Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2023-00451-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2023-00451-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 73001-23-33-000-2023-00451-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
6 de marzo de 2025
Demandante: Mayer Augusto Aguirre Téllez
Demandado: Leonardo Maldonado Sánchez
alcalde del municipio de Palocabildo (Tolima)
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00451-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00451-01
Demandante: Mayer Augusto Aguirre Téllez
Demandado: Leonardo Maldonado Sánchez – alcalde del municipio de
Palocabildo (Tolima), periodo constitucional 2024-2027
Temas: Causales de reclamación, violencia sobre el material
electoral.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
parte demandada contra la sentencia proferida el 25 de julio de 2024, por el Tribunal
Administrativo de Tolima, a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. El señor Mayer Augusto Aguirre Téllez, a través de apoderado1, en ejercicio del
medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, presentó
demanda con el fin que se declare la nulidad del formulario E-26 ALC del 4 de
noviembre de 2023, en el que consta la elección del señor Leonardo Maldonado
Sánchez, como alcalde del municipio de Palocabildo (Tolima), para el periodo 2024-
2027.
1.1 Hechos, normas violadas y concepto de la violación
2. El demandante fundamentó su demanda en los siguientes supuestos fácticos:
3. El 29 de octubre de 2023, se realizaron las elecciones de mandatarios locales, en
todo el país.
4. En el municipio de Palocabildo (Tolima), se inscribieron 4 candidatos a la alcaldía, a
saber: i) Leonardo Maldonado Sánchez2, ii) Carlos Iván Reyes Téllez3, iii) Anderson
Esneider Rubiano Parra4 y, iv) Mayer Augusto Aguirre Téllez5.
5. Cerradas las votaciones, inició el proceso de preconteo, en el cual se reportó el
100% de las 26 mesas que componían la jurisdicción de Palocabildo. En este aplicativo,
se determinó -boletín 12-, que el señor Mayer Augusto Aguirre Téllez obtuvo 2772 votos
frente al demandado, quien logró 2680 sufragios.
1
El abogado Nelson Augusto Hernández Arteaga, identificado con la CC 1.110.527.550 y la TP 378.196 del CSJ.
2
Por la coalición Trabajo – Honestidad y Compromiso, entre los partidos Liberal, Cambio Radical, La U y Centro Democrático.
3
Por el movimiento Colombia Humana.
4
Por el Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción -Liga.
5
Por la coalición Con nosotros es Palocabildo, entre el partido Conservador y ASI.
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Demandante: Mayer Augusto Aguirre Téllez
Demandado: Leonardo Maldonado Sánchez
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6. Luego de iniciar el escrutinio, en el único puesto de votación del municipio de
Palocabildo, denominado Institución Educativa Leopoldo García, el señor Mayer
Augusto Aguirre Téllez pasó del primer al segundo puesto, «perdiendo la alcaldía por (8)
votos, lo que generó el acaloramiento de los seguidores tanto de mi representado como del otro
candidato que aparecía perdiendo la alcaldía en el boletín de preconteo publicado por la
Registraduría, y esto genera que los simpatizantes de ambas campañas se acercaran al lugar
donde se estaba realizando el escrutinio municipal a realizar protestas porque se estaba
presentando un fraude electoral».
7. Aproximadamente a las 10:40 pm, un grupo de personas irrumpieron de forma
violenta en el recinto donde se llevaba a cabo el escrutinio. En razón de ello, entró la
fuerza pública y en los desmanes, los ciudadanos quemaron el arca triclave que
contenía la totalidad de los votos y demás material electoral.
8. Como consecuencia de lo expuesto, los miembros de la comisión escrutadora
renunciaron a su labor, aduciendo falta de garantías. Igualmente, se solicitó el traslado
de la sede del escrutinio de Palocabildo a Ibagué, ciudad en donde se reconformó la
autoridad encargada del escrutinio con otros funcionarios.
9. En el curso de la etapa postelectoral, se presentaron 4 reclamaciones en las cuales
se solicitó la nulidad del escrutinio de la mesa 9 de la cabecera municipal de
Palocabildo, por cuanto se pidió su recuento, el que no pudo efectuarse por los actos de
violencia que conllevaron la destrucción de los pliegos electorales, razón por la cual, la
consolidación de resultados tuvo como fundamento el E-14 de delegados que se
publicó en la página web de la RNEC.
10. Para justificar lo anterior, se agregó que a causa de la asonada no se pudo verificar
los formularios E-11, ni las tarjetas electorales, por lo cual se hace imposible realizar el
respectivo recuento de votos para verificar el total de votantes con los sufragios
depositados en las urnas «por lo que se solicitó la nulidad del E – 14 (X3-97-96-35-X), de la
mesa No. 9, por tener errores aritméticos. De esta misma manera, realizó reclamación sobre el
E – 14 de Asamblea y de la alcaldía municipal, por tener tachaduras y enmendaduras y errores
aritméticos, que ponían en duda su legitimidad y que es prueba de las irregularidades que se
presentaron en esa mesa durante la jornada electoral, lo que imposibilitó la interpretación del E-
14 de la mencionada ya mesa No. 9, sobre de la intención de voto por lo siguiente».
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11. De la reclamación descrita, indicó que la comisión escrutadora de Palocabildo la
negó a través de las resoluciones 01, 02, 03 y 04 del 3 y 4 de noviembre de 2023.
Frente a ello, propuso el recurso de apelación el cual fue resuelto, confirmando la
decisión denegatoria.
12. Señaló que no es posible cumplir con el principio de necesidad de la prueba, ya que
toda reclamación que implique recuento de votos resulta imposible, lo que genera la
nulidad del medio de convicción (E-14), en razón a la violación del debido proceso
administrativo al no poder ser controvertido.
13. Adicional a lo planteado, adujo que, en el curso del proceso de votación, fue
capturado el señor Ismael Antonio Felipe Rivera, por el delito de voto fraudulento, lo
cual consta en la noticia criminal 734436000469202300179.
14. Otro vicio del proceso se concretó en la mesa 23 de la cabecera municipal, en
donde el jurado Edwin Orlando Linares Martínez firmó el formulario E-14 de delegados
(X2-84-57-35 X) en dos casillas, esto es, en el lugar del jurado 1 y en del jurado 2, sin
que en el documento conste anotación u observación de que se hubiese cometido un
error, lo que a su juicio concreta irregularidades en la elección.
15. Finalizó su demanda argumentando que existen antecedentes, como en el caso de
Fonseca (La Guajira), en donde se presentaron desmanes y se repitieron los comicios
por pérdida de la cadena de custodia en más del 25% de los votos.
