Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2024-00144-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2024-00144-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2024-00144-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
4 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 73001 23 33 000 2024 00144 01
Demandante: Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez
Demandado: Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué
Temas: Tutela por la presunta violación de los derechos fundamentales de petición
y al debido proceso. Solicitud de impulso procesal.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 4 de junio de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima negó la
solicitud de amparo.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
El señor Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez promueve acción de tutela contra el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué al que le atribuye la transgresión
de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso.
1.2. Pretensiones
El accionante solicita se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y de
petición, en consecuencia, se ordene al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué dé respuesta lo más pronto posible.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 73001 23 33 000 2024 00144 01
Demandante: Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, el accionante señala los siguientes:
i) Presentó ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) cuenta de
cobro para el pago de perjuicios como lo ordenó el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Ibagué en sentencia que dictó dentro del proceso con radicación 73001 33
33 005 2018 00113 00.
ii) La entidad requirió la corrección del fallo para proceder a su cumplimiento, respecto
del señor Eudilio Barragán Hernández (hijo), porque fue incluido como accionante o
beneficiario de la condena; no obstante «esta persona no hace parte de los
demandantes».
iii) El 11 de abril de 2024, elevó petición ante el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Ibagué para que se corrigiera la sentencia, sin que al 24 de mayo de 2024
hubiera emitido pronunciamiento sobre la solicitud de corrección.
1.4. Fundamentos jurídicos
La accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
y de petición, porque no ha dado respuesta a la solicitud del 11 de abril de 2024.
1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 27 de mayo de 2023, que se ordenó
notificar al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, como
demandado, para que dentro del término de dos días y en uso de su derecho de
defensa, rindiera el respectivo informe.
1.6. Intervenciones
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, guardó silencio pese
a que fue debidamente notificado.
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Demandante: Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez
Por Secretaría se remitió copia del enlace del expediente 73001 33 33 005 2018 00113
00 como se dispuso en el auto de admisión de la tutela y copia de la providencia del
28 de mayo de 2024, a través de la cual se ordenó enviar el proceso al superior para
que resuelva la solicitud del señor Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez.
1.7. La sentencia que se impugna
El Tribunal Administrativo del Tolima mediante fallo del 4 de junio de 2024, negó el
amparo de los derechos invocados con fundamento en lo siguiente:
i) El 11 de abril de 2024, el abogado Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez, actuando como
apoderado de los señores Alexander Barragán Gómez y otros, dentro del medio de
control de reparación directa 2018 00113 01, radicó en el aplicativo Samai petición
ante el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué.
ii) Verificadas las actuaciones contenidas en el expediente remitido por el Juzgado
demandado se aprecia que, mediante auto del 28 de mayo de 2024, se pronunció en
relación con la solicitud de corrección formulada por el accionante.
iii) La solicitud elevada por el señor Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez hace parte del
trámite propio del proceso, pues al haber quedado en firme la sentencia de segunda
instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima y dado que la parte
interesada guardó silencio, al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué le
está vedado resolver de fondo sobre el requerimiento elevado el 11 de abril de 2024,
por tanto, resultaba necesario que enviara el expediente al juez que tuvo conocimiento
de la apelación, como ya se realizó, para que se pronuncie sobre la aclaración del fallo.
iv) En virtud de lo expuesto, en el sub iudice, no se puede predicar la transgresión del
derecho fundamental de petición y de información invocado por la parte actora, porque
la solicitud está estrechamente relacionada con actuaciones procesales.
v) Así mismo, no se puede establecer la vulneración del derecho al debido proceso,
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Demandante: Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez
teniendo en cuenta que, se le ha dado el trámite que en derecho corresponde, sin que
se les haya impedido a los sujetos procesales el ejercicio propio de sus garantías o se
hayan dejado de resolver aspectos de la litis.
