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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2023-00444-01

Fecha
13 de marzo de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2023-00444-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

13 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 73001 23 33 000 2023 00444 01
Demandante: Juliette Vivian Toro Rodríguez
Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Ibagué (Tolima) y otros

Temas: Acción de tutela por la no expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para conceder las vacaciones individuales de la empleada de
la Rama Judicial adscrita al Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué,
Tolima.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación formulada por el director de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Ibagué (Tolima), Edwin Riaño Cortes, en contra la sentencia
proferida el 15 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Tolima,
mediante la cual amparó los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas,
descanso y salud de la señora Juliette Vivian Toro Rodríguez.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 73001 23 33 000 2023 00444 01
Demandante: Juliette Vivian Toro Rodríguez

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Juliette Vivian Toro Rodríguez promovió demanda en orden a que se tutelen
sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, al descanso, a la salud,
a la familia y a la igualdad. Como consecuencia de lo anterior, requirió lo siguiente:

a) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué
(Tolima), i) la provisión de los recursos necesarios para que el juez coordinador
del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Ibagué, ii) nombre el reemplazo de la suscrita
mientras disfrute los periodos de vacaciones pendientes, es decir, la vigencia
del 2021-2022.

b) Ordenar al juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, Tolima,
para que, una vez la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
apropie los recursos solicitados para el remplazo, conceda el disfrute de las
vacaciones.

1.1.2. Hechos de la solicitud

Del escrito de tutela se extraen los siguientes hechos:

i) La señora Juliette Vivian Toro Rodríguez, quien se encuentra nombrada en
propiedad mediante Resolución núm. 005 del 10 de julio de 2023, como escribiente de
circuito en grado nominado, en el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, el 10 de enero de 2023 solicitó al titular
de ese despacho judicial conceder sus vacaciones individuales, por haber laborado de
forma continua e ininterrumpida durante el período comprendido entre el 31 de octubre
de 2021 y el 1.° de noviembre de 2022, las cuales comenzaría a disfrutar a partir del 6
de febrero de 2023 hasta el 1.° de marzo de igual anualidad.

ii) La autoridad precitada ordenó oficiar a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué, con el fin de que expidiera el certificado de
disponibilidad presupuestal para la designación del remplazo de la señora Juliette
Vivian Toro Rodríguez durante el disfrute de sus vacaciones.

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Radicado: 73001 23 33 000 2023 00444 01
Demandante: Juliette Vivian Toro Rodríguez

iii) Sin embargo, el 27 de noviembre de 2023, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué (Tolima), mediante el Oficio núm. DESAJIBO23-
2147, resolvió desfavorablemente lo solicitado.

iv) Por lo anterior, el 27 de igual mensualidad y anualidad, el juez coordinador del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Ibagué, mediante la Resolución núm. 201, negó el disfrute del período
vacacional pretendido, por la necesidad del servicio.

1.1.3. Fundamentos de derecho

La accionante consideró que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué (Tolima) y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, vulneraron sus derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, al descanso, a la salud, a la
igualdad y a la familia, por no disponer los recursos para el nombramiento y pago de
su reemplazo mientras el disfrute de su período de descanso.

Adicionalmente, alegó que el Acuerdo Colectivo entre el Consejo Superior de la
Judicatura y las otras Organizaciones Sindicales de la Rama Judicial 2021-2022, en
su artículo 41 contempla el remplazo de personal en vacaciones individuales, en el
cual se establece que el Consejo Superior de la Judicatura se compromete a gestionar
la disponibilidad suficiente que permita garantizar el remplazo de los servidores
judiciales con derecho a vacaciones individuales, tales como Juzgados de Control de
Garantías, Centros de Servicios Judiciales y de Ejecución de penas entre otros.

Por otra parte, explicó que es de conocimiento de la administración Judicial, la grave
situación por la carga laboral de ella y sus compañeros escribientes, por lo que no se
podría repartir sus funciones entre sus compañeros, y además, existe una violación
flagrante al principio de igualdad, debido a que estos recursos si se destinan para el
descanso de jueces y magistrados.

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Demandante: Juliette Vivian Toro Rodríguez

De acuerdo con lo anterior, afirmó que en reiterada jurisprudencia se ha ordenado la
expedición de certificados de disponibilidad presupuestal, para designar el remplazo
del empleado que disfruta de vacaciones individuales. Concretamente, citó las
sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el proceso con
radicado 2021-03070-01, radicado 2020-05144-00 y radicado 2019-01633-00, entre
otras.

Por último, alegó lo establecido en la sentencia C-598 de 1997, en la cual la Corte
Constitucional tocó el tema del descanso en virtud de las vacaciones.

