Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2023-00395-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2023-00395-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 73001-23-33-000-2023-00395-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
22 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00395-01
Accionante: CRISTINA PÉREZ RODRÍGUEZ
Accionados: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
IBAGUÉ – TOLIMA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se confirma el fallo impugnado – Los obstáculos de índole
administrativo no pueden ser una justificación para negar el disfrute de las
vacaciones a que tienen derecho los empleados judiciales.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Nivel Central y la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué contra la sentencia de 21 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Cristina Pérez Rodríguez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia y a la igualdad,
cuya vulneración le atribuyó al Oficio núm. DESAJIBO23-1905 de 25 de octubre de
20231 y a la Resolución núm. 178 de 31 de octubre de 20232, proferidos por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué y por el Juez Coordinador
del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué, respectivamente, toda vez que afectaron el
disfrute de sus vacaciones individuales.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
1
Mediante el cual se negó la solicitud de adición presupuestal, para la contratación del reemplazo de la señora Cristina Pérez
Rodríguez.
2
Que resolvió: “NEGAR el disfrute de vacaciones de la señora CRISTINA PÉREZ RODRÍGUEZ, Escribiente del Circuito
Grado Nominado en Propiedad del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Ibagué, por necesidad del servicio; quedando pendiente del disfrute de los veinticinco (25) días de vacaciones
como quedó expuesto en la parte motiva de la presente resolución”.
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2
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00395-01
Accionante: Cristina Pérez Rodríguez
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que desde el 28 de febrero de 2017 se encuentra vinculada a la Rama
Judicial en el cargo de escribiente del Centro de Servicios de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué - Tolima, por lo que su
régimen de vacaciones es individual, de conformidad con el artículo 146 de la Ley
Estatutaria núm. 270 de 7 de marzo de 19963.
2.2. Adujo
que, actualmente, se encuentra pendiente de disfrutar el período de
vacaciones causado entre el 1.° de abril de 2022 y el 30 de marzo de 2023.
2.3. Refirió que, por lo anterior, el 17 de octubre de 2023 le solicitó al Juez
Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué que le concediera sus vacaciones “[…]
a partir del dos (02) de enero de 2024 hasta el veintiséis (26) de enero de 2024 […]”.
2.4. Indicó que, a causa de su solicitud de vacaciones, el Juez Coordinador del Centro
de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué le solicitó a la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Ibagué la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para contratar
a su reemplazo.
2.5. Expuso que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, a través
de Oficio núm. DESAJIBO23-1905 de 25 de octubre de 20234, informó que no
existía disponibilidad presupuestal para nombrar a su reemplazo, toda vez “[…] que
se trata de un presupuesto que no nos ha sido asignado y que pertenece a una
vigencia que a la fecha no ha iniciado […]”, es decir, el año 2024.
2.6. Refirió que el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, mediante
Resolución núm. 178 del 31 de octubre de 20235, negó el disfrute de sus vacaciones
por necesidad del servicio, debido a la respuesta brindada por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué.
2.7. Con base en lo señalado, la actora adujo que los actos administrativos
mencionados vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso,
a la salud, a la familia y a la igualdad, debido a que, por no expedirse el certificado
de disponibilidad presupuestal para contratar a su reemplazo, el nominador no
accedió a conceder sus vacaciones.
III. PRETENSIONES
3
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.
4
Mediante el cual se negó la solicitud de adición presupuestal, para la contratación del reemplazo de la señora Cristina Pérez
Rodríguez.
5
Que resolvió: “NEGAR el disfrute de vacaciones de la señora CRISTINA PÉREZ RODRÍGUEZ, Escribiente del Circuito
Grado Nominado en Propiedad del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Ibagué, por necesidad del servicio; quedando pendiente del disfrute de los veinticinco (25) días de vacaciones
como quedó expuesto en la parte motiva de la presente resolución”.
