-191 de 2022. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
35 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1PPI.8118

594&isFromPublicAreaTrue&isModal=False.

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De allí que la discrepancia del demandante no podría estar fundada en una negativa
inexistente, y si lo que pretendía era reprochar la calidad o completitud de la
información el debate no podía trasladarse al trámite de la insistencia, pues se
desnaturalizaría su contenido.

Sin embargo, lo cierto es que el asunto fue admitido y tramitado por el Juzgado
Segundo Administrativo de Ibagué, que resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR, que fue indebidamente motivada la respuesta al
derecho de petición presentada por el señor HERMAN GUSTAVO GARRIDO
PRADA, radicado bajo Nº2022209 solicitó ante el gerente de INFIBAGUÉ, el
expediente contractual de la licitación pública LP-003-2022, por parte del
Secretario ( e ) del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE IBAGUÉ, por las razones expuestas en los considerandos.

SEGUNDO: ORDENAR Al Gerente del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE, se expida copia de los
documentos que obren en el expediente administrativo de la licitación pública
LP-003-2022, teniendo en cuenta lo dispuesto en los considerandos, con las
limitaciones que allí se establecieron.

A juicio del actor, las limitaciones a las que se refiere el ordinal segundo de la
providencia, implican que la accionada incurrió en defecto sustantivo por interpretar
en forma incorrecta y omitir la aplicación de las normas referidas al acceso a la
información pública y la información sujeta a reserva, concretamente, los artículos
24 (numeral 3) y 26 de la Ley 1437 de 2017, y el 9° de la Ley 1712 de 2014.

Pese al dislate de la autoridad judicial en afirmar que el actor debía precisar el
interés y determinar las personas sobre las cuales solicitaba la información, la Sala
no encuentra que se haya incurrido en el defecto alegado, pues una lectura integral
de la providencia indica que se ordenó a INFIBAGUÉ entregar toda la información
solicitada y contenida en el expediente administrativo, con excepción de aquella que
fuese privada y semiprivada, para lo cual exigió una nueva respuesta donde se
fundamentara ese hecho. Adicionalmente, el Juzgado adujo que no toda la
información correspondía a la entidad, sino al contratista que no estaba obligado a
ello.

Sobre este segundo punto, la tutela no hizo reproche alguno a la providencia
cuestionada; de hecho, la petición inicial se gestó entre el señor Garrido Prada e
INFIBAGUÉ y no frente al contratista adjudicatario de la licitación que es quien
habría de vincular al personal necesario para la ejecución del contrato.

Nótese que el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué señaló:

De la respuesta dada, se podría decir que en términos generales
prácticamente se puso a disposición todo el expediente contractual, el
cual puede ser revisado en la página Colombia Compra, y para ello se

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envió el link, o acercarse a las instalaciones de la entidad para que
obtenga copia de los documentos que solicita, más sin embargo en algunos
deja la inquietud que algunos documentos son privados y semi privados por lo
cual el peticionario deberá justificar su capacidad y su interés real sobre los
mismos, pero no señala cuáles y no motiva su respuesta de acuerdo a la
normativa, por lo que se habrá de disponer que todos aquellos
documentos que obren en el expediente contractual, debe expedirse
copia, previo al pago de las expensas necesarias si las hay a excepción
de lo solicitado en el numeral 3º referido a contratos y hojas de vida de un
personal vinculado por el contratista de la licitación, lo cual no dispondrá
el despacho, dado que la petición del numeral tercero va dirigida a un
personal incierto e indeterminado, lo que debió precisar el interesado,
dada la ambigüedad de la solicitud y que si se trata de personal vinculado
por el contratista es éste el obligado y no la entidad.

Sin duda, la accionada reconoce que la información no fue negada, sino que se
puso a disposición del demandante el expediente contractual; y se deduce que fue
de oficio que el Juzgado estimó que el actor solicitó información de un personal
incierto e indeterminado, pero esa no fue una razón aducida por la entidad para
restringir la información que, se reitera, no fue negada.

