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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00342-01

Fecha
19 de octubre de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00342-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: CONFIMAR la decisión del 25 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que amparó los derechos fundamentales al trabajo, descanso e igualdad del señor Héctor Javier Valero González, de conformidad con la 18 Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 20 de enero del 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. No. 11001-0315-000- 2021-06992-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 11.02.21., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. No. 11001-03-15-000- 2020-05144-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 30 de mayo de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2019- 01633-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 12 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-04539-00. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 8 de mayo de 2021, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Radicado: 11001-03-15-000-2021-01627- 00 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de diciembre de 2018, M.P. Milton Chaves García. Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Héctor Javier Valero González Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Ibagué y otros Radicado: 73001-23-33-000-2023-00342-01 parte considerativa de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTA: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2023-00342-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

19 de octubre de 2023

Demandante: Héctor Javier Valero González
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Ibagué y otros
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00342-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00342-01
Demandante: HÉCTOR JAVIER VALERO GONZÁLEZ
Demandados: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE IBAGUÉ Y OTROS

Temas: Tutela de fondo - vacaciones de empleados de la Rama Judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial contra la sentencia del 25 de septiembre de 2023 del Tribunal
Administrativo del Tolima, que amparó los derechos fundamentales del señor Héctor
Javier Valero González.

I.ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 15 de septiembre de 2023, el señor Héctor Javier Valero
González, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué y el Juez Coordinador del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Ibagué, con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia y a la igualdad.

2. Consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión a la negativa de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué para conceder
la asignación presupuestal correspondiente al reconocimiento del disfrute de un
período de vacaciones, por haber laborado al servicio del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Ibagué, en forma
continua e interrumpida durante un año.

3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de sus garantías constitucionales y como
consecuencia pidió:

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Demandante: Héctor Javier Valero González
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Ibagué y otros
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00342-01

2.1. Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Judicial de
Ibagué – Tolima, la provisión de los recursos necesarios para que el Juez
Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, adopte las medidas que sean
necesarias para conceder las vacaciones del actor que están pendientes y que
fueron solicitadas.

2.2. Se ordene al Juez Coordinador de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de esta ciudad, para que una vez la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Ibagué apropie los recursos solicitados, se conceda a la
actora el disfrute de las vacaciones solicitadas

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. Mediante la resolución 076 del 11 de octubre de 2011, el señor Valero González fue
nombrado escribiente de circuito en grado nominado en propiedad del Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Ibagué, con efectos fiscales a partir del 9 de diciembre de 2011.

5. El 4 de septiembre del presente año, elevó petición ante el Juez Coordinador del
Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Ibagué, para que se le concedieran sus vacaciones por el término de 25 días
continuos a partir del 8 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2023, inclusive,
correspondiente a los servicios prestados entre el 1 de septiembre de 2022 al 31 de
agosto de 2023.

6. En atención a la petición, el secretario del Centro de Servicios Administrativos de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué solicitó el 5 de septiembre a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Ibagué disponibilidad
presupuestal para cubrir el reemplazo por motivo de vacaciones del actor en el cargo
de escribiente del circuito grado nominado, en atención a la carga laboral e
imposibilidad de la distribución de las tareas que desempeña el actor, debido a que
sus compañeros escribientes cuentan con una alta carga laboral y recibir sus funciones
durante sus vacaciones sería una sobrecarga laboral.

7. Mediante oficio DESAJIBO23-1674 del 11 de septiembre de 2023, la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué informó que no existía
disponibilidad presupuestal para el nombramiento del reemplazo del actor, pero sí
contaban con el presupuesto disponible para conceder las vacaciones al mencionado
servidor judicial.

8. Luego, el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Ibagué a través de la resolución 0139 del 12 de
septiembre de 2023, negó las vacaciones por necesidad del servicio.