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Accionante: Cristina Pérez Rodríguez
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Con fundamento en lo expuesto le solicito señor Magistrado, que se
protejan mis derechos fundamentales invocados y se ordene:
1. A la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia Tolima, la
provisión de los recursos necesarios para que el Juez Coordinador del Centro
de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de esta ciudad, nombre el reemplazo del suscrito mientras disfrute
(sic) de los periodos de vacaciones pendientes y ya causados, es decir, la
vigencia del 2022-2023.
2. Al Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, Tolima, para [que]
una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apropie los recursos
solicitados para mi reemplazo, me conceda el disfrute de las vacaciones
solicitadas […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 3 de noviembre de 2023, el Magistrado del Tribunal
Administrativo del Tolima a cargo de la sustanciación del proceso admitió la
presente acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de tercero con interés en el
resultado del proceso a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
5. A través de auto de 7 de diciembre de 2023, se resolvió negar las solicitudes de
pruebas y de vinculación procesal formuladas por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
6. Mediante auto de 8 de febrero de 2024, el Magistrado de la Sección Primera del
Consejo de estado a cargo de la sustanciación de la impugnación ordenó remitir el
proceso al siguiente magistrado en turno, toda vez que la ponencia discutida en
Sala no obtuvo mayoría.
V. INTERVENCIONES
7. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegaron los siguientes informes:
7.1. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, a través del
director seccional, indicó que la presente acción era improcedente porque en el
Oficio núm. DESAJIBO23-1905 de 25 de octubre de 2023 se señaló la imposibilidad
de disponer de recursos con los cuales contratar el remplazo de la accionante
durante su periodo vacaciones.
7.2. Precisó que conforme a la “[…] la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011, es clara en el sentido de regular unas situaciones relacionadas con el disfrute
y expedición de recursos para el nombramiento de remplazos, pero solo para
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Accionante: Cristina Pérez Rodríguez
aquellas personas que ostentan la condición de FUNCIONARIOS y no para los
empleados […]”.
7.3. Agregó que la acción no cumple con el requisito general de procedencia de
subsidiariedad, por cuanto “[…] la protección del derecho laboral de la accionante
debe ser atendido judicialmente por el medio correspondiente y por el Juez Natural
que corresponde al Juez Contencioso Administrativo o Laboral si llegare a ser el
competente […]”.
7.4. Finalmente, advirtió que en el presente asunto no se observa la ocurrencia de un
perjuicio irremediable que justifique la procedencia excepcional de la presente
acción constitucional.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
8. Mediante fallo de tutela de 21 de noviembre 2023, el Tribunal Administrativo del
Tolima concedió el amparo solicitado por la accionante, al considerar que se
encontraba vulnerado su derecho fundamental al trabajo, con ocasión de la
Resolución núm. 178 del 31 de octubre de 2023, proferida por el Juez Coordinador
del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué, que decidió no conceder las vacaciones a la
accionante porque no se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal para
contratar su reemplazo.
9. Indicó que restringir el disfrute de las vacaciones de la empleada judicial por falta
de presupuesto o de actuaciones administrativas “[…] no es una carga que debe
soportar la accionante […]” porque si bien la Circular PSAC11-44 de 23 de
noviembre de 20116 “[…] no estableció el procedimiento tendiente a la expedición
del Certificado de Disponibilidad Presupuestal con miras a cubrir los recursos del
nombramiento de remplazo, (…) tal omisión no puede ser el argumento para
desconocer e impedir el derecho a disfrutar de las vacaciones por parte de los
empleados y funcionarios que están al servicio de la Rama Judicial […]”.
10. Por lo anterior, consideró que “[…] indudablemente existe vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la actora, toda vez que la administración no
puede trasladar a los trabajadores el ejercicio de su propia función, y la
responsabilidad que en cumplimiento de ellas pueda desprenderse […]”.
11. En consecuencia, como medidas de restablecimiento de las garantías
constitucionales vulneradas, dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: AMPARAR el derecho al trabajo de la accionante CRISTIANA
PÉREZ RODRÍGUEZ por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración
Judicial que de forma mancomunada con la Dirección Ejecutiva Seccional de
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“ASUNTO: PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL RÉGIMEN DE
VACACIONES INDIVIDUALES”.