1.8. Impugnación
El accionante impugna la providencia anterior para que se revoque y, en su lugar, se
protejan los derechos deprecados, al efecto alega lo siguiente:
i) El reproche a la sentencia del a quo consiste en que han pasado dos meses, esto es
desde el 11 de abril de 2024, fecha en que se presentó la solicitud y el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Ibagué no ha dado respuesta violando el derecho de
petición, pues en la contestación que se dio al Tribunal se manifestó que se hallaba
pendiente de informar al interesado.
ii) El requerimiento está encaminado a que el fallador de primera instancia indique si
en el escrito de demanda existe un accionante con el nombre Eudilio Barragán
Hernández, hijo, y si hace parte de la demanda o no, con el fin de que la cuenta de
cobro o solicitud de pago de la sentencia pueda seguir su curso legal en el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
iii) Así las cosas, la autoridad demandada no ha contestado la petición, según el fallo
de tutela y la información que se encuentra en el aplicativo Samai, para lo que se anexa
copia, pues solo ofició al Tribunal para que diera respuesta a la acción de tutela, y en
este momento se sigue a la espera de que se decida sobre lo solicitado.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto establece que «presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
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siguientes al superior jerárquico correspondiente» esta Sala es competente para
conocer de la impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué vulneró los derechos al debido proceso y de petición del señor Jairo
Evaristo Chiquillo Sánchez, por la aparente mora en el trámite y resolución de la
solicitud de corrección de la sentencia que se presentó dentro del proceso de
reparación directa con radicación 73001 33 33 005 2018 00113 00 [01].
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por
alto.
Por ello, el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
1 Corte Constitucional, Sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
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subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También tiene lugar el amparo cuando, a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.3.2. La mora judicial
El artículo 29 de la Constitución Política, desarrollado ampliamente por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional,2 señala que el derecho al debido proceso
debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Por su parte,
el artículo 288 ejusdem precisa que «los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado».
En armonía con dichas previsiones, el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de
2 Al respecto, ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, C-341 de 2014. M.P. Mauricio
González Cuervo: «La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten
sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso
a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones
ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez
natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa,
entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una
decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para
la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la
igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen
en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas
de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad
del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas».
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Demandante: Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez
1996 establece como un deber de los funcionarios judiciales «resolver los asuntos
sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción
a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional».
Por otro lado, los artículos 17 y 18 de la Ley 446 de 1998 imponen a los falladores la
obligación de cumplir los términos judiciales, so pena de incurrir en sanciones
disciplinarias. Así mismo, prevén el deber de dictar sentencias respetando el orden en
que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que este se pueda
alterar, a menos de que se trate de asuntos de gran transcendencia jurídica y social.
En esa lógica, la Corte Constitucional ha señalado que «quien presenta una demanda,
interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación
dentro de los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho
a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para
ello».3
Como se aprecia, tanto la Constitución como las normas legales y la jurisprudencia
constitucional son claras al imponer, para quienes administran justicia, la exigencia de
observar las garantías procesales y los términos previstos para la resolución de las
controversias que se ventilen ante ellos. Sin embargo, conscientes del alto tráfico
procesal que desborda la capacidad de los operadores jurídicos, advierten que tal
obligación debe atenderse en función del estricto orden de entrada de los expedientes
al despacho, salvo prelación legal.
Es importante destacar que no toda dilación de la actividad judicial constituye una
violación de los derechos fundamentales de los administrados, pues como lo indica la