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1.3. Fundamentos de la vulneración

9. Planteó el accionante que, al habérsele negado las vacaciones, se le vulneraron sus
derechos al trabajo en condiciones dignas, al descanso, a la salud física y mental, a la
familia, a la igualdad entre otros, ya que, al no contar con disponibilidad presupuestal
para nombrar su reemplazo durante el periodo de vacaciones, todos aquellas tareas
relacionadas con las funciones que desempeña, serían acumuladas hasta el reintegro
del mismo, debido a que durante su ausencia no hay quien desempeñe las labores
propias del cargo.

10. Precisó que, en repetidas oportunidades los escribientes del Centro de Servicios
de la especialidad han informado de la grave situación de sobre carga laboral y de la
necesidad de la creación de cargos de apoyo para esas funciones, por lo que esta
situación es de pleno conocimiento de la administración judicial, razón por la cual
resulta una violación flagrante al principio de igualdad, porque para algunos
funcionarios (jueces y magistrados), si se proveen los recursos para los reemplazos, y
siempre son los empleados judiciales a quienes con mayor frecuencia se le vulneran
sus derechos.

11. Sumado a ello, indicó que no es posible distribuir su carga laboral en forma
proporcionada dentro de los empleados del Centro de Servicios, porque generaría
sobrecarga laboral y estrés en los compañeros que reciban esas funciones, o en caso
contrario, se represarían hasta su posible reintegro del periodo de vacaciones o esta
imposibilidad sea óbice para desconocer el derecho al descanso remunerado.

12. Resaltó varios pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado en estos
casos, a través de los cuales amparan la protección invocada, pero también hizo
énfasis el artículo 41 del Acuerdo Colectivo entre el Consejo Superior de la Judicatura
y las Organizaciones Sindicales de la Rama Judicial 2021-2022, el cual establece que
«Art.41 REEMPLAZO DE PERSONAL EN VACACIONES INDIVIDUALES. El Consejo
Superior de la judicatura se compromete a gestionar la disponibilidad presupuestal suficiente,
que permita garantizar el nombramiento de reemplazos para los servidores judiciales con
derecho las vacaciones individuales, tales como juzgados de control de Garantías, Centros de
Servicios judiciales y de Ejecución de penas entre otros, a fin de garantizar la continuidad del
servicio de justicia para los ciudadanos. Igualmente se deja constancia que el presente artículo
se incluirá en el proyector de Refirma a la ley Estatutaria de Administración de Justicia».

13. Concluyó que, la vulneración a sus derechos a la vida en condiciones dignas, en
conexidad al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia existe de manera real
con el hecho atacado y dicha vulneración persiste, pues ante la renuencia y falta de
actividad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de apropiar los recursos
necesarios para su reemplazo, no se ha logrado establecer la fecha de disfrute de los
periodos de vacaciones a que tiene derecho y se encuentran pendientes.

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1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio
14. Mediante auto del 15 de septiembre de 2012 se admitió la demanda de tutela y se
dispuso su notificación tanto a la parte accionante como a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué y el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Ibagué.

15. Igualmente, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

1.5. Intervenciones

16. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

17. Solicitó su desvinculación del presente trámite por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, al no estar llamada ni obligada a la disposición de recursos que
permitan la contratación del remplazo de la parte accionante para la concesión del
periodo de vacaciones que ha solicitado ante su nominador.

18. Igualmente, requirió declarar la improcedencia de la acción al estar dirigida
intrínsecamente contra un acto administrativo de carácter general y abstracto, como lo
es la circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011 y por no cumplir los requisitos para
ser tenida como un mecanismo provisional para salvaguardar un derecho fundamental.

19. Estimó que la tutela era la vía idónea para lograr la protección a la que aspira la
parte accionante respecto de su derecho a disfrutar de las vacaciones. Pero frente al
análisis de legalidad de la referida circular, se cuenta con otros mecanismos de
defensa idóneos para resolver la problemática presupuestal que impide el
nombramiento de las personas que reemplazarán a quienes disfruten de sus
vacaciones.

1.5.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué

20. Requirió su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva, ya
que no era posible expedir el CDP para cubrir el disfrute de las vacaciones de la parte
actora, puesto que según la normatividad vigente la disponibilidad presupuestal está
prevista solamente para aquellas personas que ostentan la calidad de funcionarios

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judiciales y no, de empleados judiciales, correspondiéndole por tanto a su nominador
conceder las vacaciones.