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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00395-01
Accionante: Cristina Pérez Rodríguez
Administración Judicial – Ibagué, en un plazo máximo de 10 días hábiles,
contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo
hubieran hecho, adelante todas las gestiones tendientes a expedir el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal para garantizar la provisión de los recursos
necesarios con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones de la
señora Cristina Pérez Rodríguez. Una vez cuente con los recursos necesarios
deberá COMUNICARLO de manera inmediata al Juez Coordinador y Centro de
Servicios Administrativos Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué-Tolima.
TERCERO: ORDENAR al Juez Coordinador y Centro de Servicios
Administrativos Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Ibagué-Tolima, que una vez, se disponga del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal para nombrar en provisionalidad el reemplazo de la señora
CRISTINA PEREZ (sic) RODRIGUEZ (sic), deberá PRONUCIARSE, en un
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de dicha comunicación,
sobre la concesión del disfrute de las vacaciones de la tutelante […]”. (Negrilla
original del texto)
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
12. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué impugnaron la decisión de 21 de
noviembre de 2023.
13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central, por
conducto de apoderado judicial, indicó que “[…] la competente para desatar el
asunto es la Dirección Seccional de Administración Judicial [de Ibagué] en virtud
de su condición de nominador del extremo accionante […]”, de ahí, que esta entidad
del nivel central carece de legitimación en la causa por pasiva.
14. Refirió que la presente acción de tutela debe ser declarada improcedente porque
no cumple con el requisito general de procedencia de la subsidiariedad, por cuanto
“[…] la protección del derecho laboral de la accionante debe ser atendido por el Juez
Contencioso Administrativo o Laboral […]”.
15. Señaló que la negativa a expedir el CDP para el nombramiento del remplazo de
la accionante tiene fundamento legal en la Circular PSAC11-44 de 2011,
válidamente aplicada a la señora Pérez Rodríguez toda vez que tiene calidad de
empleada y no de funcionaria, en los términos del artículo 125 de la Ley 270 de 7
de marzo de 19967.
16. Manifestó que dentro del proceso no se allegó prueba de la alta carga laboral del
Despacho accionado que permitiera razonablemente la apropiación de recursos
mediante la expedición del CPD. Y, tampoco se acreditó la ocurrencia de un
perjuicio irremediable que permita la procedencia excepcional de la presente acción
constitucional.
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“Estatutaria de la Administración de Justicia”
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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00395-01
Accionante: Cristina Pérez Rodríguez
17. Finalmente, solicitó la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y,
el decreto de las pruebas necesarias para probar los hechos que la accionante alega
en su escrito de tutela.
18. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, por conducto
del director seccional, impugnó el fallo de primera instancia, en el sentido de solicitar
que, dada la imposibilidad de dar cumplimiento al numeral 2º de la sentencia por el
principio de anualidad, “[…] se permita realizar por parte de la entidad (…), una vez
iniciada la vigencia 2024, las gestiones administrativas tendientes a la expedición
del certificado de disponibilidad presupuestal, momento oportuno en que se podrá
tener la apropiación presupuestal necesaria para expedir el CDP que garantice los
recursos con miras al reemplazo de la señora CRISTINA PÉREZ RODRÍGUEZ
durante el disfrute de sus vacaciones […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
19. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19918, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20159, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 202110, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
201911.
VIII.2. Cuestión previa
20. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se ha
de resolver, resulta necesario pronunciarse sobre la solicitud de desvinculación
procesal presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
21. La Sala pone de presente, lo preceptuado en el artículo 75, los numerales 2° y 7°
del artículo 99 y el artículo 103 -numerales 2° y 6°- de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, que en su tenor literal disponen:
“[…] ARTÍCULO 75. FUNCIONES BÁSICAS. Al Consejo Superior de la
Judicatura le corresponde la administración de la Rama Judicial y ejercer la
función disciplinaria, de conformidad con la Constitución Política y lo dispuesto
en esta ley.
(…)
ARTÍCULO 99. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION
JUDICIAL.