Corte Constitucional, solo puede considerarse como tal «aquella denegación o
inobservancia de los términos procesales que se presenten sin causa que las
justifiquen o razón que las fundamenten».4
Por esa razón, estableció tres supuestos para determinar cuándo los operadores
3 Sentencia T-366 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
4 Sentencia T-297 de 2006.
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jurídicos incurren en mora judicial injustificada,5 así: «(i) se presenta un incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no
existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el
cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial».6
En definitiva, el incumplimiento de los mandatos previstos en la legislación constituye
lo que se ha denominado por la doctrina como la «mora judicial», fenómeno que
necesariamente implica que la dilación en el trámite de una actuación sea fruto, no de
la complejidad del asunto o de la existencia de problemas de tipo administrativo —
como el exceso de carga laboral de los despachos—, sino de la falta de diligencia y
omisión sistemática de los funcionarios judiciales en el cumplimiento de sus deberes.7
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 11 de abril de 2024, el señor Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez como
apoderado de los accionantes en el medio de control de reparación directa con
radicación 73001 33 33 005 2018 00113 00 pidió al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Ibagué la aclaración del fallo debido «que de manera involuntaria su
despacho colocó en la sentencia de primera instancia [al señor Eudilio Barragán
Hernández hijo como demandante beneficiario] y que a pesar de solicitarse en
segunda instancia, no existió pronunciamiento; si es posible se envíe la respuesta a
los correos de las notificaciones».8
2.4.2. El 28 de mayo de 2024, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué profirió auto dentro del proceso 73001 33 33 005 2018 00113 00 ordenando
que por Secretaría se remitiera en «el término de la distancia» el expediente al Tribunal
5 Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007.
6 Sentencia T-1154 de 2004 reiterada en las providencias T-1294 de 2004 y T-220 de 2007.
7 Sentencia T-357 de 2008, Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
8 Índice 9 y 10, del expediente electrónico.
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Demandante: Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez
Administrativo del Tolima para que resuelva sobre la solicitud de aclaración de la
sentencia de segunda instancia dictada el 25 de agosto de 2022. 9
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
El señor Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez alega la violación de sus derechos al debido
proceso y de petición por parte del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Ibagué, al no decidir sobre la solicitud que presentó el 11 de abril de 2024 dentro del
proceso de reparación directa con radicado 73001 33 33 005 2018 00113 00, en la que
pidió se aclare la sentencia en cuanto se incluyó como accionante al señor Eudilio
Barragán Hernández.
Advierte la Sala que cuando se trata de solicitudes que se presentan ante autoridades
judiciales, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que debe distinguirse, por un
lado, las peticiones de tipo administrativo frente a las que corresponde atender las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas, y, por otro
lado, aquellas de contenido estrictamente judicial, que cuentan con procedimientos
expresos dispuestos en la ley para su resolución.10
En el ejercicio del derecho de petición ante los jueces, en asuntos administrativos a su
cargo, los operadores jurídicos se hallan obligados a tramitar y responder las
solicitudes que se les presenten, en los términos previstos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues de no hacerlo
desconocen esta garantía fundamental, violación que puede cuestionarse a través del
mecanismo constitucional de la acción de tutela.
Respecto a las peticiones de contenido judicial elevadas por las partes y los
intervinientes, que involucran la actividad del juez dentro de la litis, deben ser resueltas
en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio. La
omisión del funcionario judicial en la decisión de las súplicas formuladas en una
actividad jurisdiccional constituye una transgresión al debido proceso y al acceso a la
9 Índices 9 y 10, del expediente electrónico.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-334 de 1995.
10
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Demandante: Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez
administración de justicia.
Sin embargo, cuando lo discutido en la acción de tutela es la omisión del funcionario
judicial en resolver solicitudes de contenido judicial, tal circunstancia puede enjuiciarse
no a través de la acción de tutela sino del mecanismo administrativo de vigilancia
judicial administrativa, previsto en el numeral 6 del artículo 101 de la Ley 270 de 1996,11
que atribuyó como función a las salas administrativas de los consejos seccionales de
la judicatura, ejercer «vigilancia judicial administrativa» para que la justicia se
administre oportuna y eficazmente, y se cuide el normal desempeño de las labores de
funcionarios y empleados de los despachos judiciales ubicados en el ámbito de su
circunscripción territorial; este mecanismo goza de procedimiento preferente o sumario
para su resolución.