1.2. Actuación procesal

El 1 de diciembre de 2023, el despacho del magistrado Belisario Beltrán Bastidas del
Tribunal Administrativo del Tolima, (i) admitió la acción de la referencia en contra del
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué (Tolima) y del juez
Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué (Tolima), (ii) ordenó vincular al Consejo
Superior de la Judicatura, (iii) ordenó notificar las entidades accionadas, (iv) ordeno
oficiar a las accionadas para que informaran al despacho sobre los hechos de la tutela
y presentaran los documentos y medios probatorios referentes a los mismos, (v) otorgó
el término de dos (2) días para que las accionadas dieran respuesta a la acción, (vi)
ordenó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial referirse en su respuesta,
sobre el procedimiento administrativo para el efectivo reconocimiento y disfrute del
periodo vacacional y (vii) le ordenó a la señora Juliette Vivian Toro Rodríguez que en
el término de dos (2) días remitiera la documentación que menciono como prueba.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué (Tolima)

El director seccional de administración judicial de Ibagué, Tolima, Edwin Riaño Cortes,
se pronunció indicando que el derecho laboral de la accionada debe ser atendido por
un juez de la República, debido a que la acción de tutela no tenía vocación de

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Demandante: Juliette Vivian Toro Rodríguez

prosperar, por cuanto no cumplía con los requisitos generales y específicos para su
procedencia.

Conforme con lo anterior, indicó que el caso objeto de estudio no podía tramitarse, por
cuanto, de ser así, permitiría que todos los procesos de los funcionarios de la Rama
Judicial que se encuentran en situación similar se conozcan y resuelvan a través de la
acción constitucional, atentando así contra el derecho de defensa de la entidad, debido
a que, por la premura de la acción de tutela es imposible tramitar los documentos para
presentarlos como elementos de prueba.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 y la circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, en la cual se estableció la asignación de

recursos para el disfrute de vacaciones de los funcionarios judiciales que pertenecen
al régimen de vacaciones individuales, manifestó la imposibilidad de disponer recursos
para contratar el reemplazo del accionante, toda vez que está ostenta la calidad de
empleada judicial y no de funcionaria judicial.

Conforme con lo anterior, mencionó que la normatividad vigente no contempla los
reemplazos por vacaciones de los empleados de la rama judicial y, por lo tanto, no
existe disponibilidad presupuestal para cubrir reemplazos durante las vacaciones.

No obstante, adujo que, el nominador debe conceder las vacaciones solicitadas por la
accionante, sin perder de vista la imposibilidad de destinar recursos para el
nombramiento del reemplazo, por lo que deberá realizar una redistribución temporal
de las funciones entre los empleados del despacho durante el periodo que duran las
vacaciones.

Asimismo, manifestó que, la accionante no acreditó perjuicio irremediable para que
proceda la acción de tutela, ya sea un menoscabo material o moral en perjuicio de la
persona, por lo que sería otra de las razones para declarar la improcedencia de la
presente acción.

1.3.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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Radicado: 73001 23 33 000 2023 00444 01
Demandante: Juliette Vivian Toro Rodríguez

Ronald Jefferssón Gómez Díaz en calidad de abogado de la División de Procesos de
la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Ibagué, argumentó que la presente acción no está llamada a prosperar, toda vez que
no cumple con los requisitos generales y específicos para su procedencia y, en su
lugar, sugirió que este derecho laborar debía ser atendido por un juez.

Adicionalmente, señaló que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de
acuerdo al artículo 99 de la Ley 270 de 1996, se encarga de la ejecución,
administración y representación de la Rama Judicial, por lo tanto, no ha puesto en
riesgo ni violado ningún derecho fundamental de la accionante, toda vez que, la
apropiación de recursos para la contratación de los reemplazos de los empleados
judiciales con régimen de vacaciones individuales está prohibida.

Conforme con lo anterior, indicó que dar una respuesta positiva a la petición del disfrute
de las vacaciones seria un error, por cuanto esa facultad está por fuera de sus
competencias. Adicional a lo anterior, explicó que el trámite respectivo le corresponde
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué, sin que se entienda que
el actuar de esta sea incorrecto y, que, la situación que se presentaba correspondía
únicamente a un capricho del nominador, debido a que ellos tienen claro que no se
pueden destinar recursos para el nombramiento de remplazos de este tipo y se niega
a conceder las vacaciones sin que sea nombrado un remplazo.

Manifestó que, según el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 y la circular PSAC11-44 del
23 de noviembre de 2011, en el cual se estableció la asignación de recursos para el
disfrute de vacaciones de los funcionarios judiciales que pertenecen al régimen de
vacaciones individuales, la imposibilidad de disponer recursos para contratar el
reemplazo del accionante, toda vez que está ostenta la calidad de empleada judicial y
no de funcionaria judicial y al igual que la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué indicó que la accionante no acreditó perjuicio irremediable para que
proceda la acción de tutela por lo que sería otra de las razones para declarar la
improcedencia de la presente acción.