(…)
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
9
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
10
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00395-01
Accionante: Cristina Pérez Rodríguez
Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:
(…)
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la
Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.
(…)
7. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones
que correspondan.
(…)
ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL.
Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de
su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director
Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial
(…)
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la
Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.
(…)
6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones
que correspondan […]”. (Subrayado fuera del texto)
22. En ese orden de ideas, para la Sala es claro que, la Dirección Ejecutiva asigna los
recursos a cada una de las direcciones seccionales, y a estas últimas le corresponde
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal necesario para la contratación del
reemplazo durante las vacaciones de la accionante.
23. Por lo anterior, se negarán la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
VIII.3. Problemas jurídicos
24. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado12, la Sala debe establecer si existe una
vulneración de los derechos fundamentales de la actora, con ocasión de la
expedición de la Resolución núm. 178 del 31 de octubre de 202312, que negó el
disfrute del derecho a las vacaciones de la accionante, y del Oficio núm.
DESAJIBO23-1905 de 25 de octubre de 202313, que dispuso no expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para la contratación de un reemplazo.
25. Con
el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las
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Que resolvió: “NEGAR el disfrute de vacaciones de la señora CRISTINA PÉREZ RODRÍGUEZ, Escribiente del Circuito
Grado Nominado en Propiedad del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Ibagué, por necesidad del servicio; quedando pendiente del disfrute de los veinticinco (25) días de vacaciones
como quedó expuesto en la parte motiva de la presente resolución”.
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Mediante el cual se negó la solicitud de adición presupuestal, para la contratación del reemplazo de la señora Cristina Pérez
Rodríguez.
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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00395-01
Accionante: Cristina Pérez Rodríguez
vacaciones de los empleados judiciales; para luego proceder a (ii) resolver el caso
concreto.
VIII.4. Derecho al trabajo en conexidad con el disfrute de las vacaciones de los
empleados judiciales
26. La Constitución Política prevé, en su artículo 25, que el trabajo es un derecho y
una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado.
Asimismo, señala que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.
27. Por su parte, el artículo 53 superior detalla varias garantías fundamentales de
obligatoria e ineludible observancia, entre las que se encuentran: el derecho a la
igualdad de oportunidades y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales. Igualmente, establece como una garantía mínima
en favor de los trabajadores, la concerniente al descanso remunerado, el cual tiene
como propósito que el empleado recupere las energías ante el desgaste normal de
las mismas originado por la actividad laboral.
28. Al respecto, la Corte Constitucional ha definido las vacaciones como:
“[…] [U]n derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que
el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el
empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus
actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho
a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las
vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la
ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. Una
de las situaciones de excepción es en caso de que los trabajadores se
desvinculen del servicio, y no hayan gozado de su derecho al descanso
remunerado, pueden recibir una indemnización monetaria […]”14. (Negrilla fuera
del texto)
29. Aunado a lo anterior, la citada corporación ha sostenido que: “[…] uno de los
derechos fundamentales del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el
Diccionario de la Real Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga […]”15.
En efecto, la naturaleza iusfundamental de este derecho se deduce de la
interpretación sistemática16 de los artículos 1.º, 25 y 53 de la Constitución Política,
en tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y
constituye uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo.
30. Ahora bien, el régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial se encuentra establecido en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996,
en los siguientes términos:
“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán
colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
14
Corte Constitucional. Sentencia C-598 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 20 de noviembre de 1997.
15
Corte Constitucional. Sentencia C-710 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; 9 de diciembre de 1996.
16
Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-024 de 1998 M.P.
Hernando Herrera Vergara.
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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00395-01
Accionante: Cristina Pérez Rodríguez
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades
del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la
Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el
respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días
continuos por cada año de servicio […]”.
31. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del citado
artículo, precisó lo siguiente:
“[…] Según se señaló a propósito del artículo 12 del presente proyecto de ley,
el ejercicio de la función pública y permanente de administrar justicia deberá
realizarse “con las excepciones que establezca la ley” (Art. 228). Significa ello,
como se explicó, que el legislador tiene plena competencia para determinar
los casos en que la rama judicial pueda cesar transitoriamente sus
actividades, en las mismas condiciones que las normas laborales lo
establecen para los demás funcionarios del Estado y los particulares. Así,
entonces, puede la ley -o en su defecto la autoridad competente- fijar o
modificar, dentro de unos márgenes razonables, los horarios de trabajo,
disponer los días de descanso y determinar los períodos de vacaciones -
individuales o colectivas-, sin que ello atente o comprometa el carácter de
permanente que la Carta Política le ha dado a la administración de justicia […]”.
(Negrilla fuera del texto)
32. A partir de lo anterior, se puede concluir que, en atención al contenido del artículo
146 de la Ley 270 de 1996, el régimen de vacaciones de los empleados de la Rama
Judicial se escinde en dos modalidades, a saber: a) los servidores que disfrutan sus
vacaciones de manera colectiva, y b) los empleados cuyo régimen vacacional es
individual y que pertenecen a la “[…] Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales
Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses […]”.
33. Sin embargo, en ambos supuestos, el empleado de la Rama Judicial se hace
merecedor del derecho a disfrutar de sus vacaciones, el cual se considera
fundamental e irrenunciable y, por tanto, su afectación debe ser protegida a través
de la acción de tutela.
VIII.5. El caso concreto
34. Laseñora Cristina Pérez Rodríguez solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al trabajo digno, al descanso, a la salud, a la familia y a la igualdad,
cuya vulneración le atribuyó al Oficio núm. DESAJIBO23-1905 de 25 de octubre de
202317 y a la Resolución núm. 178 de 31 de octubre de 202318, proferidos por la
17
Mediante el cual se negó la solicitud de adición presupuestal, para la contratación del reemplazo de la señora Cristina Pérez
Rodríguez.
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Que resolvió: “NEGAR el disfrute de vacaciones de la señora CRISTINA PÉREZ RODRÍGUEZ, Escribiente del Circuito
Grado Nominado en Propiedad del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Ibagué, por necesidad del servicio; quedando pendiente del disfrute de los veinticinco (25) días de vacaciones
como quedó expuesto en la parte motiva de la presente resolución”.
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Radicación: 73001-23-33-000-2023-00395-01
Accionante: Cristina Pérez Rodríguez
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué y por el Juez Coordinador
del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué, respectivamente, toda vez que afectaron el
disfrute de sus vacaciones individuales.
35. La autoridad judicial de primera instancia concedió el amparo solicitado, luego de
considerar, en síntesis, que la actora tenía derecho a disfrutar de sus vacaciones y
que para ello debía, previamente, autorizarse la contratación de una persona que la
reemplace, mientras disfruta de su periodo vacacional.
36. Como consecuencia de lo expuesto, se ordenó a la “[…] Dirección Ejecutiva
Nacional de Administración Judicial […]” que, “[…] de forma mancomunada con la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Ibagué […]”, adelante los
trámites administrativos y presupuestales para asignarle, en el término de diez (10)
días contados a partir del día siguiente a la notificación de esa decisión, los recursos
necesarios al Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué tendientes a
contratar el reemplazo de la accionante.
37. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de
Administración Judicial impugnaron la decisión del a quo constitucional.
38. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, en su escrito de
impugnación, manifestó que, con base del principio de anualidad, no se puede
expedir un CDP con una vigencia que no ha comenzado. Así, solicitó la oportunidad
de que una vez comience el año 2024, ahí sí expedirá el CDP solicitado, por ser el
“momento oportuno en que se podrá tener la apropiación presupuestal necesaria
para expedir el CDP”.
39. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central impugnó la
decisión de 21 de noviembre de 2023 porque (i) carecía de legitimación por pasiva;
(ii) no se cumplía con el requisito de subsidiariedad; y (iii) existía prohibición legal
para expedir el CDP.
