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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2024-00072-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2024-00072-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se decretó la pérdida de investidura del concejal electo del municipio de Villarrica, departamento del Tolima, David Armando Caviedes Ruiz, para el período constitucional 2024-2027. 63 En concordancia con los artículos 25 y 26 del Reglamento Interno del concejo municipal de Villarrica. 31 Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01 Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 73001-23-33-000-2024-00072-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas
Accionado: David Armando Caviedes Ruiz
Tema: Causal prevista en el numeral 3° del artículo 48 de la Ley
617 de 2000, por no tomar posesión del cargo dentro de los tres
(3) días siguientes a la instalación del concejo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el accionado contra la
sentencia de 25 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima,
por medio de la cual se decretó la pérdida de investidura del concejal electo del
municipio de Villarrica, departamento del Tolima, David Armando Caviedes Ruiz,
para el período constitucional 2024-2027.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura1

1. La señora Luz Ángela Cucaita Rojas, actuando en calidad de presidente de la
mesa directiva del concejo municipal de Villarrica, departamento del Tolima, en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20112 -en adelante accionante- solicitó decretar la pérdida de investidura
del concejal electo David Armando Caviedes Ruiz. Para ello, elevó las siguientes
pretensiones:

“[…] PRETENSIONES

Que el Señor DAVID ARMANDO CAVIEDEZ (sic) RUIZ Concejal electo
del Municipio de Villarrica Tolima para el período 2024-2028 (sic), pierda
tal envestidura. […]”. (Negrilla y mayúsculas del texto)

I.1.1. Los hechos

2. La solicitante, en síntesis, adujo que el accionado se inscribió como candidato a
la alcaldía del municipio de Villarrica, en las elecciones territoriales celebradas en

1
010. Demanda.
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
2

2

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Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

el año 2023, en la que luego de obtener la segunda mayor votación para acceder a
dicho cargo uninominal de elección popular; y en virtud del artículo 25 de la Ley
1909 de 9 de julio de 20183, aceptó la curul al concejo.

3.Agregó que el día 2 de enero de 2024, tuvo lugar la sesión de instalación del
concejo municipal para el período constitucional 2024-2027 y, en esa fecha, el
concejal electo David Armando Caviedes Ruiz no tomó posesión de su investidura.

4. Expresó que el 3 de enero de 2024, la mesa directiva del concejo tuvo
conversación telefónica con el concejal electo y le solicitó que emitiera un
pronunciamiento formal por su ausencia al acto de posesión realizado el 2 de enero
de 2024.

5. El concejal electo presentó escrito el día 4 de enero de 2024, en el cual esgrimió
como causal de fuerza mayor la situación de encontrarse fuera del país y solicitó a
la mesa directiva que se le permitiera tomar posesión de su investidura de manera
virtual.

6. Mencionó que el día 5 de enero de 2024, la mesa directiva le solicitó al concejal
electo David Armando Caviedes Ruiz que remitiera los soportes relacionados con
su petición, a fin de estudiar la legalidad de la posesión virtual.

7. Finalmente, precisó que el concejal informó que asistiría de manera presencial
al concejo el día 1° de febrero de 2024; sin embargo, no se presentó ante la
corporación en dicha fecha.

I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura

8. La causal de pérdida de investidura invocada aparece prevista en el numeral 3°
del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20004, que señala que los concejales
perderán su investidura por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o
a la fecha en que fueren llamados a posesionarse, salvo que medie fuerza mayor.

I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia

9. Mediante auto de 8 de marzo de 20245, se admitió la demanda y se ordenó la
notificación personal al accionado y al señor agente del Ministerio Público.

3
“[...] Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes
[...]”.
4
"[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.
5
015. Auto admite.

3

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Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

I.3. El escrito de oposición6

10. El acusado, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda en la cual
se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la solicitud.

11. Señaló que la mesa directiva del concejo municipal de Villarrica (Tolima), el 3
de enero de 2024, le solicitó un pronunciamiento formal sobre la aceptación de su
credencial y la falta de justificación del acto de posesión del 2 de enero de 2024.

12. Relató que el 4 de enero de 2024, radicó un memorial ante la secretaría del
concejo, en el cual señaló que: “[…] Me encuentro fuera del país lo cual me impide
retornar para la fecha establecida para la toma de posesión […] [m]i desplazamiento
se debe al ejercicio de comerciante que ejerzo en el medio agrícola y por las fechas
que ocurre mi desplazamiento no es posible conseguir disponibilidad de cupo […]”.
Igualmente, en el mismo oficio, solicitó que se le permitiera la toma de posesión
mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías, por ser este un mecanismo
permitido por el Acuerdo 010 de 2021, la Ley 1148 de 2007, la Ley 617 de 2000 y
la Ley 136 de 2 de junio de 19947, petición que fue rechazada por la presidente de
la mesa directiva.

13. Narró que el día 5 de enero de 2024, la mesa directiva del concejo dio respuesta
a su petición, en el cual se detalla que debía presentar el soporte que demuestre
que se encontraba fuera del país.

14. Describió que el día 6 de enero de 2024, el accionado fue agregado a un grupo
de la plataforma de mensajería instantánea de WhatsApp, en el cual se le notificaron
las sesiones y, en reiteradas oportunidades, el acusado hizo la solicitud de posesión
y/o conexión virtual para participar de las mismas, sin obtener respuesta alguna por
ese medio.

15. Precisó que el día 25 de enero de 2024, la secretaría del concejo municipal de
Villarrica, le informó al accionado sobre la solicitud de pérdida de investidura que
había sido interpuesta en su contra por parte de la presidente del concejo.

16. Anotó que el 22 de febrero de 2024, el accionado radicó oficio ante el concejo
municipal, en el cual puso de presente el contenido del artículo 2.2.5.1.7 del Decreto
1083 de 26 de mayo de 20158, norma que señala que, aceptado el nombramiento,
la persona designada deberá tomar posesión del empleo dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes. Este término podrá prorrogarse, por escrito, hasta por

6
052. Contestación de la demanda. Mediante auto de 12 de julio de 2024, se declaró la nulidad de todo lo actuado desde la
notificación personal del auto admisorio al demandado David Armando Caviedez Ruíz y, como consecuencia de ello, se corrió
nuevamente el traslado para contestar la demanda
7
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
8
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública […]”.

4

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

noventa (90) días hábiles más, si el designado no residiere en el lugar de ubicación
del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora.

17. Explicó que, en la sesión ordinaria de 22 de febrero de 2024, luego de ser
modificado el orden del día, se permitió el uso de la palabra al concejal electo David
Armando Caviedes Ruiz quien presentó escrito de “[…] solicitud de posesión como
Honorable concejal de Villarrica (Tolima) Estatuto de Oposición […]”, en el cual
alegó la vulneración de sus derechos políticos; petición que fue negada por la
presidenta de la mesa directiva.

18. Adujo que, en la sesión de 23 de febrero de 2024, luego de efectuarse la
modificación del orden del día, el concejal electo David Armando Caviedes Ruiz
tomó el uso de la palabra y presentó nuevamente una solicitud con el fin de que se
le permitiera la posesión, la cual le fue negada por la mesa directiva. Esta situación
según afirmó, constituye una vulneración a sus derechos políticos y una
extralimitación en sus funciones por parte de la presidenta del concejo.

19. Expuso que el 27 de febrero de 2024, en sesión ordinaria se radicó petición ante
la presidenta del concejo, con el fin de que se diera trámite a su posesión, anexando
declaración juramentada y el parte médico del señor José Lindo Rojas, de la
Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, la presidenta se negó verbalmente
a la formalización de su posesión y ordenó el cierre de la sesión luego de negar la
proposición para el cambio del orden del día, señalando que debía estudiar la figura
de la provisión de la vacante con ocasión de la falta absoluta.

20. Subrayó que el 28 de febrero de 2024, acudió a la sesión del concejo e ingresó
al recinto; sin embargo, aseguró que no le tomaron el registro de su asistencia y se
le impidió su participación.

21. Indicó que el concejo municipal expidió la Resolución 16 del 27 de febrero de
2024, por medio de la cual declaró la vacancia absoluta de la curul del concejal
accionado. En contra de esa decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue
rechazado por la mesa directiva a través de la Resolución 17 de 29 de febrero de
2024 y, como resultado de ello, se procedió a nombrar a un nuevo concejal. A su
juicio, no era posible declarar dicha vacante hasta tanto no se definiera el proceso
de pérdida de investidura.

22. Destacó que por estos mismos hechos instauró una acción de tutela ante el
Juez Promiscuo municipal de Villarrica, la cual fue rechazada por improcedente y
luego fue confirmada, por el Juez Civil del Circuito de Melgar.

5

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

I.4. Trámite del proceso judicial en primera instancia

23. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, a través de
proveído de 5 de abril de 20249, abrió el período probatorio y fijó fecha para la
audiencia pública, la cual se celebró el día 18 de abril de 202410, con la participación
de la parte actora y el ministerio público.

24. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima profirió fallo el día 3 de
mayo de 202411, mediante el cual accedió a las pretensiones de la solicitud de
pérdida de investidura.

25. El 28 de mayo de 2024, el accionado presentó incidente de nulidad12, por
indebida notificación del auto admisorio al haberse surtido al correo electrónico
davidacr@msm.com, cuando el correcto era el davidacr@msn.com.

26. Según auto de 12 de junio de 202413, el magistrado sustanciador del proceso
declaró la nulidad de todo lo actuado desde la notificación personal del auto
admisorio al accionado David Armando Caviedes Ruiz y ordenó rehacer la actuación
frente a dicho sujeto procesal, disponiéndose el traslado efectivo.

27. Dentro del término del traslado el acusado contestó la solicitud14.

I.5. La audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de 15 de
enero de 201815

28. A través de proveído de 2 de julio de 202416, se dio apertura al período
probatorio y se fijó fecha para la audiencia pública prevista en el artículo 12 de la
Ley 1881 de 15 de enero de 2018, la cual se celebró el 11 de julio de la presente
anualidad17, con la participación de la solicitante y su apoderado, el concejal y su
apoderado y el agente del Ministerio Público.

9
022. Auto fija fecha.
10
033. Acta audiencia.
11
035. Sentencia primera instancia.
12
038. Incidente de nulidad.
13
050. Auto resuelve nulidad.
14
052. Contestación de la demanda
15
“[…] POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE LOS
CONGRESISTAS, SE CONSAGRA LA DOBLE INSTANCIA, EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS
DISPOSICIONES […]”.
16
060. Auto que decretal pruebas y fija fecha de audiencia.
17
071. Acta de audiencia.

6

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

(i) Intervención de la solicitante18

29. El apoderado de la solicitante consideró que el accionado incurrió en la causal
de pérdida de investidura prevista en el numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 de
2000.

30. Encontró probado que el acusado fue designado como concejal, tal y como
consta en el acta de escrutinio final de las elecciones celebradas el 29 de octubre
de 2023, debido a que alcanzó la segunda mayor votación en las elecciones
uninominales a la alcaldía y, posteriormente, manifestó por escrito la decisión de
aceptar la curul a dicha corporación pública de elección popular. También se
demostró que el acusado no tomó posesión de su investidura en la sesión de
instalación, según lo confirma el Acta 001 de 2 de enero de 2024.

31. Advirtió que, en efecto, mediante escrito del 4 de enero de 2024, el accionado
manifestó ante el concejo municipal de Villarrica que su inasistencia a la diligencia
de posesión se debió a que se encontraba por fuera del país, lo cual le impidió
retornar para la fecha establecida; igualmente señaló que su desplazamiento se
debió al ejercicio como comerciante en el medio agrícola.

32. Adujo que la excusa presentada por el accionado no es un hecho constitutivo
de fuerza mayor, pues tal y como lo ha reconocido el Consejo de Estado en otras
oportunidades, siempre que en una decisión intervenga la libertad para adoptarla,
per se, se descarta la imprevisibilidad e irresistibilidad, pues estas suponen la
ocurrencia de un imprevisto al que es imposible resistir.

33. En estas condiciones, era evidente que el acusado, de manera voluntaria se
puso en la alegada imposibilidad jurídica de ocupar el cargo de concejal, pues era
de su conocimiento y debía serlo, que el concejo municipal de Villarrica debía
instalarse el 2 de enero de 2024, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento
Interno de dicha corporación. En tal virtud, no se trata de un hecho externo que fuera
imprevisible e irresistible al inculpado, pues el afectado intervino y se puso en esa
situación.

34. Consideró que la culpa atribuible al accionado es la grave que corresponde a la
falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios
y tampoco existió interés del acusado en averiguar la situación jurídica en la que se
encontraba, por ejemplo, mediante la solicitud de conceptos ante las autoridades
competentes de cara a informarse sobre el régimen jurídico aplicable a su situación
particular, lo cual constituye una conducta inexcusable y, en consecuencia,
gravemente culposa.

18
069. Memorial alegatos de conclusión. Audio minuto a 0:7:30 a 00:22:20.

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Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

35. Por último, precisó que ni la legislación colombiana ni el Reglamento Interno del
concejo facultan la toma de posesión por medios tecnológicos. En este sentido, la
posesión de los dignatarios debe realizarse de manera presencial en las
instalaciones de la corporación.

(ii) Intervención del agente del Ministerio Público19

36. El Procurador 163 Judicial II para Asuntos Administrativos presentó concepto,
en el cual solicitó que se acceda a la solicitud de pérdida de investidura.

37. El agente del Ministerio Público estimó que el concejal designado por mandato
del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 no tomó posesión de su investidura, según
lo ratifica el Acta 001 de 2 de enero de 2024, donde consta que en esa fecha se
instaló la duma.

38. Sostuvo que la situación de encontrarse fuera del país, que en todo caso no se
probó, no constituye un hecho imprevisible, irresistible y externo que le impidiese el
cumplimiento del deber legal de tomar posesión del cargo, y tampoco lo era la
situación alegada por el accionado consistente en que su pariente (tía) tenía un
brazo fracturado.

39. Consideró que la conducta reprochada fue cometida a título de culpa grave, al
señalar que el actuar omisivo desplegado por el accionado en el cumplimiento a su
deber legal de posesión, se ve reflejado al haber aceptado la curul y no acudir en el
término para tomar posesión del cargo en las instalaciones del concejo municipal
de Villarrica, lugar donde por mandato legal y reglamentario debe cumplir sus
funciones esta corporación administrativa.

(iii) Intervención del apoderado del accionado20

40. La defensa del accionado solicitó que se deniegue la pérdida de investidura.

41. Consideró que para el acusado se configuró una situación constitutiva de fuerza
mayor, la cual le eximía del deber legal de tomar posesión, pues se encontraba en
Estados Unidos y no podía viajar debido a las nevadas que se presentaban en dicho
país.

42. Insistió en que el día 4 de enero de 2024, radicó ante la secretaría del concejo
un oficio en el cual expuso que se encontraba fuera del país, situación que le
impedía asistir al acto de toma de posesión y, en el mismo oficio, solicitó que se
realizara la posesión de manera virtual, conforme lo prevé el Acuerdo 10 de 2021,
la Ley 1148 de 2007, la Ley 617 de 2000 y la Ley 136 de 1994.

19
068. Concepto del ministerio público. Audio minuto a 0:22:32 a 0:34:10.
20
Minuto: 034:44 a 049:52.

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Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

43. Adujo que la conducta del accionado se encuentra exenta de dolo o culpa grave,
toda vez que, en varias oportunidades manifestó su intención de posesionarse, a tal
punto que compareció en repetidas ocasiones al concejo municipal de Villarrica con
el propósito de que se procediera con su posesión.

44. Relató que el 22 de febrero de 2024, el accionado presentó escrito en el cual
solicitó la aplicación del Decreto 1083 de 2015, que señala que la toma de posesión
debe efectuarse dentro de los 10 días hábiles a la aceptación del nombramiento,
término que podría prorrogarse hasta por 90 días, si el designado no residiere en el
lugar de ubicación del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad
nominadora.

45. Precisó que, igualmente, acudió a las sesiones de los días 22, 23 y 24 de febrero
de 2024, con el fin de que se le permitiera efectuar su posesión, petición que fue
negada por la presidencia del concejo municipal de Villarrica. Posteriormente, se
procedió a declarar la vacancia absoluta del cargo, sin haberse resuelto el proceso
de pérdida de investidura, lo cual constituye una extralimitación de funciones.

I.6. La sentencia de primera instancia21

46. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 25
de julio de 2024, decretó la pérdida de investidura del concejal electo del municipio
de Villarrica, David Armando Caviedes Ruiz.

47. El problema jurídico abordado por el a quo fue definido en los siguientes
términos: si el señor David Armando Caviedes Ruiz, en su calidad de concejal del
municipio de Villarrica, Tolima, se encuentra incurso o no en la causal de pérdida
de investidura prevista en el numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, al no
haber tomado posesión del cargo el día de la instalación del concejo municipal de
Villarrica celebrada el 2 de enero de 2024, ni dentro de los tres (3) días siguientes
a la misma o, si por el contrario, la imposibilidad está justificada en un hecho
constitutivo de fuerza mayor.

48. La tesis esgrimida fue la siguiente:

“[…] La Sala decretará la pérdida de investidura del demandado porque
incurrió en la causal prevista en el numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617
de 2000, como quiera que no tomó posesión del cargo en la fecha
establecida para la instalación del Concejo Municipal de Villarrica, Tolima,
ni tampoco dentro de los 3 días siguientes a esa instalación, sin que
mediara una justa causa o fuerza mayor. Así mismo que, fue factible
establecer el actuar gravemente culposo del demandado ante sus
deberes como concejal, máxime cuando le asistía el deber con su
electorado al aceptar en forma libre y voluntaria la curul que le fue

21
074. Sentencia primera instancia.