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Demandante: Juliette Vivian Toro Rodríguez

1.3.3. Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima

La vicepresidenta del Consejo seccional de la judicatura, respondió la acción de tutela,
haciendo alusión inicialmente, a las funciones de la entidad previstas en el artículo 101
de la Ley 270 de 1996, dentro de las cuales, aduce que no se encuentran consagradas
las de asignar partidas presupuestales para el reemplazo en vacaciones, o ejercer la
ordenación del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan
cancelar a los servidores judiciales, o el pago de salarios y prestaciones sociales; pues
esta función corresponde en estricto sentido a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué, a través del área financiera, y como lo señala el
artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 3 del Acuerdo número 6203 de 2009
proferido por Consejo Superior de la Judicatura.

Por lo anterior, indicó que el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, conforme
a las facultades de competencias otorgadas por la ley y el reglamento, no está
facultado para ordenar, solicitar, pagar, asignar o negar la partida presupuestal
solicitada por la accionante, en tanto la decisión que en derecho corresponde, está en
cabeza del director seccional de la administración judicial de Ibagué.

En tal sentido, solicitó denegar los amparos fundamentales invocados, por falta de
legitimación por pasiva, en virtud de que el Consejo Seccional de la Judicatura del
Tolima no es la instancia competente ni la autoridad para solicitar la partida
presupuestal.

1.3.4. Centro de Servicios Administrativos Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué (Tolima)

El juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, dio respuesta a la acción de
tutela en los siguientes términos:

i) Afirmó que la accionante se ha desempeñado en el cargo de escribiente en
propiedad, adscrita al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de

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Demandante: Juliette Vivian Toro Rodríguez

Seguridad de Ibagué.

ii) Señaló que, a pesar del reconocimiento del derecho a las vacaciones, la carga
laboral predominante, condujo a la delegación de la solicitud de vacaciones hecha por
la accionante, basándose en las necesidades del servicio derivadas de la excesiva
congestión laboral.

iii) Indicó que, desde las competencias del personal y despacho de la especialidad, se
han elevado solicitudes por falta de personal, y adicional a ello, también por
deficiencias en el sistema de información y servicio de Internet.

iv) Asimismo manifestó que la solicitud de vacaciones presentada por la accionada, se
direccionó y dirigió al director ejecutivo de administración judicial de Tolima,
deprecando los recursos para el reemplazo durante el periodo vacacional y, el 27 de
noviembre de 2023 recibió un oficio negando dichos recursos, lo que lo llevó a la
emisión de la Resolución 201 del mismo día y año, negando el disfrute de las
vacaciones, todo esto por estricta necesidad del servicio.

1.3.5. Consejo Superior de la Judicatura

El Consejo Superior de la Judicatura alegó la falta de legitimación en la causa por
pasiva, señalando que, como órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial,
tiene funciones administrativas sujetas a la Constitución y a la Ley 270 de 1996.
Además, mencionó decisiones judiciales y normativas que respaldaron la autonomía
administrativa de entidades como la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
manifestó que la responsabilidad de la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal recae en las direcciones seccionales de administración judicial.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó desvincular al Consejo Superior de la
Judicatura del proceso, argumentando que no es la entidad llamada a responder o a
cumplir con las órdenes que amparen las garantías constitucionales de la accionante,
por cuanto la entidad legitimada en la causa por pasiva es la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué.

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Demandante: Juliette Vivian Toro Rodríguez

1.4. Sentencia impugnada

El 15 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima amparó los derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas, descanso y salud de la señora Juliette
Vivian Toro Rodríguez y, en consecuencia, dispuso lo siguiente:

«[…]SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Ibagué – Tolima, que, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, adelante todas las
gestiones administrativas tendientes a la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal, con el fin de garantizar la provisión de los recursos necesarios, a fin que se
autorice el remplazo de las vacaciones de la señora JULIETTE VIVIAN TORO RODRÍGUEZ.
Una vez disponga de los recursos necesarios, deberá COMUNICAR tal novedad de
manera inmediata al juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Ibagué – Tolima

TERCERO: ORDENAR al JUEZ COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMIN
ISTRATIVOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
IBAGUÉ – TOLIMA, que una vez disponga del certificado de disponibilidad presupuestal para
nombrar en provisionalidad el remplazo de la señora JULIETTE VIVIAN TORO
RODRÍGUEZ, deberá PRONUNCIARSE, en un termino de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de dicha comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones
de la accionante. […]» (sic)

Para soportar la anterior decisión, en primer lugar, aclaró que si bien era cierto que
la negativa al disfrute y pago de las vacaciones de la accionante constituía un acto
administrativo particular y concreto susceptible de ser demandado por la vía de
nulidady restablecimiento del derecho, también lo era que el carácter fundamental del
derecho a las vacaciones hace ineficiente ese medio de defensa, pues la accionante
lo que solicitó es el amparo de su derecho fundamental al descanso y este debía
primer y no podía quedar suspendido a la espera de que se debatiera la validez de
la resolución correspondiente, por cuanto se puede ver afectada su salud mental y
física.