16. Conforme lo expuesto, argumentó que se desconocieron los artículos 40 y 258 de la
Constitución Política, 163, 164 y 192 del Código Electoral y 275.3 y 4 del CPACA.
1.2 Trámite procesal de primera instancia
17. Mediante auto del 7 de diciembre de 2023, se admitió la demanda y ordenó correr
traslado de la petición cautelar. El 19 de febrero de 2024, el Tribunal de Tolima decidió
negar la suspensión del acto de elección.
18. Surtidas las notificaciones de rigor, se pronunciaron:
19. La RNEC solicitó ser desvinculada del presente medio de control y para ello
propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
20. El CNE sostuvo que, en este caso, la legalidad del acto no se vio afectada, dado
que, aun cuando se presentaron los actos violentos que señaló el accionante, los
formularios E-14 de delegados se mantuvieron incólumes lo que permitió la
consolidación de la voluntad popular.
21. Por lo expuesto, frente a la petición del demandante de declarar nulo el escrutinio
de la mesa 9 del puesto de la cabecera, adujo que los artículos 157 y siguientes del
Código Electoral hacen que el conteo oficial de votos, tenga el valor suficiente para
demostrar el apoyo ciudadano a una determinada campaña.
22. Adicional, señaló que «conforme al Acta General expedida por la Comisión Escrutadora
Municipal, se observa foto de los formatos E-14 X 3-97-96-35 X que fueron objeto de estudio
para la toma de decisión y la resolución de los recursos interpuestos, en la que se observa que
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los valores aritméticos son idénticos entre ellos, teniendo similitud entre en los valores y
permitiendo despejar cualquier tipo de duda ante alguna tachadura».
23. El demandado, a través de apoderada6, solicitó negar las pretensiones de la
demanda bajo los siguientes argumentos:
24. De la diferencia entre el preconteo y el escrutinio, sostuvo que hubo un error en el
primero, por cuanto, una vez los testigos tuvieron acceso a los E-14 de transmisión (los
cuales aportó), se corroboró el resultado final que dio la comisión escrutadora, en
donde el ganador fue el demandado.
25. De los actos de violencia señaló que:
«Lo que generó la discordia en los simpatizantes del candidato, Aguirre Téllez hoy
Demandante, fueron los resultados del preconteo, que aparecían en la página oficial de la
Registraduría, donde figuraba ganando el Demandante por 92 votos; frente a los datos
reales que mostraban los E 14. (por lo que se entiende que hubo un error en la trasmisión
del preconteo,) que como ya se conoce solo tienen carácter informativo; pero carece de valor
jurídico vinculante, ni obligatorio, su función es meramente informativa; tal y como lo
establece el art. 169 del Código Nacional Electoral».
26. Frente a las reclamaciones de la mesa 9 de la cabecera municipal, sostuvo que
aquellas no versaron sobre los formularios de la alcaldía; con todo con una simple
revisión del formulario E14, en cualquiera de sus tres versiones, (claveros, trasmisión y
delegados), los cuales como lo tiene sentado la jurisprudencia, gozan de plena validez7,
se puede observar que no existen las tachaduras, enmendaduras y/o errores
aritméticos, por lo que no se puede predicar el vicio aducido.
27. A partir de lo anterior, adujo que la declaración extrajuicio rendida por la señora
María Nelsy Casas Moreno, de haber solicitado el recuento de la votación por las
causales de reclamación referidas, no corresponden a la verdad, dado que de la
imagen expuesta no se advierte la existencia de estas.
28. En lo que hace a que un jurado de votación firmó dos veces el E14 de delegados de
la mesa de votación 23 de la cabecera, refirió que ello no deviene en una irregularidad,
ya que en los demás ejemplares aparece correctamente diligenciado.
29. Por lo expuesto, solicitó que se mantenga incólume la legalidad del escrutinio.
30. Vencida la oportunidad para contestar la demanda, se corrió traslado de las
excepciones sin que se presentara manifestación.
31. El 19 de febrero de 2024, se citó a audiencia inicial para el 23 de ese mismo mes y
año. En esa diligencia judicial: i) se fijó el litigio8, ii) saneó el proceso, iii) se decretaron
6
La abogada Jael Cárdenas Cárdenas, identificada con la CC 28.929.174 de San Antonio (Tolima) y la TP: 108.347 del CSJ.
7
Concejo de Estado, sentencia del 12 de mayo de 2022 con radicado 11001-03.15-000-2022-00597
8
El 29 de octubre de 2023 en el municipio de Palocabildo, Tolima, se llevaron a cabo las elecciones territoriales de alcalde para las
cuales se presentaron como candidatos el señor Mayer augusto Aguirre Téllez y Leonardo Maldonado Sánchez, entre otros,
resultando electo el señor Leonardo Maldonado Sánchez, quien consecuentemente fue designado como alcalde para la
mencionada localidad. Por lo anterior, se establecerá de conformidad con la demanda, si la cantidad de votos depositada en la
mesa 9 resulta suficiente para nulitar o no la elección realizada, y del estudio de las irregularidades en lo fáctico determinará las
consecuencias jurídicas, esto teniendo en cuenta las anomalías o eventos graves acontecidos según lo probado en el proceso. Se
le informa a la comunidad que si bien la fijación del litigio es un derrotero conceptual sobre el que gira el conflicto, no impide abordar
en el momento de la formulación de la sentencia cualquier otro evento que pudiera causar una infracción al derecho democrático
que es el analizado en el caso en cuestión. El Magistrado conductor estableció que el problema jurídico va encaminado a demostrar
la legalidad del proceso electoral y sus resultados i. teniendo en cuenta los efectos producidos por la perturbación del proceso de
elección en la que existió pérdida de material electoral, lo que al parecer no permitía establecer con certeza el total de votos y por
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las pruebas documentales allegadas por los sujetos procesales, la testimonial
solicitada, iv) se negó la solicitada por un tercero9, y, v) postergó el estudio de las
excepciones de legitimación a la sentencia.
32. El 28 de febrero de 2024, se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la que se
escucharon los testimonios de los señores Fabián Rogelio Cruz Quezada, Yamid Ortiz
Reyes, Hener Eduardo Salinas, Wilmar Franco, Olga Lorena Valencia Daza y Anyi
Lorena Guzmán Avellaneda. Luego de ello, dispuso correr traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
33. La parte demandada, presentó alegatos de conclusión, en los que reiteró los
argumentos de defensa.
34. El demandante, insistió en la nulidad del acto demandado y, sobre ello, señaló que
del ejemplar del E-14 de delegados, en la casilla correspondiente al candidato 1, señor
Maldonado Sánchez, le aparecen presuntamente 132 votos; cifra que no puede tenerse
como cierta, en tanto, el 3 se encuentra repisado, lo que conlleva a la existencia de una
enmendadura sobre esa cifra.
