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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00420-01

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00420-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, en su lugar, se DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito general de la subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: INSTAR al JUZGADO para que le imparta celeridad al Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Número único de radicación: 73001-23-33-000-2023-00420-01 Actora: LEONOR SÁNCHEZ DE TRONCOSO trámite del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 73001-33-31-008-2009-00131-00. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2023-00420-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1o.) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 73001-23-33-000-2023-00420-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: LEONOR SÁNCHEZ DE TRONCOSO

TESIS: SE REVOCA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR,
SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE CARECE DEL REQUISITO GENERAL DE SUBSIDIAREDAD, AL
ENCONTRARSE EN CURSO EL PROCESO EJECUTIVO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: SALUD, SEGURIDAD SOCIAL,
MÍNIMO VITAL Y VIDA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones interpuestas por la

FIDUPREVISORA S.A. y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y

CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA1 contra la sentencia

de 28 de noviembre de 2023, mediante la cual el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA2 amparó los derechos

fundamentales de la actora.

1
En adelante la Secretaría.
2
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 73001-23-33-000-2023-00420-01
Actora: LEONOR SÁNCHEZ DE TRONCOSO

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora LEONOR SÁNCHEZ DE TRONCOSO, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales de petición, a la salud, a la seguridad social, al

mínimo vital y a la vida, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados

por el FOMAG, la FIDUPREVISORA S.A., la SECRETARÍA y el

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL

CIRCUITO DE IBAGUÉ3 al no haberse efectuado el pago de la

sentencia judicial proferida por el TRIBUNAL el 14 de diciembre de

2011, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 73001-33-

31- 008-2009-00131-00.

I.2.- Hechos

Manifestó que el 15 de marzo de 1983 se vinculó como docente al

servicio del Estado.

3
En adelante el Juzgado.

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Actora: LEONOR SÁNCHEZ DE TRONCOSO

Aseguró que el FOMAG mediante la Resolución núm.1553 de 13 de

diciembre de 2004, reconoció y ordenó el pago de su pensión de

jubilación a partir del 18 de septiembre de 2004.

Señaló que el 24 de octubre de 2008 solicitó ante el FOMAG, el

reconocimiento y pago de los factores salariales devengados al

momento de adquirir el estatus pensional; no obstante, la entidad no

emitió una respuesta a su requerimiento, por lo que se configuró un

acto ficto negativo.

Afirmó que como consecuencia de lo anterior, radicó demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra el FOMAG con el fin de que se le ordenara el reajuste

de la liquidación de la pensión de jubilación teniendo en cuenta todos

los factores salariales devengados.

Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 73001-33-31- 008-2009-00131-00 y le correspondió por

reparto en primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia

de 30 de septiembre de 2010, declaró la existencia del silencio

administrativo negativo y denegó las pretensiones de la demanda.

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Actora: LEONOR SÁNCHEZ DE TRONCOSO

Advirtió que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 14 de

octubre de 2011, revocó parcialmente la decisión del a quo y, en su

lugar, ordenó el reajuste pensional incluyendo los factores salariales

devengados durante el último año de servicios.

Reveló que, al no obtener el pago de la sentencia judicial, presentó

un proceso ejecutivo contra el FOMAG, al cual le fue asignado el

número único de radicación 73001-33-31- 008-2009-00131-00 y le

correspondió en primera instancia al JUZGADO que, mediante

providencia de 11 de noviembre de 2015, dispuso seguir adelante la

ejecución conforme lo dispuesto en el mandamiento de pago.

Subrayó que con el propósito de obtener el pago de la sentencia

judicial solicitó al JUZGADO el embargo y retención de los dineros

que posee el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, sin

embargo tal petición fue denegada, por cuanto las cuentas tenían el

carácter de inembargables.

Aseveró que el 12 de septiembre de 2023 solicitó a las entidades

accionadas la asignación de un turno para el pago de sentencia

judicial, pero hasta la fecha y pese a las gestiones adelantadas

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durante más de diez años, no ha logrado que su pensión sea pagada

conforme lo ordenó el juez.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Manifestó que la acción de tutela pretende el amparo de sus derechos

fundamentales, comoquiera que desde el 12 de septiembre de 2023

no recibió una respuesta clara, precisa y de fondo respecto a las

solicitudes de asignación del turno para el pago de la sentencia

judicial y han transcurrido más de 10 años.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Se ampare el derecho fundamental de petición, a la salud,
seguridad social, mínimo vital y móvil en conexidad con el
derecho a la vida y, en consecuencia:

Se ordene a las entidades se me asigne el turno de pago de la
obligación contenida en el proceso ejecutivo que adelanto en el
Juzgado Octavo en lo Administrativo (sic).