En segundo lugar, frente al caso en concreto, encontró que sí existía vulneración de
los derechos fundamentales de la demandante, toda vez que asuntos de índole
administrativa no podían afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional
que legalmente le asiste. Adicionalmente, sostuvo que, de acuerdo con el
precedentejurisprudencial del Consejo de Estado, no se puede afectar, desconocer

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o hacer nugatorio el derecho fundamental al descanso de un empleado, por la
omisión de establecer un procedimiento para garantizar los rubros de los remplazos
de los empleados judiciales con régimen de vacaciones individuales.

1.5. La impugnación

El director seccional de administración judicial de Ibagué, Tolima, Edwin Riaño
Cortes, impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual afirmó en primer lugar
que, bajo el principio de anualidad, no existe posibilidad de dar cumplimiento al
numeral segundo de la sentencia y, en segundo lugar, con fundamento en el
principio general del derecho ad impossibilia nemo tenetur, ninguna persona natural
o jurídica se le puede forzar a realizar algo si, a pesar de que le asista el derecho a
quien lo invoque, no se cuenta con las herramientas, técnicas jurídicas, financieras,
presupuestales o medios para hacerlo, aun cuando en el radique el deber de
ejecutar dicha obligación.

Lo anterior, de acuerdo con el Decreto 111 de 1996, que compiló las leyes que
conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto en su artículo 14, estableció que
el año fiscal comienza el 1°. de enero y termina el 31 de diciembre de cada año y
que después de esta fecha no se podrán asumir compromisos a cargo de las
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha.

Asimismo, indicó que un denominador común en diferentes ordenamientos jurídicos
es el principio de anualidad, en razón al cual la estimación de ingresos y la
autorización de gastos deben efectuarse en periodos de un año.

En esos términos, en la decisión del Tribunal, existe un desequilibrio al ordenar a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, Tolima, en un
plazo máximo de quince (15) días hábiles adelante las gestiones tendientes a
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal y solicitó, una vez iniciada la
vigencia 2024, la posibilidad de realizar las gestiones administrativas tendientes a
la expedición del certificado presupuestal, que garantice los recursos para nombrar
el remplazo de la señora Juliette Vivian Toro Rodríguez.

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1.6. Actuaciones adelantadas en el trámite de segunda instancia

1.6.1. El 15 de febrero de 2024, el despacho del magistrado sustanciador vinculó a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, toda vez que, el Tribunal en el auto
admisorio de la tutela, se refirió a esta en el numeral sexto para impartir una orden
pero, no la vinculó y, en consecuencia, le concedió el término de tres (3) días para
que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones en que se fundamenta la
presente solicitud de amparo.
1.6.2. El 22 de igual mes y anualidad, el abogado de la División de Procesos de la
Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Ronald Jefferssón Gómez Díaz, indicó que el derecho al disfrute de un periodo
vacacional no es competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
dado que esasatribuciones están a cargo de la Dirección Seccional de Administración
Judicial, tal y como lo prevé el artículo 99 de la Ley 270 de 1996. Adicionalmente,
sostuvo que es improcedente lo pretendido en esta acción, por cuanto la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 solo reglamentó lo relacionado con el disfrute

de vacaciones delos funcionarios judiciales; sin embargo, la accionante no ostenta
esta calidad, sino lade empleada judicial, por lo que no podría expedirse el certificado
de disponibilidad presupuestal para ese efecto.

De otra parte, resaltó que es el nominador quien se niega a conceder las vacaciones
solicitadas por la peticionaria, sin que le sea nombrado un reemplazo para el desarrollo
de sus funciones, situación que termina afectando los derechos fundamentales de
aquella, debido a que la autoridad judicial ya tiene conocimiento sobre la imposibilidad
de destinar recursos para el nombramiento de un remplazo de la accionante, al no
tener este la condición de funcionario, por lo que la orden conminatoria debe librarse
en contra del nominador, para que no condicione la concesión de las vacaciones de
esta a la expedición de un CDP que, por norma, no es posible expedir.

En igual sentido, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que la vulneración de los derechos accionados no es consecuencia de una
acción u omisión atribuible a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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De igual forma, afirmó que el nominador desconoce los principios administrativos de
planeación, presupuesto y servicio público esencial, ya que esta situación podría
evitarse con un cronograma que le permitiera a la accionante el disfrute de sus
vacaciones, como conseguir practicantes o judicantes que ayuden a alivianar la carga
que manifestó. Asimismo, precisó que no pueden ampararse los derechos
reclamados, debido a que el juez de tutela no está facultado para ordenar a una
entidad pública la disposición y destinaciónde los recursos públicos.