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Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

otorgada por la Ley de Oposición 1909 de 2018 al ser el candidato con la
segunda mejor votación para la alcaldía de ese Municipio de Villarrica.
[…]”.

(i) Análisis del aspecto objetivo.

49. Recordó que la causal invocada exige que se encuentren reunidos los
siguientes requisitos, a saber: (i) que el demandado haya sido elegido o designado
como concejal o tenga dicha calidad; (ii) que no se posesione en el cargo dentro de
los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación del concejo o la fecha en que
sean llamados a posesionarse y, (iii) que no medie una circunstancia de fuerza
mayor para ello.

50. Consideró que el accionado alcanzó la segunda mayor votación en las
elecciones a la alcaldía de ese municipio y manifestó por escrito la decisión de
aceptar la curul, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018,
aclarando que la causal enrostrada resulta aplicable al concejal, en razón a que
este adquirió un compromiso y un deber con su electorado al aceptar la curul
otorgada por el Estatuto de la Oposición.

51. Igualmente, encontró probado el requisito atinente a la falta de posesión del
accionado en el cargo dentro del término previsto en la ley, y tampoco lo hizo dentro
de los tres (3) días siguientes a la sesión inaugural, según lo ratifican los
documentos obrantes en el expediente, en especial, el Acta 001 de 2 de enero de
2024, el Oficio OF.Z.G 0002 del 3 de enero de 2024 C.M.V suscrito por la mesa
directiva, el Oficio OF.Z.G 0005 del 5 de enero de 2024 C.M.V, el Acta 004 del 10
de enero de 2024, el Oficio OF.Z.G 00023 del 25 de enero de 2024 C.M.V. y las
actas de las sesiones ordinarias celebradas los días 22, 23 y 24 de febrero de 2024.

52. En relación con el tercer requisito, el a quo consideró que no se presentó para
el accionado una situación constitutiva de fuerza mayor que le impidiese tomar
posesión de su investidura, tras señalar lo siguiente:

“[…] Conforme al material probatorio, debe resaltar la Sala que las
circunstancias que rodearon la no posesión a la curul que fue aceptada
por el demandado, fueron expuestas en la comunicación que presentó
ante el Concejo Municipal de Villarrica radicada el 4 de enero de 2024, a
través de la cual se puede extraer que su inasistencia a la sesión
inaugural, y en consecuencia, la imposibilidad de realizar el acto de
posesión el 2 de enero de 2024, se debió a que se encontraba por fuera
del País y no le fue posible su retorno, específicamente, el demandado
expresó:

[…]

De acuerdo a lo anterior, la justificación brindada por el demandado esta
única y exclusivamente fincada en su salida del País y las dificultades de
su retorno o regreso, suceso fáctico que, primero, ni siquiera se probó

10

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

ante el Consejo Municipal de Villarrica y mucho menos ante este Tribunal,
si bien el demandado en su contestación reiteró dicha circunstancia
asegurando que se debía a las dificultades para conseguir transporte
internacional, en el escrito defensivo ni siquiera se aclaró en que (sic)
parte de (sic) mundo se encontraba para poder establecer la presunta
dificultad alegada, solamente en las alegaciones finales la defensa ante
la Sala Plena de esta Corporación en la audiencia especial de decisión
realizada el 11 de julio de 2024, anunció que el demandado se encontraba
en Estados Unidos y que debido a las heladas en el mes de diciembre de
2023, había sido imposible ubicar un cupo de transporte internacional,
pero ni siquiera para ese momento se específico (sic) en que (sic) ciudad
se encontraba para poder establecer dicho evento y mucho menos se
demostró esta situación; segundo, porque no se cumple con los
presupuestos exigidos para la configuración del fenómeno jurídico de la
fuerza mayor, consistente en que “debe ser un hecho extraño a quien la
alega, totalmente imprevisible e irresistible, capaz de determinar y
justificar el incumplimiento o inejecución de determinado deber u
obligación por parte de éste. En razón de su carácter imprevisible e
irresistible, la fuerza mayor es considerada en nuestro ordenamiento
jurídico como causa eximente de responsabilidad, por cuanto viene a
justificar el incumplimiento de la correspondiente obligación.22”

[…]

Y finalmente, no es viable pensar que la salida del país del demandado
constituya un hecho extraño o externo para él a la luz del significado
jurisprudencial que debe entenderse respecto de este elemento como
requisito para constituirse la fuerza mayor, pues “[…] no puede alegar esa
causa quien ha contribuido con su conducta a la realización del hecho
alegado; es decir, el afectado no puede haber intervenido en la situación
que le imposibilitó cumplir su deber u obligación, de forma que no haya
tenido control sobre la situación ni injerencia en esta. Por esa razón el
acontecimiento no puede ser imputable a la persona […]23”; en ese
sentido, del escrito aportado por el demandado es inobjetable observar
que su salida al exterior fue por asuntos de carácter profesional ante el
ejercicio como comerciante del sector agrícola, lo cual fue reiterado en su
contestación o argumentos defensivos, lo que permite inferir que no era
un asunto ajeno o extraño a su desarrollo profesional y personal, todo lo
contrario, es una circunstancia concreta que tiene relación con su
actividad comercial, por lo que estaba dentro de su control y tenía plena
injerencia en la misma, es más, no puede pretenderse que al no tener
posibilidad de retorno del viaje esto constituya un asunto que se escape
de su debida prevención o anticipación al cumplimiento de su deber con
el acto inaugural y toma de posesión como concejal.

Incluso, la Sala debe advertir que la misma salida del país en sí misma,
fue una decisión libre, descartando la imprevisibilidad e irresistibilidad,
pues el mismo concejal corrió el riesgo de viajar asumiendo las
posibilidades que esto conlleva para programar un retorno en la fecha
previa a la sesión inaugural, no solo porque es una fecha de evidente
concurrencia de viajeros al ser el final de año, sino porque tenía un

22
(Cita original): Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 6 de abril de
2017, número único de radicado 05001-23-33-000-2016-00444-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
23
Ibidem.

11

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

compromiso con sus votantes y debía anticiparse a cualquier
eventualidad, entonces, era una situación a todas luces previsible. […]”.

(ii) Análisis del aspecto subjetivo

53. El a quo al abordar el elemento subjetivo señaló que el accionado, al momento
de inscribirse como candidato a la alcaldía municipal de Villarrica para las
elecciones del mes de octubre de 2023, bajo la gravedad de juramento, afirmó que
cumplía con las calidades y requisitos del cargo y señaló no encontrarse incurso en
las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución Política
y en la ley.

54. Además, el accionado, de manera libre, voluntaria y consciente aceptó la curul
para el concejo, en ejercicio de la prerrogativa prevista en el artículo 25 de la Ley
1909 de 2018, con el fin de representar al electorado que lo acompañó en su
candidatura en las elecciones a la alcaldía, por lo que era dable concluir que
también conocía el marco normativo que rige su funcionamiento.

55. Agregó que, si bien la conducta enrostrada al accionado no se cometió con
dolo, sí resulta imputable a título de culpa grave, que según la definición prevista
en el artículo 63 del Código Civil corresponde a la falta de cuidado que las mujeres
y los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios, puesto que no
demostró haber actuado con diligencia alguna en el cumplimiento del marco
normativo que regula el ejercicio de las funciones que desempeñaría como concejal
electo.

56. Indicó que “[…] no se allegó prueba alguna que permita determinar que el
demandado obró con el cuidado requerido y, en consecuencia, que su conducta no
fue culposa, pues ni siquiera se interesó en probar o justificar debidamente su
ausencia al acto inaugural a pesar de que fue requerido no solo mediante el oficio
del 3 de enero de 2024, sino atendiendo los diversos requerimientos posteriores
del Concejo Municipal de Villarrica, las manifestaciones del demandado tales como
los escritos del 22 y 23 de febrero de 2024 y sus participaciones en las sesiones
ordinarias del 22, 23 y 24 de febrero de 2024, demostraron que simple y llanamente
sin probar o acreditar dichas circunstancias fácticas reiteraba que estaba por fuera
del País y que su familiar se encontraba en una dificultad de salud, incluso, puede
observar la Sala que en una conducta totalmente desafiante advertía que el
proceder del Concejo Municipal de Villarrica era contrario a derecho. […]”.

57. Observó que, aun en caso de que el accionado alegara el desconocimiento de
dicho deber, de un lado, la ignorancia de la ley no sirve de excusa; y del otro, la
posesión en el cargo y las condiciones de tiempo y modo son situaciones
contenidas en disposiciones que regulan el ejercicio del cargo al cual fue
designado, con la agravante de que mediante escrito de 4 de enero de 2024

12

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

anunció que se presentaría de manera presencial a la sesión de 1° de febrero de
2024, lo cual no ocurrió.