De manera que es dicho instrumento el que puede emplearse para efecto de
cuestionar la mora que se presente dentro de los trámites judiciales, a fin de asegurar
que los funcionarios y empleados de la Rama Judicial desarrollen sus funciones de
manera oportuna y eficaz; y la acción de tutela resultaría procedente para analizar la
vulneración del derecho al debido proceso sin dilaciones, solamente si, en el caso, se
acredita que se agotaron todas las medidas o recursos establecidos por el
ordenamiento jurídico para evitar la tardanza injustificada en la decisión de las
actuaciones judiciales y, aun así, no se ha logrado la resolución del asunto, evento que
no ocurre en el caso objeto de debate.
En el asunto sub lite, se advierte que la petición del 11 de abril de 2024 no obedece a
una solicitud de tipo administrativo, en la que se deba atender las previsiones del Título
II de la Ley 1437 de 2011,12 sino que corresponden a pedimentos de contenido judicial,
pues se dirige a lograr de manera directa un impulso procesal.
En efecto, el accionante pretende que se resuelva sobre la solicitud que elevó ante el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, para que dentro del medio de
control de reparación directa con radicado 73001 33 33 005 2018 00113 00, se
11 Reglamentado por el Acuerdo PSAA11-8113 de 4 de mayo de 2011, expedido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que derogó el Acuerdo 88 de 1997.
12 Sustituido por la Ley Estatutaria 1755 de 2015.
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Demandante: Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez
ordenara lo siguiente:
[…] de acuerdo a poder otorgado por los demandantes, solicito se aclare la
sentencia respecto del beneficiario EUDILIO BARRAGÁN HERNÁNDEZ [h]ijo […]
Que en el escrito de demanda que se presentó en su despacho del radicado de la
referencia, los demandantes fueron.
ALEXANDER BARRAGÁN GÓMEZ (lesionado), quien actúa en representación de sus
hijos menores
EDWIN ARBEY BARRAGÁN LUCUMÍ
JUNIOR ALEXANDER BARRAGÁN LUCUMÍ
JEFERSON DANIEL BARRAGÁN LUCUMÍ
Sus padres EUDILIO BARRAGÁN HERNÁNDEZ y MARÍA LILIA GÓMEZ
ÓSCAR MAURICIO BARRAGÁN GÓMEZ (hermano), como también su hijo mayor VÍCTOR
ALFONSO BARRAGÁN TICORA.
Que en ningún lugar del escrito de demanda aparece EUDILIO BARRAGÁN
HERNÁNDEZ HIJO como demandante.
En el escrito de apelación presentado en su despacho, aparece un acápite que
dice:
Con relación a los demandantes se puede decir que:
En la parte resolutiva de la sentencia se hace alusión al señor EUDILIO BARRAGÁN
HERNÁNDEZ hijo como demandante, se informa al despacho que esta persona no
hace parte de los demandantes, y por tal razón se solita (sic) no se tenga en cuenta
en el momento de decidir en segunda instancia.
Que en el fallo de segunda instancia […] no se pronunció respecto de este acápite,
y continúo quedando el nombre de EUDILIO BARRAGÁN HERNÁNDEZ hijo como
demandante beneficiario.
Que, en el momento de la radicación para la liquidación y pago de la sentencia el
INPEC solicit[ó] se aclare la sentencia respecto de este punto o beneficiario
demandante.
Por lo anterior, le solicito su señoría aclarar respecto de este nombre, que de
manera involuntaria su despacho coloc[ó] en la sentencia de primera instancia, y
que a pesar de solicitarse en segunda instancia, no existió pronunciamiento; si es
posible se envié (sic) la respuesta a los correos de las notificaciones.
[…]
Lo reclamado por el accionante, a través de la petición que formuló ante el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué, es poner en marcha a la administración
de justicia, lo cual se enmarca en una actuación eminentemente judicial y, en tal
sentido, la acción de tutela se torna en improcedente, pues la actividad del juez se rige
por la normativa procesal respectiva.