Por otro lado, consideró que la acción de tutela no está llamada a prosperar, debido
a que no es el medio judicialmente idóneo para reclamar la protección del derecho
laboral, ya que ello le corresponde al juez contencioso administrativo o laboral, y la
accionante tampoco demostró la existencia de un perjuicio irremediable que flexibilice
este mecanismo constitucional.

Finalmente, aseguró que el presente trámite se encuentra viciado de nulidad, puesto
que no se conformó en debida forma la parte accionada, comoquiera que no se vinculó
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien es el ente del Poder Ejecutivo que
establece el presupuesto y hace las asignaciones para el cumplimiento de los fines,
funciones y competencias administrativas del sector público, entre ellos, el servicio de
justicia.

En ese orden de ideas, solicitó (i) decretar la falta de legitimación en la causa por
pasiva, al no estar la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial llamada ni obligada
a la disposición de recursos que permitan la contratación del remplazo para la
concesión del periodo de vacaciones; (ii) decretar la improcedencia de la acción de
tutela, por no cumplir requisitos para considerarla mecanismo provisional; (iii)
decretar la violación al principio de planeación y presupuesto; (iv) decretar la ausencia
de un perjuicio irremediable y (v) ordenar y conminar a la autoridad nominadora
concederel período de vacaciones reclamado por la accionante.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

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Esta Sala es competente para conocer la impugnación formulada por el director
seccional de administración judicial de Ibagué (Tolima), Edwin Riaño Cortes, en
contra de la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2023, por el Tribunal
Administrativo del Tolima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto establece
que «presentada debidamente la impugnación, el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superiorjerárquico correspondiente».

2.2. Cuestión previa

Previo a plantear el problema jurídico, la Sala aclara que no accederá a la solicitud
formulada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, comoquiera que el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público no es la entidad llamada a garantizar el
derecho a las vacaciones de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y, en
esa medida, tampoco considera que se hubiese integrado en forma inadecuada el
contradictorio.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, como lo decidió el juez de primera instancia,
deben ampararse los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas,
descanso y salud, cuya vulneración le atribuye a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué (Tolima), al no emitir el certificado de disponibilidad
presupuestal para el goce de las vacaciones de la accionante y al Centro de Servicios
Administrativos Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué
(Tolima) al suspender el período vacacional solicitado.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se

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caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta
acción,ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por
alto.

Por ello, el artículo 6.º, numeral 1.°, Decreto 2591 de 1991, establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 reitera que el juez de tutela debe
analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del
carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo procede
cuando, dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo
para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También tiene lugar el amparo cuando, a pesar de disponer de otro medio de
defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de
tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual
deberá probar. De no atender a estos parámetros, se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía
del sistema jurídico.

2.4.2. Del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas y su
componente del derecho al descanso

La Corte Constitucional ha considerado que el derecho al descanso debe entenderse
como una de las garantías fundamentales del trabajador, lo cual se deduce de los
artículos 1.º, 25 y 53 de la Constitución Política, puesto que tiene como fines, entre
otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña,

1
Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006, T-074 de
2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.

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Demandante: Juliette Vivian Toro Rodríguez

proteger su salud física y mental, realizar otras tareas que permitan su desarrollo
integral como persona y de esta manera, preservar su capacidad de trabajo que, por
lo general, es su único medio de subsistencia.2

Cabe recordar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante el
Convenio 52 aprobado mediante la Ley 54 de 1962 estatuyó que «se considerará nulo
todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas
ola renuncia a las mismas». Además, en el artículo 24 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos se prevé que «[t]oda persona tiene derecho al descanso, al
disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas».

A su turno, en el ámbito internacional, nuestro país ratificó el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)3 que en el artículo 7.º, literal
d), contempló que los Estados Parte garantizan el «descanso, el disfrute del tiempo
libre,la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas, así
como la remuneración de los días festivos». Por otra parte, el artículo 7.º, literal h),
del Protocolo de San Salvador prevé las condiciones justas, equitativas y satisfactorias
deltrabajo.4

Igualmente, la Corte en Sentencia C-171 de 20205 hace alusión al Convenio 32 que
establece i) la periodicidad del descanso al establecer que el derecho se causa luego
de un año de servicio continuo (artículo 2.º) y ii) la remuneración del tiempo de
vacaciones al señalar que quien las esté disfrutando deberá percibir la remuneración
habitual (artículo 3.º).6

2 Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional T-076 de 2001. En el mismo sentido, las sentencias T-009 de 1993, C-
024 de 1998, C-710 de 1996, y C-019 de 2004.
3
Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de
Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966"
4
Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996. “por medio de la cual se
aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988”. En el literal h) se previó
el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales.
5
Referencia: expediente RE-252, revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 488 de 2020, “[p]ir el cual se dictan
medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, magistrado Ponente: José́ Fernando
Reyes Cuartas, sentencia del 10 de junio de 2020.
6
«El descanso necesario y las vacaciones como derechos sociales de los trabajadores 46. El descansonecesario tiene especial
relevancia en el ejercicio del trabajo, y es por esta razón que el Constituyente de 1991 lo incluyó en el artículo 53 como uno de
los principios mínimos fundamentales. Así, el derechoal descanso tiene como propósito que durante un tiempo determinado el