Se ordene a las entidades elaborar y notificar la resolución que
dé cumplimiento a la orden judicial de aumento de la cuantía de
mi pensión en la forma ordenada en la liquidación del crédito
debidamente aprobada

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Se ordene al Juzgado Octavo en lo Administrativo (sic) requerir
a los abogados y a la entidad, para que den cumplimiento a los
fallos, me asignen el turno de pago, me reajusten mi pensión y
no se quede en el papel lo ordenado por un Juez de la República
y se impongan las sanciones del caso […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1. El JUZGADO informó que ha adelantado todas las etapas

procesales relacionadas con la acción ejecutiva y que mediante

providencia de 11 de noviembre de 2015 ordenó seguir adelante con

la ejecución.

Afirmó que de conformidad a la naturaleza de la acción ejecutiva, el

proceso ha continuado su curso en la espera de que las partes

presenten la liquidación del crédito y sus actualizaciones, en el caso

de los pagos parciales, la causación de intereses o la materialización

de las medidas cautelares y el pago.

Aseguró que ha desatado todas las solicitudes formuladas por el

apoderado de la actora y, que para la fecha de la presentación del

presente informe, estaba pendiente por resolver una solicitud de 18

de septiembre de 2023 en la que se solicita al despacho exhortar a

la entidad ejecutada la asignación de turno para el pago y la

expedición de los títulos judiciales.

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Señaló que frente a la solicitud de las medidas cautelares, mediante

providencia de 27 de octubre de 2021 se negó el embargo de las

cuentas No.31000257-1 y No. 31000256-3 del Banco BBVA por tener

el carácter de inembargables, dicha providencia quedó debidamente

ejecutoriada ante el silencio de la parte interesada.

Finalmente, manifestó que “[…] no se cumple con la ruptura abierta

y grosera del ordenamiento jurídico, toda vez que su fundamentación

no es producto del mero capricho de este Despacho, el cual no se

manifiesta simple y llanamente porque el interesado no lo comparta,

porque pueda ser objeto de controversia o aun de revocatoria […]”

I.6.- Intervinientes

I.6.1.-La FIDUPREVISORA S.A., la SECRETARÍA y el FOMAG

pese a ser notificadas en debida forma, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2023, el TRIBUNAL

concedió el amparo el amparo de los derechos fundamentales al

debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo

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vital, a la vida en condiciones dignas y al de petición de la actora y,

en consecuencia, ordenó a la FIDUPREVISORA S.A. y a la

SECRETARÍA adelantar las gestiones administrativas con el fin de

expedir y aprobar el acto administrativo definitivo que resuelva el

cumplimiento de la sentencia judicial proferida el 14 de octubre de

2011.

Asimismo, ordenó efectuar el pago del reajuste pensional junto con

la respectiva indexación e intereses una vez ejecutoriado el acto

administrativo expedido por las entidades accionadas y, además,

ordenó compulsar copias la PROCURADURÍA GENERAL DE LA

NACIONAL y la FISCALÍA GENERAL DEL NACIÓN para que

investiguen la conducta disciplinaria, de responsabilidad fiscal y penal

en la que pudo incurrir la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES

DEL MAGISTERIO por el pago tardío de la sentencia judicial.

Para tal efecto, advirtió que se cumplió con el requisito general de

subsidiariedad, por lo que resultó procedente estudiar de fondo la

acción de tutela como la única vía propicia para lograr la ejecución

de la decisión judicial.

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Aseguró que el proceso ejecutivo no ha sido un mecanismo efectivo

para lograr el cumplimiento del fallo judicial, pues a partir del 11 de

noviembre de 2015 – fecha en la que se ordenó seguir adelante con

la ejecución – han transcurrido más de 8 años sin que el FOMAG

realice el pago de la obligación pensional, máxime cuando se ha

requerido a través de diferentes medios, sin que con ellos se logré el

reconocimiento y pago total de la obligación.