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Demandante: Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez
Es de señalar, que en casos como el presente, en los que se cuestiona la tardanza
injustificada, la parte actora debe acudir al mecanismo de vigilancia judicial
administrativa, previsto en el numeral 6 del artículo 101 de la Ley 270 de 1996 —
reglamentado por el Acuerdo PSAA11-8113 del 4 de mayo de 2011 del Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa— y no la acción de tutela; sin embargo,
en el asunto sub examine es dable declarar la cesación de la actuación por carencia
actual de objeto por hecho superado.
Lo anterior, por cuanto como se determinó en el acápite de hechos probados 1) el 11
de abril de 2024, el accionante en su calidad de apoderado de la parte actora en el
medio de control de reparación directa que se adelantó ante el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Ibagué radicó solicitud de aclaración de la sentencia de
primera instancia; y 2) el 28 de mayo de 2024, se profirió auto de cúmplase en el que
ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Tolima para que provea lo
que corresponda, ya que al proferir el fallo de segundo grado, esto es, el del 25 de
agosto de 2022, no tuvo en cuenta lo alegado en el escrito de apelación, en el sentido
de que en la parte resolutiva de la providencia del 9 de marzo de 2021, se hizo alusión
al señor Eudilio Barragán Hernández (hijo) quien no hacía parte de los demandantes
y, por tal razón no se debía tener en cuenta al momento de desatar la alzada; en
consecuencia, como esa providencia ya se encuentra en firme carece de competencia
para decidir sobre lo pedido por la parte actora.
Al respecto, la Corte Constitucional, en su jurisprudencia,13 ha sostenido que cuando
la situación fáctica que motiva la radicación de la acción de tutela desaparece o se
modifica en el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que, en principio,
podría generar la vulneración de garantías fundamentales «la solicitud de amparo
pierde eficacia en la medida en que desaparece el objeto jurídico sobre el que recaería
una eventual decisión del juez de tutela».14
13
Véase, por ejemplo, la sentencia T-533 de 2009, donde decidió que la característica esencial del
fenómeno de la carencia actual de objeto es que la orden del juez de tutela, destinada a conceder lo
pretendido en la demanda de amparo, no ejerce ningún efecto sobre la protección, es decir, es
infructuosa. Esto como resultado de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.
14 Ibidem.
13
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Demandante: Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez
Así las cosas, si la actuación u omisión que causa la supuesta amenaza o vulneración
desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser como
mecanismo idóneo y expedito de protección judicial, pues la decisión que puede
adoptar el juez, respecto del caso concreto, resultaría inocua e iría en contra del
objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.15
De esta forma, se tiene que dentro del trámite de la tutela se resolvió la cuestión
fundamental planteada y que, en este sentido, se encuentra satisfecha la pretensión
que dio lugar a la interposición de la solicitud de amparo, lo que deja sin objeto
cualquier decisión que pueda emitir el juez constitucional al respecto.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala declarará la cesación de la actuación por
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, como se pudo establecer,
ya se remitió el expediente de reparación directa con radicado 73001 33 33 005 2018
00113 00, para que el Tribunal Administrativo del Tolima provea lo que corresponda
en relación con la solicitud de aclaración de la sentencia que impuso condena.
En tal sentido, la Sala procederá a revocar la sentencia del Tribunal Administrativo del
Tolima, mediante la cual negó el amparo de los derechos al debido proceso y de
petición invocados por el señor Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez y, en su lugar, se
declarará la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho
superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
15 Corte Constitucional. Sentencia T-308 de 2003.
14
Radicado: 73001 23 33 000 2024 00144 01
Demandante: Jairo Evaristo Chiquillo Sánchez
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 4 de junio de 2024, que dictó el Tribunal
Administrativo del Tolima mediante la cual negó el amparo deprecado. En su lugar,
declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho superado,
conforme a la parte considerativa que antecede.
Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVAN DUQUE GUTIERREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto Con aclaración de voto
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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