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2.4.3. El régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial

Al respecto, es pertinente referir que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de un descanso remunerado, por cada año de servicio
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8.º Decretos 3135 de
1968 y 1045 de 1978).7 Ahora bien, respecto de los servidores judiciales, las
vacaciones se encuentran previstas en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996.8 Además,
para efectos de examinar la controversia a la luz de los derechos fundamentales
involucrados, se aprecia que la citada normativa distingue a los funcionarios de la
RamaJudicial de los empleados9 y establece que la provisión de cargos se efectúa a
través de nombramientos en propiedad, en provisionalidad y en encargo.10

trabajador cese sus actividadeslaborales y se recupere del desgaste que genera el trabajo; lo cual no solo redunda en el
necesario equilibro de su calidad de vida, sino que, además, le permite concretar y avanzar en su proyecto de vida. 47. Este derecho ha sido materializado a través de la limitación de la jornada de trabajo, el otorgamientodel descanso semanal y la
consagración de un periodo de vacaciones anuales. (…) 48. Se ha entendidoque las vacaciones no tienen como único propósito
que el trabajador se recupere del desgaste que le ocasionan las actividades laborales, sino que tiene por objeto permitirle al
individuo espacios en los cuales realice actividades en desarrollo de sus propias expectativas y las de su familia. Lo anterior, ha
llevado a que se reconozca que el derecho a las vacaciones se perfecciona a través del goce del descanso remunerado. 7
«Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales». Artículo 8: Vacaciones. Los empleados públicos o trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de
vacaciones, por cada año de servicio, salvo lo que se disponga por los reglamentos especiales para empleados que desarrollan
actividades especialmente insalubres o peligrosos. Las vacaciones de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y del ramo docentese rigen por normas
especiales. Y el artículo 8 del Decreto 1045 de 1978 «Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicaciónde las normas sobre
prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.» se estableció: Artículo 8. De las vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince
(15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales. En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el sábado no se computarácomo día hábil para efecto
de vacaciones. 8
«Estatutaria de la Administración de Justicia. Artículo 146 Vacaciones. Las vacaciones de los funcionarios y empleados
de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativade los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y deEjecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses. Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del
Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio». La Corte Constitucional
mediante sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa, revisó la exequibilidad del
Proyecto de Ley 58 de 1994, Senado y 264 de 1995 Cámara, en cumplimiento del artículo 153 de la Constitución Política y
declaró exequible este artículo. 9
«Artículo 125. De los servidores de la Rama Judicial según la naturaleza de sus funciones. Tienen la calidad de funcionarios
los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las demás personas
que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial. La administración de justicia es un servicio público esencial».

Artículo condicionalmente exequible bajoel entendido «de que los
magistrados auxiliares que pertenecen a las altas cortes de la rama judicial, habida cuenta de la naturaleza de las
responsabilidades legales que les corresponde desempeñar, se encuentran facultados para la práctica de las pruebas que les
sean comisionadas por el titular del despacho judicial». 10
Artículo 132. Formas de provisión de cargos de la Rama Judicial. La provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá
hacer de las siguientes maneras: 1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del proceso de
selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.

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2.5. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, la Sala establece
losiguiente:

2.5.1. El 10 de enero de 2023, la señora Juliette Vivian Toro Rodríguez, solicitó al juez
coordinador del Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Ibagué (Tolima) la concesión del disfrute de sus vacaciones por haber
laborado en forma ininterrumpida del 31 de octubre de 2021 al 1.° de noviembre de
2022, las cuales comenzaría a disfrutar a partir del 6 de febrero de 2023 hasta el 1.°
de marzo del mismo año.

2.5.2. El titular del Centro de Servicios mencionado en el inciso anterior, ofició a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, para que
expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal, con el fin de proveer durante
esta vigencia la remuneración de una persona que reemplace a la señora Toro
Rodríguez, para garantizar la correcta y adecuada prestación del servicio público de la
administración de justicia, debido a que no es posible realizar una distribución interna
de las funciones asignadas a aquella, por la alta carga laboral que tiene el centro de
servicios.