Igualmente, consideró que la vulneración de los derechos

fundamentales se consolidó, por cuanto la actora es una persona de

la tercera edad sujeta a una protección especial que ha soportado la

negativa de la entidad de cumplir con la orden judicial que le

reconoció y ordenó el pago del reajuste pensional.

Aseguró que existe un evidente perjuicio irremediable “[…] pues ante

su avanzada edad no ha podido acceder a su verdadera mesada

pensional, y si bien es cierto, actualmente percibe su mesada la

misma no corresponde a la que judicialmente le fue reconocida hace

más de 12 años, exponiendo a la pensionada a un viacrucis incesante

y por demás totalmente injusto e inhumano, sumado a los lógicos

gastos de apoderados judiciales que tendrá que reconocer por una

labor dentro del proceso ejecutivo ante el desconocimiento grosero

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de FOMAG ante la decisión judicial, sin olvidar que ya se habían

sometido a la administración de justicia a través de un proceso

ordinario el cual le fue favorable, pero a pesar de ello, no han podido

acceder a su reajuste pensional […]”.

Por otro lado, frente a la responsabilidad del JUZGADO aseguró que

no se precisó con claridad las actuaciones judiciales que atentan

contra sus derechos fundamentales, pero infirió que la inconformidad

es frente a la falta de materialización de las medidas cautelares.

Al respecto, consideró que “[…] la juez ha decretado medidas

cautelares tanto a cuentas bancarias de la Nación – Ministerio de

Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales e inclusive

remanentes en procesos en donde esta entidad es demandada, por

lo que, no se evidencia desconocimiento de la operadora judicial del

criterio de embargo y retención de dineros con fines a cumplir

órdenes judiciales, sino que no se ha materializado medida alguna

por circunstancias ajenas al despacho judicial […]”.

Finalmente, ordenó compulsar copias a los entes de control “[…] ante

la evidente omisión reiterada de la entidad la Nación – Ministerio de

Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

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Magisterio en dar cumplimiento a la sentencia judicial del 14 de

octubre de 2011 […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LAS IMPUGNACIONES

La FIDUPREVISORA S.A. afirmó que la acción de tutela no es el

mecanismo judicial propicio para resolver derechos de contenido

económico, por cuanto el juez de tutela no está facultado para

reemplazar las vías ordinarias establecidas por el legislador.

Aseguró que consultadas las bases de datos de la entidad el 13 de

enero de 2022 remitió a la Secretaría de Educación del Departamento

del Tolima en “estado negado” el proyecto de acto administrativo,

por lo tanto ya dio cumplimiento a la obligación legal que le impone

el Decreto 1272 de 20184.

Finalmente, precisó que le fueron impuestas obligaciones como si

fuese la responsable de la vulneración de los derechos fundamentales

de la actora, sin embargo, resaltó que la responsabilidad recae

exclusivamente en la Secretaría de Educación.

4
«Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se
reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones»

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En ese sentido, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y

su desvinculación del trámite constitucional, por cuanto no ha

vulnerado los derechos fundamentales deprecados por la actora.

Por su parte, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA manifestó que no ha vulnerado las

garantías constitucionales de la actora, por cuanto en cumplimiento

del fallo judicial “[…] se genero (sic) el radicado 2012-PENS-000864,

con identificador 1074412, la cual, aprobó y dio el cumplimiento del

fallo judicial, realizando el respectivo pago 20 de junio de 2014 […]”.

Asimismo, aseguró que el 13 de noviembre de 2019 se radicó

solicitud de ajuste de la pensión de la actora, y que con ocasión a

esta petición el 24 de marzo de 2021 se remitió a la

FIDUPREVISORA S.A. el proyecto de acto administrativo, sin

embargo, afirmó que dicha entidad realizó el estudio el día 13 de

enero de 2022 y mediante hoja de revisión núm. 2032504 negó el

pago de la prestación, por los siguientes argumentos:

“[…] Se revisan los aplicativos de la entidad, y se evidencia que con
radicado 2012-PENS-000864, identificador 1074412 se aprobó
resolución 4765 de 1 de noviembre de 2012, mediante la cual se
dio cumplimiento al fallo judicial con fecha de pago 20 de junio de
2014, reconociendo el ajuste de la pensión de jubilación de la
demandante en cuantía de $1.238.855, a partir del 19 de