58. Manifestó que la decisión del concejo de no permitir la posesión de manera
virtual “[…] se encuentra acorde con la regulación sobre la materia y el respeto a
ese acto inaugural, pues es un único momento en que se toma el juramento de rigor
bajo unos parámetros formales que están admitidos tanto constitucional como legal
y reglamentariamente, por lo que, no puede concluirse ninguna vulneración de los
derechos del demandado con esa decisión, y mucho menos, constituir una causal
eximente de su obligación y deber de presentarse a tomar posesión, máxime
cuando es un acto que esta (sic) previamente convocado, lo que exigía al
demandado tomar las medidas necesarias de diligencia y cuidado para presentarse
el 2 de enero de 2024 a la sesión inaugural, y, no evadir su responsabilidad
limitándose simple y llanamente alegando una salida al exterior, e incluso,
desinteresadamente al no presentarse a la cita que tenía con el cumplimiento de su
deber para garantizar los derechos de los ciudadanos que confiaron en su
representación a través del ejercicio del voto popular.[…]”.

59. Citó el concepto emanado por el Departamento de la Función Pública 430931
del 31 de agosto de 2020, sobre las sesiones virtuales, para concluir que “[…]
tampoco existe evidencia que el concejal demandado estuviese en alguna
excepción de las establecidas para admitir la posesión virtual, por lo que, la
conclusión del Concejo Municipal de Villarrica, se reitera estaba circunscrita en un
marco de legalidad, por lo que atendiendo la debida solemnidad que merece el acto
de posesión, el demandado David Armando debía presentarse a la sesión inaugural
del 2 de enero de 2024.[…]”.

I.7. El recurso de apelación24

60. El accionado por conducto de apoderado judicial apeló la decisión de primera
instancia.

61. El apelante, luego de realizar un resumen de la sentencia de primera instancia,
reiteró los argumentos esbozados en la contestación de la solicitud, para así
destacar que no está probado los elementos objetivo y el subjetivo de la causal de
pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo.

62. Por razones de economía procesal, la Sala se remitirá al acápite pertinente en
el que se resume la postura del accionado.

24
078. Memorial Web.

13

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

I.8. Trámite del recurso de apelación

63. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, a través de
proveído de 23 de agosto de 202425, concedió la alzada y remitió el proceso al
Consejo de Estado.

64. Mediante auto de 4 de octubre de 202426, se admitió el recurso de apelación y
se negó la prueba solicitada por el accionado consistente en “[…] decretar de oficio
petición a migración Colombia con el fin de verificar la estancia del señor DAVID
ARMANDO CAVIEDES RUIZ en los estados unidos (sic). […]”.

65. En el término del traslado del auto admisorio del recurso de apelación, la
solicitante, el accionado y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

66. Para resolver la presente controversia se abordarán los siguientes aspectos: (i)
la competencia; (ii) el problema jurídico; (iii) la prueba de la calidad del accionado
como sujeto pasivo; (iv) el análisis dela causal de pérdida de investidura y
desarrollos jurisprudenciales; (v) el estudio de los supuestos objetivos y el subjetivo
de la conducta y, (vi) las conclusiones del caso.

II.1. La competencia

67. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000; en el
artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201927; y en el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011.

II.2. El problema jurídico

68. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 32028 y 32829 de la Ley 1564, aplicables
por virtud de lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 1437, le corresponde definir si

25
081. Auto concede apelación.
26
Índice 4.
27
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”.
28
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
29
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones […]”.

14

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

el concejal electo David Armando Caviedes Ruiz, para el período constitucional
2024-2027, incurrió o no en la causal de pérdida de investidura prevista en el
numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, esto es, por no haber tomado
posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación
del concejo municipal de Villarrica, sin que haya mediado una situación constitutiva
de fuerza mayor.

69. En tal virtud, se analizará si se estructuran los requisitos objetivos de la referida
causal y, solo de superarse dicho estudio, deberá analizarse el elemento subjetivo
o de la culpabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1881
de 2018, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201930
y los lineamientos jurisprudenciales de esta Corporación Judicial.

II.3. La prueba de la calidad del accionado como sujeto pasivo

70. La Sala encuentra probado el requisito previsto en el literal b) del artículo 5° de
la Ley 1881 de 201831, disposición normativa que resulta aplicable a los procesos
de pérdida de investidura de los concejales según el artículo 22 de la ley ibidem,
pues según lo ratifican los formularios E- A AL y E-26 ALC, el señor David Armando
Caviedes Ruiz fue el segundo candidato con mayor votación para la alcaldía del
municipio de Villarrica y manifestó por escrito su decisión de aceptar la curul al
concejo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.

II.4. La causal de pérdida de investidura

71. La causal de pérdida de investidura que se le reprocha al accionado está
prevista en el numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que es del siguiente
tenor:

“[…] ARTÍCULO 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros
de juntas administradoras locales perderán su investidura:
[…]

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes
a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a
la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

[…]

Parágrafo 1º. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie
fuerza mayor. […]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

30
“[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
31
“[…] ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse
por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral
Nacional […]”.

15

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

72. Esta Sección32 ha señalado lo siguiente en relación con la finalidad y los
requisitos exigidos para la configuración de la causal de pérdida de investidura por
no tomar posesión del cargo:

“[…] Según la jurisprudencia de la Corporación, la finalidad de esta causal
es garantizar el principio democrático de representación política porque
obliga a los miembros de corporaciones públicas elegidos popularmente
a asumir el ejercicio del mandato que le confirió el pueblo a través de su
voto, so pena de la sanción prevista en la ley33. Al efecto, se ha explicado
que el elegido contrae un compromiso con sus electores y con la
institución, por lo que no tomar posesión “implica una ruptura del pacto
político existente entre el elector o la institucionalidad y el elegido, llamado
o designado, elemento fundamental de la democracia representantiva
(sic); es decir, esta causal exige que la confianza depositada por el elector
(…) no resulte frustrada por la decisión unilateral e injustificada del
representante o senador [llamése en este evento concejal] de no
presentarse a la posesión del cargo sin que medie fuerza mayor que así
lo avale”34.

Esta Sección también ha dicho que de la disposición en cita se desprende
que “(…) los ciudadanos que han sido elegidos por el voto popular como
miembros de una corporación administrativa de carácter territorial tienen
el deber legal de tomar posesión del cargo dentro del término
perentorio previsto en ella, so pena de incurrir en causal de pérdida de
investidura. Esta consecuencia, sin embargo, no opera cuando medie
fuerza mayor que impida al elegido cumplir con tal obligación”35. (negrillas
originales)

Teniendo en cuenta la finalidad de la causal endilgada, la Sala pasará a
estudiar i) los requisitos para la configuración del elemento objetivo de la
causal y ii) el elemento subjetivo.

4.1. Requisitos para la configuración del elemento objetivo de la
causal

La causal invocada exige que estén reunidos los siguientes elementos:

(i) Que el acusado haya sido elegido como concejal

(ii) Que no se posesione en el cargo dentro de los tres (3) días siguientes
a la fecha de la instalación del concejo o a la fecha en que sean llamados
a posesionarse, y,

(iii) Que no medie una circunstancia de fuerza mayor para ello. […]”.
(Negrilla del texto)

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo, sentencia de 26 de
agosto de 2021, radicado: 76001-23-33-000-2020-00838-01(PI). Ver: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 28 de enero de 2021, radicación número:
68001-23-33-000-2020-00032-01(PI) y (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP:
Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicado: 70001 23 33 000 2023 00106 01.
33
(Cita original): Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de mayo de 2019. C.P.
William Hernández Gómez. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2018 03883 01.
34
(Cita original): Ibídem.
35
(Cita original): Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 10 de noviembre
de 2017. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 66001-23-33-002-2016-00055- 01 (PI).

16

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

II.5. Análisis de la causal de pérdida de investidura por no tomar posesión del
cargo

II.5.1. Estudio de los elementos objetivos

• Que el accionado haya sido elegido concejal

73. Según lo ratifican los formularios E-A AL y E-26 ALC, David Armando Caviedes
Ruiz fue el segundo candidato con más votación para la alcaldía del municipio de
Villarrica y manifestó por escrito su decisión de aceptar la curul al concejo para el
período constitucional 2024-2027.

74. Cabe resaltar que, con ocasión de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02
de 2015, que modificó el artículo 112 Constitucional, a su vez desarrollado por la
Ley 1909 de 2018 surgió una nueva forma de acceso a las curules en las
corporaciones públicas representativas, en la medida que reconoce una
prerrogativa personal a ocupar una curul en la corporación pública respectiva al
candidato con segunda votación más alta, a quien la autoridad electoral declare
elegido en el cargo de presidente, vicepresidente de la República, gobernador de
departamento y alcalde distrital y municipal, como ocurrió en este caso.

75. Conforme lo reconoció la Corte Constitucional en sentencia SU-316 de 16 de
septiembre de 202136, a partir de dicha reforma constitucional surgió una nueva
modalidad de acceso a los cargos de elección popular, con la cual se busca que
“[…] las personas que votaron por la opción derrotada también se encuentren
representadas […]37”, que fortalece el principio democrático y garantiza el derecho
de la oposición.

• Que no haya tomado posesión de su investidura como concejal dentro del
término señalado en la ley.