21. Precisó que tiene la disponibilidad presupuestal para el pago de las vacaciones del
actor, pero no para el nombramiento de un reemplazo, razón por la cual no le puede
endilgar responsabilidad por la negación del disfrute de las vacaciones, es más,
advirtió que quien otorga el disfrute de las vacaciones a cada empleado, es su
nominador que, para el presente caso, es el Juez Coordinador del Centro de Servicios
Administrativo de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Ibagué.

22. Concluyó que, a la fecha, no se ha dado la orden por parte de ninguna autoridad
judicial ni por parte del Consejo Superior de la Judicatura de inaplicar la circular
PSAC11- 44 del 23 de noviembre de 2011, «y como es de su conocimiento las Direcciones
Ejecutivas Seccionales no podemos desatender dicha orden a nosotros impartida por el
Consejo Superior de la Judicatura».

1.5.3. Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué

23. Explicó que se negó el disfrute, debido a que dicho empleado tiene asignada la
función de recepción de apoyo de los escribientes adscritos a los 9 juzgados de la
especialidad, lo que aunado a la alta carga laboral y el poco personal impide que sus
funciones puedan ser asignadas y desempeñadas por otros servidores del Centro de
Servicios Administrativos, pues tal situación equivaldría a un trato desigual y
discriminatorio hacia estos.

24. Advirtió que, conceder las vacaciones al actor sin contar con disponibilidad
presupuestal para designar un reemplazo, significa indudablemente un traumatismo
en la prestación en el servicio de la administración de justicia, pues aun cuando en
dicha dependencia existe once cargo de escribiente del circuito grado nominado,
quienes si bien cumple funciones similares al asignarle tales labores se estaría no solo
ante la asignación de una carga desproporcionada, sino que adicionalmente afectaría
la oportuna y eficiente prestación del servicio a los usuarios.

25. Concluyó que no solo se estaría vulnerando los derechos fundamentales del actor,
sino, adicionalmente, está incumpliendo con su obligación de implementar las medidas
necesarias para que este Centro de Servicios pueda prestar el servicio esencial de la
Administración de Justicia, sin traumatismo alguno y sin la necesidad de que sus
servidores no puedan disfrutar del derecho a las vacaciones.

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1.6. Sentencia de primera instancia

26. El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 25 de septiembre de
20231 amparó el derecho al trabajo, descanso e igualdad del empleado judicial Héctor
Javier Valero González y como consecuencia de lo anterior, dispuso:

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ que, en el término de cuarenta y ocho (48)
contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho,
solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central (Unidad de
Planeación o a la dependencia que corresponda), los recursos necesarios con el
propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones del señor Héctor Javier Valero
González. Una vez obtenida, respuesta de la provisión de los recursos, deberá expedir
el certificado de disponibilidad presupuestal y comunicarlo en forma INMEDIATA, al Juez
Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Ibagué, para que se conceda el derecho a las vacaciones y garantice
el nombramiento provisional del respectivo reemplazo, sin que se afecte el buen
funcionamiento del servicio.

TERCERO: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL – NIVEL CENTRAL, que en el término de cinco (05) días hábiles, contados a
partir de la solicitud que realice la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué conforme al numeral anterior, provea los recursos necesarios con el
propósito de autorizar el reemplazo para las vacaciones de la actora.

CUARTO: ORDENAR al Juez Coordinador del CENTRO DE SERVICIOS DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE IBAGUÉ
que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la comunicación en donde se
informará la expedición del correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal,
se conceda la solicitud de vacaciones del empleado judicial Héctor Javier Valero
González, de forma que se garantice su derecho al descanso.

27. Al respecto, advirtió que el derecho al goce y disfrute de las vacaciones no puede
ser afectado por asuntos de índole administrativo, máxime si se tiene en cuenta que el
descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en
condiciones dignas.