40. Por todo lo dicho anteriormente, la Sala empieza por advertir que, en el caso de
autos, lo pretendido por la accionante es gozar de las vacaciones causadas en el
periodo comprendido entre el 1.° de abril de 2022 y el 30 de marzo de 2023.
41. En ese sentido, las vacaciones, de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, deben ser entendidas como un derecho de naturaleza fundamental
y una garantía mínima del trabajador, pues a través de este se busca la
recuperación de las energías del empleado afectadas con ocasión del desgaste
físico y mental producto del cumplimiento de las labores asignadas por el
empleador. Significa lo anterior, que en esta ocasión la acción de tutela constituye
un mecanismo idóneo para proteger la posible afectación de una garantía
constitucional.
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Accionante: Cristina Pérez Rodríguez
42. En múltiples ocasiones esta Sección19 ha desatado asuntos similares al presente
accediendo a las solicitudes de amparo y, como consecuencia de ello, se ha emitido
órdenes para que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – DEAJ asigne
los recursos necesarios, para que las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial puedan expedir el certificado de disponibilidad presupuestal que permita la
vinculación de una persona que cubra la ausencia de los actores, por encontrarse
disfrutando sus vacaciones.
43. Valga mencionar que el fundamento del amparo en dichas oportunidades
consistió en que: “[…] los asuntos de índole administrativo no pueden afectar el
derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los
trabajadores […]”20. En efecto, en sentencia de 1° de julio de 2021, esta Sala de
Decisión explicó lo siguiente:
“[…] [V]isto el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto bajo estudio,
la Sala también comparte el criterio de la Sección Cuarta, en el sentido de que
las circunstancias administrativas no se compadecen con el derecho al
goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor,
teniendo en cuenta la injerencia del derecho a las vacaciones en el
derecho al trabajo en condiciones dignas, donde el descanso constituye una
garantía fundamental del empleado, además de una prestación social y un
derecho económico relacionado con la salud y la seguridad social de las
personas.
(…)
En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta de
restricciones administrativas, no es una carga que deba soportar el
tutelante, por cuanto ello no implica que se puedan soslayar las
dificultades que la carga laboral, la insuficiencia de recursos, y algunas
veces, la acción desprendida y descuidada de quienes tienen a su cargo
la organización de los asuntos administrativos, de recursos humanos y
presupuestales de la rama, puedan proyectarse sobre los derechos de quienes
laboran en los despachos judiciales […]”21. (Negrilla fuera del texto)
44. Siguiendo esa misma línea argumentativa, esta Sección22 así como la
Subsección B de la Sección Segunda23, la Sección Cuarta y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, han venido sosteniendo el criterio consistente en que los
asuntos de índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del
período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores, por lo que, como
medida de protección del derecho, resulta procedente que el juez constitucional
ordene adelantar las gestiones pertinentes para obtener la expedición del CDP.
19
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-02681-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2019-04170-00,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez; iv) de 1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés y vii) de 9 de junio de 2022, expediente número 25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez
Sánchez.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero de 2022, expediente
número 11001-03-15-000-2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
22
20 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-04569-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de junio de
2021, expediente número 05001-23-33-000-2021-00738-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Accionante: Cristina Pérez Rodríguez
45. Teniendo en cuenta lo anterior, en criterio de la Sala existe una vulneración de
los derechos fundamentales de la señora Cristina Pérez Rodríguez porque la aquí
accionante no ha podido disfrutar de su periodo vacacional.
46. En este punto, resulta necesario precisar que, con base en el artículo 103 de la
Ley 270 de 1996, es competencia de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué “[…] [a]ctuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de
las obligaciones que correspondan […]”.
47. Asimismo, se resalta que el fundamento utilizado por el Juez Coordinador del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué para negar el disfrute de las vacaciones radica en
que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué le
informó24 que no era posible expedir el CDP para contratar a un reemplazo durante
las vacaciones de la actora. Al respecto señaló el Juez Coordinador:
“[…] 1- Que la señora CRISTINA PÉREZ RODRÍGUEZ, (…) Escribiente del
Circuito Grado Nominado en Propiedad del Centro de Servicios Administrativos
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué,
solicita vacaciones por el servicio prestado durante el periodo comprendido
entre el primero (1°) de abril de 2022 al treinta y uno (31) de marzo de 2023; las
cuales solicita entrar a disfrutar del del [sic] dos (2) hasta el veintiséis (26) de
enero del año 2024, inclusive.