35. En cuanto a las declaraciones extrajuicio aportadas, sostuvo que la señora Anyi
Lorena Guzmán Avellaneda (jurado de la mesa 9), fue contratista de la alcaldía
municipal en el año 2020, lo cual resulta relevante, si se tiene en cuenta que esa
administración apoya al demandado.
36. Refirió que la jurado de votación, ratificó la existencia de irregularidades en el
diligenciamiento del E-14, concretamente en la consolidación de los totales (errores
aritméticos), para la muestra, adjuntó el acta de escrutinio de gobernador.
37. Al igual que en el caso anterior, las señoras Olga Lorena Valencia Daza y Nórida
Peñuela Vergara, igualmente jurados de votación, fueron contratistas de la Alcaldía de
Palocabildo, lo que pone en tela de juicio la trasparencia del proceso.
38. El procurador 27 judicial II administrativo, señaló que en este caso, no hay
pruebas en el expediente de irregularidades (tachaduras, enmendaduras, errores
aritméticos) en los formularios de escrutinios, por ello, a su juicio, la solicitud de
recuento de los testigos del demandante, a sabiendas de la destrucción del material, lo
que busca es que ello se constituya en una causal de anulación electoral.
39. No obstante, al no evidenciarse alguna irregularidad en los formularios E-14, es
claro que la perturbación del proceso electoral por lo actos de violencia, no afectó los
resultados dado que conforme la ley se pudo efectuar el escrutinio y declarar la
elección.
1.2.1 Sentencia de primera instancia
40. En fallo del 25 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la
nulidad del acto demandado.
consiguiente el candidato electo; y ii. que al parecer el contenido del material electoral presenta irregularidades -tachaduras,
enmendaduras, errores aritméticos- que afectan su validez, por lo que debían ser excluidos y no tenidos en cuenta para efectos de
determinar un ganador en la contienda electoral; sumado a que, iii. pese a realizarse oportunamente las reclamaciones respectivas
contra los resultados de las mesas de votación, éstas no fueron resueltas como correspondía lo cual comprometió el derecho
fundamental al debido proceso. Todo lo anterior, debe hacerse con base en los medios de prueba aportados por las partes.
9
Antonio José Paris Márquez, quien solo intervino para pedir pruebas.
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41. Previo a entrar al estudio de fondo, decidió negar la prosperidad de la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la RNEC.
42. Respecto del cargo de nulidad, ilustró que la DIVIPOLE10 según el acta general de
escrutinio, para el municipio de Palocabildo, se componía de una única zona (00), cuyo
potencial de votantes es de 8537 ciudadanos que se encontraban distribuidos en 26
mesas.
43. Luego de resumir los hechos de la demanda, en lo que hace a las tachaduras del
formulario E-14 de la mesa 9 y las reclamaciones presentadas a causa de ellas;
concretamente señaló que la comisión escrutadora municipal a través de la Resolución
01 del 3 de noviembre de 2023, las rechazó por considerar que, a causa de la
incineración de los pliegos electorales, no es posible recontarla y, de la lectura del
formulario no se advierte error aritmético que lo invalide.
44. Esa misma escrutadora, mediante Resolución 2 del 3 de noviembre de 2023,
rechazó la reclamación efectuada por el apoderado del demandante, frente al escrutinio
de aquella mesa, pero frente a la Gobernación del Tolima.
45. La Comisión Escrutadora Departamental del Tolima, conoció del recurso de
apelación contra esos actos confirmándolos11.
46. Luego, detalló los resultados que aparecen en la página web de la RNEC de donde
observó que a las 18:06 horas del 29 de octubre de 2023, se habían informado la
totalidad de las mesas del municipio, en donde se encontró que el demandado obtuvo
2.680 votos y el demandante 2.772 sufragios; no obstante, luego del escrutinio, el señor
Aguirre Téllez logró 2.772 votos y el entonces candidato Leonardo Maldonado Sánchez
fue declarado electo con 2.780 apoyos ciudadanos.
47. Concluida la narración de los supuestos fácticos en que se sustenta la demanda,
adujo que el artículo 275.2 de la Ley 1437 de 2011, establece como causal de nulidad
la destrucción de los documentos electorales.
48. A este punto, refirió que se acreditó la ocurrencia del hecho violento, (aspecto
objetivo) toda vez que resultaba innegable la destrucción del material.
49. En lo que hace a la modificación del resultado electoral, determinó que luego de
valorar el potencial de votantes del municipio, con los resultados del preconteo y el
consolidado que se encuentra en el E-26, entre dichas fases existió una diferencia de
84 votos entre candidatos.
50. Ante ello y la falta de determinación con certeza de si había lugar o no a las
reclamaciones, por la imposibilidad de ejecutar el recuento de votos, encontró
10
División Política Electoral.
11
La decisión que resolvió el recurso de apelación indicó i. resulta improcedente el reconteo total de votos al ser materialmente
imposible, en tanto el material electoral fue incinerado; ii. fue posible realizar el escrutinio con base en los formularios E-14
digitalizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y publicados online los cuales tienen plena validez para el efecto; iii.
revisado el escrutinio de la mesa 9, se cumplió con el mandato previsto en el artículo 142 del Código Electoral porque existe prueba
conducente sobre los votos de dicha mesa, reitera la validez de los formularios E-14, e indica que la información allí contenida no es
ilegible; iv. respecto de la anulación por tachaduras, no evidenció en el formulario diligenciado un defecto material que impida
realizar el escrutinio, ni un error aritmético; de acceder a lo solicitado transgrede el principio de la eficacia del voto, porque hay
prueba que permite conocer la voluntad del elector; v. existen imágenes del material electoral que coincide con los documentos
contenidos en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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acreditada la afectación del derecho político de los ciudadanos y declaró la nulidad de
la elección.
51. Expresamente sostuvo:
«… sin restar la indudable importancia que tienen los documentos electorales formularios E-
14 delegados subsistentes, la verdad es que los hechos de violencia acaecidos el 29 de
octubre de 2023 en el Municipio de Palocabildo, quebrantan -como se anotó- la
transparencia y el acceso a la información como condiciones imprescindibles para un
proceso electoral confiable.
Tales actos violentos ubican en el plano de la incertidumbre el proceso electoral surtido en el
Municipio de Palocabildo, pues no permitieron la consolidación de los resultados, entrando
en contradicción, por lo menos, con las garantías al derecho a elegir y a ser elegido; el
principio de transparencia; la veracidad de la elección, y la voluntad libre del elector
expresada en las urnas, además de observarse un claro déficit de protección institucional
entorno a dicho proceso.
iii. La Sala indica que los hechos de violencia a que se ha hecho referencia en el contexto
analizado no son un asunto menor. Si el proceso electoral hubiere transcurrido con
normalidad, tal y como está proyectado y debe ser, ese margen mínimo de diferencia en la
votación (8 votos) entre los candidatos a la alcaldía que lideraron la elección, bajo esas
condiciones, realmente atenderían a tal postulado.