76. Los artículos 35 y 49 de la Ley 136 de 1994 regulan, en su orden, la instalación
de los concejos y la posesión de los concejales, en el siguiente sentido:

“[…] Artículo 35. Elección de funcionarios. Los concejos se instalarán
y elegirán a los funcionarios de su competencia en los primeros diez días
del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus períodos
constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres días de
anticipación.

En los casos de faltas absolutas, la elección podrá hacerse en cualquier
período de sesiones ordinarias o extraordinarias que para el efecto
convoque el alcalde […]” (Negrillas del texto y subrayado fuera del texto).

36
Corte Constitucional SU-316 de 16 de septiembre de 2021, MP: Alejandro Linares Cantillo.
37
Ibidem.

17

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

[…]

“[…] Artículo 49. Posesión. Los presidentes de los concejos tomarán
posesión ante dichas corporaciones, y los miembros de ellas, secretarios
y subalternos, si los hubiere, ante el presidente; para tal efecto, prestarán
juramento en los siguientes términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo,
cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia […]” (Negrilla del
texto y subrayado fuera del texto).

77. A su vez, según el Reglamento Interno del concejo municipal de Villarrica
adoptado a través del Acuerdo 10 de 30 de agosto de 202138, la duma municipal se
debe instalar públicamente en sesión especial en el recinto del cabildo el día 2 de
enero, hora 4: 00 pm, correspondiente a la iniciación de su período constitucional
y, en esa reunión, debe ocuparse de la elección de la mesa directiva39.

78. En el sub examine, según el Acta 001 de 2 de enero de 202440, se llevó a cabo
la sesión de instalación del concejo en la cual se efectuó la toma de posesión de
los concejales electos y, en dicho documento, se indicó que “[…] el Honorable
Concejal David Caviedes no está dentro del recinto y se da constancia de que no
hay un oficio o solicitud formal de excusa por su inasistencia. […]” y, tampoco existe
prueba que el accionado tomó posesión de su investidura dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de instalación. En todo caso, es oportuno resaltar que este
hecho no es objeto de controversia entre los distintos sujetos intervinientes en este
proceso.

• La fuerza mayor invocada por la parte accionada

79. Para justificar su ausencia, el concejal accionado alegó encontrarse por fuera
del país para la fecha de posesión, situación que le imposibilitó asistir a la sesión
de instalación de 2 de enero de 2024, debido a las nevadas que se presentaban.

80. Al efecto, obran las siguientes pruebas:

81. Mediante Oficio OF.Z.G. 0002 C.M.V de 3 de enero de 202441, la mesa
directiva del concejo municipal de Villarrica requirió al accionado con el fin de que
efectuara un pronunciamiento formal sobre la justificación a la ausencia al acto de
posesión realizado el día 2 de enero de 2024, del siguiente modo:

“[…] Villarrica Tolima, 03 enero de 2024
Oficio OF.Z.G. 0002 C.M.V

Ingeniero
DAVID CAVIEDES

38
“[…] Por medio del cual se modifica el acuerdo N°. 009 de 2013 y se expide el nuevo reglamento interno del Concejo
Municipal de Villarrica Tolima […]”. Documento: 029. Reglamento concejo.
39
Artículo 25 del Reglamento Interno.
40
003. Acta 001 de 2 de enero de 2024.
41
053. Pruebas contestación.

18

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

Concejal Electo

REF.: Notificación
Respetado Concejal Electo

Saludo cordial, los suscritos en calidad de miembros de la Mesa Directiva,
nos permitimos notificarle que, en consideración a que el día 02 de enero
del corriente año, se posesiono (sic) el concejo Municipal de Villarrica
Tolima para el período constitucional 2024-2027, conforme a lo
establecido en la Ley 617 de 2000, 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012, el
reglamento interno del Concejo y demás normas concordantes. La
Corporación requiere de su pronunciamiento formal, en consideración a
su aceptación a la credencial y debido a su ausencia sin justificación
formal al acto de posesión que se efectuó el día anterior de la
presente vigencia fiscal.

Es relevante, que a partir de su aceptación a la curul del Concejo, se
asume un compromiso como servidor Público y la ley no lo exime de
responsabilidades.

[…]” (Negrilla fuera del texto).

82. A través de escrito de 3 de enero de 202442, el concejal electo David Armando
Caviedes Ruiz expuso las razones de su ausencia a la sesión de instalación
realizada el día 2 de enero de 2024, de la siguiente manera:

“[…] Enero 3 de 2024

Señores
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLARRICA TOLIMA

Cordial saludo, DAVID ARMANDO CAVIEDES identificado como aparece
al pie de mi correspondiente firma, dentro de la oportunidad legal
correspondiente me dirijo a la honorable corporación para exponer las
razones de mi ausencia el día 2 de enero de 2024 e igualmente solicitar
mi posesión como concejal (sic)

Por razones de fuerza mayor me encuentro fuera del país lo cual me
impide el retornar para la fecha de (sic) establecida para la toma de
posesión.

Como bien lo contempla el acuerdo 010 de 2021 por medio del cual se
modifica el acuerdo 09 de 2013 y se expide el nuevo reglamento interno
del Concejo Municipal de Villarrica Tolima (sic)

Que en virtud del ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015 “Por el cual se adopta
una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan
otras disposiciones” cediendo un lugar a quien haya obtenido la segunda
votación más alta para el cargo de alcalde en el respectivo municipio.
Siendo el suscrito quien ostenta esa calidad.

42
Fecha de recibido: 4 de enero de 2024. 053. Pruebas contestación.

19

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

Por otra parte, contempla el reglamento en su artículo 44 los derechos
entre los cuales en su parágrafo 44.13 a ejercer libremente su profesión
u oficio siempre y cuando con ello no interfiera en las funciones como
servidor público ni se trate de asuntos en los cuales el municipio o sus
entidades descentralizadas sean parte, ni implique vinculación como
empleado público o trabajadores oficiales. Mi desplazamiento se debe al
ejercicio de comerciante que ejerzo en el medio agrícola y por las fechas
en las que ocurre mi desplazamiento no es posible conseguir
disponibilidad de cupo. Igualmente, cuando se realiza el ejercicio público
no se es ajeno a situaciones que afectan la integridad personal.

Teniendo en cuenta la plena autonomía del concejo municipal y lo
contemplado en la LEY 1148 DE 2007 por medio de la cual se modifican
las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones
donde se contempla la opción de sesionar a distancia solicito se me
permita tomar posesión con el uso de los medios tecnológicos; Es de
recalcar que para el inicio de las sesiones ordinarias que inician el 1 de
febrero de 2024, estaré de forma presencial en el Municipio para
desarrollar el ejercicio como la ley y la comunidad lo han establecido. […]”.
(Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

83. La mesa directiva del concejo municipal de Villarrica mediante Oficio OF.Z.G
0005 C.M.V del 5 de enero de 202443, informó lo siguiente:

“[…] Villarrica Tolima, enero 05 de 2024
Ingeniero
DAVID ARMANDO CAVIEDES
Concejal Electo
davidacr@msn.com

REF.: RESPUESTA OFICIO RECIBIDO ENERO 04 DE 2024

Respetado Ingeniero,

Saludo cordial, los suscritos en calidad [de] integrantes de la Mesa
Directiva del Concejo Municipal de Villarrica Tolima, nos permitimos dar
respuesta a su oficio recibido el día 04 de enero del corriente año en los
siguientes términos:

1). En Razón a la situación de encontrarse fuera del país, es importante
presentar el soporte que evidencie su justificación, puesto que; era de su
conocimiento que el día 02 de enero del corriente año a las 4:00 p.m. se
llevaría a cabo la sesión inaugural y era de suma importancia
pronunciarse en los términos correspondientes

2. Respecto a lo enunciado al Acto Legislativo 2 de 2015, no corresponde
a lo mencionado ya que es de nuestro conocimiento que usted obtuvo la
segunda votación y por ende la Ley 1909 de 2018 establece los derechos
fundamentales para aceptar o no la credencial como Concejal. se (sic)
reitera que; a partir de su aceptación a la curul era de pleno conocimiento
que para el mes de enero se realizaría el acto de posesión y que en la
Secretaría no reposa su excusa o justificación por la inasistencia y por

43
053. Pruebas contestación.

20

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

ende; el Concejo realizó legal y formalmente la sesión inaugural dejando
constancia del quorum (sic) reglamentario y decisorio para el acto de
posesión de los honorables Concejales y la respectiva elección de la Mesa
Directiva. Cabe mencionar que en derecho, el desconocimiento de la Ley
no lo exime de responsabilidades y hay evidencia del mensaje por el cual
se le notificó de la sesión.

3. Respecto a lo reglamentado en el artículo 44 los derechos entre los
cuales en su parágrafo 44.13, era responsabilidad como Concejal electo
pronunciarse previamente con los soportes correspondientes, para que la
Corporación hubiese evaluado dicha situación personal y respecto a los
derechos enunciados; cabe aclarar que no está ejerciendo su dignidad de
Concejal por la ausencia en el acto de posesión.