28. Aclaró que la vulneración de las garantías de la parte actora proviene de la negativa
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué a expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para el nombramiento de su reemplazo,
hecho que obligó a la referida juez a negar las vacaciones por necesidad del servicio,
pues el centro de servicios no podía funcionar con un empleado menos ni resultaba
viable recargar a los demás servidores que laboral allí.

1 Notificada el 26 de septiembre de 2023.

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1.7. Impugnación

29. Inconforme con la decisión, mediante escrito presentado el 26 de septiembre de
2023 la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la impugnó, en el que reiteró
íntegramente los argumentos expuestos en la contestación de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

30. El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer la impugnación
interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra la sentencia
del 25 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que
amparó los derechos fundamentales del actor, de conformidad con lo establecido en
los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019.

2.2. Solicitud de desvinculación

31. Se tiene que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué
y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitaron su desvinculación del
presente trámite constitucional pues, a su juicio, carecen de legitimación en la causa
por pasiva, lo cual no fue resuelto por el a quo.

32. No obstante, dichas peticiones serán negadas ya que sus vinculaciónes se hicieron
debido a que fueron las entidades demandadas por la parte actora en su escrito de
tutela, además dichas entidades intervienen en el trámite de la apropiación de los
recursos para disponer el referido reemplazo, y en tal sentido, su comparecencia al
presente trámite tutelar se tornaba necesaria en aras de que pudieran defender sus
intereses y ejercer el derecho de defensa y contradicción que les asiste, así como para
determinar su presunta responsabilidad en la vulneración de las garantías del
accionante.

2.3. Problema jurídico

33. Corresponde en este caso establecer si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
el fallo de primera instancia, a través del cual el Tribunal Administrativo del Tolima
amparó los derechos fundamentales del señor Valero González y, en consecuencia,
ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué
adelantar las gestiones pertinentes para la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal necesario para que el Juez Coordinador del Centro de Servicios de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué designe el
reemplazo del actor y así se materialice su derecho al disfrute de sus vacaciones.

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34. Para resolver el interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama
general de la acción de tutela; (ii) el derecho al descanso del servidor judicial; (iii)
procedencia excepcional de la acción de tutela y; (iv) el caso concreto.

2.4. Panorama general de la acción de tutela

35. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

36. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El
primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que se
dice vulnerado o amenazado.

37. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.

2.5. El derecho al descanso del servidor judicial

38. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época muy
temprana2, como un derecho fundamental derivado especialmente del artículo 53 de
la Constitución Política, que determina los principios mínimos fundamentales que debe
contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador. Así como del artículo 25
ibídem que señala que todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.

39. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos ratificados
por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales3 en su artículo 7º
determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las personas al goce
de condiciones de trabajo que aseguran “el descanso, el disfrute del tiempo libre, la
limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así

2 Ver entre otras: Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004, C-035 de

2005.
3 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último,
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el
16 de diciembre de 1966".
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como la remuneración de los días festivos”. En similar sentido lo indica el artículo 7º4
del Protocolo de San Salvador5.

40. La Sala Plena de la Corte Constitucional, tiene una amplia línea jurisprudencial que
ha establecido que “uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el
descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud
o pausa en el trabajo o fatiga”6. En efecto, la ius fundamentalidad de este derecho se
deduce de la interpretación sistemática7 del artículo 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto el
descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de los
principios mínimos fundamentales del trabajo8.

4 Artículo 7º Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. Los Estados parte en el
presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que
toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos
Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia
digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna
distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda
a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en
cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias
y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador
tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra prestación
prevista por la legislación nacional;
e. la seguridad e higiene en el trabajo;
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y,
en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de
menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación
obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una
limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de
menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los
días feriados nacionales.
5 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996.