A pesar de que no es cierto, como lo afirma el Juzgado, que era necesario identificar
al personal contratista del que se solicita la información, pues era perfectamente
determinable, en la medida en que la petición se refirió a una licitación específica,
el Juzgado señala como elemento adicional que no dispone su entrega por ser
personal del contratista y no de la entidad, afirmación que, se insiste, no fue
cuestionada en la tutela.

Sin embargo, el Juzgado aclaró que, «si en el expediente contractual, obra
contratos de este supuesto personal vinculados por el contratista deberá
suministrarse, más (sic) no las hojas de vida, ante la falta de concreción y claridad
en este ítem y en virtud de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 24 de la Ley
1755 de 2015», es decir, en el fondo sí ordenó la entrega de esa información, pero
limitada a su existencia en el expediente contractual y no a la que deba tener el
contratista que no fue destinatario de la solicitud. Y cuando señala: «con excepción
de las hojas de vida», de conformidad con la norma que allí enunciada, lo que el
Juzgado refiere es que debe limitarse a la información que sea sensible,
precisamente por ello invoca esa norma y se remite a su contenido que es del
siguiente tenor:

ARTÍCULO 24. INFORMACIONES Y DOCUMENTOS
RESERVADOS. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
El nuevo texto es el siguiente:> Solo tendrán carácter reservado las
informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la
Constitución Política o la ley, y en especial:

(…)

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las
personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes

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pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las
instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.

Por ello, concluyó que ordenaría a INFIBAGUÉ dar una nueva respuesta al
demandante, porque (se transcribe textualmente):

[Q]ue si bien, puso a su conocimiento el link, de la página Colombia Compra y
puso a su disposición que se le atendería en las instalaciones, para que
obtuviera la información que requería y que necesitará; también es, que no
motivo lo relacionado con los documentos privados y semiprivados de
donde le ordenó justificar su capacidad y su interés real sobre los mismos, pero
no señala cuáles son éstos, por lo que habrá de ordenarse que debe expedir
copia de aquellos documentos que se encuentren en el expediente contractual
de la referida licitación y si es para obtener copia deberá sufragar las expensas
necesarias si las hubiere; así mismo, y si allí obran, copia de contratos del
personal vinculado por el contratista y los anexos que estos contengan,
a excepción de las hojas de vida por las razones expuestas

Sin duda, las afirmaciones del juzgado parecen contradictorias, pero, en últimas, no
desconocen el contenido de la norma porque las limitaciones las dirigió no a las
hojas de vida en sí mismas, sino a los datos sensibles contenidos en ellos respecto
de los cuales estimó que la autoridad «no motivó lo relacionado con los documentos
privados y semi privados.

Por todo lo anterior, la Sala modificará la decisión impugnada y, en su lugar,
declarará improcedente la solicitud de tutela por falta de relevancia constitucional,
en lo atinente al defecto fáctico alegado; y la negará frente al defecto sustantivo
porque no se acreditó que la decisión cuestionada interpretara de manera indebida
las normas invocadas, al punto de estructurar una vulneración del derecho de
acceso a la información pública, sino que, a pesar del error en algunos apartes de
la motivación, protegió el derecho del actor de acceder a la información pedida, al
declarar que fue «indebidamente motivada la respuesta» y disponer la entrega de
la información contenida en el expediente administrativo de la licitación pública LO-
0003-2022-, conforme a las limitaciones de la sentencia, que no pueden ser
entendidas como otras diferentes a los datos sensibles que atenten contra la
intimidad de las personas, según la invocación que expresamente se hizo del
numeral 3 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Modificar la sentencia proferida el 28 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo
del Tolima, la cual quedará así:

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Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué
Sentencia de tutela de segunda instancia

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de tutela respecto del defecto
fáctico, por falta de relevancia constitucional, de acuerdo con lo expuesto en las
consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO. Negar la solicitud de amparo respecto del defecto sustantivo alegado.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

18

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