No obstante, ante los hechos de violencia presentados, y frente a ese margen mínimo de
diferencia en la votación, ciertamente se traza un manto de duda en el proceso electoral que
además de incidir negativamente en los candidatos (derecho a ser elegido), no garantiza
principalmente el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores».
1.4 Recurso de apelación
52. El demandado recurrió la sentencia de primer grado bajo los siguientes ejes
temáticos:
53. Principio de eficacia del voto. Para soportar este aspecto, sostuvo que los
diversos medios de convicción incorporados al proceso, no se advierte la modificación
de los resultados electorales.
54. Sobre el particular, indicó que los formularios E-14 de delegados fueron
debidamente digitalizados por la RNEC, previa la incineración de los pliegos
electorales. Teniendo en cuenta ello, resaltó el valor probatorio de este ejemplar, el cual
está revestido de la presunción de legalidad por expreso mandato legal conforme la
regla del artículo 41 de la Ley 1475 de 2011.
55. Indicó que existe claridad que ese documento fue trasmitido por la RNEC en un
100% por lo que se debe valorar su contenido atendiendo que: i) es auténtico, pues
existe certeza de quienes los suscribieron, en este caso jurados de votación
designados, situación que no fue desconocida bajo las reglas del artículo 244 del
Código General del Proceso; ii) sobre este no existe tachones, errores o similares, lo
que permite presumir el resultado en ellos plasmados, por lo cual los actos de violencia
no afectaron su contenido; iii) obedecen a mensajes de datos en los términos del
artículo 247 del CGP y la Ley 527 de 1999, sin que exista discusión alguna en relación
con el proceso de transmisión o digitalización; iv) en momento alguno fueron tachados o
desconocidos por los extremos procesales, bajo las reglas de los artículos 269 y ss del
CGP; v) los registros fotográficos en donde aparecen los 3 ejemplares del E-14 no fue
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controvertido por el actor, de los cuales se puede extraer la semejanza en sus datos; vi)
si se duda de los datos del E-14 de delegados, sus homólogos de transmisión y
claveros no tienen enmendadura alguna; vii) las declaraciones dan cuenta de los actos
de violencia, pero no de falsedad en la información de los formularios.
56. Sostuvo que el hecho que un escrutinio se haga con el formato de delegados, no
genera vicio alguno según la jurisprudencia de esta Sección12, en la que se estableció:
«… en tanto, si bien el escrutinio se debe realizar con fundamento en el formulario E-14 de
claveros y no con el E-14 de delegados, el hecho que se tenga que acudir al último no tiene
la virtualidad de viciar la votación, o de presumir que los guarismos por este sólo hecho
resultan espurios o adulterados, pues no existe disposición jurídica que ordene o permita
excluir los votos de las mesas cuyo cómputo se realice con soporte en los formularios E 14
de delegados, máxime si se trata de un solo formulario que se expide en dos ejemplares,
razón por la cual la Circular 185 de 1° de noviembre 2011 no realizó cosa distinta a la de
reiterar lo previsto por el legislador (artículos 142 y 165 del Código Electoral) a efectos de
“efectuar el escrutinio acudiendo a cualquiera de los ejemplares [en este caso de los
formularios E-14]” Habida consideración de que los dos ejemplares de los formularios E-14
se presumen idénticos, legales, válidos y su contenido cierto, en virtud del principio de
eficacia del voto para que prospere la censura no basta con señalar que el escrutinio se
realizó con los formularios E-14 de delegados, sino que es menester que el actor acredite,
por conducto de los medios probatorios idóneos, que en realidad la información contenida en
el registro electoral es falsa o apócrifa».
57. Actos de violencia no alteraron el resultado contenido en los documentos
electorales. La causal de nulidad por medio de la cual se sustentó la decisión
anulatoria, tiene como elementos, no solo la verificación objetiva del hecho violento sino
la determinación efectiva de la mutación del resultado.
58. De este último aspecto, (mutación del resultado), sostuvo que no fue proporcional la
ponderación hecha por el tribunal, dado que les restó valor probatorio a los formularios
electorales, de donde se extrae la verdad del consolidado de la votación.
59. No obran registros de reconteo de las mesas 9 y 23 por lo cual no se agotó la
actuación administrativa electoral previa -aplicación del principio de
preclusividad del escrutinio- falta de las enmendaduras y errores aritméticos.
Refirió que el inciso 2 del artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, señala que en el trámite
contencioso electoral, cuando se pretenda la nulidad de los actos por vicios en la
votación o escrutinio, se deben cuestionar las decisiones previamente adoptadas.
60. En este punto, indicó que el demandante adujo que propuso la reclamación
respectiva con el fin de que se realice el recuento de los votos de las mesas 9 y 23 por
presentar tachones, enmiendas y errores aritméticos, aspectos que motivan su solicitud
de nulidad de las decisiones emanadas de la comisión escrutadora municipal y
departamental.
61. Al revisar los documentos que fueron incorporados como medios probatorios tales
como registros fotográficos, sin que frente a ellos se propusiera tacha o
desconocimiento, no obra prueba que de la causal de reclamación se hubiese
propuesto la necesidad de un recuento ante los jurados de votación. Por lo anterior,
alegó que precluyó la oportunidad del demandante de alegar dicha circunstancia.
12
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 12 de septiembre de 013. M.P. Alberto Yepes Barreiro (E). Rad. 4700-123-31-
000-2012-00057-01 reiterado en Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11.03.2021. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Rad. 11001032800020180008100
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Demandante: Mayer Augusto Aguirre Téllez
Demandado: Leonardo Maldonado Sánchez
alcalde del municipio de Palocabildo (Tolima)
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00451-01
1.5 Actuaciones de segunda instancia
62. La magistrada ponente, admitió el recurso de apelación y ordenó correr el traslado
correspondiente. En ese término intervinieron:
63. La RNEC, alegó de conclusión y sostuvo que de la revisión de los formularios E-14
no se advierte la existencia de tachaduras o enmendaduras, dado que, ante la petición
elevada por los intervinientes en el curso del procedimiento electoral, la autoridad
escrutadora correspondiente hubiese tomado las medidas necesarias para garantizar la
trasparencia de los comicios.
64. Reiteró la validez del formulario E-14 de delegados y sostuvo que los datos allí
consignados gozan de valor jurídico.