4. Conforme a lo contemplado en la Ley 1148 de 2007; no modifica el
artículo 31 de la Ley 136 de 1994, donde establece que los Concejo (sic)
Municipales expedirán su reglamento interno para su funcionamiento, la
actuación de los Concejales, la validez de las convocatorias y de las
sesiones. Y de acuerdo con ello, el Concejo Municipal de Villarrica Tolima
sesionará en la cabecera municipal, en el recinto señalado oficialmente
para tal efecto, ordinariamente por derecho propio, durante los períodos
señalados por la Ley y extraordinariamente por convocatoria del Alcalde,
tampoco el artículo 48 de [la] Ley 617 del 2000 donde enuncia cuales (sic)
son las razones por las cuales un Concejal puede tener perdida (sic) de
investidura

5. Considerando Concepto de la Función Pública enfatiza que la Ley 2088
no establece que los Servidores Públicos, puedan ejercer su función
desde el exterior.

En consideración de lo anteriormente expuesto, la Mesa Directiva de la
Corporación estará en espera de su pronunciamiento. Y de igual manera
se notificará a las entidades correspondientes de la situación de su
posesión. […]”. (Subrayado fuera del texto)

84. A través de Oficio Z.G.N° 00023 C.M.V. de 25 de enero de 202444, suscrito
por la secretaría general del concejo y dirigido al concejal electo David Armando
Caviedes Ruiz, que lleva como asunto “[…] REF: Notificación […]”, se informa al
accionado que se va a instaurar una demanda de pérdida de investidura en su
contra.

85. Mediante escrito de 22 de febrero de 202445, el concejal electo David Armando
Caviedes Ruiz elevó la siguiente solicitud ante la presidenta del concejo:

“[…] Villarrica – Tolima 22 de febrero de 2024
Señores
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLARRICA – TOLIMA
Presidenta Luz Angela (sic) Cucaita

44
053. Pruebas contestación.
45
053. Pruebas contestación.

21

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

Cordial saludo, YO DAVID ARMANDO CAVIEDES RUIZ identificado
como aparece al pie de mi correspondiente firma, teniendo en cuenta que
dentro de la oportunidad legal correspondiente exprese (sic) las razones
de fuerza mayor que no me permitían la toma de posesión, escrito que fue
recibido el 04 de enero del año en curso. Y ante al cual no recibí respuesta
por parte del honorable cuerpo cabildante.

Por lo anterior y dando aplicación a (sic) DECRETO 11083 DE 2015
ARTÍCULO 2.2.5.1.7. Plazos para la posesión. la (sic) persona tiene 10
días hábiles para posesionarse a partir de la aceptación del
nombramiento; sin embargo, este término puede prorrogarse hasta por 90
días, si el designado no residiere en el lugar de ubicación del empleo, o
por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora.

Igualmente, no se ha presentado de mi parte insistencia (sic) en un mismo
período de sesiones, a cinco reuniones plenarias o de comisión en las que
se voten proyectos de acuerdo que peritan (sic) dar ampliación (sic) al
artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

Por lo anterior solicito respetuosamente se proceda a realizar mi posición
(sic) como concejal del municipio.

[…]”. (Negrilla del texto)

86. En escrito de 23 de febrero de 202446, que tiene como asunto: “[…]
SOLICITUD DE POSESIÓN COMO HONORABLE CONCEJAL DE VILLARRICA
(TOLIMA) ESTATUTO DE OPOSICIÓN […]”, el concejal electo David Armando
Caviedes Ruiz expresa lo siguiente:

“[…] Villarrica, 23 de febrero de 2024
SEÑORA
LUZ ÁNGELA CUCAITA
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLARRICA (TOLIMA)
Ciudad

REF: SOLICITUD DE POSESIÓN COMO HONORABLE CONCEJAL DE
VILLARRICA (TOLIMA) ESTATUTO DE OPOSICIÓN.

Respetada presidenta Luz Ángela:

Reciba un cordial saludo, a través de la presente nuevamente me dirijo a
usted para solicitarle la posesión en el cargo como Honorable Concejal
del municipio de Villarrica (Tolima) siendo hoy la segunda sesión ordinaria
en la cual participo y me es vulnerado mi derecho político a participar de
la misma según lo establecido en la constitución política (artículos 40 y
112 respectivamente) y la ley 1909 de 2018 Estatuto de oposición.

Considerando que [en] el mes de noviembre de 2023 acepté y recibí la
credencial por el Consejo Nacional Electoral autoridad competente que,
reconoció mi derecho político para ejercer mi labor de representación
como Concejal elegido por más de 900 villavicenses. Le solicito el
acatamiento de lo dispuesto en el ARTÍCULO 25 de la ley 1909 de 2018:

46
053. Pruebas contestación.

22

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

Curules en las corporaciones públicas de elección popular de las
entidades territoriales. Dónde taxativamente reza qué: Los candidatos que
sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los
cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde
Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en
las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos
Municipales respectivos, durante el periodo de estas corporaciones. Con
la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las
opciones previstas en el artículo 7 de esta ley y harán parte de la misma
organización política. (ARTICULO 7. Niveles territoriales de oposición
política. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
podrán declararse en oposición, en cualquiera de los niveles de gobierno
de que trata el artículo 2 de esta ley.)

Considerando que de forma verbal usted como Presidente de la
corporación me ha expuesto que no procederá con la diligencia para hacer
la respectiva posesión de mi cargo como Concejal amparada en las
causales de pérdida de investidura, sin ser la autoridad competente y.
configurando una clara falta disciplinaria por hacer extralimitación de sus
funciones establecidas en el reglamento interno del concejo municipal de
Villarrica y la ley 136 de 1994, cito a continuación las causales
determinadas en el artículo 55, de la Ley 136 de 1994, dónde (sic) se
consagran las causales de perdida (sic) de investidura de los concejales
en Colombia. ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE
CONCEJAL. Los concejales perderán por:

1. La aceptación o desempeño de un cargo público, de conformidad con
el artículo 291 de la Constitución Política, salvo que medie renuncia
previa, caso en el cual deberá informar al Presidente del Concejo o en su
receso al alcalde sobre este hecho.
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de
conflicto de intereses.
3. Por indebida destinación de dineros públicos.
4. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo
el procedimiento establecido para los congresistas, en lo que
corresponda. No de la Presidenta de la mesa directiva del concejo
municipal de Villarrica - Tolima.

De conformidad con lo anteriormente expuesto le solicito no me sea
vulnerado mi derecho político y haga la respectiva posesión de mi cargo
en la presente sesión, de ser rechazada mi solicitud se procederá a
interponer la respectiva denuncia disciplinaria por extralimitación de
funciones ante los organismos competentes de la nación.

Agradezco su atención.

[…]”. (Negrilla del texto)

23

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

87. Igualmente, según las Actas 015 de 22 de febrero de 202447, 016 de 23 de
febrero de 202448 y 017 de 24 de febrero de 202449, consta que en dichas sesiones
intervino el concejal electo David Armando Caviedes Ruiz, a fin de que se diera
posesión de su cargo como concejal.

88. La Sala, luego de efectuar una valoración del conjunto de los medios de prueba,
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 176 de la Ley 1564 de 2012, encuentra que la situación alegada por el
accionado, consistente en que se encontraba fuera del país por razón de su
actividad profesional, no constituye una situación de fuerza mayor que le
imposibilitara el cumplimiento del deber de tomar posesión de su investidura como
concejal dentro de las oportunidades previstas en la ley.

89. La fuerza mayor aparece definida en el artículo 64 del Código Civil como “[…]
el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario
público, etc.”. Para su acreditación, debe ser un hecho (i) extraño a quien la alega,
(ii) totalmente imprevisible; (iii) irresistible y (iv) capaz de determinar y justificar el
incumplimiento o inejecución de determinado deber u obligación por parte de este50.