“por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador",
suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.”
6 Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía. //A propósito en dicha sentencia se expresó la

siguiente: “Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El derecho
de todo trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo tiene como fines, entre otros,
permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud física y
mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que
permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado como uno de los principios
mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y, por ende, debe entenderse como
uno de los derechos fundamentales del trabajador. La legislación laboral consagra como regla general,
la obligación de todo empleador de dar descanso dominical remunerado a todos sus trabajadores. Este
derecho lo adquieren los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los
días laborales de la semana, no falten al trabajo, o faltando, lo hayan hecho por justa causa o por culpa
o disposición del empleador. Cuando el trabajador labora menos de treinta y seis horas semanales, la
remuneración de su descanso es proporcional al tiempo laborado. Cuando no se cumplen los requisitos
exigidos por la norma en mención, el trabajador pierde el derecho a la remuneración, pero no al
descanso que es un derecho fundamental del trabajador, que nace del vínculo laboral.”
7 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 del 18.1.1993 M.P. Eduardo Cifuentes

Muñoz y C-024 del 11.11.1998 M.P. Hernando Herrera Vergara
8 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-076 del 1.3.2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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41. En ese contexto, el descanso es considerado para toda persona como la manera
de recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo dedicado
a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor o menor grado
de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el campo laboral se denomina
“vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han cumplido con el único
requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que luego de entregar todas sus
capacidades físicas y mentales para poder realizar de una manera idónea todas las
funciones asignadas por el empleador o patrono, pueda el servidor público, en este
caso, disfrutar de un merecido descanso que les permita compartir un mayor espacio
de tiempo con sus seres queridos, dedicarse a otras actividades que le den paz y
tranquilidad, restituyéndole el ímpetu para iniciar con energía sus actividades
laborales.

42. En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador es el
empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el requisito
mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a reemplazarlo, para de
esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar el normal desarrollo o
funcionamiento de la entidad o empresa.

43. En relación con lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-019 de 2004,
estableció lo siguiente:

El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga
al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de
encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para
incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética,
para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.

(…)

El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de
Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de
todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el
trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa,
necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando
se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes
de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de
trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y
debe reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues
de lo contrario se agota, envejece o muere prematuramente.

44. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y privados,
por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe ser protegido
por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido oponer trabas
administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este derecho, así lo ha dicho la
Corte: «¿el derecho fundamental al descanso puede protegerse a través de la tutela?
Por regla general, el reconocimiento y goce del derecho al descanso debe ser debatido
10

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ante la jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con la naturaleza jurídica de la
vinculación laboral, ya sea la ordinaria laboral o la contencioso administrativo, por lo
que el carácter residual de la tutela la hace improcedente. No obstante, el artículo 86
de la Carta consagra la posibilidad de que la acción constitucional prospere, aun
existiendo otro medio de defensa judicial, cuando exista un perjuicio irremediable que
autorice la protección transitoria del derecho fundamental amenazado o vulnerado».

2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela en el caso en concreto

45. El inciso 4º del artículo 86 Superior, que consagra el principio de subsidiariedad
como requisito de procedencia de la acción de tutela, establece que «esta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable». En el mismo sentido, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991, indica que el amparo constitucional será improcedente, cuando existan otros
medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para resolver la situación particular
en la que se encuentre el accionante.

46. Ahora bien, en desarrollo de la normativa expuesta, la Corte Constitucional
jurisprudencialmente9 ha sido enfática en puntualizar que el uso inadecuado, irracional
y desmesurado de la acción de tutela, con el propósito de obtener un pronunciamiento
más ágil y expedito, desnaturaliza su valor preeminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que «ésta no ha sido consagrada para
reemplazar los medios judiciales dispuestos por el Legislador para tales fines10».

47. Posteriormente, por medio de las sentencias T-373 de 2015 y T- 630 de 2015 se
concibió que, si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y
eficaces para solicitar la protección de los derechos fundamentales que se estiman
conculcados, el afectado, obligatoriamente, debe agotarlos de forma principal y no
utilizar directamente la acción de tutela.

48. No obstante, la Corte Constitucional ha puesto de presente 2 excepciones al
principio de subsidiariedad, que en caso de concurrir, harían procedente la acción de
tutela; a saber: i) se constate que el mecanismo judicial ordinario diseñado por el
legislador no es idóneo ni eficaz para proteger los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados; y ii) «siendo apto para conseguir la protección, en razón
a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la
eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la
procedencia excepcional de la tutela11».