65. El apoderado del demandante reiteró los argumentos de la demanda. Lo propio hizo
la parte demandada.
66. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
67. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo dispuesto en los artículos 15013 y 152.7
a)14 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12
de marzo de 2019, modificado por el artículo 1° del Acuerdo 434 de 2024, de la Sala
Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
68. La controversia en este proceso se circunscribe a determinar si, de acuerdo con los
argumentos expuestos en la apelación, hay lugar a confirmar, modificar o revocar la
sentencia de primera instancia. En ese orden de ideas, la Sala verificará en primera
medida, si la decisión de primera instancia desconoció la eficacia del voto: i) al no darle
valor probatorio a los formularios E-14 de delegados, ii) no verificar que en ellos, no
existe las tachaduras y enmendaduras alegadas, iii) no se cumplió con el principio de
preclusividad, iv) para concluir si en efecto se alteró o no la voluntad popular.
69. Lo anterior, se abordará estrictamente a partir de los argumentos planteados en la
apelación, precisión que se sustenta en los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso (CGP)15, que prescriben que este medio de impugnación tiene por objeto que
el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
formulados por la parte recurrente16.
13
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)».
14
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la
nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…) de los alcaldes municipales y distritales (…)»
15
Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de septiembre de 2023, expediente
68001-23-33-000-2022-00153-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, sobre el alcance del recurso de apelación, se consideró: «Al
respecto, la Sala debe poner de presente que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del Proceso, «[e]l recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.», disposición que debe interpretarse en
concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem, según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse
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70. Para el efecto, la Sala analizará: i) la noción de las causales de reclamación, ii) la
violencia como vicio de los actos electorales y, iii) el caso concreto.
2.3. Solicitudes de recuento y reclamaciones17
71. Dentro de las garantías del debido proceso, se destaca también el derecho de
defensa que la legislación electoral materializa en distintos mecanismos de
contradicción que proceden contra las decisiones que adoptan las autoridades
electorales, en las distintas fases o etapas del procedimiento de escrutinio, para efectos
de enmendar los errores en que ellas puedan incurrir y controlar la legalidad de sus
actuaciones, a fin de asegurar que los resultados de los comicios se correspondan con
la realidad, salvaguardando la eficacia del voto. En este sentido, ha explicado esta Sala:
«El ordenamiento jurídico interno prevé diferentes mecanismos para garantizar que,
como lo dice el artículo 1º del C.E., “los escrutinios sean reflejo exacto de los
resultados de la voluntad del elector expresada en las urnas”. En el plano
administrativo, es decir, en lo concerniente a los escrutinios que corresponde
practicar tanto a los jurados de votación como a las diferentes comisiones
escrutadoras, se puede solicitar recuento de la votación con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 122 y 163 del C.E., y también se pueden invocar las
causales de reclamación con asiento en el artículo 192 ibídem, cuyo efecto general
inmediato –de las últimas- es la exclusión de la votación de la respectiva mesa, salvo
lo atinente a la causal listada en el numeral 11 por error aritmético, evento en el cual
lo que procede es ordenar la corrección del caso.».18
72. Así entonces, la legislación distingue entre las solicitudes de recuento de votos,
cuyas causales específicas se encuentran consagradas en su artículo 164 del Código
Electoral; las reclamaciones, que proceden bajo los supuestos establecidos en los
artículos 122 y 192 del Código Electoral, mecanismos de contradicción que proceden
dentro de la oportunidad y ante la autoridad que se describe a continuación, y cuya
resolución es susceptible del recurso de apelación, excepto que provenga del CNE,
como órgano de cierre del procedimiento de escrutinio.
Medio de Causales Oportunidad y competencia Preclusión
impugnación
Se deben interponer ante los jurados de votación o
las comisiones escrutadoras de primer nivel
Solicitudes de Artículo 164 (zonales, auxiliares municipales o distritales, según Sí aplica
recuento del CE corresponda) hasta antes de finalizar la audiencia
de escrutinio correspondiente, según los artículos
(sic) 164 y 182, inciso final, del CE
Se deben interponer en la misma etapa del
Artículos 122 escrutinio en la cual se presente la causal que le
Reclamaciones y 192 del sirve de fundamento, ante la autoridad electoral Sí aplica
CE19 a cargo del desarrollo de la respectiva
audiencia, según el artículo 167 y 193 del CE
73. En este caso, resulta importante entender la diferencia entre los conceptos de
tachaduras y enmendaduras. Para ello, esta Corporación ha explicado que «la alegación
sobre la existencia de tachaduras, enmendaduras o borrones en las actas de escrutinio es
otra clase de reclamación que difiere del error aritmético y su origen se deriva de las
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley».
17
Reitera jurisprudencia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 29 de abril de
2021, MP: Luis Alberto Álvarez Parra, Radicado: 11001-03-28-000-2018-00106-00 acumulado.
18
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 13 de noviembre de 2014, exp. 11001-03-28000-2014-00046-0, M.P. Alberto
Yepes Barreriro.
19
«Algunas de estas pueden tener por objeto que se realice el recuento de votos».
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alteraciones materiales al contenido de los documentos electorales, pero que por lo
mismo, no constituyen causales de nulidad de la elección sino vicios dentro de la
actuación administrativa electoral que permite a las Comisiones Escrutadoras realizar el
recuento oficioso de los votos en los términos del artículo 163 del Código Electoral»20.
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
74. En razón a la diferencia que existe entre una y otra, cuando el medio de control
verse sobre estas, esto es, que se incurrió en error aritmético, tachaduras o
enmendaduras, se ha dicho que:
«…, es imperativo impugnar, además de la legalidad del acto de elección, la legalidad
presunta de los actos administrativos proferidos en respuesta a las reclamaciones, lo
cual debe ocurrir en forma expresa, como ya lo ha dicho esta Sección:
«Así las cosas, concluye la Sala que esos reparos no tienen vocación de prosperidad, en
virtud a que la parte demandante pretende que jurisdiccionalmente se juzgue una situación
que debe plantearse en el contexto administrativo de los escrutinios y que en muchas
oportunidades se ha dicho que carece de la entidad para ser considerada como causal de
nulidad. Además, la jurisprudencia solamente admite la posibilidad de que esos
hechos puedan ser conocidos a través de examinar la legalidad del acto
administrativo por medio del cual se decidió la respectiva causal de reclamación, pero
como la parte actora no identificó esos actos y tampoco pidió expresamente su
nulidad, debe colegirse por la Sala que la improsperidad se mantiene.”21
(…) Además, conforme a la posición jurisprudencial de esta Sección en torno a la forma
como esta jurisdicción puede asumir el conocimiento de las causales de reclamación, no es
procedente enjuiciar la legalidad de la elección acusada por supuesta infracción de
los artículos 163 y 169 del C.E., al haber omitido la comisión escrutadora el recuento
de votos en aquellas mesas en las que se presentaron errores aritméticos, tachaduras
o enmendaduras, puesto que ello desconocería que esas circunstancias ya no son
causales de nulidad, y por ello no es posible conocerlas en forma directa, sino a
través de los actos dictados al efecto»22 (Negrillas fuera del texto original).