2.5.3. Sin embargo, el 27 de noviembre de 2023 el director ejecutivo seccional de
administración judicial de Ibagué (Tolima), Edwin Riaño Cortes, mediante Oficio núm.
DESAJIBO23-2147, negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal

2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hastatanto se pueda hacer
la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando
no se haga la designación en encargo, o la misma seasuperior a un mes.
Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la Sala Administrativa del
Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de la correspondiente lista de candidatos, quienes
deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo.
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional o el Consejo
Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará directamente por la respectiva Corporación.
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargohasta por un mes,
prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido este término
procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad con las normas respectivas.
Parágrafo. Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la Sala Administrativa del
respectivo Consejo Seccional, designará un encargado mientras se provee la vacante por el competente, a quien dará aviso
inmediato. La citada norma fue declarada exequible porla Corte Constitucional.

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para el nombramiento de la persona que remplazaría a la accionante durante el disfrute
de su periodo vacacional.

2.5.4. Por lo anterior, el mismo día de la misma anualidad, el juez coordinador del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Ibagué (Tolima), mediante Resolución núm. 201, negó el periodo de
vacaciones solicitado por la señora Toro Rodríguez, por la necesidad del servicio y la
falta de asignación de presupuesto para su remplazo.

2.6. Caso concreto. Análisis de la Sala

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué (Tolima)
impugnó la sentencia del 15 de diciembre de 2023, que concedió el amparo deprecado
por la señora Juliette Vivian Toro Rodríguez, para lo cual, afirmó en primer lugar que,
bajo el principio de anualidad, no existe posibilidad de dar cumplimiento al numeral
segundo de la sentencia y, en segundo lugar, con fundamento en el principio general
del derecho ad impossibilia nemo tenetur, ninguna persona natural o jurídica se le
puede forzar a realizar algo si, a pesar de que le asista el derecho a quien lo invoque,
no se cuenta con las herramientas técnicas, jurídicas, financieras, presupuestales o
medios para hacerlo, aun cuando en el radique el deber de ejecutar dicha obligación.

Pues bien, del recuento efectuado en el acápite de «hechos probados», la Subsección
advierte que si bien es cierto que tanto la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, como los
Oficios DEAJRHO17-5287 del 12 de octubre de 2017, expedido por la directora de la
Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y
DESAJIBO23-2147 del 27 de noviembre de 2023, emitido por la Dirección Ejecutiva

Seccional de Administración Judicial de Ibagué - Tolima, son susceptibles de control
judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de los medios de
control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, también
lo es que en el asunto se discute la negativa a disfrutar del derecho a vacaciones, por
la no expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que garantice el
nombramiento de un remplazo, por lo que esos mecanismos judiciales no son eficaces

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para lograr lo pretendido en esta instancia constitucional, de tal manera que resulta
procedente la acción de tutela como mecanismo definitivo de protección y, en esa
medida, procederá a analizarse de fondo el asunto en concreto.

Por lo anterior, se repara en que el Congreso de la República expidió la Ley 2276 de
29 de noviembre de 2022, que en el artículo 2.º, Sección Presupuestal 2701 de 2022,
apropió para la Rama Judicial la suma11 para atender los gastos de funcionamiento,
de servicio de la deuda pública y de inversión. Conforme al Decreto 111 de 1996, 12
artículo 110, modificado por la Ley 1957 de 2019,13 artículo 124,14 corresponde al
Consejo Superior de la Judicatura ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones
incorporadas en la respectiva sección, lo cual constituye la autonomía presupuestal.

Así, al cotejar las disposiciones precedentes con la Ley 270 de 1996, se desprenden
las siguientes conclusiones:

i) El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Sala Administrativa, elabora el
proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al Gobierno
nacional, el cual se incorpora al que proponga la Fiscalía General de la Nación.15

11 6.504.184.084.813.
12 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman

el Estatuto Orgánico del Presupuesto
13 Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, dictada por el

Congreso de la República dictada por el Congreso de la República en virtud del Procedimiento
Legislativo Especial para la Paz
14 El texto del artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 se transcribe de la página web:

www.secretariasenado.gov.co: «ARTÍCULO 124. El artículo 91 de la Ley 38 de 1989, modificado por el
artículo 51 de la Ley 179 de 1994 quedará de la siguiente manera: Artículo 91. Los órganos que son
una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la
autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán
en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo, o quien
haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes. En la sección
correspondiente a la rama legislativa estas capacidades se ejercerán en la forma arriba indicada y de
manera independiente por el Senado y la Cámara de Representantes; en la sección correspondiente
a la Rama Judicial serán ejercidas por el Consejo Superior de la Judicatura; igualmente en el caso
de la Jurisdicción Especial para la Paz serán ejercidas por la Secretaría Ejecutiva de la misma […]
(énfasis de la Sala).
15 ARTÍCULO 85. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior

de la Judicatura: 1. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al
Gobierno Nacional, el cual deberá́ incorporar el proyecto que proponga la Fiscalía General de la Nación.
[…]

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ii) Esa entidad en la Sección presupuestal correspondiente tiene la competencia para
ordenar el gasto en desarrollo de las respectivas apropiaciones, lo cual constituye la
autonomía presupuestal.

iii) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ejecuta las actividades
administrativas de la Rama Judicial con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y, en consecuencia, corresponde
al director ejecutivo de Administración Judicial administrar los bienes y recursos
destinados para el funcionamiento de los órganos que la integran y responder por su
correcta aplicación o utilización.16

iv) El director ejecutivo seccional de la Rama Judicial ejerce en el ámbito de su
jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del director ejecutivo
de administración judicial la función de actuar como ordenador del gasto para el
cumplimiento de las obligaciones que le incumban.