49. Frente al primer supuesto, el máximo tribunal Constitucional ha considerado que
para que proceda el mismo, es fundamental analizar, en cada caso concreto, la

9 Sentencia T-1008 del 26 de noviembre de 2012 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
10 Corte Constitucional, Sentencia T-471 del 19 de julio de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
11 Corte Constitucional, Sentencia T-705 del 4 de septiembre de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

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idoneidad del medio de defensa, teniendo en cuenta sus particularidades en aras
de determinar «si el mecanismo judicial al alcance del afectado puede otorgar una
protección completa y eficaz, de no cumplirse con los mencionados presupuestos, el
operador judicial puede conceder el amparo constitucional de forma definitiva o
transitoria según las circunstancias particulares que se evalúen.»12

50. De la misma manera, en la sentencia T-230 de 2013, la Corte Constitucional sentó
dos fundamentos esenciales para establecer cuándo el mecanismo resulta no ser
idóneo para el fin que se busca, a saber: i) cuando no ofrece una solución integral
y ii) no resuelve el conflicto en toda su dimensión.

51. En tal sentido, el señor Valero González instauró acción de tutela con ocasión de
la negativa de la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de
Ibagué de conceder la asignación presupuestal correspondiente para el reemplazo
como empleado del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué, en aras de que pueda acceder al disfrute de sus
vacaciones, por haber laborado en forma continua e interrumpida durante 1 año.

52. Sobre el punto, la Sala advierte que en lo que respecta al acto que niega la
asignación presupuestal tendiente a nombrar el reemplazo del empleado que requirió
el disfrute de las vacaciones, el mecanismo para controvertirlos es el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437
de 201113, en el que se pueden solicitar el decreto de las medidas cautelares en los
términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 201114, por lo tanto, es en

12 Corte Constitucional, Sentencia SU-961 del 1º de noviembre de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
13 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que
se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a
dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
14 Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se

adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier
estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente
decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo
regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de
los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de
oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria
con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una
o varias de las siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes
de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
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principio, el juez de lo contencioso administrativo el llamado a dirimir las controversias
que de él surjan.

53. Sin embargo, esta Sala ha considerado15 que, en ciertos eventos las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo judicial para precaver
la eventual vulneración de derechos fundamentales, lo cual torna imperiosa la
intervención del juez constitucional como garante de su primacía dentro del
ordenamiento jurídico.

54. En primer lugar, en el presente asunto para establecer la procedencia del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011, el actor debe alegar que un acto particular y concreto vulnera un
derecho subjetivo, ya sea porque es contrario al debido proceso administrativo, que,
con independencia de las particularidades propias de la regulación específica de cada
actuación, deben ser acatadas de forma general en virtud de lo dispuesto por el artículo
29 Superior, o porque se configura alguna de las siguientes causales:

• Cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse,
• O sin competencia,
• O en forma irregular,
• O con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
• O mediante falsa motivación,
• O con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

55. Se advierte que la inconformidad de la actora radica en que el despacho no puede

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o
superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o
Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte
demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el
objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción
de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que
fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites
y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal
violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas
como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se
pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos
sumariamente la existencia de los mismos.
15 Ver las Sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, i) del 30.6.2016, rad. 25000-23-41-000-

2016-00617-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; ii) del 30.8.2018, rad. 50001-23-33-000-
2018-00171-01, M.P. Rocío Araújo Oñate y; iii) del 30.5.2019, rad. 11001-03-15-000-2019-01633-00,
M.P. Rocío Araújo Oñate.
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prescindir de sus actividades en razón a la alta congestión judicial que atraviesa y
que, de no acceder a lo solicitado, esto es, conceder la asignación presupuestal
correspondiente para el reemplazo del funcionario que solicite el disfrute de su periodo
de vacaciones16, ocasionaría un represamiento de la carga laboral y al momento de
regresar aquel, podría acarrearle una afectación grave al estado de salud.

56. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, se denota que de lo solicitado por
el señor Valero González no se puede inferir que pretenda atacar la legalidad del acto,
presupuesto indispensable para la procedencia de la pretensión del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

57. Por otro lado, esta Sala de Decisión considera pertinente aclarar que si bien, por
regla general, la acción de tutela deviene improcedente para dirimir conflictos de
naturaleza económica, lo cierto es que la no expedición del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal conlleva, en casos como este, a que el empleado tenga
que aplazar indefinidamente el disfrute de su derecho al descanso remunerado por
cuanto la falta de nombramiento de una persona que lo reemplace se traduce en la
imposibilidad de que, efectivamente, se pueda ausentar temporalmente con ocasión
de sus vacaciones.

58. En conclusión, si bien en principio y atendiendo a la subsidiariedad que caracteriza
a la acción de tutela, el oficio DESAJPOO23-437 del 14 de abril de 2023 que negó la
asignación presupuestal correspondiente para el reemplazo del accionante podría ser
controvertido por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, incluso
podría solicitar como medida cautelar la suspensión provisional, para esta Sala (en
consonancia con el desarrollo jurisprudencial frente al tema) y atendiendo la posición
fijada en la sentencia del 30 de mayo de 2019 en la que esta Sección resolvió un caso
similar, se advierte que la actora no poseen un instrumento jurídico idóneo para el
amparo de sus prerrogativas, toda vez que como se evidenció, no pretende atacar la
legalidad del acto administrativo en cuestión, de hecho podría afirmarse de manera
fehaciente que su inconformidad no se encuadra en ninguna de las causales para la
procedencia del referido medio de control.

59. Por lo anterior, resultaría inocuo que la demandante lo empleara, toda vez que no
le ofrecería una solución cabal a sus inconformidades ni mucho menos resolvería de
fondo su situación; razones suficientes para que este juez, en el caso concreto y dadas
las particularidades del asunto, adquiera competencia para conocer del fondo del
asunto ya que, se reitera, con esta tutela no se pretende una revisión de legalidad
del acto administrativo que negó la asignación presupuestal correspondiente para el
reemplazo de la actora quien funge como empleada del Centro de Servicios de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué.

16 En atención a que, como se mencionó anteriormente, los funcionarios que laboran en los Juzgados

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no pueden solicitar al tiempo el disfrute de sus
vacaciones pues ello atentaría contra el normal funcionamiento del despacho, con ocasión de la alta
demanda laboral.
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2.6. Caso concreto

60. En el presente caso, se tiene que el nominador de la parte actora negó el disfrute
de sus vacaciones con fundamento en la necesidad del servicio, la alta carga laboral
y la ausencia de presupuesto para el reemplazo del señor Valero González.

61. Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué
sostiene que los CDP para nombrar reemplazos en el caso de vacaciones solo son
procedentes para los funcionarios judiciales. Toda vez que el actor es empleado
judicial, para esta entidad, lo que corresponde es que su superior jerárquico tome todas
las medidas necesarias para que las vacaciones del demandante no obstaculicen el
debido funcionamiento del centro de servicios.

62. Para resolver este caso, para la Sala es importante resaltar que el Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011.
En este acto se reguló la manera en que deben realizarse los reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales sujetos al régimen de vacaciones
individuales. En dicha circular se establece:

(…) para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de reemplazos
en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen
de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual
deberán seguir el procedimiento de aquí (sic) se señala y que permitirá gestionar los
recursos para el nombramiento en provisionalidad de los reemplazos, cuando haya lugar
a ello.

63. Esta circular tiene por asunto: «vacaciones de los funcionarios judiciales del
Régimen de Vacaciones Individuales», lo que significa que no existe disposición
alguna para los empleados de los despachos judiciales que se encuentran bajo el
régimen individual de vacaciones. En tal sentido, es importante resaltar de conformidad
con lo expresado en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, se entiende como
funcionario judicial a los jueces, magistrados y fiscales, mientras que los demás
servidores serán empleados judiciales.