75. Por lo que, cuando la demanda se funde en causales de reclamación por errores
aritméticos o tachaduras y enmendaduras, es necesario solicitar el estudio de legalidad
del acto de elección y el de los actos administrativos proferidos en respuesta a las
mismas, ello por cuanto conforme el inciso 2° del artículo 139 de la Ley 1437 de 2011,
el análisis, en primera fase, se realiza frente a las resoluciones que resuelven tales
reclamaciones, y solo en caso de que se declare la nulidad de las mismas, se entra a
hacer una verificación de las mesas y los formularios en que se sustenta la información
en ella registrada23.
2.4. Violencia sobre el material electoral
76. La causal de nulidad de los actos de elección por destrucción del material electoral,
se encuentra regulada, como ya se indicó, en el artículo 275.2 del CPACA, que a la
letra reza:
20
Ibid.
21
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. Sentencia de 27 de marzo de 2009. Expedientes
acumulados: 47001233100020070502, 0509, 0510, 0511, 0519, 0520, 0523, 0528, 0529, 0530, 0532 y 0538-01.
Demandantes: Rafael Alejandro Martínez y otros. Demandados: Concejales Santa Marta D.T.H.C. C.P. María Nohemí Hernández
Pinzón.
22
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 10 de mayo de 2013. Expediente 13001-23-31-000-2012-00012-01.
Demandante: Luis Guillermo Otoya. Demandados: Concejales de Cartagena. M.P. Alberto Yepes.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 6 de junio de 2019, M.P: Carlos Enrique
Moreno Rubio, Radicado No. 11001-03-28-000-2018-00060
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Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son
nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
(…) 2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como
cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los
sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las
elecciones.
77. La sala ha definido esta clase de violencia como «… el hecho de un tercero que
irrumpe a través de la fuerza, …, en la integridad y en el orden natural del proceso eleccionario,
atacando directamente a las personas o a las cosas que hacen parte de él…Cualquiera que
sea el caso, es dicho fenómeno, entonces, una causa exógena que altera la corrección formal
que se debe predicar de un acontecimiento tan significativo como lo es la elección»24.
78. Ahora bien, para que el juez electoral profiera un fallo anulatorio por hechos de
violencia, no sólo debe verificar de manera objetiva la ocurrencia del hecho (elemento
cualitativo), sino que debe determinar si tal irregularidad, tuvo la entidad suficiente para
modificar el resultado (elemento cuantitativo)25.
79. Por ello, en los casos en que se demuestre la alteración de la voluntad popular, ya
sea limitando el acceso al derecho fundamental de participación, o que no pueda
determinarse la realidad de los resultados que reposan en las urnas, se impone la
declaratoria de la nulidad del acto demandado26.
2.5 Caso concreto
80. La parte actora solicitó la nulidad del acto de elección cuestionado, al considerar,
entre otras, que se desconoció su derecho de defensa al no poderse tramitar su
reclamación en debida forma, por cuanto fácticamente era imposible recontar la mesa 9
del único puesto de votación del municipio de Palocabildo como consecuencia de la
destrucción del material electoral; por lo que, las tachaduras que se aprecian en el
formulario E-14 de delegados no permitían tener como ciertos los resultados allí
plasmados.
81. El fallador de primera instancia, consideró que los actos de violencia fueron
suficientes para declarar la nulidad del acto de elección, debido a que, en este caso la
diferencia entre uno y otro candidato es de 8 votos, lo cual ameritaba tener la certeza
que los resultados de la contienda eran la expresión de la voluntad popular libre de
vicio.
82. La parte demandada consideró que no es viable declarar la nulidad del acto de
elección del alcalde de Palocabildo, por cuanto existen los formularios electorales E-14
de delegados, los cuales gozan de presunción de legalidad y valor probatorio pleno.
83. Adicional, que de ellos no se extrae la tachadura que propuso el demandante, que
les pueda restar credibilidad, en tanto, si estos documentos (E-14 en sus tres
24
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, MP: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No.
05001-23-33-000-2015-02546-01 acumulado.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 25 de mayo de 2017, MP: Rocío Araújo
Oñate, radicado 50001-23-33-000-2016-00100-02.
26
ARTÍCULO 287. Presupuestos de la sentencia anulatoria del acto de elección popular. Para garantizar el respeto de la voluntad
legítima mayoritaria de los electores habrá lugar a declarar la nulidad de la elección por voto popular, cuando el juez establezca que
las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los
elegidos.
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versiones) se comparan entre sus homólogos, se puede extraer la identidad en los
datos allí consignados.
84. Por lo expuesto, solicitó se de primacía al principio de eficacia del voto y se
reconozcan los resultados consignados en las actas de escrutinio.
85. Sobre este particular, la Sala analizará las pruebas que obran en el expediente y
determinará conforme los argumentos de apelación, si los actos de violencia por la
destrucción del material, afectaron la trasparencia del proceso o si, por el contrario, los
resultados gozan de eficacia.
86. Frente a la mesa 09 se encuentran los siguientes documentos:
87. Imagen en la que se puede observar el E-14 en sus tres ejemplares.
88. Se aportó el formulario E-14 de delegados.
89. El acta general de escrutinio municipal, en lo que hace a la alcaldía sostuvo:
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90. Como consecuencia de lo anterior, se presentaron las reclamaciones, las cuales
fueron resueltas mediante la Resolución 01 del 3 de noviembre de 2023, como se
observa a continuación:
91. La Comisión Escrutadora Municipal decidió negarlas, al considerar que las
enmendaduras advertidas no corresponden a un error aritmético que permita invalidar
los escrutinios; además que de su lectura no existe duda que la totalidad de votantes
reportados son 245 y que los números objeto de discusión son 132 para el candidato 1
y 2 por el candidato 2.
92. La Resolución 002 del 3 de noviembre de 2023, se refiere a la misma mesa, pero a
la gobernación, como se muestra a continuación:
93. Lo mismo ocurre con la Resolución 003 del 4 de noviembre de 2023, en la cual se
analizó la respectiva mesa, pero de la asamblea.
94. Al tratarse estos dos últimos actos de empleos diferentes a la alcaldía, no serán
tenidos en cuenta para la presente valoración.