90. La jurisprudencia de esta Sección51, ha sostenido lo siguiente en relación con
la fuerza mayor como causal eximente del deber de tomar posesión del cargo en
procesos de pérdida de investidura:

“[…] En relación con el contenido y alcance del supuesto legal referido a
la inaplicación de la causal de pérdida de investidura objeto de examen,
esta Sección en Sentencia de 16 de febrero de 201252 precisó lo siguiente:

47
056. Pruebas contestación. Durante esa sesión, el concejal accionado solicitó el uso de la palabra, en el cual pone de
presente que radicó ese día una solicitud para que se proceda con su posesión, haciendo advertencia que previamente
también ya había radicado escritos solicitando la posesión en los términos del Decreto 1083 de 2015. Explicó que se
encontraba por fuera del país, por lo que su no posesión se debía a una causa de fuerza mayor. Agregó que su tía tenía un
brazo fracturado. Relató que no había faltado a ninguna sesión ordinaria y que su intención es trabajar duro por el municipio
de Villarrica. Una vez efectuada la intervención del concejal, interviene la presidenta para resaltar que el término previsto en
el Decreto 1083 de 2015 para la toma de posesión no era aplicable.
48
055. Pruebas contestación. Durante esa sesión del concejo, consta que el concejal Rómulo Rojas solicitó cambiar el orden
del día para permitir la intervención del concejal electo David Caviedes. Además, la presidenta señaló que, pese a haber
respondido a un memorial previo, el concejal accionado no había entregado las justificaciones necesarias para no tomar
posesión de su cargo en la fecha establecida, incluyendo la supuesta enfermedad de un familiar. Por su parte, el accionado
afirmó que la presidenta excedía sus funciones al negarle la posesión e insistió encontrarse en una situación constitutiva de
fuerza mayor.
49
054. Pruebas contestación. Durante esa sesión, el concejal Rómulo Rojas propuso modificar el orden del día para permitir
la intervención del concejal electo David Caviedes. La presidenta del concejo, sin embargo, señaló que era la tercera vez que
se solicitaba este tipo de cambio y aclaró que no era posible posesionar al accionado hasta que éste presentara las
justificaciones requeridas. Tras la votación, al acusado se le concedió el uso de la palabra, reiterando su solicitud de posesión.
La presidenta volvió a enfatizar que era necesario que presentara los soportes que acreditaran la fuerza mayor.
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de febrero de 2012. Rad.:
2001 – 00213. MP: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno (E). Igualmente, se puede ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de marzo de 2021, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés,
número de radicado: 15001 2333 000 2020 01680 00.
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 20 de junio de 2013, M.P.:
Guillermo Vargas Ayala. Radicado: radicado: 17001-2331-000-2012-00215-02 (PI).
52
(Cita original): Proferida en el proceso de pérdida de investidura con radicado núm. 25000 2315 000 2011 00213 01;
demandado: Carlos Arturo Romero Jiménez; Consejero Ponente (E) Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.

24

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

“En consideración a lo anterior, es preciso determinar si en el asunto
sub examine estaban dadas o no las condiciones para inaplicar la
causal 3ª del artículo 48 de la Ley en mención, por el hecho de haber
mediado una situación constitutiva de fuerza mayor.

Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 del Código
Civil Colombiano, subrogado por el artículo 1° de la Ley 95 de 1890,
“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público,
etc.”

Según se desprende de la anterior definición legal, la situación
constitutiva de la fuerza mayor debe ser un hecho extraño a quien la
alega, totalmente imprevisible e irresistible, capaz de determinar y
justificar el incumplimiento o inejecución de determinado deber u
obligación por parte de éste. En razón de su carácter imprevisible e
irresistible, la fuerza mayor es considerada en nuestro ordenamiento
jurídico como causa eximente de responsabilidad, por cuanto viene a
justificar el incumplimiento de la correspondiente obligación.

[…]

La imprevisibilidad que es propia de la figura, se presenta cuando resulta
totalmente imposible visualizar o contemplar el hecho con anterioridad a
su ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible, se hace necesario
considerar las circunstancias particulares del caso concreto a fin de
verificar cuáles son las previsiones normales que habrían de exigirse a
quien alega en su beneficio ese fenómeno liberatorio.

En tratándose de la obligación que asumen las personas que han sido
elegidas por el voto popular como miembros de una corporación
administrativa de carácter territorial, en el sentido de tomar posesión del
cargo dentro del término perentorio establecido en el artículo 48 de la ley
617 de 2000, el parágrafo de ese mismo artículo admite como causal
exonerativa o exculpativa de responsabilidad, la ocurrencia de un hecho
de fuerza mayor, en el entendido de que el incumplimiento de esa
obligación no le es jurídicamente imputable ni puede dar lugar a que se
declare la pérdida de la investidura, con las gravosas consecuencias
señaladas por el ordenamiento jurídico.

La fuerza mayor, en estos casos, se produce entonces cuando el hecho
exógeno al concejal elegido es imprevisible e irresistible y se traduce en
la imposibilidad absoluta de dar cumplimiento a la obligación ya
mencionada. En tales circunstancias el hecho de la falta de posesión
dentro de la oportunidad legal, no puede subsumirse en la causal de
pérdida de investidura prevista en el artículo 48 numeral 3° de la Ley 617
de 2000, por tratarse de una omisión plenamente justificada.

En ese orden de ideas, la ocurrencia de una situación fáctica constitutiva
de fuerza mayor, traslada al interesado la carga de demostrar que el
fenómeno por él alegado, además de corresponder a una causa extraña,
imprevisible e irresistible, le impidió el cumplimiento de la obligación de
tomar posesión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha
de la instalación de las sesiones del Concejo Distrital.

25

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

[…]”
En ese orden de ideas, la ocurrencia de una situación fáctica
constitutiva de fuerza mayor, traslada al interesado la carga de
demostrar que el fenómeno por él alegado, además de corresponder a
una causa extraña, imprevisible e irresistible, le impidió el cumplimiento
de la obligación de tomar posesión dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la fecha de la instalación de las sesiones del Concejo
Distrital […]”.

91. Así las cosas, la Sala considera que la situación alegada por el accionado,
como se indicó, consistente en que se encontraba fuera del país por motivo de la
actividad comercial que desempeñaba en el sector agrícola no resulta imprevisible,
irresistible y externa, capaz de justificar el incumplimiento del deber de tomar
posesión.

92. En efecto, no resulta imprevisible puesto que quien aspira a un cargo de
elección popular debe saber y conocer que todo servidor público, categoría dentro
de la cual se encuentran los concejales, deben posesionarse de manera previa al
ejercicio de su cargo, o lo que es lo mismo, prestar juramento de cumplir y defender
la Constitución Política y desempeñar los deberes correspondientes, por cuanto tal
acto es el que los vincula directamente con sus deberes, derechos y
responsabilidades institucionales53.

93. Tampoco resulta irresistible, toda vez que la alegada situación pudo haberse
evitado o superado. Además, no se trata de un hecho externo pues, el accionado,
de manera voluntaria, optó por viajar al exterior, a pesar de que el Reglamento
Interno del concejo municipal de Villarrica, por mandato expreso, señalaba que el
día 2 de enero de 2024, debía celebrarse la sesión de instalación del cabildo, con
el fin de efectuar el acto protocolario de toma de posesión de los concejales electos.

94. Así las cosas, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sección
“[…] siempre que en una decisión intervenga la libertad para adoptarla, per se, se
descarta la imprevisibilidad e irresistibilidad, pues estas suponen la ocurrencia de
un imprevisto al que es imposible resistir […]54”.

95. Ahora, si bien en la audiencia de alegaciones de que trata el artículo 12 de la
Ley 1881 de 2018, alegó que se encontraba en Estados Unidos para la fecha de la
instalación del concejo, época de nevadas, situación que le imposibilitó poder
cumplir con el deber de posesión, no es menos cierto que no aportó medios de
prueba útiles, pertinentes y conducentes que probaran la existencia de una situación
constitutiva de fuerza mayor.

53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo de 2017, radicado:
76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), CP: Carlos Enrique Moreno Rubio (E).
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de marzo de 2021, radicado:
15001-23-33-000-2020-01680-01, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

96. Resulta importante señalar que quien alega la existencia de una fuerza mayor
tiene la carga de demostrar que la situación alegada corresponde a un hecho
extraño, irresistible e imprevisible que le impidiese el cumplimiento del deber de
tomar posesión de su investidura, para determinar con certeza su ocurrencia, tal y
como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación.

97. Por otro lado, si bien es cierto que consta que el accionado asistió a las
sesiones ordinarias efectuadas en el mes de febrero de 2024 de la duma, en las
cuales solicitó ante la mesa directiva que se procediera a efectuar el acto de
posesión y elevó peticiones en esta misma dirección, e incluso en la sesión de 22
de febrero agregó un nuevo hecho -su tía tenía un brazo partido-no es menos cierto
que la sola manifestación del acusado en el sentido de señalar que se encontraba
en una situación constitutiva de fuerza mayor no resulta suficiente para entender
configurado dicho fenómeno, pues se insiste, el acusado tenía la carga de probar
su existencia.

98. En este sentido, la Sala encuentra probado el supuesto normativo de la causal
de pérdida de investidura prevista en el numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 de
2000, esto es, por haberse comprobado que el accionado no tomó posesión de su
investidura como concejal en la sesión de instalación de 2 de enero de 2024 ni
dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de la duma, sin que
se haya demostrado la existencia de una situación constitutiva de fuerza mayor.

II.5.2. Estudio del elemento subjetivo de la conducta

99. A partir de la expedición de la Ley 1881 de 2018, cobró vigencia el principio de
culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura por tratarse de un proceso
sancionatorio de tipo subjetivo, consagración que se acompasa con lo dispuesto en
numerosos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos -artículos 14.2. y 15.155- y la Convención Americana de Derechos
Humanos56- artículo 8.2-, entre otros, y cuyo reconocimiento había sido objeto de

55
Aprobado por el Congreso a través de la Ley 74 de 1968 “Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último,
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de
1966".
“[…] Artículo 14. […] 2 Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad conforme a la ley […]”.
“[…] ARTICULO 15 .1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos
según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve el
delincuente se beneficiará de ello. […]”.
56
Aprobada a través de la Ley 16 de 1972 “[…] Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos
Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 […]”.
“[…] Artículo 8o. Garantías Judiciales. […]. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, a las siguientes garantías mínimas […]”.