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septiembre d 2004, hecho el cual no se ha tenido en cuenta dentro
del proceso ejecutivo objeto de la presente, por lo tanto, no se
debe reconocer sumas de dinero conforme a la sentencia del 11 de
noviembre de 2015, ya que anterior a la fecha de emisión de la
misma ya se había realizado el pago al docente, y si se cancelan
las sumas de dinero conforme al mandamiento de pago, se estaría
incurriendo en detrimento del patrimonio estatal […]”

Por tal motivo, solicitó revocar la decisión del a quo y, en su lugar,

declarar improcedente el amparo deprecado, por cuanto no ha

vulnerado los derechos fundamentales de la actora.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

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Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende el

amparo de sus derechos fundamentales de petición, a la salud, a la

seguridad social, al mínimo vital y a la vida, los cuales, a su juicio, le

fueron vulnerados por el FOMAG, la FIDUPREVISORA S.A., la

SECRETARÍA y el JUZGADO al no haberse efectuado el pago de la

sentencia judicial proferida por el TRIBUNAL el 14 de diciembre de

2011, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 73001-33-

5
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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31- 008-2009-00131-00.

Los disensos de la actora subyacen del hecho de que las entidades

accionadas y autoridad judicial incurrieron en la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, pese a las

actuaciones judiciales y administrativas adelantadas, no ha obtenido

la asignación del turno para el pago de la sentencia judicial.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, a través de sentencia de 28 de noviembre de 2023,

concedió el amparo de los derechos fundamentales de la actora y, en

consecuencia, ordenó a la FIDUPREVISORA S.A. y a la

SECRETARÍA adelantar las gestiones administrativas con el fin de

expedir y aprobar el acto administrativo definitivo que resuelva el

cumplimiento de la sentencia judicial proferida el 14 de octubre de

2011.

Asimismo, ordenó efectuar el pago del reajuste pensional junto con

la respectiva indexación e intereses una vez ejecutoriado el acto

administrativo expedido por las entidades accionadas y, además,

ordenó compulsar copias para que investiguen la conducta

disciplinaria, de responsabilidad fiscal y penal en la que pudo incurrir

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el FOMAG por el pago tardío de la sentencia judicial.

La FIDUPREVISORA S.A. y la SECRETARÍA impugnaron la

decisión proferida en primera instancia, al considerar que no existe

una vulneración de los derechos fundamentales de la actora.

De una parte, la FIDUPREVISORA S.A., advirtió que la acción de

tutela no es el mecanismo judicial propicio para resolver derechos de

contenido económico. Además, aseguró que dio cumplimiento a la

obligación legal que le impone el Decreto 1272 de 2018, por cuanto

el 13 de enero de 2022 remitió a la Secretaría de Educación del

Departamento del Tolima en “estado negado” el proyecto de acto

administrativo, por lo tanto la responsabilidad recae exclusivamente

en la Secretaría de Educación.

Por su parte, la SECRETARÍA señaló que no ha vulnerado las

garantías constitucionales de la actora, por cuanto en cumplimiento

del fallo judicial el pasado 20 de junio de 2014 se efectuó el pago de

la obligación pensional.

Asimismo, aseguró que el 13 de noviembre de 2019 se radicó la

solicitud de ajuste de la pensión de la actora, que con ocasión a esta

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petición el 24 de marzo de 2021 se remitió a la FIDUPREVISORA

S.A. el proyecto de acto administrativo y que dicha entidad negó el

pago de la prestación, por cuanto ya se había efectuado el pago de

las sumas reconocidas en la sentencia judicial.

Por lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a los argumentos

expuestos en las impugnaciones y el problema jurídico que debe

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo

cual, en primer lugar, debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela y, de ser así, establecer si las entidades accionadas incurrieron

en la vulneración de los derechos fundamentales alegados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en

especial, el requisito de subsidiariedad.

Frente a este asunto, la Sala advierte que dicho requisito no se

encuentra satisfecho en la medida en que las inconformidades

planteadas en la presente acción constitucional deben ser expuestas

en el proceso ejecutivo adelantado por la actora, el cual se

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encuentra en curso6 y cuya última actuación registrada en el

aplicativo Samai fue el pasado 18 de septiembre de 2023, donde se

evidencia que el expediente ingresó al despacho para resolver una

solicitud formulada por el apoderado de la actora.

Así las cosas, la Sala considera que la presente acción de tutela

es improcedente ante la existencia de otro medio de defensa

judicial, esto es, el proceso ejecutivo que actualmente se

encuentra en trámite, por lo que no es válido que se pretenda

obtener el pago de una sentencia judicial mediante el presente

mecanismo constitucional.