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95. De los documentos analizados, se advierte que la causal por la cual se reclamó el
recuento de los votos, fue la contemplada en el artículo 164 del Código Electoral que a
la letra reza:
«ARTICULO 164. Las comisiones escrutadoras, a petición de los candidatos, se sus
representantes o de los testigos electorales debidamente acreditados, podrán verificar el
recuento de los votos emitidos en una determinada mesa. La solicitud de recuento de votos
deberá presentarse en forma razonada y de la decisión de la comisión se dejará constancia
en el acta.
(…). Tampoco podrá negar la solicitud cuando en las actas de los jurados aparezcan
tachaduras o enmendaduras en los nombres de los candidatos o en los resultados de la
votación, o haya duda a juicio de la comisión, sobre la exactitud de los cómputos
hechos por los jurados de votación.
Verificado el recuento de votos por una comisión escrutadora, no procederá otro alguno
sobre la misma mesa de votación».
96. De la norma en cuestión se extrae, que las personas legitimadas por ley, podrán
solicitar recuento de la votación cuando de forma razonada se advierta duda sobre la
exactitud de los cómputos hechos por los jurados de votación, tachaduras o
enmendaduras en los resultados del escrutinio.
97. La comisión escrutadora municipal, frente a la petición de la parte demandante,
decidió negar el recuento, no solo por ser imposible materialmente sino porque,
además, no se advierte dudas, tachaduras o enmendaduras en los guarismos.
98. En este caso, se alega la violación al debido proceso por cuanto no es viable tener
certeza de la voluntad popular.
99. En este punto, la Sala advierte que el demandante pretende restar valor probatorio
a los formularios electorales que contemplan la consolidación de los votos de la mesa
9, ante la imposibilidad de recontarla por la duda, que a su juicio genera algunas cifras
que se encuentran repisadas.
100. Al revisar el formulario que sirvió como base del escrutinio, el cual fue citado
anteriormente, se tiene que, en efecto, frente al candidato 1 le corresponden 132 votos,
no obstante, el número 3 se encuentra repisado. Sin embargo, ello por sí solo no
genera duda, en tanto de la suma de los guarismos que se encuentran en el E-14 de
delegados, se advierte que su totalización es la correcta.
101. Adicionalmente, obra en el proceso, una fotografía expuesta de forma
antecedente, en la que constan los 3 ejemplares del E-14 de la mesa 9, imagen donde
se puede evidenciar que entre ellos existe correspondencia en la totalidad de las cifras,
circunstancia que permite aclarar más allá de toda duda cual fue el resultado de la
consolidación de dicha mesa en lo que hace a la alcaldía.
102. Por manera que, no se advierte el desconocimiento del debido proceso aludido
por el demandante, en tanto, en este caso, no existe duda que la información contenida
en el formulario E-14 de delegados, base del acto que declaró la elección ahora
cuestionada, carece de elementos que pongan en duda la verdad electoral expresada
en las urnas, en tanto, el escrutador, tomó dentro del ámbito de sus competencias, la
decisión adecuada para mantener la trasparencia y claridad del resultado allí plasmado.
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103. De otra parte, es necesario aclarar que el demandante en este caso, pretende la
exclusión de los votos de la mesa, ante la inexistencia de los pliegos electorales que
fueron destruidos en los actos de violencia.
104. Respecto de ello, se advierte que el actor pretende impartirle a la causal de
recuento por la existencia de tachaduras, una consecuencia equivocada, esto es, la de
exclusión de la votación, como si se tratara de la causal de reclamación contemplada
en el artículo 192.4 del Código Electoral, esto es:
ARTICULO 192. El Consejo Nacional Electoral o sus Delegados tienen plena y completa
competencia para apreciar cuestiones de hecho o de derecho y ante reclamaciones escritas
que les presenten durante los escrutinios respectivos los candidatos inscritos, sus
apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos y apreciando como pruebas
para resolver únicamente los documentos electorales, podrán por medio de resolución
motivada decidir las reclamaciones que se les formulen con base en las siguientes causales:
(…) 4. Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no
existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones.
(…) Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones deberán
ordenar en el mismo acto que las actas o registros afectados se excluyan del cómputo de
votos y de los escrutinios respectivos.
105. Para el entendimiento de esta causal, resulta relevante señalar, que el escrutinio
es un proceso de consolidación de datos en el cual, se suma la votación de los
ciudadanos en forma escalonada, hasta lograr el resultado mediante el cual se declara
la elección.
106. Es por ello que, compete a los jurados de votación, el determinar en la mesa, voto
a voto la opción escogida por cada sufragante, la cual es plasmada en el formulario E-
14. Esta información, pasa al escrutador correspondiente27, el cual, ya no revisa la
votación (uno a uno) sino los formularios E-14, salvo que, frente a ellos exista alguna
duda en su contenido.
107. Así las cosas, el legislador previó esta causal, para aquellos casos en los cuales,
no pueda salvaguardarse por ningún motivo la información del escrutinio de mesa que
permita conocer la votación en ella depositada.
108. Sobre esta causal, la Sala ha reseñado28:
«Para la Sección Quinta, el legislador electoral así lo consideró en tanto el E-14 o acta de
jurados de votación es el primer escrutinio de la mesa y, por ende, el primero en referenciar
formalmente la cuantificación de la votación de los candidatos en unas justas electorales. Es
por ello que, cuando se presente discusión dentro de esta causal de reclamación, al carecer
del E-14, se puede recontar el total de las tarjetas electorales y los datos en ellas
consignados, pues en últimas esa pluralidad de votos debe estar contenida en los resultados
del E-14 y a su vez, el E-14 debe corresponder a esa pluralidad de votos, en tanto el E-14
es el registro de votos por cada candidato y se totaliza la votación de la mesa.
Esa la razón por la cual, la reclamación electoral en cita presenta los dos requisitos en forma
concurrente (la inexistencia de las tarjetas electorales y la inexistencia del acta de
escrutinio), pues solo a falta de ambos se acredita el supuesto fáctico que prevé la
27
Zonal o auxiliar en el caso de los municipios zonificados o municipal en los que no tienen esa condición.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 24 de noviembre de 2016, MP: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicado 11001-03-28-000-2016-00010-00
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norma, siendo la solución, casi que por imposibilidad física de encontrar una solución
que permitiera evidenciar el resultado del escrutinio ordenar la exclusión del cómputo
de votos y de los escrutinios respectivos». Negrillas propias.
109. Bajo ese entendimiento, ha sido la ley la que estableció que, ante la existencia de
las actas de escrutinios de jurados, la exclusión de la mesa resulta inviable, ello, en
concordancia del principio de eficacia del voto29.