64. Por tanto, para la Sala es evidente que existe una omisión para garantizar los
recursos para nombrar reemplazos de los empleados judiciales del régimen individual
de vacaciones. Lo anterior, no puede volverse un obstáculo para que los empleados
judiciales puedan disfrutar de su derecho constitucional al descanso remunerado. Esta
garantía debe entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador y
constituye una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve
la fuerza tanto intelectual como física, para así proteger su salud física y mental y
fortalecer su dedicación para el desarrollo de sus actividades.

65. Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público tiene
derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios prestado en

15

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cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de 1968 y 1045 de
1978). En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran
establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de 199617. Esta norma establece que
empleados de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que deben ser concedidas por el
respectivo nominador, de acuerdo con las necesidades del servicio, por el término de
22 días continuos por cada año de servicios.

66. En consecuencia, es evidente que el accionante tiene derecho a disfrutar de sus
vacaciones, pues cumple con los requisitos para acceder a ellas. Esta Sala no
desconoce las necesidades de servicio alegadas por el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Ibagué. Sin
embargo, el deber de garantizar la adecuada prestación del servicio público de
administrar justicia no puede ser admitida como una excusa válida para no permitirle
a un empleado gozar del referido derecho.

67. Por tanto, las direcciones seccionales de administración judicial deben tomar todas
las medidas necesarias en los casos en que esté demostrado que la ausencia de un
empleado, que se va a disfrutar de sus vacaciones, puede generar traumatismo que
afecten el funcionamiento de la dependencia judicial y, por ende, el debido servicio de
la administración de justicia.

68. En este caso, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Ibagué ha puesto de presente que, por la excesiva carga
laboral de esa dependencia judicial, el disfrute de las vacaciones de la parte actora sin
un remplazo afectaría el funcionamiento de su departamento. En consecuencia,
también es previsible que se afecte el derecho de acceder a una adecuada
administración de justicia de los ciudadanos que tienen procesos en esa dependencia
judicial. Así las cosas, para la Sala el nombramiento de un reemplazo en
provisionalidad es una alternativa idónea que armoniza la garantía del tutelante a
disfrutar de sus vacaciones y que de los ciudadanos de contar con una adecuada y
eficiente administración de justicia.

69. Huelga decir que lo aquí resuelto ha sido reiterado por esta Sala en anteriores

17 Ley 270 de 1996. Artículo 146: “VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de

la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras
existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de
los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las vacaciones
individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa
del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a
los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos
por cada año de servicio”.
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oportunidades18, así como por las Secciones Primera19 y Cuarta20 de esta corporación.

70. En todo caso, y distinto a lo planteado por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué, esta sí resulta ser la entidad trasgresora de las
garantías constitucionales del actor pues, como se vio, la decisión Juez Coordinador
del Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué de no conceder las vacaciones del señor Héctor Javier Valero
González obedeció a la falta del CDP que permitiera designar un reemplazo, pues de
no proveerse el cargo en el periodo de descanso del accionante, existiría exceso de
carga laboral en los demás empleados de su dependencia.

71. Así las cosas, la determinación de no otorgar los recursos necesarios para el
reemplazo, sí genera una vulneración a los derechos fundamentales de la actora, ya
que como quedó evidenciado, la decisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué es un claro obstáculo para que la demandante pueda
disfrutar de su descanso remunerado.

2.7. Conclusión

Así las cosas, al encontrar demostrada la vulneración alegada por la parte actora, la
Sala confirmará la sentencia de primera instancia a través de la cual se concedió el
amparo solicitado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONFIMAR la decisión del 25 de septiembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que amparó los derechos fundamentales al trabajo,
descanso e igualdad del señor Héctor Javier Valero González, de conformidad con la

18 Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia del 20 de enero del 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. No. 11001-0315-000-
2021-06992-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia
del 11.02.21., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. No. 11001-03-15-000- 2020-05144-00. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 30 de mayo de 2019,
M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2019- 01633-00. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 12 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo
Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-04539-00.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 8 de mayo

de 2021, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Radicado: 11001-03-15-000-2021-01627- 00
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de

diciembre de 2018, M.P. Milton Chaves García. Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01.
17

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Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Ibagué y otros
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00342-01

parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTA: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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