En efecto, el artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de

1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el

artículo 86 de la Constitución Política», prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio

para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios

será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas

fuera del texto).

6
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=730013333008201500
278007300133

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Número único de radicación: 73001-23-33-000-2023-00420-01
Actora: LEONOR SÁNCHEZ DE TRONCOSO

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues sólo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de amparo

y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se dirijan ante el

juez ordinario que de manera preferente debe conocer del fondo del

asunto.»7 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

7 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.

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En efecto, esta Sección8 ha indicado que el requisito de

subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite

el proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto,

señaló que:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el
proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las
partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas
proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de control
no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la
acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que
no convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos
efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.

En este sentido, solo en el evento en que las presuntas
irregularidades en el curso del proceso impidan el acceso a la
administración de justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva
de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el
caso sub judice por cuanto, el medio de control aún está en
trámite […]”.

Por tanto, para la Sala resulta evidente que el proceso ejecutivo que

motivó la interposición de esta acción constitucional, aún se

encuentra en trámite y, por ende, la intervención del juez

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-
03-15-000-2017-03006-00.

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constitucional se encuentra vedada. Ello, por cuanto, se reitera, es

el mismo proceso ordinario el adecuado para hacer valer los

derechos que la actora estima vulnerados y mal haría el juez de

tutela en suplantar las competencias que le están dadas al juez de

conocimiento.

Aunado a lo anterior, en el caso bajo estudio, en los argumentos de

la solicitud de amparo la actora puso de presente su edad y afirmó

que se ha afectado su mínimo vital en tanto no ha logrado el pago

de su pensión conforme lo ordenó un juez de la república.

Al respecto, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio

irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia

como mecanismo transitorio, pues la edad de la actora no es un

hecho que por sí solo configure un perjuicio irremediable que haga

procedente el estudio del fondo del asunto, además, porque no se

acredita de manera alguna que, en efecto, no cuente con más

recursos que suplan su mínimo vital, señalando qué necesidades

básicas se encuentran insatisfechas, esto último sobre lo cual se ha

señalado:

“[…] Aunado a lo anterior, la parte actora sostuvo que la decisión
controvertida vulnera su derecho fundamental al mínimo vital;
sin embargo, no allegó ningún medio probatorio para corroborar

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que ello es así y verificar que se encuentra en un estado de
vulnerabilidad, dado que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, le corresponde al accionante demostrar la
vulneración de su mínimo vital, señalando qué necesidades
básicas están siendo insatisfechas, pues “no sólo basta hacer
una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital,
sino que dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas
fehacientes y contundentes de tal afectación, que le permitan al
juez de tutela tener la certeza de tal situación […]”9.

Cabe señalar que, frente al tema de la edad, la jurisprudencia

Constitucional10 ha sostenido que la condición de sujeto de la tercera

edad no constituye per se razón suficiente para admitir la

procedencia de la acción de tutela, pues si bien son sujetos de

especial protección constitucional, deben probar la existencia de un

perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez y, en el

caso bajo estudio, la Sala reitera que no advierte la existencia de un

perjuicio irremediable, dado que de los elementos de juicio obrantes

en el expediente no es posible establecer dicha circunstancia.

Así las cosas, la Sala revocará en su totalidad la decisión de primera

instancia que concedió el amparo y, en su lugar, declarará la

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
noviembre de 2021, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04089-01(AC).
10
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, sentencia T-169/17, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Actora: LEONOR SÁNCHEZ DE TRONCOSO

improcedencia de la acción de tutela de la referencia por no cumplir

el requisito general de la subsidiariedad, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Sin perjuicio de lo anterior, se instará al JUZGADO para que le

imparta celeridad al trámite del proceso ejecutivo identificado con el

número único de radicación 73001-33-31-008-2009-00131-00,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, en su lugar, se

DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del

requisito general de la subsidiariedad, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: INSTAR al JUZGADO para que le imparta celeridad al

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Número único de radicación: 73001-23-33-000-2023-00420-01
Actora: LEONOR SÁNCHEZ DE TRONCOSO

trámite del proceso ejecutivo identificado con el número único de

radicación 73001-33-31-008-2009-00131-00.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de febrero de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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