110. Lo anteriormente expuesto, debe leerse en concordancia con la jurisprudencia
unívoca de la Sala Electoral, en la cual se ha dicho30:
«Por consiguiente, si eventualmente no es posible valorar el contenido del formulario E14
claveros, bien sea por su destrucción parcial o total, desaparición, o porque su contenido es
inconsistente, verbi gratia porque la sumatoria de los guarismos allí registrados no coincide
o es incongruente, es procedente verificar la información plasmada en los demás ejemplares
que se aporten al proceso, sean estos delegados o transmisión».
111. Además, en un caso similar, indicó que31:
«En consecuencia, se tiene que la autoridad judicial accionada desconoció que el formulario
E-14 se expide en tres ejemplares, sin que por este hecho se pueda concluir
razonablemente que solo es válido el de Claveros, máxime si se tiene en cuenta que en el
expediente obraba el ejemplar del acta correspondiente a Transmisión para las mesas
señaladas y el E-14 Delegados de los corregimientos de El Algarrobo y Providencia, así
como las fotografías tomadas por los jurados a las tres versiones –claveros, delegados y
transmisión- en virtud de lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1475 de 2011, elementos
materiales probatorios que, analizados de manera conjunta, le permitían verificar la
conformidad o no, entre los E-14 de Transmisión y Delegados de cara a las fotografías del
de Claveros».
112. Para finalizar, es muy importante hacer la claridad en que el juez de lo electoral,
no por encontrar acreditadas irregularidades en el proceso de escrutinio, deba anular un
acto de esta naturaleza, no sin antes realizar un análisis de incidencia de las
irregularidades identificadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la Ley
1437 de 201132, el cual está estrechamente relacionado con el principio de eficacia del
voto, respecto del cual esta Sección se ha pronunciado en el siguiente sentido33:
«Esa teoría se hizo indispensable porque en el contexto democrático colombiano el acto
administrativo por medio del cual se declara una elección por votación popular, es el
producto de la aplicación de un sistema de representación proporcional para proveer los
cargos en las corporaciones públicas, o de un sistema de representación mayoritaria para
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de febrero de 2025, MP: Gloria
María Gómez Montoya, Radicado 23001-23-33-000-2023-00176-01.
30
Como lo expuso la Sala en la sentencia del 1° de junio de 2017. Exp: 25000-23-41-000-2016-00608- 01. En esa oportunidad la
Sala sostuvo: (…), se advierte que el formulario E-14 claveros adolece de una irregularidad respecto del registro de votación, toda
vez que si bien se dejó la consigna de un total de 285 votos depositados en la urna, la sumatoria real arroja como resultado 238
votos. (…) En ese orden de ideas es preciso colegir que el formulario E-14 claveros presenta una incongruencia en sus registros,
toda vez que allí se anotó un total de 285 votos –tal como aparece en el de delegados-, no obstante, al hacerse una sumatoria de
los votos allí consignados corresponde a 238, razón por la que el a quo no debió conferirle mayor valor probatorio a este documento
sobre el formulario E-14 delegados, puesto que en este último la sumatoria de todos los votos consignados coincide con el número
de 285.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de mayo de 2022, MP: Rocío Araújo
Oñate. 11001 -03-15-000-2022-00597-01
32
ARTÍCULO 287. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA ANULATORIA DEL ACTO DE ELECCIÓN POPULAR. Para garantizar
el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores habrá lugar a declarar la nulidad de la elección por voto popular,
cuando el juez establezca que las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse nuevos
escrutinios serían otros los elegidos.
33
Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de febrero de 2025, MP:
Gloria María Gómez Montoya, Radicado 23001-23-33-000-2023-00176-01.Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de
octubre de 2015. Expedientes: 110010328000201400048-00, 110010328000201400062-00 y 110010328000201400064-00. C.P.
Alberto Yepes Barreiro, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 6 de junio de
2019, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 11001-03-28-000-2018-00060.
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Demandante: Mayer Augusto Aguirre Téllez
Demandado: Leonardo Maldonado Sánchez
alcalde del municipio de Palocabildo (Tolima)
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00451-01
escoger a quienes se desempeñarán en los cargos unipersonales. Y, porque en ambos
casos no basta con acreditar la existencia de cualquier cantidad de falsedades sino de una
de magnitud tal que tenga la capacidad que se requiere para modificar el resultado
consignado en el acto cuestionado. Al efecto se discurrió:
Esta Sala ha reiterado la necesidad de que en relación con esta clase de irregularidades
se realice el análisis de su incidencia en el resultado electoral, para de allí establecer
si prospera o no la pretensión de nulidad por esa causal, en aplicación del principio
de la eficacia del voto, consagrado en el numeral 3 del artículo 1° del Código Electoral; de
donde se desprende que ante la existencia de elementos falsos en los registros
electorales que conduzcan a la declaración de nulidad de una elección es indispensable
que estos hayan sido determinantes en el resultado electoral, vale decir, que puedan
producir verdaderas mutaciones o alterantes de dicho resultado. (…)
Por lo mismo, en situaciones como esta, en la que las falsedades probadas son de
incidencia particular, pues están focalizadas en la votación de candidatos debidamente
individualizados, la decisión de anular o no el acto censurado pasa por ajustar la
votación válida en los precisos términos en que se probó la falsedad, esto es
agregando los votos que hayan sido indebidamente suprimidos, y restando los votos
que sin ningún motivo legal hayan sido adicionados.» (Destacado por la Sala).
113. De acuerdo con la norma y la tesis transcrita, la anulación del acto de elección
está condicionada a que las irregularidades de los documentos electorales,
debidamente acreditadas, tengan la magnitud suficiente para alterar el resultado
electoral, lo cual no se encuentra acreditado en este caso, dado que, como se advirtió
de las pruebas legal y oportunamente allegadas, no existe duda alguna del cómputo de
votación efectuado en la etapa de escrutinios.
114. Por último, no resulta relevante analizar el argumento de defensa tendiente a
verificar la oportunidad de las reclamaciones, en tanto, aun teniéndolas como tal, lo que
se advierte de ellas, es el cabal cumplimiento de la ley electoral en torno a dotar de
eficacia los resultados de la Alcaldía de Palocabildo, actuación que se advierte legítima
por parte de este juez electoral.
2.6 Conclusión
115. Al constatarse por la Sala Electoral del Consejo de Estado, que los cargos de la
demanda no tienen vocación de prosperidad, se impone mantener incólume la elección
demandada, al no encontrarse acreditado el vicio aducido por la parte actora, lo que
impone, en este caso, revocar la decisión de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima
del 25 de julio de 2024, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda,
de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
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Demandante: Mayer Augusto Aguirre Téllez
Demandado: Leonardo Maldonado Sánchez
alcalde del municipio de Palocabildo (Tolima)
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00451-01
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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