27

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

desarrollo jurisprudencial por la Corte Constitucional desde las sentencias C- 254A
de 201257, la SU-501 de 201558 y la SU 424 de 201659.

100. En la citada sentencia SU-424 de 2016, la Corte Constitucional indicó que era
necesario probar la responsabilidad subjetiva del inculpado a fin de dar aplicación a
todos los principios que integran el debido proceso, en el siguiente sentido:

“[…] el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado
de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla
general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y
las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de
legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal,
el juez de pérdida de investidura examina si en el caso particular se
configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la
dignidad, esto es, atiende a las circunstancias particulares en las que se
presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía
conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si
se configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe
alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea
porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa […]”. (Negrilla
fuera del texto).

101. El artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4° de la Ley
2003 de 2019, establece que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura
“[…] es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de
los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren
incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la
Constitución […]”. Por ende, para establecer el grado de responsabilidad es
necesario demostrar el dolo o la culpa grave.

57
Corte Constitucional, sentencia C- 254A de 2012, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta sentencia de constitucionalidad
se indicó que los procesos de pérdida de investidura deben gozar de todas las garantías del derecho sancionador, en especial
las propias del debido proceso, con las debidas especificidades que entraña esta clase de procesos por la naturaleza y su
finalidad. Y para fundar tal afirmación, la Corte Constitucional se remite a los numerales 1, 2 y 7 del artículo 40 de la
Constitución Política y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en nuestra legislación
interna mediante Ley 74 de 1968 el cual reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación del orden
político sin restricciones indebidas y en especial la Observación General número 25 del Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas que indicó que «el derecho a elegir y ser elegido puede ser objeto de limitación siempre y cuando se cumpla
con parámetros de legalidad, objetividad, razonabilidad y proporcionalidad” (Se resalta).
58
Corte Constitucional, sentencia SU-501 de 2015, MP: Magistrada Ponente (e): Myriam Ávila Roldán.
59
Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2016, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
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102. Desde la sentencia de 25 de mayo de 201760 hasta la fecha la jurisprudencia de
esta Corporación ha analizado en numerosos pronunciamientos la forma cómo se
debe abordar el estudio del aspecto subjetivo, precisando sus elementos, así como
las situaciones que justifican que el accionado actuó de buena fe como podría ser:
(i) la existencia de interpretaciones disímiles respecto de la causal de pérdida de
investidura y, (ii) haber acudido a la asesoría profesional para salir de la
ignorancia61.

103. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 22 de octubre de 201962
señaló lo siguiente frente al análisis del aspecto subjetivo en procesos de pérdida
de investidura:

“[…] el estudio del elemento subjetivo requiere el análisis del dolo y la
culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un
interés jurídico; entretanto, la segunda atañe a un concepto que está
ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

201. Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de
la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos
como de la ilicitud de la conducta; es decir, se debe determinar si el sujeto
conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

202. Por un lado, en los casos en los cuales se pruebe que el demandado
conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de una
causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de
culpabilidad doloso; por el otro, en aquellos eventos en los que se
concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero
que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su
actividad debía saber que la misma resultaba contraria a derecho y
adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido […]”. (Negrilla fuera del texto)

104. La Sala encuentra probado que, según el formulario E- 6 AL, al señor David
Armando Caviedes Ruiz se le dio a conocer el derecho personal que le asistía de
aceptar la curul al concejo por haber sido la segunda fuerza política más votada en
las elecciones a la alcaldía y, “[…] bajo la gravedad de JURAMENTO, declaro no
haber participado en las consultas internas de otro partido, que cumplo con las
calidades y los requisitos para el cargo y no estoy incurso en las causales de

60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de mayo de 2017, número
único de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI), CP: María Elizabeth García González
61
Se pueden consultar: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
noviembre de 2021, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado: 05001-23-33-000-2021-00618-01; (ii) Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de septiembre de 2021, CP: Oswaldo Giraldo López,
radicado: 47001-23-33-000-2020-00544-01.
62
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado: 11001-03-15-000-2018-01294-01(PI), MP:
Hernando Sánchez Sánchez.

29

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

inhabilidad y/o incompatibilidad consagradas en la Constitución o la ley, por lo que
acepto la candidatura para el cargo, circunscripción y período […]”.

105. Igualmente, la mesa directiva mediante Oficio OF.Z.G. 0002 C.M.V de 3 de
enero de 2024, le efectuó un requerimiento formal a fin de que se pronunciara sobre
su falta no justificada al acta de instalación de 2 de enero de 2024, advirtiéndole
que, a partir de su aceptación a la curul, asumió un compromiso como servidor
público.

106. En tal virtud, resulta dable señalar que el accionado estaba en condiciones
cognitivas de comprender el hecho o la circunstancia configurativa de la causal de
pérdida de investidura, máxime si se tiene en cuenta que, en su calidad de aspirante
para ocupar un cargo de elección popular tenía la obligación de conocer no solo las
calidades para ser elegido, sino también, sus deberes constitucionales, legales y
reglamentarios, en especial, el de tomar posesión de su cargo dentro de los tres (3)
días siguientes al acto de instalación del concejo municipal.

107. En el presente caso, la revisión de los requisitos y el estudio del marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira y los deberes que le asisten como el
relativo a la toma de posesión constituye una obligación general para todo servidor
público y, también, para quien pretenda acceder a una corporación pública de
elección popular y, si bien es cierto que, en el presente caso no existe prueba para
determinar el grado de formación del accionado de cara a analizar el entendimiento
de dichos requisitos, no es menos cierto que al tenor del artículo 9° del Código Civil
la ignorancia de la ley no sirve de excusa.

108. En el presente caso, la negligencia del accionado del cumplimiento del deber
de tomar posesión de la curul que aceptó en ejercicio del Estatuto de la Oposición
se torna más evidente si se tiene en cuenta que la mesa directiva, mediante Oficios
OF.Z.G. 0002 C.M.V de 3 de enero de 2024 y O.Z.G 0005 C.M.V del 5 de enero de
2024, antes referidos, le instó acerca de la importancia de remitir los soportes que
justificaran su ausencia a la sesión de instalación del concejo y, a pesar de esto,
conscientemente asumió las consecuencias de dicha omisión.

109. La culpa evidenciada en el presente caso es la grave que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes
o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 63 del Código Civil.

110. Ahora, no se desconoce que, si bien es cierto que el accionado solicitó a la
mesa directiva que analizara la posibilidad de efectuar el acto de posesión de
manera virtual, la propia corporación pública, mediante Oficio OF.Z.G 0005 C.M.V
del 5 de enero de 2024, negó tal petición, señalando que dicha modalidad no resulta
admisible en nuestro ordenamiento jurídico.

30

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

111. Sin perjuicio de reconocer la importancia de los avances tecnológicos como
herramienta para facilitar el ejercicio de las labores de las funciones a cargo de las
corporaciones públicas de elección popular, lo cierto es que ni la Ley 136 de 1994
ni las normas del Reglamento Interno de la duma autorizan la posesión virtual de
los concejales, conforme se desprende del tenor del artículo 49 ibidem63, a saber:

“[…] ARTÍCULO 49.- Posesión. Los Presidentes de los Concejos
tomarán posesión ante dichas corporaciones, y los miembros de ellas,
secretarios y subalternos, si los hubiere, ante el Presidente; para tal
efecto, prestarán juramento en los siguientes términos: “Juro a Dios y
prometo al pueblo, cumplir fielmente la Constitución y las leyes de
Colombia […]”.

112. Finalmente, no se demostró que el accionado haya solicitado la asesoría de un
abogado de cara a averiguar la situación en la que se encontraba y, tampoco, se
vislumbra que existan interpretaciones disímiles en la jurisprudencia respecto del
alcance de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3° del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, que señala que los concejales perderán su investidura
por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de
instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren
llamados a posesionarse, salvo que medie fuerza mayor.

II.6. Conclusiones

113. La Sala encuentra demostrados los elementos objetivos y el subjetivo de la
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3° del artículo 48 de la Ley
617 de 2000, pues se demostró que el concejal electo David Armando Caviedes
Ruiz, para el período constitucional 2024-2027, no tomó posesión de su investidura
en el acto de instalación del concejo ni dentro de los tres (3) días siguientes a esta
fecha, sin que haya mediado una situación constitutiva de fuerza mayor; conducta
que, cometió con culpa grave. Por tal razón, se confirmará la sentencia de 25 de
julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la
cual se decretó la pérdida de investidura.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se decretó la pérdida de
investidura del concejal electo del municipio de Villarrica, departamento del Tolima,
David Armando Caviedes Ruiz, para el período constitucional 2024-2027.

63
En concordancia con los artículos 25 y 26 del Reglamento Interno del concejo municipal de Villarrica.

31

Radicación núm.: 73001-23-33-000-2024-00072-01
Accionante: Luz Ángela Cucaita Rojas

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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