(…)
4- En aras de mitigar la congestión laboral reseñada por los empleados del Centro
de Servicios administrativos, esta coordinación una vez recibida la solicitud de
vacaciones de la señora CRISTINA PÉREZ RODRÍGUEZ, ordenó oficiar al
Director Ejecutivo de Administración Judicial Dr. EDWIN RIAÑO CORTÉS, a fin
de que provean los recursos financieros para el nombramiento del reemplazo de
la empleada; misiva la cual fue resuelta a través de oficio No. DESAJIBO23-1905,
del veinticinco (25) de octubre de 2023, por medio de la cual se niegan los recursos
para el reemplazo de la solicitante, por cuanto a la fecha según voces del Director
Ejecutivo, no se pueden generar Certificados de Disponibilidad Presupuestal para
la vigencia 2024.
(…)
6- En este sentido, de las consideraciones antes dispuestas resulta evidente que
nos encontramos frente a una causal de necesidad del servicio, derivada de la
exagerada carga laboral y congestión que presenta el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Ibagué (…).
(…)
7- Atendiendo las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta que en
realidad se hace necesario que la empleada responsable del cargo en mención,
siga adelantando las funciones que tiene a su cargo, esta coordinación dispone
negar el disfrute de vacaciones de la señora CRISTINA PÉREZ RODRÍGUEZ,
quedando pendiente del disfrute de los veinticinco (25) días de vacaciones,
conforme al artículo 146 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 15 del Decreto 1045
de 1978, por las necesidades del servicio; disfrute que se concederá cuando las
condiciones laborales así lo permitan y tan pronto se apropien las partidas para su
24
Mediante oficio DESAJIBO23-1905 de 25 de octubre de 2023.
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Accionante: Cristina Pérez Rodríguez
reemplazo […]”. (negrilla y mayúscula original del texto y subrayado fuera del
texto)
48. El texto transcrito permite evidenciar que el motivo por el que no se concedió el
disfrute de las vacacione en el caso sub examine, obedece a la respuesta impartida
por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, en su condición de
ordenadora del gasto.
49. Por otro lado, recientemente, la Corte Constitucional en sentencia SU -296 de
202325 puntualizó que para garantizarle al empleado el disfrute de su derecho
fundamental al descanso, es necesario que durante el tiempo que duren las
vacaciones se le asignen las funciones a otra persona, para evitar que cuando este
se reincorpore a sus labores tenga tareas represadas que afecten su salud física y
mental. En el comunicado de prensa de la aludida providencia se señaló:
“[…] A partir de las circunstancias relevantes de cada uno de los casos
analizados, la Sala Plena de la Corte Constitucional planteó dos problemas
jurídicos. El primero, enfocado en determinar si los nominadores de los actores,
las diferentes Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
accionadas y el Consejo Superior de la Judicatura efectivamente vulneraron el
derecho fundamental al descanso de los actores que se desempeñan como
empleados judiciales, al negarse los primeros a conceder las vacaciones
solicitadas por no contar con un certificado de disponibilidad presupuestal, las
segundas a expedir los certificados de disponibilidad presupuestal solicitados y
el tercero al no regular en debida forma el procedimiento para la concesión y
disfrute de las vacaciones de los empleados que hacen parte del régimen
individual de vacaciones.
[A]l ocuparse de los casos concretos, la Sala tuvo en cuenta que la
situación administrativa a la cual se enfrentan los diferentes nominadores
como directores de los despachos judiciales es compleja y refleja que su
negativa a conceder las vacaciones a los actores no es necesariamente
caprichosa e injustificada, como lo sostuvieron las diferentes Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. Para arribar a esta
conclusión, tuvo en cuenta que, ante la negativa de las Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial a realizar determinadas actuaciones
administrativas y financieras, el nominador se encuentra compelido a
elegir entre garantizar el adecuado funcionamiento del despacho a su
cargo y la satisfacción de los derechos laborales de los empleados que lo
conforman.