Bajo este análisis normativo, se concluye que el certificado de disponibilidad
presupuestal para el nombramiento del reemplazo de la accionante debía ser expedido
por el director ejecutivo de la seccional de administración judicial, conforme a la
apropiación efectuada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

En esa medida, se observa que a la accionante, como escribiente nominal del Centro
de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué, por medio de la Resolución 201 del 27 de noviembre de 2023,
le negaron el disfrute de sus vacaciones, con base en la respuesta otorgada, a través
del Oficio DESAJIBO23-2147 del 27 de noviembre de 2023, por el director ejecutivo
seccional de administración judicial de Ibagué (Tolima), Edwin Riaño Cortes, en la que
se abstuvo de expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar
personal para el reemplazo de las vacaciones según la directriz fijada en el Decreto
111 de 1996.

16 ARTÍCULO 103. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. ARTÍCULO 99 […]Son funciones del

director ejecutivo de Administración Judicial: 2. Administrar los bienes y recursos destinados para el
funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización

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Así las cosas, de conformidad con las pruebas y del análisis normativo efectuado, la
Sala estima que la privación del derecho al descanso impuesta a la solicitante del
amparo dista del aplicado a los funcionarios judiciales cobijados por el régimen de
vacaciones individuales, respecto de los cuales se desarrolló un procedimiento para
su disfrute, lo que no dignifica el derecho al trabajo y configura un sacrificio que no
tiene respaldo en el ordenamiento jurídico, toda vez que las implicaciones
presupuestales no constituyen un factor desconocido para los ordenadores del gasto,
ya que no es una simple casualidad que los empleados decidan solicitar su derecho al
disfrute de las vacaciones, cuando no se reconocen por haber sido suspendidas por
razones del servicio.

En síntesis, la falta de reglamentación en el goce de las vacaciones de los empleados
de la Rama Judicial en el régimen individual, aunque sería una herramienta necesaria
para el conocimiento del trámite previo y para instrumentalizar el nombramiento que le
corresponde efectuar al titular del despacho, no es óbice para impedir la
materialización del derecho a su disfrute y para la expedición del certificado de
disponibilidad en orden a designar el reemplazo, en razón a que prevalecen las normas
de rango superior que salvaguardan el derecho al descanso.

Por otra parte, se aprecia que como la decisión del nominador dependía de la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal por la Dirección Seccional, no
resulta necesario someter a examen de violación de los derechos fundamentales la
respuesta que aquella emitió, porque el obstáculo para otorgar la pausa en el ejercicio
de las actividades que el ordenamiento jurídico establece en favor de la accionante,
estuvo fundamentado en la falta del referido documento, omisión en la cual incurrió la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué - Tolima y que
propician pronunciamientos como los emitidos por el titular de la dependencia judicial
mencionada, que aunque son razonables por las necesidades del servicio, privan del
núcleo esencial del derecho fundamental al descanso a los servidores judiciales del
régimen de vacaciones individuales.

En virtud de lo anterior, debido a que el Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, Tolima, negó el

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disfrute de las vacaciones solicitadas por la accionante, aduciendo la falta de
expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, se concluye que,
como lo determinó el juez de primera instancia, se vulneraron los derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, al descanso y a la salud de
la peticionaria del amparo.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que se deben confirmar los ordinales primero y tercero de la providencia
dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, y adicionar lo dispuesto en el ordinal
segundo, para incluir la orden a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
apropiar los recursos necesarios para que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué (Tolima), expida el certificado de disponibilidad
presupuestal con el fin de que el nominador de la accionante pueda efectuar el
nombramiento de su reemplazo durante el disfrute de las vacaciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar los ordinales primero y tercero de la sentencia dictada el 15 de
diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Tolima, que amparó los derechos
fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, al descanso y a la salud de
la señora Juliette Vivian Toro Rodríguez, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo: Adicionar el ordinal segundo de la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, en el sentido de incluir la orden a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de apropiar los recursos necesarios para que la Dirección

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Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué (Tolima), expida el certificado
de disponibilidad presupuestal con el fin de que el nominador de la accionante, esto
es, el juez coordinador del Centro de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué (Tolima) pueda efectuar el nombramiento del reemplazo de la
señora Juliette Vivian Toro Rodríguez durante el disfrute de sus vacaciones.

Tercero: Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

ACVF

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