Esto, porque los despachos judiciales cuyo régimen de vacaciones es
individual tienen una característica en común que se refiere a la urgencia,
importancia y volumen de los asuntos que deben tramitar de forma
ininterrumpida, lo cual implica, además, la necesidad de garantizar la
evacuación expedita de los trámites a su cargo. Además, se trata de
despachos que se encuentran altamente congestionados y, sumado a ello,
ven intensificada su carga laboral con ocasión del periodo vacacional
colectivo de los demás despachos de la Rama Judicial, pues los juzgados
cuyo régimen de vacaciones es individual asumen también la carga
laboral en asuntos de tutela cuando los demás despachos se encuentran
en receso por la vacancia judicial.
Aunque la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la Judicatura no
regula el trámite para la concesión de vacaciones individuales a los
25
Comunicado núm. 25 de 2 y 3 de agosto de 2023, en la cual se expone en síntesis los fundamentos de la Sentencia SU
296/23, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, Expedientes: T-8.735.764 (AC).
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Accionante: Cristina Pérez Rodríguez
empleados judiciales, la Sala destacó que esto no significa que aquellos
no tengan derecho a que se programen sus vacaciones o a ser
eventualmente remplazados durante el periodo en el cual disfrutan de
dicha prestación, pues ni la referida circular reglamenta el asunto ni lo
prohíbe, como parecieran entenderlo las Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial en sus respuestas durante los diferentes trámites
de tutela.
Al proseguir su análisis, la Sala destacó que el tiempo durante el cual el
empleado se encuentra de vacaciones debe ser usado exclusivamente
para que este descanse, recupere sus energías y, en general, para su
propia realización personal y familiar a través de la disposición autónoma
de su tiempo libre, lo cual se encuentra estrechamente relacionado con la
garantía de la dignidad humana. De esta manera, la garantía del derecho
al descanso no solo implica que se observe su dimensión temporal sino
que responde a aspectos sustanciales como la calidad del descanso, el
bienestar físico y mental del trabajador, así como su autonomía en la
gestión del tiempo libre. Por ello, el derecho fundamental al descanso se
vería afectado si durante este periodo se le siguen asignando al trabajador
tareas o se le mantiene en incertidumbre respecto de la acumulación de
las mismas al momento de su reincorporación, lo cual tiene la capacidad
de repercutir, sin duda, en su salud física y mental, así como en su
bienestar general.
Con fundamento en el análisis desarrollado, la Sala también encontró que la
actuación de las accionadas no solo impacta en el derecho fundamental al
descanso de los actores, sino que podría tener incidencia en la garantía de otros
derechos como la salud física y mental, así como en la dignidad humana de los
funcionarios y empleados judiciales a quienes se les ha impedido acceder a las
vacaciones en igualdad de condiciones debido a la imposición de barreras
administrativas. Además, insistió en que esta situación también puede incidir en
el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, porque la
vulneración de los derechos de los actores impacta en la cantidad de trabajo a
su cargo, la eficiencia de sus labores y, según lo informado la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, ha repercutido en el aumento de la
litigiosidad en materia de tutela para obtener la garantía de este derecho, por lo
cual es posible señalar que se trata de una situación estructural […]”. (Negrilla
fuera del texto)
50. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que a la actora se le negó el disfrute de sus
vacaciones individuales con fundamento en la falta de expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal, la Sala concluye, al igual que el a quo, que se
transgredió su derecho al trabajo, cuya vulneración es imputable a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, toda vez que el artículo
103 de la Ley 270 de 1996, ya mencionado, prevé que las Direcciones Seccionales
tienen la competencia de asignarle los recursos a los despachos judiciales de
acuerdo con su jurisdicción.
51. Con base en lo anterior, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia
impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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Accionante: Cristina Pérez Rodríguez
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de noviembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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